1. -FASES DEL PERÍODO REPOBLADOR.

El período que va del siglo VIII a fines del siglo XIII coincide con el proceso de Repoblación. Durante el avance de los reinos cristianos, surgidos en las zonas montañosas de la Península Ibérica tras la invasión musulmana.

1.1- Fases del proceso repoblador

En el año 711 se produjo el desembarco de un ejército musulmán en el sur de la Península. La debilidad de las estructuras políticas del reino visigodo y la sumisión a los musulmanes mediante pactos permitió el rápido control de la Península por parte de los árabes. Estos iban a establecerse principalmente en las zonas agrarias más ricas: valle del Guadalquivir, valle del Ebro, litoral levantino y la región situada en torno a Toledo, antigua capital del reino visigodo.

El dominio musulmán nunca alcanzó a las zonas montañosas del norte de la Península. Allí surgieron, en la segunda mitad del siglo VIII, una serie de núcleos de resistencia que, con el tiempo, formarían los distintos reinos en que se dividiría la Península Ibérica a fines de la Edad Media.

-Presura: segunda mitad del siglo VIII - principios del siglo X

Se basaba en un antiguo principio del derecho romano, según el cual la puesta en cultivo de una tierra despoblada otorgaba a quien lo hiciera derechos de propiedad sobre la misma, estableciéndose en las tierras situadas al norte del Duero, por el Oste, y en las llanuras del Piedemonte Pirenaico, por el Este.

La repoblación entró en una fase de estancamiento durante el siglo X, como consecuencia de las expediciones de castigo emprendidas por Almanzor (939-1002). En el siglo XI, con la desaparición del Califato de Córdoba y la formación de los reinos Taifas, se produjo un importante debilitamiento del poder musulmán que fue aprovechado por los reinos cristianos para continuar la repoblación.

-Repoblación concejil: fines del siglo XI - fines del siglo XII

En el año 1086 el rey Alfonso VI de Castilla (1030-1109) coquistó la ciudad de Toledo. Esta ciudad constituía el principal baluarte del sistema defensivo musulmán frente al avance cristiano. Para asegurar la conquista, el rey hubo de proceder a la rápida repoblación de los territorios situados entre el Duero y los montes de Toledo.

Para llevar a cabo esta repoblación, el territorio fue dividido en grandes concejos, cuyo término recibía el nombre de “alfoz”. En la ciudad o villa cabecera de cada concejo se instalaba un representante del rey, junto con un grupo de caballeros a quienes se encomendaba la defensa del territorio. Al quedar constituido, el Concejo recibía del rey un Fuero, conjunto de leyes que regulaban todos los aspectos de la vida en el Concejo.

El establecimiento de pobladores en el Concejo se llevaba a cabo mediante la solicitud de la vecindad en el mismo. Con la vecindad se entregaba un solar para constituir una casa y algunas tierras de cultivo. Si el poblador mantenía habitada la casa y cultivadas las tierras durante un determinado número de años, el Concejo le reconocía la propiedad de las mismas. Con la vecindad se obtenía también el derecho a usufructuar los denominados bienes comunales (zonas de pasto, monte o bosque). Este sistema de repoblación se utilizó también en el valle del Ebro.

La conquista de Toledo y de los territorios del valle del Ebro planteó por vez primera el problema de qué hacer con los musulmanes que seguían viviendo en la España cristiana tras la conquista. El Fuero de Toledo estableció el principio de respeto de las propiedades de los musulmanes que seguían morando y trabajando en dichas propiedades tras la conquista. Estos recibirían en adelante la denominación de moriscos.

-Repoblación mediante Ordenes Militares: fines del siglo XII-mediados del siglo XIII

A fines del siglo XII y comienzos del siglo XIII los reyes cristianos se enfrentan con el problema de repoblar los territorios del valle del Guadiana y del sur de la provincia de Teruel y norte de Castellón (tierras muy poco pobladas en el momento en que se había realizado un gran esfuerzo demográfico para poblar los territorios entre el Duero y los montes de Toledo, así como grandes extensiones del valle del Ebro).

El problema se resolvió entregando estos territorios a Ordenes Militares. Estas Ordenes, a quienes se encargó la defensa de los nuevos territorios, dividieron los mismos en Encomiendas, al frente de las cuales se situaba a un caballero con el cargo de comendador.

Las Ordenes Militares, si bien consiguieron asegurar la defensa del territorio, no puedieron atraer a la zona contingentes importantes de población. Por ello, la principal actividad económica en estos territorios iba a ser la ganadería, la cual precisa grandes espacios y poca mano de obra.

-Los repartimientos: mediados del siglo XIII

La última fase del proceso repoblador tuvo lugar aproximadamente entre 1230 y 1280. En ella se repoblaron los territorios más ricos de la Península: valle del Guadalquivir y litoral levantino entre Castellón y Murcia. En estos territorios se utilizó el repartimiento como sistema de repoblación.

Tras la conquista de una ciudad, con sus territorios circundantes, los oficiales reales procedían a hacer un inventario de los bienes conquistados. Estos bienes se distribuían entre quienes habían participado en la conquista de dicho territorio. Para ello, eran divididos en lotes, cuyo tamaño y valor estaban en función del rango social de quien los iba a recibir. Los datos del reparto se recogían en los Libros de Repartimiento.

De esta forma quedó concluido en su mayor parte el proceso repoblador. Tan sólo queda por mencionar el control de la zona del estrecho por Alfonso XI (1311-1350), a mediados del siglo XIV, acontecimiento de una gran importancia económica, ya que permitió la apertura de una ruta comercial que unía los principales focos de desarrollo económico europeo (norte de Italia y Países Bajos) y contribuyó a convertir a Sevilla en centro económico de primera magnitud, como escala de dicha ruta y como punto final de las rutas que, procedentes del golfo de Guinea y a través del Sahara, permitieron la llegada a Europa del oro africano. La repoblación quedó definitivamente concluida tras la conquista de Granada en 1492.

La Repoblación ayuda a explicar los rasgos principales de la estructura de la propiedad de la tierra en España hasta el siglo XIX. La presura explica en parte la aparición del minifundio en el norte de la Península. La repoblación concejil dio como resultado el predominio de la propiedad de tipo medio en las dos mesetas y en el valle del Ebro y explica la gran cantidad de bienes que pertenecían a los municipios y que fueron la base de su economía, hasta que se vendieron en el transcurso del siglo XIX.

La entrega a Ordenes Militares de los territorios del Guadiana y del sur de Teruel puede justificar la existencia de grandes propiedades, cuyo ejemplo más claro serían las grandes fincas extremeñas. El gran patrimonio de las Ordenes Militares pasaron a engrosar los bienes de la Monarquía durante el siglo XVI.

Finalmente, el latifundismo anduluz guarda estrecha relación con los grandes lotes (“donadíos”), recibidos por los nobles que participaron en la conquista de las ricas ciudades andaluzas.

La crisis del siglo XIV contribuyó a acentuar los procesos de formación de grandes propiedades.

2. -DESARROLLO DE LA GANADERÍA TRANSHUMANTE EN EL CENTRO DE LA PENÍNSULA

La transhumancia es un sistema de explotación ganadera en el que los ganados realizan una serie de desplazamientos a lo largo del año en búsqueda de pastos. Este sistema procede de la adaptación de la ganadería ovina a las condiciones climáticas del interior peninsular: inviernos muy fríos, en que los pastos de las montañas permanecen cubiertos por la nieve, y veranos muy cálidos, en que los pastos de las tierras bajas se agostan.

El ciclo de la transhumancia se iniciaba al comenzar el otoño, cuando los ganados iniciaban su marcha hacia el Sur. Durante los meses de invierno permanecían en esas zonas y al llegar la primavera se iniciaba el regreso hacia los pastos altos del Sistema Central y los montes de León, donde pasarían los meses de verano. El esquileo de los ganados - para la obtención de la lana - se realizaba al finalizar la primavera, cuando concluía el viaje de retorno a los pastos altos.

Esta actividad experimentó un gran desarrollo a fines del siglo XII y comienzos del XIII. A lo largo del siglo XIII la ganadería transhumante se fue convirtiendo en uno de los pilares de la economía castellana. Ella la hizo merecedora de la protección de los reyes de Castilla, especialmente de Alfonso X, quien en 1273, creaba el “Honrado Concejo de la Mesta”.

La Mesta, organización que agrupaba a los propietarios de ganados transhumantes, se convirtió a lo largo de su dilatada historia - fue suprimida en 1836 - en uno de los grupos económicos más influyentes en el país. Contaba con una serie de privilegios, como la concesión de un ámbito jurisdiccional propio, derecho de uso de cañadas y caminos por los que transitaban los ganados. A cambio de estos privilegios, los reyes de Castilla se beneficiaron de los ingresos procedentes de un impuesto denominado de “servicio y montazgo”, así como los ingresos aduaneros derivados de la exportación de lana.

Estas exportaciones cobraron gran importancia en el siglo XV, como consecuencia de las mejoras en la producción castellana. En Castilla comenzó a producirse un tipo especial de lana, denominada merina, caracterizada por su finura y longitud de las fibras. Esta lana gozó de una gran demanda en los principales mercados europeos - Países Bajos e Inglaterra - hasta fines del siglo XVIII. La explotación de lana estuvo controlada sobre todo por mercaderes burgaleses, quienes compraban la lana en las zonas de esquileo y la enviaban hacia el puerto de Santander.

Junto con las exportaciones laneras, la gandería transhumante permitió el desarrollo de una importante industria textil en Castilla, localizándose principalmente en el Segovia y Cuenca, llegando a ocupar el sector textil en el siglo XVI el 70% de la población activa en estas ciudades.

3. - LA EXPANSIÓN COMERCIAL CATALANO-ARAGONESA EN EL MEDITERRÁNEO.

Durante la Edad Media, la Corona de Aragón llegó a desarrollar un imprtante imperio comercial en el Mediterránea. La ciudad de Barcelona fue centro de una activo comercio orientado hacia el Mediterráneo desde el siglo XI.

Durante el siglo XII, la actividad gravitó en torno al oro y los esclavos. A partir de fines del XII, con el alejamiento de la frontera musulmana, el comercio catalán se configuró como un comercio basado en la exportación de textiles y en la importación de cereales.

En 1282, con la conquista de Sicilia por la Corona de Aragón, los mercaderes catalanes encontrarían una excelente plataforma para ampliar el comercio en el ámbito del gran comercio de especias y artículos de lujo procedentes de Oriente, que caracterizó la actividad comercial en el Mediterráneo durante la Edad Media. Se da un tenso enfrentamiento entre Barcelona y las dos grandes potencias comerciales del Mediterráneo (Venecia y Génova). Los catalanes situaron factorías en diferentes puntos del Mediterráneo (Creta, Chipre, Rodas). En 1436 llegaron a establecer un consulado en Bizancio, capital del Imperio bizantino, punto de llegada de rutas procedentes de Asia y punto de partida en la comercialización de estos productos en Europa.

4. - LA CRISIS DEL SIGLO XIV EN LA PENÍNSULA IBÉRICA.

4.1. - Pérdidas demográficas.

Se dan malas cosechas, carestía y hambre al igual que en el resto de Europa. Se ha demostrado que la peste afectó con mayor intensidad a los territorios de la Corona de Aragón, en especial a los territorios litorales, lo que llevó a estos territorios a una grave depresión económica.

4.2. - Decadencia del comercio catalano-aragonés.

Con la crisis del siglo XIV se inició la decadencia del comercio catalán en el Mediterráneo. Los enfrentamientos con Génova se hicieron más frecuentes y , finalmente, la escuadra catalano-aragonesa sufrió una seria derrota en la batalla de Ponza (1435).

La decadencia del comercio catalano-aragonés en el Mediterráneo tiene múltiples explicaciones: por un lado debido al progresivo desplazamiento de la actividad económica desde el Mediterráneo hacia el Atlántico con la conquista de Bizancio por los turcos otomanos, lo que supuso el bloqueo del comercio con Asia, por otro el descubrimiento de América.

Además durante el siglo XV comenzaron a penetrar en el Mediterráneo marinos y comerciantes procedentes de la corona de Castilla - vascos, gallegos y andaluces -, que buscaban colocar la lana castellana en los puertos italianos.

En la depresión también tuvieron un lugar importante las dificultades que atravesó la Hacienda real en la Corona de Aragón y, en concreto, la emisión de deuda pública vitalicia (“violaris”), a un interés del 14%, y de deuda perpetua (censals), a un interés del 7%. Para gestionar estas emisiones de deuda se crearon una serie de bancos públicos denominados “Taulas de Canvi”. Las emisiones de deuda, que ofrecían una inversión sin riesgo, y esa monopolización del negocio bancario contribuyeron a transformar y disminuir el espíritu empresarial.

4.3. - La expansión económica de la Corona de Castilla en el siglo XV.

Los territorios de la Corona de Castilla sufrieron con menor intensidad las epidemias de la segunda mitad del siglo XIV. El proceso de recuperación se inició a mediados del sgilo XV. El descenso de población y la consiguiente disminución de la oferta de mano de obra agrícola contribuyó a mejorar la condición de los campesinos no propietarios, ya que los señores se vieron obligados a mejorar las condiciones de los contratos. Se generalizaron los contratos de larga duración, en los que la renta permanecía fija por largos períodos de tiempo. En muchos casos estas rentas estaban expresadas en maravedís; la devaluación del maravedí a lo largo del siglo XV permitió a los campesinos mejorar sus ingresos.

Las pérdidas sufridas por los señores como consecuencia del establecimiento de este tipo de contratos quedó compensada en parte por la extensión en la Corona de Castilla de cesiones de señoríos jurisdiccionales, así como amplias cesiones llevadas a cabo por los monarcas de rentas e impuestos pertenecientes a la Hacienda real. El reforzamiento de la aristocracia castellana sobre estos pilares es una de las características de la evolución castellana en el siglo XV. Los señoríos jurisdiccionales suponían la cesión del poder del rey sobre un determinado territorio en beneficio de un noble. Esta cesión comportaba la capacidad para ejercer justicia y recaudar tributos.

Se creó un sistema impositivo con importantes impuestos sobre el comercio. En el siglo XIV se generalizó el cobro de la alcabala, impuesto de origen musulmán, impuesto con carácter extraordinario primero y ordinario después por Alfonso XI a partir de 1435. La alcabala era un impuesto que gravaba las transacciones comerciales con un 5% al principio y un 10% a partir del siglo XV. Otro impuesto importante aparecido en el siglo XIII fue el “Servicio de los ganados”, impuesto que pagaban los ganaderos pertenecientes a la Mesta; desde 1343 este impuesto quedó fundido con el Montazgo, derecho de tránsito pagado por los ganados transhumantes en sus desplazamientos, pasando a denominarse “Servicio y Montazgo”. La renovación del sistema impositivo castellano en los siglos XIII-XIV, además de permitir la transferencia de rentas a la nobleza, retrasó hasta fines del XV el recurso sistemático al endeudamiento de la Hacienda castellana.

A fines de la Edad Media la situación de la Península se caracteriza por la lenta recuperación de los países de la Corona de Aragón, junto a una Corona de Castilla en expansión, abierta a los cambios que estaban teniendo lugar en el Atlántico. Una economía que se debatía entre dos alternativas: la de consolidarse como una economía colonial, despendiente de sus exportaciones de lana; o una economía con un fuerte sector manufacturero con predominio del textil. Este enfrentamiento quedó claramente reflejado en la demanda presentada por los fabricantes de paños en las Cortes de 1438 de que se restringiese la importación de paños extranjeros y se prohibiese la exportación de lana. Esta petición iba contra los intereses de los grandes ganaderos y comerciantes dedicados a la exportación de lana. Hubo que esperar a 1462 para que Enrique IV (1425-1474) obligase a reservar un tercio de la lana para exportar a la industria textil castellana.

Con el matrimonio en 1469 de Isabel I de Castilla (1451-1504) y Fernando V de Aragón (1452-1516) se produjo la unificación de la Corona castellana y catalano-aragonesa; en 1512 se produjo la anexión del reino de Navarra. Estos procesos no condujeron a la aparición de un Estado uniforme, sino que cada uno de los territorios, mantuvo leyes, instituciones y sistemas fiscales propios. Esta diversidad constituye un factor importante en la evolución económica durante los Austrias.

El reinado de la Casa de Austria duró dos siglos, desde 1517 a 1700. Período que queda cubierto por los reinados de Carlos I (1517-1556), Felipe II (1556-1598), Felipe III (1598-1621), Felipe IV (1621-1665) y Carlos II (1665-1700). Durante estos prácticamente dos siglos, España llegó a ser un Imperio de extraordinarias dimensiones, cuya conservación obligó a extraordinarios gastos. A ello debe unirse la decisiva importancia que para los acontecimientos de los diferentes reinados tuvo el hecho de que España se colocara voluntariamente al frente de la Contrarreforma, ya que ello le llevó a participar en las guerras de religión que sacudieron Europa durante los siglos XVI y XVII. Ambos fenómenos reclaman un esfuerzo fiscal extraordinario que pesó sobre toda la Península.

Al comenzar el siglo XVII, los signos de dificultades eran evidentes: debilitamiento de la industria, disminución de la población, pérdida del valor de la moneda, repetidas suspensiones de pagos a los banqueros reales, colapso de la vida administrativa, etc.

2.1. - LA POBLACIÓN ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS.

2.1.1. - Número y distribución.

A finales del siglo XVI la población de España se elevaba, aproximadamente, a unos ocho millones de personas, de las cuales más de seis correspondían a la Corona de Castilla (Galicia, Asturias, Santander, Meseta norte, Castilla la Nueva, Albacete, Extremadura, Murcia y Andalucía actual), mientras que la Corona de Aragón (Valencia, Cantabria, Aragón y Baleares) sólo reunía 1.335.000 y, por último, Navarra, las provincias vascas y Canarias totalizaban unos 400.000. En consecuencia, la Corona de Castilla, albergaba las tres cuartas partes de la población española.

La población era eminentemente rural. Las tasas de natalidad eran muy altas, pero las catástrofes naturales y humanas reducían de manera sorprendente el posible crecimiento de la población. La mortalidad infantil era enorme, y las hambres, pestes y guerras se sucedían con frecuencia, aunque con desigual intensidad.

Durante esta época de los Austrias, fueron varios los años en que tuvo lugar una sobremortalidad y, quizá para señalar sólo dos momentos, habría que citar en especial las epidemias de 1597-1601 y de 1647-1651.

2.1.2. - Efectos demográficos de la expulsión de minorías religiosas

La expulsión de los judíos decretada en el año 1492 por los Reyes Católicos afectó a unas 150.000 personas. Pérdida que se compensó con el incremento de súbditos que comportó la conquista del reino de Granada. Tendría que pasar más de un siglo para que se produjera una nueva e importante expulsión, la de los moriscos, en 1609, acontecimiento en el que se mezclaron elementos de tipo político y religioso. Aunque no se decretara hasta dicho año, desde 1602 estaba decidida. Había fracasado su conversión y presentaban un claro peligro político, apoyado por su localización geográfica, centrada, sobre todo, en la zona de Levante, donde permanecían en contacto y prestando auxilio a corsarios y piratas musulmanes, beréberes y turcos. Se les acusaba de que aumentaban enormemente porque se casaban, no dedicándose ninguno a la carrera eclesiástica; de que en el ejército eran espías; de que monopolizaban las artes y el comercio, y de que, por su frugalidad, los impuestos sobre carne, vino, etc, recaían sólo sobre los cristianos.

En total se expulsaron de España unas 300.000 personas, de las cuales alrededor de 120.000 lo fueron en Valencia. En el orden económico, las consecuencias serían importantes. Además del descenso demográfico, difícil de remontar, se resintió toda la vida económica. Extensas zonas quedaron descuidadas, si no abandonadas; hubo una importante pérdida de censos (rentas agrarias) que los moriscos pagaban, con la consiguiente disminución de ingresos de señores laicos y eclesiásticos.

La expulsión iniciada en Valencia se fue decretando, con pequeñas variaciones, a las otras regiones: Castilla, La Mancha y Extremadura.

2.2. - ESTRUCTURA ESTAMENTAL DE SOCIEDAD.

2.2.1. - La nobleza y sus privilegios.

Una característica relevante del antiguo régimen es la existencia de dos grupos sociales de privilegiados sancionados por la ley: la nobleza y el clero.

Los nobles disponían de una serie de privilegios: derecho a elegir la mitad de los cargos de los municipios, preferencia en actos públicos frente a los plebeyos, derechos preferentes para ejercer la caza. En lo tocante a impuestos, estaban exentos de pago, ya que los nobles e hidalgos aportaban en la organización de la vida del Estado su dedicación a las armas para defenderlo, de la misma forma que el clero contribuía al buen orden del reino con sus oraciones. En consecuencia sólo pagaba el hombre plebeyo, general o llano, que se dedicaba a trabajar y pagaba con tributos o pechos. En el orden penal, los privilegios continuaban al disponer de cárceles distintas, no poder sufrir ciertos tipos de castigos y no poder ser encarcelados excepto por deudas, salvo si eran al Fisco, etc.

En la jerarquía nobiliaria se hallaban en primer grado los Grandes de España. Al constituirse este grado en 1520, sólo 25 linajes tenían dicho título - Alba, Medinaceli, Medina Sidonia, Infantado, Frías, Villena, Gandia, etc. Todos ellos poseían enormes extensiones de tierra, recibían el nombre de primos del rey y podían cubrirse permaneciendo en su presencia. A los Grandes les seguían los títulos compuestos, asimismo, de condes, marqueses, etc., y fundamentalmente se distinguían de los Grandes de España porque no podían titularse primos del rey, sino sólo parientes, puesto que en posesiones de fincas y bienes muchas veces no había diferencia.

Las siguientes escalas de la nobleza las constituían los caballeros y los hidalgos. Los caballeros solían disponer de ingresos suficientes para poder vivir notablemente, lo que es sinónimo de vivir sin realizar trabajo con las manos.

Los hidalgos, en principio denominación genérica a todos los nobles, se fueron reduciendo para designar a los de categoría inferior, con poca o ninguna fortuna, y muchos de ellos quedaron reducidos a una forma de vida rural.

Nadie quería ser plebeyo. Se da una exaltación del espíritu de clase que no beneficia en nada a la vida económica porque el ideal principal de toda persona acomodada era el de vivir de renta o fundar un mayorazgo.

El mayorazgo como forma de propiedad privativa de la nobleza

El mayorazgo consistía en que una cantidad determinada de bienes se apartaba del orden normal de sucesión, y dichos bienes quedaban vinculados a un orden sucesorio especial, que recaían notablemente en la primogenitura, con lo cual se evitaba la descomposición del patrimonio que servía de sostén a la familia propietaria del mayorazgo.

La sociedad reconocía los mayorazgos una manifestación de distinción y riqueza.

Así, se generalizó el intento de que los apellidos quedaron perpetuados a través de la constitución de mayorazgos, más o menos importantes según la posibilidad económica del que lo instauraba.

Fruto de ello fue que surgieron fuertes desigualdades entre el hijo que recibía el mayorazgo y los otros, que formaban parte de los no favorecidos por esta institución y se conocieron con el nombre de segundones y que pasaron a engrosar las filas de los dedicados a la milicia o a la carrera eclesiástica, profesiones vinculadas, en muchos casos, a la nobleza y que recogían a muchas de las personas precedentes de familias nobles a los que no les correspondía el mayorazgo.

Distribución geográfica de la nobleza

En el centro y sur de España se hallaban los nobles más ricos y poderosos. En el Norte, en general, había mucha pequeña nobleza. Sólo en la franja cantábrica se hallaban la mitad del total de hidalgos de España. En Aragón también predominaba la pequeña nobleza en las figuras de los infanzones aragoneses o los barones catalanes. También existía una poderosa nobleza, similar a los grandes de Castilla, formada por los ricos-hombres aragoneses.

A partir de las Cortes de 1538, celebradas en Toledo, dejó de existir una institución u órgano que les mantuviera unidos y que les permitiera, por tanto, ejercer presión interna sobre el monarca. Progresivamente, la nobleza se hizo cortesana, y en contraprestación recibieron nombramientos y concesiones importantes, además de continuar estando exentos del pago de casi la totalidad de los impuestos existentes.

El dinero pasa a ser progresivamente el gran motor efectivo de ascenso. Los que se enriquecían, procedentes del estado llano, procuraban ascender a hidalgos. Los hidalgos que podían, pasaban a caballeros. Los caballeros, a títulos, y los títulos a Grandes.

Ante las enormes dificultades financieras de la monarquía, no era difícil convertirse en señor de vasallos. Carlos V limitó a 25 el número de Grandes y a 35 el de títulos. En el siglo XVII, sólo Felipe IV creó 118 títulos, y Carlos II le superó limpiamente al otorgar durante su reinado 295.

La nobleza y los señoríos

En el transcurso de esta época existían en Castilla diversos tipos de señoríos. Fundamentalmente eran tres:

• Señoríos solariegos: el señor se considera dueño de las tierras comprendidas en el término.

• Señorío solariego y jurisdiccional: los señores no tenían tan amplios derechos sobre las tierras como en los solariegos.

• Señorío jurisdiccional: los señores no poseían la tierra, sino que el rey les otorgaba el privilegio de gobierno y cobro de las rentas e impuestos que los vecinos pagaban al monarca. Se da más en Aragón.

La nobleza nueva, sobre todo la surgida en el transcurso del siglo XVII, solían tener señoríos jurisdiccionales y, sobre todo, era poseedores de juros y censos. La nobleza más antigua, en general, era la poseedora de los señoríos solariegos, y sobre los habitantes de dichos territorios tenía muchos derechos, recibía numerosas prestaciones y percibía muchos tributos.

2.2.2. - El clero

Menos numeroso que el estamento noble, pero de extraordinaria importancia, fue el clero, institución que gozó de una gran consideración social y su peso fue de singular relieve en la vida política, en una España que se erigió en la defensora máxima de la cristiandad. Fueron en gran medida los ideales religiosos los que llevaron a la España de los Austrias a las ininterrumpidas guerras contra los herejes y los infieles, ya fueran luteranos o calvinistas, en el centro o norte de Europa, o turcos en el Mediterráneo. Guerras que absorbieron todos los recursos del país y lo dejaron progresivamente agotado a comienzos del siglo XVII.

A finales del siglo XVI había en Castilla alrededor de 75.000 religiosos. El formidable poder económico y social del clero atraía a muchas personas que abrazaban dicho estado.

Importancia del patrimonio eclesiástico amortizado

Las donaciones y cesiones que le hacían eran importantes, y junto a la ordenada economía que la mayoría del clero llevaba al crecimiento de manera ininterrumpida del patrimonio de la misma, aumentando la propiedad amortizada (aquella que no puede ser enajenada o vendida), situación ante la cual no se tomaron severas medidas.

Los monarcas realizaron intentos para incorporar a la Iglesia en un plano de igualdad al resto de los vasallos, logrando obtener alguna que otra contribución, y vendieron pueblos y encomiendas de las Ordenes militares y posesiones de iglesias, mitras y monasterios.

Contribución del clero a la Hacienda

Felipe II obtuvo del clero - siempre con las debidas licencias y autorizaciones pontificias - algún subsidio: el impuesto del excusado (consistente en que el vecino de cada parroquia que pagaba mayor cantidad de diezmos, en vez de pagarlos a la Iglesia, los entregaba a la Hacienda real, es decir que dicho vecino quedaba excusado de entregar la cantidad a la Iglesia, aunque debía hacerlo a Hacienda).

Felipe II también logró que la Iglesia contribuyera al impuesto de millones. Y por el subsidio de galeras, la Iglesia entregaba una cantidad determinada, a partir del año 1561, para sostener la Armada contra moros y turcos.

La lucha llevada a cabo contra la Reforma protestante ayudó a crear un clima favorable al crecimiento del clero; algunas Ordenes se reformaron (Trinitarios y Mercedarios Descaldos, Agustinos Descalzos, Recoletos Franciscanos, etc) y se crearon varios nuevos, como los Teatinos (1629) , Capuchinos (1578), Escolapios (1597), etc. Y de una manera particular, a la Compañía de Jesús, que contribuyó a defender activamente al Papa y a la unidad de la Iglesia, fundada por Iñigo de Loyola (1491-1556).

De la misma forma que la nobleza, el clero disponía de una serie de inmunidades. La económica, en virtud de la cual la Iglesia no debía pechar. En los siglos posteriores, dichos intentos continuarán: sólo con algún éxito en el siglo XVIII, y de una forma revolucionaria en el transcurso del XIX, ya que el Estado se incautaría de todos los bienes del clero regular y secular.

La inmunidad, persona, prohibía a las autoridades civiles juzgar a personas eclesiásticas. Y una inmunidad local, que prohibía a las autoridades civiles prender al que se refugiase en un lugar sagrado; era el derecho de asilo, que fue fuente continua de problemas, porque servía para refugiar muchas veces a personas sobre las que pesaban graves culpas.

2.2.3. - Los “pecheros” o Estado llano.

El resto de los hombres libres que no formaban parte de la nobleza, en ninguno de sus grados, eran los plebeyos, pecheros o gentes del Estado llano. Eran los que, en general, no estaban exentos del pago de tributos.

Los sectores más bajos los constituían los jornaleros o peones, que generalmente vivían de los trabajos que les salían y que casi siempre eran eventuales

Respecto a la esclavitud se seguía el viejo principio de que “el parto sigue al vientre”, es decir, que los hijos de esclava lo pasaban a ser por el hecho del nacimiento.

Los extranjeros: su papel en la economía española

La importancia de los extranjeros en la vida económica es indudable. Cuando en el siglo XVII se expulsó a los moriscos, este hecho motivó que entraran extranjeros para cubrir en parte los puestos que dejaron en las actividades económicas que desempeñaban. A mediados y finales del siglo XVII, la progresiva paralización de la vida económica incita a que se propicie su venida. Así, por ejemplo, en 1679 se dio una ley fomentando la inmigración de trabajadores extranjeros.

Mientras en España ha cuajado un tipo de mentalidad que desprecia el trabajo manual, porque se aspira a formar parte de algún estamento social - noble o eclesiástico - donde se considera que el trabajo manual es inferior; en el extranjero, es decir, en Europa, se fue desarrollando una concepción distinta de los fines del hombre y del Estado, donde el trabajo manual, ejercitado de una manera continuada, sólo reporta beneficios, tanto en el orden individual como en el colectivo. Así fue surgiendo el poderío de Holanda, Inglaterra y Francia.

2.2.4. - Reflejo de la estructura social en la estructura de la propiedad.

La estructura del poder y la distribución de la propiedad rústica guardaban un perfecto paralelismo. Los grandes propietarios eran la Iglesia y la aristocracia, en primer lugar.

Como denominador común en ambos, no explotaban al máximo sus propiedades y, sobre todo, en el caso de la Iglesia, cedían las tierras en arrendamientos a largo plazo y a bajo coste y trataban al campesino, en general, con benignidad, sobre todo en años de malas cosechas.

Además de la aristocracia tradicional y la Iglesia, también eran propietarios de importancia la alta burguesía urbana y los campesinos enriquecidos, y ambos constituían los denominados en los documentos de la época, poderosos.

En Galicia, la mayor parte de la propiedad pertenecía a monasterios y nobles, que la cedían a los campesinos por cantidades módicas y tiempo indefinido, y esta cesión se conoce con el nombre de foro.

En general, se practicaba un tipo de agricultura con el que se pretendía obtener recursos suficientes para atender a una simple subsistencia; en los años de malas cosechas, debido al aislacionismo de su geografía y a los medios de transporte, tuvieron lugar terribles hambres.

2.2.5. - Incidencia de las creencias y la mentalidad en la economía española de los siglos XVI y XVII: el ideal de la nobleza como aspiración de la sociedad española de los Austrias.

Difícilmente se puede comprender la economía española de los siglos XVI y XVII si se prescinde de la religiosidad que se halla impregnada en la conciencia social de la población. Salvar el alma y vivir para ello, vivir conforme a las normas de la Iglesia, era una gran y constante preocupación para la mayor parte de la población.

Consecuencia de la importancia atribuida a la religiosidad fue la exigencia de la “limpieza de sangre” (no tener antepasados ni judíos, ni musulmanes, ni herejes) para acceder a instituciones de la más diversa índole, desde el Santo Oficio a colegios, Universidades y gremios, así como para desempeñar cargos públicos en los municipios o la Corte.

Junto a estos aspectos hay que tener en cuenta la actitud frente al trabajo manual. El ideal de vida de la mayoría de la población estaba en el noble, cuya ocupación básica está en torno a las armas y no necesitaba trabajar para vivir. Al mismo nivel se consideraba a las personas que entraban a formar parte del clero.

En el año l570, en pleno reinado de Felipe II, las Cortes de Castilla pedían que en las ciudades que tuvieran voto en Cortes no pudiera ser regidor ni tener voto en el ayuntamiento ningún hombre que no fuera hidalgo de sangre y limpio, ni ninguno que hubiera tenido tienda pública de trato y mercancía.

Todo ello llevaba al desinterés por el conocimiento empírico, la técnica y la experimentación y, en definitiva, a un descuido u olvido en el fomento de la riqueza nacional.

En el siglo XVII se iría produciendo un cambio de estos planteamientos. Ya en 1622 un dictamen del Consejo de Ordenes disponía que para bien y utilidad del reino era compatible la nobleza con el ejercicio del comercio.

2.3. - LA COYUNTURA ECONÓMICA EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVI.

Conviene recordar que durante los siglos XVI y XVII, Aragón, Cataluña y Valencia eran Estados distintos, aunque su rey fuera el mismo que el de Castilla. Las Cortes eran distintas a las de Castilla, era distinta la moneda y existían aduanas entre los distintos territorios. Castilla era otro Estado, que agrupaba o comprendía Andalucía, Murcia, Extremadura, las dos Castillas, Navarra, León, Asturias, Galicia y las Vascongadas - con sus singularidades forales - .

Respecto a Castilla, se da una fase de expansión desde 1450 a 1580 y a partir de esta fecha se inicia una depresión que se prolongaría por lo menos hasta 1650.

Los factores impulsores fueron los siguientes:

• Crecimiento demográfico general

• Crecimiento de la población en la Corona de Castilla superior a la media

• Urbanización creciente: la población urbana crece más que la media: Sevilla, Palencia, Guadalajara, Zamora y Madrid, llegaron a doblar la población a lo largo del siglo XVI. Este crecimiento de población se traducía, naturalmente, en una mayor demanda de productos agrarios y manufacturados con destino a los dinámicos núcleos urbanos.

Existe una elevación de precios durante el siglo XVI, debido a la llegada de metales preciosos del Nuevo Mundo. Los precios que más suben son los agrarios, y especialmente los de los cereales. Ello redunda en la mejora de la renta de la tierra.

Por otro lado se da una evolución de la demanda exterior. En primer lugar, la demanda americana, mayoritaria en productos manufacturados.

Durante la primera mitad del siglo XVI, los territorios de la Corona de Castilla intentan por diversos medios responder al reto que le plantea el nuevo inmenso mercado. Pero la presión de las guerras y la irresponsable manera de financiar el déficit público que utiliza la Corona hace insostenible un crecimiento económico a largo plazo (a decir, guerras interiores: comunidades, de 1519 a 1521, germanías (1521-1523), en Valencia y Baleares; y las guerras con Francia, de 1520 a 1556, con las treguas de 1529 a 1535, de 1538 a 1541 y de 1544 a 1552. Dichas guerras exigieron movilizar una cantidad ingente de recursos.

En conjunto, la economía durante el reinado de Carlos I fue próspera. El incremento de la población y la colonización americana constituyeron excelentes incentivos para el incremento de la producción en la agricultura y en las manufacturas. Pero, tanto el incremento de la demanda como la llegada de grandes cantidades de oro y plata procedentes de América, propiciaron una subida de los precios de los productos agrícolas e industriales, que perjudicaba, lógicamente, la economía de los súbditos de la Corona, que se quejaban insistentemente del precio que alcanzaban muchos productos. La acción del gobierno se encaminó a atender sus peticiones.

En 1539 se estableció una tasa sobre el precio del trigo, limitando así la subida de los precios. Pero esta medida desincentivó a los productores; además, esta medida no impidió que los precios de otros productos agrícolas no sometidos a regulación continuasen aumentando. Existen constantes quejas respecto a la evolución de los precios de los tejidos. Las Cortes reaccionaron prohibiendo la exportación de paños, excepto a América (1548) y autorizando la importación de paños extranjeros (1552). Estas medidas llevaron inmediatamente a la depresión de la industria textil, y poco después, antes de 1560, fue necesario levantar la prohibición de exportar.

2.3.1. - La coyuntura de Felipe II.

La evolución de la economía bajo el reinado de Felipe II (1557-1598) se halla fuertemente condicionada por la personalidad del monarca y su política de apoyo a ultranza de la causa de la Iglesia católica.

A diferencia de sus sucesores, no hizo dejación de su poder, lo quiso controlar todo personalmente, con lo cual ahogó y coartó muchas iniciativas de los distintos estamentos del aparato burocrático.

Su política se centró en la defensa del catolicismo. Ello le llevó a intervenir en diferentes zonas desde el Mediterráneo al mar del Norte. En el Mediterráneo se dirimía el conflicto frente al Islam, personificado en el potente Estado creado por los turcos otomanos. Para frenar su expansión, Felipe II encabezó una alianza que bajo la protección del Pontífice aglutinó junto con España a Venecia y Malta. Se armó una potente escuadra, que se encontró el 7 de octubre de 1571 con la armada turca en las aguas del golfo de Lepanto.

La victoria frente a los turcos frenó la amenaza islámica en el Mediterráneo, que en adelante quedó limitada a actos de piratería. En 1577, Felipe II, volcado ya en los asuntos del Norte, estableció un pacto con el sultán, que se repitió en años posteriores.

El otro frente de la política exterior de Felipe II iba dirigido a frenar la expansión del protestantismo.

La sublevación de los Países Bajos (1559-1598) fue una guerra cara, que no finalizó completamente hasta el reconocimiento de la independencia holandesa en 1648. El problema de los Países Bajos se complicó con el apoyo prestado por Inglaterra a la sublevación de estos territorios.

Inglaterra practicó una política de hostilidad creciente hacia España protegiendo veladamente actos de piratería contra las flotas españolas en el Atlántico y suministrando recursos y apoyos a los protestantes de los Países Bajos. La decapitación de María Estuardo, reina católica de Escocia, en 1586, aceleró el enfrentamiento. En 1588, Felipe II organizó una gran escuadra con la misión de invadir Inglaterra. Dicha escuadra estuvo integrada por 130 buques y 30.000 hombres, de los que sólo regresaron 60 buques y 10.000 hombres, cifras que dan idea del descalabro sufrido.

Estos conflictos, junto con otros de orden menor, como la intervención en Portugal, que proporcionó al monarca español la Corona de Portugal en 1580, o la rebelión de los moriscos en las Alpujarras (1568-1571), exigieron recursos financieros ingentes. Al oro y la plata procedentes de América hubo de sumarse un incremento de los impuestos, tanto ordinarios como extraordinarios, y, finalmente, el endeudamiento de la Hacienda. Aun así, Felipe II hubo de declararse tres veces en bancarrota.

La preocupación por los problemas de la Hacienda fue constante a lo largo del reinado. La agobiante carencia de recursos obligó al rey a presionar excesivamente sobre todo tipo de actividad económica, desde la agrícola hasta la industrial, lo que acabaría produciendo su decaimiento, ante el peso de los excesivos controles e impuestos.

La presión de los banqueros obligó al monarca a suspender la prohibición de exportar metales preciosos en 1556. Dicha prohibición obligaba a mercaderes y banqueros extranjeros a invertir sus beneficios en la compra de mercancías producidas en el reino, si querían sacarlos del país, lo cual ejercía un fuerte estímulo a la producción.

La evolución de la coyuntura respecto al comercio exterior puede dividirse en tres fases:

1517-1566: fase expansiva en la que estuvo prohibida la saca de moneda. Aumentaron las exportaciones de materias primas, lanas, sedas, etc. Este periodo coincide con el esplendor de las grandes ferias de Medina, Rioseco, Villalón, etc.

1566-1580: se abre un período de crisis. La Corona, para atender las presiones de los asentistas y prestamistas de la Hacienda, hubo de permitir la saca de moneda. La crisis financiera del Estado se transmitió a la economía real. La guerra contra los rebeldes de los Países Bajos acabó con el eje comercial Medina-Burgos-Bilbao-Amberes.

1580-1680: declive continuo de nuestras exportaciones, debido a la pérdida de competitividad en el exterior.

Otros aspectos de la política comercial fueron igualmente negativos, como la protección de las exportaciones de lana de excelente calidad, que retornaba al país en forma de costosas importaciones de paños. También tuvo efectos muy negativos la política monetaria basada en la defensa de la moneda de buena calidad.

El peso de la Hacienda y una política económica condicionada por las necesidades del Estado colocaron a amplísimas capas de la población española en una condición de pobreza. El panorama que presentaba la economía española a fines del siglo XVI era desolador; en 1594 se decía que el reino “está consumido y acabado del todo, sin que haya hombre que tenga caudal, ni crédito o casi ninguno”.

Poco después comenzaría la gran epidemia de 1597-1601, que supuso una pérdida de 500.000 personas.

El exceso de impuestos, la carencia de planes concretos, la situación económica de desastre, propiciaban que surgieran los arbitristas para hallar prontas, eficaces y simples medidas de salvación en una situación compleja y difícil.

El Estado se había impuesto un esfuerzo demasiado extraordinario y quedó asfixiado por decenios. La política llevada a cabo acarreó la ruina económica y civil de España y la división de su Imperio.

3.1. - LA EXPANSIÓN AGRARIA DEL SIGLO XVI.

Durante el siglo XVI, la población de Castilla experimentó un crecimiento del 50%, con lo que se hizo necesario ampliar las zonas de cultivo. La colonización del continente americano contribuyó también a aumentar la demanda de productos agrarios.

La expansión de la producción agraria se produjo como consecuencia de la ampliación de la superficie cultivada y no de una mejora de las técnicas, en parte roturando tierras baldías. Se denominaban baldíos los terrenos pertenecientes a la Corona que no habían sido asignados por concesión real y que, por tanto, estaban disponibles para la utilización pública.

La demanda de tierras cultivables y las necesidades de la Hacienda real provocaron la venta de una gran superficie de tierras baldías. Estos baldíos no fueron comprados tan sólo por miembros de la nobleza: un gran número de pequeños campesinos adquirió pequeñas parcelas, para lo cual, en muchos casos, hubieron de recurrir al endeudamiento hipotecando sus propiedades. Algunos, incapaces de hacer frente a sus compromisos de pago, acabaron perdiendo sus pequeñas haciendas.

En cuanto a algunos cambios técnicos, cabe destacar la sustitución de los bueyes por mulas como animales de tiro. Tenía como ventajas que permitía arar el doble de superficie que un buey, podía ser utilizada en huertos y viñedos, realizaban más rápidamente que los bueyes los desplazamientos desde las aldeas a los campos de cultivo (aspecto de gran importancia ya que en el siglo XVI se hubieron de poner en cultivo tierras a menudo bastante alejadas de los núcleos de población). En cuanto a inconvenientes se puede citar que no hacían unos surcos tan profundos como los bueyes y necesitaban alimentarse de granos, con lo que consumían parte de la cosecha, a diferencia de los bueyes que se alimentaban de los pastos de las dehesas boyales.

El incremento dela producción agraria se prolongó, según las regiones, hasta 1580 a 1620. El fin de esta expansión fue consecuencia de una serie de factores:

Política de control de precios implantada por la Corona: Tanto la llegada de grandes cantidades de oro y plata procedentes de América como el incremento de la demanda, debido al crecimiento de la población provocaron una fuerte subida de precios a lo largo del XVI. El encarecimiento de los alimentos provocó fuertes protestas por parte de las ciudades.

Carlos V, en 1539, reinstauró la tasa de los cereales. De esta forma quedaron establecidos unos precios máximos de venta que se mantuvieron fijos hasta 1558, en que Felipe II los aumentó para compensar la inflación. Esta medida resultó perjudicial. El problema radicó en que se tasaban los precios de venta del cereal, pero no se tasaban de igual manera los precios de los aperos, mano de obra, animales de tiro, etc.

De todas formas, los efectos de esta tasa sobre los productores quedó atenuada por el elevado incumplimiento de la tasa

Disminución de los rendimientos: A lo largo del siglo XVI los rendimientos fueron disminuyendo, debido entre otros motivos a la utilización de tierras marginales, empleo de arados ligeros que no permitían trazar surcos profundos, y disminución de las disponibilidades de abono debido al descenso de la cabaña ganadera sacrificada a los intereses de la agricultura.

Endeudamiento de los campesinos: Las buenas perspectivas proporcionadas por el aumento de la demanda y la elevación de los precios agrarios fomentó la inversión (compra de tierras baldías, adquisición de aperos) para beneficiarse de la expansión agraria del XVI. Para ello hubieron de recurrir al crédito, en muchos casos hipotecando sus pequeñas propiedades.

A partir de 1580 la cosas empezaron a cambiar: se inicia una serie de malas cosechas y los campesinos no pueden hacer frente a los pagos acordados, por lo que los acreedores comenzaron a ejecutar las hipotecas que pesaban sobre los campesinos.

Incremento de la presión fiscal: La incapacidad de la Hacienda real para acoplar sus gastos a sus ingresos produjo un fuerte incremento de la presión fiscal a lo largo del siglo. A fines del siglo aparecieron nuevos impuestos como el “servicio de los millones” (impuesto extraordinario, cuyo importe era proporcional al número de pobladores e importancia de las haciendas de cada territorio).

La expansión de área cultivada fue en detrimento de las superficies dedicadas a pastos. Esto provocó fuertes reacciones entre los ganaderos propietarios de ganados trashumantes pertenecientes a la Mesta.

3.2. - LA INDUSTRIA.

La industria atravesó unos años excepcionalmente favorables, una vez descubierta América y regularizado el comercio con el Nuevo Continente. Los productos de las industrias de bienes de consumo encontraban salida, al principio, un poco con independencia de su calidad y su precio (expansión única de la industria textil en puntos remotos de Castilla y Andalucía).

A partir del segundo tercio del mismo siglo XVI la industria textil empezó a decaer, dado que o podía competir con los productos de importación, tanto en precio como en calidad.

Asimismo como consecuencia de la necesaria actividad marítima, comercial y para la flota de guerra, la construcción naval sufrió un fuerte desarrollo, aunque, en conjunto, el gobierno no se apercibió de los importante que hubiera sido el apoyar la industria de este tipo en la metrópoli. No se atacó con intensidad el problema que suponía para una España imperial no disponer de los suficientes navíos para asegurar el monopolio, a través del comercio con el Nuevo Mundo

Galeras, galeotes y fustas constituían elementos de la flota. Felipe II llegó a tener alrededor de 90 galeras. Las naves eran de muy distinto tonelaje. A finales del siglo XVI se generalizaron las finas y ligeras carabelas. Hasta el transcurso de la segunda mitad del siglo XVII no empezaron a abundar los galeones de 700 a 1000 toneladas - en el siglo anterior menos de la mitad - .

Desde finales del siglo XVI, la industria decaería con rapidez, hasta llegar a su máximo declive durante los últimos decenios del siglo XVII.

3.2.1. - Crisis de la industria a fines del siglo XVI

Se dictaron numerosas leyes, algunas veces contradictorias, para restringir o estimular tanto la importación como la exportación. El coste de los paños extranjeros fabricados con lana nacional se veía incrementado por la doble ida y venida a Flandes. Pero hasta este largo transporte por mar era más barato que el terrestre. Los tejidos castellanos tenían que transportarse a lomos de mulas hasta Sevilla, cruzando lugares donde el pago de portazgos y otros impuestos gravaban el transporte por encima del costo que suponía la doble trayectoria marítima descrita.

Se promulgaron leyes contra el lujo, que no acabaron con él y sólo cortaron la expansión de unas industrias con buenas perspectivas.

3.2.2. - Inicio de la recuperación de la industria a fines del XVII

A finales de siglo, cuando se cobra conciencia de la debilidad, cuando se observan los notables progresos de otras naciones - como Holanda Inglaterra o Francia -, se adoptan una serie de medidas para paliar y enderezar la situación. Se declaró compatible la nobleza con la posesión de fábricas en 1682.

Se fomentó la entrada de obreros extranjeros. Se vigiló la importación de paños y se fomentó la producción de algunos tipos destinados al consumo popular, creándose la Junta de Comercio y Moneda de Castilla (1679), con objeto de enderezar la situación económica general, institución que sufriría posteriores modificaciones.

3.3. - LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y SU REGULACIÓN

La progresiva importancia del Imperio español durante el siglo XVI tenía que acarrear forzosamente un notable desarrollo del comercio tanto interior como exterior, a la vez que el volumen de transacciones originaría la creación o desarrollo de instituciones que lo canalizaran.

Todo ello constituyó una gran oportunidad para que la burguesía comercial tuviera una expansión y lograra un progresivo poder. Si la burguesía comercial y financiera no se desarrolló en mayor medida, fue más por problemas de mentalidad, con la viva oposición tradicionalista al mundo del comercio, que por auténticas oportunidades económicas.

La aspiración de ennoblecerse cuando se poseía cierta cantidad de dinero fue una constante, y vivir notablemente era símbolo de no deshonrarse trabajando.

3.3.1. - Principales centros de actividad comercial

La burguesía comercial sólo era importante en un corto número de ciudades, y su dedicación se orientaba, sobre todo, al comercio internacional. Básicamente, la actividad comercial se puede agrupar en tres zonas: las plazas de Levante, en el Mediterráneo; el comercio con el mar del Norte, a través de los puertos del Cantábrico, y el comercio con las Indias, situado en Andalucía.

3.3.2. - Principales instituciones comerciales

Las ferias de Medina del Campo

Los años de mayor esplendor de la burguesía mercantil castellana se localizan en los decenios centrales del siglo XVI, cuando llegan a su máximo esplendor las ferias y se desarrolló una mayor actividad en los consulados. De todas las ferias, como las de Medina del Campo, Rioseco y Villalón, la más importante fue la de Medina del Campo.

Además de los comerciantes castellanos, acudían mercaderes de Valencia, Barcelona, Navarra, Lisboa, Flandes, Génova, Florencia, etc. Era, en su celebración semestral, un extraordinario centro de contratación de comercio de exportación e importación, y de cambios y giros nacionales e internacionales.

A partir del decenio de los sesenta, surgieron algunas dificultades serias a las ferias. Por un lado, en 1566, a los asentistas extranjeros se les autorizó para que pudieran sacar oro y plata de España. Ello llevó a que se desentendieran de la compra de productos españoles, puesto que anteriormente, al estarles prohibido sacar dichos metales, lo tenían que buscar a través de la compra de productos. Y esto hacía subir los precios, en beneficio de productores e intermediarios españoles. A partir del momento en que no es así, casi sólo se interesan por las finanzas.

A finales de dicho decenio tuvieron lugar serias quiebras en Burgos, debido, por un lado, a la expansión del otro eje de comercio, el del Sur, en torno a Sevilla, y dirigido a América, y, por otro, a la ruptura del eje comercial atlántico, en cuya base había que remontar el origen de la prosperidad de las ferias castellanas. La ruta marítima de exportación de metales y otros productos hacia Amberes, donde se distribuían a otros puntos, se cortó con la sublevación de los Países Bajos en 1566. A partir de entonces, las flotas corrían mucho peligro, y sólo podían llegar con dificultad, y se intenta utilizar otras vías. Por tierra a través de Nantes, que se encargaba el banquero y comerciante Ruiz, o gracias a los Fugger, a través de Lyon. Será mucho más segura, aunque más larga la vía utilizada a partir de 1578 a través de Barcelona, Génova, Augsburgo, Francfort y Amberes.

La suspensión de pagos del año 1575 se une a las dificultades anteriores y acelera la crisis y el declive de las ferias de Medina.

A finales de siglo se acentuó el declive de dichas ferias, que sufrieron un golpe definitivo en 1601, al disponerse que los pagos que antes se hacían en Medina se hicieran en adelante en Burgos, y las ferias de esta ciudad quedaban bajo la jurisdicción del Consulado y se celebraban cuatro anuales, que debieron de tener poco éxito y durante pocos años. Ya se giraban las letras sobre la Corte y al volver a Madrid, la economía castellana entraba en la desastrosa pendiente del siglo XVII.

El Consulado de Burgos

El Consulado de Burgos llegó a tener una gran importancia en los dos primeros tercios del siglo XVI. Los consulados eran órganos rectores del comercio, que surgieron durante la Edad Media para agrupar a las corporaciones profesionales de las gentes del mar en defensa de sus intereses, y constituían un tribunal especial para resolver las cuestiones conflictivas que pudieran surgir. Los primeros consulados se hallan vinculados a ciudades de comercio marítimo, y se imitaron en ciudades mercantiles del interior, con estructura y funciones semejantes.

También se denominaban Universidad de los Mercaderes o Universidad de Contratación. Y el Consultado, propiamente, era el tribunal privativo o de fuero con una jurisdicción especial sobre los comerciantes.

El Consulado de Burgos tenía una amplia jurisdicción sobre la mayoría de los puertos que traficaban con el Atlántico. Se elegían anualmente, por votación, los cargos de prior, cónsules y bolsero, que componían el tribunal . Atendían aspectos de fletamiento de buques, letras de cambio, seguros, averías, etc. Lo componían un gran número de comerciantes y, como es lógico, el Consulado entra en declive al compás de las dificultades del siglo XVII.

El declive de Burgos corrió de una manera relativamente paralela al de Median. Las crisis de la Hacienda durante el reinado de Felipe II, el aumento del número de impuestos, la pérdida de seguridad de la navegación por el Atlántico y el desarrollo de Sevilla, se aunaron para que la ciudad castellana, durante siglos posteriores, contemplara con nostalgia el singular despliegue de actividad mercantil logrado en el primer siglo de los Austrias.

La Casa de Contratación y el monopolio del comercio con América

El otro núcleo de actividad mercantil y financiera hay que situarlo en Andalucía, y de forma particular en la Baja Andalucía, en torno a Sevilla, que se vio muy favorecida después del descubrimiento de América, y Cádiz, mejor situada para canalizar dicho comercio.

El fundamento del gran desarrollo de Sevilla se encuentra en que allí se constituye la Casa de Contratación de las Indias (1503), institución que reguló y controló el comercio con las Indias, con carácter de monopolio, con atribuciones mercantiles, fiscales, incluso judiciales sobre dicho comercio. Allí se tenía que controlar todo lo que era objeto de importación o exportación.

El monopolio citado se vio teóricamente afectado por una disposición del año 1529, reinando Carlos I, en el sentido de que nueve puertos más se abrían al comercio americano (San Sebastián, Bilbao, Bayona, Laredo, Avilés y La Coruña, en el Norte, y en el Sur, Cádiz, Málaga y Cartagena). Pero ninguna de estas ciudades hicieron uso de esta posibilidad, porque los barcos tenían que retornar forzosamente al puerto de Sevilla.

Dicha Casa se trasladó a Cádiz en 1717, donde permaneció hasta su extinción, en el año 1790.

El comercio y la importancia económica de Sevilla ya eran considerables antes del descubrimiento de América. Pero éste y la concesión del privilegio del monopolio a la Casa de Contratación, la colocaron en un lugar único, dentro del mundo económico del siglo XVI. Así, Sevilla se incorporó al círculo de ciudades que disponían de Consulado (1543), que agrupaba a comerciantes de la más diversa procedencia.

Había un ambiente tan dispuesto al comercio que los nobles se ven incitados a su práctica, y así consiguen que se dicten disposiciones en el sentido de que pueden practicarlo sin menoscabo de su dignidad y privilegios, con tal de que no trabajasen personalmente ni tuviesen la tienda en su propio domicilio. Ello no quiere decir que muchos no tuvieran serias dudas ante tal dedicación, y los problemas de conciencia no fueran ajenos a algunos abandonos.

El floreciente mercado y la opulencia mercantil quedó reflejado en obras internas, como la Casa de la Moneda, la Lonja de Mercaderes, la Aduana, todas ellas comenzadas y acabadas en los últimos decenios del siglo XVI. Además de los impuestos que se recaudaban en Sevilla, que eran muy importantes, la ciudad efectuó cuantiosas y repetidas donaciones a los monarcas.

Aunque en los comienzos del siglo siguiente el comercio continúe sosteniendo sus fuerte ritmo, también se aunarían una serie de circunstancias que arrastrarían a Sevilla a un declive acentuado. La debilidad política de España y el poderío progresivo de varias naciones - Inglaterra, Holanda -, que quieren entrar en contacto directo con las Indias, la independencia de Portugal, las guerras interiores de España y las que se sostienen en Europa, con participación española, debilitan el monopolio, debilitamiento que llega al máximo alrededor de 1680. Concretamente, para la ciudad de Sevilla hay una hecho técnico que favorece su declive. El creciente tamaño de los buques hace cada vez más difícil, si no impracticable, la utilización del Guadalquivir. Y la beneficiada fue Cádiz, adonde finalmente se trasladó la Casa de Contratación.

3.3.3. - Declive del comercio español en el siglo XVII

En el transcurso del siglo XVII se firmaron varios tratados con las potencias que progresivamente dominaban el mundo de la navegación y el comercio. Con Inglaterra se firmaron varios (1604, 1665 y 1667). Eran tratados de paz, alianza y amistad entre las dos monarquías, y de navegación y comercio, con notables ventajas para los ingleses. En 1604 se estipuló libertad de comercio entre ambos países.

Otro tratado en 1648 con Holanda les reconocía los mismos derechos y otras exenciones para el comercio con la Península, no para las colonias. Asimismo se celebraron tratados con Dinamarca y Portugal - una vez reconocida la independencia.

3.4. - EVOLUCIÓN DE LA HACIENDA DURANTE LOS AUSTRIAS

3.4.1. - El crecimiento del gasto como consecuencia de la política imperial

Enormes problemas, fruto de los cuantiosos gastos que ocasionó la política imperial y las guerras sostenidas en ambos siglos. Por un lado, el hecho de que se descubriera América y de allí llegaran importantes cantidades de metales preciosos atrajo a numerosos banqueros y prestamistas europeos que financiaban las necesidades de la Monarquía. La estructura del poder, el sistema de valores y la tradición llevaron a que el reparto de las cargas tributarias fuera extremadamente desigual. El peso más importante de dichas cargas recayó sobre Castilla. Y dentro de sus habitantes, importantes y poderosos grupos no contribuían.

3.4.2. - Insuficiencia de los recursos: el endeudamiento

Con la llegada de los metales preciosos no quedaban satisfechas las necesidades crecientes de los monarcas del siglo XVI y se tenía que acudir una y otra vez a arbitrar mayores recursos mediante nuevos impuestos, venta de juros o la obtención de préstamos. Así, durante el reinado de Carlos V, cuyos ingresos anuales eran de 1 a 1'5 millones de ducados, consiguió créditos por valor de unos 39 millones de ducados gracias al crédito de Castilla, y Castilla tenía crédito porque le pertenecían las Indias. Carlos V tuvo que acudir a los banqueros de toda procedencia - españoles, alemanes, flamencos y genoveses -, que sólo le prestaban con la condición de obtener la suma prestada más los intereses a la llegada del primer cargamento procedente de América o con impuestos de la Corona castellana.

El contrato en el que se establecía cada una de estas operaciones se denominaba asiento. Los intereses que se pactaban eran muy elevados, y debido a que en la mayoría de los casos los capitales no se devolvían en las fechas señaladas, la acumulación de los intereses dobló, con frecuencia, el importe de las sumas obtenidas.

En el transcurso del reinado de Felipe II los ingresos de la Corona aumentaron considerablemente, pero lo hicieron a mayor velocidad las deudas contraídas por el monarca.

Fueron enormes los gastos que acarrearon la sublevación de los moriscos granadinos, las guerras con Francia, Países Bajos e Italia, etc. El oro y la plata llegados de América resultaban tan insuficientes como todos los nuevos impuestos que se introducían (excusado, millones, la sisa, subsidio de galeras, etc) o los nuevos tipos a impuestos ya existentes. Se pidió a las Cortes una y otra vez servicios extraordinarios, que éstas concedían, se aumentó el impuesto que gravaba las ventas, se aumentaron los derechos de aduanas interiores y también los impuestos que se pagaban en Sevilla, se incrementaron los derechos de exportación de lana, tanto si lo efectuaban buques nacionales como extranjeros, se pidieron donativos gratuitos a los grandes.

Con frecuencia se incautaron de la plata que con destino a particulares llegaba procedente de las Indias. (1550-1560), reembolsándose a los particulares de los capitales secuestrados, ofreciéndoles juros por valor de los dos tercios de las sumas confiscadas. Se vendieron bienes que habían pertenecido a la Iglesia y las Ordenes militares, señoríos, encomiendas, regidurías, etc.

Felipe II recibió de América alrededor de 14.000 millones de maravedíes, frente a unos 4.700 que llegaron en el reinado de Carlos I.

Todo ello resultaba insuficiente, hasta el punto que en el transcurso de su reinado Felipe II se tuvo que declarar en bancarrota tres veces (1557, 1575 y 1596). Entiéndase por tales el hecho que el monarca suspendía, por decreto, unilateralmente, las consignaciones o promesas de pago que tenía que efectuar a sus banqueros. Al morir, Felipe II dejaba una deuda de unos 100 millones de ducados, es decir, 37.500 millones de maravedíes. Volumen tan enorme en una España cada vez más escuálida, tenía que agravar la desfavorable situación con que se abre el siglo XVII, y las nuevas bancarrotas serían inevitables en 1607, 1627 y 1647, aunque ya en un nuevo panorama presidido por el desorden general en el plano económico. Si antes del déficit de los presupuestos se intentaba salvar con empréstitos, ahora, como veremos, se incurre en el grave error de provocar, sin control, una inflación más que galopante, devaluando la moneda con una alegría incomprensible.

La primera bancarrota, tuvo lugar en el año 1557. La deuda que Carlos I dejó se ha evaluado en unos 6.800.000 ducados y la mayor parte de los ingresos hasta el año 1560 se hallaban de antemano gastados. Además de estas deudas, que se pueden calificar de a corto plazo, estaban las de largo plazo o consolidadas, como la derivada de la puesta en circulación de un gran número de juros, ya que sólo los intereses que debían pagarse por ellos se elevaban a unos 540 cuentos o millones de maravedíes. Ante esta situación, cuando los ingresos ordinarios que se esperaban obtener en los próximos años se hallaban de antemano gastados, nadie quería conceder ningún tipo de crédito.

La crisis de 1557, como todas las operaciones de este tipo, acarreó la bancarrota de algunos banqueros y abrió las posibilidad de que otros se introdujeran en las finanzas de la Monarquía española. A raíz de esta primera crisis de Felipe II, los Fugger, que se habían apoderado, entre otras rentas, de las minas de Almadén y Guadalcanal, perdieron importancia, que ganaron los genoveses. La preponderancia de los banqueros genoveses se inicia alrededor de 1560 y se acentúa a partir del momento en que la ruta de envío de los metales preciosos hacia Europa se hace a través del Mediterráneo, y su preponderancia llegaría hasta alrededor de 1630.

Después de la crisis de 1557, las condiciones y las suerte de la Hacienda no mejoró. Los apuros en 1559 eran enormes. En 1560, se consiguió una serie de acuerdos con los asentistas y así se inicia un período de tranquilidad que duró hasta alrededor de 1568. La sublevación de los moriscos, el progresivo empeoramiento de las relaciones con Inglaterra y, sobre todo, el comienzo de las guerras de Flandes, fueron, entre otros, aspectos que condicionaron notablemente la evolución política de la Monarquía española, sellaron la personalidad de su monarca y fueron arruinando la Hacienda.

Se llegó a una situación límite en 1575, año en que se declaró la nueva bancarrota. Cuando se decretó dicha suspensión se debían más de 17 millones de ducados sólo a banqueros genoveses. Se pretendía sustituir a los banqueros genoveses por los castellanos - Simón Ruiz, Maluenda, Presa, Curiel, Santa Cruz, Cuevas, Salamanca, Ortega, Pedro Ruiz, Bernuy, Orense, Carrión, etc -, que defraudaron por su posterior comportamiento.

La crisis de 1575 acarreó la sublevación de las tropas de Amberes en 1576, donde asesinaron a más de 6.000 de sus habitantes. Se elevan las alcabalas y todo tipo de impuestos, pero resultan insuficientes.

Los asuntos contra Inglaterra pasan a primer plano de actualidad, en el decenio de los ochenta, que culminaría con la Gran Armada. No se logra vencer a los ingleses, ni se pacifica la guerra con Flandes. Y de nuevo, desde comienzo de los años noventa, las dificultades aconsejaron la introducción de nuevos impuestos, hecho que cada vez resultaba más difícil.

En 1596 de nuevo Felipe II se declara en bancarrota, a pesar de las importantes cantidades que los años inmediatamente anteriores habían llegado de América. Fue entonces cuando por primera vez se pidió un donativo voluntario a los particulares para hacer frente a las necesidades de la Hacienda.

En 1598 moría Felipe II sin haber solucionado mínimamente el problema de la Hacienda, heredado de su padre Carlos I, y que dejaba notablemente agravado como consecuencia de su política internacional a su hijo y sucesor Felipe III.

3.4.3. - El recurso a manipulaciones monetarias durante el XVII

En el transcurso del siglo XVII se continuaría con la misma línea de efectuar un esfuerzo superior a las posibilidades que le permitían la riqueza y los recursos del interior, con una serie de agravantes. La potencia creciente de Francia, Holanda e Inglaterra contrastaba con la debilidad cada vez más acusada de España, agotada de hombres y recursos y con la posesión de inmensas colonias de las que cada vez recibían menos metales preciosos, que eran el aval del crédito concedido a los monarcas.

El siglo XVII lo llenan, políticamente, los tres últimos Austrias: Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Durante estos reinados, la Hacienda vivirá en un desbarajuste continuado, porque arrastra el sistema impositivo heredado y a la vez se producen desórdenes monetario que sumen a la economía en un desconcierto continuado y siembran una progresiva desconfianza de los súbditos de la Corona a las medidas adoptadas por ésta. Además, con objeto de obtener recursos, se procede a efectuar todo tipo de ventas - pueblos, con los que constituyen nuevos señoríos, hidalguías, jurisdicciones, oficios y cargos, perdones de delitos, indultos - hasta extremos difícilmente comprensibles.

Desde un punto de vista general, el siglo XVII no se abre con malas perspectivas, puesto que había remitido la peste de finales de siglo; se dieron una serie de años de buenas cosechas; llegó bastante plata de América y, en conjunto, el reinado de Felipe III, “a pesar de la corrupción administrativa fue recordado con nostalgia”. Si bien es verdad que en estos años no se crearon nuevos impuestos, se comenzó una peligrosa inflación de una moneda fraccionaria que acarrearía serios problemas a la organización económica, porque se abusa de su puesta en circulación y no se guarda una proporción adecuada entre las diferentes monedas para evitar la salida de las de oro y plata.

Debido a que escaseaba la moneda menuda, se dispuso en 1583 que se labrasen reales sencillos, medios reales y blancas. Hasta finales del siglo XVI, cuando se instaló la Casa de la Moneda o “Ingenio de la Moneda” en 1582, no se puso fecha a las monedas.

Al haber escasez de moneda fraccionaria, a finales de siglo se adoptó la medida de labrar moneda de vellón puro, es decir, de cobre sin mezcla alguna. Hecho que al ser protestado llevó a que en 1597 se ordenara poner un gramo de palta por cada marco de cobre. A partir de 1599 se labró mucha moneda de vellón que proporcionaba abundantes beneficios a la Hacienda, puesto que de un marco de cobre transformado en moneda se sacaban cuatro reales de plata, y el coste del cobre más la monetarización era muy inferior. Ingreso saneado que hubiera podido mantener de no haber abusado de las emisiones, ya que la moneda fraccionaria era precisa para atender las necesidades de los pequeños cambios.

Otro factor de importancia fueron las falsificaciones, facilitadas por el hecho de que no se retiró la moneda fabricada anteriormente, de características muy toscas, con lo cual quedó abierto el portillo a través del cual entregarían grandes cantidades de monedas de cobre falso para ser cambiadas por monedas de plata y oro y rápidamente salían hacia fuera.

En 1603 se ordenó a todos los poseedores de monedas de vellón que las entregaran para ser reselladas por el doble de su valor. Es decir, si se entregaban 200 maravedíes, se devolvían 100 resellados con el valor de 200. La mitad, en consecuencia, era para la Hacienda.

Una política monetaria adecuada hubiera aconsejado señalar una proporción tal de valor entre el oro, la plata y el cobre que hubiesen desalentado el intento de salida de las mejores monedas. Las manipulaciones de la moneda se suspendieron hasta 1607, año en que tuvo lugar una nueva bancarrota real.

Se debían 12 millones de ducados y se acordó que se pagarían en un plazo de diecinueve años, con un interés del 5%.

En 1608, además de comprometerse a no acuñar más moneda de vellón, una Real Cédula determinaba el destino que debía darse a la plata procedente de las Indias. Y de 1608 a 1621, en que comenzó el reinado de Felipe IV, los hechos más relevantes se centraron en la expulsión de los moriscos y el comienzo de la guerra de los Treinta Años, en 1618, puesto que con los rebeldes de los Países Bajos se había firmado una tregua de doce años en 1609, a la vez que estaba vigente un tratado comercial con Inglaterra (1604) y otro con la Hansa (1607). Parece que precisamente estos años se acentuó el tráfico de monedas de oro y plata, que se conseguían con monedas de cobre falsificadas que llegaban a la Península de barcos plenamente cargados procedentes de Países Bajos, Dinamarca, Inglaterra y más tarde Italia.

La situación vuelve a ser crítica en 1617 en que, para no acudir a nuevos impuestos o aumentar el tipo de los existentes, el rey pidió a las Cortes que le relevasen de la promesa hecha en 1608 de no emitir más cantidad de dicha moneda. Las Cortes accedieron a la petición, condicionándola a que el total de circulación no excediera de 800.000 ducados. Pero era una limitación inútil, ya que se desconocía la cantidad que circulaba y la gran cantidad de moneda falsificada acababa de ensombrecer el panorama.

El reinado de Felipe IV (¡621-1665) se inició en un decenio de características adversas que culminan con la crisis de 1627-28, en que coinciden dificultades políticas (guerra de Mantua) con intensas dificultades económicas en su doble vertiente de desorden monetario y crisis del campo. Sin haberse recuperado del todo, en 1640 se inicia un período de desórdenes, presionados por la actitud del poder central, para hacer frente a sus necesidades de Hacienda y del Ejército. Las sublevaciones de Portugal, Cataluña, Aragón y Andalucía son capítulos importantes que denotan el malestar en el interior. La batalla de Rocroy, en 1643, se toma como signo de la decadencia española. Las dificultades culminarían a comienzos del decenio de los cincuenta, con hambres, pestes y sublevaciones populares en 1652. Hasta 1665, años de la muerte de Felipe IV, no se dio una auténtica recuperación.

3.4.4. - Intentos de solución: devaluaciones y nuevos impuestos y proyectos de reformas fiscales en el siglo XVII

Las dificultades económicas de comienzos del reinado de Felipe IV, en 1621, no se solucionaban ni con nuevas acuñaciones de moneda de vellón, ni con nuevos impuestos como el introducidos sobre la barrilla y la sosa. La poderosa imaginación del conde duque de Olivares, privado hasta 1643, conocedor de la ruda realidad del esfuerzo castellano y de su enorme presión fiscal, acariciaba poner en práctica un proyecto según el cual se repartirían las cargas fiscales con más equidad entre los distintos territorios que estaban supeditados al monarca (Unión de Armas)

Se intentó poner en marcha un plan de austeridad que fracasó. En 1624, al pedir el servicio a los reinos de la Corona de Aragón, se convocan las Cortes en Valencia, Cataluña y Aragón. Las cantidades que se lograron (Valencia y Aragón), después de muchas tensiones, fueron menores a las esperadas. Mientras, para allegar más recursos, se procedió a la venta de cientos de pueblos de Castilla y Andalucía, que perdieron así la cualidad de realengos para pasar a ser de señorío, con lo cual se colmaron muchas aspiraciones de una burguesía enriquecida que así pasaba a consolidar su situación de poderío, ante la indiferencia de los pueblos afectados que mudaban de señor.

Así llega la crisis de 1627, cuando a los banqueros se les prometió que cobrarían con los ingresos que la monarquía obtendría dentro de varios años. Perspectiva que no les merece crédito y se negaron a conceder nuevos préstamos y la Hacienda se declaraba de nuevo en bancarrota, que dañaría seriamente la vida comercial de algunos bancos, a la vez que permitía a otros - en este caso, judíos portugueses - introducirse en las finanzas reales y así aumentar sus influencias.

Al año siguiente, en 1628, se decretó una drástica devaluación, ya que se rebajaba el valor de la moneda de vellón a la mitad, al mismo tiempo que se aseguraba que no se acuñaría más vellón y que se disminuiría la cantidad que circulaba. Al mismo tiempo se decretaron una serie de medidas en que se fijaban tasas de jornales y valor de las mercancías.

El comienzo de los años 30 llegó con la creación de nuevos impuestos y el refuerzo de las ya existentes. Se elevó la media anata, que gravaba a toda persona que hubiera recibido un beneficio eclesiástico, una pensión o un empleo, descontándosele medio año de sueldo. El impuesto sobre la sal, de 1632, que originó disturbios en Vizcaya. Se elevó la transmisión de títulos de Castilla, al igual que el impuesto de lanzas. Se implantó en 1637 el uso del papel sellado en los documentos oficiales. En sucesivas disposiciones se elevó la alcabala 4 veces en un 1%.

Pero todo resultaba insuficiente antes los proyectos todavía imperialistas de Olivares. Se pidieron donativos, que de hecho fueron forzosos, y se dio un golpe definitivo a los juros al disponerse que se quedaban con el 50% del producto de los juros, con lo cual se logró definitivamente que se dejara de tener fe en dichos títulos y ya nadie, voluntariamente, quería suscribir más.

De nuevo en 1649 se incautarían de un millón de ducados procedentes de Indias, contra los cuales se entregaron juros. Con tal esfuerzo un impuesto único que gravara a cada uno en proporción a su fortuna, se obtuvieron recursos para movilizar ejércitos que todavía tendrían en Europa algunas espectaculares victorias, pero el declive de España era evidente.

Así se incrementa el paro, que unos lo canalizan hacia la mendicidad y otros hacia el bandolerismo.

Las sublevaciones de 1640, que finalizarían con la independencia de Portugal, asestaron un gran golpe a la política y a la economía. El esfuerzo de la guerra se financió de nuevo con moneda de vellón. El rey obtuvo permiso de las Cortes para modificar de nuevo el valor del vellón y acarreó un caos enorme. Las piezas variaron de valor en 1642, y de nuevo fueron manipuladas en 1647 y 1652.

La paz de Westfalia, en la que se reconoce la independencia de Holanda (1648), y la guerra contra Francia, que finalizaría en 1659, después del tratado anglofrancés de 1657, que ocasionó enormes pérdidas a la flota y a la riqueza española, sellan los últimos años del reinado de Felipe IV, en el que, quedaba estructurado el sistema financiero que perduraría hasta las reformas del siglo XIX. Los tratados de paz firmados con Holanda, Francia e Inglaterra contenían cláusulas que impedían el que a través de una política aduanera España, pudiera dificultar fuertemente o prohibir la llegada de productos procedentes de dichos países, con lo cual el declive de aquí se acentúa, a la vez que posibilita la mejora, en auge, de las otras potencias. Las medidas tan contradictorias adoptadas no hacen más que agravar la situación.

3.5. - BASES PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DURANTE EL REINADO DE CARLOS II

Durante el reinado de Carlos II (1665-1700) tendrían lugar otros años de gran dificultad, de 1678 a 1683, con pestes y malas cosechas, que afectaron sobre todo al sur de la Península; aunque durante estos años se sentaron las bases para reestructurar la vida económica, como la creación de la Junta de Comercio, citada anteriormente, y se quiere incorporar en España una serie de reformas encaminadas a lograr lo que se había conseguido con brillantez y de forma rápida en Francia e Inglaterra, con las decididas políticas de Cromwell y de Colbert.

Desde el comienzo del reinado de Carlos II no se crean nuevos tributos ni se elevan los tipos de los innumerables existentes. El hecho de que no convoquen las Cortes a partir de 1665 no genera protesta alguna. La apatía es general. No se dan innovaciones tributarias y para hacerse con recursos se acudió de nuevo a la venta de patrimonios, mercedes y empleos.

La presión fiscal difícilmente se podía aumentar y por ello había que optar entre el sistema de arriendo o el de encabezamiento. A través del sistema de arriendo se trataba muy duramente a los contribuyentes, ya que los arrendadores - muchas veces judíos conversos de procedencia portuguesa - procuraban obtener cantidades muy superiores a las que entregaban a Hacienda. A través del sistema de encabezamiento, los pueblos se encabezaban, comprometiéndose a pagar un tanto por cada uno de los impuestos y ellos mismos se encargaban de la recaudación.

Las desigualdades de hecho eran acusadas. Había municipios en que los ingresos procedentes de los bienes propios eran suficientes para atender a la mayoría de los pagos de la Hacienda. En otros, la carga fiscal era enorme. Un contemporáneo de la época escribía a finales de siglo, con un tono entre irónico y despreciativo que: “... ni los vasallos saben lo que deben pagar, siendo constante verdad que de todo lo que cobran las excusadas legiones de ministros y arrendadores de su manejo, no llega a percibir V.M. ni sus legítimos acreedores la sexta parte de ello, quedándose todo lo demás entre conservadores que triunfan, arrendadores que gastan, ayuntamientos que disipan, tesoreros que enriquecen, guardas que usurpan, comisionarios que chupan y otros que desangran...”.

Una Real Cédula de 1674 con la que se pretendía corregir la suntuosidad, quedando prohibida la importación de telas con mezcla de oro, plata y seda, brocados, etc. Los solteros sólo podían tener dos lacayos, y los casados, cuatro;

En 1679 se constituyó la Junta de Comercio, que reglamentó con ciertos aspectos de la orientación económica, especialmente la industrial, las manipulaciones monetarias continuaron.

Se produce una deflación enorme que tenía que afectar muy seriamente la vida económica del país. En cuanto a los juros, a veces no se les pagaban intereses, por no disponer de numerario, y se entregaban por tal concepto más juros. La historia de los juros es compleja y sigue una pendiente de incumplimiento progresivo por parte de la Hacienda a medida que avanza el siglo.

En 1686 se devaluó la plata en un 25%. Deflación que completó las medidas adoptadas unos años antes y que fue la última medida monetaria importante del siglo XVII. Un memorial de 1687 indica que de tal suerte todo se ha apuntado tanto “que no hay qué vender, ni qué empeñar”.

Se acudió, como muchas veces, a incautarse de partidas de galeones que llegaban de las Indias. Se llegó a rebajar los sueldos de los funcionarios en una tercera parte.

La última bancarrota real tendría lugar el año 1694, en que se decretaba una suspensión de consignaciones a los banqueros. La situación económica no se recupera y todavía en el último año del siglo se tiene que imponer una tasa de granos, debido a las malas cosechas.

Los últimos años del reinado de Carlos II se hallan totalmente dominados por la posible sucesión de este monarca.

Frente a estos problemas de Castilla, que proporcionan un panorama pobre y desalentador, de una ruina enorme que sobresale de forma particular comparándola con la situación que gozaba unas generaciones anteriores, la periferia, donde se hallaba el germen más sólido del desarrollo económico de la Península, va despertando. Valencia se rehace del golpe sufrido con la expulsión de los moriscos. En el País Vasco parece que se introduce con rapidez un nuevo espíritu de empresa que fomentaría el desarrollo económico. En Cataluña, a pesar de las guerras que sufre, que asolaron repetidas veces sus campos y sus ciudades, las agricultura se renueva, la industria procuró obtener productos textiles a costes competitivos.

4.1. - EL REFORMISMO BORBÓNICO Y LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA DEL SIGLO XVIII.

Los Borbones (con los que se inicia el siglo XVIII) se preocuparon de remediar, dentro de una concepción monárquica absoluta, algunos de los defectos que padecía entonces el gobierno de España, particularmente en materia de hacienda. Para ello los reyes se sirvieron de ministros, que supieron realizar cumplidamente la obra intentada por los monarcas, tales como Ensenada, Roda, Campomanes (1710-1800), Floridablanca (1729-1811) y otros.

Los Borbones se interesaron por el progreso material del país, procurando el desarrollo de la industria, el comercio, la marina, y a la vez intentaron luchar a favor de un enaltecimiento de las clases trabajadoras honrando el trabajo manual, despreciado en épocas anteriores e imprescindible para lograr la riqueza y bienestar del país.

Todas estas medidas se llevaron de un modo absoluto (más rígido y personal que el de los reyes austrias), constituyendo el llamado “despotismo ilustrado”, doctrina práctica gubernativa característica del siglo XVIII en casi toda Europa. La fórmula que resume esta manera de gobernar es la de “Todo para el pueblo, pero sin el pueblo”, lo que quiere decir: “Hay que fomentar el bienestar del pueblo, pero no dar a éste la participación en el gobierno del país”. Los reyes que más se señalaron en la aplicación a España de ese régimen fueron Fernando VI (1746-1759), sucesor de Felipe V (1700-1746) y Carlos III. Los años de paz que Felipe V mantuvo en España contribuyeron mucho al renacimiento industrial y comercial de la nación.

Carlos III, en gran medida, siguió la misma tónica, acentuando considerablemente las realizaciones. Se mejoraron las carreteras, se construyeron fábricas de nueva planta, se intentó repartir tierras a los económicamente menos favorecidos en algunas regiones del sur de España, se intentó repoblar extensiones de terreno que permanecían prácticamente desiertas, fomentó la construcción de sociedades económicas, que se preocuparon por todos estos problemas. Intentó mejorar la Hacienda a través de la emisión de vales reales y la fundación del Banco de San Carlos. Fundó hospicios y escuelas profesionales para que disminuyera la mendicidad, promulgó leyes enaltecedoras de profesiones manuales, etc. En el ámbito local, Carlos III centró particularmente su mandato en introducir mejoras en la capital, fundando museos, jardines, inaugurando monumentos, fuentes públicas, etc.

El reinado de Carlos III (1759-1788) representa el momento culminante del renacimiento económico y cultural del siglo XVIII.

4.1.1. - Transformaciones de las creencias y mentalidad en el siglo XVIII.

Se da un cambio de mentalidad, con una revalorización del trabajo manual. Este cambio de mentalidad se refleja en una serie de disposiciones legislativas dadas por los Borbones. Felipe V declara que ejercer y manejar fábricas de hilos, tinturas y demás pertenecientes a ellas no impedía la nobleza.

La disposición más importante de las adoptadas en la segunda mitad del siglo XVIII fue una Real Cédula de marzo del año 1783 sobre la consideración de oficios manuales, que declaraba que todos los oficios son “honestos y honrados” y que el uso de ellos “no envilece la familia ni la persona del que lo ejerce ni le inhabilita para obtener empleos municipales de la república en que están avecindados los artesanos o menestrales que los ejerciten”. Quedaron derogadas cuantas leyes y disposiciones ponían obstáculos a los que ejercían oficios reputados bajos.

4.2. - EL PROBLEMA DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA Y LA PROPIEDAD AMORTIZADA

La España “ilustrada” de la segunda mitad del siglo XVIII, que buscaba los remedios a los males económicos y el progreso de la sociedad, se oponía a la amortización de la propiedad, que impedía su libre circulación y consideraban era la causante de la despoblación, el empobrecimiento del Estado y el atraso y la decadencia de la agricultura y el comercio. A tan radicales cambios se oponía una tradición histórica, las opiniones de teólogos y el pensamiento de los Papas.

4.2.1. - Argumentos en contra de la amortización

La doctrina económica se percató de que para lograr el fomento que se perseguía era necesario dar a la propiedad una movilidad que hasta el momento no poseía y que acarreaba profundos males (falta de interés en aplicar el capital necesario, apatía para aumentar la producción y, sobre todo, la poca subdivisión de la propiedad). En pos de este objetivo se vertirán innumerables escritos pidiendo la desvinculación de la propiedad.

4.2.2. - Crecimiento demográfico y escasez de tierras en el siglo XVIII

El notable incremento de la población en el transcurso de todo el siglo XVIII constituyó un indudable factor estimulante de demanda de productos agrícolas que a la vez generaba un incremento de la renta de la tierra. Los terratenientes vieron aumentados sus ingresos por la elevación de los precios de los productos y por el incremento de las percepciones, consecuencia de la mayor extensión de las superficies cultivadas.

Así, se agudizan las tensiones entre propietarios y colonos y se denuncia abierta e intensamente las estructuras tradicionales de la propiedad y se pida con insistencia la aparición de una “ley” agraria.

A pesar de las intensas crisis agrarias y la desastrosa situación de la Hacienda española, ni se promulgó una Ley agraria que armonizase los intereses de los propietarios y arrendatarios ni se alteró básicamente la estructura de la propiedad.

Numerosas publicaciones trataron el problema desde comienzos de siglo, entre las que sobresalió un informe de Melchor de Macanaz, El informe de la Ley Agraria, de Jovellanos, y el Tratado de la regalía de amortización, de Campomanes.

Jovellanos, el gran representante de la España ilustrada, analizó agudamente todos los males que afectaban a la agricultura e intenta aplicar y transplantar a España las ideas de la escuela fisiócrata francesa de Quesnay y Turgot y las del naciente liberalismo inglés. El abandono general de la agricultura que se manifestaba en el campo, y que quedaba perfectamente reflejado en las condiciones de vida de los colonos, se debía en gran medida a la libre amortización de la propiedad, que la privaba de la libre circulación.

Era necesario introducir movilidad. La tierra estaba repartida entre cinco tipos o clases de propietarios:

• Corona

• Iglesia (clero regular y secular)

• pueblos (sobre todo bienes de propios y comunes)

• propietarios particulares con tierras vinculadas

• propietarios particulares con tierras sin vincular: sólo la tierra de éstos disponía de movilidad.

Campomanes, en su Tratado de la regalía de amortización, pretendió demostrar la competencia del monarca para limitar la facultad de adquirir de las manos muertas (Iglesia) y la necesidad de que hiciera uso de esta prerrogativa, porque la propiedad amortizada iba en detrimento de la riqueza de los seglares, contribuía a la disminución de la población, perjudicaba al clero en su disciplina, fomentando el lujo y la codicia, y finalmente al Estado en su Hacienda.

El Despotismo Ilustrado persigue el “fomento” tanto de la economía como de la cultura en general. Al frente de dicho movimiento estaba, en primer término, el monarca, máximo representante del Despotismo Ilustrado, doctrina que declaraba al soberano “servidor del pueblo”.

4.3. - LAS SOCIEDADES ECONÓMICAS DE AMIGOS DEL PAÍS

Las Sociedades económicas de los Amigos del País se desarrollaron en este ambiente, persiguiendo una mejora del nivel de vida, tanto espiritual como material, de los súbditos de la Corona en medio de un clima de inquietud que favorecía y estimulaba el que surgieran este tipo de agrupaciones voluntarias.

La primera sociedad de la que se tiene noticia es la Sociedad Económica Vascongada de 1765, siendo el primer director Peñaflorida.

Entre los años 1765 y 1807 se aprobó la constitución de más de 100 sociedades. Allí se discutía de los más diversos aspectos de muchas ramas del saber. Al mismo tiempo, se emprendían obras en la zona urbana o en la campiña o se construían muelles, puentes o canales, o se introducían nuevas semillas buscando una mejora de la producción.

Algunas sociedades crearon escuelas especiales dedicadas a un tipo peculiar de enseñanza. La primera cátedra de Economía Política que hubo en España fue creada por la sociedad económica de Amigos del País aragonesa, cátedra que se inauguró el 24 de octubre de 1784.

De todas las obras y estudios editados por las sociedades ninguno fue tan importante como el Informe sobre la Ley Agraria, publicado por la Sociedad Económica de Madrid y firmado por Jovellanos.

¿Qué papel desempeñaron las sociedades económicas? Provocaron una portentosa alteración de las ideas, despertó el patriotismo y el celo por la causa común y gracias a ellas, los objetos de agricultura, comercio y economía política pasaron a ser asunto de las investigaciones y los discursos domésticos.

4.4. - LA INDUSTRIA EN EL SIGLO XVIII: LAS FÁBRICAS REALES

El espíritu de reforma que impulsa la intervención económica de los Borbones también afectó al ámbito de las manufacturas. El panorama de la industria española del siglo XVIII se caracteriza por dos rasgos: la dispersión y la fragmentación de la producción artesanal.

Con respecto a los sectores manufactureros, se da un claro predominio del textil y el cuero, sectores en los que se encuadraba el 50% de los artesanos. Otro 25% en la construcción y el 25% restante en el metal y otros sectores.

Frente a este panorama de atraso, los Borbones, intentaron llevara a cabo una modernización de la producción. Buscaron la introducción de nuevas técnicas y oficios, así como la progresiva sustitución de los pequeños talleres por fábricas. Para lograr estos objetivos, iniciaron la creación de una serie de fábricas reales. Con la creación de estas fábricas reales, los Borbones buscaban, además de los objetivos ya señalados, cubrir la demanda de determinados artículos de lujo, evitando así costosas importaciones y salidas de oro. Surgieron así las fábricas de tapices de Santa Bárbara y de porcelana del Buen Retiro en Madrid y la de cristal de La Granja en Segovia.

Se crearon también fábricas dirigidas a satisfacer la demanda de productos estratégicos, como hierro y armas. En este contexto hay que situar las fundiciones de Liérganes y La Cavada, que empezaron a funcionar como fábricas reales en 1763, o las maestranzas (fábricas de armas) de Barcelona, Ripoll, Sevilla, Toledo y Oviedo.

También se crearon reales fábricas dirigidas a satisfacer la demanda de productos de uso común, como eran los paños. Aparecieron así las fábricas de Guadalajara (1718) y Segovia (1763). La de Guadalajara era de tejidos de lana de origen holandés y se puso gran empeño en ella porque el gobierno quería librarse de comprar en Inglaterra paños fabricados con lana española.

Se dan también iniciativas privadas, como la de Juan de Goyeneche, quien creó el Nuevo Baztán (1716-1720), pequeño complejo industrial en el que se incluían viviendas para los trabajadores. En un principio, este establecimiento se dedicó a la fabricación del vidrio, pero la falta de combustible en el término municipal hizo reorientar la producción desarrollando fábricas de aguardiente, gamuzas, tejidos de seda, pañuelos, etc.

Para la puesta en marcha de todas estas fábricas no se escatimaron medios. Pero si en la puesta en marcha se actuó diligentemente, no ocurrió lo mismo con la gestión de estos establecimientos. La mayor parte de ellos generaron considerables pérdidas.

Las pérdidas generadas por estas fábricas fueron continuas y crecientes. Entre las razones del fracaso hay que mencionar que en las fábricas no consiguieron una modificación profunda de las técnicas de fabricación. Las dificultades de organización de administración, de supervisión de la productividad, son causas explicativas del fracaso económico.

Las fábricas reales acabaron desapareciendo una a una, y quedaron tan sólo como testimonio del intento de renovación del sector manufacturero llevado a cabo por el reformismo borbónico del XVIII, costando demasiado al Tesoro, sin enriquecer mucho al país.

4.5. - INTENTOS DE REFORMA DE LA HACIENDA

Uno de los sectores más necesitados de reforma y tradicionalmente deficitario era la Hacienda, ya que nunca se obtenían los ingresos suficientes para hacer frente a las necesidades de la Monarquía.

A grandes rasgos, existían los recursos ordinarios y los extraordinarios en la Hacienda real.

4.5.1. - Situación de la Hacienda a comienzos del siglo XVIII: los ingresos

Formaban parte de los ingresos o recursos ordinarios:

Los que procedían de los dominios territoriales del patrimonio real, como la martiniega o marzadga, generalizada a finales de la Edad Media, y que satisfacían los “pecheros”. Era uno de los impuestos que formaban parte de las llamadas rentas provinciales, privativas de Castilla. .Entre ellas estaba también la alcabala o impuesto sobre las ventas, que desde los Reyes Católicos las gravaba en un 10% de su valor y que logró que también pagaran nobles y eclesiásticos. Después la cuantía de las alcabalas se aumentó cuatro veces en un 1 por 100, aumento que pronto adquirió la sustantividad de un impuesto especial que se denominó “cientos” o “cuatro unos”.

También la sisa formaba parte de las rentas provinciales, impuesto que las Cortes concedieron al rey por primera vez en 1538 y que se tenía que satisfacer mediante el sistema de gravar determinados artículos de consumo. Algunos autores ven en dicho impuesto el origen del impuesto o servicio de millones, que gravaba el consumo de una serie de productos: carne, vino, aceite, jabón, azúcar, velas de sebo, etc.

Además existían otros impuestos, como el de la “sosa y la barrilla”, el “el fiel medidor”, impuesto por el apero, medición y pesaje de vinos, vinagre y aceite. La “renta de la seda de Granada”, que gravaba la seda en dicho reina o las “tasas del sello y cancillería”, que obligaba al uso del papel sellado para documentos públicos y contratos privados, iniciado por el conde duque en 1636 en Castilla y que se hizo extensivo a Aragón.

Continuaron las antiguas “regalías” o derechos exclusivos de la Corona sobre determinados bienes, como la regalía de la moneda, o derecho de acuñación. Se añadió la regalía del aposento, que gravaba los alquileres de las casas de Madrid. También la hacienda real explotaba la fabricación y venta de unos productos que por su escaso rendimiento se llamaron las “siete rentillas” - pólvora, plomo, azufre, almagre, bermellón, lacre y naipes -. El monopolio del tabaco se extendió a toda España desde comienzos del siglo XVIII. Y de la “renta de la lotería” el Estado se benefició desde 1758 en las Indias, y en la Península desde 1763.

Otra serie de impuestos de carácter más directo como el “derecho de lanzas” - instituido por Felipe IV -, que tenían que pagar los nobles para compensar las lanzas o soldados que antes tenían que aportar, a sus expensas, el ejército real. El de “medias annatas”, que satisfacía el que era designado para una dignidad u oficio público - eclesiásticos, militares, letrados, etc.

Además había unos impuestos que pagaba la Iglesia, como la “renta del excusado”(diezmo que pagaba la casa más rica de cada parroquia). El “subsidio de galeras”, impuesto que los clérigos pagaban a la Hacienda, procedente de sus rentas y frutos. Los pecheros pagaban la “contribución de paja y utensilios” con la finalidad de equipar y abastecer a las tropas, y el “impuesto de hermandad”, para sostener a la Santa Hermandad.

Existía un impuesto que gravaba directamente la riqueza, que pagaban los propietarios de tierras y casas, los que disfrutaban de rentas y casas y los que disfrutaban de rentas y ganancias derivadas del comercio. Recibía diversa denominación: “real catastro” en Cataluña, “real equivalente” en Valencia y “talla” en Mallorca.

El “servicio y montazgo” era un impuesto que abonaban los ganados trashumantes por le derecho de paso cuando iban en busca de tierras altas y atravesaban determinados puertos, o por pastar en prados y montes comunales. Unas veces lo percibían los Concejos y otras la Hacienda real. Suprimido en 1783, quedó constituido por la “renta de las lanas” o impuesto sobre las lanas que se exportaban.

Finalmente también existían algunos impuestos indirectos, como las aduanas, “almojarifazgos” o “portazgos” que gravaban el comercio exterior y la entrada y salida de mercancías en los distintos reinos y territorios de España, que en Cataluña se denominaban “generalidades” hasta que se unificó - durante Felipe V - el régimen aduanero.

En cuanto a los recursos extraordinarios, cabe citar:

Los servicios, que eran la subsistencia de los pedidos que en la Edad Media los reyes solicitaban a las Cortes para atender a necesidades urgentes de carácter extraordinario

Los donativos que a veces se hacían al rey. A pesar de su nombre, algunas veces se impusieron con el carácter de empréstito forzoso, que nunca se reembolsaba.

También se acudió a las confiscaciones de bienes: los bienes de los condenados por el Tribunal de la Inquisición y otros condenados. En ocasiones, el oro y la plata llegados a las Indias con destino a particulares.

Los “expolios” y “vacantes”: en virtud del Concordato del año 1753, se atribuía a la hacienda real la mitad de los bienes muebles dejados por los obispos a su fallecimiento -expolios -, y las rentas de los Obispados y beneficios eclesiásticos mientras no se designaba un nuevo titular que vacaban - vacantes -. Los ingresos de dicha procedencia el Estado tenía que destinarlos a finalidades piadosas y de beneficencia.

Enajenaciones de bienes del patrimonio real, que el rey se veía obligado a efectuar en momentos de apuro, y la venta de oficios públicos.

Los “juros” que suponían una enajenación de parte de las rentas reales a quienes quisieran comprarlas, y dichas ventas quedaban sujetas por “juro de heredad”, es decir, con un derecho transmisible por herencia, al pago de una renta anual de un porcentaje de la suma prestada.

En el siglo XVII las rentas o ingresos de la Hacienda no eran suficientes para atender al pago de los intereses de los “juros” reconocidos. De ahí que entraran de una manera progresiva en un descrédito total.

Este era, a grandes rasgos, la estructura de la Hacienda del antiguo régimen. Aunque la reforma de la Hacienda se imponía, de hecho no tendría lugar definitivamente hasta el año 1845, con la reforma tributaria efectuada siendo ministro de Hacienda Alejandro Mon.

4.5.2. Intento de implantación de la contribución única

Se llevaron a cabo una serie de intentos para implantar una contribución directa (1749-1770). Es decir, un impuesto que gravase a cada contribuyente conforme a sus rentas y hacienda. Estos intentos fracasaron, dado que no se disponía del suficiente conocimiento científico para determinar la base imponible. Precisamente por ello se intentó confeccionar el “catastro” o padrón estadístico de la riqueza del país. Su confección para los territorios de la Corona de Castilla se encomendó al marqués de la Ensenada, quien inició la recogida de información a mediados de siglo.

4.5.3. Los Vales Reales

En el transcurso de la segunda mitad del siglo XVIII, la coyuntura sufriría seriamente las consecuencias de las guerras contra Inglaterra (1762-63 y 1779-83) y Francia (1793 a 95), que desbaratarían cualquier intento de presupuesto equilibrado y llevarían a la búsqueda de nuevos recursos, entre los que se hallarían los Vales Reales o la creación de instituciones que permitieran encauzar del mejor modo la riqueza del país, como el Banco de San Carlos.

Los juros se hallaban totalmente desprestigiados. Mientras que en varios países de Europa se intentaba resolver los problemas financieros recurriendo a instrumentos de crédito, en España se arbitró la fórmula de los Vales Reales, concepto intermedio entre dinero fiduciario y títulos de Deuda. Se diferencian del billete al portador porque dan un interés, ya que eran títulos de Deuda amortizables en veinte años que daban un interés del 4% anual. En parte se les dio características de dinero fiduciario porque debían admitirse por las Tesorerías reales para el pago de impuestos, contribuciones y obligaciones y debían tener curso en el comercio como si “fueran moneda efectiva”, usual y corriente.

Aunque se limitaba su circulación, porque con ellos no debían pagarse sueldos, pensiones y mercedes por las Tesorerías y Cajas Rurales, y podían dejar de admitirse por los labradores, tenderos, artesanos, etc.

Por estas razones que los delimitaban no se puede considerar en su origen como un papel moneda en pleno curso. Condiciones que fueron alterándose a medida que su volumen de emisión aumentó y las dificultaron. La Real Cédula de 1799 (19 años después de la creación de los vales reales) adoptó las siguientes medidas:

curso forzoso a los vales, suprimiendo las limitaciones impuestas a su creación

que se utilizaran sobre una base de quebranto del 6% (al utilizar los Vales Reales como medio de pago no se contabilizaría el 100% de su valor nominal, sino el 94%)

Bajo las características descritas se realizaron siete emisiones de Vales Reales: tres en el transcurso de los años 1780, 1781 y 1782 y otras cuatro en el decenio de los noventa: dos en 1794, una en 1795 y la última en 1799.

Aún en el año1800 se consideraban las emisiones efectuadas como una “deuda legítima de la Corona, y ésta sería siempre responsable de la deuda, sin límite de tiempo - se decía - ni atención a ninguna circunstancia”. Alrededor del año 1808 la depreciación era del 90 y hasta el 95% de su valor.

4.5.4. La multiplicación de emisiones y la devaluación de los Vales Reales

El problema de la emisión de los Vales Reales es un tema importante dentro de la Hacienda española, porque su emisión - unos 2.400 millones de reales -, cantidad muy superior al triple de los ingresos totales de la Corona en cualquier año anterior de la historia de la Hacienda de España.

A partir de comienzos del siglo XIX se tiende a que los Vales Reales pierdan el carácter de papel moneda y se incluyan en el capítulo de Deuda Pública.

Las disposiciones de Martín de Garay y las posteriores de 1824 y 1831, convirtiendo los Vales Reales en Deuda varia - consolidada o sin consolidar, con o sin interés, etc -, hasta que con Bravo Murillo, en el año 1851, se convirtieron definitivamente en títulos de Deuda Pública diferida o amortizable.

4.5.5. Los Vales Reales y la creación del Banco de San Carlos

Así quedó liquidado el intento realizado en España de introducir dinero fiduciario combinado con el crédito bancario. En los Vales Reales está el origen del Banco de San Carlos, creado en el año 1782, ya que la idea de emisión de Vales había sido ligada desde el primer momento a la creación de un instituto bancario.

Las funciones específicas y principales de este Banco, puesto bajo la advocación de San Carlos, eran:

• Satisfacer, anticipar y reducir a dinero todas las letras de cambio, Vales de Tesoro y pagarés que voluntariamente se llevaran

• Tomar a su cargo los asientos de Ejército y Marina

• Pagar las obligaciones de giro a países extranjeros, aunque de momento se exceptuaba el giro a Roma.

En los primeros años, con una coyuntura económica positiva, la marcha del Banco tuvo una favorable evolución. Pero muy pronto comenzaron serias dificultades. Uno de los fines principales del Banco era la reducción de los Vales Reales, labor que fracasó totalmente, en especial a partir de la segunda época de emisión de Vales. En los primeros meses de actuación del Banco - de junio a diciembre de 1783 - sólo se canjearon en metálico 2.314 Vales, limitándose el canje a un Vale por persona.

Cuando no pudo contener la depreciación de los Vales, la real hacienda optó por sustraerlos de la actuación del banco.

Antes de que llegara ese momento, el Banco tuvo que buscar en otras actividades beneficios con que retribuir su excesivo capital. Además de sufrir la competencia de los Cinco Gremios de Madrid, poderosa institución que pagaba mayores intereses al dinero, el Banco de San Carlos participó en proyectos o inició negocios que resultaron ruinosos o le acarrearon importantes pérdidas: construcción de un canal de navegación desde Guadarrama al Atlántico, una sucursal de seguros marítimos en Cádiz, acciones del Compañía de Filipinas, especulación con sus propias acciones, compra de fondos públicos de Francia.

Si la guerra contra Francia, a pesar de todo, no le había causado grandes quebrantos porque el comercio exterior se había desarrollado con bastante normalidad, la guerra con Inglaterra fue catastrófica, y ya en el año 1801 el gobierno le adeudaba más de 160 millones de reales. Se fueron agotando todas las disponibilidades del Banco, y si se continuaron pagando dividendos, no todos los años, se hacía con el fin de sostener el curso de las acciones. Y unas veces se pagaron los intereses con inscripciones de la Deuda y otros años con Vales Reales comunes o Vales Reales consolidados. No solamente no los había eliminado del mercado, sino que los utilizaba para pagar los intereses a los accionistas.

El Banco de San Carlos estuvo varias veces al borde de la quiebra. A partir del año 1823 el entonces ministro de Hacienda, López Ballesteros, tuvo que acudir numerosas veces al crédito exterior. En 1825 se reconocían al Banco créditos por un valor de 225 millones de reales.

Así se llegó al año 1829, en que se realizó una transacción por la que el Banco recibía por todos sus créditos, que se evaluaban en 309 millones de reales, 40 millones de reales en efectivo, que tenían que invertirse en un nuevo Banco: el Banco Español de San Fernando, inmediato antecedente del Banco de España, cuyo proyecto había redactado Pedro Sainz de Andino.

I. - POBLACIÓN

La revolución industrial ha estado asociada siempre a una revolución demográfica.

5.1. - EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DE LOS SIGLOS XIX Y XX

En España el primer censo es realizado por Godoy en 1797, siguiendo la población española la evolución siguiente:

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (1800-1950) AÑOS POBLACIÓN (millones hab.)
1797	11,595
1857	15.454
1897	18,108
1950	27,976

De acuerdo con estos datos, la tasa media anual de crecimiento hasta 1857 no llega al 0,5%, y en la segunda mitad del siglo XIX fue del 0,43%. A partir de 1900, el crecimiento fue más intenso, ya que la tasa de aumento alcanzó el 0,79% para el período 1900-1940, con un incremento total de la población de más de 7.000.000 de personas.

La tasa media de crecimiento anual de la población española en comparación con otras naciones europeas, como Gran Bretaña, Alemania, Italia o Francia, pone de relieve el crecimiento fuerte en España a partir de comienzos del siglo XX.

El fuerte aumento de la población en estos últimos doscientos años se ha explicado como una consecuencia de la llamada transición demográfica. Es decir, el paso de un régimen demográfico típicos de sociedades preindustriales, caracterizado por fuertes tasas de natalidad (30 al 35 por 1000), a otro tipo de sociedades industrializadas con bajas tasas de natalidad (en torno al 15 por 1000) y mortalidad (del 6 al 10 por 1000).

La transición demográfica española se inició con un retraso respecto a los países europeos más desarrollados. La lentitud de la transición demográfica en España se debe, principalmente, al lento descenso de las tasas de mortalidad, como se observa en el siguiente cuadro

MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA (1860-1950) (Por cada 1000 habitantes) AÑO Tasa natalidad Tasa mortalidad
1860	36,5	27,2
1900	33,8	28,8
1950	20	10,8

5.1.1. - Evolución de la mortalidad

La tasa de mortalidad española en 1900 era equivalente a la británica en 1800. Para analizar los motivos de este lento descenso cabe diferenciar entre una mortandad catastrófica debida a guerras, epidemias y malas cosechas de otra de mortandad habitual debida a las condiciones de vida (alimentación, salubridad de viviendas, acceso a la sanidad, etc) o enfermedades no epidémicas.

Respecto a la mortandad catastrófica, hay que recordar la serie de guerras que padeció el país, desde la guerra de la Independencia a las guerras coloniales de fines de siglo (Cuba: 1868-1878, 1879, 1895-1898), pasando por las guerras carlistas (1833-1839, 1847-1860, 1872-1876) o la guerra de Marruecos (1859-1861) y la intervención militar en México (1862).

Otro factor de mortandad catastrófica fueron las hambres y las crisis de subsistencias. Estas se suceden a lo largo del siglo, siendo especialmente graves la de 1856-57 y las de 1867-68, consecuencia del escaso desarrollo de la agricultura y, sobre todo, de la escasa integración de los mercados interiores, dificultada por la mala infraestructura de los transportes. En la superación de dicha crisis jugó un papel importante la construcción del ferrocarril, que facilitó la comercialización de los cereales.

Por último, hay que referirse a las grandes epidemias. La peste del año 1854 se extendió por unos 5.000 pueblos y produjo 236.744 muertos, distribuidos de manera desigual entre toda el área geográfica, ya que afectó de manera particular al norte y centro de la Península, especialmente a las provincias de Logroño, Navarra, Vizcaya, Teruel y Guadalajara. Surgió un nuevo brote en 1859-1860, centrado, sobre todo, en la zona de Levante y Andalucía, de menor intensidad y consecuencias que la de los años anteriores, a pesar de que sólo en el año 1860 alcanzó alrededor de las 7.000 víctimas.

Fue mucho más importante la epidemia de cólera del año 1885, que causó 120.254 víctimas de un total de 340.000 afectados. Sus efectos se centraron primordialmente en la zona de Levante, afectando sobrel todo a mujeres y a niños menores de cuatro años.

Junto a esta mortandad catastrófica hay que señalar una elevada mortandad habitual, debido a las malas condiciones de vida (escasa alimentación, falta de condiciones higiénicas, limitada atención sanitaria) de grandes sectores de la población española. Ello se plasma en una reducida esperanza de vida a fines del XIX.

Esta situación se modificó desde comienzos del siglo XX. A partir de entonces se observa un descenso de la mortalidad que permitió un crecimiento sostenido y continuado con una crisis bastante serie en 1918: la de la gripe española de dicho año, consecuencia de la primera guerra mundial y que ocasionó alrededor de 150.000 muertos, y con efectos residuales de importancia en los dos años siguientes.

5.2. - MOVIMIENTOS DE POBLACIÓN

5.2.1. - Fases y desarrollo de la emigración exterior española (ss.XIX y XX)

A comienzos del siglo XIX existía una pequeña emigración que se dirigía hacia el norte de Africa (Argelia), América o Europa, con una emigración en algunos casos de carácter temporal en búsqueda de un trabajo agrícola más remunerado, o como consecuencia de la situación política, que provocaría importantes emigraciones, sobre todo durante la década ominosa (1823-33)

A mediados de siglo, una serie de disposiciones anularon los obstáculos legales que se oponían a la emigración, y así se incrementó la marcha de personas que buscaban mejores condiciones de trabajo y de vida hacia repúblicas de Sudamérica, norte de Africa y Europa. La corriente migratoria se dirigía sobre todo a Argentina y Brasil, y en menor medida a Argelia y Francia. Las guerras coloniales de 1897 a 1900 frenaron la tendencia que se restableció a comienzos de siglo, para detenerse en 1914.

En 1914, la guerra europea supondría un fuerte impacto sobre la economía española, ya que los países beligerantes solicitarían con ansiedad gran cantidad de productos, cuya obtención aceleraría el proceso de crecimiento de la economía española en todos sus frentes. Entre 1890 y 1930 el resultado fue un saldo neto negativo de inmigración inmediato al millón y medio. A partir de 1930, la historia de la emigración va unida a la evolución política. Durante la segunda República, el hecho de que sus años de vigencia coincidieran con la gran depresión y sus consecuencias, hace que la emigración quede amortiguada. La guerra civil acelera, en su último tramo, durante el primer semestre de 1939, la salida de españoles republicanos, que después se dispersarían, los que no regresaron al finalizar la guerra, entre Europa - especialmente Francia - y diversos países de Centroamérica y Sudamérica.

Este último ciclo migratorio concluyó a comienzos de los setenta. La crisis de 1974 disminuyó la demanda de mano de obra en los países europeos.

5.2.2. - Movimientos migratorios en el interior del país: redistribución geográfica y concentración de la población

Por otro lado a finales del XIX se va generalizando un proceso de emigración dentro de la propia geografía peninsular. La progresiva industrialización de algunas zonas acarrea la creación de puestos de trabajo y de nuevas formas de vida apetecidas por un mundo rural pobre y carente de novedades.

La zona industrial catalana y la del Norte serán focos de atracción, y en el centro, la capital, Madrid. La procedencia es básicamente de provincias en que el sector agrario continúa siendo lo fundamental de su economía (Guadalajara, Almería, Teruel, Soria). Los momentos más intensos de inmigración en el siglo XX han sido, por un lado, el decenio de 1920 a 1930, que coincide con una coyuntura económica positiva en su conjunto, y por otro, a partir de 1950. Se calcula que de 1950 a 1965 alrededor de 1.900.000 personas emigran hacia las zonas más desarrolladas, donde existen mayores posibilidades de trabajo, como consecuencia de la progresiva industrialización y del desarrollo del sector terciario.

En 1900, el 50% de los españoles vivían en poblaciones inferiores a los 5.000 habitantes. Este porcentaje desciende al 29% en 1960. Las ciudades de más de 100.000 albergaban el 8,9% de la población en 1900, y casi el 28 en 1960.

5.3. - LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN

El fenómeno de la emigración también va unido a la distribución de la población activa, que como en toda economía desarrollada va en detrimento de la población dedicada a la agricultura, y a favor del desarrollo del sector industrial y de servicios.

Uno de los rasgos de la evolucióne española es la lentitud con que se produjeron cambios significativos en la distribución sectorial de la población. Hasta los años 30 la distribución sectorial de la población activa española no empezó a acusar el impacto de la industrialización.

La distancia con Inglaterra es tal que la distribución sectorial inglesa en 1850 no se alcanzó en España hasta 1980. Las distancias con Alemania y Francia son menores, si bien la situación de estos países en torno a 1880 no se alcanzaría en España hasta 1930.

La disminución de los trabajadores en el sector agrícola aumenta ininterrumpidamente en el siglo XX, con excepción del decenio de 1930-1940, como consecuencia de la guerra civil, que produjo una regresión de la economía y una vuelta temporal de personas a las zonas rurales. Entre 1950 y 1980 la reducción del porcentaje ocupado en la agricultura disminuye sensiblemente, en especial durante los años 70, destacando el crecimiento del sector terciario o servicios.

Aparte de lo anterior en España existe un desarrollo cultural muy bajo al llegar al siglo XX (se crea el Ministerio de Educación en el año 1900, mientras que Francia lo tenía desde 1828). Las Cortes de Cádiz disponen de forma indirecta la universalidad de la primera enseñanza. Con anterioridad, también son de interés las disposiciones del año 1838, en el que se publicó el plan provisional de instrucción primaria que obligaba a todos los Ayuntamientos de más de 100 vecinos a sostener una escuela elemental primaria.

II. - LA AGRICULTURA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XIX

Durante el siglo XIX en la agricultura española se desarrollaron dos procesos que modificaron notablemente las estructuras agrarias.

En la primera mitad del siglo XIX se produce la llamada revolución agraria liberal, que tuvo como objetivo principal la sustitución del tipo de propiedad del antiguo régimen, caracterizado por la superposición de dominios y derechos sobre la tierra por la propiedad completa, libre e individual que preconizaba el liberalismo económico. Del contenido de este conjunto de reformas hay que destacar:

Los procesos de desamortización, que pusieron fin a la propiedad amortizada de la Iglesia (desamortización de Mendizábal, clero regular a partir de 1836 y secular desde 1841) y de los pueblos (desamortización de Madoz de 1855);

la supresión de los mayorazgos;

la supresión de los señoríos jurisdiccionales y la supresión de ciertas prácticas comunales agrarias, como la derrota de las mieses, que restringían la libre utilización de la tierra a la conveniencia del propietario.

El segundo proceso que transformó la agricultura española durante el siglo XIX fue la expansión agraria, entendida como una ampliación de la superficie cultivada, un incremento de la producción y el desarrollo de procesos de especialización productiva orientados hacia la exportación.

5.4. - LA REVOLUCIÓN AGRARIA LIBERAL

En la primera mitad del siglo XIX se desarrolló un amplio programa de reformas que removerían los obstáculos legislativos e institucionales que frenaban el desarrollo de la producción agraria.

5.4.1. - Las desamortizaciones

Uno de los objetivos principales de las reformas fue la supresión de todas las formas de propiedad vinculada. Se perseguían implantar una propiedad libre, individual y plena; la propiedad privada tal y ocmo la concebía el liberalismo. En este sentido las medidas de mayor trascendencia fueron los dos grandes procesos desamortizadores, siendo el de Madoz (1855) el que tuvo mayores consecuencias para la agricultura.

Las desamortizaciones provocaron una ampliación de la superficie cultivada.

Consolidaron y acentuaron las estructuras de distribución de la propiedad de la tierra. No se cumplió uno de los objetivos de las desamortizaciones: crear una clase de pequeños y medianos propietarios agrícolas. Allá donde predominaba el latifundismo continuó predominando. Ello no quiere decir que no hubiera pequeños propietarios entre los adquirientes de fincas desamortizadas, pero el reparto de la tierra siguió siendo básicamente el mismo.

Empeoraron las condiciones de vida de muchos pequeños campesinos. La desamortización de Madoz al acabar con los bienes propios y al privar, por tanto, des su utilización a los vecinos de los pueblos perjudicó especialmente a aquellos más modestos, que encontraban en ellos un medio de completar sus ingresos. Algunos autores han señalado que esto pudo favorecer la emigración de este campesinado hacia los núcleos industriales, incrementando así la oferta de trabajo para el sector manufacturero.

5.4.2. - Supresión de los mayorazgos

El mayorazgo es una forma de propiedad vinculada en beneficio de los grandes linajes mobiliarios. La supresión fue paulatina, iniciándose en la constitución de Bayona de 1808. Durante el Trienio Liberal (11-12-1820) se declaró suprimida toda vinculación. En 1824 se anula esta ley y sus efectos volviendo a la situación anterior a 1820. El 30-8-1836 un decreto volvió a poner en vigor la ley de 1820.

Con la supresión de los mayorazgos una buena parte de las tierras de la nobleza pasaron a otros propietarios.

5.4.3. - Abolición de los señoríos jurisdiccionales

Los señoríos jurisdiccionales consistían en subrogaciones del poder real sobre un determinado territorio en beneficio de un miembro de la nobleza. Este tipo de señoríos había proliferado especialmente desde fines del siglo XIV. Los señores, junto con la jurisdicción, adquirían el derecho a cobrar determinados tributos. Estos señoríos jurisdiccionales se diferenciaban de los antiguos señoríos de solariego o territoriales, en los cuales juntos a esas prerrogativas los señores poseían ciertos derechos sobre la tierra. La legislación abolicionista de la primera mitad del siglo XIX suprimió únicamente los jurisdiccionales, pues eran incompatibles con el desarrollo del nuevo estado liberal. La abolición del régimen señorial se llevó a cabo mediante tres medidas legislativas, en 1811, 1823 y 1837.

Los efectos de la supresión de los señoríos fueron diversos en las distintas regiones. Allá donde los señores puedieron demostrar que sus señoríos eran de solariego pudieron transformar sus vagos derechos de dominios sobre la tierra en propiedad plena. Sin embargo, donde no pudieron hacerlo los campesinos adquirieron la propiedad plena de las tierras que cultivaban. Esto último ocurrió principalmente en Cataluña y Valencia.

5.4.4. - Supresión de prácticas agrarias comunes

Una de las más extendidas era la derrota de las mieses que consistía en la utilización colectiva de rastrojos y paja que quedaban en los campos una vez hecha la recolección. Lógicamente esto suponía una restricción importante al derecho de propiedad individual. La supresión de la derrota de las mieses permitió abandonar el cultivo en hojas.

También se autorizó la realización de cercados (1813) con el fin de que los propietarios no se viesen coartados por los ritmos de rotación de cultivos. No era así necesario respetar el sistema de división en hojas de cultivo, ni observar los tiempos y superficies de barbecho.

Este conjunto de modificaciones legislativas e institucionales facilitaron el proceso de expansión de la agricultura española en el siglo XIX.

5.5. - LA EXPANSIÓN AGRARIA DEL SIGLO XIX

5.5.1. - Aumento de la producción de cereales al amparo de una política proteccionista

A partir de 1820 y como consecuencia de la reestructuración de nuestro comercio exterior impuesta por la pérdida de las colonias americanas, se produjo un aumento de la producción cerealista al amparo de una política prohibicionista, primero, y proteccionista, después, de las importaciones de cereales. El objetivo de la política prohibicionista fue reservar a los productores nacionales el mercado interior, primero y colonial, después, buscando así proporcionarles un estímulo para que aumentase la producción. Dicho efecto se consiguió, pues las importaciones desaparecieron, e incluso se llegó a exportar.

El decreto de prohibición de importaciones de 1820 provocó el desarrollo de un comercio de cabotaje entre el puerto de Santander (principal región productora) y el de Barcelona.

El desarrollo del comercio de cereales estuvo acompañado de un proceso de integración de los mercados regionales, que ponía fin a la situación característica del antiguo régimen: fragmentación de mercados regionales, policultivo y fuertes fluctuaciones de los precios. Las ventajas de la integración de los mercados son: disminución de los precios, mejor abastecimiento de los mercados y, por tanto, una disminución de las crisis de susbsistencias y, finalmente, una mejor retribución para los productores.

5.5.2. - Desarrollo de una agricultura de exportación

En la década de los años 40 en el continente europeo tuvo lugar un proceso de integración de los mercados. Los países industrializados empezaron a demandar en cantidades crecientes productos agrarios, para alimentar a sus poblaciones en crecimiento. Al mismo tiempo, los países que iniciaban su industrialización necesitaban incrementar sus exportaciones para poder adquirir maquinaria, materias primas, etc.

El valor de las exportaciones de productos agrarios representó entre el 50 y el 60% del valor total de las exportaciones. El grueso de las exportaciones agrarias españolas estuvo integrados por productos mediterráneos: vid y derivados, aceite y cítricos.

Exportaciones vinícolas

Dentro de estas exportaciones habría que distinguir las exportaciones de vinos de calidad, vinos de Jerez, de las exportaciones de vinos comunes. Los vinos de Jerez habían ido afianzando sus posiciones en los mercados británicos desde el siglo XVIII. Durante la primera mitad del XIX estas exportaciones mantuvieron una tendencia alcista. A mediados del siglo el sector hubo de hacer frente a un conjunto de dificultades. La más grave fue la inelasticidad de la oferta frente al incremento de la demanda. Hacia 1850 no existían tierras de calidad disponibles para ampliar la superficie cultivada. A esta situación se unieron los efectos de las malas cosechas. Ante la incapacidad de hacer frente a la demanda, los productores comenzaron a mezclar sus caldos con otros de menor calidad. Este cambio de calidad fue acusado por los consumidores ingleses, lo que provocó una progresiva contracción de la demanda y finalmente, la pérdida del mercado. Los productores procuraron encontrar nuevos mercados en el exterior. Ante el fracaso los vinos de calidad se destinaron a la producción de brandy para abastecer el mercado interior.

Las exportaciones de vino común crecieron a finales de los 70 de manera sorprendente. El estímulo procedió del mercado francés. Desde finales de los 60 las cepas francesas empezaron a estar afectadas por la filoxera. Las medidas adoptadas por los productores franceses (tratamiento de las cepas enfermas, replantación con ceptas californianas) se completaron con la importación de vinos comunes de España e Italia.

España y Francia suscribieron el Tratado Comercial de 1882 por el que se reducían considerablemente los aranceles que pagaban los vinos españoles al entrar en Francia. El acuerdo tenía una duración de 10 años.

Al tiempo que aumentaban las exportaciones, los precios comenzaron a manifestar una tendencia a la baja. Esto denotaba que se estaba produciendo una situación de sobreproducción. Cuando en 1892 finalizó el tratado, el sector vitícola entró en una profunda crisis. El exceso de producción no podía ser absorbido por el mercado interior. Los efectos de las crisis del sector se vieron amortiguados por la penetración de la filoxera en territorio español y su progresiva extensión.

El aceite

Las exportaciones españolas de aceite de oliva se dirigían a satisfacer la demanda de aceites para alumbrado y lubricantes industriales. La escasa calidad de los aceites no los hacía aptos para el consumo humano. Las exportaciones crecieron en la década de los 70, A partir de este momento aparecieron en los mercados mundiales productos sustitutivos como el petróleo para el alumbrado o los aceites de semilla (colza, etc) para usos industriales. El descenso de las exportaciones obligó a reducir la superficie del olivar. En el litoral mediterráneo los olivos fueron reemplazados por cepas, cultivo en expansión por las exportaciones de vino a Francia

Algunos productos iniciaron una modernización del sector. La introducción de prensas hidráulicas permitió mejorar la calidad de los aceites y orientar la producción hacia el consumo humano. Las exportaciones se dirigieron a partir de ese momento hacia América del Sur e Italia, desde donde eran reexportados, mejorada su calidad y envasados, hacia el merado americano.

Los cítricos

La comercialización de la naranja en los comercios exteriores fue tardía. A principios del XIX los mercados internacionales estaban controlados por la naranja portuguesa como consecuencia de sus relaciones con Inglaterra. En 1834 las exportaciones valencianas se dirigían principalmente a Francia.

El gran salto en las cantidades exportadas se produjo en los años 50, como consecuencia de la penetración en el mercado británico.

Exportaciones de carne de vacuno

A partir de 1850 se iniciaron exportaciones de carne de vacuno hacia Inglaterra desde Galicia. El desarrollo de estas exportaciones chocó con las estructuras agrarias tradicionales de este territorio. El predominio del policultivo de subsistencia impedía la ampliación de la producción de forraje y el pequeño tamaño de las exportaciones no permitió la acumulacion de capitales necesarios para ampliar la producción.

Pese a todo estas exportaciones facilitaron la introducción de modificaciones en las estructuras agrarias: el modelo de policultivo de subsistencia pierde terreno.

Las exportaciones disminuyeron desde 1884. A partir de esa fecha, la comercialización se hará en el interior peninsular gracias a la apertura del enlace ferroviario con la meseta norte.

5.6. - CONSECUENCIAS DE LA EXPANSIÓN AGRARIA SOBRE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS

La expansión agraria provocó un notable incremento de la superficie ocupada por los cultivos. La mayor parte de las nuevas tierras fueron absorbidas por el cereal. El resto se distribuyó entre el viñedo, el olivar y otros cultivos mediterráneos. Se produjo una disminución de los barbechos y eriales temporales.

La ampliación de los cultivos se produjo a costa de las superficies de producción espontánea. Esto provocó una profunda transformación de la ganadería.

El aumento de las especies dedicadas a la producción de carne y leche, cerca, vacuno y cabrío, y por otro lado, la disminución relativa del lanar.

• CRISIS DE LA GANADERÍA LANARÇ

La producción de lana se llevaba a cabo mediante la merina, requería pastos frescos y exigía la práctica de la trashumancia. Desde mediados del siglo XVIII, la demanda de subsistencias en el rígido marco de una oferta de tierra inmovilizada por las formas de propiedad y producción creó las condiciones para la ruina de los ganaderos y la eliminación de dichas formas de propiedad. Esto condujo a la supresión del concejo de la Mesta en 1836. Durante el siglo XIX, otros factores provocaron la ruina definitiva de la ganadería trashumante. Factores cmo la aclimatación de la raza merina en otras partes de Europa; el desplazamiento de la lana española en los mercados ingleses por la procedente de Sajonia; la inadecuación de la lana merina a la mecanización que se desarrolla a partir de 1860 y el arancel de Figuerola que autorizaba la penetración en el mercado interior de lanas extranjeras y, finalmetne, el hundimiento de los precios en el mercado interior, desde 1881, que, si bien provocó un aumento de las exportaciones, no impidió que las importaciones continuasen siendo superiores.

Pero las fuerzas que presionaban sobre la transhumancia creaban, a la vez, las condiciones necesarias para el desarrollo de la ganadería estante. Así, hubo un incremento de la demanda de carne. Dicha demanda podía ser atendida por los ganados estantes. Pero sólo en Castilla la Nueva, en posesión de una oveja especialmente dotada para carne, la salida se hizo factible.

• EXPANSIÓN DE LA GANADERÍA DIRIGIDA A LA PRODUCCIÓN DE CARNE

El aumento demográfico y la urbanización provocaron una expansión de la demanda de carne. En cuanto al consumo de carne, las preferencias iban en el sentido porcino-ovino-cabrio-vacuno. La ciudad prefiere con mucho al vacuno; le siguen porcino, ovino y cabrío.

5.7. - LA CRISIS AGRARIA FINISECULAR

La expansión agraria finalizó con la llamada crisis agraria finisecular.

El cultivo de cereal, con una relación tierra-hombre mucho más favorable que en Europa, ofrecía claras ventajas en las zonas de reciente poblacimiento, ya que si se adaptaban técnicas de carácter extensivo y se mecanizaban algunas labores, a pesar de que se obtenían rendimientos más bajos que los europeos, sus costes eran proporcionalmente menores.

Desde la óptica de los exportadores españoles, la crisis consistió no sólo en el riesgo de las importaciones de productos baratos, que desalojaron de sus propios mercados a las producciones nacionales, sino también en la eliminación de sus exportaciones por la irrupción en escena de nuevos competidores que desplazan el marco de la oferta a una nueva escala supracontinental. El fin de las exportaciones hipotecó la posibilidad de acortar las distancias que separaban al país de las naciones europeas más desarrolladas.

España reaccionó con la exportación de minerales y del vino. Como lógica consecuencia de todo ello, los restantes productos agrarios desempeñaron un papel relativo cada vez menor.

La crisis triguera

La crisis triguera no consistió tanto en que los precios castellanos bajaran, como en que los extranjeros descendieron aún más. Y así, a pesar de las trabas proteccionistas, pudieron inundar los mercados de la periferia, desalojando de ellos a los trigos de las regiones productoras de nuestro país. Los trigos procedían de Rusia y Turquía.

La reacción consistió en el abandono del cultivo de las tierras menos productivas y con ello descendió la demanda de trabajo en el campo; el paro comenzó a generalizarse, la producción disminuyó y, en fin, las importaciones del extranjero no consiguieron impedir la caída del consumo de trigo en el país.

Los labradores no hicieron esfuerzos por modernizar sus explotaciones. Las únicas respuestas fueron los aranceles y la devaluación de la peseta. Con ello se intentaba asegurar el mercado interior. Esto conducía hacia una vía de desarrollo mirando hacia dentro

La crisis de los cultivos mediterráneos

La oferta acabó por superar a la demanda, y desde fines de la década de 1880-1890 los precios empezaron a declinar y las exportaciones se derrumbaron. La reducción de la demanda francesa, resultado de la replantación del viñedo francés y del peso creciente de la producción argelina, hizo caer las exportaciones italianas, españolas y portuguesas.

La crisis en el sector ganadero

Las dificultades en el sector aparecen desde mediados de la década de 1880-1890. La gandería sufrió el doble efecto de la expulsión de los mercados internacionales, primero, y la presencia de productos ganaderos foráneos en los centros de consumo autóctonos, después.

La agricultura española cumplió a duras penas durante el siglo XIX algunos de los requisitos que los economistas consideran indispensables en un proceso de crecimiento. No proporcionó alimentos suficientes para mantener la población urbana, lo que se tradujo en una dieta exigua. Tampoco fue demandante de productos industriales, ya fueran bienes de equipo o artículos de consumo. No contribuyó, por tanto, a estimular la industrialización.

6.1. - SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A COMIENZOS DEL SIGLO XIX

A comienzos del siglo XIX se salía de la guerra de la Independencia que dejó al país en clara penuria. La sociedad era eminentemente agraria y la propiedad de la tierra estaba en manos de unos pocos. La exportación no estimulaba la producción interior y todavía existía un claro desprecio a los trabajos manuales.

6.1.1. - Causas del atraso español

Entre las causas por las cuales España se retrasa en la incorporación de nuevas técnicas propias de la revolución industrial son múltiples. A una relativa escasez de productos naturales, se une una carencia muy acusada de espíritu empresarial, con un pobre mercado interior y una falta de recursos reales para financiar el proceso de industrialización con unas técnicas que tienen que importarse.

6.2. - CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

Fuerte regionalización de los grupos industriales

Dependencia de la expansión de tales grupos - a excepción de la industria textil - de las iniciativas o de las inversiones extranjeras.

Eliminación de la competencia extranjera gracias al principio de mercado reservado y la aplicación de altas tarifas aduaneras

Dependencia del extranjero por lo que se refiere a materias primas, utillaje e innovaciones técnicas

Sumisión de la industria a las fluctuaciones de la actividad agrícola del país, principal fuente de riqueza del mismo, hasta pleno siglo XX.

Nos hallamos ante un caso típico de industrialización tardía en un área mediterránea con escasa densidad demográfica, defectuoso reparto del suelo agrícola, débil capacidad de consumo, bajo nivel técnico y notoria deficiencia del sentido económico moderno.

6.2.1. - Fases en el desarrollo industrial

Los contratiempos de la guerra de la Independencia y otras sublevaciones llevaron a un claro estancamiento industrial de 1808 a 1830; a partir de este momento hasta la llegada del bienio progresista (1854-56) tuvo lugar el comienzo de la nueva industria, en especial de la textil y la del hierro, apoyado todo ello por la política arancelaria.

En el primer período (1830-1861) se produce el arranque de la industrialización española. El segundo período (1861-1913) y que se inicia con la gran crisis de los años sesenta. Después se produjo un crecimiento fuerte de 1871 a 1875, para disminuir con posterioridad. El crecimiento en los últimos decenios del siglo XIX fue constante, aunque lento.

Entre 1831 y 1861 el crecimiento industrial español fue considerable. A partir de este último año experimenta una desaceleración. La misma debe relacionarse con la frustración de las expectativas levantadas por las inversiones realizadas en la década (1854-1864), especialmente las inversiones ferroviarias. El fracaso de dichas inversiones estuvo relacionado con la limitación que suponía lo reducido del mercado interior.

España nunca dispuso de grandes mercados, ni internos ni externos. Carreras ha señalado también cómo la desaceleración del crecimiento español a partir de 1861 guarda relación con la dependencia de nuestra industrialización de las economías francesa y británica. A lo largo del siglo XIX las exportaciones a ambos países oscilaron entre el 45 y el 70 por 100, y las importaciones entre el 35 y el 60 por 100.

Lo mismo puede decirse de la dependencia provocada por las grandes aportaciones de capitales franceses e ingleses a la economía española, que resolvieron la escasez de capitales que dificultaba el desarrollo español. Gran Bretaña fue el principal proveedor español de maquinaria, bienes de equipo y combustible y constituyó el principal mercado de nuestros productos mineros y metalúrgicos. En definitiva, las economías francesa e inglesa funcionaron como motor para la industrialización española; cuando estas economías ralentizaron su crecimiento, especialmente a partir de 1873, la economía española, dada su dependencia, se resintió gravemente.

6.2.2. - Características de la estructura industrial española

En 1848 comienza a funcionar el primer alto horno de coque, y en 1855 se funda la sociedad Maquinista Terrestre y Marítima, dedicada a la industria mecánica. El proceso de industrialización va unido a una concentración geográfica intensa. En el norte se ubicará la industria del carbón, del hierro y del papel. En Cataluña la industria textil, atrayendo gran cantidad de inmigrantes.

6.3. - DESARROLLO DEL SECTOR TEXTIL

El crecimiento de la producción agraria en el XVIII y la elevación de precios agrarios posibilitó la acumulación de capitales, que en muchos casos serían invertido en la creación de fábricas de “indianas” (nombre que recibían los tejidos de algodón). El desarrollo de esta producción fue posible por la protección que los fabricantes obtuvieron de la Corona. La prohibición de importar hilados y tejidos de algodón reservó el mercado interior a los fabricantes catalanes. Más adelante consiguieron también el control del mercado colonial a cambio de proveerse con materia prima producida en las colonias.

La guerra de la Independencia supuso un duro golpe para esta industria. Además durante este período la pérdida de las colonias continentales privó al sector de importantes mercados.

6.3.1. - Modernización y consolidación del sector (1830-1860)

El sector consiguió superar todas estas dificultades, y entre 1830 y 1860 adquirió su madurez. Durante este período se produjo la modernización y mecanización del sector, consecuencia de:

el encarecimiento del factor trabajo, provocado por las pérdidas demográficas originadas por la guerra

la disponibilidad de capitales debido a la repatriación de fortunas tras la pérdida de las colonias continentales americanas.

La mecanización afectó sobre todo a la fase del hilado. Dicha mecanización exigía disponer o bien de energía hidráulica o bien de proximidad a los puertos, que no encareciese excesivamente el carbón necesario para las máquinas de vapor. Así, las nuevas industrias se fueron concentrando en torno a Barcelona, Tarragona y en el Bajo Llobregat y el Vallés occidental.

La mecanización provocó también la concentración de empresas. Las empresas resultantes, de mayor tamaño, tenían mayor capacidad para movilizar capitales. La formación de sociedades colectivas primero y sociedades anónimas después marca este proceso.

6.3.2. - Las dificultades del sector a finales del XIX

A partir de 1880 el sector se enfrentó a una crisis que se prolongó hasta 1913. Dicha crisis se relaciona con la dependencia del sector del mantenimiento de una política proteccionista de reserva del mercado interior. En los años 80 España firmó sendos tratados comerciales con Francia (1882) y Gran Bretaña (1886), que reducían los aranceles con los que las manufacturas de estos países entraban en España, a cambio de facilitar las exportaciones agrarias españolas a esos países.

Los fabricantes nacionales intentaron paliar la situación consiguiendo del gobierno ventajas en los mercados antillanos. Tras la pérdida de los últimos enclaves coloniales, en 1898 los textiles españoles pudieron mantener por algún tiempo sus posiciones debido a la baja cotización de la peseta. Pero a partir de 1904 la decadencia fue imparable. El principal problema fue la pobreza del mercado interior.

6.3.3. - La modernización del sector lanero

Al margen del sector algodonero y dentro del textil, durante el siglo XIX se produjo también la modernización del sector lanero.

Al final del período 1900 habían emergido dos grandes núcleos de la industria lanera: Sabadell-Tarrasa.

La concentración en Sabadell y Tarrasa es consecuencia de una localización privilegiada: el ferrocarril facilitaba el acceso a los puertos cercanos. Además se solucionó el problema del abastecimiento de materia prima mediante la creación de un depósito de lanas en 1871 y la fundación del Banco de Sabadell (1881) para financiar la compra de lanas australes. También surgieron asociaciones para la defensa corporativa de los intereses laneros (Gremio de fabricantes de Sabadell-Instituto Industrial de Tarrasa en 1873).

La generalización del uso de “vapores” decantó la vieja pugna entre fabricantes de lana y algodón a favor de los primeros.

6.4. - LAS DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE LA SIDERURGIA

El desarrollo de la siderurgia en España estuvo condicionada hasta fines del siglo XIX por las limitaciones de la demanda, que se da básicamente en tres sectores: sector agrario, industria y sector transportes.

6.4.1. - La demanda: componentes y evolución

La demanda del sector agrario: Las desamortizaciones permitieron poner en cultivo nuevas superficies. Fue necesario fabricar nuevos arados y nuevas herramientas, pero, generalmente, esta demanda fue atendida por la pervivencia de las forjas tradicionales diseminadas por todo el país.

El sector textil: La mecanización de la industria catalana fue un importante componente de la demanda del hierro

El sector transportes: El desarrollo del transporte marítimo a vapor, que requería la construcción de buques con casco de acero, incrementó a lo largo del siglo XIX la demanda de productos siderúrgicos. La renovación de la flota española fue lenta. Hasta el año 1884 el tonelaje de los barcos de vapor no superó la de los barcos de vela.

El fortísimo incremento de la demanda, desde el segundo tercio de la centuria, no fue contrarrestado por un desarrollo paralelo de la oferta siderúrgica. En 1879 España produjo menos de 70.000 Tm de hierro colado, frente a un consumo de unos 285.000 Tm

Pero sin lugar a dudas el principal demandante de productos siderúrgicos en los procesos de industrialización del XIX fue el ferrocarril. Las expectativas despertadas a fines de los cuarenta y comienzo de los cincuenta se vieron defraudadas por la Ley de 1855. El artículo 20 de la Ley de Ferrocarriles de 1855 establecía la devolución a las compañías de ferrocarriles de los aranceles pagados por la importación de hierro, maquinaria, material móvil, etc

Se importó más del doble de lo que se producía en España. En 1865 se pone fin a la exención arancelaria. Esta medida animó a los productores.

6.4.2. - Fases de desarrollo de la industria siderúrgica española en el siglo XIX

Tres zonas de producción siderúrgica: Andalucía, Asturias y el País Vasco. Tanto en Andalucía como en el País Vasco existían yacimientos de hierro, mientras que el carbón se encontraba en relativa abundancia en Asturias.

A medidados de siglo, período en que se intenta crear una siderurgia en Asturias, el proceso de fundición y refino requería grandes cantidades de combustible, por lo que resultaba más rentable transportar el mineral de hierro a las zonas donde existía carbón.

Las mejores técnicas de la segunda mitad del XIX redujeron sensiblemente las cantidades de combustible necesario, por ello resultó más rentable instalar los altos hornos en zonas donde abundaba el hierro, como el País Vasco, y transportar hacia allí el combustible.

la siderurgia andaluza

En 1826, Manuel Agustín Heredia, empresario andaluz, decide poner en explotación los yacimientos de hierro magnético de Ojén, próximos a Marbella. Se propuso instalar una fábrica siderúrgica aplicando técnicas inglesas. Para ello se construiría una planta de laminado en Málaga con hornos de hulla. El mineral procedería de Asturias e Inglaterra. Las fábricas creadas llevarían la denominación de La Concepción y La Constancia.

El estallido de la primera guerra carlista en 1833 supuso la paralización de las forjas del norte. Esto supuso una excelente oportunidad para el desarrollo de la siderurgia andaluza.

La siderurgia andaluza acabó desapareciendo por la competencia que representó la siderurgia asturiana. El predominio de la siderurgia asturiana en el período reseñado se debe a reducción de los costes que suponía la proximidad a los yacimientos de hulla.

la siderurgia asturiana

A la hegemonía andaluza le sucedió la preponderancia asturiana por espacio de quince años, de 1865 a 1879.

La aparición de la siderurgia asturiana coincide con el período en que se empezaba a discutir la necesidad de dotar al país de un ferrocarril.

En la región asturiana la primera fábrica que entró en funcionamiento fue la de Mieres, en 1848, construida por una compañía británica. Se mantuvo en funcionamiento tan sólo un año. En 1852 de nuevo entró en funcionamiento, ahora con capital francés.

la siderurgia vasca

El desarrollo de la siderurgia vasca se halla relacionado con los avances técnicos experimentados por la siderurgia y en especial por la introducción de los convertidores Bessemer. Estos avances permitieron reducir las cantidades de combustible empleadas en el proceso de fabricación y, por otra parte, revalorizó los yacimientos férricos vizcaínos.

Ello provocó un rápido incremento de las exportaciones de mineral hacia Inglaterra. Desde 1878 la llegada de coque galés a Bilbao como contrapartida de los envíos de mineral de hierro abrió la puerta al esplendor vizcaíno.

En 1879 se puso en marcha la fábrica San Francisco, en Sestao. Cuatro años más tarde de la misma salía el 45,4% de la producción nacional. Así en 1882 surgieron “La Vizcaya” y “Altos Hornos y Fábricas de Hierro y Acero”. Más tarde, en 1888, surgiría la Iberia. Estas tres fábrica acabaron fundiéndose en 1902 en Altos Hornos de Vizcaya.

La consolidadeción de la siderurgia vasca a fines del XIX y comienzos del XX tuvo lugar gracias a la legislación proteccionista y a la depreciación de la peseta, que encarecía las importaciones.

6.5. - OTROS SECTORES INDUSTRIALES

6.5.1. - La industria alimentaria y su transformación

Desarrollo de una moderna industria harinera, reorientación de la producción oleícola hacia el consumo humano y el desarrollo de una industria conservera.

La transformación de la industria harinera se debió a la introducción del método “austrohúngaro”, que sustituía las piedras y muelas de antaño por un sistema de varios pares de cilindros. El método permitía mejorar notablemente la calidad de las harinas. Los cilindros convirtieron a Cataluña en potencia harinera al permitirle una especialización inédita hasta entonces.

En el sector de los aceites, el progreso fue acompañado de mejoras técnicas, como el recurso creciente de energía del vapor para mover las muelas y prensas. La aparición de productos sustitutivos del aceite para usos industriales en los mercados mundiales a partir de 1870 obligó a reorientar la producción hacia la alimentación humana. En España la producción de aceite se centra en dos regiones: Andalucía y el noroeste: Aragón, Valencia y Cataluña. Las innovaciones se adoptaron sobre todo en esta zona donde existía una mayor concentración empresarial.

España del XIX inició su desarrollo un sector conservero. En 1820 se pusieron a punto nuevas técnicas de conservación de alimentos, consistente en la esterilización y el envasado hermético. Se desplaza así a los antiguos salazones. La implantación de estas técnicas se rementa a 1828 (Gijón) y 1836 (Coruña), pero la aplicación a escala industrial no se llevó a cabo hasta 1880 debido a múltiples factores, tales como la falta de capitales, sólo disponibles cuando conserveros catalanes se instalaron en Galicia.; la fabricación de hoja de lata se inició en Gijón en 1881 con grades dificultades de comercialización debido a la ausencia de medios de transporte (el enlace ferroviario que posibilitaba la llegada de las conservas al mercado no estuvo disponible hasta antes de 1883).

6.5.2. - Industria química

A fines del XVIII España era un exportador de barrilla o sosa natural.

El desarrollo del sector minero, impulsado por la Ley de Minas de 1868, facilitó la aparición de un sector dedicado a la fabricación de explosivos. En 1872 se creó la Sociedad Española de Dinamita.

A finales del XIX se desarrolló la fabricación de abonos químicos. Esta industria se localizó a lo largo del Mediterráneo, desde Huelva hasta Cataluña.

6.5.3. - Nuevos sectores industriales y su implantación en España

En Barcelona se montó la primera central eléctrica en el año 1873. Antes del año 1914 se habían constituido a través de importantes sociedades anónimas, Iberduero, Hidroeléctrica Española, Barcelona Traction y la Unión Eléctrica Madrileña, las compañías eléctricas que dominarían el mercado nacional y la historia de dicho sector hasta la actualidad.

Incluso tuvo lugar un incipiente comienzo de la industria del automóvil con la empresa Hispano Suiza (1904).

6.6. - LA MINERIA

Durante el siglo XIX en España se desarrollo mucho la explotación minera. La Ley de Minas de 1825 establecía que todos los yacimientos pertenecían a la Corona. Esta se reservaba la explotación directa de los más ricos: Almadén (mercurio), Riotinto (cobre), Linares (plomo), Asturias (hierro y carbón). Las leyes de 1849 y 1859 cambiaron el principio de la propiedad del monarca por el del dominio público.

Con la Revolución de 1868 triunfó el principio de la desamortización de las minas del Estado. El 29 de diciembre de 1868 se publicó la Ley de Bases para la Legislación Minera.

Se delegó en el gobernador civil la facultad de otorgar concesiones, con lo que se facilitaban los trámites administrativos.

Se dio carácter perpetuo a las concesiones mineras

En 1869 se introdujo una modificación por la que dejaba de exigirse el laboreo de la explotación para mantener la concesión, bastaba con el pago del canon para mantenerla

Con esta ley se intentaba convertir la concesión en auténtica propiedad, con ello se intentaba movilizar los recursos del país.

Modificando el marco legal, acudieron capitales para poner en explotación las minas. La mayor parte de las minas cayeron en manos de compañías extranjeros, ya que sólo éstas disponían de los grandes capitales necesarios para ponerlas en explotación.

A partir de 1868 la exportación de minerales representó una de las principales partidas dentro de nuestro comercio exterior.

El mineral extraído en Andalucía se extendió por todo el mundo, provocando una rápida caída de los precios en los mercados mundiales. Las exportaciones de plomo pudieron paliar en parte el descenso de las exportaciones de lana. El plomo en barras conservó el segundo lugar, tras el vino, en las exportaciones españolas.

Tras un largo período de hegemonía inglesa, desde 1869 España se alzó con el liderazgo de la producción mundial de plomo, que no perdió hasta 1881.

La explotación del cobre cobró una gran importancia con la aplicación de la electricidad a las comunicaciones (telégrafo).

El gran yacimiento español de cobre era Riotinto. Este fue explotado por el Estado mediante arrendamiento hasta 1838. En 1839 se volvió a la explotación directa, pero no se obtuvieron buenos resultados. Por ello, el ministro Figuerola propuso a las Cortes en 1870 la venta de las minas. Tras dos subastas consecutivas fueron asignadas a la casa Matheson de Londres, en asociación con el Deutsche Banck y el apoyo financiero de la casa Rotschild, por un precio de 93.995.912 pesetas, pagaderas en 10 años. El dinero sirvió al gobierno español para hacer frente a las presiones de sus acreedores.

Las minas de mercurio más valiosas eran las de Almadén. Durante el XIX la explotación de estas minas estuvo en manos del Estado. Pero de nuevo en 1870 Figuerola firmó con los representantes de la casa Rotschild una operación de crédito sobre los productos de la mina de Almadén y una exclusiva de venta de dichos productos durante 30 años. Con la firma de este acuerdo los Rotschild consiguieron monopolizar la producción mundial de mercurio, ya que controlaban también los yacimientos de Idria, en Italia y las minas de Nuevo Almadén, en California.

La extracción de mineral de hierro tuvo en España dos grandes centros: en el norte, las provincias de Santander y Vizcaya y en el sudeste las provincias de Almería y Murcia. Tras la adopción del convertidor desde 1870 la producción vizcaína creció rápidamente. El máximo de extracción se produjo en el período 1905-1908. El principal cliente fue el Reino Unido.

La demanda exterior de mineral de hierro provocó una acumulación de capital muy importante, sobre todo en Vizcaya.

la minería del carbón

Durante el siglo xIX España no dispuso de una producción propia abundante de combustible barato. Asturias fue la principal zona de producción. El precio del carbón asturiano era alto debido a: la pequeña dimensión de las explotaciones, la falta de medios mecánicos de transporte desde la mina de ferrocarril, las altas tarifas del ferrocarril minero.

El problema se agravaba por la inferior calidad de los yacimientos (vetas discontinuas y de escaso grosor) y del carbón. Los mercados nacionales se fueron cerrando al carbón asturiano. El primero en hacerlo fue el levantino; debido a la falta de retorno, los fletes eran muy caros. Más tarde, el vasco, cuando el eje Gijón-Bilbao fue sustituido por Bilbao-Newcastle.

Por todo ello el carbón asturiano necesitó el proteccionismo arancelario. Este se impuso progresivamente a través de sucesivas elevaciones de la tarifa en 1877, 1882, 1891 y 1906.

6.7. - LAS INVERSIONES EXTRANJERAS EN LA INDUSTRIALIZACIÓN ESPAÑOLA

Las inversiones cobran verdadera importancia en el decenio entre 1850-1860. En 1914 quedaron prácticamente cerradas. En una primera fase, hasta el decenio de 1870, los sectores preferidos del capital extranjero fueron el ferrocarril y la minería.

La Ley de Sociedades de Crédito de 1856 permitió que se establecieran en España tres grandes instituciones: el Crédito Mobiliario Español, que originaría la compañía de los Caminos del Hierro del Norte de España, pertenecía al grupo francés de los Pereire. La Sociedad Española Mercantil e Industrial, del grupo financiero de los Rotschild, y que participaría en la creación de la Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante. Y la Compañía General de Crédito de España, del grupo financiero de los Prost, que participaría en otras varias compañías de ferrocarriles. Gracias a las sociedades mencionadas, en el año 1868 la inversión en este sector descendió mucho, y a partir de 1882 la participación extranjera fue menor. De las inversiones el 60% provenían de la economía francesa.

El capital, sobre todo inglés y francés, en la minería llegó gracias a la Ley de Bases de marzo de 1868, por la que se podían conceder, como hemos visto, minas a perpetuidad, tanto a nacionales como a extranjeros, mediante el pago de una cantidad al Estado.

El ritmo de inversiones extranjeras disminuyó considerablemente a partir de 1882. Las inversiones extranjeras en España en 1914 totalizaban unos 4.500 millones de pesetas. En los ferrocarriles, minería y servicios públicos, unos 3.500 millones, y unos 1.000 millones en deuda exterior del Estado.

7.1. - TRANSPORTES

7.1.1. - El ferrocarril

Durante la segunda mitad del siglo XIX se desarrolló en España, como en otros muchos países, una intensa actividad en torno a la construcción del ferrocarril. Al iniciarse dicho período sólo se había inaugurado la línea de Barcelona a Mataró de 28 km de longitud, en 1848, a la que seguiría la de Madrid a Aranjuez tres años después.

Las leyes de los años 1855 a 1877 rigieron el desarrollo de las construcciones. La primera, promulgada durante el bienio progresista y la segunda, en el transcurso de la Restauración, y que estuvo vigente hasta 1941. La Ley de Ferrocarriles de 1855 fue decisiva para impulsar el desarrollo de la red; esta Ley facilitó la captación de los capitales extranjeros necesarios para llevar a cabo la construcción, aun a costa de sacrificar los intereses de algunos sectores de la industria española, como el siderúrgico. Según esta ley, las concesiones serían otorgadas por Ley, y a la vez se establecía un programa de ayudas estatales.

Se pusieron medios para procurar los recursos necesarios (Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito de 1856). Al amparo de esta Ley surgen: la Sociedad General de Crédito Inmobiliario (tras la cual se hallaban los Pereire), Sociedad Española Mercantil e Industrial (Rothschild), Compañía General de Crédito de España (Guillot), concebidas para estimular el desarrollo industrial. Tales sociedades acabaron centrando su atención en los ferrocarriles, dedicando a ellos el 40% de sus inversiones.

En la primera fase de construcción (1856-1866) se crearon 4.000 km, con una media anual de 431 km. Se completó la línea Cádiz-Madrid-Irún y Atlántico-Zaragoza-Mediterráneo. Así, alrededor del año 1860 quedó constituida la estructura de la red ferroviaria con las compañías más importantes: La M.Z.A. (ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante), la del Norte, la Red Catalana, Andaluces y Oeste. A finales del decenio de los sesenta las circunstancias políticas y los escasos rendimientos alcanzados por las líneas puestas en servicio, debido a la escasez de tráfico, contribuyeron a que se frenaran las inversiones.

Pero de nuevo a partir de 1877 la construcción se aceleró espectacularmente, si bien a un ritmo inferior a la primera fase de construcciones (240 km/año frente a 431), hasta finales de la década de los 80, en que tuvo lugar una recesión.

7.1.2. - Aportación del ferrocarril al desarrollo económico español en el XIX

El ferrocarril por un lado permitió atender la demanda de transporte generada por la industrialización. Por otro, sirvió como incentivo para el desarrollo de sectores como la siderurgia, las construcciones mecánicas, la industria hullera, etc.

La aportación del ferrocarril al crecimiento económico en un país se mide a través del ahorro social permitido por el ferrocarril. Dicho ahorro se define como la diferencia entre el coste resultante de atender por medios tradicionales (carreteras, canales, etc) la demanda de transporte requerida por la industrialización y el coste de atenderla por el ferrocarril.

El ferrocarril fue la gran oportunidad perdida por la siderurgia española. La importancia de hierros libres de aranceles establecida por la Ley de 1855 hizo que las empresas se proveyesen en el extranjero. Probablemente la siderurgia española de entonces no estaba en condiciones de haber podido atender este reto.

Durante la segunda y tercera fase de construcciones ferroviarias el cambio de las circunstancias sí hizo posible el afianzamiento de una siderurgia nacional con el apoyo del ferrocarril. Entre 1873 y 1890 la siderurgia nacional proporcionó el 6% del hierro consumido por los ferrocarriles. En la década de los noventa los cambios técnicos que permitieron un sustancial ahorro de combustible, junto con la protección otorgada por el arancel de 1891, que ponía fin a las franquicias arancelarias para los productos siderúrgicos empleados por los ferrocarriles, y finalmente la depreciación de la peseta, hicieron que las compañías ferroviarias adquiriesen regularmente sus raíles a la siderurgia vasca.

El ferrocarril contribuyó decisivamente al desarrollo de la industria hullera. La cuarta parte de la producción hullera fue consumida por los ferrocarriles.

El ferrocarril también contribuyó a la expansión agraria en varios sentidos: facilitó la integración de los mercados regionales, especialmente de los cereales, abaratando los costes de transporte, facilitó el desarrollo de una agricultura de exportación, permitiendo la salida de la producción, especialmente vitícola, hacia los mercados europeos.

7.1.3. - Construcción de carreteras

A partir de 1855 se construyó un elevado número de carreteras - 7822 km entre 1856 y 1868 - en tres grandes grupos: carreteras del Estado, provinciales y caminos vecinales. Las carreteras del Estado constituían la red rutera fundamental y en el año 1886 sobrepasaban los 23.000 km.

7.2. - PAPEL DEL SISTEMA FINANCIERO EN EL LIMITADO CRECIMIENTO ECONÓMICO ESPAÑOL DURANTE EL SIGLO XIX

Los procesos de industrialización requieren de la formación de intermediarios financieros, encargados de canalizar el ahorro hacia los sectores demandantes de capitales. En el caso de España la regulación y el funcionamiento del sistema financiero hicieron que éste no contribuyese, en la medida en que hubiera sido de desear al crecimiento económico.

En España el ahorro doméstico escaseaba porque el país era pobre y atrasado. El ahorro generado en el sector agrario se atesoraba gran parte en especie. El resto del ahorro que se generaba en su mayor parte en actividades comerciales. Este ahorro era más elástico al tipo de interés por encima de un 12%. Por debajo de este tipo de interés, los comerciantes con exceso de liquidez mostrarían una gran aversión al riesgo e invertían en activos que se consideraban seguros como deuda pública, tierra o acciones del Banco de España.

En España la demanda tradicional de capital se dividía en dos grandes sectores: el sector público y el sector privado. El gobierno gozaba de claras ventajas: se trataba de un organismo soberano, dotado de amplios recursos y de un importante aparato administrativo. Si bien es cierto que la experiencia histórica jugaba en contra de su credibilidad como buen deudor.

El sector privado sólo podía obtener una fracción residual de los fondos disponibles y ello a costa de altos tipos de interés (por encima del 12 por 100) y con grandes seguridades.

Durante el siglo XIX existe un gran desequilibrio entre los ingresos y los gastos del gobierno, cuya consecuencia fue la posición deudora del Estado, acompañado frecuentemente por el descuido, la impuntualidad e incluso el repudio en los pagos.

La consecuencia es el encarecimiento en los precios del dinero y del capital en los mercados de capital españoles.

7.2.1. - Fases en la formación del sistema bancario

El sistema bancario español se caracteriza por la coexistencia de instituciones con formas antiguas, tales como las casas de banca y los comerciantes-banqueros, con otras modernas, como los bancos con forma de sociedad anónima.

A los comerciantes-banqueros se les definía como: “aquellos cuyo ejercicio habitual es comprar, vender y descontar por cuenta propia o ajena letras, documentos de giro y valores cotizables en la Bolsa” Estos comerciantes-banqueros a diferencia de los bancos, no estaban obligados a dar publicidad a sus balances y cuentas de resultados.

La modernización del sistema bancario, entendida como la aparición de bancos con forma de sociedad anónima, se produciría con posterioridad a la Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito de 1856.

La banca moderna, con sus amplias redes de sucursales, no se afianzó en nuestro país hasta 1920.

Los comerciantes-banqueros demostraron adaptarse mejor a las condiciones de la época, al contar con una estructura más ágil y simple que la de los bancos sociedades anónimas con sus comisarios regios, permitiéndoles obtener mayores beneficios en relación al capital invertido que los grandes bancos. La gran mayoría de estas casa de banca no desapareció por decadencia, falta de operaciones o malos resultados, sino que su propio dinamismo les condujo a transformarse o integrarse en sociedades anónimas cuando el momento fue propicio, con una etapa de transición que ocupó las primeras décadas de nuestro siglo.

Primeras experiencias (1829-1848)

El Banco Español de San Fernando

En 1829 se creó el Banco Español de San Fernando, banco oficial de emisión y descuento que reemplazó al Banco Nacional de San Carlos, creado en 1782. Este nuevo banco trataba de ser una solución al impago de los Vales Reales.

El principal problema del Banco de San Fernando en los primeros años de su existencia fue encontrar empelo para su capital. La mitad del capital efectivo permaneció inactivo durante los cuatro primeros años.

Durante la guerra carlista (1833-1839) el gobierno se convirtió en cliente privilegiado del banco. Los adelantos al Tesoro se hicieron cada vez más frecuentes y voluminosos.

Desde 1840 el banco quedó ligado al engranaje crediticio de la desamortización: comenzó a descontar y cobrar los pagarés emitidos por los compradores de bienes nacionales y fincas desamortizadas.

El Banco de Isabel II

A imitación del banquero francés Lafitte, el marqués de Salamanca formó en Madrid el banco de Isabel II. Este banco recibió en sus Estatutos la facultad de emitir cédulas al portador (con este término se intentaba burlar el monopolio de emisión de billetes bancarios, que gozaba el Banco de San Fernando en Madrid). Se configuraba como un banco de préstamos y descuentos, de carácter similar al de San Fernando, con algunas novedades, como los préstamos a sociedades mercantiles, industriales y de transporte con garantía de las acciones del propio banco, introducción en España de los préstamos en cuenta corriente, emisión de billetes de baja denominación, que contribuyeron a popularizar el papel moneda, y una política de apertura de sucursales.

La competencia que representaba para el Banco de San Fernando el nuevo banco llevó a aquél a tomar una serie de medidas. Implantó los depósitos a la vista y gratuitos, aumentó las facilidades para el descuento de letras y la concesión de créditos con garantía y finalmente, la gratuidad de las operaciones en cuenta corriente. Para reforzar su posición y sus depósitos en 1845 el Banco de San Fernando suscribió un acuerdo de Tesorería con el Estado. El banco desembolsaría por cuenta del Estado 1/12 parte del gasto público mensualmente y a cambio ingresaría el total de la recaudación fiscal.

La competencia degeneró en rivalidad agresiva y en 1847 Ramón Santillán, ministro de Hacienda, propuso la fusión de ambos bancos como solución a la rivalidad que amenazaba la supervivencia de ambos bancos. Para llevar a cabo la fusión se nombró ministro de Hacienda al marqués de Salamanca, que consiguió que la fusión se realizara ventajosamente para el Banco de Isabel II, ya que se aceptó el valor nominal de los activos de ambos bancos para formar el nuevo. El banco resultante no sería capaz de superar la crisis financiera de 1848.

El Banco de Barcelona

Es el primer banco comercial privado en España, fundado en 1844. Este banco desarrolló operaciones de emisión y operaciones comerciales, como el descuento de letras, los préstamos con garantía, aceptación de depósitos y mantenimiento de cuentas corrientes. El banco abrió una serie de sucursales ya que podía establecer cajas subalternas en otras ciudades del antiguo principado y en las Islas Baleares.

El banco alcanzó un gran éxito, pero también fue sacudido por la crisis financiera de 1848. Tras esta crisis la circulación monetaria se reduciría de manera importante en los diez años siguientes.

La crisis financiera de 1848 y la banca española hasta 1856

Esta crisis, de carácter general, afectó a todo el sistema financiero europeo. Los analistas de la época culparon de la crisis a la especulación y a un excesivo liberalismo económico. La ley de enero de 1848 atacaría las dos presuntas causas de la crisis. Esta Ley prácticamente prohibió la constitución de sociedades por acciones. Estas quedaban divididas en dos grupos: los bancos de emisión y las compañías de utilidad pública. Ambas estarían sometidas a tediosos y largos trámites administrativos y a una continua inspección por parte del gobierno.

La Ley bancaria de 1849, inspirada en la legislación británica, prohibió la creación de nuevos bancos de emisión.

La legislación del bienio progresista y la expansión del sistema financiero (1856-1864)

Entre los años 1855-1856 se toman varias medidas legislativas de gran trascendencia para el ahorro y su canalización a través del sistema financiero. En primer lugar se promulgó la Ley de Desamortización, que puso en el mercado una gran cantidad de tierras y ofrecía a los ahorradores una forma segura de invertir sus fondos. En segundo lugar se promulgaba la Ley de Ferrocarriles, que convirtió el sector en un campo de inversión con protección oficial. Finalmente, las leyes de bancos de emisión y sociedades de crédito facilitaron la expansión del sistema financiero y sancionaron el establecimiento en España de tres grandes bancos extranjeros.

El gobierno liberal de 1855 se decidió por la inversión los ferrocarriles buscando un crecimiento por “exceso de capacidad”, es decir, se esperaba que la construcción del ferrocarril al incrementar las posibilidades de servicios de transporte estimularía el desarrollo industrial. Pero en España la construcción del sistema ferroviario se adelantó a la demanda y al terminarse las líneas principales, las compañías descubrieron que el tráfico apenas rendía para cubrir los costes variables. Los intereses, los dividendos y el capital fijo invertido en la construcción del sistema ferroviario no se podían pagar.

En 1856 se promulgó la Ley de Bancos de emisión y sociedades de crédito. Esta Ley mantenía el principio de pluralidad de los bancos de emisión. El Banco de San Fernando pasaba a denominarse Banco de España. La emisión de billetes no podría exceder al triple del capital desembolsado ni al triple del encaje metálico. Se prohibían los préstamos con garantía de acciones del banco y se obligaba a publicar balances mensuales en la Gaceta (equivalente al BOE).

La liberalización del sistema bancario se completó con la Ley de Sociedades de Crédito, que regulaba la aparición y funcionamiento de bancos de inversión. La Ley autorizó a las sociedades de crédito una amplia gama de operaciones: préstamos al gobierno, recaudación de impuestos, promoción industrial y en algunos aspectos se les autorizaba a funcionar como bancos comerciales.

El efecto de esta legislación liberalizadora fue la expansión del sistema financiero. Surgieron grandes sociedades de crédito, como el Crédito Mobiliario de los hermanos Pereire, con un capital nominal de 114 millones de pesetas. Esta sociedad creó bancos de emisión en Bilbao, Santander y Valencia y centró sus operaciones en las obras públicas y la inversión industrial, concretamente en ferrocarriles y en Gas Madrid.

Otra sociedad importante fue la Sociedad Española Mercantil e Industrial, tras la cual se hallaba el capital de los Rotschild. Sus actividades se centraron en préstamos al gobierno y sobre todo en la compañía del ferrocarril Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA). Su política se centró en la captación de capitales locales, más que en la inversión de capitales franceses.

Finalmente, la Compañía General de Crédito de España, que encontró sus apoyos en la aristocracia española y cuyas actividades de inversión estuvieron más diversificadas: pequeñas compañías de ferrocarril, minas, empresas de gas, etc.

Paralelamente al desarrollo de las sociedades de crédito se produjo la multiplicación de los bancos de emisión (la mayor parte de ellos promovidos por comerciantes). Estos bancos de emisión tuvieron como actividad preferencial la extensión del crédito comercial (préstamos a corto plazo). Entre sus clientes predominó el Estado. Este predominio hizo que su aportación al desarrollo industrial fuese escasa.

El sistema bancario surgido en 1856 tuvo como papel fundamental canalizar la inversión hacia los ferrocarriles en lugar de perseguir empleos productivos al ahorro privado. Otro efecto fue ensanchar lo campos de inversión para los capitalistas españoles.

Pese al crecimiento de los intermediarios financieros y la oferta de fondos prestables tras 1855, la industria española sufrió escasez de capital y aún se vio sujeta a una cierta desinversión durante la década de 1855-65.

La crisis de 1864 y evolución de la banca durante el sexenio (1868-1874). Monopolio de emisión del Banco de España

El hundimiento de los precios, la caída de las cotizaciones bursátiles, el descenso de la producción y el aumento del paro fueron algunos de los síntomas de la crisis; pero el más claro de todos ellos fue el hundimiento del sistema bursátil.

Entre las causas de la crisis está la incapacidad de las compañías de ferrocarril para hacer frente a sus deudas, debido a los débiles resultados obtenidos por la explotación de sus líneas; la guerra de Secesión norteamericana que al interrumpir las exportaciones de algodón provocaron dificultades en el sector textil y una crisis agraria.

La crisis bancaria afectó más intensamente a las sociedades de crédito que a los bancos de emisión, debido principalmente, al mayor carácter especulativo de aquéllas.

Durante el sexenio de 1868 a 1874, con medidas de política liberal, tuvo lugar la derogación de la Ley de Sociedades por Acciones de 1848 y un decreto de 10 de diciembre de 1868 por el que se liberalizaba la legislación bancaria. Al año siguiente la Ley de 19 de octubre de 1869 declaraba “libre la creación de bancos territoriales, agrícolas y de emisión y descuento, y de sociedades de crédito, de préstamos hipotecarios...” Esta ley no fijaba límites a la emisión de billetes de banco, acciones, obligaciones y otros instrumentos de crédito.

Al amparo de esta legislación surgió un nuevo tipo de bancos: los bancos hipotecarios, más dirigidos al préstamo agrario que hacia la inversión industrial. (Banco de Castilla, Banco Popular Español de Barcelona).

Pero el más importante fue el Banco Hipotecario. La idea era crear un banco que adelantara dinero al gobierno sobre la garantía de los ingresos procedentes de la venta de bienes desamortizados.

La creación del Banco Hipotecario estuvo vinculada a la concesión de un empréstito de 100 millones de pesetas por el Banco de París y los Países Bajos a un interés del 12% si el gobierno español accedía a la creación de un Banco Hipotecario; en caso contrario, el interés ascendería a un 16%. El Banco fue constituido en 1872.

A partir de 1874 se inició la recuperación y reestructuración del sistema financiero. La primera medida trascendente fue la concesión del privilegio de emisión del Banco de España, a cambio de un crédito a fondo perdido de 125 millones de pesetas. La concesión del privilegio de emisión fue acompañada de un sugerencia al resto de bancos de emisión para que se fusionasen con el Banco de España. Para ello se estableció el derecho a canjear sus acciones por acciones del Banco de España a la par. Esta medida fue bien acogida por los accionistas, debido a la buena cotización de que gozaban dichas acciones. De los quince bancos de emisión existentes sólo cuatro decidieron permanecer independientes.

Muchos de los bancos de emisión existentes anteriormente fueron incorporados al Banco de España, con lo que éste pasó de dos sucursales a 17 en 1874 y a 58 a finales de siglo.

La banca durante la restauración (1874-1900)

Estos años fueron de reconstrucción para la banca privada, que habría de competir en adelante con el nuevo monopolista (Banco de España). Al principio del período sólo sobrevivían el Banco de Santander, el de Barcelona, el de Bilbao y el Crédito Mobiliario.

Este período se caracteriza por el predominio de la banca mixta, la ruina de la banca andaluza, el menor peso de los negocios ferroviarios, el comienzo de la decadencia de la banca catalana y el despegue de la banca vasca.

Tradicionalmente ha existido una diferencia entre bancos de emisión cuyo pasivo (billetes y cuentas corrientes) es exigible a corto plazo y, por tanto, se especializan en operaciones de crédito a corto plazo. Y sociedades de crédito cuyo pasivo (capital y obligaciones) le permite realizar préstamos a largo plazo.

Siguiendo el ejemplo de Alemania, en España algunos bancos, como el de Bilbao y Santander, comenzaron a compatibilizar ambos comportamientos desarrollando así una banca mixta también en España

7.3. - EL COMERCIO EXTERIOR

7.3.1. - Estructura y evolución del comercio exterior español en el siglo XIX

Existen varias fases:

• (1815-1853): Crecimiento lento pero sostenido de las exportaciones

• (1853-1899): Notable crecimiento de las exportaciones

• (1898-1939): Reducción en el incremento de exportaciones

Materias primas y alimentos fluctúan alrededor del 80 por 100 del valor exportado hasta 1880. Desde 1880 se produjo un aumento de la exportación de manufacturas y un descenso de las exportaciones de productos primarios y materias primas.

La composición de las exportaciones varió sensiblemente a lo largo del siglo XIX. A comienzos del siglo descendieron rápidamente las exportaciones de lanas merinas, así como las de barrilla y aguardientes. Al tiempo, el vino (especialmente los vinos de calidad de Jerez) y el aceite cobraban importancia, junto con el plomo. Entre 1855 y 1875 el vino común constituyó la principal partida de exportaciones. A partir de los ochenta el protagonismo lo obtuvieron los minerales y metales; a partir de los noventa cayeron en picado las exportaciones de vino común y aumentaron las de cítricos, corcho, almendras; a fines del XIX ganaron en importancia la exportación de manufacturas ligeras (calzado, textiles, artículos de cuero).

Respecto a las importaciones entre 1815 y 1913 descendió la importancia de los productos primarios respecto a las manufacturas. El incremento de las importaciones de materias primas (algodón, madera, carbón) y de bienes de equipo (material ferroviario, maquinaria) muestran la modernización de la economía española en el siglo XIX.

Las exportaciones españolas se dirigieron principalmente a Francia y Gran Bretaña (50-60%). A fines de siglo tuvo lugar una diversificación por el incremento de las exportaciones hacia Alemania, Estados Unidos, Italia y Argentina.

Las importaciones presentan una mayor dispersión geográfica. Francia e Inglaterra ocuparon también un lugar destacado en la procedencia de las importaciones; a fines del siglo XIX aumentaron las procedentes de Alemania y EEUU. Las importaciones procedentes de América Latina se mantuvieron a un nivel considerable hasta 1850. La introducción del cultivo de la caña de azúcar y la remolacha en la Península hizo que descendiera el volumen total de dichas importaciones.

El comercio exterior proporcionó a la economía española una serie de estímulos, concretados en una captación de inversiones extranjeras, la introducción y difusión del conocimiento científico y técnico, o el aumento de la capacidad empresarial.

La expansión de las exportaciones de productos primarios promovió el desarrollo del sector agrario, a causa de que los mayores ingresos y la sustitución de cultivos de subsistencia por cultivos comerciales aumentaron el tamaño del mercado de productos alimentarios. Paralelamente, los mayores ingresos agrarios tendieron a generar una demanda de artículos industriales que satisfaría, en buena medida, la industria nacional. A su vez, el ferrocarril, asociado en cierto medida con el auge exportador, redujo los costes de trasporte interior y coadyuvó a la formación de un mercado interior de manufacturas y productos primarios.

7.4. - LA HACIENDA DURANTE EL SIGLO XIX

7.4.1. - Modificaciones del sistema impositivo hasta 1845

A comienzos del siglo XVIII existían dos tipos de tributos: los que afectaban a todo el país (con excepción de Navarra y las Provincias Vascongadas) o rentas generales, y los específicos de cada región o rentas provinciales. La Hacienda del antiguo régimen se caracterizaba por la desigualdad personal a la hora de contribuir, los diversos tratamientos fiscales datos a los distintos territorios y la existencia de fiscalidades privadas.

Las Cortes de Cádiz implantaron el principio de proporcionalidad de los gravámenes públicos a la rentas individuales. La Constitución de 1812 en su artículo 8 establecía que “Todo español está obligado, sin distinción alguna, a contribuir en proporción a sus haberes”. La restauración absolutista de 1814 dio al traste con la legislación liberal, especialmente en lo referido a las reformas hacendísticas.

En 1817 el ministro Martín de Garay presentó un plan basado en una contribución directa sobre la propiedad y la sustitución de las rentas provinciales por un derecho de puertas, antecedente del impuesto de consumos, y se sustituyó el monopolio fiscal de fabricación de aguardientes y licores por un impuesto sobre su consumo.

Posteriormente, durante el trienio liberal se buscaron nuevas fuentes de ingresos (contribución territorial, aduanas o con la venta de bienes procedentes de las órdenes religiosas). Durante la última etapa del reinado de Fernando VII, el ministro Luis López Ballesteros creó algunos impuestos sobre la actividad industrial, como el subsidio industrial y un impuesto sobre minas. También aumentó el impuesto sobre herencias y el impuesto del sello, además de intentar sanear el crédito público, perfeccionar la contabilidad y reducir la deuda.

A principios de 1843 la situación de la Hacienda era caótica. Los ingresos estaban integrados por un heterogéneo conjunto de más de 80 partidas, entre las que destacaban los tabacos, aduanas, derecho de puertas y la renta de la sal.

Los problemas más acuciantes eran la carga que representaban los contratos de anticipación de fondos y la falta de liquidez de la Tesorería. Los contratos de anticipos de fondos habían sido suscritos en años anteriores, en que la Hacienda atravesó situaciones complicadas y en condiciones muy desfavorables para el gobierno. Los elevados intereses a los que se comprometió el Estado suponían una pesada carga. Para resolver el problema se decidió, en 1844, a transformarlos en títulos de deuda pública consolidada.

Para resolver los problemas de falta de liquidez se firmó un convenio con el Banco de San Fernando por el que éste se comprometía a librar una cantidad mensual en los lugares en que el Estado lo requiriese y a cambio el banco recibía todos los pagos hechos al Estado en concepto de impuestos.

7.4.2. - La reforma de Alejandro Mon (1845)

La reforma más seria y donde se halla la base de la Hacienda moderna en España la llevó a cabo el ministro de Hacienda Alejandro Mon en 1845, con la decisiva ayuda de Ramón Santillán, siendo primer ministro Ramón María Narváez. Dicha reforma constituyó una simplificación y modernización de nuestro sistema fiscal. Lo unificó territorialmente (excepto Navarra y Provincias Vascongadas) y suprimió muchos pequeños impuestos a la vez que refundió otros en un reducido número de grandes figuras impositivas, de mayor rendimiento y más fácil administración.

El sistema tributario quedó constituido por cuatro impuestos directos, tres indirectos, monopolios fiscales y otros ingresos. Los impuestos directos fueron la contribución de inmuebles, cultivos y ganadería, el subsidio industrial y de comercio, el derecho de hipotecas y el impuesto de inquilinato. Los impuestos indirectos eran el del sello, los consumos y las aduanas. Los monopolios fiscales eran el del tabaco, la sal y la pólvora.

La contribución sobre bienes inmuebles, cultivo y ganadería era la contribución más importante del presupuesto de ingresos, representando el 25% del total. Su implantación fue posible por la supresión del diezmo eclesiástico, que redujo las cargas que pesaban sobre la propiedad inmueble.

El subsidio industrial y de comercio se basaba en un impuesto fijo más otro proporcional de acuerdo con el alquiler pagado por el local de negocios.

El derecho de hipotecas pretendía nutrirse a la vez que atender el registro y garantía de las transmisiones patrimoniales, muy necesarios después de la amortización.

El impuesto de inquilinatos intentaba gravar los ingresos a través de la consideración como signo externo de riqueza del importe del inquilinato satisfecho.

Balance de la reforma

De entrada la reforma de Mon tenía una serie de deficiencias, señalada por F. Comín. Excluía las rentas del trabajo y del capital. Sobre ellas se asientan durante el siglo XIX en Europa los impuestos de producto que surgieron durante los procesos de industrialización.

La distribución de la carga fiscal fue poco equitativa al recaer principalmente sobre la agricultura, si bien esto tuvo la ventaja de favorecer las condiciones de desarrollo de la industria. El reparto fiscal realizado entre los contribuyentes tampoco fue equitativo.

Dadas las deficiencias señaladas se puede deducir que los resultados no fueron todo lo positivos que se esperaba. El sistema tributario creado fue insuficiente para atender a las necesidades del Estado.

Los gastos crecieron muy por encima de los gastos. Ello se debió a que el Estado liberal hubo de asumir nuevas cargas (Administración, Justicia, Policía, Clero, Fomento, Defensa Permanente, etc).

7.4.3. - El problema de la deuda pública y sus consecuencias para la economía española

Entre 1833 y 1843 el déficit osciló en torno al 30% de los gastos. Tras la reforma se redujo a un 4%. Pero desde fines de los cincuenta comenzó a aumentar; entre 1860 y 64 se mantuvo alrededor del 19% y en el período 1870-74 alcanzó el 27,5%

Una causa importante del constante déficit de la Hacienda Estatal lo constituía la Deuda Pública. El pago de sus intereses y la amortización de títulos- compromisos que se incumplían de forma sistemática - pesaban seriamente sobre los Presupuestos del Estado. Por ello se realizaron varios intentos para solucionar dicho problema. Y uno de ellos era a través de efectuar reconversiones de la deuda (modificando el tipo de interés o el tipo de deuda)

Siendo ministro de Haciendo Bravo Murillo, realizó una conversión en el año 1853, y otros ministros siguieron la misma táctica, como Salaverría en 1867 y Camacho en 1882. Finalmente, Fernández Villaverde intentó trasladar parte del coste de la guerra de finales del siglo XIX desde la Deuda flotante a la Deuda perpetua; al mismo tiempo se emitió otra con garantía en la renta de aduanas y se convirtieron créditos urgentes en Deuda a largo plazo, dejando sentadas las bases para liquidar las deudas de guerra.

Las cargas de la Deuda supusieron un crecimiento de la importancia de los gastos financieros en el Presupuesto. Así los financieros internacionales consiguieron la promulgación de leyes favorables a sus intereses (Ley de Ferrocarriles de 1855, Ley de Bancos de Emisión y Sociedades de Crédito, y por último, la Ley de Minas de 1869).

Finalmente, el crecimiento de la deuda tuvo repercursiones monetarias. A fines del siglo XIX, durante las guerras de Ultramar, el déficit del Estado fue monetizado directamente a través del Banco de España, es decir, la deuda pública se colocaba en el Banco de España, quien como contrapartida aumentaba su pasivo, esto es, la base monetaria. Esto originó, según la tesis tradicional, un aumento de la oferta monetaria, de los precios y una depreciación de la peseta.

El déficit también repercutió en la elevación de los tipo de interés, encareciendo así los créditos del sector privado.

7.4.4. - La reforma de Fernández Villaverde (1900)

Raimundo Fernández Villaverde realizó en el año 1900 una profunda reforma que afectó a los impuestos directos y a los indirectos, especialmente a los primeros, introduciendo la contribución sobre las utilidades de la riqueza mobiliaria. Es decir, se trataba de establecer un impuesto sobre utilidades que hasta dicho momento no tributaban.

La reforma del año 1900 introdujo tres tarifas distintas:

• La tarifa primera gravaba las utilidades que se obtenían en recompensa de servicios o de trabajos personales sin el concurso del capital.

• La tarifa segunda contemplaba los intereses, dividendos, beneficios y primas y cualesquiera otros productos del capital invertido bajo cualquier forma de contrato civil o mercantil tarifados en Ley.

• La tarifa tercera de contribución de utilidades, contemplaba las utilidades que el trabajo de la persona, juntamente con el capital, produzcan en el ejercicio de industrias no gravadas en otras formas y determinadas expresamente en la presente Ley.

Las reformas de 1900 que afectaron a la imposición indirecta se refieren a una corrección de determinados concepto en la imposición de derechos reales y transmisión de bienes, introducción de nuevos conceptos en el Impuesto del Timbre, gravando (por primera vez) los documentos derivados de operaciones de Bolsa. Se estableció un impuesto sobre el azúcar y se retocaron algunos derechos aduaneros.

El tradicional déficit de los presupuestos cambió de signo, ya que a partir de 1899 los presupuestos se cerraron con saldo positivo, al revés que ocurría en el siglo XIX (estos superávit se debieron más a un estancamiento de los gastos que al incremento de los ingresos). De 1900 a 1914 sólo se cerraron con déficit en 1910,13 y 14 (tuvo influencia el programa de ayuda a la Marina y el recrudecimiento del conflicto de Marruecos)

La reforma de Fernández Villaverde desplazó la tributación decimonónica (basada en la contribución territorial y los consumos) hacia una tributación que se mantuvo en vigor hasta 1978.

También con esta reforma se comenzó a igualar la presión fiscal industrial y agraria. Este cambio estuvo acompañado de mutaciones en la estructura del gasto, con un menor peso de los gastos en defensa, deuda y servicios generales y un aumento de los gastos en servicios económicos y educativos. Se creaban los rudimentos de un Estado más intervencionista.

8.1. - CONCEPTO Y ALCANCE DE LA DESAMORTIZACIÓN

Se entiende por desamortización el conjunto de disposiciones tomadas por el poder político con objeto deliberar la propiedad acumulada en determinadas manos (“las manos muertas”), restituyéndolas al tráfico jurídico.

La desamortización afectó a cientos de miles de fincas rústicas y urbanas procedentes de instituciones civiles y eclesiásticas. Bienes y fincas que habían sido tanto del clero como de instituciones civiles, cayeron ante las inaplazables necesidades de la Hacienda española en “públicas subastas”

8.1.1. - Fases del proceso desamortizador

Existen cuatro fases o épocas de desamortización:

Desamortización del año 1798: afectó a bines raíces pertenecientes a casas de beneficiencia, hermandades, obras pías y patronatos de legos. Sus ventas no arreglaron la situación de la Hacienda. Durante la misma se vendió una sexta parte del patrimonio de la Iglesia. La mayoría de las ventas correspondieron a porpiedades situadas en las provincias andaluzas de Sevilla, Córdoba y Jaén.

Desamortización del trienio liberal (1820-23): durante este período fue suprimida la Compañía de Jesús, se incautaron los bienes de numerosos monasterios, se prohibió la fundación de nuevas órdenes y se aplicó al crédito público las rentas sobrantes de los conventos que quedaban.

Desamortización de Mendizábal (1836-1844): Fue obra de Juan Alvarez Mendizábal, nombrado ministro de Hacienda en ese mismo año. Dada la situación de la Hacienda, Mendizábal vio como única salida la incautación de los bienes del clero y su posterior venta. Las ventas se iniciaron en junio de 1836, y hasta 1841 se limitaron a los bienes del clero regular (pertenecientes a órdenes religiosas); desde este último año afectaron también a los bienes del clero secular (clérigos dependientes de los obispos).

Desamortización de Madoz (1855): El impulsor de la misma fue Pascual Madoz Ibáñez, nombrado ministro de Hacienda en ese mismo año. En virtud de la Ley de 1 de mayo de 1855 (art.1) se declaraba en estado de venta, sin perjuicio de las cargas y servidumbres a que legítimamente estuviesen sujetos, todos los predios rústicos y urbanos, censos y foros pertenecientes al Estado, al clero, a las órdenes militares de Santiago, Alcántara, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén; a cofradías, obras pías y santuarios; a los propios y comunes de los pueblos; a la beneficiencia, a la instrucción pública y a cualquiera de los otros pertenecientes a manos muertas, ya estén o no mandados vender por leyes anteriores.

Las tres primeras afectaron fundamentalmente a los bienes que habían pertenecido de alguna forma a la Iglesia, y la última, sobre todo, al patrimonio de las corporaciones civiles. La más importante de todas fue esa última, la que estuvo vigente más años y la que alcanzó un mayor volumen.

La desamortización fue el gran fenómeno del siglo XIX. De 1836 en adelante, hasta finales del siglo XIX, se vendieron más de 600.000 fincas, que alcanzaron un valor en venta superior a los 11.000 millones de reales, ejerciendo un fuerte impacto sobre la evolución de la economía nacional

8.1.2. - La desamortización eclesiástica o de Mendizábal (1836-1844)

La desamortización de 1836 afectó a los bienes de la Iglesia. El clero regular, tan rico propietario de un inapreciable tesoro, abandonaría los conventos y sus riquezas y, en consecuencia, desde el punto de vista artístico, los destrozos que causó la desamortización fueron enormes.

Los edificios del clero secular, al no tener que abandonar sus moradores las residencias y al permanecer las iglesias abiertas al culto, prácticamente no se vieron afectados, en relación a los del clero regular.

La desamortización de Mendizábal se realizó con falta de maduración y de forma atropellada. La operación desamortizadora creó una segunda clase de latifundios, que se aprovecharon de las condiciones de venta de los bienes nacionales. Los beneficios económicos fueron indudables, pero no da los frutos que se esperaban tanto desde el punto de vista puramente monetario como en otros aspectos.

8.1.3. - La desamortización civil o de Madoz (1855-1900)

La desamortización de 1855 tuvo mayor importancia que la de 1836, tanto desde el punto de vista del número de años que estuvo vigente como del volumen que alcanzaron las ventas. Las diferencias más acusadas con la desamortización de Mendizábal, es que en ésta la casi totalidad de los bienes vendidos procedían del clero y en especial del clero regular, mientras que en el segundo, las instituciones más afectadas fueron los municipios con la pérdida de gran cantidad de bienes propios. Los bienes de propios constituían parte de la propiedad colectiva de los pueblso. Dentro de esta propiedad colectiva se distinguían, de una parte, los bienes comunales (dehesas, montes, pastos), cuyo usufructo era disfrutado gratuitamente por el común de los vecinos del pueblo; y de otra, los bienes de propios, cuyo usufructo, en muchos casos, era arrendado periódicamente al mejor postor.

Fueron estos bienes de propios y no los comunales, los que se vieron afectados por el proceso desamortizador de 1855.

Dentro de los bienes vendidos a partir de 1855, tanto en los procedentes de propios como del clero, predominaban las fincas rústicas. Se puede afirmar que la desamortización de 1855 tuvo un carácter más “rústico” que “urbano”.Ciñéndose a dichas fincas rústicas, se puede sostener que las vendidas durante la época de Mendizábal eran, en conjunto, muy superiores en situación geográfica y calidad de terreno a las adjudicadas a partir de 1855. En contra la extensión de lo vendido fue mucho menor.

La desamortización de 1855 fue muy importante, porque gracias a ella millones de hectáreas de tierra esparcidas por todo el territorio nacional cambieron de propietarios. Desaparecieron las inmensas posesiones de los pueblos y municipios, que pasaron a manos de particulares.

Entre 1836 y 1900 la extensión de fincas rústicas vendidas era de unos 10 millones de hectáreas (20% del territorio nacional).

8.1.4 - Consecuencias del proceso desamortizador: la desamortización, una oportunidad perdida

La desamortización del siglo XIX tuvo una gran importancia en la estructuración de la España contemporánea. Pero seguramente el desarrollo de la economía española se hubiese podido orientar de una manera totalmente distinta si la desamortización se hubiese efectuado con arreglo a otro criterio.

Mantenimiento de la concentración de la propiedad en manos de grandes terratenientes

Al margen de que muchas familias quedaran beneficiadas porque lograron adquirir extensiones de terrenos y de que, debido principalmente a su pobreza, dedicaron sus campos a cultivos inapropiados, de hecho, los mayores beneficiados por la desamortización fueron pocos, es decir, nuevos latifundistas, que adquirieron unas grandes extensiones de terreno y que, además, tenían una mentalidad especial. Así se realizó, sin duda, un cambio profundo en la estructura de la sociedad pero sustituyéndose el poder económico de las entidades municipales por el de una clase social: los terratenientes.

Falta de espíritu de empresa y descapitalización de la agricultura

El desarrollo económico necesita, en especial, en el período de más impetuoso despegue, un fuerte ahorro que se puede conseguir con una desigual repartición de las rentas, con objeto de las clases empresariales y capitalistas tengan un mayor excedente de ahorro y de subsiguiente inversión. En España, el proceso desamortizador favoreció el que se introdujeran esas desigualdades. Los adquirientes de bienes desamortizados intentaron obtener los máximos beneficios de sus explotaciones, presionando a la mano de obra, sin intentar intensificar la capitalización del campo con objeto de incrementar la productividad y los rendimientos.

Estas familias de terratenientes se constituyeron como grupos cerrados, y sus descendientes, los unos se estancaron en la situación de “señoritos del pueblo”; los otros, más activos, cursaron estudios en escuelas especiales o en la Universidad y quedaron vinculados a profesiones liberales, pasando abiertamente algunos de éstos al campo de la política.

Con la desamortización surge la fisonomía de nuestros pueblos: de un lado, la figura de los terratenientes, de los primeros contribuyentes - calcoide del fenómeno político-social del caciquismo -; de otro, el vecindario, “ligado principalmente por el lazo de tierra a la dependencia jurídica, política, económica, integral respecto a aquéllos.

Los miembros de la comisión que se encargaron de redactar el proyecto de ley para la desamortización general de los bienes de manos muertas, en 1855. Señalaban en su dictamen que la desamortización sería “una revolución fundamental en la manera de ser de la nación española” y que al mismo tiempo aquélla “era un golpe de muerte al antiguo y deplorable régimen y además la fórmula y resumen de la regeneración política de nuestra Patria”

La desamortización no logró, como se proponía, afianzar el régimen representativo, si con ello se quería decir que como resultado de la misma se constituiría una nutrida clase campesina en las diversas provincias y que su vinculación democrática correría paralela a su importancia y crecimiento.

La desamortización y la obstaculización del desarrollo industrial

La desamortización probablemente retrasó el proceso de industrialización, en tanto que canalizó un volumen cuantioso de dinero a la compra de fincas. Con la desamortización, además, se abrió camino a la posterior vinculación del poder económico al político, en cuanto fueron los terratenientes los que, dueños de gran parte del poder político, guardaron celosos las prerrogativas económicas y tuvieron buen cuidado de que la estructura económica del campo permaneciese intacta.

Una consecuencia muy importante del proceso de desamortización fue la desacertada constitución de una estructura social en la que en pleno siglo XIX difícilmente se inserta una clase media, en cuanto, por un lado, consolidó una estructura de propiedad un tanto latifundista y, por otro, una gran masa de trabajadores campesinos asalariados en el campo, o lo que es parecido, de pequeños propietarios.

Con la carencia de un grupo social medio, de una clase ahorradora capaz de sostener e incrementar la demanda del sistema, difícilmente se podía lograr un desarrollo económico, por no existir una masa amplia y homogénea que asegurase el mercado. Esta clase media es la que debía haberse intentado constituir en España en el transcurso del siglo XIX, aprovechándose del inmenso trasvase de riqueza rústica que tuvo lugar con motivo de la desamortización, oportunidad que se perdió opr haber incurrido los gobernantes en un grave error histórico.

8.2. - LA POLÉMICA PROTECCIONISMO/LIBRECAMBIO

8.2.1. - La expansión de la economía británica y la defensa del librecambio

Inglaterra había proclamado, desde mediados de siglo, el librecambio, doctrina que triunfó después de una apasionada polémica en la que intervinieron distintos grupos sociales, que defendían sus respectivos intereses.

Las consecuencias de estas medidas para la economía inglesa serían, en conjunto, altamente beneficiosas, aunque se sacrificó en gran medida la agricultura, permitiendo la entrada de productos extranjeros, sobre todo trigo.

8.2.2. - Los intereses en conflicto

La economía y la política de España se verán envueltas en esta contienda de final feliz para el proteccionismo, aunque el librecambio alcanzara éxitos pasajeros.

Desde un punto de vista doctrinal, el gran argumento de los proteccionistas se apoya en la necesidad de proteger a una industria o a un producto determinado con fuertes derechos de importación, de una manera pasajera o provisional, con objeto de que se desarrolle con criterios de competencia y productividad. Esta era la argumentación de Federico List, que afirmaba que “durante la transición desde una economía agraria a una industrial era esencial la imposición de derechos de aduana”

Sus contrarios sostenían que la protección era injusta (no se puede proteger a una industria sin perjudicar a otra o al consumidor) y también insuficiente - si no lo fuera, estaría en condiciones de competir y no necesitaría protección.

Se podría sostener que la polémica proteccionismo/librecambio viene a ser la discusión económica de la controversia política entre liberales y conservadores, entre progresistas e inmovilistas, aunque no con total nitidez, porque hay quien es defensor del librecambio para un grupo de productos y de la protección para otros.

Los intereses del sector textil y la defensa del proteccionismo

La industria textil fue una gran actividad industrial en el siglo XIX y sus propietarios y dirigentes intervinieron en la política nacional, influyendo en aspectos importantes de su política económica.

El movimiento de introducción de los nuevos inventos fue muy rápido, ya que la máquina hiladora de algodón la patentó Hargreaves en 1767 y ya funcionaba en Cataluña antes de 1780. La máquina de Arkwright, de 1769, se introdujo en 1781. La mulejenny de Crompton, de 1775, combinación de las anteriores, movida primero por fuerza hidráulica y después por vapor, se introdujo en Cataluña hacia 1803-1804. La introducción de estas máquinas y la necesidad de fuerza hidráulica asentó la industria en los denominados “pasillos fluviales”, como El Cardoner, Llobregat, Ter y Fluvía.

Junto con este desarrollo va apareciendo una legislación en el siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III. En 1760 se suprimió la prohibición de importar tejidos de algodón; diez años después, en 1770, se vuelve a la prohibición. Desde este primer moemento tuvo lugar una política de vaivén entre librecambio y proteccionismo. Po rello se ha sostenido que en la época de Carlos III se pueden observar los inicios de una “actitud librecambista”, que es el fruto del pensamiento de la Ilustración y que no responde todavía al librecambismo liberal y doctrinario.

En el año 1770 se constituye la Comisión de Fábricas de Hilados, Tejidos y Estampados de algodón del Principado de Cataluña que desempeñaría un papel importante en la defensa de los intereses industriales. La prohibición del año 1770 se ratificó al año siguiente en 1771; unos años después, en 1778, la autorización a treces puertos españoles, entre ellos Barcelona, para realizar el comercio con América (hasta entonces reservado a Sevilla y Cádiz) decretaron la libertad de la industria en 1813, indicando que cualquier español o extranjero avecindado podrá ejercer libremente cualquier industria u oficio útil, sin necesidad de examen o título de incorporación a los gremios respectivos.

En la controversia entre la Comisión de Fábricas y las organizaciones gremiales participó, entre otro, el abanderado proteccionista Eudaldo Jaumandreu, sacerdote y profesor de Economía Política, que se inclinó progresivamente a favor de la nueva industria sosteniendo que “todo privilegio es odioso y, como tal, debe restringirse y no ampliarse”. Los gremios fueron muriendo al compás de las ideas y de las transformaciones técnicas.

Los años de las guerras napoleónicas fueron de enorme dificultades para la industria textil.

8.2.3. - Los aranceles de 1826 a 1869: lento avance al librecambio

En el año 1826 se aprobó el arancel que llevaba por título “Real Arancel general de entrada de frutos, géneros y efectos del extranjero para el gobierno de las Aduanas del Reino”. El arancel era, en conjunto, acusadamente proteccionista. Se prohibía la importación de más de 650 artículos y el resto de mercancías extranjeras tenía que pagar derechos que oscilaban entre el 15 y el 25 por 100 de su valor.

Personajes importante del lado proteccionista son: Eudaldo Jaumandreu, Buenaventura Carlos Aribau, Juan Güell y Ferrer, Manuel María Gutiérrez, Pascual Madoz, Andrés Borrego, etc.

En 1832 se insistía nuevamente en la prohibición de introducir manufacturas de algodón extranjeras. Los años de la guerra carlista (1833-1839) contribuyeron a generalizar una situación caótica. El mundo proteccionista se hallaba ubicado en zonas industriales preferentemente carlistas. Sin embargo, el triunfo fue de los liberales, más partidarios de la corriente librecambista inglesa.

En 1840 se anunció la reforma arancelaria que, publicada en julio de 1841, entró en vigor en noviembre del mismo año. En su preparación y discusión intervinieron los industriales catalanes, los cerealistas castellanos y los metalúrgicos bilbaínos.

El arancel de 1841 fue un arancel de transición. El número de partidas cuya importación quedaba prohibida descendió a 88, frente a las 650 de 1826. Igual que el arancel anterior, se dividía en cuatro partes: de importación del extranjero, importación de América, importación de Asia y exportación del Reino. Continuó prohibida la importación de los tejidos de algodón, así como la del trigo, centeno, cebada, lana, calzado, mármol, sal, ropas confeccionadas, muebles, buques de menos de 400 Tm, etc.

De 1841 a 1849-> Gran tensión

La Junta de Fábricas porcedió a la creación del Instituto Industrial de Cataluña, que se constituyó en 1848, presidido por Güell y Ferrer, con un medio de prensa diaria: El Bien Público, con subtítulo de Diario del Instituto Industrial de Cataluña. Las posturas proteccionistas muchas veces fueron ridiculizadas con argumentos poco científicos.

En Madrid surge la Unión Comercial y la Sociedad Mercantil Matritense en defensa de los intereses librecambistas, con publicaciones periódicas, como La Guía del Comercio, La España o la Revista Militar.

En el transcurso del año 1849 se anunció la presentación a las Cortes de un nuevo proyecto de reforma de aranceles; se presentó y se aprobó. En el mes de febrero, Alejandro Mon, ministro de Hacienda, indicó la necesidad de la reforma y definitivamente se aprobaba el nuevo arancel por Real Orden en el mes de octubre. Fue un arancel en que se disminuía la protección anterior. Sólo para 14 artículos (entre los que continuaban los cereales, harinas, buques menores de 400 Tm, preparados farmacéuticos, etc). La mayor parte de los artícuos de los que se había levantado la prohibición quedaban muy gravados (hasta en un 50%).

Este arancel, teóricamente, estuvo vigente durante 20 años, aunque en la práctica tardó muy poco en sufrir modificaciones. Al cabo de un año y medio ya habían surgido decretos o disposiciones de la Dirección General de Aduanas que suponían 130 modificaciones.

El tratado comercial de Cobden-Chevalier entre Francia e Inglaterra, en 1860, supuso el espaldarazo definitivo al librecambio. Pero este éxito fue pasajero, porque la mayoría de los países, a partir de la crisis de 1873, aplicaron políticas de defensa iniciando una política de protección y de repliegue nacional que a la vez, y como contrapartdia, llevaría aparejado en algunos casos un desarrollo de la política colonial.

En 1859, los librecambistas habían constituido la Asociación para la Reforma de los Aranceles, con hombres tan importantes como Figuerola, Castelar, Alcalá Galiano, Echegaray, Moret, afirmando con insistencia que el proteccionismo lo pagaba toda España, mientras que del mismo modo sólo beneficiaba a unos pocos.

8.2.4. - El arancel de 1869 y el triunfo del librecambio

La revolución del año 1868 llevó al poder a los partidarios del librecambio y, en consecuencia, era de prever que no se tardaría en modificar la legislación. En noviembre del mismo 1868 se abolió el derecho diferencial de bandera y se presentó un nuevo proyecto de arancel.

Fue precisamente un catalán, Laureano Figuerola y Ballester, el que decretó el arancel más librecambista del siglo XIX, promulgado formando parte de la Ley de Presupuestos, el 1 de julio de 1869.

El denominado “Arancel Figuerola” era librecambista con numerosas reservas, ya que la mayor parte de ls productos tenían que pagar unos derechos arancelarios que oscilaban entre el 20 y el 35%. Se establecieron 2 tarifas: una para las importaciones y otra para las exportaciones, y los derechos arancelarios se clasificaron en extraordinarios, fiscales y estadísticos. Se pretendía que ésta fuera un legislación transitoria para llegar a una fase de total librecambio. Por ello se establecía en la base quinta que los derechos de carácter extraordinario estarían vigentes sólo durante 6 años. Y pasado dicho período, se irían reduciendo escalonadamente durante seis años más. Es decir, que las tarifas se irían rebajando a partir de 1875, y desde 1881 no habría ninguna que sobrepasara el 15%.

¿Qué ocurrió? De 1869 a 1875 los acontecimientos políticos fueron muchos e importantes y en 1875 había tenido lugar la Restauración en la persona de Alfonso XII.

Seis días después, un gobierno presidido por Cánovas suspendió la aplicación de la base quinta del arancel Figuerola. Se había detenido momentáneamente el librecambio. El nuevo arancel de 1877 modificaba algo el de 1869 e introducía unos recargos extraordinarios transitorios que de hecho suponían un aumento de tarifas.

De nuevo, en 1881, los liberales ocuparon el poder, y en 1882 se modificó el arancel de 1877 y se repuso la base quinta con el objetivo de rebajar todas las tarifas hasta el año 1892, pero otra vez los cambios de ejecutivo paralizaban los proyectos.

En 1888 en Cataluña, el Fomento de la Producción Nacional se fusionó con la asociación de fabricantes llamada Instituto de Fomento del Trabajo Nacional, y tomó el nombre de Fomento del Trabajo Nacional, institución que perduraría sin variación hasta el año 1940. La industria textil algodonera estaba atravesando malos años de 1885 a 1888.

Cánovas volvió al poder en 1889 y nombró una comisión de 24 miembros que tenía que informar sobre la conveniencia de efectuar una revisión arancelaria, y en su dictamen, favorable a las tesis proteccionistas, aconsejaban que se revisara a fondo la legislación arancelaria, se denunciaran los tratados de comercio que obligaban a compromisos especiales y la cláusula de la nación más favorecida, excepto el celebrado en Marruecos y se aconsejaba que el comercio con los puertos españoles de ultramar se reservara en exclusiva a los de bandera española.

8.2.5. - El arancel de 1891 y la vuelta definitiva al proteccionismo

El 24 de diciembre de 1890, por Real Decreto, se derogaba definitivamente la base quinta de la Ley de Presupuesto de ingresos de año 1869, y que tantas luchas había desencadenado durante veinte años. En 1891, el mismo Cánovas publicó un folleto de trascendencia económica y política por lo que suponía, titualado “De cómo he venido yo a ser doctrinalmente proteccionista”. Cánovas creaba la metafísica de la autarquía: “La economía política debe aceptar el consejo de patria y someterse a el. La patria es una asociación de consumidores y productores para su ayuda mutua, con el fin de crear una vida propia de la misma manera que se crea una familia individual”

A partir de 1891, año en el que se promulgó el nuevo arancel protecionista, los pilares proteccionistas tenían como base la industria textil de los productores de trigo castellanos y la industria del País Vasco. El proteccionismo se vio apoyado tanto por los conservadores, que lo ponen en práctica o como una necesidad económica, como por los liberales, que ven en ello una necesidad electoral.

Cuando en 1892 Moret trató de volver de alguna forma al librecambio a través de un acuerdo con Alemania, ampliable a otros países, el tratado fue rechazado por el Senado. El proteccionismo triunfaba en toda Europa y de una forma total en España.

Los acontecimientos nacionales, con la pérdida de las colonias (1898), influyeron en que se tendiera a un mayor proteccionismol. Así llegó la Ley de Bases Arancelarias del año 1906, de signo muy protector, y que prácticamente estuvo en vigor hasta el año 1960. De dicha Ley de 1906, junto con la Ley de Protección a la Industria Nacional de 1907, cerraron a favor del proteccionismo la polémica que brevemente ha quedado reseñada.

La industria algodonera catalana, por ejemplo, quedó limitada a una industria de sustitución de importaciones sin posibilidades de competir con los mercados extranjeros, enteramente vinculada a una agricultura de subsistencia y acabó el siglo XIX con los mismos problemas con los que había comenzado: desaparición del mercado colonial y con un insuficiente mercado nacional.

Examinada en su conjunto la posición proteccionista parece haber sido la más adecuada a los intereses económicos del país. Sólo un régimen que asegura condiciones de privilegio puede esperar lógicamente la aparición y el arraigo de unas industrias necesarias a la nación. Sin embargo, el proteccionismo debe ser contemplado como un sistema de política económica para una determinada fase del desarrollo, y en el caso español se prolongó en exceso.

9.1. - ORÍGENES DEL ASOCIACIONISMO OBRERO: LAS SOCIEDADES DE SOCORRO MUTUO (1839-1868)

Ninguno de los textos constitucionales anteriores a 1868 menciona entre los derechos individuales los de reunión y asociación.

En esta situación el conflicto responde a dos formulaciones básicas: la competencia entre vendedores que influye en el precio y el enfrentamiento entre empresarios y trabajadores por la determinación del salario y las condiciones de trabajo, que hacen lo mismo respecto al costo.

En el ámbito industrial las primeras asociaciones de empresarios para defender sus intereses fueron la Comisión de hilados, tejidos y estampados de algodón, que en 1847 pasó a denominarse Junta de Fábricas, para englobar también a empresarios de otros sectores industriales. En Madrid en 1839 surgió la asociación para la defensa del trabajo nacional, y al año siguiente el Instituto Industrial de España

Las mutualidades fueron los primeros cauces a través de los cuales se fraguaron las asociaciones de trabajadores industriales., máxime en un momento en que las instituciones que habían asumido estos problemas durante el antiguo régimen, Iglesia, hospitales, gremios, habían sufrido el impacto de la desamortización o habían sido disueltas como en el caso de los gremios en 1836.

La primer autorización legal para la constitución de una asociación obrera fue la R.O. de 28-II-1839, que autorizaba a los gobernadores para que constituyesen corporaciones de ayuda mutua. Al amparo de esta R.O. se constituyó en Barcelona, al año siguiente la Asociación Mutua de Obreros de la Industria Algodonera, prohibida al cabo de unos meses, creándose a propuesta del Ayuntamiento una comisión paritaria integrada por diez miembros para dirimir los conflictos.

La conflictividad obrera de comienzos de los cuarenta endureció el carácter restrictivo de la legislación. Durante estos años fueron frecuentes las destrucciones de máquinas. Desde 1846 se implantó la utilización de la cartilla de trabajo, donde se reflejaba la historia de cada obrero y sin la cual era muy difícil obtener trabajo. En 1850 se volvía a reafirmar la prohibición de toda asociación obrera que tuviera fines distintos a los meramente asistenciales.

En 1854 se reactivó el movimiento obrero al producirse la que ha sido denominada primera huelga general, fijándose las bases reguladoras de los conflictos laborales, que se limitaban a crear un tribunal especial con atribuciones ilimitadas, integrado por tres funcionarios designados por el gobierno, sin participación obrera. Las bases del arreglo interior de fábrica eran aún más restrictivas por cuanto permitían alterar salarios y condiciones de trabajo. Las sociedades de socorro mutuo quedaban restringidas en su funcionamiento al imponerse que sus reuniones hubieran de ser presididas por la autoridad pública, sus fondos depositados en establecimientos públicos y la disposición de los mismo controlada por la autoridad local.

Con el triunfo del levantamiento progresista se aprobaría el primer reglamento de asociaciones obreras. Se crearon jurados mixtos, se autorizaba la realización de convenios colectivos y se prohibía el cierre de fábricas sin un preaviso de ocho días. En julio de 1856 se produjo una huelga general. Un manifiesto de la Comisión de la clase obrera solicitaba el restablecimiento de los jurados mixtos, la reducción de la jornada laboral a diez horas y la libertad de asociación.

Barcelona fue la ciudad en la que se inició la vertebración del movimiento obrero por los años cincuenta. En la Ley de Asociaciones de Alonso Martínez se regulaban las condiciones de trabajo, se fijaba la responsabilidad patronal en caso de accidente, pero no se admitía la negociación colectiva de los contratos, y los conflictos se someterían a comisiones, cuyo carácter mixto resultaba dudoso. A cambio de estas limitadas concesiones no se reconocerían más que asociaciones de ayuda mutua que no superasen los 500 miembros, y los huelguistas serían castigados con presidio menor.

Este proyecto de ley fue retirado tras la eliminación de Espartero. El régimen moderados que siguió a la disolución de las Cortes constituyentes mantuvo una política basada en el control y la represión, especialmente tras el levantamiento de Loja (Granada) de 1861 (este levantamiento de carácter socialista, tuvo como organizador a Rafael Pérez del Alamo). La villa de Iznájar se alzó al grito de “Viva la República y muera la reina”. Pérez del Alamo dirigió un manifiesto al país en el que se decía que la misión de los suyos era defender los derechos del hombre “tal como lo preconiza la prensa democrática, respetando la propiedad, el hogar doméstico y todas las opiniones”. Los revolucionarios fueron dispersados por el Ejército a la semana del levantamiento. Los primeros contactos con el movimiento obrero internacional (Asociación Internacional de Trabajadores) se produjeron durante el tercer congreso de esta Asociación, celebrado en Bruselas en 1868, quince días antes de que Isabel II abandonara España.

9.2. - APARICIÓN DEL SINDICALISMO Y SU DESARROLLO DURANTE LA RESTAURACIÓN (1868-1923)

La revolución del 68 fue un asalto al poder realizado por un grupo, en su inmensa mayoría de extracción burguesa, que trata de configurar un sistema político más abierto a la participación de los ciudadanos - sufragio universal, supremacía parlamentaria en el proceso político - y un sistema de poder que respetase los derechos de los ciudadanos.

9.2.1. - Nacimiento del movimiento obrero durante el sexenio (1868-1874)

Se dan dos factores: la aprobación del derecho de asociación (Decreto-ley de 20-XI-1868) y la llegada a España de agentes de la I Internacional, como consecuencia de contactos previos mantenidos en el tercer congreso de la A.I.T en Bruselas.

Al conocer el triunfo de la república, Bakunin envió a España a Fanelli, quien logró establecer en Barcelona y Madrid grupos que servirían de germen al desarrollo del movimiento obrero. Desde un primer momento ambos núcleos tuvieron características propias: el de Barcelona se mantenía fiel a un programa reformista, mientras que el de Madrid sentaría las bases del internacionalismo proletario. Se convocó un congreso obrero nacional donde se aprobaron las principales líneas de actuación: sustituir la organización del Estado y la propiedad privada de los medios de producción por la asignación de éstos a los trabajadores organizados y la configuración de la sociedad como “una libre federación de libres asociaciones obreras”.

El rápido desarrollo del movimiento provocó el recelo de las autoridades. La crisis interna de la internacional provocada por el debate entre anarquistas partidarios de abolir el Estado y evitar la canalización política del movimiento obrero, y los marxistas partidarios de la estrategia de ganar el poder político para transformar la sociedad provocó una escisión en el movimiento internacional. Este conflicto se planteó también en el movimiento español, claramente alineado desde sus orígenes con las posturas anarquistas y las posiciones marxistas sólo tuvieron eco en un grupo minoritario de la Federación Madrileño. Estos crearon la nueva Federación Madrileña el 8 de julio de 1872.

9.2.2. - El sindicalismo de corte marxista: la U.G.T.

Con la restauración monárquica (1874) y el ascenso de los conservadores al poder, se inició un período de represión hasta 1881 en que el gobierno liberal-fusionista abre una fase de tolerancia que se prolonga hasta 1887. En este año la Ley de Asociaciones legalizó las asociaciones obreras. Esto permitió el nacimiento de grandes organizaciones sindicales. El partido socialista obrero de España, surgido en la clandestinidad en 1879, impulsó la creación de la Unión General de Trabajadores como sindicato independiente del partido. Para la constitución se eligió la ocasión creada por la celebración de la exposición universal de Barcelona de 1888.

La U.G.T se formó mediante la federación de diversas asociaciones sindicales y en 1910 eligieron su primer diputado en Pablo Iglesias. En el congreso de 1899 se acordó poner en práctica la celebración del 1º de Mayo, en cumplimiento de lo acordado en el congreso de la Internacional de París en 1889. El 1º de Mayo se fue celebrando, con o sin manifestaciones, hasta la dictadura de Primo de Rivera. En 1908 se inauguró en Madrid la Casa del Pueblo, sede de la U.G.T. En el año 1909 se unieron con los republicanos para luchar en frente común contra Maura.

9.2.3. - Sindicalismo anarquista

Hasta los años 90 la fuerza del anarquismo radicó en Andalucía. Las reivindicaciones de los anarquistas abogaban por la abolición del trabajo a destajo, salarios más elevados y, principalmente, por el “socialismo natural” del reparto, con el lema de una división de las grandes fincas.

En 1881 se constituyó en Barcelona la Federación de Trabajadores de la Región Española, de institución anarquista. Esta organización radical cobró rápidamente gran fuerza, especialmente, por la suma de sus dos principales corrientes, la de los obreros catalanes y la de los andaluces. Dicha fuerza y los enfrentamientos con los propietarios andaluces crearon un clima de violencia que obligó al gobierno a reprimir duramente la actividad sindical.

A partir de 1888 el sindicalismo anarquista quedó reducido a pequeños grupos organizados en Cataluña y a los actos terroristas realizados individualmente por seguidores del credo anarquista.

Duramente perseguido, el anarquismo perdería importancia y disminuiría su actividad hasta comienzos del siglo actual, que constituyó la Federación de Sociedades Obreras de la Región Española, se infiltra en otras agrupaciones obreras y persigue con fracasos repetidos la huelga general

9.2.4. - Orígenes del sindicalismo católico

El movimiento obrero de signo cristiano tuvo un gran impulsor en el padre Antonio Vicent, fundador en el año 1864 de un Círculo Católico Obrero en Manresa y extendió su labor en numerosos puntos de la Península a través de la constitución de cooperativas, círculos, etc.

En 1895 se había constituido la Asociación para la defensa de los intereses de la clase obrera, que se proponía fines de apostolado, instructivos, mutualistas y proporcionar trabajo a los desocupados. También como una acción social de inspiración católica, cabe citar la creación de las Cajas Rurales, y en 1897 la aparición del primer sindicato católico, que fue el de tipógrafos de Madrid, perteneciente al círculo de San José.

Pero el movimiento sindical católico propiamente dicho no surge hasta 1906 con los primeros sindicatos agrarios católicos.

La acción de estos sindicatos se basaban en la colaboración entre las distintas clases y en la búsqueda de un corporativismo. Nunca alcanzaron un arraigo excesivo, en su mejor momento, rondaron a los 20.000 militantes, que estaban muy lejos de los cientos de miles de afiliados a la U.G.T o C.N.T. Además mantuvieron siempre tensas relaciones con los otros sindicatos que les tachaban de “amarillistas”, es decir, de ser proclives a los intereses de los patronos.

A partir de 1910 los progresos de la industrialización proporcionaron el sindicalismo, tanto de inspiración socialista como anarquista, su oportunidad. Los años decisivos fueron los que mediaron entre 1916 y 1923. La primera guerra mundial provocó una fuerte subida de precios que amenazó el mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios. En esta situación los dos grandes sindicatos (U.G.T. y C.N.T.) suscribieron un pacto para la realización de una huelga general en 1917, con la que se inició el llamado “trienio bolchevique”,período de mayor violencia de la lucha sindical.

Todo ello llevó a enfrentamientos especialmente violentos en la región catalana, donde los anarquistas actuaron con una gran violencia. A partir de este momento se desarrolla una espiral de huelgas, cierres patronales (lock-out), atentados, asesinatos y represión por parte del gobierno protagonista de graves violaciones de los derechos contemplados en la constitución de 1876. Esta situación contribuyó a que llegara el golpe militar y la dictadura del general Primo de Rivera.

9.3. - EL MOVIMIENTO SINDICAL DURANTE LA DICTADURA

La dictadura persiguió con todos sus medios al sindicalismo cenetista y los dejó fuera de la legalidad en 1924. La situación de clandestinidad a que quedó reducido el sindicalismo anarquista provocó el surgimiento de un movimiento muy radicalizado, la Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.), que se constituyó en la clandestinidad en la ciudad de Valencia en 1927.

Los ugetistas encontraron una fórmula de convivencia, que les permitió consolidarse como sindicato predominante. Muerto Pablo Iglesias en 1925, el partido siguió funcionando aunque con limitaciones. La U.G.T., en el año 1928, pidió el reconocimiento de los derechos de reunión, asociación, prensa, etc., y asimismo rechazó la formación de un frente único con los comunistas, anarquistas y sindicalistas y todas las organizaciones que no aceptasen los principios democráticos.

Tras el fin de la dictadura, la C.N.T. con un sorprendente esfuerzo logró reconstruir su organización.

9.4. - EL MOVIMIENTO OBRERO DURANTE LA II REPÚBLICA

Pese al esfuerzo organizativo y de afiliación llevado a cabo por la C.N.T., la U.G.T. constituía el principal sindicato al proclamarse la República. La participación del P.S.O.E. en el primer gobierno de la República, y en especial la acción del socialista Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, facilitó la expansión del sindicato socialista. Los principales logros sociales para los trabajadores fueron alcanzados en los dos primeros años de la República de 1931 a 1933.

Un decreto de 1931 restableció los comités paritarios que habían existido durante la dictadura, ahora con la denominación de Jurados Mixtos. Eran tribunales de trabajo, donde, bajo la presidencia de un funcionario nombrado por el gobierno, empresarios y trabajadores podían dirimir sus conflictos. Largo Caballero entregó la mayor parte de las presidencias a socialistas, con lo que los Jurados fallaron generalmente a favor de los trabajadores.

Durante la República la competencia de estos Jurados se extendió al ámbito agrario. Un decreto sobre asociaciones obreras traspasó el control de las mismas al Ministerio de Trabajo desde el Ministerio de Gobernación, con lo que éstas alcanzaron una mayor libertad de acción. Se creó un cuerpo de inspectores de trabajo con el fin de vigilar el cumplimiento de la legislación laboral.

La presencia de los socialistas en el gobierno benefició sin lugar a dudas a la U.G.T. Asimismo, la U.G.T. se benefició de la mayor parte de las subvenciones otorgadas por el Estado para conceder subsidios de paro, ya que tan sólo este sindicato contaba con los requisitos organizativos exigidos por la ley.

Este sindicato penetró también profundamente en el campo, controlado habitualmente por los anarquistas, a través de la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (F.N.T.T.).

La vuelta a la legalidad de la C.N.T. facilitó también el desarrollo de este sindicato. Frente a la línea de actuación del sindicalismo socialista de ir arrancando de los diferentes gobiernos mejoras en las condiciones de la clase obrera, los anarquistas condenaban cualquier colaboración con la autoridad. La única solución para los trabajadores sería la destrucción del Estado capitalista y la constitución de comunas independientes de productores y consumidores. La política de los socialistas (Jurados Mixtos, Ley sobre asociaciones) había hecho a los trabajadores más dependientes de la estructura estatal, por ello los anarquistas no aceptaron estas medidas y pusieron en práctica su ideología revolucionaria.

De 1931 a 1933 se produjeron tres grandes insurrecciones anarquistas. En enero de 1932 en Cataluña; al año siguiente, en enero de 1933 además de por Cataluña, por Aragón, Levante y Andalucía; finalmente, en diciembre de ese mismo año se produjo otra insurrección en Zaragoza. En todas ellas las actuaciones se centraban en la supresión de la propiedad privada y el uso de la moneda y la toma de las casas-cuartel de la Guardia Civil. La conflictividad provocada por el movimiento anarquista minó la estabilidad del gobierno de coalición. El abstencionismo de los anarquistas en las elecciones municipales de 1933 contribuyó a que las derechas obtuvieran la victoria.

Las elecciones generales de 1933 dieron la victoria a las derechas. En esta etapa, los gobiernos conservadores dieron marcha atrás en los avances legislativos introducidos por los socialistas. La entrada de la CEDA en el gobierno, pese a su constante negativa de manifestar su lealtad a la República, provocó el llamamiento de Largo a la revolución social. El llamamiento no fue seguido ni por los campesinos, ni por los trabajadores industriales. Sin embargo, sí que alcanzó amplio eco en el sector minero. El levantamiento de Asturias de octubre del 34 fue duramente reprimido por el ejército.

Recuperada la paz tras el sometimiento del movimiento revolucionario en Asturias, se abre un período en el cual, junto con la recuperación de la economía, se produce la convergencia de las fuerzas de izquierda hacia la formación de un Frente Popular. Esta estrategia venía siendo defendida por el Komitern (Internacional Comunista) como vía para tomar el poder. El Frente Popular así constituido venció ampliamente en las elecciones de febrero de 1936.

La heterogeneidad de los planteamientos de los integrantes del Frente dificultó la adopción de políticas concretas. Se restableció a los ayuntamientos de izquierdas; se decretó la readmisión de los trabajadores despedidos después de 1933 y se restableció la legislación de Largo Caballero. En este ambiente se multiplicaron las ocupaciones de fincas por colectivos de campesinos jornaleros. La conflictividad también se multiplicó en las ciudades desde febrero de 1936 aumentando el número de huelgas. En mayo de 1936 la C.N.T. proponía durante su congreso una alianza con la U.G.T. basada en un programa revolucionario. En este ambiente de radicalización creciente se produciría el alzamiento militar de julio que condujo al país a la guerra civil.

9.5. - LA ACCIÓN SOCIAL DEL ESTADO

A partir de 1850 el pensamiento liberal fue matizando algunas de sus concepciones con respecto al papel que debía jugar el Estado en la ordenación de la vida social y económica. Los liberales poco a poco fueron abandonando el ideal del laissez-faire y fueron valorando el papel que podía jugar el Estado en suavizar las tensiones sociales que provocaba el funcionamiento del sistema capitalista.

9.5.1. - El Instituto de Reformas Sociales

La Comisión de Reformas Sociales se creaba por un R.D. de 5-XII-1883. Tenía como objetivo prioritario iniciar estudios que permitieran conocer la situación real de las clases menos favorecidas, tanto en el ámbito industrial como en el rural. Dependía orgánicamente del Ministerio de Gobernación. Su principal impulsor fue Segismundo Moret.

En 1890 se ampliaron sus competencias y se le encomendó la preparación de leyes tendentes a la mejora de la clase obrera y de las relaciones entre obreros y patronos.

La Comisión de Reformas Sociales dio paso a la creación del Instituto de Reformas Sociales en 1903 por un gobierno presidido por Francisco Silvela. La actividad del Instituto se prolongó a su desaparición en 1924 debido a su inclusión en el organigrama del Ministerio de Trabajo.

De él dependían los servicios de inspección de trabajo (Cuerpo Técnico de Inspección de Trabajo, creado en 1906).

Uno de los logros del Instituto fue mejorar sensiblemente el cumplimiento de la legislación laboral. También impulsó la creación en 1908 del Instituto Nacional de Previsión que perduró hasta 1977 y se encargaría del problema de los trabajadores tras su jubilación.

9.6. - EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

9.6.1. - Duración de la jornada laboral

Al comenzar la restauración las jornadas de catorce horas eran habituales. Tan sólo en Cataluña parecía estar implantada la jornada de doce horas. Los informes de la Comisión de Reformas Sociales muestran cómo a fines del siglo XIX predominaban las jornadas de diez a doce horas.

Por una R.O de 11-III-1902 se fijaba la jornada laboral de ocho horas para las empresas dependientes del Estado. En los años siguientes otros sectores, como la minería, irían consiguiendo la implantación de esta jornada. La negociación y la huelga jugaron un papel importante en este proceso. Por un decreto de 3 de abril se concedió la jornada de ocho horas para la construcción y desde el mes de octubre de ese año se generalizó a todos los sectores; además, se establecía que la jornada semanal no podría pasar de las 48 horas. La aplicación de este decreto fue compleja. Pero el número de infracciones conocidas por la Inspección de Trabajo disminuyeron durante los años veinte.

9.6.2. - Evolución de los salarios reales y nominales

El Estado no intervino en la fijación de salarios mínimos hasta 1926. Pese a las dificultades que presentan las fuentes, parece que, pese al rápido incremento experimentado por los salarios nominales entre 1914 y 1920, el crecimiento aún más rápido de los precios determinó un deterioro de los salarios reales que volvieron a situarse en un nivel parecido al de 1914, siendo más clara la mejoría para los trabajadores cualificados. Esta tendencia se mantuvo hasta 1930, pero el balance para el período 1914-1930 es tan solo ligeramente favorable en cuanto a la mejora de los salarios reales.

9.6.3. - Los progresos de la asistencia social

En España la primera Ley de previsión social data del año 1902. En ella se fijaba el principio de responsabilidad de los patronos en los accidentes laborales. Aunque en 1922 y 1926 se completó la legislación al respecto, hasta 1931-32 éste no se extendió a la agricultura.

En 1908 se creó el Instituto Nacional de Previsión con el fin de establecer un régimen de pensiones vitalicias, régimen en que se combinaran los principios del seguro con el de la aportación estatal. Este sistema no tuvo demasiado éxito y fueron pocos los trabajadores que se acogieron al mismo. A partir de 1922 se implantó el seguro obligatorio de vejez para toda la población trabajadora, comprendida entre los 16 y los 65 años, con ingresos inferiores a las 4.000 pesetas anuales. El seguro se nutriría de las cuotas de los patronos y de las aportaciones del Estado. En 1931 eran beneficiarios unos cuatro millones de trabajadores (50% de la población activa).

En 1919 se intentó implantar un seguro de paro y se dispuso que el Estado colaborase con las mutualidades que ofreciesen esta prestación. Pero la normativa no llegó a aplicarse hasta 1931.

10.1. - LA ECONOMÍA ESPAÑOLA A COMIENZOS DEL SIGLO XX

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) estuvo repleto de acontecimientos que ponían de manifiesto la existencia de una nación con escuálido cuerpo social y con muy poca solidaridad entre los diferentes componentes de las fuerzas políticas y económicas.

El proceso de industrialización apoyado por una clara política proteccionista (1906-1907) continúa, pero a ritmo insuficiente para crear las necesarias oportunidades de trabajo a una población creciente. Y aunque en la legislación social se adopten medidas en que ya se limita para algunos sectores el horario de trabajo, o se imponga el descanso dominical (1904), los progresos sociales fueron pocos. La primera guerra mundial (1914-18) supuso una gran oportunidad a la economía española como consecuencia de la demanda que efectuaron las potencias beligerantes, pero al término de la misma, las oleadas de huelgas y manifestaciones pusieron nuevamente de manifiesto la persistencia acentuada de problemas laborales y sociales (en 1918, oleada de huelgas, en 1919, fue especialmente importante la huelga de Barcelona,etc).

En 1923 el general Miguel Primo de Rivera proclamó la Dictadura y suspendió la Constitución del año 1876. Fue un intento de acabar con el desorden existente (entre 1918 y 1923 el número de atentados en España, la mayoría en Barcelona, fue de 1259, en el quinquenio que se inicia el 13 de septiembre de 1923, el total de antentados fue de 51) e infinidad de políticos e intelectuales confirmaron su simpatía, su adhesión o al menos su no hostilidad, en sus comienzos, a los intentos de Primo de Rivera.

En enero de 1930 Primo de Rivera dimitía después de que su intento de gobierno atravesara dos fases, una primera, exclusivamente militarista, y una segunda, cívico-militar constituyente. A Primo de Rivera le sucedieron dos Gobiernos antes de que se proclamara la Segunda República, en abril de 1931. El Gobierno del general Berenguer, hasta febrero de 1931, que poco consiguió a pesar de su serenidad, equilibrio y moderación. Un paréntesis de crisis en el que varias personalidades rechazaron formar Gobierno se cerró con la aceptación del capitán general de la Armada, Juan Bautista Aznar.

En cuanto a la evolución económica, en este período se pueden distinguir tres fases:

Hasta la primera guerra mundial: proceso general de recuperación, apoyado tanto por los efectos de la reforma de Villaverde, como por la política proteccionista, que quedó sellada con las disposiciones de 1906 -Ley de bases arancelarias - y de 1907 en el que se publicó la ley de protección a la Industria Nacional.

De 1914 a 1918: impacto positivo de la contienda europea sobre la economía, dando lugar a una coyuntura excepcional. A escala nacional, España se pudo liberar de las importantes deudas contraídas sobre todo durante el último tercio del siglo XIX

A partir de 1918: Tuvo que efectuarse una reconversión de la economía. Intensa agitación alrededor del año 1920.

Las características económicas entre los años 1900-1930 son las siguientes:

Zona agraria interior dedicada a cultivos extensivos de productos de gran consumo mundial, con bajos rendimientos, que sólo puede subsistir en base a una rígida y creciente protección y reserva del mercado, destinándose la totalidad de sus productos al consumo interno del país.

La zona periférica industrial, que también produce fundamentalmente para el mercado nacional, dado que la estructura de los costes, la dimensión de las plantas, los bajos niveles de productividad, etc., impide la posibilidad de competir en mercados internacionales. También fuerte y progresiva protección

La zona periférica mediterránea, que consume del interior, a precios altos, productos protegidos y, en cambio, vende parte de sus productos al exterior - sobre todo productos hortofrutícolas -. Estas exportaciones posibilitan las importaciones necesarias para la continuidad de la producción industrial protegida.

En resumen, se trata de un sistema económico que funciona en torno a un mercado interior reducido, reservado de la competencia exterior, aunque con fuerte dependencia de los mercados internacionales (necesidad de unas importaciones crecientes rígidas en la medida en que se quiere garantizar unos determinados ritmos de crecimiento).

El equilibrio del sistema económico reposaba en la periferia exportadora: por un lado la capacidad de compra del mercado interior dependía de unas estructuras agrarias tradicionales. Nuestra industria trabaja principalísimamente para el mercado interior y pulsa enérgicamente o languidece según la abundancia o la miseria de la cosecha.

El otro factor condicionante consistía en la capacidad de colocación en los mercados exteriores de ciertos productos agrícolas o materias primas mineras, en tanto en cuanto que ello condiciona la posibilidad de adquisiciones en el exterior de bienes de equipo, productos semielaborados, materias primas energéticas, etc., y, al mismo tiempo, la posibilidad de absorción, por parte de la periferia exportadora de los excedentes de la producción interior.

10.1.1. - La agricultura

Predominio del latifundio (Centro y Sur), junto a la existencia del minifundio (Norte y Galicia). Pocas inversiones en la agricultura para conseguir explotaciones modernas (mecanización, abonos, semillas selectas, etc). Mano de obra abundantísima, que da lugar a bajas remuneraciones por largas jornadas de trabajo. Bajos rendimientos de la tierra.

10.1.2. - Consolidación de la industrialización

Los primeros años del siglo XX el capitalismo industrial se va consolidando. De 1901 a 1909 se constituyeron 11.303 sociedades, desempeñando las sociedades anónimas un importante papel dentro del total (Hidroeléctrica Española, Energía Elécrica de Cataluña, Asfalto y Portland, Fomento de Obras y Construcciones, Banco Español de Crédito, etc). Los Bancos lograron en sus ejercicios unos considerable beneficios, y los mejores años estuvieron en torno a 1910.

La producción de hulla aumentó considerablemente, el mineral de hierro y de cobre alcanzaron su máxima porducción en 1907.

Se produce una relativa contención de los precios así cmo el mantenimiento de la paridad de la peseta. En este ambiente, no exento de luchas sociales que van, desde la huelga general de Bilbao en 1906 hasta la huelga ferroviaria de 1912, con la militarización de los ferroviarios, pasando por la semana trágica de 1909 y la creación de la Confederación Nacional del Trabajo en 1910, comenzó en 1914 la primera guerra europea, que tantas oportunidades ofrecería a los países neutrales, situados en la misma área geográfica en que se desarrollaba la contienda.

10.2. - EFECTOS DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL SOBRE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

Se incrementaron mucho las exportaciones de numerosos productos (alimentos, textiles, cuero, calzado, papel, metales y productos químicos).

Paralelamente a este aumento de las exportaciones tuvo lugar una dificultad en las importaciones, dando lugar a la creación de muchas nuevas empresas o se ampliaron las ya existentes para cubrir las necesidades que anteriormente cubrían las importaciones, haciéndose con criterios poco económicos y su consecuencia serál el empeoramiento de la estructura de costes de las empresas.

En el transcurso de la guerra, algunas producciones aumentaron considerablemente, como el carbón y el hierro. La industria textil se encontró con problemas por lo difícil que le resultaba lograr algodón. En la agricultura, al poner en expolotación nuevas tierras, muchas de ellas marginales, no aumentaron los rendimientos totales.

Como consecuencia de las exportaciones que tuvieron lugar durante la guerra, la balanza comercial cambió de signo, y lo que tradicionalmente era deficitario, pasó a tener un considerable superávit.

Al finalizar la guerra se impone una reestructuración debido a la crisis de algunos sectores que dejaron de tener la demanda de años anteriores. Las medidas adoptadas provocan CONFLICTO SOCIAL.

Se adoptaron una serie de medidas para reactivar la economía, como es el plan nacional de fomento que prestaba atención al desarrollo de la agricultura, nacionalización de los ferrocarriles, fomento y defensa de la riqueza nacional y también una aceleración de las obras públicas.

Ni estas medidas ni la creación de nuevos Bancos, como el Central (1919) o el Crédito Industrial (1920), lograron cambiar en absoluto una sociedad de tipo casi tradicional, con un fuerte predominio del sector agrario y con tensiones políticas acentuadas con el desastre de Annual en Marruecos (1921).

10.3. - LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA

En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera proclamó la Dictadura militar, suspendiendo la Constitución de 1876. Así se inicia una nueva etapa, en la que tiene lugar un acentuado desarrollo económico, que coincide con una etapa de tranquilidad política, nacional e internacional, y con unos años de recuperación general de la economía de Europa y América, hasta la llegada de la crisis de 1929 en EEUU que se iría extendiendo a Europa.

La dictadura de Primo de Rivera consiguió paz política y prosperidad económica, interrumpiendo el círculo vicioso del terrorismo social imperante en los años interiores, puso fin a la sangría humana y económica de Marruecos, aunque agravó el problema de Cataluña y tramitó tormentosamente el pleito artillero.

10.3.1. - Agricultura

La agricultura continuó siendo el sector más importante desde el punto de vista de la producción y también de la producción. El mercado nacional tiene una baja capacidad adquisitiva, porque los ingresos que porporciona el trabajo del campo son escasos. La mano de obra muy abundante, el paro encubierto fuerte y las remuneracioens tras largas jornadas de trabajo, son pequeñas.

La acción en la agricultura se centró en la ordenación y control de precios, a la vez que se apoyaba la exportación de algunos productos.

El cultivo y la exportacion (de naranjas, mandarinas y limones) era la principal fuente de divisas, por encima de las exportaciones de minerales y las clásicas españolas de vino y aceite.

10.3.2. - Política económica

Se produce una evolución de algunas producciones, como el lingo de hierro, el acero o la energía eléctrica. La industria del cemento aumentó fuertemente debido a las obras de infraestructura, canales y todo tipo de construcciones.

Se produce el desarrollo de la industria química, que consiguió un notable desarrollo, aunque la economía del país respondía esencialmente a un predominio agrario y de producción de bienes de consumo, en un clima de confianza empresarial apoyado por la favorable coyuntura política mundial.

En 1924 se completó la Ley de Protección Industrial de 1917 y se declaró de utilidad pública alguans empresas, dispensándolas de las tarifas aduaneras para importación de cuantiosa maquinaria. Primo de Rivera, obsesionado por sueños de autarquía, quería evitar los productos que se importaban (desde vinos a automóviles) y por ello tenía que apoyarse la producción de todo artículo susceptible de ser elaborado en España, inclusive con independencia de su coste de producción.

También, através de otras muchas sociedades, penetró capital extranjero (Hutchinson, Standard Eléctrica, General Motors, Aluminio Español, Nestlé, etc, llegaron en estos años).

El índice de cotización de la Bolsa pone de manifiesto un aumento constante de la mayoría de las cotizaciones de 1923 a 1928, reflejo de los ejercicios conseguidos por las sociedades y de la cofianza del mundo inversor.

La política económica tendría una actuación múltiple tendente al engrandecimiento de la nación. Creará instituciones, fomentará las obras públicas. Intentará incrementar los regadíos. Apoyará la constitución de la CAMPSA (Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos) y la Telefónica y facilitará la necesaria renovación del material de los ferrocarriles.

Al estudiar el período de la Dictadura de Primo de Rivera surge un evidente contraste entre los aciertos logrados en el campo económico, con una especie de capitalismo de Estado apoyando las grandes empresas y con una política industrial proteccionista, y el fracaso de la organización institucionalizada del mundo político.

Se craron nuevos Bancos oficiales, como el de Crédito Local (1925) y Exterior de España (1929).

Se creó el Monopolio de Petróleos en 1927 para obtener ingresos para el tesoro, evitar el fraude fiscal, construir una flota y organizar la industria del refino. Así se creaba la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos (CAMPSA), que tenía que funcionar como Sociedad Anónima.

Con ello se pretendía acabar con la dependencia de poderosas firmas (Schell y Standard Oil, principalmente), que movilizaban grandes intereses, y de ahí que opusieran la mayor resistencia, puesto que abastecían la casi totalidad del mercado nacional. Parece ser que a partir de aquel momento se movilizaron una serie de intereses contra la Dictadura y la Monarquía, apoyados bien por el capital extranjero, bien por grupos del interior lesionados con el nuevo sistema.

Se creó la Compañía Telefónica Nacional de España, en 1924, y al año siguiente comenzaron sus actividades. Ya antes de llegar la Dictadura, la International Telephon and Telegraph Corporation, del grupo Morgan de EEUU había hecho gestiones para instalarse en España y los contactos con Primo de Riverra dieron resultado rápido para que se fuera generalizando tan moderno medio de comunicación a pesar de que el grupo promotor cobraba en conjunto elevados intereses por la puesta en marcha del proyecto.

La política de Obras Públicas, con la construcción de embalses y la mejora de la red de carreteras, dejo una notable serie de realizaciones. La creación de las Confederaciones Hidrógráficas son un intento más de racionalizar la economía, pretendiendo convertir cada cuenca hidrográfica en una gran unidad económica para el aprovechamiento energético y de regadíos.

10.3.3. - POLÍTICA MONETARIA Y HACIENDA

De la misma forma que no se abordó ninguna reforma agraria, tampoco se realizó una reforma tributaria. Sin introducir reformas en el sistema tributario, Calvo Sotelo introdujo mejoras administrativas y técnicas. Y distinguió entre presupuesto ordinario de la Hacienda anual y presupuesto extraordinario. El presupuesto extraordinario era un instrumento para financiar las obras públicas mediante empréstitos cuyos intereses pasaban al capítulo de deudas del presupuesto ordinario y se partía del supuesto de que los ingresos ordinarios aumentaría con una economía en expansión.

Primo de Rivera, en su política económica de búsqueda de prestigio nacional, también se preocuparía de la revalorización de la moneda. Y cuando concluyó la guerra de Marruecos, en 1926, financieros y capitalistas extranjeros comenzaron a comprar pesetas con la creencia de que España, libre de la guerra de Marruecos, en un buen momento de su economía, intentaría revalorizar la peseta, con lo cual obtendrían elevados beneficios. Las compras continuadas y voluminosas contribuyeron a una mejora en la cotización de la peseta, que el Gobierno interpretó como consecuencia de la marcha de la política y de la economía en su conjunto.

Cuando había transcurrido un prudencial período de tiempo, los especuladores, al ver que la medida oficial de la revaluación no llegaba, comenzaron a vender pesetas, lo cual provocó una rápida caída del cambio y desencadenó una crisis monetaria que hundió la moral del Gobierno.

En 1929 se designó una Comisión para que estudiara si procedía o no implantar el patrón oro. Dicho estudio aconsejaba que en todo caso se instaurara si existiera una sana y sólida Hacienda y una balanza de pagos favorable, hechos que en aquel momento no se daban.

En tanto no se implantara el patrón oro -decisión que no llegó a adoptarse -, la Comisión recomendaba que se continuara interviniendo en la poítica de cambios, labor que correspondía al Comité Interventor de los Cambios constituido en 1928. A finales de 1929, poco antes de su caída, Primo de Rivera reconoció que su gobierno se había equivocado en su política de intervención de cambios.

Después de la caída de la Dictadura de Primo de Rivera se dejó fluctuar el cambio de la peseta con libertad, sin intervención alguna, hecho que fue acompañado de un descenso en la cotización de la peseta. Se reaccionó creando el Centro Regulador de Operaciones de Cambio, que poco después (1930) fue sustituido por el Centro Oficial de Contratación de Moneda, que continuó existiendo durante la Segunda República y fue el precedente inmediato del Instituto Español de Moneda Extranjera, constituido en 1939.

Los capitales generales no otorgaron al general Primo de Rivera su apoyo a finales del mes de enero de 1930, y el 29 de dicho mes el Rey le llamó y dimitió, finalizando así su mandato, retirándose a París, donde moriría a mediados del mes de marzo del mismo año.

El general Berenguer, jefe del Cuarto Militar del Monarca, quedaba encargado de formar gobierno de acuerdo con la Constitución del año 1876, que había quedado en suspenso el 13 de septiembre de 1923.

10.4. - LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

En Febrero de 1931 el gobierno Berenguer dimitió. Las elecciones municipales del 12 de Abril fueron altamente sorprendentes. Los electores de las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla) dieron la mayoría a los republicanos y socialistas, y aunque en la totalidad de España, el número de concejales monárquicos superaba al de republicanos, el efecto moral de la victoria obtenida en las grandes poblaciones fue decisiva. Los republicanos interpretaron que el triunfo electoral les permitía tomar el poder. Los acontecimientos se precipitaron.

Antes de que se procediera al recuento definitivo, según ley, tenía que ser el día 16, se proclamó la República el mismo día 14, día en que el Rey Alfonso XIII salió de Madrid. En un manifiesto escrito se puso de manifiesto que el Rey se marchaba para evitar una lucha sangrienta. Era el mismo argumento que utilizaban los republicanos que consideraron que el Rey debía salir.

En el transcurso de los cinco años comprendidos entre Abril de 1931 y Julio de 1936, los dirigentes de la República se propusieron cambiar el país hacia una necesaria modernidad excesivamente aprisa y de una manera un tanto atropellada.

Desde el punto de vista de Historia Externa podemos distinguir tres períodos claramente diferenciados:

1º Período: Bienio reformista (1931-1933): En Junio de 1931 se celebraron elecciones legislativas que dieron mayoría a los partidos de izquierda. La nueva Constitución se promulgó en el mes de Diciembre de 1931, caracterizándose por su sentido liberal, democrático, autonomista, laico y de programa social y pacifista

2º Período: Bienio negro (Finales 1933-Diciembre 1935): dominado por la derecha que obtuvo un claro triunfo en las elecciones de noviembre del año 1933. En 1935 se disuelven las Cortes de la República. Son reseñables los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934

3º Período: (Febrero 1936-Julio 1936): El Frente Popular (unión de todos los partidos republicanos con los socilistas, sindicalistas, comunistas y anarquistas) se impone en las elecciones de febrero de 1936.

La República siente la necesidad de remover estructuras tradicionales y problemas permanentes que atenazaban el progreso de la economía y de la sociedad. Es un período en el que se legisla muchísimo.

Así, durante el año 1932 y nueve meses de año 1933, las Cortes elaboraron importantes leyes dentro del programa de izquierdas y de acuerdo con el Contenido de la Constitución, y se legisló, entre otros aspectos, sobre el divorcio, el matrimonio civil, laboreo forzoso de tierras, arrendamientos colectivos, jurados mixtos industriales y agrarios, jornada máxima de trabajo, contrato de trabajo, reforma agraria, estatuto de Cataluña, congregaciones religiosas, nuevo Código Penal, reclutamiento y ascensos de la oficialidad del ejército, impuesto sobre la renta, defensa de la República, etc, etc.

Con la adversidad del resultado de las elecciones de 1933, la mayoría de las disposiciones adoptadas quedarían truncadas en su desarrollo, o simplemente anuladas. Y nuevamente a partir de febrero de 1936 se quiso actuar en tromba, cuando ya se había incrementado mucho más las tensiones sociales.

10.4.1. - Disposiciones para mejorar la agricultura

Existía una necesidad de una reforma agraria desde muchas generaciones debido a la mala distribución del campo español, especialmente en el centro y sur.

El problema agrario era explosivo. Era enorme la dureza y la desesperación que existían en muchas zonas rurales. Se publicaron una serie de decretos en el año 1931 que, en conjunto, intentaban mejorar los intereses y la situación de la inmensa masa campesina que vivía pobremente y con grandes dificultades.

Las disposiciones que se adoptaron, antes de aprobarse la Reforma Agraria, hacían referencia a la regulación de la rescisión de los contratos de arrendamiento con los que se evitaban modificaciones importantes en la estructura de tenencia de la tierra. Se dio prioridad, en el arrendamiento de las grandes fincas, a las agrupaciones de obreros. Con objeto de mejorar las remuneraciones, se declaró la jornada de trabajo de 8 horas; así, se tendrían que abonar horas extras durante los períodos de mayor trabajo. Otro decreto constituía jurados mixtos que serían los encargados de dirimir los conflictos que surgían en la aplicación de las disposiciones legales vigentes.

Un nuevo decreto de Abril de 1931 conocido como el de “términos municipales” obligaba a que las contrataciones de mano de obra tuvieran que efectuarse entre personas pertenecientes a los respectivos municipios donde se hallaban radicadas las fincas. Ello afectó negativamente a trabajadores, que tradicionalmente, en las épocas de recolección, se desplazaban de Galicia o de Andalucía hacia la Meseta para obtener unos ingresos extraordinarios y coyunturales.

El decreto de “laboreo forzoso” en virtud del cual, si las propiedades dejaban de cultivarse de acuerdo con los usos y costumbres de la región, las tierras podrían ser confiscadas y entregadas a asociaciones obreras. Este decreto fue muy controvertido y perseguiía que los propietarios no pudieran boicotear las medidas del Gobierno a través del abandono de los cultivos.

10.4.2. - La Reforma Agraria

El intento de reforma agraria sufrió también con intensidad los vaivenes de la evolución política. Azaña llegó a argumentar que el mejor medio de liberarse de los enemigos de la República era quitarles su base: la tierra. Fue probablemente el mayor fracaso legislativo del Gobierno.

En principio, el Gobierno Provisional, nombró una Comisión para estudiar la posibilidad de realizar una reforma agraria presidida por el civilista Felipe Sánchez Román y entre otros nombres formaban parte de la misma Flores de Lemus y Pascual Carrión. El dictamen que presentaron perseguiía una solución realista que afectaría a las zonas donde había latifundio y no se expropiaría, sino que se cedería la tierra a los campesinos abonando éstos, el pago de una renta baja.

Esta propuesta fue muy atacada por republicanos, conservadores, radicales, parte de la prensa y la “Agrupación Nacional de Propietarios de Fincas Rústicas, constituida en el verano de 1931. Ello llevó a un nuevo proyecto, presentado por el Presidente del Gobierno, Niceto Alcalá Zamora a finales de Agosto. Se introducían variaciones importantes. En vez de ocupaciones, las expropiaciones se efectuaban sin indemnizaciones. Se rememoraban los señoríos jurisdiccionales suprimidos en 1811. Antes de que finalizara la discusión hubo una crisis de Gobierno y en Octubre, Alcalá Zamora dimite y le sustituye Manuel Azaña Díaz, que enfocó de nuevo el proyecto, dándole un giro en el que sobre todo se atacaban las fincas de la nobleza.

La insurrección del General Sanjurjo el 10 de Agosto de 1932, volvió a unir a republicanos y socialistas. Rápidamente se aprobó en Ley de 9 de Septiembre de 1932, siendo ministro de Agricultura, Industria y Comercio el radical-socialista Marcelino Domingo.

Se declaraban tierras expropiables, entre otras, las que en el momento de su transacción el Estado ejerciera el derecho de retracto, las compradas con fines especulativos, las no regadas pudiendo haberlo sido, las incultas y mal cultivadas, las procedentes de los señoríos jurisdiccionales, las adjudicadas al Estado y Provincia por cualquier motivo de propiedad privada (herencia, legados, débitos, etc.), las de un solo propietario que suponían más del 20% de líquido imponible del término municipal, las que excedían de una extensión determinada de acuerdo con criterios de juntas provinciales, las situadas a menos de 1500 metros de los pueblos, etc.

La Ley creaba el Instituto de Reforma Agraria (IRA) para poner en marcha lo legislado. Las tierras de señorío y las pertenecientes a los grandes de España se expropiaban sin indemnización, excepto las mejoras útiles no amortizadas. El resto de las fincas se indemnizaban parte en numerario, parte en deuda especial amortizable.

Los resultados fueron muy por debajo de los previsto. Se calculaba asentar 60.000 campesinos por año y en más de dos años no se llegó a 12.500. La falta de preparación de Instituciones y personas que participaban del proceso, la complejidad y lentitud, el deficiente presupuesto y medios para ejecutarla, fueron factores que contribuyeron al deficiente desarrollo del proceso de la reforma. Las elecciones de 1933 y los acontecimientos del año siguiente acabaron de paralizar la reforma.

En Agosto de 1935 quedaba prácticamente paralizada la reforma. Sin embargo, con las elecciones de Febrero de 1936 ganadas por el Frente Popular se reinició el proceso. Se actuó entonces con una gran celeridad siendo Casares Quiroga el Ministro de Agricultura. De Febrero a Junio de 1936 se asentaron alrededor de 72.000 colonos y se ocuparon 2.323.000 hectáreas.

10.4.3. - Otros aspectos de la política agraria

Otro aspecto a destacar es la ley de obras de puesta en riego. Se elebora un Plan Nacional de Obras Hidráulicas, que estudió detenidamente el caudal de los ríos de la vertiente Atlántica y Mediterránea, viendo la conveniencia de trasvasar agua hacia la vertiente Mediterránea a través del trasvase Tajo-Segura y conducir aguas a las tierras de Murcia y Alicante. Proyecto que no se llevó a cabo entonces, pero si que se realizaría con posterioridad.

Por otro lado, en Cataluña, en 1934 le ley de Contratos de Cultivo tenía la finalidad de dar la oportunidad de adquirir tierra a los campesinos modestos y a los aparceros de Cataluña. Las organizaciones de propietarios consideraban que dicha disposición vulneraba la Constitución en contra de la opinión del Gobierno Catalán que se consideraba competente para promulgar leyes de carácter social.

Intervinó y falló, en una sentencia muy discutida, el Tribunal de Garantías Constitucionales de Madrid en contra de la constitucionalidad de la mencionada ley. Este fue uno más de los conflictos que surgieron en este breve período de tiempo que abarcó la República, años en los que se aceleró el normal proceso histórico y llevó a convulsiones y enfrentamientos de trágico final.

10.4.4. - La incidencia de la crisis del 29 en la economía española y la política económica de la República

Los años que comprenden la República, prácticamente coinciden con los años de la crisis iniciada en 1929.

La estructura de la economía, con un grado de industrialización relativamente parco, con un sistema “de pequeñas financiaciones y negocios facilitaron nuestro aislamiento relativo al mundo económico y contribuyeron a que la crisis fuera más superficial”.

Los años de gobierno de la República coinciden con años malos desde el punto de vista económico de las transacciones internacionales. Por un lado, gran parte de las exportaciones españolas se componían de porductos de los cuales los importadores podían prescindir con facilidad, como cítricos, vinos, frutos secos, etc. Siempre el volumen de las importaciones superó al de las exportaciones que pasaron de cerca de 1000 millones de pesetas en 1931 a cerca de 600 en 1935, en un declive continuadlo.

Por otro lado, hay que tener presente que la crisis económica de los años 30 se resuelve en un marco donde las políticas económicas de las diferentes unidades nacionales actuaron de manera individual y empírica surgiendo un política intervencionista del comercio exterior, con generalización de acuerdos de clearing (acuerdos entre países cuyo objeto es regular las deudas y los créditos existentes entre ellos por medio de un mecanismo de compensación bilateral sin transferencia de oro y divisas y de contingentación - o limitación rigurosa de las cantidades de mercancías procedentes del extranjero que un país admite en su propio mercado -).

La producción industrial fue disminuyendo hasta tocar fondo en el año 1933 y en 1935, prácticamente se había alcanzado de nuevo el nivel de 1931. También el paro llegó al punto máximo en el año 1933 aunque no sobrepasó el 12,8% de la población activa. Era menor que en los países de economía avanzada. Había alrededor de 500.000-600.000 parados, proporcionalmente alrededor de una cuarta parte de la cantidad existente en Alemania o EEUU (pero con un porcentaje de población activa en los sectores industriales bastante inferior).

1. - EL DICTADOR Y SU RÉGIMEN POLÍTICO.

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975) estuvo al frente de la nación española hasta su muerte, en noviembre del año 1975.

El largo período que abarca el gobierno de Franco tuvo, desde el punto de vista económico, varias etapas claramente diferenciadas. Cuanto más seguro y consolidado se sintiera en el Poder, permitiría un mayor juego entre las fuerzas personales y materiales de la sociedad.

Desde el punto de vista económico, carente de estudios y de formación, no tenía ideología alguna. Simplemente introducía los cambios mínimos y necesarios para permanecer en una situación de poder como árbitro indiscutido y carismático.

2. - EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE 1939 A 1951

Se dan dos grandes etapas. La primera de ellas abarca el período comprendido entre el final de la guerra civil, en 1939, hasta 1951. Y la segunda, desde el año 1951 hasta la muerte de Franco, en 1975.

La primera etapa se caracterizó por una economía que persiguió la autarquía por encima de todo. Fueron años muy difíciles, porque el final de la guerra civil (Abril 1939) casi coincidió con el inicio de la segunda guerra mundial (Septiembre 1939), que duraría hasta 1945. En estas condiciones, la reconstrucción fue muy difícil. Además, la guerra mundial acabó con el triunfo de los aliados y la derrota del fascismo, con lo cual el único gobierno fascista que quedaba en Europa en 1946 era el de Franco en España, motivo por el cual se votó la resolución de la ONU en el año 1946. De acuerdo con esta resolución se retiraron de Madrid los embajadores de naciones extranjeras, salvo los de Argentina, Vaticano y Portugal. Los franceses, además cerraron la frontera con España hasta principios del año 1948.

Sin embargo, el esfuerzo que se realizó y los sacrificios que se impusieron a la población fueron dando resultado, y a partir de 1948-1949 se inició un lento crecimiento de la economía, que se manifestaba, entre otras cosas, en un aumento de las producciones industriales. Y también en un pequeño crecimiento de la renta nacional, que recobraría los niveles de antes de la guerra.

España había quedado también fuera del plan Marshall, pero siempre se había presentado como una gran luchadora contra el sistema comunista. Y a este respecto, la guerra de Corea tuvo un planteamiento ideológico que abría nuevas perspectivas, y EEUU contempló a España de una forma distinta. En el año 1950 ya se había ingresado en la FAO y se había obtenido algún crédito privado precedente de la Banca de EEUU.

2.1. - Entre la reconstrucción y la autarquía. Limitaciones de las posibilidades económicas

Finalizada la guerra, la población española se encuentra ante un difícil panorama. Por un lado el descenso de la población y por otro las grandes destrucciones materiales.

Se impone la reconstrucción que se intenta abordar a través de una política autárquica, adoptando un sistema de trabajo copiado de la esfera militar, operando a través de una especie de economía de mandato.

El problema o cuestión económica no ocupó un lugar muy destacado entre los objetivos de Franco. Fueron más importantes los de orden público y supresión de los enemigos del Movimiento Nacional, la búsqueda de la independencia de la política exterior y la consolidación del apoyo mutuo entre el Estado y la Iglesia.

Desde el principio se quiso convertir a España en una potencia militar e industrial. Para ello se comenzó a aplicar numerosos mecanismos de protección a la industria nacional.

Estancamiento de la agricultura, por lo que durante algunos años fue decisiva la ayuda del trigo argentino. Tuvo lugar un ligero crecimiento del sector industrial, que empezó a despuntar en torno a los años cincuenta.

Se constituyeron una serie de nuevos organismos o dependencias, como la Comisaría General de Regiones Devastadas, constituida para paliar y reconstruir los destrozos de la guerra en más de 300 pueblos que quedaron prácticamente arrasados. También el Instituto Nacional de la Vivienda para realizar una labor de construcción de viviendas protegidas y facilitar así el hogar a las familias más necesitadas.

2.2. - Agricultura

La estructura de la propiedad no se modificó en absoluto, y España a partir de 1939, continuó con lo que tradicionalmente se califica de viejo binomio minifundismo-latifundismo, con gran número de campesinos que continúan sin posesión de propiedades o tierra, y los problemas que la estructura de la propiedad acarrea para capitalizar las explotaciones y mejorar la productividad.

En plena guerra civil (1937) se constituyó el Servicio Nacional de Trigo (SNT) con el fin de intervenir un producto de tanta importancia para la alimentación de la población. Intervención que distorsionó seriamente el mercado. Los agricultores estaban obligados a vender las producciones de trigo al SNT al precio que éste señalaba, que era inferior al del mercado. Esta distorsión del mercado acabó alentando el mercado negro de una forma considerable. El profesor Barciela ha estimado que durante esos años el volumen del trigo comercializado en el mercado negro (conocido con el nombre de estraperlo) superó al distribuido por el SNT. La política intervencionista adoptada por la Administración desalentó considerablemente la producción, y en ella hay que ver una de las causas del estancamiento de la producción en los años cuarenta.

Además del SNT, en 1939 se creó la Comisaría General de Abastecimientos y Transportes (CAT) para controlar y administrar el racionamiento de productos alimenticios, que estuvo en vigor hasta el año 1951. Se entró en los años cincuenta con volúmenes de producciones estancadas, y sin que existiera una estructuración de organismos y de mercado que alentara ningún tipo de mejora.

2.3. - Industria

El gobierno de Franco realizó notables esfuerzos para convertir a España en una potencia industrial y militar. No mediante un programa estudiado y coherente, sino a través de numerosas actuaciones parciales. Para fomentar la industria comenzaron a aparecer múltiples mecanismos de protección, y en el mercado interior quedó cerrado a los productos que se fabricaban en el exterior

Para lograr con mayor rapidez los objetivos de la industrialización, se creó en 1941 el Instituto Nacional de Industria (INI), corporación industrial de carácter público, para intervenir directamente en la producción y suplir la iniciativa privada en los sectores en que no existiera o porque las inversiones que se precisaba efectuar fueran excesivamente elevadas.

Las empresas que creaba el INI recibían la calificación de interés nacional, y con ello obtenían todo tipo de ventajas fiscales, crediticias, tipos de cambio privilegiados, etc., con lo cual se distorsionaba la asignación de recursos y se encarecía el crecimiento, pero contribuyeron de alguna forma al inicio de un despegue industrial que se haría evidente a partir de 1950.

Durante esos años se dieron fuertes estrangulamientos, debido a la escasez de energía y de materias primas básicas, como cemento, acero, metales no férreos, etc. Por otro lado, la autarquía acentuó la poca competitividad de la empresa española en los mercados extranjeros, y se fomentaba la resistencia a la modernización del aparato productivo, con lo cual se desarrolló una industria raquítica que tenía como máximo objetivo la conservación de su cuota de mercado. A partir del año 1950, la coyuntura cambió considerablemente a mejor.

2.4. - Transportes

En 1941 se crea la RENFE en virtud de la ley de Ordenación Ferroviaria y de los Tranportes por Carretera. Durante la dictadura de Primo de Rivera se habían realizado importantes inversiones, que llevaron a una mejora de la red y del material, hecho que no se repitió durante la Segunda República. Al finalizar la guerra civil, la situación de las distintas compañías era insostenible, y de ahí la necesidad de una intervención total del Estado, que acabó con la creación de la RENFE.

Muchas dificultades desde el principio, tanto para reconstruir la red, seriamente dañada, como para la reposición de material, que en algunos casos había quedado inutilizado en porcentajes superiores al 40 por 100 del existente. La guerra europea impidió de momento que se importara material para reponer el equipo.

2.5. - Sistema financiero

La reforma de José Larraz en el año 1940 consistió básicamente en elevar los tipos y ampliar las bases impositivas. Desapareció el impuesto de minas, que se incorporó a la Contribución de Usos y Consumos, de nueva aparición. Se modificó el Impuesto sobre la Renta, con imposición a partir de ingresos superiores a las 75.000 pesetas anuales, y se elevó la carga fiscal para los solteros. Se creó un Registro de Rentas y Patrimonios y se integró la patente de automóviles en la Contribución Industrial. El canon de superficie de minas y la renta de aduanas no sufrieron modificación.

La evolución de los años posteriores estuvo caracterizada por una acusada defraudación. Eran múltiples los elementos que la propiciaban. Ni se conocían bien las bases, ni la Administración disponía de suficientes medios, ni las disposiciones se aplicaban de manera objetiva.

Como el Estado no podía dejar de ingresar, el esfuerzo fiscal se inclinaba hacia la búsqueda de ingresos procedentes de los impuestos indirectos y el déficit se cubría mediante la emisión de deuda. Como veremos, la reforma del año 1957 intentaría enderezar la situación.

Finalizada la guerra civil, se presentó el problema de realizar la unificación monetaria, puesto que en los años anteriores se habían seguido políticas monetarias distintas en las dos zonas de guerra. Se llevó a cabo a través de la ley de Desbloqueo, en diciembre del año 1939, que daba distinto valor a los billetes según la fecha de emisión y a las cuentas bancarias según la fecha de los depósitos. Es importante recalcar que a partir de 1939, cuando la economía española se quedó prácticamente sin reservas, la estructura del sistema monetario quedó subordinada a una política fiscal con déficit, que precisaba de una continua creación de dinero que acarreaba una continua inflación.

La deuda pública que se emitía se suscribía por la Banca privada, que rápidamente pignoraba en el Banco de España con la correspondiente emisión de billetes. Así tenía lugar el aumento de la circulación fiduciaria, que iba acompañado de una fuerte elevación de precios, corregido con serias dificultades a partir del año 1947.

La ordenación bancaria del año 1946 obligaba a la Banca privada a depender de la Dirección General de Banca y Bolsa, y quedaban rígidamente sometidas a los dictados del Ministerio de Hacienda.

Como resultado de dicha política, tuvo lugar una progresiva concentración en torno a unos pocos grandes bancos (Banesto, Central, Hispano, Bilbao, etc) que aumentaron mucho sus beneficios y reservas; se cerraron muchos establecimientos extranjeros, y surgió una fuente vinculación entre Banca y empresas industriales.

Finalizada la guerra, la normalidad de la vida financiera se completó con la puesta en funcionamiento de las tres Bolsas oficiales de Madrid, Barcelona y Bilbao, que habían dejado de funcionar en julio de 1936.

2.6. - Comercio exterior

Fuerte aparato administrativo que intervenía toda la vida económica, y de una forma particular, si cabe, el comercio exterior. Se intentó aislar a la economía española de la extranjera y revalorizar las materias primas nacionales.

En el decenio de los cuarenta, presidido por grandes dificultades, el acuerdo comercial más relevante fue le firmado con Argentina. El del año 1946 estipulaba, sobre todo, la importación de alimentos, y de una forma especial de trigo, maíz, carne, aceites y grasas. La exportación española fue muy escasa, y el tratado se revisó en 1948. También en 1947 se firmó un tratado con Italia, y en 1949 se llegó a un acuerdo con las distintas zonas en que quedó dividida Alemania, con excepción de la dominada por Rusia. México también proporcionó diversos productos en 1948 y 1949. Con los países con los que no existía un acuerdo comercial, el comercio se organizaba bien a través de terceros países, bien a través de sociedades privadas de importación y exportación.

Para atender a una situación tan singular como la de los años cuarenta, el intervencionismo se canalizó a través de subvenciones, licencias, cupos, régimen de importación temporal, cuentas combinadas y cambios y cuentas especiales.

Hasta el año 1948 el sistema de cuentas especiales fue el más relevante. Permitía, entre otras cosas, efectuar el comercio entre España y los países con los que no había acuerdo, y también la exportación de productos de difícil salida por razón de precio o de mercado.

Para canalizar todas las operaciones de cambio se había creado en 1939 el Instituto Español de Moneda Extranjera (IEME), y así el cambio exterior estuvo en función de la política comercial. La falta de realismo en la fijación de los cambios dio origen a muchas dificultades. El cambio oficial que se señaló era el de 44,13 pesetas la libra, y muy por debajo del valor cotizado en los mercados internacionales.

La libra , en 1947, en los mercados libres se cotizaba en torno a las 120 pesetas y el cambio oficial permanecía inalterable. Por eso se tuvo que acudir a recursos como el de las cuentas especiales y cambios múltiples, para no paralizar la vida económica que necesita el comercio exterior, y así, a través de primar o gravar distintas importaciones o exportaciones, se disminuía la diferencia entre el cambio oficial y el real.

De 1940 a 1951 sólo se consiguieron saldos favorables en el comercio exterior en 1944, 1950 y 1951. De 1940 a 1952, el déficit no superó en ningún año los 350 millones de pesetas-oro, siendo el saldo medio deficitario en dicho período de 110 millones anuales. A partir del año 1952, el déficit se dispararía como consecuencia de la expansión económica, con un gran incremento en la importación de bienes de equipo, mientras que las exportaciones se mantenían estacionarias.

3. - EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA DE 1951 A 1975

3.1. - Voluntad de desarrollo económico y sus consecuencias. La encrucijada del desarrollo

Años de mayor desarrollo económico que España ha tenido en toda su historia. Profunda transformación de la sociedad española.

En el interior hay una voluntad decidida de la sociedad, en su conjunto, de lanzarse a un intenso crecimiento económico hacia la búsqueda de una mayor libertad. El nuevo pulso e inquietud de la sociedad se manifestó en huelgas como la de Cataluña en 1951 y serios enfrentamientos con el orden constituido como los de Madrid en 1956, quedó canalizado de alguna manera con los cambios que el general Franco realizó en los gobiernos de julio de 1951 y febrero de 1957. Afianzado totalmente en el poder, Franco dejó que las distintas fuerzas sociales se desenvolvieran con criterios de relativa competencia y objetividad.

En el exterior, la situación geopolítica de España le ayuda. La generalización de las vacaciones en Europa hizo que aumentara mucho el número de extranjeros que visitaron España, con los atractivos básicos, en sus comienzos, de bajos precios y excelente clima.

Algunos países europeos dieron acogida a muchos trabajadores que se vieron obligados a abandonar España y que en los años siguientes enviaron considerables cantidades de dinero.

El ambiente nacional e internacional llevó a una introducción progresiva de los mecanismos de mercado dentro de un régimen dictatorial que en el decenio de los cuarenta no los quería reconocer.

3.2. - El plan de estabilización de 1959. Causas y consecuencias

El decenio de los cincuenta comenzó con unas fuertes tasas de crecimiento, alimentadas a la vez por una fuerte inversión, tanto privada como pública, y, sobre todo, en la construcción de viviendas.

De 1951 a 1955 no tuvo lugar una excesiva subida de precios, pero a partir de ese año confluían una serie de factores que obligaban a realizar una política de estabilización. Al déficit cada vez más fuerte de la balanza de pagos se sumaba un sistema fiscal anquilosado e ineficaz.

Se emitía deuda que suscribían bancos y entidades de ahorro, que se pignoraba fácilmente en el Banco de España, aumentando los medios de pago. El crecimiento de estos medios de pago muy por encima de la producción condujo a una fuerte inflación. Inflación que empeoraba la balanza de pagos, el valor de la moneda y producía un malestar entre los consumidores, que incluso propició conflictos y problemas de orden público.

Todo ello llevó a una necesidad de contemplar una estabilización de la economía.

Con una serie de medidas que posteriormente se desarrollaron y se aplicaron, y que fueron lo que ha venido conociéndose como “plan de estabilización.

El programa o plan de estabilización tuvo de hecho dos partes: la primera responde a las medidas adoptadas durante los años 1957-58, y fueron unas medidas preparatorias para la estabilización. La segunda, las adoptadas en el año 1959.

La autarquía tocaba a su fin, y se daba un viraje hacia una economía de mercado. Las medidas más importantes fueron la abolición del sistema de cambios múltiples; una devaluación para equilibrar la balanza comercial (dólar=42 pesetas), que fracasó; bloqueo temporal de salarios y sueldos; reforma tributaria, que incrementó inmediatamente la recaudación disminuyendo el déficit presupuestario; programa de inversiones que se ajustara a las posibilidades reales, y reorganización del mercado de crédito a medio y largo plazo.

Junto con las medidas enumeradas, España ingresó en el FMI y en el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

A través de una serie de medidas de carácter fiscal y monetario se pretendía equilibrar progresivamente el presupuesto y, conteniendo la demanda y estabilizando los precios, reducir las inversiones a las posibilidades reales de la economía.

Para conseguir todo ello se limitó el gasto total del sector público a la vez que, por el lado de los ingresos, se elevaban algunos impuestos, como el de la gasolina, el de aduanas, etc. Quedaba limitado el crédito que los bancos podían conceder al sector privado.

Los efectos se dejaron sentir inmediatamente. La devaluación además acarreó un incremento de las exportaciones y una mejora de la balanza de pagos.

3.3. - La planificación indicativa y el fuerte crecimiento de los sesenta

Las medidas estabilizadoras del año 1959 se desarrollaron, en conjunto, con un notable éxito. España se inclinó hacia una economía de mercado, y la autarquía, que había entrado en quiebra desde el inicio de los años cincuenta quedó totalmente superada.

Se crea la Comisaría del Plan de Desarrollo, a cuyo frente estuvo Laureano López Rodó, hasta que en el año 1973 se creó el Ministerio de Planificación del Desarrollo, que duraría sólo hasta el mes de enero de 1976. La planificación se concretó en tres planes cuatrienales:

1964 - 1967: en este período el crecimiento del producto nacional bruto (PNB) fue muy elevado, en torno al 6% anual.

1968 - 1971: Se fomenta el desarrollo regional, creándose polos de desarrollo (Huelva y Burgos) y de promoción industrial (Vigo, Coruña, Sevilla, Valladolid y Zaragoza). Aparecen las señales de alerta como indicadores de la marcha de la economía.

La expansión a comienzos de setenta continuaba firme, ya que en 1969 España era el duodécimo país más industrializado del mundo.

1972 - 1975: Búsqueda de la selectividad en las inversiones y ayudas. La crisis del petróleo de 1973 no se abordó con prontitud y eficacia, porque los efectos de su llegada coincidieron con el acontecimiento político del asesinato de Carrero Blanco y la progresiva pérdida de facultades y energía del general Franco.

En el decenio de los sesenta, el crecimiento de la economía y la transformación de la sociedad había sido intensa. La economía arrastra entre otros problemas el progresivo déficit de la balanza comercial, aunque quedaba paliado por la balanza de turismo, las transferencias de emigrantes y las de capitales, tanto públicos como privados. Por otro lado, existían desequilibrios como el de la agricultura, sector al que no se apoyó debidamente. Respecto al comercio, el incremento de producción no encontraba estructuras externas para una adecuada distribución.

En resumen, España entró en la era del consumo de masas sin crear un sector público suficiente y riguroso, capaz de corregir los defectos de funcionamiento de la economía de mercado por la que se había optado en 1959. Así no estuvieron adecuadamente atendidos diversos sectores muy importantes para el bienestar nacional, como salud, educación, justicia y urbanismo.

3.3.1. - Evolución de la población. Emigración y sus consecuencias

España tenía en 1940 aproximadamente 26 millones y en 1975 había alcanzado los 36 millones. Esto tuvo lugar gracias a un descenso continuado de la mortalidad con mayor intensidad que la natalidad, con lo cual el crecimiento natural o vegetativo fue considerable.

La población activa o conjunto de mano de obra disponible para la producción de bienes y servicios viene siendo un porcentaje aproximadamente entre el 35 y el 50% del total de la población.

El interior pierde importancia en beneficio de las zonas del litoral y las zonas rurales han perdido a favor de las industriales y turísticas.

Movimientos migratorios, tanto los del interior como la emigración al exterior fueron fenómenos de importancia durante la época de Franco.

Al finalizar la guerra civil, en 1939, puede que fueran entre 200.000 y 300.000 el número de personas que salieron de España, sobre todo vía Cataluña hacia Francia.

La política del nuevo gobierno, al principio, fue dificultar la emigración, actitud que se suavizó algo en el año 1946. A partir de los años 50 fue adquiriendo mayores proporciones. Y en 1956 España se adhirió a la Comisión Intergubernamental para las Migraciones Europeas (CIME) y se creó el Instituto Español de Emigración (IEE) para orientar la política de emigración. Mediante disposiciones posteriores, en 1960, 1962 y 1971, se intentó proteger al emigrante, estableciendo diferentes tipos de emigración: individual, colectiva, temporal, permanente, continental, ultramarina, etc. A partir de 1973, debido a la crisis internacional mencionada, la emigración decayó y fueron muchos los que retornaron a su país de origen.

La emigración española a Europa antes de la segunda guerra mundial casi se dirigía exclusivamente a Francia y algo a Portugal.

Las dificultades y problemas de los emigrantes fueron muchos (condiciones y nivel del trabajo que encontraban, remuneración, vivienda, separación de la familia, etc), pero aportaron fuertes sumas de dinero a la economía nacional, contribuyendo al gran desarrollo de la economía en los años sesenta y setenta.

De 1960 a 1973, de acuerdo con las estadísticas, emigraron más de un millón de personas. A partir de 1974 disminuyeron las salidas y se incrementaron mucho los retornos, hasta el punto de que a partir de ese año los retornos superaron las salidas.

Además de la emigración permanente hay que hacer referencia a la emigración de temporada dirigida casi totalmente a Francia, donde anualmente, y sobre todo en la época de la vendimia, han acudido de 75.000 a 100.000 trabajadores por temporada y año, procedentes, sobre todo, de Andalucía y de las provincias de Levante.

A partir de los años cuarenta, la paralización económica mantuvo los movimientos migratorios a un nivel muy modesto. El despegue de los años cincuenta acarreó importantes desplazamientos de población hacia las zonas progresivamente más industrializadas.

De 1940 a 1960, las regiones gallega, andaluza y castellano-manchega presentan un acusado balance negativo. Las provincias en las que más aumentó la población- por encima de 100.000 personas en los veinte años indicados- fueron las de Barcelona, Madrid, Vizcaya y Valencia.

3.3.2. - Agricultura e industria

El retroceso que había sufrido la agricultura después de la guerra civil se comenzó a superar con nitidez a partir de 1950. El nivel de consumo de los productos alimenticios se recuperó y el mercado negro desapareció. Todo ello fue consecuencia de la eliminación de las medidas intervencionalistas y de otra serie de disposiciones que perseguían una mejora del sector - regadíos, repoblación, concentración parcelaria, apoyos financieros, mecanización, etc.

Se fomentó la política de regadíos, con grandes obras como el “Plan Badajoz” o el “Plan Jaén” donde se combinaba la construcción de grandes pantanos y la obtención de energía hidráulica con la puesta en regadío de extensas zonas.

La concentración parcelaria reagrupó cantidad de pequeñas fincas, que facilitaba después su cultivo y mejoraba considerablemente su productividad.

La mejora de la productividad se vio intensificada por la necesidad de introducir una creciente mecanización como consecuencia de la salida de la mano de obra hacia otras zonas de España o del extranjero.

A partir de los años cincuenta, la tasa de crecimiento de la industria fue relativamente elevado, en torno al 5 por 100 anual acumulativo entre 1949-1959. Las industrias más significativas (hierro, acero, industria química, de bienes de equipo, electricidad y transformados metálicos) crecieron considerablemente. Su crecimiento iba acompañado de un gran aumento en la importación de bienes de equipo para las mencionadas industrias, difícilmente soportable para el potencial económico del momento.

Precisamente estas distorsiones contribuyeron a colapsar el sistema económico a partir de 1957, y se tuvo que ir a la adopción de las medidas estabilizadoras analizadas anteriormente.

Después de 1960 tuvo lugar una nueva etapa de desarrollo, en la que el sector industrial, hasta 1975, creció alrededor del 9 por 100 anual acumulativo.

En la producción industrial predominan las pequeñas y medianas empresas, cuyas dimensiones condicionan sus posibilidades de innovaciones tecnológicas, investigación, organización, mercados, etc.

Algunas producciones crecieron de forma espectacular, como la eléctrica o la química, mientras que otras básicas como la del carbón, no sufrió prácticamente oscilaciones.

En 1950 se constituyó la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT), con la licencia de la FIAT italiana y con una participación mayoritaria del INI en el capital. En 1955 se instaló en Valladolid la Fábrica de Automóviles, S.A. (FASA), cuyo coches Renault comenzaron rápidamente a invadir el mercado español. Dos años después, en 1957, se instaló en Vigo la Citroën Hispania. En 1963, Barreiros se asociaba con Chrysler para producir los Simca y Dodge. Y en 1975 se instalaba también en España la Ford Motor Company.

La producción de camiones tuvo un desarrollo más lento, a cargo desde 1946 de la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), constituida para la construcción de camiones y autobuses Pegaso.

También existe un desarrollo a partir de los años cincuenta de las motos de distinto cilindraje, a cargo de las casas Montesa, Sanglas, Derbi, Vespa, la mayoría de las cuales caerían años después ante la técnica japonesa (Honda, Yamaha, Kawasaki).

Grandes y pequeños aparatos electrodomésticos constituyeron otro sector símbolo del fuerte despegue económico que llevaba un mayor confort a miles de hogares españoles - frigoríficos, lavadoras, radios, televisores, cocinas, estufas, etc.

3.3.3. - Comercio exterior

En el decenio de los sesenta, la economía española abandonó la estructura cerrada y se llegó a cotas de integración con la economía mundial desconocidas en nuestra historia.

Las importaciones, que rondaban los 1.000 millones de dólares en 1960, en diez años se multiplicaron casi por cinco.

Las exportaciones, aunque con menor intensidad, pasaron en estas mismas fechas de 709 millones de dólares a cerca de 2.400 millones. La estructura del comercio exterior sufrió una importante variación. De un predominio de productos agrarios y algunos minerales estratégicos, pasó a tener importancia la exportación de algunos bienes de equipo - sobre todo, buques - y algunos productos de consumo - calzado, por ejemplo.

El déficit comercial fue constante, pero era holgadamente cubierto por los ingresos procedentes del turismo, las remesas de inmigrantes y las entradas de capital de la inversión realizada por los extranjeros.

3.3.4. - Turismo

Desde mediados de los años cincuenta, la combinación de clima, playas, bajos precios, progresiva liberalización de la economía y ubicación cercana a un área económica próspera, se aunaron para canalizar hacia España multitud de turismo.

La característica del turismo español no se ha distinguido precisamente por una política de esmera y de apoyo.

3.3.5. - El capital extranjero en la economía española

Disposiciones del año 1937 y la ley de Ordenación y Defensa de la Industria Nacional de 1939 desalentaban seriamente la llegada de capital extranjero. Hasta el año 1960 fueron pocas y parcas.

A partir de 1959 se dio una considerable libertad a la inversión extranjera.

Con las inversiones extranjeras se consiguió inyectar una fuerte cantidad de dinero que contribuyó al desarrollo económico, y el superávit de la cuenta de capital ayudaba a equilibrar la balanza de pagos. A la vez que el capital extranjero, unido muchas veces a nuevas técnicas, elevaba la productividad y aumentaba la capacidad de exportación.

3.3.6. - El sistema financiero

Profundas reformas desde la nacionalización del Banco de España y de otros bancos oficiales hasta una serie de reformas fiscales para adecuar la estructura impositiva a las necesidades económicas.

En 1962 se procede a la nacionalización del Banco de España y se le otorgó un nuevo estatuto, pasando a ser un organismo público autónomo dependiente del Ministerio de Hacienda. Como funciones específicas se le señalaron la de asesorar y ejecutar la política monetaria y de crédito, y las estrictamente bancarias (como las de exclusiva en la emisión de billetes de curso legal al portador, crédito al sector público, cuenta del IEME, operaciones con el sector privado, mercado abierto, etc. Asimismo quedaba encargado de inspeccionar a la Banca privada y se ocuparía de su buen funcionamiento, del de las Cajas de Ahorro y de las demás entidades de crédito.

La Banca privada tuvo un fuerte desarrollo en torno a los grandes bancos (Español de Crédito, Central, Hispano Americano, Bilbao, Vizcaya, Santander). Respecto a las Cajas de Ahorro, disposiciones de 1951 y 1962 regulaban la obligatoriedad de las inversiones que tenían que efectuar, aunque la modificación más importante de las Cajas no llegaría hasta el año 1977.

Las reformas fiscales más importantes se dan en los años 1957 y 1964. Posteriormente en 1977 se aprobó la ley de Medidas Urgentes de Reforma Fiscal.

La reforma de 1957, siendo ministro de Hacienda Mariano Navarro Rubio, se decretó en un momento en que la inflación era acusada; el déficit presupuestario era muy fuerte, debido a los pocos ingresos que propiciaba el sistema impositivo, que iba acompañado de un serio fraude fiscal. Con la reforma fue posible preparar el plan de estabilización y se aumentaron muchos los ingresos, con lo cual se redujo la inflación y la necesidad de creación de dinero.

Dicha reforma estructuró el sistema impositivo en ingresos directos sobre producto y renta (contribución territorial rústica, urbana, impuestos sobre rendimiento de trabajo personal, sobre renta de capital, sobre renta de sociedades y entes jurídicos, el impuesto de la grandeza y la contribución general sobre la renta e ingresos sobre capital, derechos reales mortis causa y sobre personas jurídicas.

Los impuestos indirectos se basaban en impuestos sobre tráfico y gasto - derechos reales inter vivos, valores mobiliarios, timbre, aduanas, pagos del Estado, sobre el gasto y sobre el lujo - y sobre monopolios (tabacos y petróleos).

Mas importante que la reforma de 1957 fue la de 1964, que se conoce con el nombre de Navarro-Barrera, porque el ministro de Hacienda era Navarro Rubio, y el secretario general técnico, Antonio Barrera de Irimo. Dentro de los impuestos directos sobresalía el general sobre la renta de las personas físicas y sobre las sociedades y demás entidades jurídicas. Y, además, el impuesto sobre sucesiones, la contribución rústica, urbana, rendimientos de trabajo personal, rentas de capital y beneficios comerciales e industriales.

Los impuestos indirectos gravaban las transmisiones, el consumo (tráfico de empresas, lujo, monopolios fiscales) y el comercio internacional.

3.3.7. - El acuerdo preferencial con la Comunidad Económica Europea

Un aspecto muy importante de la Historia Económica de España durante la segunda mitad del siglo XX será la integración en la Comunidad Económica Europea (CEE), que no se firmaría hasta el mes de junio de 1985.

España, en 1962, solicitó apertura de negociaciones con el fin de analizar la posible vinculación de España con la Comunidad.

Después de varios contactos posteriores, en 1967, el Consejo de la Comunidad se inclinó por la línea de negociar con España un acuerdo preferencial, rechazando las otras alternativas de asociación o simple acuerdo comercial.

Para ello se efectuaron una serie de concesiones recíprocas. España realizaba concesiones arancelarias (se concretaba en tres listas en que se fijaban diferentes porcentajes de rebaja), de contingentes, que aumentarían de forma anual y acumulativa, y concesiones en materia agrícola. La CEE se comprometía a una reducciones importantes para los productos industriales de la Tarifa Exterior Común (TEC). Respecto a los productos agrícolas, quedaban sometidos a los reglamentos agrícolas comunitarios, con algunas ventajas para el aceite de oliva, vinos y cítricos.

Este acuerdo, firmado en 1970, se desarrollaría en dos fases. Una primera, de una duración mínima de 6 años, y después se pasaría a una segunda etapa, pendiente de negociación y acuerdo. Nunca se pasó de la primera fase.

4. - ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DE LA ÉPOCA DE FRANCO

4.1. - Manifestaciones del nivel de vida

Gran éxodo del campo a la ciudad. Crecimiento espectacular de algunas regiones y ciudades, como por ejemplo Madrid y su entorno, que se acercaría a los 4 millones, y otras ciudades crecieron mucho, como Valencia, Sevilla, Málaga, Bilbao y Zaragoza.

La constitución de una clase social media, que tantas veces había deseado tener España, se forjó de una manera espectacular durante esta década (70's).

A pesar de los numerosos problemas políticos, se valoraba la paz y la convivencia social. Se asistía a una prosperidad económica y las posibilidades de mejorar eran muchas, y se promocionaba quien trabajaba con esfuerzo y tenacidad.

Disminuyó mucho el analfabetismo y aumentó el número de titulados medios y universitarios. A medida que mejoraba el nivel de vida se generalizaba el turismo interior y las vacaciones.

España pasaba a ser urbana e industrial frente a un predominio agrícola secular; entre el sector industrial y el de servicios daban empleo en 1975, al 78% de la población activa.

Mejoras considerables en sanidad, con una disminución muy importante de la mortalidad en general. Generalización progresiva de la Seguridad Social. Cambios de hábito en el consumo. Posesión generalizada de bienes de consumo duradero (frigoríficos, televisores, lavadoras, automóviles, etc).

España progresó más que ningún otro país de su mismo grado de desarrollo en el tercer cuarto de siglo, y adquirió los recursos que le permitieron al nuevo régimen enfrentarse a la recesión, sobrevivir a la pérdida de la mayor parte de las nuevas inversiones extranjeras y a la de los ingresos enviados por los emigrantes, absorber de nuevo las grandes cantidades que éstos que regresaban y realizar además los ajustes que le permitirían competir y seguir adelante.

4.2. - Política social

Desapareció la posibilidad del pluralismo sindical y nació de nuevo cuño la Organización Sindical, que pretendía, entre otros objetivos, eliminar cualquier vestigio de lucha de clases. En virtud de una nueva ley de Bases del año 1940, quedaban encuadradas en dicha organización todas las ramas de producción. La clasificación de sindicatos se llevó a cabo mediante una ley de 1941. Al principio se crearon 24 sindicatos, y con posterioridad llegaron a 28 sindicatos verticales, que después pasaron a denominarse Sindicatos Nacionales (Alimentación, Banca, Cereales, Construcción, Enseñanza, Espectáculo, Ganadería, Industrias Químicas, Madera, Marina Mercante, Pesca, Piel, Papel y Artes Gráficas, Seguro, Textil, Vid, etc.

El Sindicato Vertical es un instrumento al servicio del Estado a través del cual se realizará principalmente su política económica. Al Sindicato le corresponde conocer los problemas de la producción y proponer sus soluciones, subordinándolas al interés nacional.

Un informe elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aconsejaba una estructuración del sindicalismo en que se diera tanto la separación de trabajadores y empresarios como la de los sindicatos y el gobierno político de la nación. En 1971 se promulgó la ley Sindical, que sistematizaba las diversas posiciones sindicales, pero nació sin ninguna fuerza. Después de la muerte de Franco, el sindicato vertical desaparecería rápidamente.

En 1939 se organizó el Ministerio de Trabajo, y en 1947 se crearon los jurados de empresa, que abrían la participación de los trabajadores en las empresas, aunque de hecho no comenzaran a funcionar hasta el año 1956, a partir del cual la reglamentación salarial fue de tipo “salario mínimo por ramas y categorías” Entonces era de 36 ptas/día. Cuando se promulgó la ley de Convenios Colectivos Sindicales, los obreros y patronos de un mismo sindicato podían acordar convenios sobre salarios y demás incentivos, con la obligación de someter a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, los convenios cuyos acuerdos entrañaran la posibilidad de provocar un aumento de precios.

El salario mínimo interprofesional se fijó en 60 pesetas por día en 1963, para pasar a 84 en 1966 y a 102 en 1968, 120 en 1970, 136 en 1971 y 156 en 1972, aplicable a todo el ámbito nacional.

4.3. - Aspectos de la oposición al régimen

El papel más importante de la oposición fue mantener en perpetuo estado de tensión al régimen y privarle del horizonte de subsistencia ante una eventual desaparición del dictador.

Fueron pocas las huelgas habidas antes de 1950, reprimidas con una gran dureza. En 1956 se pusieron de manifiesto actitudes estudiantiles y obreras de clara oposición al régimen sin el miedo de años anteriores. Se rompió la sumisión universitaria y de instituciones del Movimiento, y las elecciones celebradas para cubrir puestos del Sindicato Español Universitario (SEU) fueron un fracaso para el régimen.

Los mineros asturianos, en especial, protagonizaron serias actitudes de resistencia. Para frenar y contrarrestar la agitación social se arbitraron métodos coactivos puros, como los que quedaron plasmados en la ley de Orden Público del año 1959 o la ley contra el Bandidaje y Terrorismo del año 1960, en virtud de los cuales, por ejemplo, eran contrarios al orden público los paros colectivos y los cierres o suspensiones ilegales de las empresas, y las manifestaciones y las reuniones públicas ilegales, o la alteración de la paz pública, o la convivencia social. Y en 1963 se crearon los Tribunales de Orden Público, que en los años siguientes incoaron numerosísimos sumarios (más de 4.000 en cuatro años).

En 1962 de nuevo se declaró en estado de excepción Asturias, Vizcaya y Guipúzcoa, debido a múltiples huelgas y cierres de fábricas en la primavera de dicho año.

Frente la pérdida de 1,5 millones de jornadas en 1966 se pasó a 9 millones en 1973. En 1969 se decretó el estado de excepción (de enero a marzo) para hacer frente a las actitudes de obreros, estudiantes e intelectuales. En 1970 se recrudecieron las huelgas, que aumentaron en un 500% sobre el año anterior, localizándose, sobre todo, en el País Vasco, Asturias, Madrid, Barcelona, Sevilla y Granada. En esta última fase tenían lugar muchas huelgas por solidaridad, considerando al régimen político un obstáculo para la paz. Así, entre 1969 y 1974 murieron 17 personas como consecuencia de los enfrentamientos entre las fuerzas de orden público y trabajadores.

4.4. - La enseñanza en sus diversas etapas

En materia de enseñanza, los primeros ministros del gobierno del general Franco, Pedro Sainz Rodríguez e Ibáñez Martin, organizaron la enseñanza básica y media sobre la base de la búsqueda de objetivos que eran los antídotos de la época republicana anterior. Enseñanza centralizada frente a la autonomía, escuela unificada, exaltación de la religión católica frente al laicismo republicano, etc. Al principio, lo que realmente preocupó era tener el control ideológico de la escuela para impartir y propagar cómodamente los principios del Movimiento.

En 1945 se estableció un período de solidaridad obligatoria de los seis a los once años, que se amplió a los trece en 1967. La Ley General de Educación de 1970 (LGE) concebía una educación básica unificada, gratuita y obligatoria hasta los catorce años.

El número de institutos de enseñanza media creció muy lentamente hasta 1960, en contra de lo que ocurrió con los centros de enseñanza privada.

El ritmo de creación de Facultades y Escuelas Universitarias fue muy lenta hasta 1960.

La dedicación a la atención de la educación ha aumentado mucho, ya que se ha multiplicado prácticamente por 3 el porcentaje del presupuesto nacional destinado a tal fin entre 1940 y 1973. Sin embargo, el presupuesto dedicado a educación seguía siendo pequeño si se comparaba con el de otros países.

TEMA 1: RASGOS GENERALES DE LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA EDAD MEDIA

TEMA 2: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA

DE LOS AUSTRIAS (I)

TEMA 3: ECONOMÍA ESPAÑOLA EN LA ÉPOCA DE LOS AUSTRIAS (II)

TEMA 4: TRANSFORMACIONES ECONÓMICAS ESPAÑOLAS EN EL TRANSCURSO DEL SIGLO XVIII

TEMA 5: EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EN EL SIGLO XIX(I):

LA POBLACIÓN. SECTOR AGRARIO

TEMA 6: EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EN EL SIGLO XIX (II):

INDUSTRIA, MINERÍA E INVERSIONES EXTRANJERA

TEMA 7: EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EN EL SIGLO XIX (III):

TRANSPORTES. SISTEMA FINANCIERO. COMERCIO EXTERIOR Y PROBLEMAS DE HACIENDA

TEMA 8: EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA

EN EL SIGLO XIX (IV):

LAS DESAMORTIZACIONES Y LA POLÉMICA PROTECCIONISMO/LIBRECAMBIO

TEMA 9: DESARROLLO DEL MOVIMIENTO OBRERO Y CAMBIOS EN LA SITUACIÓN SOCIAL DE LAS CLASES TRABAJADORAS EN ESPAÑA

HASTA LA II REPÚBLICA

TEMA 10: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX

(1900-1939)

TEMA 11: LA ECONOMÍA ESPAÑOLA EN EL SIGLO XX (II)

(1939-1975)

La economía española bajo la dictadura de Franco