TEMA 12. ESPAÑA, DEL ABSOLUTISMO AL LIBERALISMO (1814-1845).

► FERNANDO VII

Ya vuelto a España, en marzo de 1814, Fernando VII fue acogido con enormes esperanzas por un pueblo que, además de ver en él la encarnación de los ideales por los que había luchado contra los franceses, creía que su rey (el `Deseado') le proporcionaría paz, orden y bienestar. Pero la situación del país no permitía augurarlo: estaban arruinadas las fuentes de riqueza y anulado el comercio exterior; no había posibilidad de obtener recursos en Hispanoamérica, tanto porque España acababa de perder su flota como porque las colonias se hallaban en conflicto abierto con la metrópoli; la deuda pública había aumentado de 7.000 a 12.000 millones de reales.

• Restauración del absolutismo (Sexenio absolutista, 1814 - 1820)

Apenas llegado a España, el Congreso Nacional le hizo saber a Fernando VII que no sería reconocido rey de los españoles si no juraba la Constitución de 1812. Ante tal situación, Fernando VII no sólo dejó de cumplir esta disposición, sino que, por deseo propio, varió el itinerario trazado para su entrada en Madrid, yendo a Valencia por Zaragoza, en vez de seguir el camino de la costa.

En Valencia, se reunió con diputados absolutistas que le presentaron un escrito (→ el `Manifiesto de los Persas', aludiendo a una costumbre de los antiguos persas por la cual se toleraba la anarquía durante cinco días después de la muerte del soberano) que reconocía la monarquía absoluta y el derecho divino del monarca.

El 4 de mayo de 1814, Fernando VII suscribió un Real Decreto en el cual se derogaba todo lo legislado en Cádiz y se decretaba la nulidad de las disposiciones de los regentes y de las Cortes. De este modo, su gobierno se limitó a restaurar el Antiguo Régimen -la sociedad y el mecanismo de gobierno anteriores a 1808-, de acuerdo con el punto de vista de los conservadores.

Se siguió una política de represión y de venganza contra todo sospechoso de liberalismo o simpatía a la obra de las Cortes: los jefes liberales fueron condenados por no someterse a la autoridad del soberano.

El verdadero gobierno del país era llevado por la camarilla del rey, grupo de individuos allegados al monarca que constituían una verdadera organización paralela de gobierno (don Antonio Ugarte, el canónigo Escoiquiz...). Sólo Martín Garay fue competente (→ era un liberal al que apelaron los absolutistas para sanear las finanzas, pero dada la crisis que atravesaba el país, su misión se vio seriamente dificultada).

Se restauró el Tribunal de la Inquisición y el restablecimiento de los jesuitas en España, considerados como indispensables para mantener la seguridad de la monarquía y de la Iglesia. Fernando VII resucitó el antiguo sistema de gobierno y escogió a sus ministros en función de sus posiciones reaccionarias.

Oposición al régimen: Los militares, que después de la guerra de la Independencia, se consideraron relegados (además, estaban impregnados ya de la mentalidad liberal y de la sensibilidad romántica, tan dada a las conspiraciones). Además de los militares, numerosos intelectuales que habían estado prisioneros en Francia establecieron numerosas logias masónicas en España (→ La masonería siempre había estado opuesta a la Iglesia y al gobierno absolutista). La pésima situación económica en que dejó a España la pérdida de sus colonias americanas, produjo además un malestar creciente entre la burguesía de negocios.

En política exterior:

- Movimientos independentistas en las colonias americanas: Fernando VII (sin tropas nacionales) pidió la intervención de la Santa Alianza sin éxito (→ se debilita la posición española a nivel internacional). Abolición de la trata de negros.

• Pérdida de Chile, Nueva Granada y parte de Venezuela.

- Aislamiento español en Europa (→ Inglaterra y Francia no estaban de acuerdo con la política represiva en España).

• Caída del Antiguo Régimen (Trienio liberal, 1820-1823)

La opinión liberal, desprestigiada en 1814, hizo avances enormes en los años que van desde éste al de 1820. La acción de las logias masónicas se hace, como nunca, intensa y eficaz.

La intervención de los militares en la vida política dará lugar a un gran número de pronunciamientos que pretendían implantar un régimen liberal. Entre 1814 y 1820, por falta de apoyo popular, habían fracasado varios pronunciamientos militares (→ Características: tenían lugar en las ciudades de la periferia, no eran movimientos populares sino militares y su principal objetivo no era eliminar al rey sino que pretendían restaurar la constitución y limitar el poder del monarca).

- Revolución de 1820.- El 1 de enero de 1820 las tropas, que estaban a punto de zarpar rumbo a las Américas, mandadas por el comandante Rafael Riego, se alzaron en Cabezas de San Juan (Sevilla) y restauraron la Constitución de 1812. Otras regiones van a seguir este ejemplo y ante la amenaza de un levantamiento a nivel nacional, el rey se vio obligado en marzo a jurar la Constitución de 1812. (→ Esta sublevación fue preparada en la logia masónica de Cádiz, la más poderosa y eficaz de España, que supo explotar hábilmente la repugnancia de las tropas a embarcarse con objeto de combatir en la campaña americana).

• Gobierno liberal (pasa por tres fases)

1ª fase (marzo a septiembre de 1820)

⇒ Gobierno de los liberales doceañistas (los que habían intervenido en la Constitución de 1812).

⇒ Política reformista y moderada (extinción de la Inquisición, declaración de las libertades -sobre todo la de imprenta y de asociación-, supresión de la Compañía de Jesús, cierre de conventos y confiscación de los bienes de la Iglesia, plan de instrucción pública y reforma de la administración municipal y provincial).

2ª fase (septiembre 1820 - julio 1822)

⇒ Divisiones entre:

• liberales y realistas

→ doceañistas o moderados (partidarios de un acercamiento a la Corona)

↕

→ veinteañistas o exaltados (la soberanía nacional debía recaer en el

pueblo)

• Gobierno e Iglesia

• Sociedades Patrióticas (agrupaciones de café convertidas en verdaderos clubs revolucionarios) y Sociedades Secretas (Masonería, Comunería y Anilleros)

⇒ Descontento general por el desorden, el caos económico y la reforma “regalista y unilateral” que los ministros liberales pretendían imponer al país.

3ª fase (julio 1822 - septiembre 1823)

⇒ La radicalización de las disensiones anteriores agravaron la situación.

⇒ Una conspiración fernandina (alentada por el rey) fue derrotada en Madrid y obligó a Fernando VII a nombrar como jefe de gobierno a Evaristo San Miguel, representante de la tendencia exaltada, que no consiguió dominar la situación.

⇒ Estado de verdadera guerra civil, desde mediados de 1822, a raíz de haberse generalizado la formación de guerrillas realistas decididas a terminar por las armas con el régimen constitucional.

⇒ Fernando VII solicita la intervención extranjera: en el Congreso de Verona que reunía a las principales potencias de la Santa Alianza (Inglaterra, Francia, Rusia y Prusia) se aprobó la intervención en España de un ejército francés (los `Cien Mil Hijos de San Luis'), bajo la dirección del duque de Angulema.

⇒ El 1 de octubre de 1823 Fernando VII anuló todas las medidas adoptadas por el gobierno liberal y restableció, con el apoyo de las juntas absolutistas, el despotismo monárquico.

• La década ominosa (1824 - 1833)

⇒ Persecución durísima contra los liberales.

⇒ Política tiránica: mantener el equilibrio sujetando, a veces con violencia, los excesos de liberales y realistas.

⇒ Se rodeó de ministros con mayor capacidad y de tendencias moderadas: López Ballesteros (creación de la Bolsa de Comercio, fundación del Conservatorio de Artes, la promulgación de la primera Ley de Minas...), Cea Bermúdez (que suavizó el rigor de las persecuciones y dio entrada en puestos oficiales, a veces importantes, a antiguos afrancesados y liberales del trienio).

⇒ Pese a ello, era tal la división de los españoles tras lo acaecido en el período anterior, que incluso estas iniciativas resultaron nulas. No sólo no satisficieron a los liberales, que las consideraron insuficientes, sino que también descontentaron a un amplio sector del propio realismo, que se oponían a cualquier reforma (→ Los realistas exaltados, que comenzaron a llamarse “apostólicos”, se sintieron defraudados). Desde entonces, los gobiernos fernandinos hubieron de hacer frente no solamente a las conspiraciones de los liberales, sino también a las de los apostólicos.

Viendo como el partido de los “moderados” (como así se denominó al constituido por aquellos liberales moderados y afrancesados) se hacía dueño del gobierno, los apostólicos protagonizaron una serie de intentos armados de intenciones confusas (→ combaten por el rey contra el rey) como fueron los de Bessiéres en 1825, de los `agraviados' en Cataluña en 1827...

Los liberales hicieron lo mismo, en conexión con sociedades secretas (en 1824 en Tarifa, en 1826 en Alicante...)

Fernando VII llegó a temer a los realistas exaltados aún más que a los liberales y fue con ellos más implacable. El rey rompió definitivamente con los apostólicos, que se agruparon en torno al infante don Carlos (hermano de Fernando VII) formando el partido carlista, apoyándole en la lucha por la sucesión al trono español.

⇒ Fernando VII, al morir su tercera esposa, se casó con Mª Cristina de Borbón-Dos Sicilias. De sus anteriores matrimonios, Fernando VII no había tenido hijos. Si el nuevo matrimonio tenía algún hijo, éste sería el sucesor directo, por lo que el infante don Carlos -en quien el sector realista había depositado sus esperanzas- quedaría excluido de la corona.

De hecho, cuando Mª Cristina se hallaba en sus primeros meses de embarazo, Fernando VII promulgó la Pragmática Sanción (marzo 1830) que reconocía el derecho de las mujeres a heredar el trono. Este acto, que alteraba la Ley Sálica promulgada por Felipe V en 1713 (→ Carlos IV obtuvo en 1789 la derogación de dicha ley, pero nunca llegó a publicarse) y eliminaba toda posibilidad de que reinara el infante don Carlos, provocó de inmediato una serie de protestas, que se acrecentaron ante el nacimiento de la princesa Isabel (octubre 1830).

Los españoles se dividieron de inmediato entre los partidarios de don Carlos y los de Isabel. Tras la querella entre carlistas e isabelinos se escondía una realidad mucho más importante, una lucha ideológica entre los partidarios del absolutismo más intransigente (carlistas) y los adeptos de un acercamiento a los liberales moderados y de una política de reformas (isabelinos).

En septiembre de 1832, Fernando VII cayó gravemente enfermo. A fin de evitar una guerra civil, el ministro Calomarde indujo al rey moribundo a revocar la Pragmática. Sin embargo, la derogación no se llevó a cabo oficialmente a la práctica por un golpe de estado isabelino, que provocó la caída del Ministerio e hizo desaparecer el documento (→ Son los `Sucesos de la Granja').

Tras ello, el 6 de octubre de 1832, Mª Cristina asumió las funciones de Regente, lo cual le permitió adoptar tres medidas de decisiva importancia:

1º) Destitución del ministro Calomarde, sustituido por el liberal moderado Cea Bermúdez, el cual dictó un amplísimo decreto de amnistía (complementario del que fue promulgado en 1824) que permitió el regreso a España de miles de liberales desterrados, la reconciliación de éstos con el Régimen y, asimismo, la formación de un partido liberal moderado favorable a los intereses de la infanta (partido isabelino-cristino).

2º) Buscó la desarticulación de todas las fuerzas partidarias de don Carlos (voluntarios realistas, capitanes generales y autoridades de los ayuntamientos).

3º) Hizo jurar a Isabel princesa de Asturias (heredera por tanto), por unas Cortes restringidas reunidas en Madrid. El no reconocimiento de este acto produjo finalmente la expatriación a Portugal del propio don Carlos.

A la muerte de Fernando VII (29 de septiembre de 1833), el tránsito político entre el Antiguo y el Nuevo Régimen quedaba prácticamente ultimado. Según el testamento del rey, Mª Cristina se convertía en Regente hasta la mayoría de edad de Isabel.

► REGENCIA DE MARIA CRISTINA (1833-1840)

El país seguía dividido entre carlistas e isabelinos. Con don Carlos se encontraban los que defendían el ideario realista (Dios, Religión, Patria, Rey, Cortes y Fueros). Así, regiones como el País Vasco, Navarra y Cataluña, hostiles a la dinastía que les había privado de sus libertades particulares (fueros), estaban en el bando carlista, formado principalmente por pequeños propietarios rurales, clero y campesinos del norte de España. La nobleza, en cambio, al frente de los grandes latifundios apoyaba la Corona, que era el régimen en que se habían perpetuado esos privilegios. También los funcionarios, las clases populares urbanas y, sobre todo, los intelectuales y la oficialidad del ejército.

Mª Cristina intentó, como luego había de hacer su hija Isabel II, apoyarse en los elementos moderados que querían conectar la tradición española, el principio de autoridad y el sistema del orden con el sistema parlamentario. Así, publicó un manifiesto en el que ofrecía la defensa de la religión católica y el mantenimiento de las leyes fundamentales de la monarquía y, al mismo tiempo, una radical reforma en el sistema administrativo del Estado. Cea Bermúdez fue sustituido, ante las presiones de numerosos militares, por Martínez de la Rosa (otro liberal moderado) a principios de 1834.

Todavía con Cea Bermúdez en el gobierno, el 3 de octubre de 1833 estalló la guerra civil (primera guerra carlista). Inmediatamente después de publicarse el “Manifiesto de Abrantes” (1 octubre 1833) por el cual don Carlos anunciaba haberse hecho cargo de la Corona, hubo ya levantamientos en casi todas las provincias -sobre todo en los medios campesinos, aunque no sólo en ellos- para combatir los principios liberales y la monarquía constitucional personificados en la regente Mª Cristina y la reina niña Isabel.

Una vez iniciado el alzamiento, la superioridad numérica de los carlistas y la capacidad organizadora del general Tomás de Zumalacárregui lograron numerosos éxitos en la región, situada al norte del Ebro, a pesar de carecer de medios y del apoyo del ejército, que había aceptado la sucesión femenina.

Pero tras esta primera fase brillante (1833-35), vino otra de signo claramente favorable a la causa liberal a partir de 1836. Según unos historiadores, en la base de todo ello estuvo la desamortización de los bienes de la Iglesia llevada a cabo por Mendizábal, que hizo posible a partir de ese año pagar y reorganizar a los ejército liberales. Otros, en cambio, señalan como causa básica el apoyo decisivo que desde esa fecha prestaron al gobierno liberal Francia, Inglaterra y Portugal. Finalmente, no ha faltado quien ha preferido ver en la muerte de Zumalacárregui (en el sitio de Bilbao en 1835) y en las disensiones que afectaron a los partidarios de don Carlos las razones de que así sucediera.

Sin embargo, los ejércitos cristinos fracasaron en su intento de aislar a los carlistas en la zona vasco-navarra, y en 1837, éstos llegaron incluso a las puertas de Madrid, optando inexplicablemente por no ocuparlo (→ en realidad, don Carlos esperaba un levantamiento de los absolutistas que permanecían en Madrid que no se produjo). A partir de ahí, la balanza se inclinó del lado cristino. Los carlistas se habían dividido entre ellos, mientras el ejército gubernamental conseguía reorganizarse con ayuda extranjera. En agosto de 1839 el jefe del ejército carlista, Rafael Maroto, se vio obligado a pactar con Espartero, victorioso general isabelino, el `Convenio de Oñate', ratificado con el `abrazo de Vergara'. Fue un acuerdo intermedio: se firmaba la paz, pero se mantenían los fueros. La guerra había concluido, a pesar de que el general carlista Cabrera se mantuvo hasta 1840 luchando en Cataluña y en el Maestrazgo.

Paralelamente a la guerra, Mª Cristina tuvo que enfrentarse a la organización institucional del régimen. Ya en 1834 los liberales moderados, que venían dominando el gobierno desde 1832 (Cea Bermúdez, Martínez de la Rosa), habían promulgado el Estatuto Real, que estableció el sistema de gobierno parlamentario. El Estatuto era una especie de `Carta Otorgada' (de Luis XVIII de Francia), que suponía un primer paso hacia un régimen representativo, no absolutista, y la asunción implícita del liberalismo doctrinario, teoría política que intentaba armonizar libertad y orden, basaba el gobierno en la capacidad y veía en la riqueza un símbolo de ella. Era, en otras palabras, la justificación teórica del sufragio censitario y, por tanto, del gobierno de la burguesía adinerada.

Este Estatuto no satisfizo a los liberales progresistas (o exaltados), iniciando una campaña contra Martínez de la Rosa, que se vio obligado a dimitir a mediados de 1835. A partir de este momento, los liberales exaltados se hicieron dueños del poder. Primero fue el conde de Toreno, que extremó la política anticlerical. Después, Juan Álvarez de Mendizábal, cuya obra más destacada fue la desamortización de los bienes de la Iglesia, es decir, su nacionalización y posterior venta.

La desvinculación de las propiedades eclesiásticas se realizó en tres fases mediante sucesivos decretos, entre finales de 1835 y principios de 1836: 1ª) Supresión de todas las órdenes religiosas que no se dedicasen a la beneficencia o a las misiones en Ultramar; 2ª) Se declararon “bienes nacionales” todas las propiedades de los conventos y comunidades suprimidas; 3ª) Se sacaron estos bienes a subasta pública. Los objetivos de la desamortización eran evidentes: se trataba de desmantelar el poder económico del clero, considerado uno de los pilares básicos del Antiguo Régimen; proporcionar a la Hacienda pública recursos necesarios para hacer frente a los gastos de guerra; y crear una clase de propietarios burgueses (los compradores de los bienes subastados) que proporcionasen apoyo político al régimen liberal. La desamortización de Mendizábal supuso la ruptura de relaciones diplomáticas del Gobierno español con la Santa Sede.

Esta época supuso la configuración definitiva, a partir de 1835, del Partido Moderado, surgido a raíz del descontento ocasionado por las medidas anticlericales del Partido Progresista (o Exaltado), que a partir de 1844 se hará dueño del poder.

Mendizábal dimite en mayo de 1836 y sube al poder Francisco Javier Istúriz (moderado) que tuvo que hacer frente a varias sublevaciones. Una de ellas se produjo en La Granja de San Ildefonso por un grupo de sargentos con la exigencia de disminuir el precio del tabaco (se dice que el verdadero conspirador fue Mendizábal), que obligaron a la regente a aceptar la Constitución de Cádiz. El asunto se resolvió convocando Cortes que promulgaron un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1837, que presentaba una solución intermedia entre la Constitución de 1812 y el Estatuto Real. Se suceden una serie de ministerios efímeros, pero se va vislumbrando lo que había de ser la clave de la política española en todo el s. XIX: el predominio de los soldados prestigiosos.

A partir de 1837, se ahonda la división entre moderados y progresistas. Los moderados vuelven al poder entre 1838 y 1840 dedicándose fundamentalmente a terminar el conflicto carlista. Al acabar éste, el régimen liberal está ya consolidado en España y la alianza de los liberales y el trono deja de tener sentido. Un nuevo pronunciamiento llevará al poder, con apoyo de los progresistas, al vencedor de los carlistas: Baldomero Espartero.

► REGENCIA DE ESPARTERO (1840-1843)

Una vez terminada la guerra carlista, Mª Cristina se vio obligada a ceder la regencia al general Espartero.

Baldomero Espartero era un general liberal progresista, valeroso militar pero desastroso gobernante. Había llegado a la regencia en nombre de los progresistas, pero dado su personalista gobierno, muy pronto se enemistó también con sus correligionarios. El regente, de otra parte, practicó una poco afortunada política económica, tan desafortunada que le acarreó igualmente la oposición tanto de los industriales como de los trabajadores, especialmente de los catalanes, que vieron hundirse sus fábricas textiles por la política arancelaria llevada a cabo. Tras una serie de alzamientos que, como protesta contra el bombardeo de Barcelona en 1842 para reprimir desmanes, estallaron en diversas ciudades (Reus, Valencia, Alicante y Sevilla), una coalición de moderados y progresistas hubo de intervenir para obligar al regente a abandonar España, rumbo a Londres (1843).