CAP. 5 Vol. II M. Castells : La era de la información

¿EL ESTADO IMPOTENTE?

Se ha considerado que lo específico del capitalismo es que absorbe el tiempo y espacios sociales, establece sus matrices y monopoliza su organización, convirtiéndolos en redes de dominio y poder. Por eso, la nación moderna es producto del estado. Pero esto ya no es así, el control estatal se ve superado por los flujos globales del capital, bienes, servicios, tecnología, comunicación y poder. La captura por parte del estado del tiempo histórico y la reconstrucción de la identidad nacional es desafiada por las identidades plurales definidas por los sujetos autónomos. Así pues, mientras que el capitalismo global prospera y las ideologías nacionalistas explotan por todo el mundo, el estado-nación parece estar perdiendo poder pero no su influencia

LA GLOBALIZACIÓN Y EL ESTADO.

La capacidad instrumental del estado-nación resulta decisivamente denilitada por la globalización de las principales actividades económicas, por la globalización de los medios y la comunicación electrónica y por la globalización de la delincuencia.

El núcleo transnacional de las economías nacionales

La interpdependencia de los mercados financieros y de divisas de todo el mundo, que operan como una unidad a tiempo real, vincula las divisas nacionales. El cambio constante entre dólares, yenes y divisas europeas (euro) obliga a la coordinación sistémica de esas divisas como única medida capaz de mantener cierta estabilidad en el mercado de divisas, y de este modo, en la inversión y comercio globales. El resto de las divisas del mundo se han quedado ligadas a este triángulo de riqueza. Si el tipo de cambio es sistémicamente interdependiente, también lo son o serán la políticas monetarias, los tipos de interés preferencial y las políticas presupuestarias. De aquí se deduce que los estados-nación individuales están perdiendo el control sobre elementos fundamentales de sus políticas económicas. Esto ya sucedió en los países en vías de desarrollo en la década de los ochenta y en los europeos a principios de los noventa.

La política económica japonesa se determina esencialmente por la relación entre la balanza comercial y el tipo de cambio con Estados Unidos. En cuanto a éste último, la economía más autosuficiente, sólo pudo seguir siéndolo, pese a un considerable déficit comercial durante la década de los ochenta, financiando el aumento del gasto guberna­mental mediante la deuda, en buena medida de préstamos de capital extranjero. Al hacerlo así, la prioridad de la política económica esta­dounidense de los años noventa pasó a ser la reducción del gigantesco déficit presupuestario, que amenazaba con convertirse en el agujero ne­gro de la economía mundial. Su independencia económica era una ilu­sión, que probablemente se disipará en el futuro, cuando los niveles de vida reflejen la competitividad en la economía global, una vez que se le­vante el colchón de los préstamos masivos al gobierno, que quedaron fuera de control durante el mandato del presidente Reagan. Cabe sos­tener que el grado de libertad que tienen los gobiernos para establecer su política económica se ha reducido de forma drástica en los años no­venta, pues su política presupuestaria se ve atrapada entre los derechos automáticos heredados del pasado y la elevada movilidad del capital experimentada en el presente, y que probablemente aumentará en el futuro.

Esta dificultad creciente del gobierno para controlar la economía (un hecho celebrado por muchos economistas liberales) se ve acen­tuada por el aumento de la transnacionalización de la producción, no sólo debido a la repercusión de las empresas multinacionales, sino so­bre todo a las redes de producción y comercio en las que las empresas están integradas. De ahí se infiere que desciende la capacidad de los gobiernos para asegurar en sus territorios la base productiva para gene­rar ingresos. Cuando las empresas y las personas ricas encuentran para­isos fiscales en todo el mundo y cuando la contabilidad del valor aña­dido en un sistema de producción internacional se vuelve cada vez más dificultosa, surge una nueva crisis fiscal del estado, como expresión de una contradicción creciente entre la internacionalización de la inver­sión, la producción y el consumo, por una parte, y las bases nacionales de los sistemas fiscales, por la otra. ¿Es un accidente que los dos paí­ses más ricos del mundo, en términos per cápita, sean Luxemburgo y Suiza? Muy bien pudiera ser que una de las últimas batallas del estado­nación se estuviera luchando en el espacio de la cibercontabilidad, en­tre los concienzudos inspectores fiscales y los sofisticados abogados transnacionales.

Un intento de evaluación estadística de la nueva crisis fiscal del estado en la economía global

Observaremos la evolución de las finanzas de los gobiernos en el periodo de aceleración de la globaliza­ción de las economías nacionales, entre 1980 y comienzos de los anos no­venta. Para limitar la complejidad del análisis, he seleccionado seis países: las tres economías de mercado mayores (Estados Unidos, Japón y Alema­nia); la más abierta de las economías europeas mayores (Reino Unido); otro país europeo, España, que, aunque es la décima economía de mer­cado del mundo, presenta un grado de desarrollo económico/tecnológico inferior al de los países del G-7; y una importante economía del mundo de industrialización reciente, la India.

Examinemos primero el grupo de los cuatro países (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y España) que parecen seguir, en términos muy amplios, líneas similares, si bien con diferencias que resaltaré. Los gastos gubernamentales han aumentado y ahora representan entre un cuarto y más del 40% del PIB. Los puestos de trabajo en la administración han descendido en todas partes. La proporción del consumo del gobierno ha disminuido en los tres países principales, mientras que ha ascendido en España. La relación de la deuda externa y el crédito neto exterior con el PIB, las reservas de divisas de los bancos centrales, los gastos del gobierno y las exportaciones de los países mues­tran, en términos generales, una dependencia creciente de los gobiernos de los mercados de capital globales. Así pues, para los Estados Unidos, entre 1980 y 1993, la deuda externa del gobierno como porcentaje del PIB se duplicó con creces; como porcentaje de las reservas de divisas, convirtiéndose dicho gobierno federal en buena medida dependiente de los mercados de capital globales y el crédito exterior.

La historia es algo diferente para el Reino Unido, Alemania y España, pero las tendencias son similares. Es importante tener en cuenta que mientras que el Reino Unido parece ser menos dependiente, Alemania está aumentando su dependencia del capital extranjero mucho más de­prisa que los Estados Unidos, como muestran varios indicadores: la deuda externa del gobierno en relación con el PIB en re­lación con las reservas de divisas y en relación con las exportaciones. El crédito neto exterior del go­bierno alemán ha alcanzado un nivel que supera el 150 del gasto guber­namental y su deuda externa es equivalente al 44.5% del gasto guberna­mental, en ambos casos porcentajes más elevados que los de los Estados Unidos. Así pues, pese a unos buenos resultados de las exportaciones en la década de los ochenta, Alemania, a diferencia de Japón, ha incrementado de forma considerable la dependencia internacional de su estado nacional.

Resulta bastante interesante que India, pese a haber aumentado el gasto del gobierno, el consumo y el endeudamiento, parezca ser mucho menos dependiente de la deuda externa: en efecto, todos sus indicadores de dependencia financiera muestran un crecimiento negativo para el pe­riodo, con la excepción de la relación entre el crédito exterior del go­bierno y el gasto gubernamental, que se sigue manteniendo a un nivel modesto. Un aumento considerable de la proporción de los inereses fisca­les en el PIB es sólo parte de la explicación, siendo la principal, la sustan­cial aceleración del crecimiento económica en India en la última década. Sin embargo, debe destacarse que, aunque el tipo de cambio de los indi­cadores de la dependencia finaciera del gobierno en India haya sido negativo durante el periodo, el grado de dependencia sigue siendo muy elebado ( la deuda externa representa mas del 70% de las exportaciones y casi el 150% de las resevas de divisas).

Japón es diferente, su gobierno no se vió afectado por el crédito exterior durante los ochenta. Su déficit presupuestario en relación con el PIB es el más bajo y descendió durante el periodo 1980 1993. Por otra parte el consumo del gobierno aumentó, al igual que su deuda de manera que se presenta una relación entre la deuda y el PIB tan elevada como la de USA. Esto indica que las finazas del gobieno Japonés se sustentan en el endudamiento interno. También refleja la mayor competitividad de la economía japonesa y el superávit en las balanzas comercial y de pagos acumulados por el país. De esta manera el estado japonés es mucho més autónomo que otros frente al resto del mundo, pero su economía es mucho más dependiente de los resultados del comercio internacional, ya que el capital japonés financia a su gobierno con las ganacias de su competitividad. Las grandes empresas japonesas dominan la economía mundial y su competitividad financia al estado, cuyo consumo ha aumentado mucho más deprisa que en los demás países. El estado japonés representa una dependencia financiera de segundo orden respecto los movimientos de la economía internacional, vía su endeudamiento con los bancos japoneses, que acumulan los benficios de sus keiretsu.

Podemos concluir resumiendo las tres grandes tendencias presentadas:

En general, el entrelazamiento de las economías nacionales, y la de­pendencia de las finanzas del gobierno de los mercados globales y del cré­dito exterior, ha creado las condiciones para una crisis fiscal internacional de los estados-nación, incluidos los más ricos y poderosos.

La globalización y el estado de bienestar

La globalización de la producción y la inversión también amenaza al estado de bienestar, un elemento clave de las políticas del estado-nación en el medio siglo pasado, y probablemente el componente básico de su legitimidad en los estados industrializados. Ello es así porque cada vez resulta más contradictorio para las empresas operar en los mercados glo­balizados e integrados, mientras experimentan importantes diferenciales de costes en prestaciones sociales, así como diferentes grados de regula­ción entre los paises. No sólo ocurre entre Norte y Sur, sino también en­tre los diferentes países de la OCDE; por ejemplo, los costes laborales relacionados con las prestaciones sociales son mucho más bajos en los Estados Unidos que en Alemania. Pero lo que es una ventaja comparativa de la localización de los Estados Unidos frente a Alemania, se convierte en una desventaja frente a México, tras la en­trada en vigor del TLC. Puesto que las empresas, debido a la tecnología de la información, pueden localizarse en muchos lugares diferentes y se­guir enlazadas a las redes y mercados globales de producción, se produce entonces una espiral descendente de reducción de los costes sociales. Los límites a esa «competitividad negativa» en el pa­sado fueron dobles: por una parte, el desfase en cuanto a productividad y calidad entre los países protegía á los trabajadores de las economías avanzadas frente a los competidores menos desarrollados; por la otra, la presión interna inducía al proteccionismo, de modo que, mediante los aranceles, se aumentaba el precio de las importaciones hasta un nivel en el que se anulara la ventaja comparativa del abastecimiento externo. Ambos límites están desapareciendo. La nueva Organización Mundial de Comercio está estableciendo un sistema de vigilancia para detectar y pe­nalizar las barreras al libre comercio. En una economía cuyos mercados centrales de capital, bienes y servicios se integran cada vez más a escala global, queda poco espacio para estados de bienestar muy diferentes en economías con niveles relativamente similares de productividad laboral y calidad pro­ductiva. Sólo un contrato social global (que redujera la brecha sin igualar necesariamente las condiciones sociales y laborales), ligado a acuerdos arancelarios internacionales, podría evitar la desaparición de los estados de bienestar más generosos. No obstante, puesto que en la nueva econo­mía global, liberalizada e interconectada, ese contrato de largo alcance es improbable, los estados de bienestar están reduciendo su tamaño a un denominador común inferior que mantiene la marcha en espiral hacia abajo. Al hacerlo, se desvanece un componente fundamental de la legi­timidad y estabilidad del estado-nación, no sólo en Europa, sino en todo el mundo, desde los estados de bienestar de las clases medias de Chile o México hasta los restos de los estados de bienestar estatistas de Rusia, China o India, o el estado de bienestar urbano en los Estados Unidos in­ducido por las luchas sociales de los años sesenta.

Así pues, el estado-nación cada vez es más impotente para controlar la política monetaria, decidir su presupuesto, organizar la producción y el comercio, recabar los impuestos sobre sociedades y cumplir sus compro­misos para proporcionar prestaciones sociales. En suma, ha perdido la mayor parte de su poder económico, si bien aún cuenta con cierta capaci­dad regulatoria y un control relativo sobre sus súbditos.

Redes globales de comunicación, audiencias locales y reguladores estatales

Las perspectivas de una regulación y control nacionales no son mucho mejores en otro ámbito decisivo del poder estatal: los medios y la comuni­cación. El control de la información y el entretenimiento y, mediante ellos, de las opiniones e imágenes ha sido, a lo largo de la historia, el ins­trumento de Sostén del poder estatal, que se perfeccionaría en la era de los medios de comunicación de masas. En este ámbito, el estado-nación se enfrenta a tres importantes retos interconectados: la globalización y el entrecruzamiento de la propiedad; la flexibilidad y la penetración de la tecnología; la autonomía y la diversidad de los medios de comunicación. Hasta comienzos de los años ochenta, con la excepción im­portante de los Estados Unidos, la mayoría de las televisiones del mundo estaban controladas por el gobierno, y las radios y los periódicos estaban bajo la coacción potencial de la buena voluntad del gobierno, incluso en los países democráticos. Todo cambió en una década, por el impulso de la tecnología. La diversificación de los modos de comunicación, el enlace de todos los medios en un hipertexto digital, que abrió la vía para el multimedia interactivo, y la incapacidad para con­trolar las emisiones de los satélites a través de las fronteras o la comu­nicación por ordenador mediante línea telefónica, acabaron con las formas tradicionales de defensa reguladora. La explosión de las teleco­municaciones y el desarrollo del cable proporcionaron los vehículos para un poder de emisión sin precedentes. El mundo de los negocios observó la tendencia y aprovechó la oportunidad. Se realizaron megafusiones y se movilizó capital a lo largo del mundo para tomar posición en la industria de los medios, una industria que podía unir el poder en las esferas econó­mica, cultural y política. La política simbólica, al asimilar la liberalización de los medios con la modernización tecnológica, desempeñó un impor­tante papel para inclinar la opinión de la elite en favor del nuevo sistema de medios de comunicación. Apenas hay un país, con excepción de China, Singapur y el mundo fundamentalista islámico, donde la estructura institucional y comercial de los medios no experimentara un giro espec­tacular entre mediados de la década de los ochenta y mediados de la de los noventa. Lo que es más importante, los negocios de los me­dios de comunicación se hicieron globales, con el capital, el talento, la tec­nología y la propiedad de las empresas girando por todo el mundo, fuera del alcance de los estados-nación. No se deduce de ello que los estados no tengan una influencia en los medios de comunicación. Los gobiernos siguen controlando medios importantes, poseen acciones y tienen mecanismos de influencia en una amplia gama de los medios de comunicación del mundo. Y el mundo de los negocios se cuida mucho de irritar a los guardianes de los mercados potenciales. Pero si los gobiernos siguen conservando influencia sobre los medios, han perdido gran parte de su poder, excepto en los medios que se encuentran bajo el control directo de los estados autoritarios. Es más, los medios necesitan mostrar su independencia como un ingrediente clave de su credibilidad, no sólo frente a la opinión pública, sino con respecto a la pluralidad de ostentadores del poder y anunciantes, ya que el sector de la publicidad es el cimiento económico de las empresas de medios de comunicación.

Una vez que se reconoce la independencia de los medios, y una vez que el estado nación acepta esta cualidad como prueba esencial de su carácter democrático, se cierra el círculo: todo intento de recortar la libertad de 105 medios tendrá un coste político, ya que la ciudadanía, no necesariamente quisquillosa en cuanto a la precisión de las noticias, defiende celosamente el privilegio de recibir información de fuentes que no estén sometidas al estado. Por este motivo, hasta los estados autoritarios están perdiendo la batalla sobre los medios de comunicación en la era de la información. La capacidad de la información y las imágenes de difundirse vía satélite, videocasete o Internet se ha expandido de forma espectacular, de tal modo que la censura de noticias cada vez resulta menos efectiva en los principales centros urbanos de los países autoritarios, precisamente los lugares donde viven las elites ilustradas alternativas. Es más, puesto que los gobiernos de todo el mundo quieren también «hacerse globales» y los medios de comunicación globales son su herramienta de acceso, con cierta frecuencia entran en tratos con sistemas de comunicaciónde doble sentido acaban minando su dominio sobre la comunicación.

En un movimiento paralelo a la globalización de los medios, también ha habido en muchos países, gracias a las nuevas tecnologías de la comunicación un extraordinario crecimiento de los medios locales, sobre todo de la radio y la televisión por cable. La mayoría de estos medios de comunicación locales han establecido una fuerte conexión con públicos populares específicos, dejando a un lado las opiniones estandarizadas de los medios de comunicación de masas. Al hacerlo, se escapan de los canales tradicionales de control (ya sean directos o indirectos) que los estados-nación han establecido frente a las cadenas de televisión y los principales periódicos. La creciente autonomía política de los medios locales y regionales, que utilizan las tecnologías flexibles de comunicación, es una tendencia tan importante como la globalización de los medios para conformar las actitudes públicas.

La comunicación a través del ordenador también se escapa del controldel estado-nación, marcando la entrada en una nueva era de comunicación extraterritorial La mayoría de los gobiernos parecen estar aterrorizados ante tal perspectiva. El meollo de la cuestión son los flujos de información transnacionales, que hacen difícil tomar medidas legales contra la fuente de información aun cuando fuera detec­tada. Todavía sigue debatiéndose cuáles son las posibilidades técnicas reales para recortar el acceso a Internet sin dejar fuera de la red a todo un país. Parecería que la censura y los castigos ex post facto, así como los me­canismos de protección que cada cual aplique, resultan más factibles que interferir la comunicación. Pero aun cuando las medidas externas de pro­tección fueran efectivas, mermarían la red, dificultando el acceso a mucha información útil y disminuyendo la extensión y el ámbito de la interactivi­dad. Además, para poder limitar la red de forma selectiva, todos los paí­ses conectados a ella tendrían que llegar a un acuerdo sobre los temas que quieren que se prohiban y luego establecer un sistema de seguimiento conjunto, que sin duda sería puesto en tela de juicio en los países demo­cráticos por inconstitucional. Así pues, en los años venideros, los estados-nación lucharán para contro­lar la circulación de la información en las redes de telecomunicaciones in­terconectadas a escala global.

En general, la globalización localización de los medios y de la comuni­cación electrónica equivale a la desnacionalización y desestatificación de la información, siendo las dos tendencias inseparables hasta el momento.

¿Un mundo sin ley?

La globalización del crimen subvierte aún más el estado-nación, trans­formando profundamente los procesos de gobierno y paralizando en mu­chos casos al estado. Esta es una tendencia crucial que se reconoce con tanta facilidad como se hace caso omiso de sus consecuencias. Una tendencia tan crucial en nuestra compresión de la crisis actual del es­tado-nación no es nueva la capacidad de penetración del crimen y su re­percusión en la política, pero si la vinculación global del crimen organi­zado, su condicionamiento de las relaciones internacionales, tanto económicas como políticas, debido a la escala y el dinamismo de la econo­mía criminal. Es nueva la profunda penetración, y eventual desestabiliza­ción, de los estados nacionales en una variedad de contextos, bajo la in­fluencia del crimen transnacional. Aunque el tráfico de drogas es el sector industrial más significativo en la nueva economía criminal, toda clase de tráficos ilícitos se unen en este sistema en la sombra que extiende su al­cance y poder sobre el mundo: armas, tecnología, materiales radioactivos, obras de arte, seres humanos, órganos humanos, asesinos de alquiler y contrabando de cualquier artículo rentable de un lugar a otro, se conec­tan a través de la madre de todos los delitos: el blanqueo de dinero. Sin él, la economía criminal no sería global ni muy rentable. Y, a través del blanqueo de dinero, la economía criminal se conecta con los mercados fi­nancieros globales, de los cuales es un componente considerable y una fuente de especulación constante.

La repercusión de estas tendencias en los estados nacionales se pro­duce a lo largo de tres líneas principales:

3. Los flujos financieros de origen criminal, cada vez más importan­tes, son elementos clave para estimular o desestabilizar econo­mías nacionales enteras, de tal modo que la política económica ya no puede gestionarse en muchos países y zonas del mundo sin in­cluir en escena este factor altamente impredecible.

Antes, los gobiernos nacionales muy afectados por las intrigas de la economía criminal eran un puñado de sospechosos habituales, como Ita­lia o Colombia. Ya no es así. La importancia del fenómeno, su alcance global, el volumen de su riqueza e influencia y su conexión afianzada con las finanzas internacionales hacen que los lazos criminales con la corrup­ción política sean un rasgo frecuente en los principales países. Y la ca­dena de escándalos políticos que han sacudido a los gobiernos de todo el mundo en la década de los noventa no deja de estar relacionada, en muchos casos, con la lucha de poder continua entre las estructuras del crimen organizado y las estructuras de los estados-nación.

Así pues, la globalización, en sus diferentes dimensiones, socava la au­tonomía y el poder de tomar decisiones del estado-nación. Y esto ocurre en el momento preciso en que el ejercicio del poder estatal en el ámbito internacional también está sujeto a las limitaciones del multilateralismo en defensa, política exterior y política pública global, como la política me­dioambiental.

EL ESTADO-NACIÓN EN LA ERA DEL MULTILATERALISMO

El periodo posterior a la guerra fría se caracteriza por una interde­pendencia multilateral creciente entre los estados-nación. Ello se debe fundamentalmente a tres factores: la disolución o relajación de los blo­ques militares construidos en torno a las dos superpotencias, la espec­tacular repercusión de la nueva tecnología en la guerra y la percepción social del carácter global de los desafíos de la humanidad debido al mayor conocimiento e información, como en el caso de la seguridad medioambiental.

Con la desaparición de la Unión Soviética, y prescindiendo de las po­sibles tensiones futuras entre Rusia, China y la OTAN, también desapa­recieron los principales mecanismos que estabilizaban los lazos estratégi­cos de la mayoría de los estados-nación en torno a las dos superpotencias. Aunque la OTAN continúa organizándose en torno a la alianza de Occi­dente encabezada por los Estados Unidos, sus funciones se están redefi­niendo en la segunda mitad de la década de los noventa hacia el cumpli­miento de tareas de seguridad, en nombre de un amplio consorcio de naciones, en asociación, siempre que sea posible, con la ONU. La nueva noción de seguridad global y colectiva, que surgió por primera vez con la Guerra del Golfo, implica una relación simbiótica entre las fuerzas militares más capaces (los ejércitos profesionales de los Estados Unidos y el Reino Unido), los financiadores de las operaciones (Japón, Alemania y los emiratos árabes en primer lugar) y las declaraciones retó­ricas en nombre del mundo civilizado (a menudo realizadas por los diri­gentes franceses).

El intento deliberado de esta alianza basada en la OTAN de hacer participar a Rusia en operaciones conjuntas es indicativo de la transformación de los objetivos de las alianzas militares, de la dominación de las superpotencias a la vigilancia conjunta de un orden mundial vacilante contra las potenciales amenazas impredecibles al sistema. El nuevo sistema de seguridad se está constru­yendo, fundamentalmente, contra bárbaros del exterior que aún no tie­nen nombre. Al hacerlo, los estados-nación, incluidos los más podero­sos, se ven envueltos en redes de intereses y negociaciones que se rearticulan en formatos diferentes según cada tema.

Por esencia, la política exterior es multilateral en este fin de milenio. Dos importantes excepciones afectan al grado de integración en este sistema de seguridad colectiva: Rusia, aún una superpotencia nu­clear, y China, en vías de convertirse en una superpotencia. No obs­tante, puesto que no es probable que ninguna de ellas organice a un con­junto de aliados permanentes en torno a sus intereses (pese a los lazos de China con Pakistán), su aislamiento relativo y la profunda desconfianza mutua no contradicen el carácter multilateral del nuevo sistema de seguridad, sino que sólo le añade complejidad. Los rápidos cambios en la tecnología militar también están debilitando la capacidad del estado-nación para decidir en solitario. Ahora, la guerra depende esencialmente de la electrónica y la tecnología de la comunicación, como demostró la Guerra del Golfo. La devastación masiva que puede infligirse a distancia, mediante el lanzamiento de misiles y ataques aéreos, es capaz de dejar fuera de juego en pocas horas a un ejército considerable, sobre todo si sus defensas se inutilizan mediante contra medidas electrónicas y silos blancos se han identificado por satélite y procesado por ordenadores a miles de kilómetros para dirigir el fuego real en esta guerra invisible. La guerra electrónica depende, como siempre lo ha hecho la guerra, de la tecnología.

La diferencia en el periodo actual es, por una parte, la velocidad del cambio tecnológico, que vuelve obsoletas las armas en muy poco tiempo. Ello obliga a la mejora continua de los sistemas de armas si se pretende que los ejércitos vayan a combatir realmente con otros ejércitos. en lugar de controlar a su propio pueblo, como sucede aún en gran parte de la humanidad. Los ejércitos con baja tecnología no son tales, sino fuerzas de policía disfrazadas. Por otra parte, el carácter de la nueva tecnología militar requiere un ejército profesional cuyo personal disponga de los conocimientos necesarios para manipular armamento informatizado y sistemas de comunicación. Esto proporciona una ventaja a los países con un nivel tecnológico avanzado, independientemente del tamaño de sus fuerzas armadas, como ilustran los casos de Israel y Singapur. Debido al papel esencial de la tecnología, los estados-nación que aún esperan afirmar su capacidad para ejercer la violencia acaban dependiendo permanentemente de los suministradores de tecnología, no sólo de hardware, sino de recursos humanos. Sin embargo, esta dependencia ha de situarse en el contexto de una diversificación creciente de las armas bélicas convencionales, a medida que los países se industrializan y la tecnología se difunde.

Pero ello no implica que todos los estados-nación estén condena dos a convertirse en colonias estadounidenses. Más bien es lo contrario. La falta de un claro adversario ha relajado los controles tecnológicos del Departamento de Defensa estadounidense y puede disponerse ampliamente de las tecnologías más esenciales y de las armas convencionales. Como los estados-nación no pueden controlar las fuentes de suministro del equipo último modelo, dependen permanentemente, en el ejercicio potencial de su poder bélico, no de los Estados Unidos, sino de diversas redes globales de suministro. El hecho de que los Estados Unidos sean autosuficientes en cuanto a tecnología (y sólo debido al esfuerzo del Pentágono para dejar de depender de la fabricación japonesa de semiconductores) les otorga el título de ser la única superpotencia verdadera. No obstante, ni siquiera este hecho se traduce en una soberanía plena sobre su política exterior debido a su débil posición financiera y política en cuanto al envío de sus fuerzas al exterior. Es más, como sostiene Mclannes, «el carácter de la guerra moderna ha llevado a los pensadores militares a preguntarse si un conflicto de alta intensidad podría merecer los costes que supone (prescindiendo de si se utilizan armas nucleares o no) y si, aun cuando dicha guerra ocurriera, podría sostenerse durante algún tiempo.

La evolución tecnológica da un nuevo giro a las relaciones internacionales hacia el multilateralismo. La industrialización de nuevas regiones del mundo, la difusión del conocimiento científico y tecnológico, y el tráfico ilegal de todo ha impulsado, y sigue haciéndolo, la proliferación de las capacidades de la guerra nuclear, química y biológica. Así pues, aunque los estados-nación dependen cada vez más de la tecnología de van­guardia en la guerra convencional, también tienen acceso a lo que denominaría «tecnologías de veto», esto es, armas de destrucción masiva que por su propia existencia pueden disuadir a un estado más poderoso de ga­nar. El «equilibrio del terror» global está en proceso de descentralizarse en muchos «equilibrios del terror» locales. Esta tendencia obliga, por un parte, a las principales potencias a emprender una acción concertada y multilateral para evitar el control de esas armas por parte de nuevos paí­ses, fuerzas políticas o grupos terroristas. Por otra parte, una vez que al­gunos países llegan de todos modos a poseer estas armas, el sistema de se­guridad global se ve obligado a intervenir para equilibrar las fuerzas de destrucción de cada zona del mundo, con el fin de evitar peligrosas con­frontaciones locales.

Los estados-nación también se enfrentan a los limites de su legitimi­dad y, en definitiva, de su poder, con respecto a la gestión global del en­torno planetario. Debido a la creciente capacidad de la informática, la ciencia y la tecnología aportan conocimientos sin precedentes sobre la de­gradación de la naturaleza y sobre sus consecuencias para nuestra espe­cie.

La posibilidad de que exista una dirección hegemónica o de que surja una autori­dad central coordinadora parece remota con respecto a los asuntos medioambien­tales. Y la probabilidad de una coordinación multilateral efectiva parece también lejana, debido a importantes incertidumbres acerca de los costes y beneficios de la protección y gestión del medio ambiente. A estas barreras y condiciones añadiría­mos diversos factores cuyo origen está en la naturaleza del propio estado: la incapacidad fundamental de los gobiernos para controlar los procesos destructivos en juego, la escasez de palancas políticas efectivas y la importancia de la extracción de recursos básicos (y de ahí la destrucción medioambiental) para las alianzas so­ciales clave del estado.

Ello no obedece necesariamente a la ignorancia o mala fe de los go­biernos, sino a que cada estado-nación continúa actuando en nombre de sus intereses propios o de los intereses de los grupos de votantes que valora más. Al hacerlo, el multilateralismo se convierte en un foro de de­bate y en un ámbito de negociación, más que en una herramienta para ejercer la responsabilidad colectiva. Siguiendo una lógica de «desplazamiento de la crisis», «la contradicción medioambiental-económica fundamental y global queda desplazada al nivel del estado-na­ción». Paradójicamente, esta obstinación de los estados-nación conduce a su debilitamiento como instituciones políticas viables, a medida que los ciudadanos de todo el mundo se dan cuenta de la incapacidad de estos aparatos tan caros y engorrosos para abordar los principales problemas que tiene la humanidad. Así pues, para superar su inoperancia creciente, los estados-nación se asocian cada vez más, orientándose hacia un nuevo orden de gobierno supranacional.

EL GOBIERNO GLOBAL Y EL SUPERESTADO NACIÓN

Como escribieron Streeck y Schmitter, «si se quiere una explicación sintética del impulso renovado de la integración europea a mediados de la década de los ochenta, probablemente se diría que es el resultado de un alineamiento entre dos tipos de intereses: los de las grandes firmas eu­ropeas, que pugnan por superar las ventajas competitivas percibidas en relación con el capital japonés y estadounidense, y los de las elites estata­les, que tratan de restablecer, al menos, parte de la soberanía política que han perdido de forma gradual en el ámbito nacional como resultado de la creciente interdependencia internacional». En ambos supuestos, por in­tereses comerciales e intereses políticos, lo que se buscaba no era la su­pranacionalidad, sino la reconstrucción del poder estatal basado en la na­ción a un nivel más elevado, un nivel en el que pueda ejercerse cierto grado de control sobre los flujos de riqueza, información y poder. La for­mación de la Unión Europea no es un proceso de construcción del estado federal europeo del futuro, sino la construcción de un cártel político, el cártel de Bruselas, en el que los estados-na­ción europeos puedan seguir haciéndose, de forma colectiva, con cierto grado de soberanía en el nuevo desorden global, y luego distribuir los be­neficios entre sus miembros, bajo reglas incesantemente negociadas. Por este motivo, en lugar del comienzo de la era de la supranacionalidad y de la gobernación global, estamos presenciando la aparición del super es­tado-nación, es decir, de un estado que expresa, en una geometría varia­ble, los intereses agregados de sus miembros constituyentes

Cabe extrapolar un argumento similar para la pluralidad de institucio­nes internacionales que comparten la gestión de la economía, de la segu­ridad, del desarrollo y del medio ambiente en este mundo de fin de mile­nio. La Organización Mundial de Comercio ha sido establecida para hacer compatible el comercio libre con las restricciones comerciales en un mecanismo continuo de control y negociación. La ONU compite para es­tablecer su nuevo papel doble como fuerza de vigilancia legítima en nom­bre de la paz y los derechos humanos y como centro de los medios de co­municación del mundo, organizando conferencias cada seis meses sobre los titulares de la humanidad: medio ambiente, población, exclusión so­cial, mujeres, ciudades y temas similares, etc.

Estos procesos de internacionalización de las políticas estatales parecen dudar de la posibilidad de un gobierno global como una soberanía plenamente compartida, pese al interés potencial de la idea. Más bien, el gobierno mundial suele considerarse la convergencia negociada de los intereses y políticas de los gobiernos nacionales. Los estados-nación y sus élites son demasiado celosos de sus privilegios para rendir la soberanía, excepto bajo la promesa de beneficios tangibles. Ade­más, según los sondeos de opinión, es muy improbable que, en el futuro previsible, la mayoría de los ciudadanos de un país acepten la integración plena en un estado federal supranacional 52 La experiencia estadouni­dense de construcción de una nación federal es tan específica en la histo­ria que, pese a su atractivo innegable, difícilmente puede ser un modelo para los federalistas de fin de milenio de otras regiones del mundo.

Además, la creciente incapacidad de los estados para tratar los pro­blemas globales que tienen repercusión en la opinión pública (desde el destino de las ballenas hasta la tortura de los disidentes en todo el mundo) lleva a que las sociedades civiles tomen en sus manos cada vez más las responsabilidades de la ciudadanía global. De este modo, Amnis­tía Internacional, Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Oxfam y tantas otras organizaciones humanitarias no gubernamentales se han convertido en una importante fuerza en el ámbito internacional en la década de los noventa, atrayendo con frecuencia más fondos, actuando con mayor efi­cacia y recibiendo una mayor legitimidad que los esfuerzos internaciona­les patrocinados por los gobiernos. La «privatización» del humanitarismo global hace cada vez más débil uno de los últimos razonamientos sobre la necesidad del estado-nación.

En suma, lo que estamos presenciando es, al mismo tiempo, la sobera­nía compartida en la gestión de los principales temas económicos, medioambientales y de seguridad, y, por otra parte, el atrincheramiento de los estados-nación como componentes básicos de esta enmarañada red de instituciones políticas. Sin embargo, el resultado de este proceso no es el reforzamiento de los estados-nación, sino la erosión sistémica de su poder a cambio de su perduración. Ello se debe, sobre todo. a que los procesos de conflicto, alianza y negociación constantes hacen a las instituciones in­ternacionales poco efectivas, de tal modo que la mayor parte de su ener­gía política se gasta en el proceso y no en el producto, lo cual ralentiza se­riamente la capacidad de intervención de los estados, incapaces de actuar por sí mismos, pero paralizados cuando tratan de hacerlo colectivamente.

IDENTIDADES, GOBIERNOS LOCALES Y DECONSTRUCCIÓN DEL ESTADO-NACIÓN.

La estructura del estado-nación presenta una diferenciación territorial que expresa alianzas y oposiciones entre los intereses sociales, las culturas, las religiones y las nacionalidades que componen el estado. La diferenciación de las instituciones estatales explica en buena medida el misterio aparente de por qué los estados suelen estar gobernados en nombre de los intereses de una minoría, aunque no se basen en la opresión. Los grupos sociales subordinados y las minorías culturales, nacionales y regionales sí tienen acceso al poder en los niveles inferiores del estado, en los territorios donde viven, surgiendo una geometría compleja en la relación entre el estado, las clases sociales y las identidades de la sociedad civil. En cada comunidad las alianzas sociales y su expresión política son específicas. Esto es un mecanismo esencial para mantener el equilibrio.

Los acuerdos alcanzados entre los agentes sociales en los gobiernos locales no suelen corresponder a las alianzas políticas que se establecen entre los diversos intereses sociales en al ámbito nacional, sino que suelen ser acuerdos específicos articulados entorno al liderazgo local. Así, los gobiernos locales y regionales son la manifestación del poder estatal descentralizado, el punto de contacto entre el estado y la sociedad civil y la expresión de identidades culturales.

La incapacidad creciente del estado-nación para responder simultáneamente a este conjunto de demandas provoca lo que Habermas llama "una crisis de legitimación", que para intentar superarla los estados descentralizan algo de su poder a las instituciones políticas locales y regionales lo que ocasiona dos tendencias:

• debido a la diferenciación territorial de las instituciones estatales, las identidades de las minorías regionales y nacionales encuentran su expresión en los ámbitos local y regional.

• Los gobiernos nacionales tienden a centrarse en controlar los desafíos estratégicos planteados por la globalización de la salud, la comunicaión y el poder, dejándose de lado otros temas.

LA IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO

La institucionalización selectiva de la identidad del estado tiene un efecto indirecto muy importante sobre la dinámica general del estado y la sociedad. No todas las identidades encuentran refugio en las instituciones de los gobiernos locales y regionales. De hecho una de las funciones de la diferenciación territorial es mantener el principio de la igualdad universal mientras organiza su aplicación de desigualdad segregada. La autonomía local/regional refuerza territorialmente a las élites e identidades dominantes y despoja a los grupos sociales que no están representados en las instituciones au tónomas de gobierno o que están aislados en guetos. Esto puede dar lugar a dos procesos diferentes:

• Las identidades que tienden a ser inclusoras utilizan su control de las instituciones regionales para ampliar las bases sociales y demográficas de su identidad

• Por otra parte, las sociedades locales atrincheradas en una posición defensiva construyen sus instituciones autónomas como mecanismos de exclusión.

Es una situación diferente cuando las identidades e intereses que dominan las instituciones locales rechazan la noción de integración, como las comunidades divididas por la étnia. Generalmente el rechazo a la cultura oficial es contestado por los excluidos enorgulleciéndose su identidad excluida. Estas minorías étnicas no pretenden acceder al estado local, sino apelar al estado nacional para que sus derechos sean reconocidos e intereses defendidos. Sin embargo, el estado-nación va cediendo más poder y e cursos a los gobiernos locales y regionales por lo que cada vez es menos capaz de igualar los intereses de las diversas identidades y grupos sociales representados en el estado-nación general, lo que deslegitima aún más su papel protector y representativo frente a las minorías discriminadas.. en consecuencia estas minorías buscan refugio en sus comunidades locales, en estructuras no gubernamentales de autocontrol.

En el límite, cuando un estado-nación no representa a una identidad fuerte, o no deja espacio para que una coalición de intereses sociales consiga poder bajo una identidad reconstruida, una fuerza social/política definida por una identidad paritcular (étnica, territorial, religiosa) puede tomar el estado a fin de hacerlo la expresión exclusiva de esa identidad. Éste es el proceso de formación de los estados fundamentalistas, como la República Islámica de Irán o las instituciones de gobierno estadounidenses propuestas por la Coalición Cristiana en los noventa.

CRISIS CONTEMPORÁNEAS DE LOS ESTADOS-NACIÓN: El estado Priísta Mexicano y el gobierno federal de USA en los noventa.

El estado priísta mexicano, tras haber sido uno de los régimenes políticos más estables del mundo durante cerce de seis décadas, se desintegró en unos cuantos años bajo el impacto combinado de la globalización, la identidad y una sociedad civil transformada.

Estados Unidos es excepcional debido al tamaño de su economía, la flexibilidad de su política y el alto grado de descentralización de la estructura estatal. Pero es esta excepcionalidad la que nos hace ver que hasta un estado con un alcance global, arraigado en el federalimo flexible, entra en crisis como consecuencia de las tendencias actuales.

TLC, Chiapas, Tijuana y la agonía del estado priísta

Tras dos décadas de inestabilidad postrevolucionaria, México pasó a ser uno de los estados más efectivos del mundo. Se organizó entorno al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El estado priísta fue capaz de someter a los centros de poder competidores que condicionaban la política latinoamericana en la mayoría de países. Se las arregló para construir una fuerte identidad nacional indígena (precolombinas), mientras mantenía en la marginación un 10% de población índia. También logró fomentar un considerable crecimiento económico entre 1940-1974. La violencia era rara en la política mexicana y la extendida corrupción sistémica era ordenada siendo un impotante elemento estabilizador. Pero la clave de la estabilidad social y políitca del estado estaba en el elaborado sistema de conexiones entre el PRI y la sociedad civil, basandose en la incorporación orgánica de los sectores populares mediante los sindicatos. Este sistema de clientelismo político no se basaba generalmente en la manipulación o represión, sino con la entrega real de bienes materiales y servicios.

Todo se vino abajo en menos de una década a mediados de los ochenta y noventa. En 1994, el primer año de existencia real del TLC, tubieron lugar diferntes hechos: los zapatistas se sublevaron en chiapas, el candidato a presidente del PRI fue asesinado, el peso mexicano se derrumbó... En junio de 1997 el PRI perdió la mayoría absoluta y el PAN se hizo con varios gobiernos regionales. La transformación actual de México y la crisis de su estado-nación comenzaron en 1982, cuando México fue incapaz de pagar su deuda exterior.

Henos de introducir un nuevo elemento decisivo: el nuevo papel de México en el crimen organizado global. En los años ochenta, cuando la formación de las drogas globales y el aumento de la presión estadounidense llebó a los cárteles colombianos a compartir parte del comercio vinculado con USA con los cárteles mexicanos. Mientras la nueva élite tecnopolítica de México se afanaba por vincularse a la economía global, importantes sectores del aparato priísta, junto con autoridades estatales y locales, establecieron su propia conexión con otra "economía global". Estas mafias en 1994 eran fuertes para mantener sus intereses pero no para hacerlos efectivos lo que provocó alguna que otra muerte y un cambio en las reglas del juego.

En la decisiva crisis de 1994 la conexión de drogas-PRI desempeñó un importante papel en los asesinatos e intimidaciones que destruyeron las reglas tradicionales del juego político y abrieron el camino para la defunción del estado priísta. Fue el alcance global de eses redes criminales, su implicación en las relaciones entre los Estdos Unidos y México, y la participación de los niveles más elevados del estado los que hicieron significativa la crisis como ejemplo del modo en que la globalización del crimen desestabiliza a los estado-nación poderosos y estables.

Desde la perpectiva económica se habla de que la crisis de México 1994 fue inducidas por las innovaciones financieras de los años recientes, y los avances de la tecnología de la información y las comunicaciones hicieron que se propagara de un modo sin precedentes. De aquí se deduce que toda clase de política tendrá que estar estrechamente coordinada con la política económica estadounidense y con los mercados financieros internacionales.

En política México habrá de vérselas con la penetración de su aparato estatal por las redes criminales globales. En la política interna, una sociedad civil más culta y movilizada está experimentando nuevos modos de expresión y organización en contradicción con el estado priísta. Por otra parte el poder de la identidad, declarado por Marcos y los zapatistas, ha tenido puentes entre los verdaderos indios, los verdaderos pobres y los sectores urbanos educados en busca de nuevas utopías mavilizadoras.

El pueblo contra el estado: la crisis de legitimidad del gobierno federal de los Estados Unidos

La crisis estadounidense en los noventa es una crisis de legitimidad que va más allá de la corriente libertaria tradicional en la política. Se inicia en las profundidades de la sociedad civil, expresando su descontento sobre varios temas distintos que convergen en el cuestionamiento del papel, la función y el poder del gobierno federal. Esta fuerte tendencia antiestatal afecta profundamente a la política, pero no a la estructura del estado aunque se empieza a impulsar su transformación.

Es esta divisoria entre lealtad renovada al símbolode la nación y la desobedencia creciente a las instituciones federales la que caracteriza a una crisis de legitimidad, la vez que podemos intuir varias tendéncias:

• Nueva clase de populismo económico en reacción contra la marginación de una alta proporción de los trabajadores que sufren el impacto de la reestructuración económica global. Se pide un cierto proteccionismo económico.

• Se propone el ailamiento, oposición popular a enviar tropas al exterior en ausencia de una amenaza claramente percibida a la seguridad nacional interna.

• Amplio rechazo hacia lo que se considera una interferncia del gobierno en las vidas privadas, la familia y las comunidades locales.

• Los movimientos a favor de los valores familiares y contra el aborto, las campañas antigays y el fundamentalismo religioso forman una base de una corriente social extensa y diversificada (Coalición Cristiana).

La movilización de una considerable proporción de la sociedad contra el estado de bienestar de Estados Unidos lleva a la segmentación de la sociedad y al debilitamiento del estado, cada vez más presionado para que se convierta en un aparato represivo del ascenso de las clases peligrosas. El incapié en el voluntariado comunitario y la caridad como sustitutos del estado de bienestar, aunque refuerza la importancia de una sociedad civil solidaria, que es sobre todo una pantalla ideológica para no afrontar el abandono cínico de una responsabilidad colectiva con el pretexto de ejercer la responsabilidad individual.

La crisis del estado-nación no procede sólo de la hegemonía cultural de los valores antiestatales, sino de la convergencia de desafíos de varias ideologías e intereses en el cuestionamiento del gobierno federal de USA, según se ha constituido en la história.

Estas corrientes tan diversas y vogorosas suelen organizarse en torno a dos temas que se convierten en la bandera común: rechazar los impuestos y llebar armas. La difusión de estos temas y actitudes se ha visto ayudada por la creciente localización, segmentación y diferenciación de los medios de comunicación y por la extensión de la comunicación electrónica.

Estructura y proceso en la crisis del estado

Tanto en México como en USA observamos el impacto directo de la globalización y la reestructuración capitalista sobre la legitimidad del estado, mediante el desmantelamiento parcialdel estado de bienestar, la disolción de las estructuras productivas tradicionales, la inestabilidad laboral, la creciente desigualdad social,..., mientras que grandes ectires de la población quedan desconectados del sistema dinámico globalizado. En el caso de México, la penetración en el estado de la economía criminal global añade un sesgo pronunciado a la desorganización de las instituciones políticas y a su crisis de legitimidad.

En el caso de USA, la crisis del patriarcado profundizó la inseguridad entre grandes sectores de la población provocando el alejamiento del estado secular y de las instituciones legales y políticas que se mostraban receptivas respecto los derechos de las mujeres. Esto para algín sector condujo a la afirmación de Dios, la familia y la comunidad como valores.

En ambos casos las crisis estructurales que socavaron la legitimidad del estado interactuaron con el desrrollo de movimientos sociales que afirmaban identidades alternativas y rechazaban explícitamente la legitimidad del gobierno. Las demandas de estos grupos fueron procesadas por el sistema político encontrando un eco.

En los dos casos los nuevos sistemas de comunicación electrónica han sido decisivos para amplificar la recuperación de movimientos relativamente pequeños sobre la opinión pública en general.

Así pues, existe una conexión entre la globalización, la informacionalización, la reestructuración capitalista, los movimientos basados en la identidad y la crisis de legitimidad política tanto en México como en USA.

El hecho de que la respuesta social y política al nuevo desorden global proviniera de la "izquierda" en México y de la "derecha" en USA se debe, en parte, a la especificidad hitórica de los sistemas políticos y, en parte, a las características de la crisis que tenían que solventar. Es decir, puesto que el estado en ambos casos era incapaz de proprcionar la protección prometida y en lugar de ello se convirtió en el gestor activo del proceso de globalización/reestructuración, el desafío contra el estado se organizó desde fuera de la base de apoyo tradicional a las reformas emprendidas por el gobierno: los demócratas del gobierno profederal en USA; el sistema populista priísta en México.

EL ESTADO, LA VIOLENCIA Y LA VIGILANCIA: DEL GRAN HERMANO A LAS HERMANAS PEQUEÑAS

Las nuevas y poderosas tecnologías de la información pueden ponerse al servicio de la vigilancia, el control y la represión por parte de los aparatos del estado. Pero también pueden ser utilizadas por los ciudadanos para mejorar su control sobre el estado, mediante el acceso legítimo a la información de los bancos de datos públicos, interactuando con sus representantes políticos,... Lo que hace el poder de la tecnología es reforzar de forma extraordinaria las tendencias arraigadas en la estructura e instituciones sociales: las sociedades opresivas pueden serlo más con las nuevas herramientas de vigilancia, mientras que las sociedades democráticas y participativas pueden incrementar su apertura, distribuyendo más el poder político con el poder de la tecnología. Pero hay una tendencia más profunda que debilita el poder del estado-nación: la difusión creciente tanto de la capacidad de vigilancia como del potencial de violencia furea de las instituciones del estado y más allá de las fronteras de la nación.

Por una parte existen informes sobre la amenaza creciente a la intimidad que conciernen menos al estado como tal que las organizaciones empresariales y redes de información privada. El estado ha ido acumulando información de sus ciudadanos que las nuevas tecnologías pueden cruzar extraordinariamente. Por otra parte, si el trabajo policial se ha visto facilitado por las nuevas tecnologías, también se lo facilita al crimen organizado. Pero la cuestión real es otra: es el acopio de la información sobre los individuos por parte de las firmas comerciales y las organizaciones de todo tipo, y la creación de un mercado para esta información. La tarjeta de crédito es más que un carnet de identidad, es el instrumento mediante el cual las gentes puden ser clasificadas, analizadas y seleccionadas con fines de mercadotecnia.

Se está dando una nueva relación entre el estado y los medios de comunicación dada la creciente interdependencia legal y financiera de los medios y el aumento de la capacida tecnológica pone en manos de los medios la posibilidad de espiar al estado y de hacerlo en nombre de la sociedad o grupos de interés específico. Sin duda, las murmuraciones o las revelaciones de los medios de comunicación siempre han sido una amenaza para el estado y una defensa para el ciudadano. Pero las nuevas tecnologías y el nuevo sistema de medios de comunicación han aumentado de forma exponencial la vulnerabilidad del estado ante los medios y ante el mundo empresarial. Hoy el estado es más vigilado que vigilante.

Además, aunque el estado-nación conserva la capacidad de ejercer la violencia, está perdiendo su monopolio porque sus principales contrincantes están organizandose en redes transnacionales de terrorismo o grupos violentos.

LA CRISIS DEL ESTADO-NACIÓN Y LA TEORÍA DEL ESTADO

El nuevo sistema de poder se caracteriza por la pluraridad de las fuentes de autoridad y de poder, siendo el estado-naciónsólo una de ellas. Esto más que una excepción parece haber sido una regla histórica. Según Spruyt, el estado-nación maderno tenía diversos competidores, así como alianzas militares y diplomáticas que coexistieron con el estado-nación durante su desarrollo en la Edad Moderna. Pero ahora es la pérdida de peso relativo del estado-nación dentro del ámbito de la soberanía compartida lo que caracteriza al escenario de la política mundial actual.

Con esto se puede preveer un nuevo papel para el estado: los estados funcionan menos como entidades "soberanas" y más como componentes de un "sistema de gobierno" internacional. Las funciones centrales del estado-nación serán proporcionar legitimidad y asegurar la resonsabilidad de los mecanismos de gobierno supranacionales y subnacionales. Además el estado-nación está cada vez más sometido a la competencia de fuentes de poder que no están definidas. Son redes de capital, producción, comunicación, crimen, instituciones internacionales,...Y, por debajo del estado están las comunidades, las tribus, los cultos y las bandas. Así, los estados nación, que continúan existiendo, son y serán nodos de una red de poder más ámplia. Con frecuencia se enfrentarán a otros flujos de poder en la red.

Los estados nación han perdido su soberanía y puede que retengan su capacidad de toma de decisiones, pero al converitrse en partes de una red de poderes y contrapoderes, son en sí mismos impotentes, ya que dependen de un amplio sistema de aplicación de la autoridad y la influencia de multiples fuentes, lo que tiene serias consecuencias para la teoría y la práctica del estado.

Durente décadas la teoría del estado ha estado dominada por el debate entre el institucionalismo, el pluralismo y el instrumentalismo. Los institucionalistas han destacado la autonomía de las instituciones del estado siguiendo una lógica interna de un estado determinado. Los pluralistas explican la estructura y la evolución del estado como el resultado de una variedad de influencias en una reforma incesante de éste, de acuerdo con la dinámica de una sociedad civil plural. Los instrumentalistas, marxistas o historicistas consideran al estado la expresión de loa actores sociales que persiguen sus intereses y logran el dominio, ya sea sin oposición dentro del estado o como el resultado inestable de luchas y alianzas. Peró, ¿cómo podemos concebir todo esto?

Desde el punto de vista de la teoría debemos reconstruir las categorías para comprender las relaciones de poder sin presuponer la intersección necesaria de la nación y el estado, esto es, separando la identidad de la instrumentalidad. Las nuevas relaciones de poder, más allá del estado nación impotente, deben comprenderse como la capacidad de controlar las redes instrumentales globales en virtud de identidades específicas o, desde la perspectiva de las redes globales, de someter toda identidad en el cumplimiento de las metas instrumentales adicionales. El control del estado-nación se convierte sólo en un medio más de afirmar el poder, donde la teoría del poder reemplaza a la teoría del estado.

Sin embargo, de esto no se deduce que el estado nación vaya a desaparecer, en la mayoría de casos no lo hará, al menos durante un largo tiempo, debido a razones paradójicas. En efecto, en un mundo de redes globales aculturales y transnacionales, las sociedades tienden a atrincherarse en las identidades y a reconstruir aquellas instituciones expresión de su identidad. Por ello estamos presenciando al mismo tiempo la crisis del estado.nación y la explosión de nacionalismos cuyo fin explícito en general es construir o reconstruir un nuevo estado nación basado en la identidad, no sólo en la herencia histórica del control territorial. En muchos casos los nacionalismos desafían a los estados-nación convirtiéndose en un factor importante para contribuir a su crisis. Cuando estos nuevos nacionalismos basados en la identidad alcancen la fase de estados, encontrarán los mismos límites que los estado-nación.

Los estados-nación que semantienen fuertes en medio de la turbulencia histórica, como Japón y Corea del Sur, también lo hacen basandose en la homogeneidad social y la identidad cultural. Pero también está surgiendo una contradicción creciente entre los intereses de las grandes empresas multinacionales japonesas o coreanas, que ahora se están haciendo realmente globales para sibrevivir a la competencia feroz.

Así pues, el comunalismo construye/mantiene a los estados en la sociedad recientemente globalizada, pero con el tiempo los debilita de forma decisiva.

CONCLUSIÓN: EL REY DEL UNIVERSO, SUN TZU Y LA CRISIS DE LA DEMOCRACIA.

La competitividad nacional sigue siendo una función de las políticas y el atractivo de las economías para las multinacionales extranjeras es una función de las condiciones económicas locales, que las multinacionales dependen mucho de sus estados de origen para obtener obtener protección directa o indirecta, y que las políticas nacionales sobre recursos humanos-capital son esenciales para la productividad de las unidades económicas localizadas en un territorio nacional. Hirst y Thompson exponen que si además de la relación entre las empresas y el estado incluímos la gamplia gama de políticas mediante las cuales los estados-nación pueden utilizar sus poderes reguladores para facilitar o bloquear los movimientos de capital, el trabajo, información y bienes, resulta evidente que el desvanecimiento del estado-nación es una falacia.

No obstante, en los noventa los estado-nación han sido transformados de sujetos soberanos a actores estratégicos, ocupándose de sus intereses y de los que se supone que representan, en un sistema global de interacción, en una situación de soberanía comparitda sistémicamente. Ostentan una grande influencia poer apenas tienen poder por sí mismos, aislados de las macrofuerzas supranacionales. Y, cuando actúan estratégicamente en el ámbito internacional, están sometidos a una gran tensión interna: por una parte, para fomentar la productividad y competitividad de sus economías deben aliarse estrechamente con los intereses económicos globales y guiarse por las reglas faborables a los flujos de capital, mientras piden a sus sociedades que esperen pacientemente los beneficios creados por la iniciativa empresarial.

Por otra parte, los estados-nación sobreviven debido al comunalismo defensivo de las naciones y los pueblos de su territorio. Así pues, cuanto más resaltan los estados la identidad menos efectivos resultan como coagentes de un sistema global de poder comparitdo. Cuanto más triumfan en la escena planteraria menos representan a sus grupos nacionales.

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