Legislación y políticas aplicables al pueblo mapuche

(- - 1927)

Desde la Independencia de Chile se han dictado numerosos cuerpos legales que regulan la situación de los pueblos indígenas del país, principalmente reglamentaciones acerca de la tenencia de la tierra del pueblo mapuche.

La población mapuche, al inicio de la Independencia, habitaba fundamentalmente al sur del río Bío Bío, frontera entre el territorio español y el mapuche. En razón de lo anterior, la primera legislación dictada por el Estado Chileno afectaba a los indígenas que habitaban al norte del río Bío Bío, en los llamados "pueblos de indios".

Los primeros decretos referidos a los indígenas se dictan al iniciarse el gobierno de la República, sustancialmente estas leyes declaran que el indígena debe estar en igualdad de condiciones con el chileno.

La primera ley dictada en este período fue el Decreto del 1º de Julio de 1813 y su objetivo fue formar villas formales gozando los indígenas de los mismos derechos sociales de ciudadanía que corresponde al resto de los criollos.

En adelante, los indígenas de Chile pueden y podrán realizar todo tipo de contratos.

Sin embargo, los resultados de las leyes de 1813 fueron desastrosos para los indígenas ya que la igualdad total ante la ley y la libertad de comprar y vender las tierras, condujo a la enajenación de gran parte de las propiedades de los indígenas.

En razón de los abusos que ocasionó la legislación anterior que reconocía la plena capacidad jurídica a los indígenas, se modifica la política del Estado a contar de la década del 50 y se dicta una legislación proteccionista, que pone término a la igualdad jurídica entre indígenas y no indígenas, y se establece su incapacidad para celebrar actos y contratos, especialmente en relación con sus tierras.

La segunda Ley dictada es la del 2 de Julio de 1852, que junto con crear la Provincia de Arauco, autoriza al Presidente de la República para reglamentar el gobierno de las fronteras y la protección de los indígenas. El origen de esta ley se basa en la intención del Estado de ocupar los territorios al sur del Bío Bío y de regularizar la situación jurídica de las tierras ocupadas por los chilenos en la zona fronteriza.

En la misma etapa de proteccionismo estatal hacia los indígenas, a partir de 1866 se dictan una serie de leyes por medio de las cuales se declaran todas las tierras al sur del río Malleco como fiscales, para posteriormente reducir a los mapuches y entregar gran parte de ellas a particulares.

Esta radicación fue regulada básicamente por la Ley del 4 de Diciembre de 1866, la Ley del 14 de Agosto de 1874 y la Ley de 1883. A través de estas leyes se crea la Comisión Radicadora de Indígenas como el organismo encargado de radicar a los mapuches en reservaciones limitadas, por medio del otorgamiento de los llamados Títulos de Merced, dejando de ese modo el territorio libre para el desarrollo de un programa de colonización por parte del Estado.

La política de radicación de los indígenas obligó a los mapuches a vivir en un espacio reducido de tierra, alterándose su sistema familiar. Efectivamente, en algunos casos la familia se dispersó, y, por otra parte, las radicaciones se hacían agrupando, bajo un mismo título, a personas de diferentes familias que no reconocían al mismo cacique como jefe. Además, se convirtió a los mapuches en sedentarios, cuando hasta entonces eran seminómades. Por otra parte, se creó un status diferenciado entre los mapuches, distinguiéndose entre aquellos que habitaban una comunidad con Título de Merced y los que estaban agrupados en comunidades de hecho.

En definitiva, esta legislación implicó la aculturación de los mapuches, al fomentar la terminación de la comunidad, induciendo de esta forma a abandonar sus formas tradicionales de vida, convirtiendo su propiedad en individual.

En 1857 entró en vigencia el Código Civil, estableciendo el sistema denominado de la propiedad inscrita. Mientras no se efectuare la inscripción exigida por la ley, los títulos no darían o transferirían la posesión del respectivo derecho. Una vez realizada la inscripción, se probaría la posesión.

La legislación de la época abordó únicamente la cuestión de la terratenencia mapuche (1823-1927). Todo el derecho de familia, sucesión por causa de muerte, etc., quedó reglamentado por el Código Civil, el que impone un conjunto de normas que no consideran el derecho consuetudinario indígena. En este sentido, principios jurídicos y normas que eran válidas para la sociedad chilena de la época, no lo eran para la sociedad mapuche. Las únicas normas de excepción para los indígenas eran las que se referían a la capacidad para disponer de las tierras.

La división de las comunidades (1927-1989)

A contar de 1927 y hasta 1989, la política indígena implementada por el Estado, con respecto al pueblo mapuche, es la división de las comunidades y el otorgamiento de títulos individuales de dominio.

La situación de conflicto por las tierras del sur, condujo a la dictación de la Ley Nº 14.298 llamada de Propiedad Austral, el 16 de Octubre de 1925. La constitución de la Propiedad Austral estaba dirigida exclusivamente a regularizar la propiedad de los particulares, respecto de quienes el Estado favoreció con la aplicación de normas que no consideraron el dominio de los indígenas.

La primera ley que reguló la división de las comunidades mapuches, fue la Ley Nº 4.169 de 1927, que estableció el Tribunal Especial de División y determinó el procedimiento. Un elemento central de esta ley, y que será respetado en casi todas las leyes posteriores, es que reconoce en su art. 5 el Título de Merced como la base de partición de la comunidad.

Posteriormente, la Ley Nº 4.802 de 1930 suprimió la Comisión Radicadora de Indígenas, cesando, por tanto, las radicaciones y por ende la entrega de títulos de dominio a favor de los indígenas.

Tanto la Ley Nº 4.169 como la Ley Nº 4.802, establecían una división forzada de las comunidades indígenas. Estos dos cuerpos legales se refundieron en el Decreto Ley 4.111 del 12 de Junio de 1931.

Los indígenas sólo podrían recibir terrenos en una sola comunidad, aún cuando figuraren en varios Títulos de Merced, y sin perjuicio de los derechos hereditarios que podían hacer valer en terrenos de otras comunidades, cuestión que fue ampliamente criticada por las organizaciones mapuches al constituir una negación de lo que les correspondía por herencia, según su costumbre.

En 1953 se crea la Dirección de Asuntos Indígenas, dependiente del Ministerio de Tierras y Colonización, que tenía por objeto aplicar las políticas contenidas en las leyes de 1931 y sus modificaciones. La Dirección tenía como función la división de las comunidades, ella reconoce la existencia de las comunidades indígenas, aunque no las legisló en detalle en cuanto a sus funciones y derechos.

Este conjunto de disposiciones legales se ordena y funden en la Ley Nº 14.511 del 3 de Enero de 1961, que va a regir la cuestión indígena durante toda la década del sesenta. Esta ley, en su art. 70 establece un sistema para la recuperación de las tierras a través del Juzgado de Indígenas. Se reconoce nuevamente que el Título de Merced prevalece sobre cualquier otro.

"Los resultados de la legislación iniciada en 1927 y que termina a fin de la década del sesenta son muy pobres. La legislatura se centra en cómo dividir las comunidades indígenas. Sin embargo, las comunidades que se dividieron fueron muy pocas. En cuarenta años de intentos por dividirlas (1927-1967), sólo completaron este proceso un poco más de 800 comunidades, de las cuales 793 lo hicieron entre 1931 y 1949, esto es, en los primeros años que operó la ley de división por oficio administrativo, y sin preguntarle absolutamente nada a los interesados. En la década del sesenta, en que se podía dividir la comunidad mediante el acuerdo de un tercio de los comuneros, se presentaron sólo 121 juicios y muchos de ellos no se concretaron".

El 26 de Septiembre de 1972 se dicta la Ley Nº 17.729, esta se ubica en el contexto de la Reforma Agraria, se trataba de buscar la fórmula para que los indígenas también se beneficiaran del proceso de reforma en curso.

Esta ley comienza a ser discutida por las organizaciones indígenas en 1966. Se llega a un Primer Congreso Mapuche en Ercilla en 1969, en el cual se decide la modificación de la legislación indígena y se nombra una comisión que comienza a discutir un borrador. En Diciembre de 1970, se reúne el Segundo Congreso Mapuche que aprueba un borrador de proyecto, el cual se entrega al recientemente elegido Presidente de la República, Salvador Allende.

Hasta ahora, las leyes indígenas han regulado únicamente las tierras indígenas. Con la dictación de esta nueva ley, será la primera vez que un cuerpo legal se refiera y defina a los indígenas independientemente de sus tierras. En su art. 1º esta ley señalaba, que son indígenas aquellas personas que habitando en cualquier lugar del territorio nacional, formen parte de un grupo que se exprese habitualmente en idioma aborigen, y se distingan de la generalidad de los habitantes de la República, por conservar sistemas de vida, normas de convivencia, costumbres, formas de trabajo o religión, provenientes de grupos autóctonos del país.

Por otra parte, esta ley crea el Instituto de Desarrollo Indígena, organismo que centralizará las políticas del Estado que van dirigidas a la sociedad indígena. Se contemplan planes de desarrollo agropecuario, becas de estudio y hogares estudiantiles.

A partir de Septiembre de 1973, la Ley 17.729 quedó en la práctica inoperante. En cuanto a la Reforma Agraria, ésta se estancó y numerosos predios que habían sido entregados a las comunidades indígenas por tratarse de "tierras usurpadas" fueron devueltos a los propietarios expropiados o entregados para proyectos de parcelación de la CORA.

En 1978 se dicta el D.L. Nº 2.568 sobre División de las Comunidades Indígenas. Este expresa que, a contar de la fecha de inscripción en el Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces, las hijuelas resultantes de la división de las reservas dejarán de considerarse tierras indígenas e indígenas sus dueños y adjudicatarios. Debido a la fuerte crítica a esta norma, ella fue modificada por el D.L. Nº 2.750 de 1979.

Por otra parte, se suprimió el Instituto de Desarrollo Indígena, entregándose a otras reparticiones sus funciones. Para ejecutar las divisiones se crea el Departamento de Asuntos Indígenas del Instituto de Desarrollo Agropecuario, organismo que será el encargado de la aplicación del D.L. 2.568. De conformidad con sus disposiciones, cualquier ocupante de una comunidad indígena, sea o no mapuche, podía solicitar la división. En efecto, sobre la base de esta legislación, "se ha verificado desde entonces un proceso divisorio de las comunidades indígenas, sin precedentes en nuestra historia. Es así como sólo entre 1979 y 1986, se dividieron un total de 1.739 comunidades (59,6% del total existente) entre las provincias de Arauco y Osorno".

Además, al otorgarse mediante este decreto títulos de dominio individual a los ocupantes, indígenas o no, en muchos casos se otorgó rango legal definitivo a las tierras usurpadas.

Política Indígena (1989- -)

Al comienzo de los noventa, las minorías étnicas estaban en una situación crítica. No solamente debido a la acumulación histórica de conflictos, sino también por los efectos negativos causados por las políticas establecidas por el régimen anterior. Se desataba un fuerte proceso por dispersar las etnias y las minorías indígenas se volvían indefensas como resultado de las políticas negativas de discriminación.

-Pérdidas sistemáticas de territorio: Es un proceso histórico desde mediados de 1850 del siglo pasado a través de leyes que facilitaron la enajenación y venta de tierras.

-Pulverización de la propiedad: Diversas leyes -2.568 y 2.750- fueron aprobadas en 1979 para acelerar el proceso de disolución de las comunidades. Entre 1979 y 1986, un total de 1.739 comunidades fueron fraccionadas (59% del total) y se crearon 46.346 pequeñas parcelas.

-Emigración indígena a principales ciudades: De acuerdo al Censo Nacional de 1992, la población indígena se dividía en un 79.25% urbana y 20.75% rural.

-La pobreza étnica durante la década de los ochenta: El Censo de Disminución Indígena efectuado en 1988 en la Novena Región de Chile concluyó que:

1. La mortalidad era la más alta del país, estando cinco años atrasado con relación al resto de la nación.
2. Condiciones de viviendas precarias: 53% tenían casas con piso de madera o de tierra.
3. En 1996 la población indígena en pobreza era un 35%, más alta que el promedio de la nación de un 23.2%. Un 10.6% de la población indígena era indigente o vivía en condiciones de extrema pobreza y 25% en la pobreza misma.

• El Acta de Nueva Imperial:

La política indígena del gobierno fue establecida por medio de la ley 19.253 aprobada en el Congreso en Octubre de 1993. Su origen se remonta al Acta de Compromiso suscrita en Nueva Imperial, por el entonces candidato presidencial de la Concertación de Partidos por la Democracia, Patricio Aylwin, en Diciembre de 1989 durante el Primer Encuentro Nacional de Pueblos Indígenas. Asistieron más de 400 líderes étnicos representativos de los pueblos Mapuche, Aimara, Pehuenche, Huilliche y Rapa Nui.

Esta Acta marca el primer compromiso mediante el cual se expresa la intención de trabajar en conjunto para avanzar en la superación de los problemas que afectaban a los pueblos indígenas. Los representantes indígenas se comprometían a apoyar los esfuerzos del nuevo gobierno a favor de la democratización del país y canalizar sus demandas a través de los mecanismos contemplados en el programa de la Concertación. El entonces candidato asumía el compromiso de crear al inicio de su gestión de gobierno:

Una Comisión Especial de Pueblos Indígenas para estudiar una nueva legislación sobre la materia que contemplara una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y a impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena -CONADI- fue creada como un servicio público gubernamental para garantizar los derechos de las comunidades indígenas. Su Consejo Nacional, con ocho representantes de gobierno, debe velar por el cumplimiento de la Ley Indígena Nº 19.253.

• Reconocimiento Constitucional

Desde 1990, los tres gobiernos de la Concertación han insistido en una Reforma Constitucional para obtener un Reconocimiento Constitucional a favor de los pueblos indígenas.

En Enero de 1991, el gobierno envió una propuesta al Congreso Nacional para ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Su tramitación aún está pendiente.

Desde sus inicios, el gobierno del Presidente Ricardo Lagos, ha estado en búsqueda de acelerar el debate en el Congreso para que la reforma constitucional sea aprobada.

• Plan especial para apoyar al Pueblo Indígena (1999 - 2002) :

A mediados de 1999, el gobierno del Presidente Eduardo Frei asumió un plan especial de desarrollo indígena, orientado a las comunidades mapuches ubicadas en el sur de Chile. Este plan surgió del diálogo sostenido por las autoridades de gobierno con más de 3.000 comunidades mapuches de las Regiones del Bío Bío, Araucanía y Los Lagos.

Este plan incluye 32 programas de ocho ministerios y está siendo ejecutado en cinco áreas específicas: desarrollo indígena productivo, infraestructura y vivienda indígena.

Por primera vez en la historia de Chile, más de 1000 mapuches visitaron el Palacio de Gobierno donde se suscribió un Pacto por el Respeto Ciudadano.

• Grupo de Trabajo sobre Temática Indígena

El gobierno del Presidente Ricardo Lagos luego de cuatro días de asumir el mando el 11 de Marzo, solicitó una mesa de trabajo sobre temas relacionados con los pueblos indígenas. Este grupo incluyó organizaciones indígenas, representantes de la iglesia y organizaciones gubernamentales. En 50 días elaboraron un plan de acción de 16 medidas para intensificar el apoyo social y público hacia el pueblo indígena. Este es un primer avance para establecer las bases de un Nuevo Trato entre el Estado, la sociedad y el mundo indígena.

Los resultados de esta mesa, los compromisos gubernamentales y la decisión de crear una Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, demuestran una política de participación basada en un diálogo establecido dentro de la Ley Indígena para respetar y valorar a los pueblos originarios.

Ley Indígena:

Más allá de ser una cuestión de justicia, el significado simbólico de la tierra tiene que ver con un pasado histórico que los indígenas defienden como parte de su identidad, ya que la proyección de una vida comunitaria en torno a la tierra es a base de su crecimiento como comunidad.

"Nunca se ven los frutos, estamos cansados que nos tramiten tanto, mientras las forestales se adueñan de las aguas, de la tierra, del aire y no nos dejan nada". Las palabras del dirigente Pascual Pichún reflejan el desconcierto de una minoría étnica que, pese al respaldo legal sustentado en la Ley n° 19.253, más conocida como Ley Indígena, aún no encuentran solución al conflicto con la Forestal Mininco.

Pese a que la Forestal Mininco insiste en la propiedad de los terrenos dedicados a la tala, la Ley Indígena, contiene determinados artículos que explican el pleno derecho de estas comunidades a mantener control de su territorio. Veamos cuales son:

• Artículo 13: en aquellos terrenos que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades mapuches, aimaras, rapa nui o pascuences, atacameños, quechuas, collas, kawashkar y yámana, siempre que sus derechos sean inscritos en el Registro de Tierras Indígenas, condición que cumplen las comunidades que protestan en Traiguén.

En relación con esta ley, el artículo II relativo a la protección de las tierras indígenas señala en su artículo 12 que la serán todas aquellas que las personas o comunidades indígenas actualmente ocupan en propiedad o posesión provenientes de títulos de dominio, cesiones gratuitas de terrenos, o bien mecanismos del estado para ceder, regularizar, entregar tierras a indígenas, además de los terrenos ocupados en las regiones VIII, IX y X, e inscritas en el Registro de Tierras Indígenas, y que constituyan agrupaciones indígenas homogéneas.

También se incluyen como propiedad indígena aquellas que provengan de títulos certificados por el Ministerio de Justicia o que indígenas o sus comunidades reciban a título gratuito del Estado.

Además, se señala que las tierras a que se refiere el artículo precedente, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas indígenas de una misma etnia. No obstante, se permitirá gravarlas, previa autorización de la Corporación. Este gravamen no podrá comprender la casa-habitación de la familia indígena ni el terreno necesario para su subsistencia.

Igualmente las tierras cuyos titulares sean Comunidades Indígenas no podrán ser arrendadas, dadas en comodato, ni cedidas a terceros en uso, goce o administración. Los actos y contratos celebrados en contravención a este artículo adolecerán de nulidad absoluta.

• Artículo 15: la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) abrirá y mantendrá un Registro Público de Tierras Indígenas, en el que sé inscriban todas las tierras a que alude el artículo 12 de esta ley. Su inscripción acreditará la calidad de tierra indígena. La Corporación podrá denegar esta inscripción por resolución fundada. Los propietarios de estos terrenos son los propios indígenas, o en su defecto, representantes de su comunidad.

En toda la legislación se hace hincapié en la herencia familiar de los terrenos por el mero hecho de pertenecer a la comunidad étnica, en tanto, en el artículo17 se especifica la cantidad de terreno otorgado es indivisible de acuerdo a lo estipulado en la concesión de éste.

Pese a que en este mismo artículo se especifica que las propiedades no pueden exceder las tres hectáreas para la comunidad, en ningún momento se especifica la cantidad de terreno que corresponde por familia, petición que los mapuches elevan a 100 hectáreas.

• Artículos 20 al 22: se autoriza la creación de un fondo en defensa de tierras y aguas indígenas, encargado, entre otras cosas, de financiar mecanismos que permitan solucionar los problemas de tierras, en especial, con motivo del cumplimiento de resoluciones o transacciones, judiciales o extrajudiciales relativas a tierras indígenas.

• Artículo 26: menciona que El Ministerio de Planificación y Cooperación, a propuesta de la Corporación, podrá establecer áreas de desarrollo indígena que serán espacios territoriales en que los organismos de la administración del Estado focalizarán su acción en beneficio del desarrollo armónico de los indígenas y sus comunidades, ya sean:

• Espacios territoriales en que han vivido ancestralmente las etnias indígenas;

• Alta densidad de población indígena;

• Existencia de tierras de comunidades o individuos indígenas;

• Homogeneidad ecológica, y

• Dependencia de recursos naturales para el equilibrio de esos territorios, tales como manejo de cuencas, ríos, riberas, flora y fauna.

• Artículo 34: se estipula la participación indígena, en el que en que en aquellas regiones y comunas de alta densidad de población, éstos a través de sus organizaciones y cuando así lo permita la legislación vigente, deberán estar representados en las instancias de participación que se reconozca a otros grupos intermedios.

Además, de acuerdo a este mismo artículo la determinación del equilibrio ecológico ubicados en las áreas de desarrollo indígena, se considerará la participación de las comunidades existentes en conjunto con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) o el Servicio Agrícola y Ganadero Y la Corporación, de común acuerdo, determinaran en cada caso la forma y alcance de la participación sobre los derechos de uso que en aquellas áreas corresponda a las Comunidades Indígenas.

Además de los artículos recién mencionados, pertenecientes al título II de la nombrada ley, existen otros puntos que cabe mencionar a continuación:

TITULO I
De los Indígenas, sus Culturas y sus Comunidades

TITULO II
Del Reconocimiento, Protección y Desarrollo de las Tierras Indígenas

TITULO III
Del Desarrollo Indígena

TITULO IV
De la Cultura y la Educación Indígena

TITULO V
Sobre la Participación

TITULO VI
De la Corporación de Desarrollo Indígena

TITULO VII
Normas especiales de los Procedimientos Judiciales

TITULO VIII
Disposiciones Particulares

Disposiciones Transitorias

Además se busca mejorar estas leyes por el proyecto de reforma a la constitución.

Existe un organismo destinado a velar por las comunidades indígenas:

CONADI

(Corporación Nacional de Desarrollo Indígena)

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se propone como Concepto Estratégico Rector el Promover, Coordinar, Ejecutar y Multiplicar la acción del Estado a nivel Central, Regional y Comunal a favor del Desarrollo Integral de las personas, Comunidades y Asociaciones Indígenas en sus Culturas y Patrimonios, en lo Económico y en lo Social, impulsando su participación y aporte en la vida nacional.

• Conceptos Estratégicos
  Ordenadores de la CONADI:

1.La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en el marco de la modernización del Estado debe mejorar la eficiencia en la Gestión Institucional como organismo estatal, generando Políticas Públicas en beneficio de la población Comunidades y Asociaciones Indígenas, tanto en el ámbito rural como en lo urbano.

2. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se propone mejorar la eficiencia de los Fondos de Tierras y Aguas, de Desarrollo y de Educación y Cultura articulando su acción entre sí y articulando su acción con otros organismos del Estado en los ámbitos central, regional, comunal y multisectorial con el objeto de propender al Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas.

3. La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena impulsará Planes y Programas articulando sus Fondos y recursos propios con los del Estado a nivel central, Regional, Comunal y multisectorial con el propósito de mejorar la calidad de vida, superando la pobreza.

Se trata de elevar los Niveles de Calidad en la Educación Bilingüe e Intercultural, en el Patrimonio, en la Salud, en el Fomento Productivo, en Tierras, en Aguas y en la Asociatividad de las Comunidades y Asociaciones Indígenas.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena se propone estimular la Participación Ciudadana de los Pueblos Indígenas en los Planes, Programas y Proyectos que impulsa, por constituir un aspecto clave para su Desarrollo Integral.

• Otros Servicios de la CONADI:

• · Subsidio de Tierras y Solución de Tierras en Conflicto

• · Transferencia de Inmuebles Fiscales a Indígenas

• · Subsidio al Saneamiento de Derechos de Aguas

• · Subsidio para la Adquisición de Derechos de Aguas

• · Subsidio para Obras de Riego

• · Transferencia a la prevención para el Fondo de Tierras y Aguas

• · Saneamiento y Regularización de la Terratenencia Indígena

• · Fomento a la Economía Indígena

• · Apoyo a la Gestión Social Indígena

• · Estudios de Preinversión para el desarrollo Indígena

• · Subsidio a la Capacitación y especialización de Indígenas

• · Subsidio a la residencia estudiantil en Educación Superior

• Además consta con un Programa de Defensa Jurídica dependiente de la Fiscalía de la CONADI, la cual asumirá cuando se le solicite, tanto para favor de los indígenas, como para sus comunidades en conflicto, sobre tierras tierras y aguas y ejercerá funciones de conciliación y arbitraje de acuerdo a lo establecido por la ley.

En la Actualidad la CONADI tiene como Director Nacional a don Edgardo Lientaf. Además de otros funcionarios la CONADI cuenta con los siguientes representantes mapuches:

• Miguel Liguempi: Consejero Mapuche VIII Región

• Hilario Huirilef: Consejero Mapuche IX Región

• José Santos Millao: Consejero Mapuche IX Región

• Juan Manquel: Consejero Mapuche X Región

• José Llancapán: Consejero Mapuche Urbano.

Por último cabe mencionar la publicación de “Nuestros pueblos”, periódico intercultural bilingüe de la CONADI.

• Otros:

• PIDI: Programa Nacional de Desarrollo Indígena (Información de los derechos indígenas)

• ADI: Areas de desarrollo Indígena

Consejo de Todas las Tierras: Consejo de representantes mapuches

LA LUCHA POR EL RECONOCIMIENTO EN EL CASO MAPUCHE

Es posible distinguir tres tendencias, una es la campesina, muy fácil de detectar.

La segunda tendencia es la étnica, se trata de una demanda de reconocimiento muy generalizada y que se ha expresado en múltiples formas a lo largo de todo el siglo XX en torno a la lengua, la memoria y las creencias religiosas mapuches. Su manifestación política ha estado asociada a organizaciones como la Federación Araucana y la Corporación Araucana en el pasado, en el presente a ADMPU, Junta de Caciques del Butahuillimapu, etc.

Una tercera tendencia es la "etnonacional", más reciente. Guía hoy en las organizaciones más activas en los conflictos con empresas privadas, propietarios de tierras y el estado.

• Zonas de conflicto

• Forestal Mininco

Contulmo: disputa por 200 hectáreas

Traiguén: problemas con las comunidades de Telemu y Pantano

Collipulli: diferencias con mapuches del Fundo Santa Ema

• Forestal Bosques Arauco

Los Alamos: disputa por 1.650 hectáreas en Cuyinco

Tirúa: 25 mil hectáreas compartidas con Forestal Mininco, Volterra y particulares

Cañete: 5 mil hectáreas compartidas con particulares

Arauco: 4.250 hectáreas

• Endesa

Ralco: disputas de la empresa con familias pehuenches, por tierras del Alto Biobío en las que se proyecta construir una empresa.

• Celulosa Arauco

Mehuín: pescadores artesanales y mapuches se oponen a construcción de una planta de celulosa

• LUMANCO Y LOS CAMIONES DE FORESTAL ARAUCO (1997)

A fines de 1997, cuando el "conflicto Ralco", perdía interés, los medios de comunicación destacaron en los titulares la quema de tres camiones cargados con madera de la empresa Forestal Arauco. Las comunidades mapuches señalaban su pretensión de recuperar sus tierras, alegando sus derechos ancestrales.

El año terminaba con nuevas movilizaciones mapuches: 40 familias se tomaban el fundo Lleu-lleu, en Cañete reclamando la propiedad de 78 hectáreas de pino insigne, sin embargo, las comunidades disponían su actitud en forma pacifica, tras la intervención de la CONADI.

• INCUBACION DE UN CONFLICTO ETNICO (1998):

El nuevo año se iniciaba con una huelga de hambre indefinida de los comuneros mapuches recluidos en la cárcel de Temuco luego de ser sometidos a proceso por su presunta participación en el atentado de los camiones de la Forestal Arauco.

Luego de esto hubo una serie de tomas por parte de los grupos mapuches hacia diferentes fundos. Un común denominador inspiraba todas estas tomas: la devolución de las tierras usurpadas y aquellas sobre las que los mapuches consideraban poseer derechos ancestrales.

"Violenta pelea entre mapuches y guardias forestales" y "Guardia de empresas forestales resultaron heridos en incidentes con mapuches". Estos son algunos de los titulares que presentaba diferentes periódicos, porque si bien las ocupaciones y tomas de terreno se realizaron en general en forma pacifica, no estuvieron exentos de violencia por ambas partes. Las tomas y ocupaciones de terreno no fueron las únicas formas de movilización mapuches durante 1998, dirigentes de la asociación comunal Ñancucheo, llegaron a la capital para negociar con el Gobierno, pidiendo que este concediera a las comunidades de Lumaco y Arauco la propiedad de más de 6.400 hectáreas de terreno correspondiente a diferentes fundos.

Mapuches mostrarían su interés por recurrir ante la ONU y la OEA como una posibilidad de solucionar sus conflictos de tierra.

• EL AÑO DE LA REBELION (1999)

El año 1999, comenzaba con dos hechos que hacia prever que el conflicto estaba muy lejos de solucionarse, por un lado los incendios forestales en Arauco y Biobío, y por otro, ataque realizado por un grupo de 70 mapuches a

2 camionetas de Forestal Mininco en la cercanía de Traiguén, con un saldo de 8 heridos, uno de ellos de carácter grave.

Luego de estos hechos las tomas tuvieron un inusitado aumento de fundos como los que se pueden contar: Sociedad Agrícola Forestal Oregón, hacienda Rucañanco, Fundo Aguas Buenas de Galvarino, Cuyen de forestal mininco, Rixuehue de forestal Borquez Arauco ,etc.

El consejo de todos las tierras junto a unos 300 indígenas inicio una caminata desde Temuco a Santiago. Una constante que debe ser destacada ha sido la reiteración de acciones violentas, como el ataque a las camionetas de Forestal Mininco.

En reacción hacia las acciones violentas de las comunidades Mapuches, autoridades de Gobierno amenazaron en más de una ocasión con aplicar la "Ley de Seguridad Interior del Estado", así como la aplicación de todo él

rigor de la Ley.

• NOTICIAS DEL AÑO 2001.

Intendente de la X Región preocupado por ataque a dirigente mapuche

Temuco, 07 de marzo (tercera Digital ). - Preocupación manifestó el intendente de la décima Región, Iván Navarro, tras conocer la agresión física que sufrió el Werken de la comunidad indígena de Panguipulli, Jaime Alegría, quien permanece hospitalizado en el recinto asistencial de es comuna.

Marcha lafkenche sigue su rumbo a Concepción

Temuco, 07 de marzo (Tercera Digital). - A las 09:30 horas de hoy salió desde Curanilahue la marcha lafkenche que espera llegar el sábado a Concepción para reunirse con parte de la comunidad indígena.

Mapuches ingresan a nuevo fundo de la Forestal Mininco

Temuco, o6 de marzo (tercera digital). - Comuneros mapuches de la comunidad Juan Miril ingresaron en las últimas horas de hoy al predio El Rincón de propiedad de forestal Mininco.

Gobierno deberá pagar indemnización a 144 mapuches-

Temuco, 05 de marzo (tercera digital). - Confiado se manifestó Aucán Huilcamán, vocero del Consejo de Todas las Tierras, por el pronto inicio de las negociaciones con el gobierno para establecer los términos de la indemnización a 144 mapuches acordada este jueves en Washington, entre el Gobierno y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Mapuches iniciaron caminatas de 210 kilómetros desde Tirúa.

Santiago, 05 de Marzo (tercera digital). - Más de 100 integrantes de los movimientos mapuche entidad Lafquenche que agrupa a 50 comunidades de la Octava Región- participaron ayer en la primera etapa de la caminata que en ocho días, pretenden recorrer los 120 kilómetros de distancia entre Tirúa y el centro de Concepción, donde el próximo sábado desarrollarán una reunión con diversas entidades sociales a las que solicitarán su apoyo para el petitorio de seis puntos que entregarán al Gobierno, con el objetivo de obtener respuesta a sus demandas.

Fracasó encuentro entre Ministra de la Conadi y mapuches

Santiago, 01 de Marzo (tercera digital). - " De ahora en adelante cada comunidad queda en libertad de realizar las acciones que estime convenientes", señalaron los dirigentes mapuches Jaime Alegría y Jorge Hueque, tras fracasar la reunión que mantuvieron con la ministra de Planificación y Cooperación (Mediplan), Alejandra Krauss.

Mayo 2001, el consejo de todas las tierras denuncia mala administración de los terrenos destinados a comunidades indígenas.

Junio 2001, estudiantes en paro apoyan a las comunidades mapuches.

PROPUESTAS DE AUTONOMÍA MAPUCHE

Ya en 1931 la Federación Araucana presidida por Manuel Aburto Panguilef tomó una línea reivindicativa utópica que se manifestó en la intensión de construir la República Indígena". Sin embargo, esa utopía fue abandonada rápidamente.

Casi 60 años después resurgieron las aspiraciones autonomistas de los mapuches.

• PRIMERAS PROPUESTAS:

1° Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen.

Fue presentada en 1992 por la ONG Centro de Estudios y Documentación Mapuche Liwen (CEDM-liwen). Dicha propuesta demanda "la autonomía Regional" de la región históricamente mapuche, vale decir la novena, más algunas zonas adyacentes.

En tal sentido, la autonomía política regional se debería expresar por medio de una " Asamblea Regional", elegida democráticamente por toda la población de la región (Mapuches y no mapuches), y por un gobierno regional emanado por dicha asamblea. Los derechos de los mapuches deben quedar plasmado en disposiciones que garanticen los puntos el derecho a los recursos naturales; a la preservación del medio ecológico; a los beneficios de explotación; a vivir y poder trabajar en la región; a la protección del mercado; y a la lengua.

2° asociación gremial de pequeños agricultores y artesanos mapuches ADMAPU.

Se basa en la necesidad de que la nación mapuche controle un territorio que permita el desarrollo de su cultura. Ese territorio podría o no tomar la forma administrativa dentro de un Estado Nacional.

En otras palabras, el Estado debe reconocer que Chile no se compone de una Nación, sino de varias.

• ACTUALES PROPUESTA DE AUTONOMIA MAPUCHE.

Se vincula con el conflicto en Lumaco. Tres son las principales organizaciones que han guiado: La Coordinadora de Comunidades en conflicto Arauco y Malleco, Aukiñ Wallmapu Ngulam, y la identidad territorial lafkenche.

1° Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauko-Malleko.

Es la más intransigente de todas, ya que no esta dispuesta a iniciar ningún tipo de dialogo con las autoridades en los términos impuesto por esta.

2° Aukiñ Wallmapu Ngulam- Consejo de Todas las Tierras.

Ésta viene realizando una acción reivindicativa de su separación de Admapu en 1989. Ya entonces, amparado en un fuerte discurso tradicionalista, realizo una praxis política sustentada, primero en las recuperaciones de tierra, y luego en las ocupaciones simbólicas.

Otro punto a considerar de esta nueva propuesta es el de la participación efectiva de los mapuches en el parlamento dando cabida a dos representante de la etnia en cada cámara.

3° Identidad Mapuche Lafkenche de la Provincia de Arauco.

Ésta recientemente a puesto a disposición de las autoridades y de los candidatos presidenciales su propuesta de autonomía, la más sistemática, quizás a excepción de la Liwen. La propuesta Lafkenche se fundamenta en el reconocimiento político-administrativo de los “ Espacios Territoriales de Patrimonio Lafkenche.” Dichos “espacios territoriales” estarían conformados por las tierras y espacios ancestrales de bordemar donde viven asentadas las comunidades lafkenches.