DROGAS: OFERTA Y DEMANDA

La idea de escribir este ensayo surgió de la lectura de un artículo que apareció en la primera plana del diario The New York Times el día 18 de febrero de 1996 intitulado "Recomiendan a Clinton que señale a México por flujo de drogas",(1) el cual, por decir lo menos, contiene una serie de distorsiones, omisiones y verdades a medias que debemos analizar y aclarar para ubicar la problemática de las drogas ilícitas en su contexto amplio y comprensivo.

El artículo se refería a que funcionarios del departamento de control de drogas de Estados Unidos (DEA) conminaban al presidente Clinton a que eliminara a México de la lista de países que están "cooperando" en la lucha contra el tráfico (nota: dice solamente "tráfico") de drogas debido a que el país se ha convertido crecientemente en un surtidor muy significativo de cocaína, metanfetaminas, mariguana y heroína hacia el mercado de Estados Unidos. Señala el artículo que aunque no se ha tomado una determinación al respecto, de adoptarse la recomendación con toda seguridad vendría acompañada de una excepción (waiver) para que México continúe recibiendo "ayuda" (aid) estadunidense. Nos detendremos en este punto para examinar dos cuestiones fundamentales al respecto.

En primer lugar, hay necesidad de cuestionar la legitimidad del proceso mismo de "certificación". Por ley,(2) el ejecutivo estadunidense tiene la obligación de publicar el primero de marzo de cada año la lista de países que cooperan en el esfuerzo para detener el tráfico de drogas ilícitas. Aunque es un acto soberano el promulgar leyes, en este caso significa una clara intromisión en los asuntos internos de los estados, pues "califica" la actuación de un gobierno extranjero en tal o cual materia y se erige en juez que examina y dictamina sobre la conducta de un gobierno soberano en base a su propia escala de valores, sus intereses y su propia concepción de las cosas. Este acto de calificar gobiernos extranjeros viola los principios de la Carta de Naciones Unidas sobre la igualdad jurídica de los estados y la no intervención en los asuntos internos de los estados, además de la hipocresía inherente en calificar la cooperación de otros estados sin calificar primero su propia actuación en la materia, la cual, como es ampliamente sabido, deja mucho que desear y será materia de análisis posterior.

En segundo lugar, el propósito mismo de la ley y el proceso de certificación: el condicionar la "ayuda" estadunidense, merece un análisis y comentario. De acuerdo con el diccionario Simon and Schusters, aid significa, como verbo: ayudar, auxiliar, asistir; como sustantivo: ayuda, asistencia, auxilio, socorro. De modo que si el ejecutivo estadunidense no certifica a México y no lo acompaña del waiver, querrá decir que no será sujeto de su ayuda, lo que significa que ya no nos harán préstamos al 11% anual.(3) Si un préstamo hipotecario al 8 ó 9% anual (tasa corriente en los Estados Unidos) para compra de casa o el financiamiento para compra de automóvil al 5 ó 6% anual significa ayuda o socorro, entonces los compradores de casas y de autos son sujetos de "ayuda" por parte de los bancos e hipotecarias y éstos, por lo tanto, proporcionan asistencia financiera a sus clientes. Esta es la "ayuda" a la que se refiere el artículo.

Esto no quiere decir que no estemos agradecidos por el apoyo financiero del ejecutivo de Estados Unidos en momentos difíciles de falta de liquidez y de riesgo de no poder enfrentar nuestras obligaciones financieras de corto plazo. Para ser justos, hay que decir que el presidente Clinton ha sido un gran aliado de México e hizo una fuerte inversión política al proporcionar el auxilio financiero a México frente a un Congreso hostil dominado por adversarios partidistas que no sólo objetaban el apoyo a México(4) sino que cuestionaban el mismo Tratado de Libre Comercio. Pero esto es una cosa y otra que en el artículo en cuestión se insinúe que México recibe "ayuda" de Estados Unidos sin aclarar lo que quiere decir esa ayuda, o sea, préstamos al 11 ó 12% de interés anual, y que si no cooperamos con los Estados Unidos en la lucha contra el tráfico de drogas nos suspenderían tal ayuda. Hay que llamar a las cosas por su nombre; una cosa es ayuda según la ejerce la AID, Agency for International Development, no la aid a la que se refiere el artículo, y otra cosa es un préstamo con una tasa de interés y un periodo de repago. México fue descalificado para ayuda en términos blandos desde hace muchos años y accede a los mercados financieros internacionales en condiciones competitivas y con un gran sentido de responsabilidad. México nunca ha dejado de cumplir sus obligaciones financieras internacionales.

El artículo de The New York Times continúa con una serie de analogías con Colombia y acredita el arresto por parte de las autoridades colombianas de miembros del Cartel de Cali al hecho de que en algún momento el Departamento de Estado estadunidense usó la descertificación para presionar a ese país. Este argumento se ha utilizado en últimas fechas para presionar a México con el fin de que aumente, desde el punto de vista estadunidense, sus esfuerzos para disminuir y detener el flujo de drogas ilícitas hacia los Estados Unidos. El artículo no deja de hacer referencias a la "frustración" de los oficiales estadunidenses en torno al creciente papel de México como proveedor de drogas ilícitas a ese mercado y al impacto que el tráfico mexicano de drogas supuestamente ha tenido en "el crimen, la miseria y la corrupción en ambos lados de la frontera".

Después de este artículo sobrevino una actividad hemerográfica muy intensa en torno a la cuestión de la certificación por parte del gobierno de los Estados Unidos de los países que estaban cooperando o no en la lucha contra las drogas. Esto culminó unas cuantas semanas después de la publicación del informe respectivo del Departamento de Estado, que dejó una cauda de irritaciones y fricciones desgastante e innecesaria. Nos concentraremos tanto en The New York Times como en The Washington Post por ser periódicos que, además de tener una gran influencia en la opinión pública de Estados Unidos, son seguidos muy de cerca en México y en las capitales latinoamericanas. Además, el autor de este ensayo radicaba en ese entonces en Washington, D.C. y podía palpar de cerca el ambiente en torno a esta cuestión.

Como preparando el terreno para la serie de ataques que vendrían en los próximos días al acercarse la fecha límite para que el ejecutivo cumpliera con la disposición de certificar a los países antes del primero de marzo, tanto The New York Times como The Washington Post publicaron sendos artículos sobre el tema.(5) El primero fue un artículo en el Times titulado Reinado de sangre de las pandillas mexicanas de drogas.(6) Ahí se narra el caso del barón de las drogas estadunidense, Juan García Abrego, quien no obstante haber nacido en La Paloma, Texas, cerca de la frontera con México, y a pesar de que el embajador de la Casa Blanca en México, James Jones, en su oportunidad dejó perfectamente en claro que no es mexicano sino estadunidense, los diarios mencionados continúan llamándolo mexicano. (Si García Abrego se hubiera destacado en el deporte y hubiera ganado una medalla olímpica, entonces sí sería "americano".) El artículo se refiere básicamente a su arresto en enero y a su inmediata deportación a los Estados Unidos; a Houston para ser precisos.

El segundo artículo, "Los canarios cantan en México, pero no el tío Juan",(7) se refiere al caso de Juan N. Guerra, de 80 años de edad y tío del mencionado Juan García Abrego. Juan N. Guerra dice al reportero que no "cantará", o sea que no dará información incriminatoria sobre su sobrino o sus secuaces, no obstante que fue su protector y se le señala como quien entrenó a su sobrino en el robo de automóviles antes de que le transfiriera todas sus operaciones ilícitas en diversos campos de la actividad criminal, pero no en tráfico de drogas. El meollo del artículo se refiere a las operaciones de estos grupos criminales y en particular a su forma de operación para la introducción de drogas al gran mercado. Se hacen paralelismos con los capos de Chicago y tiene el mismo fondo de todos los artículos: que los malos son los colombianos que producen la droga y los mexicanos que la trafican a Estados Unidos. Los estadunidenses son sólo las víctimas de ellos y tal pareciera que los fuerzan a consumirlas, no sin antes traficarlas también al menudeo en las escuelas y calles de los Estados Unidos. Llama la atención cómo sobrestiman la capacidad mercadotécnica de los mexicanos.

El artículo del Times, muy agresivo y con una gran dosis de hipocresía (hace caso omiso del aspecto consumo, que como veremos más adelante es el motor del tráfico de drogas y el condicionante del precio, de acuerdo al principio de la elasticidad de la demanda) mereció una atinada y oportuna respuesta, aunque publicada en The Washington Post diez días después, como para que se pasara el impacto inicial y a la gente se le olvidara de qué se trataba, y sólo un día antes de la fecha límite para la certificación, por parte del agregado de prensa de la Embajada de México ante la Casa Blanca, titulada "Compromiso de México en la lucha contra las drogas".(8)

Ese preciso día, el mismo diario, también en la sección editorial, publicó un artículo del tipo opinión-editorial (OP-ED), sin firma, en el que se hace un análisis sobre las fuerzas que mueven al narcotráfico y critica al gobierno estadunidense de "recargarse demasiado contra los latinos".(9) El artículo es uno de esos raros casos en que la prensa estadunidense de vez en cuando recuerda que el problema de las drogas tiene también "otra cara de la moneda", o sea, recuerda que alguien compra y usa esas drogas que los malhechores latinoamericanos plantan, refinan, transportan y meten al mercado estadunidense victimando a sus jovencitos ( y otros no tan jóvenes en Wall Street y en Hollywood) y forzándolos a consumirlas.

Termina el artículo haciendo una aseveración a todas luces atendible en el sentido de que tratar de imponer estándares estadunidenses, en una sola vía, puede resultar contraproducente y pone en riesgo la cooperación con los países latinoamericanos en otras esferas, como la economía y la política, además de la lucha conjunta contra la cadena completa del cultivo-producción-distribución-consumo-lavado de dinero. Es tan obvio que casi suena a verdad de Perogrullo.

Así las cosas, llegó la hora sonada y el plazo para la acción del ejecutivo sobre el informe del Departamento de Estado(10) se cumplió y el primero de marzo el ejecutivo estadunidense, después de muchos debates internos y con una gran presión del Congreso para no certificar a México, se pronunció en favor de la descertificación a Colombia y la certificación plena a México. Siempre sí nos ganamos la estrellita en la frente.

Los reportajes sobre el resultado del proceso aparecieron de inmediato en los dos periódicos que hemos venido reseñando. The Washington Post produjo dos artículos sobre el tema y The New York Times uno; el primero del Post se refiere directamente a la reprobación por parte de la administración Clinton a los esfuerzos de Colombia contra las drogas,(11) acusándola de estar "infestada de corrupción de narcóticos", revocando su eligibilidad para ayuda económica y cancelando el respaldo de Estados Unidos para préstamos por agencias financieras internacionales. En ese mismo artículo se hace referencia a México diciendo que la administración Clinton concluyó que México había "cooperado plenamente" con los esfuerzos antidroga de los Estados Unidos "a pesar de evidencia reciente que apunta que México continúa siendo un país de importancia para el tránsito de narcóticos". Continúa el artículo señalando que algunos funcionarios cercanos a Clinton le sugirieron el "caso político" de no certificar a México pero sí continuar con la ayuda, o sea, el waiver a la asistencia financiera, para así enviarle una "señal" acerca del compromiso antidrogas de Clinton. Prevaleció el punto de vista de que el gobierno mexicano había hecho más, no menos, esfuerzos para controlar el tráfico internacional de drogas y que había razones poderosas de política exterior para conservar el status de México (de certificación). El segundo artículo del Post se refirió más al caso del presidente colombiano Ernesto Samper y su predicamento doméstico en torno a la crisis política por la que atravesaba por acusaciones de haber recibido dinero de los carteles colombianos durante su campaña presidencial.(12) El artículo cita a un furibundo Samper diciendo que "en la guerra contra las drogas nosotros ponemos el dinero y los muertos y otros se reservan el derecho de sentarse a juzgarnos". El artículo no menciona a México.

El artículo de The New York Times se encabeza también con la decisión de descertificar a Colombia(13) "Clinton declara que Colombia ha fracasado en reducir el tráfico de drogas" y de inmediato añade que Clinton certificó a México, "un importante socio comercial", por cooperar con los esfuerzos internacionales para detener el tráfico de narcóticos, "aun a pesar de haberse convertido en un conducto mayor para drogas ilícitas hacia los Estados Unidos". El artículo se refiere también al informe del primero de marzo del Departamento de Estado, un abultado documento de 598 páginas(14) que reporta el estado del tráfico de narcóticos alrededor del mundo con detalles sobre lo que más de 140 países han hecho en materia de control de drogas. El informe no incluye a los Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo y el mayor productor de mariguana,(15) además de ser también país de tránsito. Un total de 22 países, incluyendo México, fueron certificados entre un total de 31 países calificados como países de tránsito de drogas; Estados Unidos tampoco está incluido como país de tránsito de drogas. Belice y Cambodia fueron incluidos por primera vez en el informe. Afganistán, Burma, Irán, Nigeria y Siria corrieron la misma suerte que Colombia; y Líbano, Paraguay y Pakistán tampoco fueron certificados pero fueron solamente advertidos bajo una disposición que permite cancelar las sanciones si ello responde a "intereses vitales nacionales". Al respecto, el subsecretario de Estado para Asuntos Globales, Timothy E. Wirth, fue citado en el artículo diciendo que "algunos países encontrarán los resultados [del estudio] difíciles de tragar, pero creemos que no podemos resolver los problemas sin primero ser honestos acerca de ellos e identificarlos". Sin comentario.

A diferencia de Colombia, en el artículo describen al presidente de México Ernesto Zedillo como honesto y sincero en su intento por reducir el involucramiento de su país en narcóticos, "a pesar de la evidencia del papel creciente de México en la promoción y venta de drogas y en la corrupción en el sistema de impartición de justicia" (sic).

La guerra contra las drogas, tal y como se lleva a cabo, se está perdiendo. Basta con ver las estadísticas de la producción y el consumo. Atacar el problema por el lado de la oferta no es suficiente. Si bien es importante combatir frontalmente al narcotráfico, también lo es atacar todos los aspectos de la problemática. Los gobiernos de los países tanto consumidores como productores y de tránsito deben continuar la guerra contra los capos y no caer solamente en poses y actitudes que son atractivas desde el punto de vista periodístico y propagandístico. No basta acabar con los actuales barones de la droga; otros vendrán y llenarán ese hueco de oferta. Mientras subsista la demanda habrá oferta; ésta es una ley inderogable. Incluso podríamos afirmar que el problema de las drogas es un caso particular de la ley de la oferta y de la demanda, como lo es el problema de la migración ilegal. Se abrirían nuevas rutas de introducción, nuevos métodos de mercadeo y nuevas gentes aparecerían atraídas por las fabulosas y rápidas ganancias; se diseñarían nuevas drogas en el laboratorio, como las anfetaminas o el speed. Si Colombia deja de producirlas y México de traficarlas, otros países entrarían a sustituirlos. La historia así lo ha demostrado. Desde el tráfico de enervantes y especias en la época de Marco Polo hasta el dominio del tráfico del opio por los ingleses y su introducción y posterior legalización en China; desde el consumo del cat en el Yemen que los romanos denominaron Arabia Felix por esa afición, hasta el triángulo de oro en el sudeste de Asia; desde la conexión francesa hasta el cultivo de la coca en Bolivia y Perú hasta los laboratorios de Colombia; y desde la cannabis marijuana mexicana hasta el gusto por la sustancias sicotrópicas de los hippies de San Francisco en los sesentas, siempre ha habido alguien dispuesto a satisfacer ese gusto por los enervantes. ¿Qué debemos hacer entonces?

La cooperación internacional es la respuesta. Porque internacional es el problema. Pero se trataría de una cooperación internacional en la que todos reconozcamos nuestra participación y nuestro papel, y otorguemos al consumo una responsabilidad mayor que a los demás eslabones de la problemática, para no caer en esa peculiar visión hollywoodesca de buenos y malos. Este es el primer paso que deben dar los principales países consumidores; es un paso difícil pues representa romper la posición, abanderada durante muchos años, de echarle la culpa a los narcotraficantes; hay, además, muchos intereses en juego que obstaculizan enormemente adoptar esta posición de humildad y veracidad, sobre todo por el ambiente anti-mexicano y anti-colombiano que reina en influyentes e importantes sectores del Congreso estadunidense y que se manifiesta agudamente cada año en el proceso de certificación. El proceso de certificación de 1997 no fue la excepción y, como hemos visto, estuvo inmerso en medio de escándalos políticos de una magnitud inédita en los anales del periodismo mexicano.(27)

Quizá una manera de encarar el problema sea descriminalizando o despenalizando el consumo de la droga; no legalizándola per se, al menos no ahora, pues requiere de un estricto control y de un ambiente político más despejado, sino quitándole el carácter altamente criminal que tiene, y que lo único que produce es elevar el precio de las drogas atrayendo a los delincuentes del narcotráfico; de esta manera se reduciría considerablemente el atractivo de producirlas y mercadearlas. También éste es un paso muy difícil, pues políticamente significaría tolerar algo claramente dañino a la sociedad —aunque el alcohol y el tabaco también lo son(28) y no se vislumbra en el futuro cercano esa voluntad e inversión política necesaria para encarar un problema que aflige al mundo y que representa un negocio global de alrededor de 500 mil millones de dólares.(29)

Dos pasos importantes se han dado hasta ahora para contener el problema; uno de ellos, a nivel bilateral con los Estados Unidos, es la creación del GCAN, o Grupo de Contacto de Alto Nivel para el Control de Drogas México-Estados Unidos,(30) y el otro, a nivel internacional, es la convocatoria a una conferencia de Naciones Unidas para definir una estrategia para combatir el problema de las drogas ilícitas.(31)

No se pueden eliminar el consumo y la producción de sustancias sicotrópicas; se pueden controlar. La historia así lo ha demostrado. Desde sus albores la humanidad ha mostrado una afición a las sustancias alteradoras de la mente, quizá como una forma para evadir una dura realidad, para reducir el dolor o para simple esparcimiento. Se puede reducir considerablemente a base de educación y programas preventivos, pero sobre todo descriminalizando, pues ello disminuiría el incentivo económico de las enormes utilidades derivadas de su venta al mayoreo y menudeo, y con ello la oferta. En síntesis, se puede atenuar el problema atacándolo por ambos lados: por el lado de la demanda por medio de educación y programas preventivos, enfatizando que se trata de una cuestión de salud; por el lado de la oferta, descriminalizando el consumo de la droga para reducir el incentivo de la enorme ganancia. Nótese que hablamos realistamente de "atenuar" el problema y de "reducir" la demanda y la oferta. Es imposible eliminar el consumo de sustancias sicotrópicas; una simple mirada histórica retrospectiva nos lo demuestra fehacientemente. Pero sí podemos reducirlo y controlarlo, como se controló el alcohol en Estados Unidos después de la prohibición y como controlaron los chinos la opiácea amapola después de la infame "guerra del opio" de los ingleses.

LAS PLATAFORMAS Y EL NARCO

Alianza por el Cambio

Nacional

• Combatir el círculo vicioso de las drogas y el crimen. Promover programas de desarrollo rural para desincentivar el cultivo de estupefacientes, medidas que eviten el lavado de dinero y campañas publicitarias que desalienten el consumo. Endurecer el marco legal para dificultar la venta e impulsar la cooperación internacional para combatir este tipo de delincuencia que tiene carácter transnacional.

Internacional

• Promover la cooperación internacional para resolver los problemas que rebasan las fronteras: narcotráfico, lavado de dinero, tráfico ilegal de armas, terrorismo, cambio climático, contaminación de los ecosistemas, respeto a los derechos humanos. Todo esto dentro de un marco de pleno respeto a la soberanía de las naciones.

• Impulsar los nuevos temas de la agenda internacional: mujer, medio ambiente, narcotráfico, niñez, corrupción, desarme.

Alianza por México

Nacional

• Sólo la derrota del PRI y de sus aliados en las elecciones del año 2000 puede abrir las puertas a una nueva mayoría en el Congreso que sustente el cambio de régimen político, la transición a la democracia, la recuperación de la economía y su desarrollo, la distribución equitativa de la riqueza, el mejoramiento de la calidad de vida para todos, la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

• El Estado mexicano ha fracasado en su lucha contra el crimen organizado, y además importantes políticos de algunos gobiernos priistas se aliaron y construyeron redes de complicidad institucional con las mafias. El narcotráfico corrompió a la policía.

• Es necesario combatir al crimen organizado, la corrupción y la expansión de la violencia social porque son una amenaza para la democracia, el bienestar social y la seguridad pública. Hay que alejar a México de convertirse en un narcoEstado y en un paraíso del robo de autos, el contrabando y el secuestro, desmantelando las condiciones estructurales de la economía del crimen.

Internacional

• La libre circulación de capitales y mercancías en el mundo no sólo consolida grandes negocios sino también inmensas operaciones criminales y mafias transnacionales; la incorporación abrupta del país a la globalización permite a los delincuentes ganancias altas, principalmente a los narcotraficantes.

• La cooperación antidrogas con los Estados Unidos no debe de ser vínculo de subordinación. El mejor mecanismo para evitar las certificaciones unilaterales y la violación de la soberanía nacional es impulsar la firma de una Convención Internacional para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, en el marco de la cooperación internacional acordada en la ONU y la OEA, entre otros organismos internacionales.

Democracia Social

Nacional

• Democracia Social entiende la necesidad de distinguir el problema del consumo de drogas para diferenciarlo del narcotráfico. El primero se combate con educación y una cultura de responsabilidad personal, mientras que el segundo debe implicar estrategias distintas a las hasta ahora ensayadas.

• Es necesario diferenciar el problema de la oferta del problema de la demanda.

• El combate a las drogas comienza con campañas de información —no de escándalo—. En cuanto a su tráfico ilegal, es necesario desincentivar su mercado negro, lo que sería posible mediante una despenalización progresiva de las mismas. Con ello, se lograría regular y controlar mejor el consumo y se desarticularía el gran poder corruptor de una actividad económica altamente lucrativa por su ilegalidad.

• El combate a la oferta de drogas sólo ha servido para aumentar las ganancias del mercado negro y ha elevado el costo social del consumo inmoderado de ellas.

Internacional

• Democracia Social considera este fenómeno mundial como un problema económico, político y social que rebasa todas las fronteras nacionales y que vulnera tanto la seguridad de los Estados como la de la comunidad mundial. En consecuencia, el problema debe ser enfrentado y coordinado tanto nacional como internacionalmente. En el plano internacional, es claro que el tema sirve para disfrazar presiones políticas de unos países sobre otros, por lo que Democracia Social buscará disminuir éstas a través de un enfoque más integral del asunto.

• En el plano internacional se intentará privilegiar el impulso de políticas enfocadas a disminuir las adicciones generadas por las drogas a través de una educación informativa y razonable de ellas, realista, científica y siempre respetuosa de la libertad individual. De esta manera se intentará compensar el enfoque actual, que pretende acabar sólo por la fuerza a un mercado negro de dimensiones colosales a nivel mundial, que sólo es regido por la ley de la oferta y la demanda y no respeta ninguna otra ley.

PARM

Nacional e internacional

No presenta ninguna postura al respecto.

Partido de Centro Democrático

Nacional e internacional

No presenta ninguna postura al respecto.

PRI

Nacional

• Combatir los tres principales problemas en materia de seguridad:

a) El narcotráfico. Las bandas organizadas, locales e internacionales, que no sólo amenazan nuestra convivencia social, sino la viabilidad del Estado de Derecho.

b) El crimen organizado.

c) La delincuencia individual.

• Fortalecer la lucha contra el narcotráfico, impulsando una mayor cooperación con otros países y estableciendo sistemas de vigilancia especializada que combatan con decisión a los productores y vendedores de narcóticos, además de elevar las penas a quienes trafiquen con ellos y lleven a cabo su venta en escuelas y centros públicos; asimismo, estableciendo un programa conjunto con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud para alertar a los estudiantes y a la sociedad en general sobre los daños que causa el consumo de drogas.

Internacional

• La mayor interrelación entre asuntos internos particularmente sensibles y la agenda política de otros Estados, como por ejemplo la migración, el narcotráfico y las diversas manifestaciones del crimen organizado, obligan a la acción concertada y a la definición de nuevas estrategias bilaterales y multilaterales.

• Por ello, debe ponerse especial atención al desarrollo y codificación de la legislación aplicable a los delitos de trascendencia internacional, incluyendo las normas de extradición, así como a una evaluación de las condiciones necesarias para aceptar una jurisdicción penal internacional imparcial y autónoma de cualquier instancia política.

• Intensificar la lucha contra el crimen transnacional organizado y la corrupción, estableciendo un marco jurídico de corresponsabilidad para enfrentar estos temas prioritarios de la agenda nacional y multinacional.

• Combatir el narcotráfico coordinadamente con todas las naciones afectadas, tomando en cuenta las prioridades y objetivos estratégicos de cada país y rechazando toda forma de injerencia y de aplicación extraterritorial de legislaciones nacionales.

• Combatir el narcotráfico, propiciando una conveniente coordinación entre las fuerzas armadas y las dependencias gubernamentales nacionales y extranjeras que procedan para intercambiar información, facilitar la detección de bandas, pistas de aterrizaje clandestinas, campamentos y secaderos, y hacer eficiente la vigilancia del espacio aéreo nacional, marítimo, litorales del país y principales áreas de incidencia en la siembra de enervantes para

ARQUEOLOGÍA DEL NARCOTRÁFICO

Por Luis Astorga

En México, entre 1888 y 1911, las cantidades de opio importado oscilaron entre casi 800 kilos y cerca de 12 toneladas. El consumo de opio en forma de láudano —mezcla de opio de alta calidad, alcohol de 30°, azafrán y esencias de canela y clavo— y otros compuestos opiados, era legítimo y usual. En Sinaloa, datos estadísticos de 1886 consignan ya desde entonces la existencia de la adormidera blanca, rica en morfina, entre la flora de la región. Sin embargo, el opio se importaba de los Estados Unidos, Europa y Asia.(1)

Los vinos o "cordiales" con coca (Mariani, San Germán, Désiles, etc.) recomendados para niños y adultos contra el raquitismo, la senilidad, la anemia, la neurastenia, etc.; y los cigarrillos de mariguana (de una compañía francesa) para combatir el asma, la tos nerviosa, los catarros y el insomnio, formaban parte de los productos que se ofrecían normalmente en las farmacias.(2)

En 1920, las autoridades sanitarias mexicanas consignaron sus preocupaciones eugenésicas e hicieron eco al espíritu criminalizador de las reuniones internacionales promovidas por los Estados Unidos para controlar principalmente la producción de opio y sus derivados —Shanghai, 1909; La Haya, 1912— al establecer unas "Disposiciones sobre el cultivo y comercio de productos que degeneran la raza". Estas medidas prohiben el cultivo y la comercialización de la mariguana, cuya venta se pretendía controlar por lo menos desde 1883 por considerarla venenosa o nociva en otras manos que no fueran las de los médicos o farmacéuticos. El de la adormidera se permite, al igual que la extracción de sus productos, siempre y cuando se solicite el permiso correspondiente. Seis años después, la prohibición abarcará a las dos plantas, sin excepción.(3) Los comerciantes y consumidores de antes se convierten en "traficantes" y "viciosos", en "criminales".

A principios de 1937, el doctor y general José Siurob, titular del Departamento de Salubridad Pública, convoca a una junta a la que asisten los principales representantes de las dependencias federales relacionadas con la justicia. Allí señala entre otras cosas, problemas con algunos gobernadores, uno de los cuales avisó que había enviado opio decomisado a las autoridades sanitarias y cuando se abrieron las latas... se encontró chapopote. Y agrega: "antes, a los agentes se les pagaba con la propia droga. ¡Ya se imaginarán ustedes, que esos agentes, eran también vendedores!". Por su parte, Salvador Martínez, de El Universal Gráfico, afirma que Enrique Fernández Puerta el "Al Capone de Juárez", "llegó a controlar el Ayuntamiento y sirvió de escalón para enriquecer a muchos individuos que han vivido de la cosa pública de Chihuahua entre ellos tres gobernadores".(4)

En las primeras horas del 21 de febrero de 1944, durante las fiestas del carnaval mazatleco, el gobernador sinaloense, coronel Rodolfo T. Loaiza, es asesinado a quemarropa en el Patio Andaluz del Hotel Belmar por Rodolfo Valdés, o Valdez, (a) "El Gitano", pistolero de los terratenientes del sur de Sinaloa. Luego de su captura, casi un año más tarde, el homicida fue trasladado al D.F. Dos días después tuvo una reunión a solas de más de una hora con el Secretario de la Defensa Nacional, general Lázaro Cárdenas. No negó haber sido el autor material del asesinato, pero acusó al general Pablo Macías Valenzuela, gobernador de Sinaloa (1945-1950) y ex-secretario de Guerra y Marina (1940-1942), de haber sido el autor intelectual. El gobernador sinaloense no fue el único mencionado en la prensa. También se hablaba del general Maximino Avila Camacho, de los terratenientes del sur de Sinaloa, de la familia de Alfonso Tirado —rival político de Loaiza y expresidente municipal de Mazatlán, asesinado en Culiacán en 1938 por el jefe de la policía judicial, Alfonso Leyzaola Salazar, (a) "La Onza"—, e incluso de traficantes de opio de Badiraguato, según Luis Spota periodista de Excélsior; tesis basada en las pláticas de pasillo escuchadas en la Cámara de Diputados del D.F.(5) La autoría intelectual del homicidio nunca fue esclarecida completamente.

A principios de noviembre de 1947 se anuncia un viaje de trabajo de altas autoridades judiciales, militares y de salud, con el fin de poner en marcha un plan presidencial para combatir a los traficantes de drogas en el noroeste. En La prensa del D.F se publican rumores escuchados en la PGR según los cuales dos gobernadores norteños estarían "mezclados en el tráfico de enervantes". El 14 de noviembre de 1947, el periodista Armando Rivas Torres de Excélsior, quien había acompañado a los funcionarios en la gira califica a la capital sinaloense de "base de operaciones de los contrabandistas de opio", y anota que el gobernador Pablo Macías Valenzuela "es señalado por mucha gente como uno de los cabecillas de la banda de traficantes en drogas, cosa que está por probarse".(6)

Ultimas Noticias publicaba "Acumulan datos contra el gobernador cabecilla"; "Intimos colaboradores de Macías vendían el opio"; "Ahora no escapará el gobernador traficante". Por su parte, el enviado especial Eduardo Téllez V., de El Universal, escribe que en Sinaloa se dice que "políticos de altura, influyentes y hasta aparentes comerciantes e industriales están mezclados en el condenable tráfico". Y ya desde la capital del país señala, acerca de Macías, que "extraoficialmente se sabe que es dueño de 4 avionetas en que se ha contrabandeado opio (...), hasta se dice que él personalmente se encarga de entregar la droga enlatada en un lugar de la Baja California".(7)

El 20 de noviembre de 1947, el presidente Miguel Alemán llega a Mazatlán en viaje de trabajo. Dos días después, Macías emite un comunicado oficial en el que rechaza las imputaciones de la prensa. Califica las notas como "gravemente ofensivas (...), calumniosas alusiones que hieren la dignidad y el decoro del pueblo de Sinaloa (...), fantasías elaboradas por la desarrollada imaginación que, sin duda alguna, fue previamente estimulada antes de su partida de la ciudad de México".(8) La duda quedó sembrada.

Según los recuerdos de Lazcano, procurador de Sinaloa en los gobiernos de Macías, Sánchez Celis y Labastida, el asunto del tráfico de drogas en Sinaloa "ya impactaba" desde los años treinta: "Políticos, comerciantes, empresarios, policías, campesinos, todo el mundo sabía que se sembraba amapola (...); se sabía quiénes eran los que se dedicaban a la siembra (...). Vecinos conocidos, campesinos y pequeños propietarios (...); la Policía Judicial sabía quiénes eran los productores (...); el Jefe de la Policía en el que iba y controlaba el `por ciento que les tocaba, a cambio del disimulo, el apoyo o lo que se quiera. De tal suerte que el Jefe de la Judicial era un personaje con poder, porque tenía importantes ingresos de dinero. Además, el cargo entrañaba y significaba mucha relación con el Gobernador (...). Yo conocía a varias personas que sembraban. Muchos eran amigos míos que cultivaban amapola y luego de la cosecha se iban a Nogales con cuatro o cinco bolas en un veliz o en unos morrales. Se iban vestidos como campesinos. Y lo curioso es que en la frontera pasaban en la aduana sin ningún problema (...). Era evidente que los dejaban pasar". Contrariamente a una tesis muy difundida, asegura que antes de los cuarentas eran sinaloenses y no chinos los que estaban involucrados en el negocio de la adormidera y el opio: "Sabíamos los nombres de quiénes sembraban y quiénes traficaban". Algunos agricultores también cayeron en la tentación. Señala que ciertas familias, algunas conocidas, bien relacionadas y con posibilidades económicas de Badiraguato, Culiacán, Guamúchil y Mocorito decidieron

COCAINA

Otra cadena semejante ha encarecido previamente las materias primas para la fabricación del clorhidrato de cocaína cuyos insumos son hoja de coca molida y disuelta en gasolina con un carbonato (pasta de coca), permanganato de potasio, ácido clorhídrico, acetona y éter. Salvo la pasta que se produce en la región donde está montado el laboratorio (antes se transportaba desde Bolivia y Perú, sus principales productores, hasta Colombia), los químicos son llevados hasta los laboratorios, situados, la inmensa mayoría, en regiones muy distantes fuera de las redes viales, usando toda clase de vehículos: aviones, camiones tanque, lanchas, tractores, mulas. Salvo los carbonatos (se usa cemento a falta de otros puros) y la gasolina, de origen nativo, los precursores son importados legalmente y/o traídos de contrabando. Los principales abastecedores de la importación legal para toda América Latina (una alta cuota terminará desviándose hacia el mercado colombiano) son Estados Unidos y Alemania. Su importación a Colombia está teóricamente controlada, lo cual no quiere decir exenta de corrupción. Según un experto, la importación" legal" supera en casi siete veces los de las necesidades de laboratorios, fábricas, etcétera, que los utilizan en la producción de elementos para el consumo. El resto entra de contrabando desde Venezuela por la vastísima red fluvial de la Orinoquia; desde Perú y Brasil por el Amazonas; desde Ecuador por vías terrestres y aéreas; y por vía marítima desde las costas colombianas del Pacífico y el Atlántico. Las grandes empresas productoras de los precursores alegan la práctica imposibilidad de controlar su destino final y adoptan la bandera de la libertad de comercio frente a la propuesta colombiana de limitar la exportación y la producción. Algunos millones de dólares están en juego y el interés ético no priva sobre el económico. Hasta el momento la formulación de pactos internacionales de control ha dado resultados negativos.

El proceso de fabricación de la cocaína es mucho mas sencillo de lo que se piensa. Es puramente artesanal. Y esto facilita que los laboratorios puedan establecerse en la selva o en lugares muy alejados, casi inaccesibles. No requieren instalaciones sofisticadas. En un documental filmado en 1972 por Brian Flew para televisión europea, un cocinero hace la demostración ante las cámaras en una enramada, en medio de la selva, mezclando en barriles de acero y botellones de plástico transparentes que permiten ver el proceso de transformación y decantación, los elementos necesarios para producir cocaína de 99% de pureza.

La hoja de coca es recogida por los raspachines en las granjas, parcelas de cinco hectáreas dispersas en vastas extensiones selváticas (fórmula para defenderlas de las fumigaciones aéreas y confundir a los observadores que pensarían que son cultivos de pan coger). En estas granjas la hoja de coca se recolecta diez meses después de sembrada y luego cada noventa días. Una hectárea rinde al año 800 kilos de hoja; con 500 se produce un kilo de clorhidrato de cocaína. Allí mismo se muele la hoja y se la convierte en pasta. Enseguida se la transporta al sitio de procesamiento. Un laboratorio bien surtido puede producir varias toneladas al mes. El proceso más "complicado" es el de secar el producto. En los laboratorios la zona de secado ocupa casi el mismo espacio que los dormitorios. Para ello se utilizan hornos comunes de microondas. La planta eléctrica que los alimenta sirve también para hacer funcionar los equipos de transmisión, la TV y la radio, que entretienen a los operarios en horas de descanso. Y algunas veces, para asistir a la iluminación de aeropuertos para operaciones nocturnas. El tamaño de los laboratorios varía. Algunos de los ya destruidos eran capaces de alojar sesenta hombres; los localizados en zonas del interior del país son, generalmente, por razones de seguridad, más pequeños. En muchos casos basta un lugar del tamaño de la cocina para producir kilos del fármaco.

Si los cultivos pertenecen a un gran narcotraficante, éste suministra la semilla y los abonos, y adelanta a los peones dinero para la subsistencia mientras crece y se produce la primera cosecha. La zona de granjas y laboratorios está protegida militarmente, ya sea por la guerrilla o por grupos paramilitares a sueldo de los productores. El raspado de las hojas del arbusto, es decir, la cosecha, la hacen jornaleros a contrato. Se les paga por peso recogido y se les traslada de granja en granja. Los salarios de los raspachines decuplican o más el salario imperante en otras regiones. Resultado: las cosechas de arroz, café, algodón y cacao padecen de falta de mano de obra o su costo ha crecido hasta hacerse antieconómico. Los altos salarios no han mejorado el nivel de vida del trabajador. En las zonas de bonanza cocalera los precios de los artículos de consumo alcanzan niveles inimaginables. Tanto que muchas veces el recolector o trabajador al servicio de los narcos prefiere recibir el salario en especie: vituallas o droga, que negociará una vez abandone la zona, o consumirá. A veces se le paga con cocaína refinada, otras, con pasta de coca que será vendida y comercializada como bazuco.

Una vez producido, el clorhidrato de cocaína se empaca y alista para la exportación. El remanente, entregado como jornal, o a manera de moneda para pagar insumos y otros gastos, queda para el consumo nacional. La imagen familiar de objetos del tamaño de ladrillos envueltos en plásticos y con sellos o claves que señalan origen y destinatarios, corresponde a la captura de grandes envíos. Es la forma tradicional de empaque usada por los cárteles. Pero la cocaína viaja de muchas otras maneras: la policía colombiana y estadunidense la han encontrado convertida en almidón para camisas o pintura de cuadros; empacada entre trozas de madera, cajas de seguridad, marcos artísticos, postes de cemento; en compartimentos de aviones de línea u oficiales, prótesis de piernas, imágenes de santos; disuelta entre licores; mimetizada entre langostinos, peces y verduras, motores de automóviles de competencia, maletas de doble fondo. Hace poco fue descubierta una forma aún más sofisticada: la cocaína negra, irreconocible para la vista y para el olfato de los perros: mezcla con limaduras de metal y compuestos de carbono.

Los grandes productores y exportadores prefieren la venta directa o a comisión. Si al comienzo eran avionetas de tamaño reducido y autonomía de vuelo limitada, desde finales de los años ochenta los laboratorios despachan aviones cargueros de buen tamaño —DC6, DC8 o jets medianos— hacia los destinos intermedios como México. La mercancía aterriza en aeropuertos autorizados cuyo personal ha sido sobornado, o en pistas clandestinas. Se sabe que en las costas estadunidenses aviones dejan caer la carga dispuesta en boyas cuya señal se enciende con el contacto del agua y que es recogida por lanchas rápidas. Las modalidades del transporte marítimo son infinitas. La carga viaja escondida o colocada en contenedores de doble o falso fondo, en buques mercantes o cargueros o en embarcaciones que sirven de nodriza a minisubmarinos. O entre el estómago de los pasajeros llamados "mulas", forma usual de envío de productores pequeños o independientes

POLÍTICA Y DELITO:
GOBERNABILIDAD Y NARCOPODER

Por Antonio Camou

El asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas tuvo esa clase de virtud que de vez en cuando acarrean las desgracias. En primer lugar, puso de manifiesto las temibles conexiones entre una serie de hechos de violencia que en general pasaron inadvertidas para el ciudadano medio. En segundo término, fue el detonante de una operación discursiva y política que permitió ubicar a los "narcos" como enemigos públicos, como antagonistas jurados de la sociedad mexicana. Finalmente, trajo al primer plano de la consideración ciudadana algo siempre sabido y otras tantas veces callado, las opacas vinculaciones entre el poder del crimen organizado y el poder de las instituciones estatales. Tras la balacera del 24 de mayo quedó flotando en el ánimo de la gente el fantasma de la inseguridad pública, pero también el aguijón quemante de un par de preguntas sin respuesta: ¿quién vigila a los que nos vigilan?, ¿quién gobierna a los que gobiernan?

Ciertamente, las múltiples dimensiones del problema de las drogas obliga a separar las aguas con celoso cuidado. Por de pronto, es preciso distinguir la cuestión del consumo del sinuoso derrotero de violencia y corrupción asociado al narcotráfico. De lo contrario, corremos el riesgo de meter en el mismo saco al adicto y al criminal, borrando la sensible diferencia que separa, en cualquier sociedad civilizada, el espacio de la libertad individual de los asuntos de la seguridad pública. Que a raíz de la muerte accidental del arzobispo de Guadalajara estas densas cuestiones hayan pasado a un primer plano, engrosando la ya abultada agenda de problemas pendientes entre la sociedad civil y el Estado, es un asunto sobre el que vale la pena detenerse.

En principio, el crimen múltiple acaecido en la capital de Jalisco permitió hilvanar, en la consideración de la gente, una cruenta sucesión de hechos que vagaban dispersos entre los pliegues vertiginosos de las informaciones periodísticas. Perdidos en las páginas de los diarios o expuestos en los espasmódicos flashes de los noticiarios televisivos, tendieron a pasar sin advertencia los oscuros eslabones de una cadena de asesinatos ligados al narcotráfico. Sin ir muy atrás, desde enero a mayo del presente año se han contabilizado en el territorio de la federación más de 30 episodios violentos que han dejado un saldo parcial de 110 víctimas mortales (Edgar González Ruiz, Sup. "Política" de El Nacional, 31/5/93). Siguiendo la lógica feroz del "ajuste de cuentas" o producto del enfrentamiento entre bandas rivales, esta incompleta y dispersa geografía del terror ha comenzado a tomar cuerpo ante la conciencia ciudadana. La presencia de los "narcos", otrora lejana y fantasmal, se ha introducido abruptamente en el diálogo cotidiano y en la consideración de la opinión pública.

Va de suyo que esta renovada visibilidad pública del narcotráfico no puede desligarse de la más reciente estrategia gubernamental para combatirlo. Desde el ingreso de Jorge Carpizo en la PGR (4/1/93) comenzaron a desatarse una serie de hilos tenebrosos, que desde fuera y desde dentro del aparato estatal, amenazaban con asfixiar la discutida eficacia de una lucha contra las sombras. En ese trance, el asesinato del arzobispo obligó al presidente Salinas a anunciar una "nueva cruzada" contra el narcotráfico (2/6/93) cuyos resultados concretos, la separación de algunos funcionarios cómplices o la captura de reconocidos cabecillas, importan tanto como el lugar que ha comenzado a ocupar el "narcopoder" ante la mirada de los mexicanos. En tal sentido, una reiterada y machacona propaganda oficial, sumada a las informaciones que por propia mano generaban los medios, permitió convertir en un par de semanas al hasta hace poco tiempo desconocido "agricultor" (sic) Joaquín Guzmán Loera en un enemigo público de perfiles nítidos. En cuestión de pocos días el Chapo, el Güero y sus secuaces habían entrado en cada casa a través de las pantallas de TV, y sus multiplicadas imágenes nos asaltaban en las estaciones del Metro o nos sostenían la mirada desde las paredes de los ministerios públicos.

Pero si el aluvión "informativo" permitió alinear el sentir ciudadano frente a estos enemigos de nuevo tipo, también puso en el tapete viejos adeudos en las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. Un censo heterogéneo anuda las facetas más recónditas del accionar de las agencias de seguridad del Estado con la incredulidad manifiesta ante las informaciones oficiales, el desasosiego de la inseguridad pública con una reconsiderada evaluación del problema de la gobernabilidad.

Según es fama, las exigencias de una gobernabilidad democrática nos obligan a transitar un mismo camino en dos direcciones de difícil (pero necesaria) complementariedad: la que va del gobierno a la sociedad y la que vuelve de la gente hacia el gobierno. Pensar que de un lado está la eficacia y del otro la legitimidad es cortar el problema por su flanco más simplista. El balance entre eficacia gubernamental y contralor ciudadano comporta una ecuación de resolución compleja pero de actualidad perentoria.

No es difícil convencer a nadie de que el gobierno necesita herramientas eficaces para combatir el delito, pero ¿qué pasa cuando el delito se gesta en algunas oficinas destinadas a combatirlo? Es sabiduría de pueblo advertir que con ciertos policías no necesitamos delincuentes, pero ¿qué mecanismos institucionales es preciso desarrollar para vigilar eficazmente a nuestros vigilantes? Si bien el entuerto preocupa hoy a todas las sociedades, el caso mexicano le agrega una nota perturbadora: un aparato de Estado construido sobre el silencio y la lealtad secreta, cerrado al juicio público y en muchos casos impermeable al contralor ciudadano, ¿qué posibilidades tiene de autocorregirse?

Las historias de las vinculaciones entre el poder "público" y los poderes ocultos, los arcana imperii que tanto han preocupado a Norberto Bobbio, son tan viejas como la política misma. Pero conformarse con el mal de muchos es el consuelo resignado de los tontos. Hace ya muchos años Gilbert K. Chesterton imaginó a la cúpula de la policía londinense, enfrascada en la lucha contra los anarquistas, ganada por los mismos anarquistas. Cambiando algunas circunstancias y dos o tres nombres propios, algunas realidades de América Latina se empeñan en imitar la vieja fábula del policía que se vuelve ladrón, y en reiterar la triste historia del ciudadano que se vuelve víctima.