UNIDAD II: La dialéctica turismo-territorio en la sociedad globalizada

Tema 1: El binomio turismo-construcción en la gestión y financiación de los municipios turísticos

1. Introducción

Canarias ha experimentado en el periodo 1960-2000 un conjunto de transformaciones estructurales de extraordinaria importancia y trascendencia desde el punto de vista territorial y económico. El instrumento básico de intervención municipal ha sido el planeamiento urbanístico basado en los objetivos de crecimiento de la oferta de suelo.

2. Los procesos de transformación estructural

Entre 1970 y 2000, la transformación estructural en el escenario territorial y urbano de Canarias ha sido espectacular, inducida por el turismo y sus efectos. El turismo ha exigido un desarrollo de las infraestructuras básicas que se ha producido como una invasión del territorio.

Estos procesos de urbanización creciente y explosiva, afectan de forma desigual a las diferentes islas que han visto alteradas sus estructuras demográficas por efecto de la inmigración.

Los fenómenos de transición política que se ponen en marcha durante la década de los ’70 producen cambios continuos en los marcos legales relativos al uso del suelo y del territorio, a la ordenación urbana y a los instrumentos de intervención y control de los derechos de propiedad del suelo y de la edificación.

La crisis internacional de la energía de 1975 a 1985, unido al proceso de transición democrática española de ese periodo, puso al descubierto las debilidades del modelo económico canario y la urgente necesidad de abordar este problema.

3. La crisis económica de los ‘70

La Reforma de Régimen Económico Fiscal de Canarias de 1972 no produjo efectos significativos hasta comienzos de los ’80.

El crecimiento de las rentas familiares provocado por el fenómeno turístico intensificó el consumo de suelo al incrementar la demanda de tipologías residenciales extensivas o de segunda residencia.

La debilidad de los poderes públicos para dar respuesta a las demandas sociales, determinó una explosión caótica de ocupación del espacio para cualquier uso. La ausencia de directrices expresas de ordenación del territorio provocó un fenómeno de ordenación desigual del espacio planificado.

4. Las reformas de los ‘80

La Reforma del Régimen Local que representó la Ley de Bases de 1985, constituye un primer paso para la configuración de gobiernos locales modernos y adaptados al nuevos escenario político-administrativo derivado de la restauración democrática y la aprobación de la Constitución de 1978.

A partir de la aprobación de las Directrices Generales de Ordenación y del Turismo surge un cambio en la orientación de las estrategias de crecimiento económico en el medio rural y en las zonas interiores.

Frente a la parálisis que representó la quiebra de la Hacienda Local y la reacción municipal de utilización del suelo como último recurso, se trata de imponer un sistema ordenado y compatible con el desarrollo de los sistemas generales y los equipamientos sociales imprescindibles para el equilibrio.

La Ley de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias fue un pacto unánime del conjunto de las fuerzas políticas y de las Administraciones Publicas para abordar los necesarios procesos de reordenación y reconducción del modelo de desarrollo futuro.

5. Los problemas de la Hacienda Local

A fines de la década de los 80 la participación relativa de los ayuntamientos españoles en el gasto público total consolidado era solo del 13%.

Ante la creciente demanda social de servicios y bienes públicos locales, los ayuntamientos habían alcanzado un grado de endeudamiento insostenible, lo que los hizo fuertemente dependientes de las subvenciones intergubernamentales representadas por el Fondo de Cooperación Local y las transferencias que los gobiernos autonómicos realizaban para cubrir las necesidades más urgentes.

La Ley de Haciendas Locales pretendió dotar a los municipios de una estructura tributaria basada en la imposición sobre el suelo en su doble mecanismo tributario de plusvalías, junto con los impuestos sobre obras y construcciones, vehículos y los impuestos sobre actividades económicas, con el fin de asegurar un grado aceptable de autonomía fiscal.

La actividad urbanizadora y la edificación continúan siendo una importante fuente de recursos económicos para los ayuntamientos.

La reciente reforma de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la Ley 51/2002, se plantea como propósito central el alcanzar ese grado de estabilidad fiscal necesario.