UNIDAD V

Definición:

• Región: (latín: reg
  o) es una división territorial de un Estado determinada por caracteres étnicos o circunstancias especiales de clima, economía, topografía, administración, gobierno e histórico-sociales.

Por su parte, Boisier plantea "...una región constituye un conjunto de sistemas (social, económico, ecológico, étnico, político, etc.) infinitamente más complejo que el país"(10)

Borja agrega , "no se trata de idealizar el territorio, pero sí de constatar que hay unidades naturales forjadas por la historia y la geografía que tiene una entidad socio cultural, un patrimonio y un signo de identidad de la población"(9)

En resumen, en la definición de región, domina la idea de conjunto que reúne ciertas condiciones socio culturales y económicas, ubicado sobre un territorio, que se estructura como sistema.

• Regionalización: Es la delimitación geográfica que se realiza en consideración de elementos comunes, sean económicos, sociales, culturales, geográficos, administrativos y/o políticos. La regionalización de un territorio constituye un marco adecuado para la adopción de decisiones que promuevan el desarrollo del país dentro del proceso de planeación.

• La Descentralización: Etimológicamente es quitar, desplazar lo que está en el centro, y lo que mora en ese espacio puede ser por naturaleza o por apropiación

Implica una redistribución real del poder público, centrado actualmente en el vértice del Ejecutivo Nacional, pero que debe ser transferido hacia las bases de la sociedad provincial y local. Ello implica, a su vez, un acercamiento de la gente a los centros de decisión, lo que involucra necesariamente varios procesos complementarios: planificación, participación social y coordinación.

Por otro lado, se define la descentralización como un proceso y una política de Estado, de naturaleza sociopolítica, cultural, administrativa, económica y técnica, que busca la transferencia del poder público hacia las bases provinciales y locales, de manera de construir un país más justo y sólido desde perspectivas sociales y territoriales.

• Desarrollo Regional: Es un proceso orientado a la transformación y organización de los espacios y los territorios, a través de los cambios cualitativos en los planos económico, social, político, ambiental, tecnológico y territorial.

• Planificación: Según Ortiz ( ), "Es el proceso que se sigue para determinar en forma exacta lo que la organización hará para alcanzar sus objetivos"

Por su parte, Sisk la define como "El proceso de evaluar toda la información relevante y los desarrollos futuros probables, da como resultado un curso de acción recomendado: un plan".

Sin embargo Ackoff (1981) plantea que: "La planificación... se anticipa a la toma de decisiones. Es un proceso de decidir... antes de que se requiera la acción".

Es por ello que, Jiménez (1982) considera que: "La planificación es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta la situación actual y los factores internos y externos que pueden influir en el logro de los objetivos".

De lo anterior, es posible hallar algunos elementos comunes importantes: El establecimiento de objetivos o metas, y la elección de los medios más convenientes para alcanzarlos (planes y programas), implica además un proceso de toma de decisiones, un proceso de previsión (anticipación), visualización (representación del futuro deseado) y de predeterminación (tomar acciones para lograr el concepto de adivinar el futuro).

Cambios más Importantes que han Caracterizado la Evolución de la Planificación Regional y Nacional y su Incidencia en el Desarrollo Económico alcanzado.

La Planificación Regional

La planificación regional es un procedimiento cuyo estado actual de un país contemplando la región, se quiere mejorar en función de criterios y objetivos específicos de política económica. La planificación regional es entendida como un instrumento para alcanzar el desarrollo, superando deficiencias y problemáticas que se encuentran en realidad regional que se han dado históricamente.

No obstante, poco se ha avanzado. Pese a que el proceso de consulta en las regiones se inicio en el 2000, aún no está listo el plan nacional de desarrollo regional. El desarrollo de los ejes, entendido como políticas de largo plazo, está en etapa embrionaria y existe una marcada descoordinación y solapamiento de funciones entre los organismos involucrados. Por lo tanto, por lo visto a través de la experiencia de Venezuela como de cierta manera engloba lo que ocurre en Latinoamérica se muestra claramente una falta de continuidad en general, manifestada en esos frecuentes cambios de prioridades y enfoques regionales, ha obedecido, entre otros aspectos, a la carencia de una instancia supranacional con verdadero peso político, que sea capaz de sobreponerse a los vaivenes de la política del día a día y de los Gobiernos de turno; y capaz, en consecuencia, de tomar decisiones políticas de largo plazo. Más, para ello, sería necesario un consenso nacional y estas concertaciones bien podrían funcionar de manera más viable en los países que están recuperado sus procesos democráticos, tales como los de Centroamérica o Chile, donde la gobernabilidad democrática no se muestre tan inestable.

Desde el punto de vista económico y cultural, es evidente que el país en que hemos nacido sigue y lo seguirá por siempre, siendo un determinante de nuestra vida. Pero también es evidente que se deben examinar y ajustar las diferencias regionales, dado que tienen consecuencias espaciales. Las políticas gubernamentales deben tener especialmente en cuenta esta situación, al momento de efectuar las planificaciones económicas correspondientes.

No es necesario efectuar un seguimiento en profundidad para darse cuenta que en la superficie terrestre encontramos zonas con población con altos ingresos y mejores niveles de vida que en muchas otras.

La Planificación Nacional

La planificación nacional es el proceso para la racionalización de las acciones del Estado a través de organizaciones estructuradas que articulen la interdisciplinariedad, pertinencia, oportunidad, factibilidad, así como, la utilidad e impacto social necesario para llevar adelante las transformaciones que exigen los nuevos tiempos, con una clara noción del futuro, y de los objetivos y metas a alcanzar.

Si bien está realidad nacional establece nuevas coordenadas para la acción del Estado venezolano, no es menos cierto que la Planificación ha estado sujeta a grandes y recientes cambios en su concepción metodológica, en donde, la capacidad de conducción estratégica del Estado, reside fundamentalmente, en concebir dichos procesos en sus dimensiones estratégicas, emergiendo el uso de métodos y herramientas como los escenarios, análisis socio - político de actores, entre otros, para enfrentar la complejidad, incertidumbre y el conflicto que caracteriza el entorno nacional e internacional en el cual nos desenvolvemos cotidianamente.

El Estado venezolano se enfrenta al gran desafío histórico de impulsar nuevos modelos de desarrollo económico y social que puedan abrir los caminos del progreso al conjunto de la sociedad venezolana. Para enfrentar con éxito este desafío, es necesario lograr un eficaz desempeño de las responsabilidades de planificación que compete al Estado. Como ente rector y promotor del desarrollo nacional y órgano de una más justa y equitativa distribución social de sus beneficios.

En las últimas décadas se ha venido evidenciando un debilitamiento progresivo de las capacidades rectoras del Estado venezolano para orientar el destino de la sociedad y una creciente dificultad para ejecutar en forma coordinada sus acciones. Las políticas de privatización a ultranza del sector público y los esfuerzos por minimizar el papel estratégico del Estado venezolano, desplegados con mayor vigor en la década de los 90, afectaron ampliamente los mecanismos institucionales que disponía el sector público para coordinar las políticas de desarrollo en consonancia con la idea de que el país es uno y financiar, en consecuencia, sus diferentes planes y programas.

Esta menguada capacidad institucional, para acordar y ejecutar de manera coordinada los distintos proyectos de interés público en beneficio del desarrollo integral del país, se repite como una constante en todos los ámbitos territoriales de la acción gubernamental, y se pone de manifiesto tanto en sus relaciones internas o individualmente consideradas, nacional, estatal y local, como en sus relaciones conjuntas.

En Venezuela se han elaborado nueve planes de desarrollo económico y social, sin ningún tipo de continuidad entre uno y otro. Al inicio de cada período de gobierno se cumple con el formalismo de elaborar un nuevo plan de desarrollo económico y social, cuyas orientaciones se abandonan, incluso, mucho antes de concluir el período constitucional correspondiente. No existen tampoco, orientaciones de desarrollo de más largo plazo, que en términos de un Proyecto de país, cumplan con el doble de propósito de ser un marco de referencia para orientar y dimensionar los contenidos de los planes de mediano plazo y ser marco de referencia para definir las políticas de desarrollo de largo alcance, cuya continuidad debe mantenerse por varios períodos gubernamentales, como único medio para asegurar los objetivos de cambio asociados con el país desarrollado al que todos aspiramos. Igualmente, se han formulado muchos planes de diversa naturaleza y menos jerarquía que escasamente guardan estrecha relación entre sí y no suelen estar fuertemente vinculados con las directrices de los planes de desarrollo de más largo plazo.

La vinculación de los presupuestos públicos con los planes ha sido una variable ausente en la histórica práctica presupuestaria y planificadora del sector público y sólo muy recientemente, desde 1998, se ha puesto especial énfasis para enlazar el presupuesto con plan operativo anual nacional, de donde puedan derivarse sanciones por el incumplimiento de las obligaciones o compromisos públicos contraído en los diferentes planes.

De mantenerse la situación planteada, la acción pública se distanciará cada vez más de los problemas que padecen las mayorías nacionales y no se logrará satisfacer oportunamente las distintas demandas sociales.

Para enfrentar el reto de darle al país un nuevo rumbo y alcanzar mejores estadios de bienestar económico y social, de acuerdo con las demandas de la población actual y el legado de bienestar que aspiramos dejar a las generaciones futuras, es indispensable establecer las normas y los procedimientos, de carácter político, técnico y administrativo, que hagan posible una mejor vinculación de los distintos esfuerzos que realizan los entes públicos para lograr el desarrollo nacional.

Acometer dicho reto, demanda nuevas perspectivas y caminos. Se trata entonces, de

vislumbrar aquellos que ofrecen mayor viabilidad con respecto al Proyecto de País que se debe impulsar, fomentado la articulación entre los organismos encargados de formular, ejecutar, financiar y evaluar las políticas públicas, y su integración con las diversas instancias sociales y comunales, como mecanismos de consolidación de una verdadera democracia participativa.

La Ley del Sistema Nacional de Planificación constituye un marco normativo de cumplimiento general, que pautará las formas y los mecanismos de participación de los niveles nacional, estatal y municipal para lograr que la planificación se institucionalice como un proceso estratégico, continuo, integral, participativo, democrático y de consulta abierta. Las normas y procedimientos básicos comprendidos en esta ley deben establecer los mecanismos institucionales del Estado para lograr que los recursos y acciones públicas asociados con el desarrollo integral del país, se asignen y realicen de manera planificada, coordinada y responsable y s encausen hacia los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos del nuevo proyecto de país, sustentado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El nuevo marco normativo del Sistema Nacional de Planificación deberá trascender el formalismo y el ritual de producir un plan de desarrollo cada período constitucional de gobierno. Deberá establecer y fortalecer los mecanismos institucionales que hagan posible mantener la continuidad de las inversiones y demás decisiones públicas relacionadas con el desarrollo integral y sustentable del país. En sus contenidos se deberán hacer explícitas referencias a los procesos y horizontes temporales en los que acontecen las diferentes actividades de planificación del sector público venezolano, asociadas con el desarrollo nacional, y como norma de cumplimiento general, deberá, resguardar al Estado venezolano, de los intentos de minimizar sus capacidades rectoras y estratégicas para orientar el destino de la sociedad y distribuir con equidad el mejoramiento económico, social y cultural del pueblo venezolano. En este contexto deberá, igualmente, institucionalizar la planificación como una práctica sistemática y consciente, orientada a encausar racionalmente las inversiones y demás decisiones públicas del desarrollo.

En las prácticas de la planificación y la coordinación, el MPD ha desarrollado intensas actividades en los dos últimos años, entre otras, se destacan las siguientes:

• Coordinar la elaboración y desarrollo del Programa Económico de Transición 1999-2000 y el Programa Económico 2000. En estos programas se establecen las políticas macreconómicas y de apoyo a la producción, a ser ejecutadas en los años antes señalados. Dichos programas fueron ampliamente informados a la opinión pública y discutidos con otros organismos de los sectores públicos y privados involucrados en ellos.

• Formulación del Plan Nacional de Desarrollo Regional (1999-2004), y su información al público y consulta a todos los sectores en las diferentes regiones del país. Actualmente, el MPD coordina, conjuntamente con las Corporaciones Regionales de Desarrollo, la Formulación de los Planes en cada una de las Regiones del país, con la plena participación de todos los sectores público y privado, y los Gobiernos Estatales y Municipales.

• Participación en la formulación y ejecución de las políticas de alianzas estratégicas para darle contenido al mandato constitucional de impulsar y consolidar la integración latinoamericana. En ese sentido, se han dado pasos firmes en esa dirección, por vía de ejemplo: firma de acuerdos de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y Petróleos de Brasil, con miras a crear Petroamérica, como posible alianza de las industrias petroleras estatales de Latinoamérica, y recientemente, la firma en Caracas de los Acuerdos Energéticos con los países Centroamericanos y del Caribe, acuerdo que amplia el existente firmado en San José de Costa Rica, en el número de barriles de petróleo a vender, con condiciones de financiamiento justas. Además, el establecimiento del acuerdo bilateral energético con la República de Cuba, la cual había sido excluida del acuerdo de San José.

• Participación decidida en apoyo al Ministro de Energía y Minas y Presidente de la OPEP en el relanzamiento de esta importante organización.

En la Ley del Sistema Nacional de Planificación se deberán desarrollar los contenidos constitucionales donde se establece que la planificación es un medio para el eficaz desempeño de las responsabilidades del Estado de promover, conjuntamente con la iniciativa privada, el desarrollo integral y sustentable de la República Bolivariana de Venezuela y garantizar una justa distribución.

Los Organismos Oficiales de Planificación en Venezuela

Ministerio de Planificación y Desarrollo

Organismos Adscritos

Evolución

En Venezuela antes de 1958, hubo esfuerzos importantes en el proceso de formulación y ejecución de planes, así como, en el establecimiento de arreglos institucionales para garantizar el desarrollo del proceso. Ya en 1941 se percata el Gobierno Nacional de la imperiosa necesidad que tenía el país de acometer obras públicas, para empezar a superar el estado de atraso en que se encontraba, luego de haber permanecido los primeros treinta y cinco años del siglo XX, sumido en una férrea dictadura. Para ordenar ese proceso de ejecución de obras, se creó el Consejo Nacional de Obras Públicas, el cual puede considerarse como el primer órgano de planificación del país. Su desempeño fue encomiable, pues el Presidente de la República Isaías Medina Angarita anunció el 31 de enero de 1942, el Plan Cuatrienal de Obras Públicas, donde se preveía una inversión de cien millones de dólares a ser ejecutados entre 1942 y 1946. Allí se contemplaban obras sanitarias, de vialidad, puertos y aeropuertos, edificios públicos, edificaciones escolares, apoyo a la agricultura y a la ganadería y el desarrollo dentro de la agroindustria, de aquellas industrias preferenciales para subsanar situaciones carenciales de productos como; gradas y aceites, leche en polvo, conservas alimenticias, etc. Años más tarde, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) formuló, entre otros, los siguientes planes: Plan Preliminar de Transporte (1947), Primer Plan Preliminar de Electrificación (1947), y conjuntamente con el Ministerio de Agricultura y Cría, el Plan Mínimo de Producción Agrícola (1946-1947) y el Plan de Irrigación de 20 años (1949). Así mismo, en el periodo antes de 1958, se crearon el Ministerio de Minas e Hidrocarburos (1951), con el objeto de regular las relaciones con las industrias transnacionales del petróleo, y la Oficina de Estudios de la Presidencia de la República, con la finalidad de impulsar la creación de industrias básicas en los sectores siderúrgicos y petroquímicos.

Posteriormente, la Constitución de 1961 no sólo atribuía al Estado la mayor responsabilidad sobre el desarrollo y el crecimiento, sino que además señala la planificación como el instrumento más idóneo para ejercer dicha responsabilidad. Si bien la Constitución admitía claramente la vigencia de una economía mixta con preponderancia de iniciativa privada, la planificación era entendida como un paso más en la acción económica del Estado.

La Constitución de 1961, atribuía al Estado venezolano la responsabilidad del desarrollo económico y social del país y favorecía su intervención directa. En efecto, el Artículo 95 de dicha Constitución dice textualmente; “El Estado promoverá el desarrollo económico y la diversificación de la producción con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza, aumentar el nivel de ingresos de la población y fortalecer la soberanía económica del país”.

Por otra parte, el Artículo 98 establece: “El Estado protegerá la iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción y regular la circulación, distribución y consumo de la riqueza, a fin de impulsar el desarrollo del país”.

La Oficina Central de Coordinación y Planificación (CORDIPLAN), fue creada por el Decreto Ley Nº 492 el 30 de Diciembre de 1958. El comienzo de sus actividades no fue fácil, la planificación ya institucionalizada se inicia en el marco de una severa crisis económica y fiscal y con rechazo del sector empresarial privado, que consideraba la planificación como un paso más hacia una economía controlada.

De otra parte, el gobierno de entonces necesitaba lograr una mayor base de sustentación política, ya que el sistema democrático naciente era débil e inestable y se necesitaba urgentemente reactivar la economía para resolver el grave problema de desempleo existente.

Estas dos circunstancias trajeron como resultado que el proceso de planificación venezolano fuere desde su inicio, realista y muy pragmático, con un alto contenido político, características que no se reflejan en los planes, pero sí en la práctica diaria de la negociación con los otros actores sociales.

El nuevo modelo de sustitución de importaciones por bienes de producción nacional (crecimiento hacia adentro), aplicado a la realidad venezolana tenía como principal elemento dinamizador la demanda agregada interna que generaba la distribución del excelente petróleo. En estas circunstancias, para mantener una expansión sostenida de la actividad productiva interna, se requería de un aumento creciente del excelente petróleo. Esta situación le daba al nuevo modelo una extrema vulnerabilidad a los que viviesen del mercado petrolero internacional y le originaba un problema fundamental a la planificación, y que al no poderse prever con anticipación las fluctuaciones del ingreso petrolero, se convertía en tarea difícil, por no decir imposible, programar los recursos necesarios para realizar los distintos programas y proyectos contenidos en el Plan. Esta extrema debilidad de la planificación se manifiesta dramáticamente con el incremento, fuera de toda previsión, del ingreso petrolero en el año 1974 y tiene sus efectos más adversos a principio de la década de los ochenta, durante la vigencia del VI Plan, que como consecuencia de la caída de los precios petroleros, quedó desactualizado antes de comenzar su ejecución.

El primer cambio importante en este estilo de planificación se da durante el primer gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez. El jefe de CORDIPLAN de bajo perfil se transformaba en un Ministro de Estado muy deliberante, asumiendo el liderazgo en la condición del programa económico contenido en el V Plan de la Nación. Este nuevo estilo necesitaba manejar diversos factores de poder que lo fortalecieran políticamente y sobre todo tener la confianza y el apoyo del Presidente de la República, ya que su extremo dinamismo le generaba actores sociales de oposición dentro del mismo gobierno. Otro aspecto interesante de esta nueva forma de gerenciar la planificación, fueron los altibajos que sucedieron posteriormente. A continuación de un Jefe de CORDIPLAN, de mucha ascendencia en la toma de decisiones seguía, generalmente, un Jefe con menos poder que en cierta forma enfriaba la planificación aun cuando los planes fueran formalmente elaborados y el Jefe de la Oficina continuara asistiendo al Consejo de Ministros.

CODIPLAN ejerció un liderazgo político y técnico emergente, respetando la autoridad y

competencia de los organismos ejecutores. Esta experiencia pasa de manifiesto las debilidades institucionales de CORDIPLAN para atender los exigentes requerimientos que demandaba el manejo de la política económica en el muy corto plazo. La deficiencia de la base informativa y la carencia de un instrumento de programación y seguimiento para el manejo de la coyuntura, así como el enfoque tradicional del problema económico en el mediano plazo por parte de los técnicos de la Oficina, dificultaron la posibilidad de identificar los problemas reales y sus soluciones.

Durante el año 1984 y en ocasión de la preparación del VII Plan de la Nación, se produce un cambio de metodología de planificación normativa a situacional, y se modifica la estructura organizacional de CORDIPLAN, se abandona la dimensión sectorial de trabajo en planificación, para planificar en el ámbito de problemas. Este cambio de metodología mejora el enfoque coyuntural de la planificación, pero pone en evidencia, aún más, las debilidades técnicas de la Oficina. Las expectativas que crea el cambio de metodología se truncan con los resultados alcanzados, el centro básico en la toma de decisiones se traslada al Ministerio de Hacienda y Fomento el Banco Central de Venezuela, y CORDIPLAN, entran en una nueva etapa de “enfrentamiento”.

A partir de 1989, ante la escasa posibilidad de que el Estado pudiera mantener una economía basada en la renta petrolera como en el pasado, surgió una estrategia económica distinta, que asume una posición contra la excesiva participación del Estado en la economía y plantea un papel protagónico del empresario privado y el mercado.

Los lineamientos generales del VIII Plan de la Nación (El Gran Viraje) mencionan en su

capítulo introductorio: “La nueva estrategia requiere de un Estado fortalecido y eficiente que promueva la competencia y estimule la expansión y consolidación de una moderna economía de mercado, sobre la que debe recaer la responsabilidad fundamental del futuro desarrollo nacional'.

Para esto sería necesario revertir la tendencia de las últimas décadas que había convertido al Estado en un agente ineficiente como empresario, como promotor de la actividad privada y como rector del desarrollo social y cultural.

En relación al VIII Plan de la Nación el actual Ministro de Planificación y Desarrollo Dr. Jorge Giordani escribió lo siguiente: “En cuanto al Octavo Plan hay dos contradicciones importantes; consideramos que no son tomadas en cuenta. La primera referida al rol subsidiario que se le pretende asignar al Estado y su capacidad real incontrovertible a nivel petrolero. La segunda entre la proclamada democratización del proceso político-social, el aumento de la igualdad económica y la concentración creciente de poder y riqueza en cierto grupo nacionales y extranjeros. Tales contradicciones que se hacen hoy potentes, se han venido confrontando históricamente a lo largo del régimen de democracia representativa, pero particularmente luego del boom petrolero de 1973”.

El IX tuvo como lei motiv presentar un proyecto de país; pero, a pesar del esfuerzo y empeño puesto en cuanto a compatibilizar las aspiraciones y demandas, a través de consultas a escala nacional y regional de los principales actores que habría de verse envueltos en la ejecución del plan, con las posibilidades de realización que ofrecía el país para entonces, todo quedó en el papel como simple enunciación de buenas intenciones por cuanto no llegó a concretarse la ejecución del plan como estuvo prevista. Razones no faltaron para explicar el que no se hubiese acometido la puesta en marcha de dicho plan. Efectivamente la caída de los precios petroleros a sus niveles más bajos en las últimas dos décadas, llenan de incertidumbre, provocada por la crisis bancaria y financiera, así con la conflictividad social, hicieron que el gobierno dedicara su acción a paliar la situación de crisis económica, enfrentar compromisos de la deuda y atender reclamos de índole social.

En la actualidad, como señalábamos anteriormente, Venezuela tiene un nuevo marco constitucional y se está en el proceso de creación, reformas y adaptaciones de los diferentes instrumentos legales al espíritu y razón de la nueva constitución. En ese sentido, el MPD y el Sistema Nacional de Planificación, están en la obligación, en el ámbito de sus competencias, de impulsar y consolidar el nuevo orden económico y social e la República, sustentado en una economía mixta, donde interactúen los sectores públicos y privados bajo la rectoría del Estado, con la finalidad de lograr un desarrollo económico--social sostenible, donde la equidad social es fundamental para garantizar a las mayorías nacionales acceso en condiciones de calidad a la salud, a la educación, al trabajo, a un salario justo a una vivienda digna, etc. El nuevo modelo societario propuesto, está enmarcado en la consolidación de un nuevo tipo de Estado de justicia, federal y descentralizado, donde la democracia debe ser participativa y protagónica, que tiene como centro al ser humano.

Incidencia de la Planificación Regional y Nacional en el Desarrollo Económico en Venezuela

La planificación ha tenido poco impacto en la organización de la Economía, mientras que la actividad planificadora ha sobrevivido ininterrumpidamente por más de treinta años como un rasgo del Estado venezolano.

El VIII Plan de la Nación ("Gran Viraje" 1990-1995), más que un elemento ordenador de la actividad económica y de la producción, vino a constituirse en la posibilidad o estratégia para manejar una política económica de neto corte neo-liberal.

La defensa del rol del mercado, voceada en los diversos niveles de la gestión pública, venía a contraponerse a los condicionantes de una economía real que continúa fundamentándose en el ingreso petrolero. Esta última experiencia del VIII Plan refuerza el análisis de dos aspectos para entender la planificación venezolana: su posible carácter ideológico y el grado en que la planificación y la ideología imbuida en ella han contribuido a la legitimación del sistema político. El discurso del VIII Plan lo percibimos esencialmente tecnocrático, es decir, se utilizó un lenguaje de tipo estratégico condimentado con la influencia proveniente del ámbito de la planificación corporativa en PDVSA.

En ese intento, el plan deviene en un medio publicitario y su estrategia focaliza en una concepción empreso-céntrica, la de PDVSA, que pone de lado las contradicciones básicas que operan en el interior de la sociedad venezolana. El protagonismo empreso-céntrico petrolero del VIII Plan dice claramente quiénes son los beneficiarios.

¿Cómo definir el tipo de planificación a nivel de PDVSA? ¿Qué diferencias existen con la planificación a nivel nacional?

Podría afirmarse que PDVSA y CORDIPLAN cumplen funciones diferentes. Por un lado, en el ámbito global, CORDIPLAN dedicado a la elaboración de la política macroeconómica y su correlato con el plan de ajustes. Por el otro lado, PDVSA orientando un sector que en el caso venezolano es esencial y determinante.

La planificación petrolera no puede afirmarse que tenga poco impacto en la organización de la economía y en la dirección del proceso económico.

En consecuencia, está por verse si prevalecerá la tesis de una economía orquestada a partir del petróleo, o de otra que escape de su dependencia a través de una diversificación que pretenda minimizarla como petrolera.

El plan petrolero se presenta como una respuesta a la crisis interna venezolana y se afirma se encuentra enmarcado dentro del crecimiento de la demanda mundial.
Ahora bien, qué sentido tiene la planificación a nivel corporativo (PDVSA) ante semejante uso de recursos y su impacto sobre el resto de la economía y sobre la dinámica productiva petrolera?, siendo como es PDVSA un monopolio estatal transnacionalizado.
Surgen así fundadas conjeturas sobre la coherencia del plan petrolero y sobre sus supuestos y consecuencias.

Habría que preguntarse en beneficio de cuáles intereses opera la actividad planificadora petrolera: el de los propios planificadores, quienes sostienen una racionalidad tecnocrática o el de quienes de variadas maneras se aprovechan de aquéllos.
Desde mediados de los años ochenta, Venezuela comenzó a endeudarse y en la actualidad la economía se ha estancado. Los problemas económicos son los mismos que en el resto de la América Latina, solo que Venezuela depende del precio del petróleo en forma categórica ya que entre el 70 y el 80% de sus entradas provienen de este mineral.
Para subsanar las consecuencias de la excesiva migración hacia Caracas el Gobierno fomentó el comercio y la industria en las ciudades de segundo orden en el interior del país. CIUDAD GUAYANA en el río Orinoco se vio favorecida por la siderurgia, el aluminio y el cemento y ha alcanzado una población de medio millón de habitantes, dejando atrás a la tradicional Ciudad Bolívar que alcanza solo un cuarto de millón.

Los mayores avances económicos se encuentran en la infraestructura: plantas hidroeléctricas, red de líneas de alta tensión, oleoductos y carreteras nacionales. Un desarrollo notable alcanza también la industria del petróleo, del gas natural, de los minerales de hierro y de bauxita. En vista de que estos yacimientos se hallan cerca de la Guyana (ex Guayana Británica), el Gobierno venezolano anunció en 1982 que se anexionaría la región hasta las márgenes del río Esequibo, razón por la cual las relaciones son tensas entre ambos Estados.

En los años noventa comenzó la explotación aurífera a lo largo de la frontera con la Guyana (British Guiana). Se estima que hay reservas por el valor de 140 millardos de dólares, es decir, 140 mil millones de dólares. La empresa estatal Corporación Venezolana de Guayana está a cargo de la explotación del oro.

Una planificación estatal en relación con el turismo no existe pero los turistas vienen de todos modos atraídos por la cascada Ángel en un afluente del río Caroni por ser la más alta del mundo con sus mil metros de altura. Los problemas económicos de Venezuela son típicamente latinoamericanos como se ha visto en esta sinopsis  pero, sea como fuere, hay que destacar muy claramente que Venezuela dispone del doble de energía eléctrica que México, Brasil o Argentina. Los ingresos anuales por habitante se mueven alrededor de los 3.000 dólares, con lo cual figura detrás del Brasil pero duplica la tasa de Colombia.

Obstáculos más Frecuentes Presentados ante el Proceso de Planificación Regional y Nacional.

• Desarrollo de modelos trasplantados desde situaciones muy disímiles a las latinoamericanas, sin la suficiente consideración de las realidades económicas, sociales, políticas e institucionales, o de otra forma, estructuras económicas, sociales, políticas e institucionales poco adecuadas a los planteamientos teóricos y supuestos de los modelos.

• Dificultades para transitar de la formulación de objetivos de tipo general a los específicos y más aún, para definir instrumentos de evaluación y control.

• Falta de relación entre los objetivos, la estrategia y su base teórica.

• Falta de capacidad real de la estrategia para orientar la acción de las instituciones involucradas y la coordinación entre ellas.

• Carencia de un auténtico compromiso político por impulsar las transformaciones necesarias para el éxito del proceso.

• Capacidad técnica: Este problema se refiere al hecho en que se incurre cuando en la formulación de un proyecto se proyecta la utilización de una tecnología que remotamente puede ser factible de implementar por parte del “grupo objetivo”.

• Perspectiva: La sobrevaloración de un proyecto, con una amplia gama de proyecciones y actividades, limita sus posibilidades de éxito toda vez que pierden la objetividad de la realidad.

• Tiempo: Es común que con el objetivo de hacer más atractivo el proyecto se reduzcan los tiempos reales de ejecución de sus principales actividades. En otro sentido, un proyecto mal elaborado, puede reportar tiempos muy largos para la ejecución. En ambos casos las posibilidades del proyecto son pocas y casi siempre son anuladas sus pretensiones de apoyo por parte de las agencias de cooperación.

• Supuestos fuera de la realidad: El conocimiento inadecuado o incompleto de los antecedentes del proyecto o del entorno en donde este se desarrollará, conlleva a asumir supuestos fuera de la realidad que invariablemente son indicativos de un proyecto mal formulado. Por ejemplo, acotar en un proyecto la carencia de servicios de extensión, crédito, o de otra naturaleza, cuando en el área de influencia donde se ubica el “grupo objetivo”, estos están disponibles, indica la falta de conocimiento del entorno por parte de los formuladores del proyecto, y a su vez hace evidente el riesgo potencial de haber incurrido en omisiones similares en otros capítulos del mismo.

• Capacidad gubernamental para atender el proyecto: El nivel de compromiso que patentiza el documento de proyecto para el Gobierno Correspondiente es una evidencia adicional de su buen grado de diseño. Las limitaciones que derivan de una pobre participación del Gobierno receptor, derivadas en la demora de entrega de recursos, escasez de insumos por una inadecuada operación de la Agencia del Gobierno contraparte, invariablemente ocasionan el fracaso de los proyecto, por lo que las Agencias de cooperación evitan continuar con propuestas que reflejen este tipo de situaciones.

• Estructura Institucional: Un documento de proyecto que haga evidente la insuficiente examinación de la estuctura institucional dentro de la cual el proyecto habrá de alojarse, necesariamente ofrece problemas potenciales ya que puede darse el caso de alojarse en una unidad gubernamental inapropiada para cumplir con sus objetivos cabalmente.

• Valoración fuera de la realidad: Este rubro se refiere particularmente al hecho que se presenta cuando un documento de proyecto hace patente proyecciones sobre optimistas en lo que se refiere a la continuación de actividades después de finalizar el ciclo de vida del propio proyecto, o en lo referente a la posibilidad de atraer fondos adicionales de donadores que continúen la etapa precedente.

• Por ultimo, nuestro principal obstáculo en el largo camino del desarrollo nacional es de carácter cultural. Nos hemos convertido en enemigos de nuestro propio desarrollo y progreso. La mentalidad del venezolano está muy lejos de llevar en alto los valores de responsabilidad, ética, seriedad, preocupación y trabajo.

Fundamentos Legales de la Planificación Venezolana

Con la creación de la Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República mediante Decreto Ley No. 492 de la Junta de Gobierno de la República de Venezuela de fecha 30 de diciembre de 1958, se institucionalizó la planificación en Venezuela, como una labor de análisis, proyección y formulación de metas generales.

La Enmienda No. 2 a la Constitución de la República de 1961, efectuada en 1983, obligaba al Ejecutivo Nacional a presentar al Congreso Nacional, para su aprobación en el transcurso del primer año de cada período constitucional, las líneas generales del plan de desarrollo económico y social de la Nación, y exigía que estas cumplieran con la Ley Orgánica de Planificación. Sin embargo, ni los planes fueron aprobados ni la Ley fue promulgada.

Con la nueva Administración que se inició en febrero de 1999, se asume la planificación como alta política de Estado lo que se plasma en la creación del Ministerio de Planificación y Desarrollo. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se reafirma la importancia de la planificación y desarrollo como función fundamental del Estado.

Es por estas razones, que el presente Decreto Ley desarrolla la planificación como una tecnología del Estado y la sociedad, para lograr su cambio estructural. En tal sentido, la planificación se establece como práctica para transformar y construir nuevas realidades con la capacidad de alcanzar propósitos, interpretar intereses de la sociedad e

incorporar, en las deliberaciones presentes, las necesidades de las generaciones futuras.

Un elemento de viabilidad de esta práctica, lo constituye la alta participación del Estado venezolano dentro de la estructura productiva del país, lo que obliga a una reflexión sistemática y coordinada sobre su rol en la realidad venezolana y su carácter de distribuidor de renta.

Este Decreto Ley, establece los mecanismos institucionales del Estado para lograr que los recursos y acciones públicas asociados con el progreso del país, se asignen y realicen de manera planificada y se encausen hacia los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos, sustentados en nuestra Carta Magna. De la misma forma, establece el marco normativo que será desarrollado en las leyes que instauran la organización y funcionamiento de los Consejos de Planificación y Coordinación de Políticas Públicas, los Consejos Locales de Planificación Pública y el Consejo Federal de Gobierno, instituidos en los artículos 166, 182 y 185 de la Constitución de la República.

De la misma manera, de conformidad con el artículo 299 de la Constitución de la República, promueve mediante mecanismos efectivos la participación social, a fin de asegurar una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta. Igualmente, este Decreto Ley permite superar la práctica meramente formal y ritual de formular un plan de desarrollo cada período constitucional de gobierno, estableciendo y fortaleciendo los mecanismos institucionales que hacen posible mantener, tanto la continuidad de los programas y sus inversiones, como las demás decisiones públicas relacionadas con el desarrollo sustentable del país.

Además, se hacen explícitas referencias a los planes y horizontes temporales de la planificación, asociadas al desarrollo nacional, regional y local y se fortalecen las capacidades rectoras y estratégicas del Estado. Se establecen y definen los propósitos y alcances básicos de la planificación, en apego a los principios de la Constitución.

De la misma manera, se definen los conceptos, se sientan las bases operacionales para orientar la práctica de la planificación, y se establecen los mecanismos institucionales de los distintos niveles de gobierno, para lograr que los recursos y acciones públicas, asociados con el desarrollo del país, se asignen y realicen de manera planificada y se encausen hacia los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos consagrados en la Constitución.

En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 8 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de conformidad con lo dispuesto en el literal e, numeral 6, del artículo 1, de la Ley que Autoriza al Presidente de la República para Dictar Decretos con Fuerza de Ley en las Materias que se Delegan, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.076 de fecha 13 de noviembre de 2.000, en Consejo de Ministros, dicta el siguiente:

DECRETO CON FUERZA DE LEY ORGANICA DE PLANIFICACION

TITULO I

DISPOSICIONES FUNDAMENTALES

Objeto y Finalidad

Artículo 1°. El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las bases y lineamientos para la construcción, la viabilidad, el perfeccionamiento y la organización de la planificación en los diferentes niveles territoriales de gobierno, así como el fortalecimiento de los mecanismos de consulta y participación democrática en la misma.

De los Derechos Económicos

Artículo 112.- Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social.

El Estado promoverá la iniciativa privada, garantizando la creación y justa distribución de la riqueza, así como la producción de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa, comercio, industria , sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar, racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.

Del Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía

Artículo 299.- El régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democratización, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad, a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica, democrática, participativa y de consulta abierta.

Del Régimen Socioeconómico y la Función del Estado en la Economía

Artículo 186.- (Atribuciones del Poder Legislativo Nacional)

8.- Aprobar las Líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que serán presentadas por el Ejecutivo Nacional en el transcurso del tercer trimestre del primer año de gobierno.

Conclusiones

Debemos considerar que existe un camino mejor y que no debemos quedarnos de brazos cruzados esperando que la inercia económica y social desarrolle al país. El desarrollo se planifica y se hace pensando en metas de corto, mediano y largo plazo que comparta la mayoría de la población. Cualquier plan tiende a fracasar, por muy bueno que sea, sí no existe consenso alrededor de éste. La población debe estar informada y sentirse comprometida con un proyecto común de país, aspecto en el cual han fallado nuestros líderes y dirigentes políticos. 

La insatisfacción con la situación actual no debe convertirse en un aliciente de la frustración, el desorden y la inestabilidad política. Por el contrario, debe ser un reto a trabajar duro, a respetar y hacer cumplir el orden jurídico, a ser más solidarios y a participar activamente en el proceso de cambio que la nación reclama.

Los esfuerzos de inversión y de industrialización no logran los efectos planeados cuando predominan en ciertos sectores de la economía (v.g. el sector agrícola) estructuras que entorpecen el avance tecnológico, el incremento de la productividad, el empleo eficiente de los recursos y cuando el sistema educativo no está orientado hacia la formación de mano de obra de alta calidad. No podemos aspirar a ingresar al exclusivo club de los países desarrollados con un sistema judicial y carcelario como el que tenemos en la actualidad, donde las leyes y los lentos procesos favorecen la corrupción y la falta de seguridad jurídica. Por otra parte, si queremos integrar una sociedad más justa debemos proveer a la población con un sistema de salud y de seguridad social adecuado que garantice condiciones mínimas de vida.

El desafío que se nos presenta es el de superar la crisis y reencontrar el camino del desarrollo en un contexto democrático, pluralista y participativo. La variable política del desarrollo es de gran importancia como indicador del grado de evolución de una sociedad y nuestra participación en la concreción de una nueva Venezuela es una responsabilidad que la patria nos está reclamando urgentemente.