INTRODUCCIÓN

Profundizar el Proceso de Democratización en Guatemala implica institucionalizar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos incluyendo los Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales tanto de los individuos, como de los grupos sociales y pueblos integrantes de la sociedad guatemalteca; promover seriamente la participación ciudadana en la toma de decisiones de distinto nivel, para iniciar la construcción de la Democracia Participativa; dar un tratamiento serio e institucional a los distintos conflictos existentes en la sociedad; promover el fortalecimiento institucional de los partidos políticos y su reencuentro con la sociedad; promover la reforma y el fortalecimiento de las instituciones democráticas que deben dar funcionalidad al Estado de Derecho; promover la participación de los sectores tradicionalmente excluidos, particularmente los pueblos indígenas, la mujer y los jóvenes.

acuerdo sobre fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática

El Estado y su Forma de Gobierno

De manera que se fortalezca el poder civil, se hace indispensable la mejora, modernización y fortalecimiento del Estado y su sistema de gobierno republicano, democrático y representativo. Las Partes, la mejora, la modernización y el fortalecimiento de los Organismos del Estado exigen el pleno y total respeto del principio de independencia, separación y no subordinación. Es necesario que los tres organismos asuman las responsabilidades que implica para cada uno el deber del Estado de garantizar a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona.

El Organismo Legislativo

Para fortalecer la legitimidad del Organismo Legislativo, tiene que cumplirse a cabalidad con las responsabilidades siguientes:

La función legislativa en beneficio del pueblo de Guatemala

El debate público de los asuntos nacionales fundamentales.

La representatividad del pueblo.

Las responsabilidades a los otros Organismos del Estado.

Convienen solicitar a la Presidencia del Congreso la conformación de una instancia multipartidaria que trabaje con las comisiones legislativas relacionadas al de los Acuerdos de Paz y al proceso de modernización y fortalecimiento del Congreso de la República.

La revisión de la Ley de Régimen Interior del Congreso. La utilización regular de los medios de control constitucional sobre el Organismo Ejecutivo.

Verificar la consistencia programática, la programación y ejecución del presupuesto de la Nación, se examine y evalúe la responsabilidad de los Ministerios del Estado y de otros altos funcionarios, que se realice un seguimiento de la gestión de gobierno.

La reforma del Artículo 158 de la Constitución, de manera que los diputados no puedan ser reelectos más de dos veces en forma consecutiva.

La redefinición de las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso en orden a realizar un adecuado seguimiento de las resoluciones y recomendaciones.

Sistema de Justicia

La reforma y modernización de la administración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción. El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarios, sino el instrumento para realizar el derecho esencial a la justicia.

Reformas Constitucionales

Organismo Judicial - Sección Primera

Disposiciones Generales

Artículo 203: El artículo debe contener las garantías de la administración de justicia y, como tal, incluir: el libre acceso y en el propio idioma; el respeto por el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe del país; la imparcialidad e independencia del juzgador.

Artículos 207, 208 y 209: Deben referirse a la Ley de la Carrera Judicial, estableciendo como sus contenidos:

Derechos y responsabilidades de los jueves.

Sistema de nombramiento y asenso de jueves con base en concursos públicos.

Derecho y deber de formación y perfeccionamiento en la función.

Régimen disciplinario con garantías, procedimientos, instancias y sanciones prestablecidas, así como el principio de que un juez / magistrado no puede ser investigado y sancionado sino por quien tiene funciones jurisdiccionales.

Reformas Legales

Carrera Judicial: Establecer la carrera judicial.

Servicio Público de Defensa Penal: Establecer el servicio público de Defensa Penal para proveer asistencia a quienes no puedan contratar servicios de asesoría profesional privada.

Código Penal: Promulgar una reforma de Código Penal en la que se dé prioridad a la persecución penal de aquellos delitos que causan mayor daño social, garantice plenamente los derechos humanos y tipifique como actos de especial gravedad las amenazas y coacciones ejercidas sobre funcionarios judiciales, el cohecho, soborno y corrupción.

Iniciativas y medidas administrativas

Dotar al Organismo Judicial y al Ministerio Público de mayores recursos financieros para avanzar en su modernización tecnológica y para ampliar su cobertura al interior del país, aplicar un eficiente plan de protección a testigos, fiscales y colaboradores de la justicia, el gobierno se propone incrementar, el gasto público efectivo destinado al Organismo Judicial y al Ministerio Público, en relación con el PIB.

Comisión de Fortalecimiento de la Justicia

Modernización: La forma de separar adecuadamente las funciones administrativas de la jurisdiccionales en el Organismo Judicial y en el Ministerio Público, a fin de libera a juzgadores y fiscales de tareas que recargan su labor e impiden su dedicación plena a las tareas que le son propias.

Acceso a la Justicia: Dar seguimiento a los compromisos contenidos en el Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas respecto a la forma de administrar justicia por parte de dichos pueblos.

Excelencia Profesional: El fortalecimiento de la Escuela de Estudios Judiciales como lugares centrales en la selección y formación continua de jueces, magistrados y fiscales.

Organismo Ejecutivo

Para el fortalecimiento del poder civil y la modernización del Organismo Ejecutivo, el Gobierno se compromete a adoptar las siguientes medidas:

Agenda de Seguridad

Paz Firme y Duradera requiere el respeto a los Derechos Humanos y al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la nación guatemalteca, el desarrollo económico del país con justicia social, la participación social, la conciliación de intereses y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Los desequilibrios sociales y económicos, la pobreza y la pobreza externa, la discriminación social y política, la corrupción.

Seguridad Pública

Policía Nacional Civil

La protección de la vida y de la seguridad de los ciudadanos, el mantenimiento del orden público, la prevención e investigación del mantenimiento del orden público, la prevención e investigación del delito y una pronta y trasparente administración de justicia no pueden garantizarse sin la debida estructuración de las fuerzas de seguridad pública. La reestructuración de las fuerzas policíacas existentes en el país en una sola Policía Nacional Civil.

Reformas Constitucionales

La Policía Nacional Civil es una institución profesional y jerarquizada. Es el único cuerpo policial armado con competencia nacional cuya función es proteger y garantizar el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas, prevenir, investigar y combatir el delito y mantener el orden público y la seguridad interna.

Reformas Legales

Presentar un proyecto de Ley de Seguridad y Fuerza Pública que norme el funcionamiento del sistema policial.

Organización

La organización de la Policía tendrá las características siguientes:

Constituir un órgano policial único bajo la dirección del Ministerio de Gobernación.

Hacer presente el carácter multiétnico y pluricultural de Guatemala en el reclutamiento, selección, capacitación y despliegue del personal policial.

Contar con los departamentos especializados necesarios para cumplir con sus funciones, combate al narcotráfico y el contrabando, control fiscal, aduanal, registro y control de armas, información e investigación criminal, protección del patrimonio cultural y del medio ambiente, seguridad fronteriza, tránsito y seguridad vial.

Tenencia y portación de armas

Hacer más restrictiva la tenencia y portación de armas que se encuentran en manos de particulares.

Ejército

La misión del Ejército de Guatemala queda definida como la defensa de la soberanía del país y de la integridad de su territorio.

Reformas constitucionales

Artículo 244: Integración, organización y funciones del Ejército. El Ejército de Guatemala es una Institución permanente al servicio de la Nación. Es único e indivisible, esencialmente profesional, apolítico, obediente y no deliberante. Tiene por función la defensa de la soberanía del Estado y de la integridad del territorio.

Artículo 219: Los Tribunales Militares conocerán de los delitos y faltas tipificados en el Código Militar.

Presidencia de la República

Reformas Constitucionales

El Gobierno promoverá ante el Congreso de la República las reformas a la constitución de la República siguientes:

Con relación a las funciones del Presidente de la República, incluir lo siguiente: Cuando los medios ordinarios para el mantenimiento del orden público y la paz interna resultaren rebasados, el Presidente de la República podrá excepcionalmente disponer del Ejercito. La actualización del Ejército se limitará y las modalidades estrictamente necesarios y cesará tan pronto se haya alcanzado su cometido. El Presidente de la República mantendrá informado al Congreso sobre las actuaciones del Ejército, el Presidente de la República presentará al Congreso un informe circunstanciado sobre la actuación del Ejército.

Seguridad del Presidente y Vicepresidente

El Presidente de la República, en uso de las facultades que la ley le confiere y para sustituir el Estado Mayor Presidencial, organizará a su criterio la entidad correspondiente.

Información e inteligencia

Organismos de Inteligencia del Estado

El Estado Mayor de la Defensa Nacional estará circunscrito a la función del Ejército definida en la Constitución y las reformas contempladas en el presente Acuerdo.

Se creará un Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de Información que dependerá del Ministerio de Gobernación. Para informar y asesorar al Presidente de la República a manera de anticipar, prevenir y resolver situaciones de riesgo o amenaza de distinta naturaleza para el Estado democrático, se creará una Secretaría de Análisis Estratégico bajo la autoridad directa de la Presidencia de la República. Dicho organismo será estrictamente civil y podrá tener acceso a información a través de fuentes públicas y a la que recaben el Departamento de Inteligencia Civil y Análisis de la Información del Ministerio de Gobernación y la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa.

Participación de la Mujer en el Fortalecimiento

del Poder Civil

El Gobierno se compromete a:

Impulsar campañas de difusión y programas educativos a nivel nacional encaminados a concienciar a la población sobre el derecho de las mujeres.

Alentar y favorecer la participación de la mujer como parte del proceso de fortalecimiento del poder civil.

Respetar, impulsar, apoyar e institucionalizar las organizaciones de las mujeres del campo y de la ciudad.

Reducción en efectivos y presupuesto del Ejército

A partir de la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera, el Gobierno de la República iniciará un proceso progresivo, que concluirá en lo siguiente:

Reorganizar el despliegue de las fuerzas militares en el territorio del país, disponiendo su ubicación en función de la defensa nacional, cuidando de fronteras y protección de la jurisdicción marítima territorial y del espacio aéreo.

Reducir los efectivos del Ejército de Guatemala en un 33%, tomando como base su tabla de organización y equipo vigente.

PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN EN GUATEMALA

El Gobierno Democrático para la Paz, el Desarrollo y Nueva Nación propone:

Dar especial relevancia, en los programas económicos y sociales del Gobierno, a las acciones que favorezcan a los pueblos indígenas, la mujer y los jóvenes, así como a las personas de la tercera edad.

Apoyo al fortalecimiento de las entidades nacionales relacionadas con la promoción y observancia de los Derechos Humanos.

Incluir en los Programas del Ministerio de Educación la temática de la resolución concertada de conflictos.

Apoyo al fortalecimiento y reforma del sistema de partidos políticos, en función de su reencuentro con la sociedad y la intermediación entre ésta y el Estado.

Creación de espacios de información y diálogo del Organismo Ejecutivo con los Secretarios Generales de los Partidos Políticos.

Apoyo a la promoción e implementación a la Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Apoyo a la Reforma al Sistema de Administración de Justicia que incluya:

Promoción de la Ley de la Carrera Judicial.

Impulsar la profesionalización en criminalística.

Promoción del conocimiento y reconocimiento del Derecho Consuetudinario, de conformidad con la Constitución Política de la República.

Verdadera reforma del Sistema Penitenciario.

Incremento sustantivo del presupuesto para la Administración de la Justicia y observancia de los Derechos Humanos.

Promover la total autonomía, reforma y profesionalización del Ministerio Público.

Apoyo a la Reforma del Organismo Ejecutivo:

Institucionalización de las Comisiones derivadas de los Acuerdos de Paz, como organismos consultivos de los diferentes Ministerios, de acuerdo a la temática respectiva.

Mantener y fortalecer la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, con el objeto de garantizar la continuidad del proceso de paz en Guatemala.

Creación de un foro permanente, con representación multisectorial, para el diálogo sobre las políticas públicas de especial trascendencia.

Apoyo a la Reforma del Organismo Legislativo.

Democratización de los gobiernos municipales, fortalecimiento de su autonomía y funcionamiento descentralizado de los municipios.

Adecuación de las políticas públicas al carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación guatemalteca.

Conceptualización pluricultural de las políticas públicas.

Composición pluricultural del aparato gubernamental.

Una administración pública gradualmente multilingüe con criterios territoriales.

Promover el funcionamiento pleno de la Defensoría de la Mujer Indígena.

Promover ante el Congreso de la República la tipificación de la discriminación como delito.

Promover la conformación de una cultura guatemalteca que sea expresión del carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de la Nación.

Promover y respetar la institucionalidad de las autoridades indígenas, asegurando el derecho de estar representados de una forma que se corresponda con sus formas específicas de organización social.

Consulta permanente con los pueblos indígenas, en todos aquellos casos en que se desarrollen políticas públicas que les afecten.

Apego a las leyes de carácter internacional correspondientes a los pueblos indígenas.

Facilitar el acceso de las organizaciones y comunidades indígenas al uso y manejo de frecuencias radiales.

Desarrollar un proceso de consulta acerca de la creación del Ministerio de Asuntos Específicos de los Pueblos Indígenas.

Desarrollo y Participación de la Mujer:

Hacer efectiva la aplicación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer.

Tomar en cuenta las recomendaciones del Foro de la Mujer.

Institucionalización del Foro de la Mujer.

Creación de un sistema de información sobre la mujer.

Políticas sociales y reformas legales para la equidad de género.

Destacada participación de la mujer en la Administración Pública.

COMISIÓN ESPECIAL DE SEGUIMIENTO AL PROCESO
DE DESCENTRALIZACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Sus funciones están consagradas en las normas ya citadas, cuyo encargo específico es vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de descentralización y ordenamiento territorial, así mismo rendir los informes del caso y presentar propuestas de alternativas legislativas a las comisiones constitucionales permanentes.

NATURALEZA JURÍDICA

La Comisión Especial de Seguimiento es de naturaleza legal y, por lo tanto, en ningún caso podrá suplir las funciones y atribuciones exclusivas de las Comisiones Constitucionales Permanentes. Para efectos de este reglamento se denominará Comisión Especial de Seguimiento.

CONFORMACIÓN

La Comisión Especial de Seguimiento en la Cámara de Representantes, estará integrada por quince (15) de sus miembros, elegidos mediante el sistema de cuociente electoral por la plenaria de la Cámara de Representantes.

FUNCIONES

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución No. 0317 del 06 de marzo de 1.996, la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial cumple, entre otras, las siguientes funciones:

Vigilar el cumplimiento de las normas Constitucionales y Legales sobre Descentralización y Ordenamiento Territorial.

Realizar seguimiento a las actividades, propuestas, proyectos e iniciativas sobre los temas de que se ocupa la Comisión, y las que realicen, presenten u obtengan las Entidades, Organismos e Instituciones Gubernamentales a todo nivel.

Celebrar audiencias públicas para el tratamiento de los asuntos de su competencia.

Presentar a través de sus miembros, propuestas legislativas ante las Comisiones Constitucionales Permanentes y al Pleno de cada Cámara, en materias propias de sus funciones.

Rendir informes ante las Comisiones Constitucionales Permanentes y al Pleno de la Cámara de Representantes sobre el ejercicio de sus funciones y ejecución de sus actividades.

Realizar investigaciones, estudios, y eventos sobre Descentralización y ordenamiento territorial.

Coordinar con las Mesas Directivas de la Corporación y las Comisiones Constitucionales Permanentes, Legales y Especiales lo pertinente para el cabal cumplimiento de sus funciones.

Elegir, de conformidad con la Ley, el Secretario General de la Comisión.

Las demás que les correspondan de conformidad con su naturaleza y finalidad y las que sean atribuidas por la Ley, Reglamento o las Directivas de la Cámara de Representantes.

ESTADO ACTUAL

En cumplimiento de las funciones asignadas, la Comisión Especial de Seguimiento al Proceso de Descentralización y Ordenamiento Territorial se encuentra adelantando una serie de foros en las ciudades capitales del país, con el fin de conocer de primera mano las dificultades que han tenido los administradores municipales para la formulación de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, según lo dispuesto por la Ley 388 de 1.997.

De igual forma, los Representantes miembros de ésta Comisión vienen trabajando para que el Proyecto de Ley que busca modificar la Ley 388 de 1.997 respecto de la ampliación de los términos para formulación de los planes y esquemas de ordenamiento territorial, sea aprobado antes de terminar la presente legislatura.

El concepto de gobernabilidad

Resultaría acertado señalar que hasta la segunda mitad del decenio de los '80, la palabra "gobernabilidad" no se escuchaba con frecuencia entre los distintos grupos que trabajan para el desarrollo. Sin embargo, hoy en día resulta difícil leer una publicación sobre temas del desarrollo publicada por Naciones Unidas, por organismos de ayuda multilaterales y bilaterales, instituciones académicas u organizaciones privadas de voluntariado, en que no se recurra con frecuencia a su uso.

¿Por qué ha sucedido esto? ¿Cómo entienden los diversos grupos comprometidos con el desarrollo el concepto de "gobernabilidad?” ¿Qué objetivos se persigue al hacer uso de él?

En el mundo anglosajón, "governance" es una palabra que ha sido utilizada habitualmente a lo largo de siglos para referirse al ejercicio de la autoridad dentro de una determinada esfera. A menudo se ha empleado como sinónimo de la gestión eficaz de un amplio espectro de organizaciones y actividades, desde la empresa moderna ("gobernabilidad corporativa") o la universidad ("la gobernabilidad de Vassar College") hasta las profundidades marinas. Aún cuando el concepto se aplica a muchas situaciones en las que no se observa un sistema político formal, no deja de implicar la existencia de un proceso político: "gobernabilidad" significa crear consenso, u obtener el consentimiento o aquiescencia necesaria para llevar a cabo un programa, en un escenario donde están en juego diversos intereses.

La amplia aplicabilidad del término, su referencia a problemas básicos de orden político (incluyendo la eficacia y la legitimidad), y su carencia de toda relación necesaria con el Estado han hecho de él en el último decenio un instrumento útil para un número creciente de participantes en el debate sobre el desarrollo. Así, por ejemplo, aquellos que están convencidos de que el rol del Estado en los asuntos económicos y sociales se ha vuelto demasiado amplio y debería ser reducido, han podido desplazar parte de la discusión sobre los asuntos públicos del ámbito de "gobierno" al terreno mucho más amplio de "gobernabilidad". La novedad relativa del término "buena gobernabilidad" en círculos internacionales también ha facilitado los intentos de reformar los programas y burocracias del Estado en muchos países apelando a un modelo aparentemente más técnico y menos político que el evocado por los llamamientos a "la reforma del Estado".

Al mismo tiempo, muchas personas que quizá no tengan demasiado interés en reducir el espectro de actividades de los gobiernos nacionales han visto en el concepto de "gobernabilidad" un instrumento útil para abordar problemas que requieren una acción en común en ámbitos donde el Estado no desempeña o no puede desempeñar un papel de liderazgo. Estos ámbitos se encuentran en diferentes niveles de la sociedad, desde lo más local a lo supranacional. Los problemas de "gobernabilidad" constituyen un aspecto relevante en el fortalecimiento de las culturas cívicas, la promoción de la acción voluntaria y, por tanto, en la mejora de las bases sociales para la democracia. También es cada vez más importante en el análisis de cómo la comunidad internacional puede crear las instituciones necesarias para promover el orden y la justicia en el contexto de la globalización.

En otras palabras, al igual que muchos otros conceptos clave en el actual debate sobre el desarrollo, el de "gobernabilidad" está siendo usado por sectores de orientaciones ideológicas muy diferentes, para diversos fines, a menudo contradictorios. Para iniciar la discusión, analicemos por qué las instituciones financieras internacionales han adoptado tan ampliamente este concepto. A éstas suele atribuirse la atención renovada que, durante los años '80, se proyectó sobre el concepto de "gobernabilidad" y el apoyo a su interpretación del término con un volumen de financiación considerable.

La gobernabilidad en casos extremos: la reconstrucción después de la guerra

Para que los grupos de interés y las asociaciones de voluntariado interactúen de manera productiva, y para promover el bienestar de sus miembros, es esencial la existencia de un gobierno eficiente y legítimo. Esto queda más claramente de manifiesto cuando consideramos situaciones en las que no existen la "sociedad civil" ni el Estado, es decir, después de conflictos largos y crueles que han desgarrado a las sociedades.

En países como Bosnia, Liberia o Ruanda, las instituciones como Naciones Unidas, los organismos financieros bilaterales y las organizaciones no gubernamentales de desarrollo se enfrentan a la desintegración social en sus formas más extremas. Los vecinos se han enfrentado entre sí, las familias han sido brutalmente separadas, se ha desmantelado en gran parte la capacidad política y administrativa del Estado. Hay que reconstruir las estructuras de autoridad y legitimidad desde la base hacia arriba y desde arriba hacia la base. El análisis sobre antiguas y nuevas formas de "gobernabilidad" adquiere aquí especial relevancia. Y no podría ser más patente la imposibilidad de recrear una "sociedad civil" sin recrear, a la vez, un Estado.

¿Cómo utilizan las organizaciones para el desarrollo el concepto de "gobernabilidad" en el marco de la reconstrucción después de los conflictos? Lamentablemente, los graves desafíos que plantean estas situaciones, además del carácter fragmentario de la respuesta internacional, generan programas débiles y a menudo contradictorios. Dado que a menudo no se han resuelto los problemas básicos de "gobernabilidad" en la misma comunidad humanitaria internacional, antes de que se produzca la intervención, sería poco realista esperar que se pueda resolver normalmente estos problemas sobre el terreno en el seno de sociedades desgarradas por la guerra.

En este tipo de situaciones, resulta particularmente fácil observar las contradicciones inherentes en numerosos enfoques de la gobernabilidad en la comunidad internacional para el desarrollo. La enorme amplitud del concepto de "gobernabilidad", su habitual referencia a los problemas de creación de consenso, participación y gestión, que quedan fuera de los límites necesarios del Estado, debería cumplir el útil objetivo de recordar a los extranjeros involucrados en programas de reconstrucción que diferentes sociedades tienen diferentes enfoques de los problemas políticos. Sin embargo, en la carrera desesperada por restablecer un gobierno que funcione, queda escaso tiempo para considerar sutilezas de ese tipo. Se propone y se apoya modelos normativos de creación de instituciones políticas (modelos que pueden ser factibles a más largo plazo, pero que a menudo no lo son.)

Aunque la recomendación de "fortalecer la sociedad civil" es importante, a veces resulta difícil de cumplir. De hecho, es probable que en la "sociedad civil" de cualquier escenario de posguerra exista un buen número de torturadores, traficantes de armas y drogas, así como a personas afectadas por una prolongada experiencia de violencia y odio étnico. Además, la canalización de recursos desde los donantes hasta ciertos grupos (un acto de connotaciones muy políticas en cualquier sociedad) está especialmente cargada de implicaciones para el futuro equilibrio de poder en una situación de derrumbamiento económico y político.

Se requiere un esfuerzo enorme para comprender y comprometer a la población local cuando se trabaja en estos campos minados de la política, para no imponer modelos inadecuados de reforma institucional en países económicamente colapsados. La comunidad internacional rara vez tiene la capacidad para realizar este esfuerzo. En la mayoría de los casos, tampoco parece tener la capacidad para adaptar el modelo dominante de reestructuración económica a las características de las sociedades devastadas por la guerra. Un rasgo frecuente de los programas internacionales de reconstrucción y mantenimiento de la paz ha sido la tendencia a insistir en la reconstrucción de la economía local según las líneas dictadas por el libre mercado, incluidos los compromisos de liberalización y desregulación que no se ajustan a las necesidades inmediatas de la población.

La gobernabilidad, la globalización y la organización supranacional

Hasta ahora, hemos hecho una breve referencia a cinco ámbitos de la teoría y la práctica del desarrollo en las que el concepto de "gobernabilidad" o de "buena gobernabilidad" desempeña un papel decisivo: el intento de abandonar el callejón sin salida del pensamiento economista (mientras se sigue discutiendo los temas sociales y políticos en términos relativamente técnicos); el intento de desplazar el poder desde el sector público al privado, reduciendo el rol del Estado y fortaleciendo el de la sociedad civil; la necesidad de afrontar los requisitos de las reformas administrativas e institucionales en el sector público de países del Tercer Mundo, sin que parezca que se interviene demasiado en sus asuntos internos; la renovada insistencia en la democratización y los derechos humanos; y los enormes desafíos que hay que afrontar en situaciones de reconstrucción después de un conflicto.

Un último ámbito en el que el concepto de gobernabilidad tiene una importancia decisiva para el debate sobre el desarrollo en los años '90 son las discusiones sobre la globalización y la organización supranacional. Precisamente porque la "gobernabilidad" implica la creación de estructuras de autoridad en distintos niveles de la sociedad, dentro y fuera del Estado, por encima y por debajo del Estado, el término se ha revelado indispensable para afrontar los procesos transnacionales que requieren una respuesta institucional creativa.

Con la rápida liberalización de la economía y el comercio mundial, con los incesantes cambios tecnológicos y crecientes facilidades para la comunicación entre personas que se encuentran en los lugares más dispares del planeta, se está construyendo una nueva economía y sociedad mundiales. ¿Pero quiénes participarán en su gobernabilidad? ¿Y cómo lo harán? A pesar de que los Estados nación aun desempeñan un papel dominante, y es probable que continúe siendo así, sus acciones están limitadas fundamentalmente por el funcionamiento de mercados globales en los que grandes corporaciones industriales e intereses económicos privados ejercen un poder considerable. Si se ha de regular estos "mercados capturados" con fines sociales, o incluso más modestamente, para promover la estabilidad económica y limitar la ineficiencia asociada con la especulación desmesurada, habrá que crear nuevas instituciones internacionales y reformar las ya existentes. Al mismo tiempo, la promoción y defensa de los derechos humanos elementales en todo el mundo requiere nuevas iniciativas globales, como cualquier esfuerzo serio que pretenda corregir la tendencia a una polarización creciente de las posibilidades de vida en el interior de cada país y entre países. En los años venideros, las negociaciones para la paz y su mantenimiento, además del desafío más amplio de mantener el orden mundial en una época de cambios sumamente rápidos y caóticos, dependerán de la creación de acuerdos internacionales plausibles para la gestión y prevención de conflictos.

"La gobernabilidad mundial" es la expresión utilizada actualmente para poner de relieve estos imperativos y para movilizar a personas en todo el mundo en la búsqueda de alternativas útiles. La referencia al concepto permite contemplar innovaciones institucionales en diversas esferas de actividad (en el marco de "organizaciones internacionales" tradicionales y fuera de él) lo que implica novedosas combinaciones de actores (activistas de base, empresarios, académicos y funcionarios, entre otros) de diferentes entornos políticos, sociales y culturales. Se puede intentar vincular a individuos e instituciones en diferentes niveles de la sociedad (local, regional, nacional e internacional), para resolver determinados problemas globales de maneras que no se tendrían en cuenta normalmente si se pensara en "gobierno mundial ", en lugar de "gobernabilidad mundial ".

Éste no es el lugar indicado para revisar el conjunto de propuestas que se plantea actualmente como parte del esfuerzo para reformar las instituciones internacionales ya existentes y crear otras nuevas. Sin embargo, conviene señalar que el éxito o el fracaso a largo plazo de los esfuerzos destinados a promover instituciones más eficaces y democráticas en los países del Tercer Mundo (a menudo asociados con programas de "buena gobernabilidad") depende en gran medida de la capacidad de la comunidad internacional para resolver eficazmente los temas más generales de "gobernabilidad mundial ". Los sistemas de economía mundial l mal regulados (o sin regular) las bruscas fluctuaciones de los precios de productos básicos, las crisis no resueltas de la deuda nacional, la incapacidad de poner fin a las prácticas destructivas del medio ambiente o de controlar una competitiva carrera internacional para reducir al mínimo los salarios, constituyen un conjunto de condiciones que, como es evidente, no proporcionan un "ambiente propicio" para que las reformas institucionales tengan posibilidades de éxito en el mundo menos desarrollado. Hay, por tanto, un aspecto sistémico en la promoción de la "buena gobernabilidad" en todos los niveles de la sociedad mundial que sencillamente no se puede ignorar.

Comentarios finales de la Gobernabilidad

En el futuro, si el discurso sobre la gobernabilidad ha de abrir nuevas oportunidades para resolver la crisis actual de calidad de vida y gobernabilidad en América Latina (y en otras regiones del mundo), parece indicado moverse en las siguientes direcciones:

renunciar a la búsqueda de recetas de "buena gobernabilidad" aplicables en cualquier lugar, y fomentar la creatividad y originalidad del pueblo en situaciones sociales concretas;

renunciar a la "tecnificación" de las reformas institucionales y abordar un diálogo más abierto sobre las necesidades de cambio en instituciones y programas específicos;

renunciar a la tendencia a trazar líneas poco realistas entre "Estado" y "sociedad civil", realizar esfuerzos para fortalecer la esfera pública y recompensar las contribuciones al bien común. Esto se podría pensar como un nuevo intento para desarrollar un discurso de la ciudadanía;

renunciar al análisis por separado de la reforma institucional y la política macroeconómica y orientarse hacia un reconocimiento más explícito de la necesaria interrelación entre ambas esferas; y

renunciar a la separación artificial de los temas de gobernabilidad entre el nivel nacional e internacional.

Hay muchas personas en la comunidad para el desarrollo que contribuyen a dichos cambios. Pero el poder avasallador de los bancos y donantes multilaterales para definir las prioridades en las políticas y en la gestión de la crisis económica en diversas regiones del mundo hace cada vez más necesario, para la teoría y la práctica de estas instituciones, que éstas evolucionen hacia un mayor reconocimiento de la complejidad de un programa eficaz de "buena gobernabilidad". La reforma de este programa para que incorpore una filosofía económica democrática y socialmente responsable, merece toda nuestra consideración.