II. LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL

Entre 1835 y 1837 tienen lugar los grandes cambios que darán paso a un nuevo sistema político, la monarquía constitucional. Los dos ejes de esos cambios son las leyes desamortizadoras y la Constitución de 1837, de carácter progresista. En estos momentos es presidente Mendizábal, figura emblemática del liberalismo que consiguió que las Cortes le concedieses plenos poderes para legislar.

Para consolidar el régimen liberal y la causa isabelina amenazada por la guerra carlista era preciso: liquidar las formas de propiedad feudal típicas del Antiguo Régimen (señoríos, mayorazgos y bienes de “manos muertas” de la Iglesia) y reunir recursos financieros para permitir al ejército de María Cristina (regente desde 1833 hasta 1840) acabar con la guerra civil. La guerra carlista había disparado los gastos y requería de fuentes de financiación. Para ello se adoptaron tres medidas: la reforma y la reorganización de la Hacienda, una mayor presión fiscal y la desamortización eclesiástica, es decir, de los bienes de los monasterios y conventos.

Entre 1836, los bienes de las órdenes masculinas se ponían a la venta con el fin de obtener recursos para la Hacienda, además se pretendía mermar la influencia contrarrevolucionaria de la Iglesia e impulsar una nueva clase de propietarios. Mendizábal confiscó los diezmos eclesiásticos.

La mayor parte de estos bienes nacionalizados y vendidos en pública subasta, fueron adquiridos por la burguesía comercial y financiera.

La reforma agraria liberal (abolición de los señoríos, desvinculación y desamortización) fue un proceso lento y varias veces interrumpido. Estas medidas afectaron a los dos grandes grupos de la antigua sociedad estamental, al suponer la abolición de los señoríos y la eliminación de la institución del mayorazgo, por una parte; y, por la otra la reforma económica de la Iglesia mediante la supresión de los diezmos y la desamortización de su patrimonio; así como otras medidas como la desamortización civil.

La abolición de los señoríos culminó con la ley abolicionista de 1837. Sin embargo, esta ley fue más beneficiosa para los intereses de los antiguos señores. Se suprimieron los derechos jurisdiccionales y las cargas señoriales a las que estaban sujetos los campesinos pero la propiedad de la tierra fue adjudicada sobre todo a la nobleza.

En definitiva, se puede decir que no hubo una auténtica reforma agraria ya que la propiedad no se extendió al campesinado. Esta reforma acabó en un compromiso entre la nueva burguesía, gran propietaria de la tierra debido a la compra de bienes desamortizados de la Iglesia y la antigua aristocracia que, a pesar de la supresión de los señoríos y de los mayorazgos, conservó gran parte de sus bienes.

A partir de 1833 se inaugura una situación política nueva (la construcción del Estado Liberal) que toma su referencia en la Constitución de 1812, el modelo de monarquía parlamentaria establecida por los diputados gaditanos, en la que el poder por excelencia de la soberanía residía en las Cortes como representación de la Nación, no llegó a cuajar en la construcción definitiva del Estado Liberal a partir de 1834. Este modelo gaditano dejará paso a una monarquía constitucional, modelo político que se asienta en dos constituciones (1837 y 1845), con un elemento común: la soberanía compartida de las Cortes con el Rey (Reina). Las dos constituciones atribuían a la Corona el poder ejecutivo y una amplia participación en el legislativo.

En las dos Regencias (María Cristina: 1833-1840, y Espartero: 1840-1843), esta supremacía de la Corona se hizo patente pero en el reinado de Isabel II, la monarquía depositó su confianza en el partido moderado, excluyendo a los progresistas.

En el funcionamiento del sistema político de la España isabelina, el reforzamiento del poder ejecutivo dio lugar a una intromisión del gobierno en las competencias de las Cortes a través del uso del Real Decreto.

El poder legislativo estaba formado por dos cámaras: Congreso y Senado. El sistema electoral se basaba en el sufragio censitario o restringido. El sistema parlamentario era una falsedad, pues la presión de los grupos políticos o de poder sobre la Corona permitía acomodar los resultados electorales.

El origen de los partidos políticos hay que situarlo hacia 1835, cuando el liberalismo se dividió en dos tendencias (moderados y progresistas). El partido moderado rechazaba el principio de la soberanía nacional y defendía la soberanía compartida. Consideraba la propiedad privada como un principio sagrado, por ello redujeron el derecho al voto a una minoría de propietarios. Defienden un Estado centralista y confesional. El partido progresista aunque aceptó el poder moderador de la Corona, bicameralismo, sufragio censitario, marcó sus diferencias con los moderados. Defendía la soberanía nacional, los derechos individuales, la ampliación del derecho al voto, la promoción de la Milicia Nacional, mayor autonomía de los poderes locales y la tolerancia religiosa.

OPCIONES DEMOCRÁTICAS

DÉCADA MODERADA (1843-1854)

Gracias al apoyo de la reina y a un sufragio restringido, se mantuvieron en el poder durante 10 años. Estuvieron liderados por Narváez. Contaban con el apoyo de los grandes terratenientes y financieros.

Durante esta etapa se elabora la Constitución de 1845, que reducía los derechos de los ciudadanos respecto a la de 1837 y establecía la soberanía compartida entre la Nación (Cortes y Reina). El legislativo estaba formado por Congreso y Senado. Sufragio restringido. Mucho poder de la Corona: iniciativa legislativa, puede nombrar y destituir a los ministros y disolver las Cortes. La religión oficial del Estado era la católica.

Además de la Constitución, durante la década moderada se elaboró lo siguiente:

• Centralización política y administrativa del Estado, que se basaba en la división provincial.

• Ley de administración local: permitía el control gubernamental del poder municipal.

• Restricción de la libertad de expresión.

• Unificación legal y judicial, con el Código Penal. Imposición del sistema métrico decimal, abolición de los pesos y medidas tradicionales. País Vasco y Navarra mantuvieron sus fueros.

• Reforma tributaria: se impuso el impuesto directo y el indirecto (consumos).

• Creación de la Guardia Civil.

• Concordato con la Santa Sede: pretende la reconciliación con la Iglesia mediante la suspensión de la venta de bienes desamortizados y el reconocimiento por parte del Estado del catolicismo como religión oficial. El Estado debe mantener a la Iglesia.

• Implantación de un sistema educativo único: castellanización.

BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

Los progresistas sólo podían acceder al poder mediante pronunciamientos. En 1854 O'Donell (Unión Libertad) dirige el pronunciamiento de Vicálvaro, pero sin obtener resultados. Se publicó el Manifiesto de Manzanares, que criticaba la dictadura moderada, hubo alzamientos en varias ciudades en contra del gobierno, dirigidos por los progresistas y con la participación de los demócratas. O'Donell fundó la Unión Liberal, partido de centro que pretendía reunir a los moderados más liberales y a los progresistas más conservadores.

La reina se vio obligada a nombrar primer ministro al progresista Espartero, que gobernó en coalición con Unión Liberal. Así comienza el Bienio Progresista, que se caracterizó por:

• Desmantelamiento del Antiguo Régimen.

• Fueron anuladas leyes anteriores, como la Constitución de 1845, se elaboró la de 1856, de carácter progresista pero que nunca entró en vigor.

• Ley de ferrocarriles: permitió la construcción de una importante red ferroviaria, gracias al capital extranjero.

• Leyes bancarias: creación de compañías de crédito y bancos.

• Ampliación de libertades.

• La clase obrera se pudo organizar legalmente en asociaciones de defensa de sus derechos (sindicatos).

• La desamortización civil de Madoz.

En 1856, un golpe de estado acabó con el Bienio Progresista. Los moderados estaban descontentos y los unionistas en contra del protagonismo de los demócratas. Además, la inestabilidad social, lo que atemorizó a la burguesía que prefería una vuelta al orden. O'DOnell protagoniza el pronunciamiento que acabó con el Bienio.

MODERADOS Y UNIONISTAS (1856-1868)

Durante estos años se produjo la alternancia en el poder de Moderados y Unionistas.

• Se restableció la Constitución de 1845.

• El gobierno se alternó entre Narváez y O'Donell.

• Hubo alternativas insurrecciónales por parte de los progresistas.

• Cuando estaban en el gobierno los Unionistas intentaron reformas políticas y de la Administración, pero cuando volvían los moderados, se producía una involución. Ambos eran centralistas.

• En política exterior se realizó una intervención militar en el Norte de África para defender las plazas españolas de los ataques marroquíes y para ganar prestigio, aunque se impusieron, los resultados fueron muy limitados.

• Se realizó una política conservadora y autoritaria, lo que provocó contactos entre la oposición para derribar al régimen (Pacto de Ostende: 1866), el objetivo era acabar con la monarquía de Isabel II. Fue firmado por progresistas, demócratas y unionistas. A esto se añadió una crisis financiera y de subsistencias, que contribuyeron a aumentar el descontento de la población hacia Isabel II.

La muerte de Fernando VII en 1833 provocó una guerra civil (guerra carlista) que enfrenta a los defensores de los derechos al trono de Carlos María Isidro, hermano de Fernando VII, y a los isabelisnos, partidaris de Isabel II, hija de Fernando VII. Esta guerra civil no fue sólo una lucha para resolver la cuestión sucesoria, si no el enfrentamiento del carlismo, partidario del Antiguo Régimen y el Liberalismo.

El carlismo contó con el apoyo de la pequeña nobleza y los medios y pequeños propietarios del País Vasco, Navarra y parte de Cataluña, Valencia y Aragón. Los motivos fueron:

• Por la defensa de los fueros.

• Por el empobrecimiento de los pequeños y medianos propietarios de tierras, perjudicados por los cambios económicos de carácter capitalista de las reformas liberales.

• Por la defensa de la Iglesia, promovieron una campaña contra el liberalismo que animó a muchos campesinos con sentimientos religiosos muy arraigados a rebelarse contra los liberales.

La primera guerra carlista duró 7 años (1833-1840), coincidiendo con la regencia de María Cristina. Los carlistas no lograron extender el conflicto en toda España. El conflicto se caracterizó por el enfrentamiento entre partidas de voluntarios realistas, que actuaban como guerrillas, e el ejército, fiel al gobierno.

A partir de 1839, tras varias victorias del ejército gubernamental, los generales Espartero y Maroto, llegaron al convenio de Vergara, por el que los carlistas abandonaban la lucha pero mantenían los fueros vasco-navarros. En Cataluña y el norte de Valencia los carlistas fueron derrotados al año siguiente.

El 18 de septiembre de 1868 la escuadra a las órdenes del brigadier Topete se pronunció en Cádiz contra Isabel II. Contaba con el apoyo de los generales Serrano y Prim, líderes de Unión Liberal y del Partido Progresista. En muchas ciudades, las clases populares y la burguesía liberal crearon juntas revolucionarias que exigían la abolición de la monarquía borbónica y la democratización del país. El ejército de Isabel II atacó a los sublevados pero fue derrotado. Ante este triunfo de la Revolución (La Gloriosa), Isabel II se vio obligada a exiliarse.

Surgió un gobierno provisional, presidido por Serrano, convocó unas elecciones, por sufragio universal masculino. En estas elecciones ganó la coalición de unionistas, progresistas y demócratas. En la derecha de la oposición quedó el partido carlista y a la izquierda los republicanos.

Este parlamento elaboró la Constitución de 1869, que convierte a España en una monarquía constitucional, democrática y parlamentaria. Reconoce la soberanía nacional, Cortes (Congreso y Senado). Derechos del individuo, libertades de opinión, reunión y asociación. Libertad religiosa. Sufragio universal masculino para mayores de 25 años. La definición del Estado como reino planteaba un problema: Había que encontrar un príncipe europeo dispuesto a ser rey de España. El general Prim fue el encargado de esta tarea. Finalmente el elegido fue Amadeo de Saboya, hijo del rey del Italia Víctor Manuel II.

El reinado de Amadeo I comenzó en 1871 y acabó en 1873. Se encontró con un país con crisis económica y financiera, además en Cuba seguía la insurrección separatista. Contaba con el apoyo de la coalición gubernamental. El rey juró la Constitución. La coalición se dividió y se creó una gran inestabilidad. Comenzó una gran oposición a este rey: los moderados defendían la vuelta de los Borbones, la nobleza se negaba a aceptar un rey extranjero, las clases medias se abstuvieron. También los carlistas iniciaron revueltas que se tradujeron en una nueva guerra. Los carlistas aprovecharon el momento de debilidad política que vivía España. Finalmente fueron derrotados.

Durante el reinado de Amadeo I, surgió el Partido Republicano Federal, tenía como objetivo la descentralización del Estado, la separación de la Iglesia, la abolición de las quintas, la supresión de impuestos, etc… Los Federales estaban divididos entre los partidarios de establecer el estado federal “desde arriba” (benévolos) y los partidarios de establecerlo “desde abajo” (intransigentes), a partir de las diferentes comunidades. Los sectores más radicales del federalismo protagonizaron algunos alzamientos armados en Andalucía, Extremadura, Cataluña y Valencia, aunque todos fracasaron.

La situación para el rey se volvió cada vez más crítica: una guerra carlista, la insurrección cubana, la agitación republicana federal, desavenencias en la coalición gubernamental, crisis económica y descontento popular. Finalmente el 11 de febrero de 1873, el rey abdicó. El mismo día las Cortes proclamaron la República.

Se celebraron elecciones en mayo de 1873 y comenzó el intento de construir una república federal. Los federales obtienen una clara victoria electoral, pero no tenían un amplio apoyo popular, porque había una abstención del 70%.

Los federales intentaron establecer un régimen federal “desde arriba”. Pi i Margall fue nombrado presidente del Gobierno. Se inició el proyecto de Constitución Federal que organizaba España en 17 estados.

En el verano de 1873, los federales intransigentes promovieron el movimiento cantonal, que intentaba establecerla “desde abajo”. En Andalucía, Valencia y Murcia hubo alzamientos que tenían como objetivos la constitución de unos poderes locales fuertes y autónomos (los cantones) que no reconocían el poder central. El cantonalismo se convirtió en una guerra civil y provocó el desgaste de los gobiernos federales. Pi i Margall tuvo que dimitir como presidente de la República. Nicolás Salmerón fue elegido presidente, que aplastó la insurrección cantonal. En este contexto seguía la guerra carlista. Dimite Salmerón y pasa a ser presidente Emilio Cautelar, representante del sector más conservador del republicanismo. Gobernó de forma autoritaria. Las Cortes desautorizaron la gestión de Cautelar y esto precipitó el golpe de estado conservador del general Pavía. Se disolvieron las Cortes y el general Serrano gobernó de forma autoritaria. El 29 de diciembre de 1874, el general Martínez Campos proclamó a Alfonso XII, hijo de Isabel II, rey de España.