Historia
Acontecimientos del siglo XIX
CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Guerra y revolución
La crisis de la Monarquía Absoluta se produce en España en el contexto de la Revolución Francesa y de la alianza de Francia con el fin de mantener el bloqueo continental e invadir Portugal, aliada de los ingleses. Mediante éste acuerdo (tratado de Fontainebleau) España permitía el acceso del ejército francés y aportó un cuerpo para que luchara bajo las órdenes de Napoleón.
Al mismo tiempo, el príncipe de Asturias organizó la Conspiración del Escorial con el objetivo de derribar a Godoy y hacerse con el trono de su padre. Una vez descubierta la Conspiración se produce el Proceso del Escorial donde Fernando denuncia a todos los que toman parte en ella con el fin de obtener el perdón tanto de su padre como del pueblo.
La pugna entre el Príncipe de Asturias y Godoy hizo que el país se dividiera en dos bandos. Los sectores contrarios a Godoy promovieron el Motín de Aranjuez por el que se destituye a Godoy y Carlos IV abdica en su hijo Fernando VII
Cuando las tropas Napoleónicas llegan a Madrid, dirigidas por el General Murat, no reconocen a Fernando como rey, por lo que Fernando tras una visita a Bayona devuelve la corona a su padre, quien a su vez la cede a Napoleón que se la entrega a su hermano José. Abdicaciones de Bayona
El pueblo indignado se revela contra los ocupantes franceses el 2 de mayo de 1808 comenzando así lo que se llamaría la Guerra de la Independencia (1808 -1813).
GUERRA DE INDEPENDENCIA
Las acciones militares que se desarrollan durante la guerra de liberación contra el ejército francés se establecen en cuatro fases:
Fase 1
Los primeros movimientos franceses se encaminaron a sofocar las distintas sublevaciones urbanas, surgidas por todo el país. A mediados de junio se inició el primer Sitio de Zaragoza, que duro hasta Agosto. En la batalla de Bailén, el ejército napoleónico fue derrotado por primera vez en campo abierto por lo que el impacto internacional fue enorme. No obstante el ejercito español no consiguió el suficiente avance hacia el norte y dio tiempo a los franceses a preparar una gran ofensiva.
Fase 2
Napoleón junto a sus mejores tropas atraviesan los Pirineos y tras ocupar diversas poblaciones y duras batallas logran ocupar Madrid. Prosigue hacia el norte con la intención de interceptar al ejército inglés que pretendía romper las comunicaciones francesas en la frontera. Zaragoza sufre su segundo asedio, ésta vez quedando en manos del ejército francés, y completamente arrasada. El estallido de una guerra en Austria obliga a Napoleón a abandonar España. No obstante, a pesar de las victorias, la mayor parte de los territorios no estaban efectivamente dominados por los franceses, ni el ejército español estaba deshecho, ni la Junta Central había cedido en su voluntad de resistencia.
Fase 3ª
Durante 1809 los franceses se asentaron las zonas conquistadas. En Ocaña se produjo una cruel batalla en la que el ejército francés logró vencer a 50.000 soldados españoles que intentaban liberar Madrid. El ejército napoleónico aún más reforzado logra conquistar toda Andalucía salvo Cádiz protegida por la marina inglesa y Portugal, fue el refugiándose allí la Junta Central.
4ª Fase
Tras la derrota francesa de Torres Vedras los franceses se ven obligados a abandonar el territorio portugués y a retirar sus tropas de Cádiz ante la imposibilidad de tomar la ciudad. Un aspecto que favoreció a los españoles, fue la retirada de gran parte de las tropas napoleónicas como consecuencia de una guerra contra Rusia. En mayo de 1813 se inicia la ofensiva final que dio sus frutos en junio en la batalla de la Victoria y obliga a José I a cruzar la frontera. En diciembre, Napoleón firma el tratado de Valençay con el que se restituía la corona española a Fernando VII
EL GOBIERNO DURANTE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA
Los levantamientos locales se dirigieron a nivel provincial a través de las Juntas de Salvación y a nivel nacional se creó la llamada junta Suprema Central, presidida por Floridablanca y que con sede primero en Aranjuez, posteriormente en Sevilla y para finalizar en Isla León (San Fernando - Cádiz), asumió las funciones del gobierno de todo el país. En el 1808 promulgó la Constitución.
La Constitución de 1812
Las Cortes Constituyentes no se limitaron a elaborar una constitución, sino que de forma simultanea, llevaron a cabo una amplia tarea legislativa.
La obra realizada por las Cortes representa el deseo de crear una sociedad más justa que la del antiguo régimen, pasando de una monarquía Absoluta a una Constitucional o Parlamentaria, y de una sociedad estamental a una de clases, con igualdad legal para todos los ciudadanos. Sin embargo, todos estos acuerdos beneficiarían a la burguesía ya que ahora podría acceder al poder político que antes le estaba prohibido.
La constitución consta de un extenso prólogo, 10 títulos y 386 artículos, y está claramente influenciada por la constitución francesa, salvo en el tema religioso, ya que España se considera un estado católico - confesional, no aceptándose otra religión.
En ella se desarrolla los principios liberales de soberanía nacional, división de poderes e igualdad ante la ley. La división de poderes se reconoce en la distinción de los poderes Ejecutivo, en manos del Rey que nombra a un “secretario de despacho” que tiene que responder ante las Cortes, el poder Legislativo, que reside en las Cortes y el Judicial que reside en los Tribunales de Justicia independiente quedando prohibida en su intervención la de las Cortes y del Rey.
FERNANDO VII: VUELTA AL ANTIGUO RÉGIMEN
Sexenio absolutista (1814 - 1820
Terminada la guerra de Independencia contra los franceses, en marzo de 1814 Fernando VII vuelve a España. La situación política era complicada por el enfrentamiento entre los liberales, partidarios de que siguiera en vigor la Constitución de 1812, y los defensores del poder absoluto del nuevo rey.
Las Cortes se habían reunido en octubre de 1813 y habían declarado que el rey no podría ocupar el trono hasta que no hubiera jurado la Constitución. Pero los absolutistas organizan una conspiración para volver a la situación de 1808. Con el apoyo del clero y de un sector del ejército, y aprovechándose del descontento que habían provocado en las zonas rurales los nuevos impuestos establecidos por las Cortes, convierten el viaje de Fernando VII desde la frontera hasta Valencia en un rosario de manifestaciones a favor del absolutismo. Al grito de "vivan las caenas", el rey es aclamado en cada pueblo como monarca absoluto. Al llegar a Valencia (17 de abril), el general Elio hace una proclama en la que pone su ejército a disposición del rey y pide la vuelta de la monarquía tradicional.
El 12 de abril, un grupo de 69 diputados realistas hacen público el llamado "Manifiesto de los persas", en el que piden que se deje sin efecto la Constitución de Cádiz y se convoquen unas Cortes al estilo del Antiguo Régimen.
Todos estos elementos acabarían con las dudas de Fernando VII sobre la conducta a seguir: el 4 de mayo de 1814 se hace público un Real Decreto en el que declara que la Constitución de 1812 queda nula y sin efecto, y son considerados "reos de lesa majestad" lo que se opongan a esta disposición. Es la vuelta al absolutismo.
Fernando VII quiere borrar con esta norma no sólo la Constitución, sino todo un periodo histórico (el que va de 1808 a 1814) en el que los liberales fueron protagonistas. A estos, en la nueva situación, no les quedarán más recursos para llegar al poder que la conspiración y el pronunciamiento.
El nuevo régimen estará marcado por la existencia de una "camarilla" de clérigos, políticos y rufianes que apoya incondicionalmente al rey. Elegidos por amistad, la mayor parte de las veces serán incapaces de realizar sus tareas, lo que se traduce en un cambio constante de ministros.
De todos los problemas que Fernando VII tuvo que abordar en estos años, el más grave era el de la Hacienda. En realidad, no tenía solución.
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El país había estado seis años en guerra.
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Se había interrumpido el tráfico comercial con las colonias.
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Se había restablecido el sistema tributario del Antiguo Régimen.
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Mantenimiento de los privilegios de la Iglesia.
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Mantenimiento de los privilegios de la aristocracia.
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Además la alta burguesía estaba exenta de pagar los impuestos.
Por otra parte, las reformas había que hacerlas sin tocar la estructura estamental. A pesar de varios intentos (el más serio fue el del ministro Garay), en 1820 apenas se había avanzado en la solución de los problemas de la Hacienda Pública.
Como hemos dicho más arriba, los liberales, expulsados del juego político, no tienen más remedio que acudir al pronunciamiento para intentar derribar la monarquía absoluta. El pronunciamiento es un fenómeno militar y urbano: consiste en la sublevación de un jefe militar en una ciudad, en contacto con las fuerzas políticas afines, que debía servir de mecha para un movimiento más amplio que, al extenderse, provocara un cambio de régimen político.
En este sexenio, fueron numerosos los pronunciamientos fracasados:
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Espoz y Mina se levantó en Pamplona en septiembre de 1814 contra el absolutismo fernandino, intentando cambiar la voluntad del Rey hacia una solución liberal. El movimiento fracasó y Espoz y Mina tuvo que refugiarse en Francia.
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Díaz Porlier, otro héroe de la Guerra de la Independencia y declaradamente liberal protagonizó un pronunciamiento en La Coruña. El antiguo guerrillero, que había sido la pesadilla de los franceses fue ahorcado tras el fracaso de su pronunciamiento a favor de la Constitución de 1812.
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La Conspiración del Triángulo, al parecer de inspiración masónica, tuvo lugar en 1816, y tenía como objetivo secuestrar al Rey para obligarle a jurar la Constitución de 1812. Este hecho será el antecedente más inmediato del alzamiento del coronel Riego en 1820.
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Los generales Lacy se pronunciaron en Barcelona, donde se contaba, al parecer, con el apoyo de un amplio sector de la burguesía catalana. El pronunciamiento fracasó, siendo su primera consecuencia la condena a muerte de Lacy.
Finalmente, en 1820, otro pronunciamiento, este dirigido por el comandante Riego, triunfará, dando lugar al Trienio Liberal. El 1 de enero de 1820 el teniente coronel Rafael Riego al mando de un cuerpo de ejército se sublevó en Cabezas de San Juan contra el régimen absolutista impuesto en España desde el regreso de Fernando VII.
Las tropas se encontraban acantonadas en esta localidad gaditana esperando ser embarcadas hacia América para sofocar el movimiento independentista. Durante un mes el ejército de Riego permaneció sublevado recorriendo Andalucía sin que el gobierno pudiera atajar la situación. A la vez, estallan pronunciamientos liberales en Galicia y Aragón y se constituyen Juntas que declaraban su fidelidad a la Constitución de Cádiz en numerosos lugares de la Península. A principios del mes de marzo, una multitud partidaria del liberalismo rodeó el palacio real en Madrid, pidiendo la restitución de la Constitución gaditana sin que las fuerzas armadas fieles al monarca se atrevieran a disparar contra ellos.
Ante esta situación, se crea una Junta consultiva para aconsejar a Fernando VII el cual, finalmente firma un manifiesto declarándose partidario de la Constitución. Las primeras medidas políticas de las nuevas autoridades fue la reimplantación de la Constitución de Cádiz de 1812 y la puesta en vigor de los principios que ésta proclamaba.
En cuanto a la política exterior, las dos cuestiones más importantes son: la pérdida de peso en la política europea, como quedó demostrado en el Congreso de Viena, en el que España desempeñó un papel absolutamente secundario; y la incapacidad para hacer frente a la emancipación de las colonias americanas.
Trienio liberal (1920-1923)
Después de las primeras medidas de la Junta de Gobierno, esta dio paso a la formación de un gobierno liberal del que formaron parte algunos personajes que habían participado en la elaboración de la Constitución de 1812, a la sazón presos en las cárceles de Fernando VII. Éstos pertenecían al sector más moderado del liberalismo, moderados o doceañistas, partidarios de pactar con la Corona para implicarla en el proceso reformista. Argüelles, Martínez de la Rosa y Toreno eran los personajes más representativos de esta tendencia.
Junto a ellos, se encontraban los exaltados o veinteañistas, proclives a soluciones radicales que condujeran a la desaparición de Antiguo Régimen, para quienes la Constitución gaditana había quedado obsoleta y era preciso reformada en un sentido más progresista. Las tendencias, moderada y exaltada, que se marcan dentro del liberalismo de la época supondrán una brecha y la definición de dos grandes corrientes ideológicas que se mantendrán constantes, con las lógicas adaptaciones al imperativo de los tiempos, a lo largo de la España Contemporánea.
La política del Trienio se llevó a cabo con relativa moderación, diseñándose un modelo de transición que trataba de implicar al monarca en el proceso de cambio y contar con el concurso del sector más moderado de la oposición política -los doceañistas en este caso- encarcelados hasta el momento de la transición por el régimen absolutista fernandino.
La promulgación del primer Código Penal moderno fue una de las disposiciones legales de este período, junto a la abolición de las aduanas interiores que dificultaban el comercio, de los nuevos señoríos y de los privilegios gremiales, con cuya existencia era imposible iniciar la industrialización. Se puso en marcha la desamortización de algunos bienes eclesiásticos y el establecimiento de la enseñanza pública y gratuita. En tan corto período, se inició la división administrativa del país en provincias; se estableció el servicio militar obligatorio para todos los españoles y se afrontó con criterios modernos la reforma de la hacienda pública.
Todas estas medidas chocaron con la oposición de algunos sectores poderosos e influyentes que hicieron fracasar el Trienio liberal, convirtiéndolo en un paréntesis en la restauración absolutista. Las causas definitivas del *fracaso de la experiencia liberal fueron los problemas internos, la reacción absolutista y la intervención extranjera.
Fracaso de la experiencia liberal
La política de orientación moderada llevada a cabo por el Gobierno liberal provocó, por una parte, el descontento de los sectores más extremos de la derecha (los absolutistas) y por otra, la repulsa de los liberales exaltados o veinteañistas. Las consecuencias que se derivaron de esta situación fueron de naturaleza social y económica y política.
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Las consecuencias sociales y económicas resultaron de la desamortización de bienes de la Iglesia que, al ir a parar al patrimonio de los grandes propietarios, agravó considerablemente la vida de la población campesina cuyas condiciones en lugar de mejorar, empeoraron, ya que, al cambiar de manos la propiedad, antes vinculada y ahora privada, se alteraron también los antiguos modos de producción y las formas de explotación, que ahora eran ya decididamente capitalistas. Esto hizo que la mayor parte de esta población campesina se inclinara hacia posturas absolutistas, que eran también las que compartía la mayor parte del clero, igualmente perjudicado por la política desamortizadora del Trienio.
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La consecuencia política más importantes fue la escisión definitiva de los liberales en dos facciones: los que hicieron la revolución de 1820 -exaltados- y los que se iban a beneficiar de ella, es decir, los moderados.
Por otra parte, los movimientos absolutistas, apoyados por el propio rey Fernando VII, produjeron acciones contra el gobierno moderado entre las que se destacan la sublevación de la Guardia Real y la Regencia de Argel. La sublevación de la Guardia Real se produjo en 1822 y pudo ser sofocada gracias a la intervención de las milicias urbanas armadas por los propios Ayuntamientos. La Regencia de Urgel es otro hecho notable de la reacción absolutista que tuvo lugar en el verano de 1822 en diferentes puntos del territorio español (Cataluña, Valencia, Navarra y el País Vasco). En Cataluña, en la ciudad leridana de la Seo de Urgel, se estableció una regencia, que permaneció durante cuatro meses intentando reponer en el absolutismo al rey Fernando VII al que consideraban esclavizado por la Constitución.
Finalmente en el fracaso del Trienio Liberal tomó parte un elemento decisivo: la intervención internacional. Las potencias europeas que formaban la Santa Alianza, en su Congreso de Verona (octubre de 1822) decidieron intervenir en el experimento revolucionario español a petición de Fernando VII y porque la experiencia liberal española había provocado una oleada expansiva en todo el sur de Europa incluyendo Portugal y Nápoles, donde los revolucionarios habían proclamado la Constitución gaditana. La operación militar se encomendó a Francia que envió, en abril de 1823, el ejército de los llamados Cien Mil Hijos de San Luis que entró en España y recorrió la Península sin apenas oposición. En octubre de ese mismo año, con el refuerzo de 35.000 voluntarios realistas, los Cien mil Hijos de San Luis liberaban al rey Fernando VII, devolviéndole su poder absoluto.
Década ominosa (1823-1833)
Ominoso -sa significa abominable; muy malo, tal que merece violenta reprobación". Pues bien, este fue el adjetivo que los liberales españoles utilizaron con frecuencia para referirse a los diez últimos años de gobierno de Fernando VII.
Hecho su trabajo, el ejército francés se retira. Fernando VII deroga de nuevo la Constitución de 1812 y, alegando que ha actuado sin libertad, declara nulos todos los actos del periodo constitucional. Inicia una durísima represión que hace que todos los liberales con alguna significación política (entre ellos, Riego, José María Torrijos) tengan que marchar al exilio.
En efecto, fue la represión política la nota más característica de estos años. En 1824, accede al Ministerio de Gracia y Justicia don Francisco Tadeo Calomarde, que inicia una persecución sistemática de los liberales basada en el secreto, la delación y la indefensión total de los acusados.
Aparte de la represión, que acabó con las vidas de Riego (héroe del trienio anterior), El Empecinado (destacado luchador en la Guerra de Independencia), Mariana Pineda y Torrijos, este período no registra acontecimientos relevantes hasta que en 1830, después del cuarto matrimonio del rey, se plantea el problema sucesorio. Sólo tras la muerte de Fernando VII se darán las condiciones para el triunfo del liberalismo en España.
Problema sucesorio
En 1829 el rey vuelve a contraer matrimonio con Mª Cristina de Nápoles y va a tener una hija. En este momento se le plantea un problema a Fernando VII, la ley sálica, el problema de la sucesión. Ante esta situación Fernando VI va a revisar toda la legislación y se encuentra con que si padre había anulado la ley sálica en las cortes de 1789, la pragmática sanción (no se publicó, no entró en vigor), lo que hace ahora Fernando VII es publicar la pragmática sanción para que su hija pudiera gobernar el trono.
En 1832 a Fernando VII le entró una enfermedad terminal, grave, y se van a producir una serie de golpes en palacio para nombrar rey a Don Carlos. En uno de estos golpes de palacio se vuelve a restaurar la ley sálica, pero milagrosamente Fernando VII se recuperó un poco y vuelve a anular la ley sálica y con el apoyo de grupos moderados nombra a su mujer regente.
La Emancipación de la América Española
Causas
Cuando se habla de las causas de la independencia de las colonias españolas de América es imprescindible considerar una serie de elementos interrelacionados:
Las diferencias étnico sociales
El rasgo más significativo de la población de los territorios españoles en América es el mestizaje, aunque también existían grupos diferenciados, a saber:
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Una elite social, formada por españoles peninsulares que ocupan los cargos de la administración colonial - funcionarios reales - y por los miembros del alto clero.
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Los criollos, descendiente de los españoles, que inicialmente constituían una oligarquía económica pero que, desde finales del s. XVII y mediados del s. XVIII, habían ido adquiriendo poder social e incluso político con la compra de altos cargos de la administración. En ellos irán surgiendo sentimientos de patriotismo e independencia, alentados por los procesos revolucionarios de EEUU y Francia y reforzados por los propios intereses económicos divergentes de los de la Monarquía.
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La población indígena que después de superar los desastres biológicos de anteriores periodos crece y se consolida durante el s. XVIII la cual, junto a la población negra, forma el estrato más bajo de una sociedad que los relega socialmente y los explota económicamente.
Las reformas territoriales
Las reformas territoriales del reformismo ilustrado a partir de 1750 crearon nuevos Virreinatos como el de Buenos Aires, Nueva Granada o Capitanías como la de Chile o Venezuela, con intereses económicos y realidades sociales en nada coincidentes con las de los antiguos virreinatos de Nueva España y Perú.
La falta de una economía unificada
La falta de una economía unificada, consecuencia del fracaso español por establecer un mercado nacional e, incluso, las trabas impuestas al intercambio entre los propios territorios americanos, unidas a las dificultades de comunicación que potenciaban el aislamiento entre estos territorios.
Las algaradas y tumultos urbanos
La historiografía tradicional considera como precursores de la Independencia las algaradas y tumultos urbanos e insurrecciones indígenas de tipo reivindicativo que se producen a lo largo del s. XVIII en situaciones límites y crónicas de explotación e injusticia y se agudizan en periodos de hambre o de opresión intensificada. Estas acciones, si bien sólo aspiraban a terminar con esas situaciones y no estaban encaminadas directamente a subvertir el orden establecido, producirán el temor entre las clases privilegiadas a que se extiendan y provoquen la inestabilidad en el territorio en que se producen.
La invasión francesa
La invasión francesa a España y las abdicaciones de Carlos IV y de Fernando VII constituyeron un hecho sin precedentes y un vacío de poder para los que no aceptan la autoridad de José I.
CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL 1833-1868
Gobiernos absolutistas y moderados
La oposición al sistema liberal
El monarca reinante sólo tenía dos hijas, la primogénita era Isabel, nacida en 1930 por lo que debía sucederle en el trono su hermano Carlos María Isidro. La cuestión dinástica viene desde el reinado de Felipe V y del hecho de excluir de la línea sucesoria (Ley Sálica) a las mujeres. Esta ley había sido anulada en el reinado de Carlos IV y confirmada por Fernando VII mediante la Pragmática sanción (1830).
En el año 1932, Fernando VII enferma de gravedad lo que requirió nombrar regente a Carlos María Isidro, hermano del monarca. Pero Carlos María albergaba esperanzas de sucederle, por lo que se niega a ser el regente de su sobrina alegando su intención de reclamar el trono. El rey es aconsejado entonces para que derogue la Pragmática y así volver a la situación anterior. Más tarde, la recuperación del monarca y la presión de su esposa en sentido contrario, se inician una serie de actividades encaminadas a garantizar la sucesión femenina, declarándose nuevamente en vigor la pragmática sin que se lleve a cabo la convocatoria de unas Cortes con poderes necesarios para discutir el tema y modificar lo acordado en 1713.
Mientras tanto, defensores de D. Carlos constituyen la Junta de Madrid, órgano coordinador de las actividades legitimistas de D. Carlos en toda España con el fin de llevar a cabo un alzamiento general a la muerte de Fernando VII. La estructura de este órgano será desarticulada, manteniendo su vigencia a la muerte de Fernando VII sólo las unidades de Castilla, Rioja, Navarra y Vascongadas.
Fernando VII muere en 1833 siendo nombrada heredera de la corona su hija Isabel bajo la regencia de su madre, la reina María Cristina. Carlos entonces se negó a reconocer la legitimidad de la princesa y promulga el Manifiesto de Abrantes (1 de octubre de 1833) por el que se autoproclama heredero con el nombre de Carlos V e inicia una sublevación reclamando sus derechos al trono. Este conflicto sucesorio ocasionará la llamada Guerra Carlista entre los partidarios de Isabel, representante de la opción liberal y los de Carlos María Isidro, cabeza de los monárquicos más intransigentes que deseaban el mantenimiento del absolutismo.
Guerra Carlista
Es una Guerra civil que se desarrolla en el siglo XIX entre los ejércitos de los Borbones de la rama Carlista y las fuerzas de los realistas descendientes de Fernando VII de la rama Isabelina. El ejército Carlista estaba compuesto por tres frentes y una amplia red de guerrillas distribuidas por toda la Península: el ejército del País Vasco, la guerrilla en la zona del Maestrazgo y el ejército de Cataluña. Por su parte las fuerzas militares del Estado contaban con los cuerpos de voluntarios realistas.
Se trata, por tanto de una lucha dinástica, aunque suponía paralelamente el enfrentamiento entre dos ideologías y procedimientos políticos opuestos: el absolutismo y el liberalismo que se desarrolló a lo largo de tres fases.
El conflicto se extiende a las potencias extranjeras que apoyarán a cada uno de los contendientes. Por el tratado de la Cuádruple Alianza (1834) Inglaterra, Francia y Portugal respaldan la causa de Isabel II, mientras que Rusia, Austria, Prusia, Holanda, Cerdeña y Nápoles, favorables al carlismo, colaborarán con subsidios económicos a la causa de D. Carlos.
En el Carlismo se diferencian dos tendencias ideológicas. Un sector moderado, heredero de la Ilustración y partidario de una Monarquía Absoluta que reine en un Estado centralizado administrativamente y que conserve los fueros, decretos de Nueva Planta. La obra fundamental de esta tendencia es Manifiesto del derecho sagrado con que se ciñe la corona de España el señor d. Carlos V de Borbón (1836). Un sector tradicionalista que defiende la tradición política española y a un Monarca limitado por las leyes fundamentales, salvaguardadas por la Constitución y que reine en un Estado descentralizado pero que respete la leyes e instituciones de cada región. La obra fundamental de esta corriente es Leyes fundamentales de la Monarquía española, publicada por Fray Ferrer Magín en 1843. Ambas tendencias coinciden en el antiliberalismo y en el lema: Dios, Patria y Rey.
Las acciones militares de esta guerra se desarrollaron desde la muerte de Fernando VII en 1833 hasta el reinado de Alfonso XIII en 1874, momento en que se da fin a esta guerra, y se llevaron a cabo a lo largo de tres etapas:
1ª ETAPA
La primera guerra estalló en 1833, cuando el infante Carlos María Isidro de Borbón, hermano de Fernando VII, no reconoció como princesa de Asturias a Isabel, la hija primogénita de Fernando. Terminó en 1839 con la firma del Convenio de Vergara. Durante esta primera etapa, la guerra se desarrolló en las provincias Vascongadas, Navarra, Cataluña, Aragón, Castilla y Valencia, siendo su protagonista el general Zumalacárregui, generalísimo carlista de Navarra y del País Vasco, que pudo recuperar sin grandes dificultades los territorios de las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, destacando en el sitio de Bilbao (10-6-1835), donde murió a consecuencia de una herida.
El l 31 de agosto de 1839 se ratificó en Vergara un acuerdo por el que se puso fin a esta primera guerra carlista. El acuerdo fue firmado en Oñate por el capitán general de los ejércitos cristinos, Baldomero Espartero, y por el teniente general de los ejércitos carlistas, Rafael Maroto. La ratificación del tratado se expresó con un acto de reconciliación: Espartero abrazó a Maroto y ordenó a sus tropas que se adelantasen para abrazar a los carlistas. Por ello, el tratado también es conocido por el nombre de El Abrazo de Vergara.
2ª ETAPA
Segunda guerra se produce tras el matrimonio de Isabel II fecha en que el pretendiente carlista, don Carlos Luis de Borbón (1818-1861), planteó una nueva campaña militar. Esta segunda guerra carlista se desarrolla en Cataluña, Aragón, Navarra y Guipúzcoa durante los años de 1847 a 1860. Carlos Luis fue derrotado en San Carlos de la Rápita y hecho prisionero. Le sustituyen en la reivindicación de los derechos su hermano Juan de Borbón y Braganza que apenas tuvo partidarios y el hijo de éste Carlos María de Borbón, conocido como Carlos VII.
3ª ETAPA
La implantación en España de la monarquía de Amadeo de Saboya, provocó nuevos intentos de revuelta carlista que se iniciaron el 8 de abril de 1872 en el país vasco-navarro y Cataluña. Así, se inicia la tercera etapa en la que Carlos VII y su hermano Alfonso Carlos intentaron imponer al nuevo rey sus derechos al trono con un alzamiento en Cataluña que se extendió al resto de España. En el mes de mayo de este mismo año, se produjo el enfrentamiento entre el ejército real y el carlista y Carlos tuvo que marcharse fuera de España. El Convenio de Amorebieta restituye la paz momentáneamente ya que durante el verano de 1872 se incrementaron las actividades carlistas, llegando a conquistar Portugalete en 1873 y, a finales de enero del año siguiente, intentara apoderarse de Bilbao cuyo asedio duró más de 120 días hasta que el general Concha consiguió levantar el sitio el día 2 de mayo de 1874.
Finalmente, al producirse la Restauración borbónica en la figura de Alfonso XII, el propio rey tomó el mando de los ejércitos realistas y marchó hacia el norte con el propósito de dar fin a la contienda. Después de la derrota de Lácar (Navarra), el 28 de febrero de 1876, las fuerzas alfonsinas conquistan Estella, capital carlista, dando fin a esta guerra y obligando al pretendiente a abandonar definitivamente España.
Gobiernos absolutistas y moderados - Sistema político 1834
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| Estatuto Real |
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| Cortes bicamerales. |
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| Reformas administrativas: Nueva división provincial (1833, Javier de Burgos). |
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| Nueva Administración de Justicia. |
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| Juntismo, sucesos violentos que logran desplazar a las autoridades provinciales colocando en su lugar Juntas revolucionarias. |
ESTATUTO REAL
Entre las primeras acciones del gobierno de Martínez de la Rosa se cuenta una serie de reformas urgentes y la redacción del Estatuto Real que se promulgó el 10 de abril de 1834. Se trataba en realidad de una Carta Otorgada, inspirada en la francesa de 1814, en la que se partía de la auto limitación de la soberanía real que otorgaba unas instituciones representativas a sus súbditos.
En el texto del Estatuto establecía dos cámaras:
La Cámara del Estamento de los Procuradores, elegidos mediante sufragio indirecto.
La Cámara del Estamento de los Próceres, cuyos miembros serían elegidos por la corona de entre los grandes de España, la nobleza, el alto clero y los propietarios con renta superior a 60.000 reales.
Para esta elección el censo era tan restringido que quedaba reducido a 16.000 votantes, es decir, menos del 0,16% de la población. La elección se basaba en colegios electorales, formados por los concejales y un número igual de mayores contribuyentes de las cabezas de partido; cada uno de estos colegios nombraba dos electores y todos ellos se reunían en la capital de la provincia para la elección. Los candidatos a procurador debían poseer un mínimo de renta de 12.000 reales al año
La iniciativa legal quedaba reservada exclusivamente a la corona que la ejercía a través del Gobierno, sin que se reconociera a las Cortes otra función que la meramente consultiva.
Por su parte, el Consejo de Ministros, creado por Fernando VII en 1823, tomaba en el Estatuto su configuración definitiva, estableciendo seis departamentos ministeriales: Hacienda, Gracia y Justicia, Guerra, Marina, Estado y Gobernación -primero llamado Fomento y luego Interior-.
la cuestion foral
La diferencia entre derecho común y foral proviene, en sus orígenes históricos más remotos, de la inicial distinción entre el derecho romano y los fueros municipales y usos de cada comarca, que tenían preferencia sobre el derecho romano.
Esta situación disgregadora en el campo del derecho, sólo será remediada y no de una manera total en Castilla cuyo derecho había evolucionado mejor que el resto de los derechos peninsulares. Así la aplicación de los derechos forales se mantendrá en Aragón (1711), en Baleares (1715) en Cataluña (1716), no así en Valencia, donde fueron derogados. Los casos vasco y navarro son distintos, ya que no es hasta el Convenio de Vergara, en 1839, por el que finaliza la primera guerra carlista, cuando pierden su potestad legislativa propia, manteniendo únicamente Navarra y el País Vasco sus leyes forales.
A mediados del siglo XIX, autores como Savigny y la Escuela Histórica defienden la creación del derecho no como fuente de la razón -idea francesa- sino como espíritu del pueblo. Así, cuando en 1851 se vislumbra la posibilidad de promulgar un único Código Civil en España, dicho proyecto fracasa por que las propuestas del proyecto isabelino no hacían más que exacerbar a los foralistas al pretender hacer tabla rasa de sus derechos.
Las tensiones entre "foralistas" y "centralistas" se extenderán hasta finales del siglo. La causa es que la burguesía industrial se hallaba interesada en una apertura hacia el mercado interior de España y en un cierre proteccionista con respecto a los grandes Estados industriales y estos intereses los enfrentaban con los fueros y con quienes defendían su mantenimiento. Geográficamente, las fuerzas de esta burguesía liberal se localizan en Bilbao y San Sebastián y los foralistas en el campo y en las ciudades pequeñas donde predominaban las fuerzas del carlismo -Iglesia, burguesía mercantil y masas campesinas—, para las que la abolición de los fueros representaba una merma de poder, más impuestos y la obligación de prestar servicio a un Estado unitario.
Será en 1889 cuando se parta de la persistencia de esos derechos forales y de su mantenimiento. Una vez aprobado el Código Civil éste se aplicará a la mayor parte del territorio nacional mientras que, en los territorios forales, regirán las disposiciones civiles propias.
GOBIERNOS PROGRESISTAS
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Desamortización eclesiástica
De acuerdo con los principios económico sociales del liberalismo, se había iniciado ya en Cádiz la labor de convertir en libre la propiedad inmueble del Antiguo Régimen. Este proceso continuará durante el reinado de Isabel II con la desamortización de los bienes eclesiásticos y municipales, sacándolos al mercado libre, con el fin de crear las condiciones necesarias para aumentar el número de pequeños propietarios. El proceso se inicia con la desamortización de los bienes eclesiásticos, expresada en los decretos de 16 y 19 de febrero y 9 de marzo, por los que se declaraba extinguidos los conventos, colegios, congregaciones, etc. Estos decretos adjudicaban al Estado los bienes raíces que hubieran pertenecido a las corporaciones y comunidades religiosas, ordenando su venta para pagar la Deuda pública, con la excepción de los destinados a servicios públicos o monumentos nacionales. En el mismo decreto incluía la creación de un reglamento para la venta de estos bienes
Publicado en 1836, en medio de la guerra carlista, la puesta en práctica de estos decretos trajo la ruptura de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede y dividió la opinión pública española. En cuanto a los resultados, la desamortización tuvo unos resultados desiguales. Por una parte, produjo el aumento de las tierras cultivadas y un cierto incremento en los rendimientos, además se pudo sufragar los gastos de la guerra aunque no se amortizó la deuda del Estado que siguió siendo elevada. Para la compra de los bienes enajenados no era imprescindible pagar en dinero metálico ya que podían pagarse con títulos de la deuda pública lo que favoreció a los especuladores y los propietarios de tierra que poseían estos títulos y no los campesinos modestos como se pretendía.
General Espartero
Joaquín Baldomero Fernández - Espartero Álvarez de Toro nació en Granátula de Calatrava el 27 de febrero de 1793, en una familia acomodada, cursando estudios de Bachiller en Artes y Filosofía. Su carrera militar empieza a destacar en América, a donde llega a primeros de abril de 1815. Allí, irá ascendiendo profesionalmente por méritos de guerra, llegando a Brigadier y el 11 de octubre de 1823 se le nombra Jefe del Estado Mayor del Ejército de Perú, a los 30 años de edad. Apresado por los seguidores de Bolívar, al recuperar la libertad regresa a España donde participa en la guerra carlista en defensa de Isabel. La guerra le permite seguir consiguiendo nuevos ascensos y títulos nobiliarios con los que le honrará la Reina-Regente y también el mando supremo del Ejército isabelino. Firma Convenio de Vergara con el que se puso fin a la primera etapa de esta guerra.
Terminada la guerra carlista la reina regente María Cristina de Borbón, madre de Isabel II, y la Regente se verá obligada a renunciar, exiliándose en Francia, siendo sustituida por Espartero, elegido Regente el 10 de mayo de 1841 después de un debate en las Cortes sobre si la regencia debía ser unipersonal o trinitaria.
La experiencia gobierno del General Baldomero Espartero fue más bien decepcionante. Su primer error sería rechazar el programa de su partido en torno a la regencia -regencia trina- para exigir una regencia única, representada por él. El segundo error, más grave, sería renunciar al asesoramiento de los líderes del progresismo para atenerse al círculo cerrado de su camarilla. Además, desplegó una dureza implacable en la represión, contra sus adversarios políticos de modo que los generales que le apoyaron se convirtieron para los demás que habían sido excluidos en un grupo de militares odiosos
La vinculación británica de su política exterior y las contrapartidas comerciales que ello suponía alzaron contra él las protestas de los industriales catalanes. La forma represiva que se utilizó para resolver la crisis --incompatible con las libertades constituciones--, fue el fin de su mandato. Mientras tanto, el Ejército se convertía una vez más en el ariete de los partidos, esta vez de la oposición moderada.
Isabel II: El régimen liberal
Con la Constitución de 1837 se inicia la consolidación del Régimen Constitucional español. Sin embargo, la escisión y falta de entendimiento entre los liberales progresistas y moderados y la escasa implantación popular de estos partidos, provocará que unos y otros recurrieran sistemáticamente al ejército para conseguir, mediante pronunciamientos de fuerza, el control de la situación política y el acceso al gobierno. Así, el ejército pasará a ser un elemento determinante en la vida política de España a tal punto que a la Época isabelina también se la conoce con el nombre de “Régimen político de los generales”. Destacados durante la guerra carlista; necesarios para normalizar la situación civil después de esa prolongada etapa de protagonismo militar; convertidos en hombres fuertes de los partidos que se configuran en torno a la debilidad de los instrumentos legales y al defectuoso mecanismo del juego parlamentario, los militares protagonizaron los pronunciamientos que jalonan la historia española del siglo XIX. Ninguno de ellos representó una intervención en la política de todo el Ejército como tal, sino como políticos de uniforme e invariablemente a requerimiento de los partidos políticos.
Constitución 1837
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| Constitución de 1837 |
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| Cortes bicamerales (Senado y Congreso); Monarquía constitucional; Soberanía nacional; Gobierno necesita doble confianza del Rey y Cortes; Voto restringido a una determinada posición económica; Gobierno órgano colegiado y responsable, refrenda las disposiciones del rey. |
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| Carácter económico y social sobre imprenta y supresión del proceso desamortizador (hasta 1840) |
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| Conflictividad entre los progresistas (unitarios, trinitarios). Moderados apoyan postura unitaria. |
Gobiernos moderados
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Isabel II
Nació el 10 de octubre de 1830 en Madrid, hereda de la corona tras la muerte de su padre Fernando VII en 1833. Como era menor de edad, sólo tenía tres años, su madre María Cristina, primero, y el general Espartero, más tarde, ejercerán como regentes. Isabel II reinó en España entre los años 1843 y 1868.
A los 16 años, en 1846, contrajo matrimonio con su primo Francisco de Asís de Borbón y Borbón, duque de Cádiz, algo que no deseaba, pero que de cuya unión nacerán once hijos, alguno de ellos murieron al nacer.
En los primeros años del reinado, los moderados desplazan a los progresistas y llegan al poder bajo la presidencia del general Narváez, que se mantendrá en él durante la mayor parte del reinado, a excepción de dos años de bienio progresista.
En 1868, con el marco de la crisis económica europea general, se produce el fin de su reinado. Las disputas entre unionistas y moderados a las que se suma la alianza de progresistas y demócratas, la muerte de O'Donnell y la adhesión del general Serrano a lo acordado en Ostende, dejará a Isabel II en completa soledad y tendrá que abandonar el país refugiándose en Francia. Años más tarde, en 1870, Isabel II abdicará a favor de su hijo Alfonso y regresará a España unos meses después pero sólo por un tiempo breve ya que volverá a la capital francesa donde pasará sus últimos días y donde finalmente fallece en 1904.
General Narváez
Militar y político liberal y Duque de Valencia, nació en Loja (Granada) el 5 de Agosto de 1800. Conocido por sus contemporáneos como “El espadón de Loja”, fue un militar clásico del período isabelino. Persona afecta a la causa moderada, tuvo una participación muy activa en la neutralización de la sublevación absolutista de la Guardia Real en Madrid en julio de 1822 y se distinguió, junto al ejército cristino en la Primera Guerra Carlista, donde en las batallas de Mendigorría (Julio de 1835) y Arlabán (1836).
Su entrada en la política se produce en el año 1838, fecha en que fue promovido a Mariscal de campo, y elegido diputado a Cortes dentro del grupo de los políticos moderados. Su protagonismo en la sublevación de Sevilla contra el Gobierno le obliga a exiliarse en Francia, de donde regresa a la caída de María Cristina como regente, luchando contra Espartero, convirtiéndose entonces en el máximo dirigente del partido moderado.
En mayo de 1844, la Reina Isabel II le nombra Jefe del Gobierno, cargo que ejerce conjuntamente con la cartera de Guerra. En este primer período, Narváez gobernará casi dos años en los que no consiguió mejorar la situación financiera de España, a pesar de la reforma tributaria de Mon.
Los actos de gobierno más importantes fueron: el desarme de la Milicia Nacional, la creación de la Guardia Civil; suprimir la venta de las propiedades de clero, la centralización en la normativa sobre administración provincial y local; puso fin a los juicios por jurados en la calificación de los delitos de imprenta (decreto del 6 de julio de l845), y se tomó la iniciativa para elaborar una nueva norma electoral, que se convertiría en la Ley Electoral moderada de 18 de marzo de 1846.
La caída de Narváez en 11 de febrero de 1846 se debió, fundamentalmente, a las desavenencias surgidas dentro del gobierno por la cuestión de la boda real, pero vuelve a ser Presidente de los Consejos de la Corona desde el 4 de Octubre de 1847 a enero de 1851, salvo la interrupción de unas horas --del 19-20 octubre de 1849-- del Ministerio "relámpago" de Cleonard.
El principal balance del gobierno largo de Narváez fue la neutralización de los movimientos revolucionarios de 1848, y que, bajo su mandato, se fijaran las bases para la posterior firma del Concordato con la Santa Sede (1851). Durante esta época se promulgó el nuevo Código Penal (22 de septiembre de 1848).
A raíz de los acontecimientos revolucionarios de 1848 Narváez endureció su actitud, alineándose con los moderados extremistas como Pidal, Viluma y Donoso Cortés.
Narváez cayó el 10 de abril de 1851, siendo sustituido en la Presidencia por Bravo Murillo, aunque reaparecerá en 1856 al final del bienio progresista, gobernando hasta octubre de 1857 en medio de numerosos incidentes en la cámara regia.
Después del paréntesis de la Unión Liberal de O'Donnell, volverá al poder en septiembre de 1864, etapa que estará marcada por los disturbios estudiantiles que culminaron en la Noche de San Daniel (10 de abril de 1865) sobre los que se ejercerá una violenta represión.
Narváez inicia su última etapa ministerial el 10 de julio de 1866. Muere en Madrid el 23 de abril de 1868.
Pronunciamiento liberal de Vicálvaro
Durante el reinado de Isabel II (1833 - 1868) España, vivió periodos de inestabilidad política. Las conjuras, las conspiraciones, los pronunciamientos fueron abundantes, siendo la “conspiración” la actividad favorita del momento.
Entre los numerosos pronunciamientos destaca la Vicalvarada, en 1854. En él, los generales O'Donnell y Dulce levantaron sus tropas y enfrentándolas a las del gobierno en Vicálvaro (Madrid). El triunfo de los sublevados permitió formar gobierno a otro general, Espartero, que había sido regente y que tenía fama de liberal progresista. Dos años duró este intento. Los días posteriores al triunfo de la Vicalvarada se produjeron en Madrid algaradas callejeras y asaltos a palacios y casas de ministros y nobles. Cabe señalar, entre otras, el asalto a la casa del Ministro de Fomento, al palacio de D. José de Salamanca y la casa del Ministro de Hacienda. Las barricadas aparecieron por las calles próximas a la Puerta del Sol aunque las mayores iras populares se concentraron en el jefe de la policía, que fue sacado de su casa, paseado entre insultos y agresiones de la multitud y finalmente fusilado en la Plaza de la Cebada.
Sistema político 1845. Moderado
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| Sancionada por la reina en mayo de 1845. |
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| Cortes bicamerales (Senado y Congreso) |
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| Estructura piramidal en cuyo vértice estaba el soberano; política de centralización. |
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| Creación del cuerpo de la Guardia Civil para hacer frente a necesidades de paz y seguridad e instrumento de la política de centralización. |
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| Crisis del partido moderado, mientras se recupera el progresista |
Sistema político 1852
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| Dentro de los proyectos de Leyes Fundamentales (1852), de matiz autoritario, en algunos casos menoscaba el sistema representativo; en consonancia con la realidad europea (Golpe de Estado de Luis Napoleón, 1852) |
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| Poder de la Corona (aprobaba el reglamento de las Cortes); el Rey podía legislar en casos de urgencia sin Cortes. |
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| En 1866 los grupos de la oposición a Isabel II se alían mediante el Pacto de Ostende, decidiendo el destronamiento de la reina. Golpe de Estado de los generales Prim, Serrano y Topete y posterior exilio de la reina |
Gobierno liberal progresista. Unión Liberal
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General O'Donnell
Nació el 12 de Enero de 1809 en Santa Cruz de Tenerife, en el seno de una familia de tradición militar que él continúa. A la muerte de Fernando VII, participa en la guerra carlista, cuyos hechos de armas de le hicieron promocionarse y alcanzar, en 1839, el grado de Capitán General de Aragón, Valencia y Murcia y, tras la victoria de Lucena, el grado de Teniente General, obteniendo el título de Conde de Lucena.
Debido a su tendencia política en favor del partido moderado, tras la renuncia de Maria Cristina de Borbón a la Regencia, tuvo que emigrar a Francia. Posteriormente, en 1841, figuró en la conspiración moderada contra la Regencia de Espartero, encabezada por el general Diego de León. En esta conspiración, O'Donnell tenía el encargo de sublevar Pamplona pero tuvo que exiliarse nuevamente al fracasar el intento revolucionario en Madrid.
En 1844, instalado Narváez en el poder, fue nombrado capitán general de La Habana, cargo en el que permaneció hasta 1848. A su regreso a la Península fue nombrado senador y director general de Infantería.
Su protagonismo político se inició en 1853, tras el enfrentamiento surgido entre el Senado y el gabinete del conde de San Luis por la cuestión de los ferrocarriles, cuestión que derivó en la suspensión de las sesiones de Cortes. El 28 de junio de 1854, al frente de un batallón de infantería y junto al general Dulce, se levanta contra el gobierno en Vicálvaro. Por el triunfo de este levantamiento es nombrado Presidente del Consejo de Ministro a Espartero en cuyo gobierno O'Donnell ocupará la cartera de Guerra.
En noviembre de 1856 se formará un nuevo grupo político conocido como la Unión Liberal (Acta fundacional, 28.11.56) liderado por O'Donnell. Los sucesos que acontecieron en Madrid entre el 16 y 17 de julio de 1856, motivan la caída de Espartero, al que sucede O'Donnell hasta octubre de 1857, fecha en que sería sustituido por Narváez.
Recupera el poder el 1 de julio de 1858, manteniendo la Presidencia del Gobierno, juntamente con el ministerio de la Guerra. Durante este gobierno se declara la guerra a Marruecos el 22 de octubre de 1859, y O'Donnell se coloca al frente de las tropas. El tratado de Tetuán que puso fin a la guerra y reconoció las posiciones españolas en el Norte de África le valió el título de duque de Tetuán. Este período de su gobierno, conocido como “el quinquenio de la Unión Liberal”, se alargó hasta el 27 de febrero de 1863, siendo sustituido entonces por el marqués del Duero.
O'Donnell presentó la dimisión a la reina en febrero de 1863 pero los acontecimientos de la noche de San Daniel le llevaron de nuevo al poder. Finalmente, la sublevación de Sargentos de San Gil, el 22 de junio de 1866, provocó su enfrentamiento con Isabel II al considerar ésta que no había actuado con la necesaria dureza.
O'Donnell, deja su puesto a Narváez y se traslada a Biarritz en donde muere el 5 de noviembre de 1867, especulándose sobre un posible envenenamiento. Su desaparición permitió a los unionistas iniciar una convergencia con los progresistas y los demócratas que culminaría en la revolución de 1868.
Desamortización de Madoz
El 1 de mayo de 1855, el ministro de Hacienda, Pascual Madoz puso en marcha la segunda desamortización. La ley de Desamortización General fue aprobada a pesar de la oposición del clero católico, que nuevamente veía lesionados sus privilegios. La Desamortización General, ponía en venta todos los bienes de propiedad colectiva: los eclesiásticos que no habían sido vendidos en la etapa anterior, y los bienes de propios y comunes, pertenecientes a los Concejos.
En este caso, los bienes obtenidos tenían como fin la industrialización del país y la expansión del ferrocarril. La valoración del proceso indica que la alta burguesía fue nuevamente la beneficiaria, aunque la participación de los pequeños propietarios rurales fue más elevada que la anterior desamortización de Mendizábal. Este proceso, al igual que el anterior, no sirvió para que las tierras se repartieran entre los menos favorecidos porque no se trataba de abordar una necesaria reforma agraria, aunque trajo consigo la expansión de la superficie cultivada y, como resultado, una agricultura algo más productiva. Otra consecuencia de trascendencia histórica en lo social fue la aparición de proletariado agrícola, formado por los campesinos sin tierra -jornaleros—sometidos a la ley de la oferta y la demanda y a duras condiciones de trabajo y una burguesía terrateniente que, enriquecida con la adquisición de propiedades y tierras, pretendía emular a la vieja aristocracia.
Gobiernos Unión Liberal moderado
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La peseta
Desde 1836, comienza la emisión de monedas de 1 peseta (plata de 5 gr.) destinadas a pagar el sueldo de las tropas durante las Guerras Carlistas. Pero no fue hasta 1868 cuando se fija como moneda única de curso legal en España. Con la Reina en el exilio, el Gobierno provisional presidido por Francisco Serrano promulga el conocido como Decreto Figuerola en el que se detalla esta medida económica.
La institución de la peseta como unidad monetaria nacional tenía por objeto estrechar los lazos económicos y políticos con el resto de países europeos, muy especialmente con Francia, Suiza, Italia y Bélgica que tres años antes habían creado la Unión Monetaria Latina encabezada por Napoleón III y el franco francés y a la que España pretendía, si no adherirse, sí acercarse lo más posible. A la vez, se trataba de organizar el caos monetario en el que convivían más de 90 monedas de curso legal entre peninsulares y americanas, viejas y nuevas, españolas y francesas, todas aceptadas como medio de pago.
Con ello, el Gobierno del general Serrano logrará los dos objetivos esenciales del ideario liberal del ministro Figuerola: unificar el mercado monetario nacional y facilitar el intercambio comercial con las economías europeas, sobre todo con la francesa.
La reforma de 1868 estableció un patrón de la peseta con acuñaciones de 1, 2 y 5 pesetas en plata y de 10, 20, 50 y 100 pesetas en oro, además de fracciones de 20 y 50 céntimos de plata y 1, 2, 5 y 10 céntimos de bronce. Pero de todas ellas, las que más éxito tuvieron fueron las de 5 y 10 céntimos, conocidas popularmente como "perra chica" y "perra gorda". Los apodos proceden de 1870 cuando el grabador de la Casa de la Moneda Luis Plañiol trató de dibujar un león para el reverso de la moneda de 10 céntimos y le salió algo más parecido a un perro. También triunfaron entre el público los 50 céntimos ó 2 reales y la moneda de 5 pesetas que todos llamaron "duro".
El primer papel moneda con el valor expresado en pesetas se emitió el 1 de julio de 1874, coincidiendo con la concesión al Banco de España del derecho en exclusividad a emitir billetes, hasta entonces compartido con otros bancos provinciales. Diez años más tarde, el 1 de julio de 1884, se puso en circulación el primer billete con espacio reservado para marca de agua.
SEXENIO DEMOCRÁTICO
(1868-1874)
Gobierno Provisional
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La revolución de 1868 supuso la ruptura de un esquema político estructurado en base a la monarquía borbónica. Tras la caída de esta, fue necesario buscar una alternativa política que se encontró primeramente en una nueva dinastía de Saboya, y después, al quedarse ésta sin apoyos, terminará en la única vía posible, la República.
La revolución de septiembre tuvo su inicio entre los días 16 y 18, cuando en la ciudad de Cádiz, el almirante Topete se pronuncia al frente de su escuadra y Prim hizo público un manifiesto, " ¡Viva España con honra! ", que será firmado por todos los militares afines al pronunciamiento, donde se exponen los motivos y los fines del movimiento revolucionario: la recuperación de la soberanía nacional, la creación de un gobierno provisional, y el sufragio universal.
El 8 de octubre de 1868 se constituyó el Gobierno Provisional de la revolución bajo la presidencia del general Francisco Serrano y Domínguez. El 15 de julio se le nombra Regente del Reino, con tratamiento de Alteza, mientras se busca un monarca para la corona vacante, que él quería para Montpensier frente a la candidatura, defendida por Prim, de Amadeo de Saboya, que triunfa sobre la primera, siendo aprobada por las Cortes.
El principal objetivo del Gobierno Provisional fue la elaboración de la Constitución Democrática de 1868, para ello se convocan Cortes Constituyentes con sufragio universal para los varones mayores de 25 años.
La insurrección armada en Cuba, reprimida con acciones militares, se mantendrá hasta la independencia de la isla en 1898. Tras la lucha entre los candidatos al Trono de España que deriva en la Guerra Franco-Prusiana (1870), finalmente es elegido el candidato propuesto por Prim: Amadeo de Saboya, duque de Aosta, de la familia real italiana.
General Serrano
Hijo de un militar, Francisco Serrano y, a su vez, militar de carrera en la que ascendió rápidamente por méritos de guerra, este militar se caracteriza, al igual que los demás militares contemporáneos, por sus vacilaciones ideológicas, cambiando de criterio político según lo exigiesen las circunstancias. Así, en un principio, fue esparterista, luego enemigo de Espartero, cooperando para derrocar al Regente en 1843, se inclina por los puritanos, progresistas o apoya a O'Donnell y la Unión Liberal, convirtiéndose finalmente en uno de los principales impulsores del destronamiento de Isabel II, su antigua protectora, promoviendo la Revolución de septiembre de 1868. Más tarde, se mostrará tolerante con la República del 73 y acaba por reconocer a don Alfonso XII.
General Prim
Juan Prim y Prats (Reus 1815 - Madrid 1870) era hijo de un notario que inicia su carrera militar en la primera guerra carlista en un cuerpo voluntario, alcanzando en 1837 la Laureada de San Fernando y en 1840 el grado de general. Afiliado al Partido Progresista, al año siguiente es elegido diputado por Tarragona su actividad en política le equipara a otros militares de la época ya que participa en conspiraciones, sublevaciones y pronunciamientos lo que le valdrá los títulos de conde de Reus y vizconde del Bruch.
El triunfo de la "Vicalvarada" en 1854 le permitirá integrarse en las Cortes Constituyentes, siendo ascendido a teniente general en 1856. Será en estos momentos cuando abandone el Partido Progresista para formar parte de la Unión Liberal
La Guerra de Marruecos (1859-60) es posiblemente su gran triunfo. Al mando de un grupo de reservistas catalanes, obtendrá importantes y sonados triunfos en las batallas de Castillejos y Tetuán lo que le valdrá el título de marqués de Castillejos con grandeza de España. Al año siguiente es enviado a México con el objetivo de presionar a Juárez para que pagara la deuda exterior, firmando el Convenio de La Soledad en febrero de 1862. A su regreso a la Península se reintegra en su anterior partido y se afianza en las tesis del cambio dinástico como solución a los problemas nacionales, por lo que tiene que exiliarse.
Al fallecer O´Donnell (noviembre de 1867) sus partidarios se unen al bloque liderado por Prim, el cual, junto al almirante Topete, se subleva en Cádiz contra Isabel II, publicando el manifiesto "España con honra". Al pronunciamiento se unirá también el general Serrano, que marcha con sus tropas sobre Madrid mientras Prim recorre la costa levantina. La reina abandona su corona, exiliándose en Francia. Prim forma parte del gobierno provisional como ministro de la Guerra y se convertirá en defensor de régimen monárquico, iniciando la búsqueda de un nuevo monarca por Europa. La elección recaerá en Amadeo de Saboya del que Prim se convirtió en principal defensor. Prim fue asesinado el 27 de diciembre de 1870, antes de que el nuevo rey llegara a España, con lo que éste perdió su más importante apoyo.
Sistema político 1869
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| Tras el exilio de Isabel II, se abre la posibilidad de instaurar un auténtico sistema democrático. El gobierno provisional convoca las Cortes Constituyentes que elaboran el texto constitucional más avanzado que había tenido España hasta ese momento. |
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| Monarquía Parlamentaria como sistema de Gobierno. Sufragio universal (masculino), libertad de culto, de enseñanza, de imprenta, de reunión y de asociación; las garantía personales no pueden ser suspendidas; la soberanía corresponde a la nación; sistema bicameral con electividad total en el Senado y una Cortes que tienen la facultad de elegir al rey en caso de extinción de la dinastía. |
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| Después del triunfo de la Monarquía Parlamentaria como sistema de gobierno, se busca una dinastía que pueda sustituir a la dinastía derrocada de los Borbones. La elección recae en Amadeo, de la casa de Saboya, que comienza su reinado en un ambiente de descontento y agitación generalizada. |
Reinado de Amadeo I de Saboya
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A finales de octubre de 1870 se resolvió el problema monárquico. La elección, tras el consentimiento de las potencias europeas y la aprobación de las Cortes Española, recayó en Amadeo, duque de Aosta de la casa de Saboya. La llegada de Amadeo a España se produjo en un ambiente tenso debido a que el general Prim, que le había apoyado y era el llamado a dirigir sus pasos, había sido asesinado tres días antes. El 2 de enero de 1871, Amadeo se dirige desde la estación del Mediodía a visitar el cadáver de Prim en la basílica de Atocha y, desde allí, al Palacio de Congreso donde el Presidente de las Cortes, Ruiz Zorrilla, le tomó juramento de la Constitución.
De la Regencia se pasa a un gobierno de coalición en el que entran Sagasti, Ruiz Zorrilla, Moret, Martos, Ayala y Berenguer. Este gobierno preparó unas elecciones en la que los republicanos obtuvieron triunfos significativos en las ciudades más importantes
Los resultados electorales dieron el pretexto a los carlistas para situarse, al margen de la legalidad al creer que esta situación crítica era una oportunidad favorable. La sublevación adquirió pronto caracteres de guerra en el País Vasco y Cataluña y el pretendiente pasó nuevamente la frontera, aunque tuvo que regresar poco después a Francia, tras firmarse el convenio de Amorebieta.
Por su parte, las casas aristocráticas cerraron sus puertas al rey, llegando el día de la apertura solemne de las Cortes a hacer su desprecio manifiesto en la falta de iluminación y colgaduras de sus balcones y en el hecho de permanecer cubiertos al paso de la comitiva regia.
También dificultaban la empresa gubernamental, las querellas personales en el seno del progresismo y el hecho de que la oposición parlamentaria no cediera en el uso de la violencia.
En mayo de 1872, después de varias crisis del gobierno, cayó el gobierno de Sagasta y subió al poder Serrano. En este ambiente de oposición activa, el gobierno pensó en obtener del rey el decreto de disolución de las Cortes, medida habitual de la época isabelina, pero Amadeo se manifiesta contrario a la solución, lo que obliga a la dimisión de Serrano, que es sustituido por Ruiz Zorrilla. La composición de las nuevas Cortes reflejará claramente la inclinación política hacia posturas republicanas más radicales.
Por otra parte, el pueblo fue tomando conciencia de la situación y durante el verano de 1872 menudearon estallidos republicanos con incidentes sangrientos en diferentes lugares de España y la parte más concienciada del proletariado se organizó creando la Primera Internacional española
Asimismo, la intransigencia española ante la revolución y guerra en Cuba no favorecía la presencia española en la isla y facilitaba los manejos de los EEUU, interesados en separar las Antillas de España.
Con todo ello, en el invierno de 1972-73, España conocía la mayor confusión política del reinado de Amadeo y la crisis quiebra de su reinado se planteó finalmente con motivo de llamado conflicto de los artilleros. Este conflicto comenzó a causa del nombramiento del general Hidalgo para un alto cargo militar en Cataluña. Su nombramiento ocasionó que los cuerpos de jefes y oficiales se declararan en huelga, pidiendo la separación del servicio. El rey planteó entonces la cuestión de confianza a las Cortes y propuso disolver el mencionado cuerpo de jefes y oficiales para reorganizarlo a base de los sargentos y cabos.
En un ambiente de conspiración generalizada a favor y en contra del monarca, Amadeo no espera la decisión del órgano supremo y comunica a Ruiz Zorrilla su decisión de abdicar. Así lo hace el día 10 de febrero de 1873, después de celebrar el último Consejo de Ministros. La renuncia fue aceptada y Pi y Margall defendió, entonces, la solución republicana. Horas después y tras un apasionado debate, la Asamblea Nacional, reasumiendo todos los poderes, declara como forma de gobierno la República.
El arranque del movimiento obrero
Ya en 1868 había organizaciones obreras de resistencia que se habían mantenido en la clandestinidad y un grupo obrero de Cataluña había enviado un delegado al Congreso de Bruselas de la Internacional. En las últimas semanas de ese mismo año llegó a España José Fanelli, diputado italiano y miembro de la Internacional con el fin de organizar en España la sección española y las fracciones de la Alianza Internacional de la Democracia Socialista, creada por Bakunin en Suiza. El primer núcleo de la Sección Española de la Asociación Internacional de Trabajadores se creó en Madrid en diciembre de 1868, integrada por 22 trabajadores; en Barcelona, el grupo quedó constituido en mayo de 1869.
El Manifiesto de los trabajadores internacionales de la Sección de Madrid a los trabajadores de España se emite un año después, el 24 de diciembre de 1869. En él se denunciaba el carácter ficticio de las libertades y se hacía un llamamiento a los trabajadores para que luchasen por la libertad. Unos días más tarde, ya en el nuevo año, se edita en Madrid el primer número del periódico de la Internacional “Solidaridad”.
Entre junio de 1870 y abril de 1872 se celebran diferentes congresos y conferencias obreras. El Primer Congreso Obrero Nacional tuvo su sede en el Teatro Circo de Barcelona. En él participaron 90 delegados de sociedades obreras, representando la cifra aproximada de cuarenta mil afiliados. Como resultado, se recomienda para asegurar la revolución social que los cuerpos de oficio se constituyan de forma federal y elijan un Consejo Federal. Así se hace y ese Consejo fija su residencia en Madrid.
Unos meses más tarde, del 10 al 18 de septiembre de 1871, se celebra de forma clandestina la Conferencia de Valencia. Poco antes de esta conferencia, comienza a publicarse en Madrid La Emancipación que se convertiría en órgano de la Sección Española de la Internacional.
En diciembre de este mismo año, llegó a Madrid Paul Lafargue, yerno de Marx, en compañía de su esposa, Laura Marx, para dar a conocer el Manifiesto Comunista. Su estancia será decisiva para constituir el núcleo marxista, aglutinando a los seguidores de Marx de la Internacional Española. Frente a grupo bakunista, mayoritarios en España, que preconizaban el abstencionismo político y la lucha sindical como alternativa, el grupo marxista será partidario de la acción política y de la formación de un partido obrero que defendiera al proletariado. Sin embargo, al mismo tiempo que se desarrolla el Movimiento Obrero, se produce la alarma en las clases burguesas que con el apoyo de los gobernantes ponen trabas al derecho de reunión y de manifestación de los trabajadores y llevan a las Cortes el miedo hacia las organizaciones obreras y la Internacional. Frente a esta oposición burguesa, el Consejo Federal Obrero no está inactivo, celebrando el 22 de octubre un acto en el Teatro Rossini de Madrid para defender la Internacional.
También, en colaboración con Lafergue, se llevó a cabo el Congreso de Zaragoza que abrió sus sesiones el 8 de abril de 1872 en el Teatro Novedades, pero sus sesiones fueron suspendidas por el jefe de orden público, y hubo que trasladarlo al local de la Federación. Este Congreso es un punto de referencia importante del movimiento obrero español ya que en él se trataron temas de vital importancia como las Uniones de oficios y la participación de las mujeres en el movimiento obrero
Iª República Española
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El levantamiento Cantonal
Durante la presidencia de Pi i Margall se produce por toda España un acontecimiento por el que regiones, ciudades o comarcas se declaran repúblicas o cantones y se rebelan contra el Estado con gran violencia. Sin embargo, solamente el levantamiento de Alcoy y algunas acciones esporádicas en Andalucía tuvieron aspectos de revolución social, pero aún así el éxito se debió más al colapso de las fuerzas de orden público que a la fuerza de la revolución. En el caso de Andalucía, los trabajadores se impacientaron porque pese a todas las promesas los federales no les habían ayudado en su lucha tradicional contra el trabajo a destajo. En realidad, puede decirse que este levantamiento fue la expresión de la esperanza traicionada de los políticos federalistas locales que veían alejarse de ellos el poder, hombres violentos que con su acción consiguieron desacreditar el republicanismo durante una generación y que la revuelta cantonalista fuera utilizada para demostrar que el republicanismo conducía a la anarquía.
Además, la revuelta cantonalista empujó a la República hacia la derecha, ocasionando el fin de la política de persuasión y de legalidad de Pi i Margall que se vio entre la necesidad de enfrentarse a la rebelión con mano dura - lo que, sin duda, le ocasionaría la crítica de la izquierda — o actuar con un talante persuasivo y de diálogo - por lo que sería acusado de complicidad -. Ante esta situación Pi i Margall dimite, sucediéndole Salmerón.
Salmerón recurrió al Ejército con lo que pudo acabar con la resistencia cantonalista, salvo en Málaga y Cartagena que contaba con el apoyo de fuerzas militares. Al tratar a los cantonalistas como criminales, se planteó la cuestión del restablecimiento de la pena de muerte lo que obliga a la dimisión de Salmerón, opuesto a ella, sucediéndole Castelar.
Golpe de Estado del General Pavía
Castelar renuncia a su pasado federal y se inclina hacia un sistema autoritario para resolver la situación. Así, desde el 20 de septiembre al 2 de enero, gobierna por decreto suspendiendo las garantías constitucionales.
Durante este breve período de la I República, las diferencias políticas se agravan por los resentimientos personales y las disputas de sus dirigentes. Por ello, cuando se produjo la derrota de Castelar en las Cortes, dejándole en minoría parlamentaria, la imposibilidad de borrar las diferencias personales e ideológicas para formar un gobierno republicano fuerte, dejó como única salida la vuelta a un gobierno federalista. En esta situación y ante la negativa de Castelar de participar en un pronunciamiento contra la mayoría parlamentaria, el general Pavía decidió que debía “salvar” a la sociedad y al país e irrumpió con sus oficiales en el Parlamento. Unos pocos disparos acabaron con las Cortes Constituyentes de la República. Su golpe presagiaba el retorno a la intervención militar, justificada en la disolución social e incapacidad del gobierno.
La República queda así en manos del general Serrano que convoca a los partidos políticos (salvo federalistas y carlistas) para formar un gobierno en nombre del Ejército y de la Patria.
Bajo la presidencia de Serrano se organizó un gobierno provisional que suspendió las garantías constitucionales, disolvió las Cortes republicanas y se dispuso a solucionar los restos del cantonalismo y la cuestión carlista, los dos temas más conflictivos del momento. Sin embargo, los desórdenes siguieron, ocasionando el descrédito de la República y haciendo crecer el partido alfonsino que, hábilmente dirigido por Cánovas del Castillo, que proponía la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso, hijo de Isabel II. El 1 de diciembre de 1874 el príncipe don Alfonso escribió un manifiesto a la nación, y el 29 fue proclamado como Rey de España.
Sistema político 1873
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| La caída de Amadeo dio paso a la I República, que basa su organización en la Constitución de 1869 y los ideales proclamados por las masas revolucionarias de las ciudades y Juntas revolucionarias. Este sistema se encontró con la oposición de todas las fuerzas conservadoras. |
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| República federal. |
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| Gobierno de Figueras: supresión de las quintas; amnistía; ocupación de tierras y anarquía generalizada. Pi y Margall, debió soportar el movimiento cantonal, poniendo al gobierno federal en graves problemas. Las acciones de Salmerón para controlar el cantonalismo motivó el distanciamiento del movimiento obrero republicano español. Finalmente, Cautelar presidió una República conservadora, rompiendo la vinculación con el federalismo y se centró en el control de la revuelta social. El General Pavía, al irrumpir en el Congreso de Diputados al frente de un batallón de infantería y una batería de artillería, terminó con la I República en 1874. |
EL REGIMEN DE LA RESTAURACIÓN
La monarquía de la Restauración fue un sistema político estable organizado en el siglo XIX por el liberalismo español, basado en una “filosofía” ideada por Antonio Cánovas del Castillo. Este sistema era, sin embargo, algo más que un mecanismo político.
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Sistema Canovista: La Constitución de 1876
En opinión de Antonio Cánovas del Castillo, el sistema parlamentario inglés era el único eficaz para restaurar una monarquía parlamentaria estable.
Los dos grandes partidos de la Restauración fueron el Partido Liberal-Conservador y el Partido Liberal Fusionista, conocidos como "liberales" y "conservadores" respectivamente. No se trataba de partidos modernos de masas, tal como los conocemos hoy, con sus sedes, agrupaciones, y afiliados. Se trataba de partidos de notables, es decir, de la reunión de varios líderes políticos con sus respectivas clientelas, sus órganos de prensa y sus apoyos locales, cada uno de los cuales lideraba una facción. En realidad, la misión de estos líderes era mantener unidas a las diferentes facciones del partido, y repartir los beneficios del poder equilibradamente entre ellos. Si un partido perdía la unidad interna mientras estaba en el gobierno, el rey podía quitarle su confianza y llamar a la oposición para que formara nuevo gobierno y convocara las elecciones, mediante lo que se conocía como "decreto de disolución". Por ello, era necesario que el líder del partido fuera una figura con el carisma suficiente como para aglutinar en su torno a todas las facciones.
Cánovas configuró un sistema político a semejanza del parlamentarismo británico con dos partidos políticos, creados artificialmente que llegan después a una serie de pactos por los que dichos partidos se turnan en el poder, constituyendo lo que se conoce como “el turno pacífico”, práctica que dominó la vida política de los gobiernos de la Restauración.
El funcionamiento de la Restauración estuvo también marcado por el caciquismo que se concreta en un sistema de influencias que hacían posible el fraude de los procesos electorales.
Partido Liberal-Conservador
El Partido Liberal-Conservador fue el primero de los dos que se constituyó. Su líder era Antonio Cánovas del Castillo, quién intentó aglutinar en su seno a los antiguos moderados partidarios de Isabel II (aunque anulándoles políticamente), y a los miembros de la Unión Liberal, incluidos aquellos que, como Romeo Robledo, apoyaron la revolución de 1868. También englobó en sus filas a personalidades destacadas, como el general Martínez Campos (aunque luego pasó a las filas liberales) y también a grupos cercanos al tradicionalismo, pero que aceptaban la legitimidad alfonsina, como la Unión Católica de Alejandro Pidal.
A la muerte de Cánovas, el partido tuvo dificultades para encontrar su relevo, y comenzaron divisiones internas entorno a figuras emblemáticas del partido: Silvela, Maura, Dato.
Partido Liberal Fusionista
El partido Liberal-Fusionista surgió más tarde, ya que las facciones que lo iban a componer estaban desorganizadas tras el fracaso del Sexenio. El proceso, que no fue fácil, se consolidó en 1881, cuando accedieron al poder bajo la dirección de Sagasta, su líder durante el último cuarto de siglo. Su programa fundamental era desarrollar los derechos de la Constitución de 1869.
En el fusionismo se fueron dando cita los diferentes partidos monárquicos del Sexenio: constitucionalistas, radicales... En su política de atracción hacia la izquierda también absorbieron a finales del XIX a los posibilistas de Emilio Castelar.
Al igual que ocurrió con los conservadores, la muerte de Sagasta supuso la división interna de las diferentes facciones. A ello se sumó el hecho de que su programa político estaba agotado a la altura del cambio de siglo, por lo que fueron desarrollando nuevos rasgos en su identidad, como el anticlericalismo.
El caciquismo
El poder del cacique nacía de sus servicios generales y de su espacio y propiedades rurales. El abogado o terrateniente se convertía, como político nacional, en el representante de su región, sirviendo y representando los intereses de sus partidos trabajando a favor de ellos. Estos grandes oligarcas se servían a su vez de clientelas a las que protegían de las leyes, los impuestos o las obligaciones militares. A su vez, las clientelas, ya se basaran en el control de mercado de trabajo local o en vínculos más sutiles, eran la realidad más auténtica de la vida local y el apoyo del cacique.
Es indudable que el caciquismo nació se prolongó e intensificó a causa de la ignorancia política y de la apatía del electorado español, mezcladas con el predominio de las familias de grandes propietarios locales deseosos de mantener por cualquier medio los “legítimos intereses de la propiedad” y con la manipulación de los gobiernos municipal y provincial subordinados a los intereses de los partidos. En la ciudad, la aristocracia había conservado su clientela urbana mediante la caridad y el favoritismo, repartiendo mercedes entre las familias de los votantes cuyas necesidades conocían. Estos caciques eran populares también por la malversación de fondos públicos para fines privados en una red impenetrable de corrupción e influencias. El precio que pagó España por su sistema electoral fue una administración ineficaz y una justicia movida por las influencias.
La constitución de 1876
La Constitución de 1876, inspirada políticamente en las constituciones de 1845 y 1869, fue elaborada por una comisión compuesta por todas las tendencias de opinión monárquicas y estaría vigente hasta la dictadura de Primo de Rivera en 1923. La Constitución canovistas fue, en realidad, un producto híbrido de la teoría política de los moderados de mediados del siglo y de la práctica del parlamentarismo inglés.
El debate de las Cortes sobre las cláusulas religiosas se convirtió en un análisis de la Iglesia católica y del papel que ésta representaba en la sociedad española, aunque finalmente se impuso el reconocimiento de un Estado confesional católico. Por lo demás, podía decirse que fue la mayor aproximación a una sociedad tolerante bajo un gobierno conservador.
El sistema a que daba paso esta constitución era bipartidista y el turno pacífico permitía la evolución política dentro del régimen: los conservadores debían extenderse hacia la derecha y los liberales hacer conquistas por la izquierda. La Constitución definía, asimismo, la capacidad legislativa de un Monarca que gobernaba conjuntamente con las Cortes, designaba a los ministros --los cuales eran responsables ante las Cortes—y tenía derecho a veto.
La oposición al sistema. Regionalismo y Nacionalismo.
Las fuerzas opositoras al régimen de la Restauración estuvieron compuestas por seguidores de distintas opciones políticas: republicanos, carlistas, socialistas, anarquistas, y asociaciones obreras de distinta inspiración que habían quedado inicialmente fuera del sistema bipartidista.
La oposición fue, sin embargo, leve, debido a la división existente entre las distintas fracciones que componían cada una de estas organizaciones como a la dificultad que demostraron para enraizar en la sociedad y arrastrar a unas masas que no estaban formadas políticamente.
Durante la Restauración, los regionalismos se convirtieron en movimientos nacionalistas definiendo y afirmando la existencia de distintas nacionalidades dentro de España. Este movimiento que cuestionaba la organización de un Estado centralista y unitario coincidió con el esplendor de movimientos culturales de especial significación regional y produjo un desfase entre Cataluña y el País Vasco y el nacionalismo periférico, situación a la que el gobierno central no supo responder.
Fuerzas opositoras
Los republicanos estaban divididos en varias fracciones (progresistas, federales, centralistas, posibilistas) y trataban de conjugar la existencia de unos líderes que marcaban las líneas a seguir con la participación de las bases a través de comités interclasistas. En la implantación de los partidos republicanos fue importante la existencia de casinos, ateneos populares, cooperativas y prensa todas ellas vehículo de difusión de las ideas republicanas. Sus partidos y líderes, comprometidos con la democracia y la justicia social, tuvieron el prestigio de ser los defensores de la integridad moral en la vida y en la política, aunque en la medida que entraron en el juego político tuvieron que desarrollar mecanismos similares a los de otros partidos e implicarse en la escena política de la Restauración en la cual era difícil mantener la integridad.
A partir de 1888 los carlistas, acogiéndose a la Ley de Asociaciones, trataron de incorporarse al sistema, así se convirtieron en un movimiento político que defendía la monarquía tradicional y el catolicismo integrista, circunscrito a las provincias vascas y a Navarra, aunque la parición del nacionalismo les restó partidarios a causa, también de que, en ese momento, las cuestiones dinásticas habían sido resueltas progresivamente y la vida pública se inclinaba cada vez más hacia el liberalismo y la modernización.
El partido socialista continuó su expansión a ritmo lento en un proceso de maduración ideológica y consolidación organizativa hasta las elecciones municipales de fin de siglo donde el socialismo obtuvo mayor éxito y pudo plasmar su proyecto político aunque, para generalizar su programa a la nación, tendrá que esperar hasta la primera década del siglo XX en que Pablo Iglesias llegó al Parlamento (1910). El auge del socialismo en los años de finales del siglo XIX se debe principalmente a sectores industriales, metalúrgicos y mineros. En esos años, su presencia en la vida pública se manifestó a través de los discursos de sus líderes, la defensa de sus ideas en el periódico El Socialista, órgano de expresión y propaganda del partido y en su acción en círculos obreros y casas del pueblo, labor sindical (huelgas, manifestaciones), etc.
El anarquismo, sin embargo, estuvo ausente de las formaciones políticas de la última década del siglo XIX ya que se vieron envueltos en acciones violentas debido a las propuestas revolucionarias como medios para transformar la realidad, en contra del Estado y la sociedad burguesa. (Sucesos en Jerez de la Frontera, 1892; atentados en los locales del Fomento de Trabajo, 1891 y a Martínez Campos y en el Liceo de Barcelona, ambos en 1893; asesinato de Cánovas por un anarquista italiano, 1897, etc.) . Por este motivo, la alarma de la sociedad de la restauración fue extrema y, también, tuvieron que soportar una brutal represión al ser identificado este movimiento con el desorden y el terrorismo, aprobándose la primera Ley antiterrorista que condenaba los atentados y las asociaciones que amparaban esos delitos (1894).
En Cataluña
En Cataluña, la proliferación de publicaciones regionales en las que se afirma progresivamente la idea de una nacionalidad catalana comienza ya en la década de 1870. Ejemplos significativos son los ensayos de Juan Mañé i Flaquer, director del Diario de Barcelona y José Torras y Bages, obispo de Vic, propulsor de un regionalismo tradicional y confesional que tuvo un amplio eco en la Cataluña rural. En este proceso se inscriben también la creación, en 1877, del primer diario en lengua catalana, el Diari Catalá y la celebración del Primer Congreso Catalanista en 1880. En 1887, bajo la iniciativa de Enric Prat de la Riba y Lluis Doménech i Montaner, se fundó la LLiga de Catalunya de raíces católicas y conservadoras que unos años más tarde se uniría al Centre Escolar Catalanista para organizar una serie de mítines en los que se defendía la reivindicación de la nación catalana y se reclamaba el derecho de Cortes Generales independientes y autogobierno.
En 1891, ambos centros se unen para crear la Unió Catalanista, de la que fue nombrado secretario Prat de la Riba, defensor de una patria catalana definida por una historia, una lengua y un derecho propio. Un año más tarde, en la primera asamblea de la Unió se aprueban las Bases para la Constitución Regional Catalana, en las que se reivindicaba la restauración de las instituciones del Principado y el traspaso de competencias políticas, militares, económicas y jurídicas.
Todas estas reivindicaciones, en realidad, reclamaban fórmulas para arbitrar los derechos de los catalanes sin menoscabar la integración de Cataluña en el Estado español.
En 1901, bajo el liderazgo de Prat de la Riba, se crea el primer partido catalán, la LLiga Regionalista de Catalunya en la que destacaría posteriormente Francec Cambó. Desde este partido de inspiración conservadora, se reclamó la afirmación de Cataluña como nación al tiempo que una mayor intervención en la política nacional.
También, desde los primeros años del siglo, tras la pérdida de las colonias y el aumento del descontento social, surgirá otro nacionalismo más radical y liberal.
Paralelamente, escritores e intelectuales de la Renaixenca, artistas modernistas e instituciones como el Ateneo de Barcelona o la Academia de Jurisprudencia, reivindicaron un cauce de expresión adecuado para una cultura propia.
En el País Vasco
En el País Vasco, el movimiento nacionalista coincidió con el movimiento catalán, aunque tuvo una génesis diferente.
Después de la ley de 1876 por la que se abolían los fueros vascos y la posterior de 1878 por la que se aprobaban los Conciertos Económicos que permitían a las provincias vascas mantener un sistema exclusivo de autonomía fiscal, se produjo un movimiento en defensa de los derechos históricos y de las instituciones suprimidas que conllevó a la afirmación de la lengua vasca y de las particularidades regionales. En 1890, Sabino Arana, afirmó que los vascos, en razón de su raza, religión, lengua y costumbres, constituían una nación particular e independiente del resto de España y convirtió la reivindicación de los fueros en símbolo de la soberanía vasca. A la vez, fundó el periódico Bizkaitarra desde el que publicó la necesidad de una “euskaldunización” de la sociedad, idealizando el mundo rural y reivindicó el uso del euskerra como lengua nacional.
En los últimos años de siglo, el discurso de Arana se suavizó y ganó calado social al entrar en contacto con grupos de la derecha católica local y por el temor de la clase vasca capitalista ante la radicalización de la lucha obrera. En 1902, Arana fue elegido diputado provincial por Bilbao. Este acontecimiento y el cambió de su discurso, señalando que la lucha por la autonomía debía hacerse desde la legalidad y dentro de la unidad del Estado español, posibilitaron la incorporación del movimiento nacionalista vasco al sistema político vigente. Con ello se abrían para las aspiraciones vascas dos caminos diferentes: una posibilista autonomista y otra independentista antiespañola. El nacionalismo optó por la segunda, definiéndose en contraposición a España, considerada como símbolo de vertebración territorial centralista, reclamando su autonomía y autogestión. Esta postura chocó, sin embargo, con la oligarquía vasca que estaba plenamente incorporada al sistema de la Restauración y contaba con un gran peso específico en este sistema por estar respaldada por una amplia y sólida estructura clientelar.
Nacionalismos periféricos
En los nacionalismos periféricos destacan Galicia y Valencia
En Galicia ya desde las últimas décadas del s. XIX comienzan una serie de publicaciones en las que se destacan las peculiaridades del pueblo gallego y la necesidad de impulsar el desarrollo de esta región. Entre ellas, cabe destacar a Alfredo Brañas que en su trabajo “El Regionalismo” define en clave conservadora las principales aspiraciones gallegas, desde una postura más liberal los escritos de Manuel Murguía y las obras de Aureliano Pereira de carácter federalista.
El clima creado por estas obras se plasmó en iniciativas políticas como La Asamblea Federal de la Región Gallega (1887), en la cual se aprobó el Proyecto de Constitución para el Estado Galaico. La Asociación Regionalista Gallega, presidida por Murguía, se bifurcará en dos corrientes: una de inspiración liberal, la Liga Gallega de La Coruña y otra más conservadora, la Liga Gallega de Santiago. Posteriormente, en la segunda década del siglo XX, surgirá Irmandades da Fala, formación política nacionalista gallega.
El nacionalismo valenciano tuvo un despertar más tardío. El discurso de afirmación nacionalista comenzó a finales del s. XIX a través de los discursos de Faustino Barberá y de las obras y actividad política de Vicente Blasco Ibáñez. En estos trabajos se resaltaban las propias peculiaridades y se reivindicaban las antiguas instituciones del reino de Valencia, reclamándose una mayor representación en la vida política nacional.
Puede decirse que, en estos primeros años de nacionalismo incipiente, no estaban definidas las posturas que defendían la integración en el conjunto de los países catalanes, la demanda de mayor peso en la política nacional o la afirmación de Valencia como nación peculiar y autónoma.
La liquidación del Imperio colonial: Cuba.
Cuba estaba representada en el Parlamento de Madrid y era gobernada por un capitán general cuya responsabilidad estaba menguada por la distancia y por su condición de militar. Tras el fracaso de la asimilación del Partido Autonomista Cubano, el Gobernador había hecho premiosos llamamientos de un estatuto de autonomía moderado para la isla a lo que siempre se había respondido con la negativa de la mayoría de las Cortes por miedo a que la autonomía condujera al separatismo. La colonia española, desde los comerciantes al por mayor hasta los tenderos minoristas temían que el autogobierno permitiera a la burguesía comercial criolla abolir la unión arancelaria proteccionista con España, base de sus ganancias.
A las reclamaciones para llevar a cabo una reforma naval, necesidad vital dado la condición en que se encontraba la Marina española todavía dependiente de un alto consumo de combustible y sin ningún puerto capaz de abastecer los barcos de carbón, se unía la situación de pobreza nacional y la incapacidad de los políticos de la Restauración fue decisiva por lo que no se consiguió regular la cuestión cubana ni reformar los abusos.
El fracaso reiterado de las colonias para conseguir alguna concesión del gobierno de Madrid reforzó la postura de los separatistas defensores de una República cubana independiente. El alma de esta propuesta republicana fue Martí, cuyo rechazo del dominio español se remontaba a sus años de estudiante. Martí procedía de una familia pobre y estaba convencido de la capacidad democrática de los humildes, entre los que incluía a la población negra. Hábil periodista, orador y organizador brillante fue perseguido por la enfermedad y la pobreza lo que no le impidió fundar en los EEUU el Partido Revolucionario Cubano, financiándolo con los fondos obtenidos en sus discursos ante los exiliados cubanos. En febrero de 1895, Martí proclamó el inicio de la revolución independentista que será continuada por sus partidarios a pesar de la muerte de Martí un poco después.
Sin embargo, no fue Martí la causa mediata de la liberación de Cuba sino la intervención de los EEUU, que envió a Cuba el acorazado Maine para proteger las vidas y propiedades americanas. La voladura del Maine, atribuida a una mina española, será el acontecimiento que provocará el enfrentamiento entre España y EEUU y el que, finalmente, asegurará la independencia. La marina norteamericana barrió a los navíos españoles sin que se produjera ninguna baja en las filas por parte de los americanos. Este desastre obligó a España a renunciar a Cuba, Puerto Rico y Filipinas (Tratado de Paris).
Cuba, libre de España, quedó definida por el gobierno de una oligarquía y una economía de monocultivo, sometida al dominio de los intereses de los norteamericanos. En efecto, la enmienda Platt a la nueva Constitución cubana concedía a los EEUU el derecho a intervenir en los asuntos internos de la nueva república, negándole la condición de “soberana”.
Fase 1 Meses iniciales:
Los franceses sofocan levantamientos urbanos surgidos por todo el país
Fase 2
Napoleón atraviesa los Pirineos y ocupa las primeras ciudades españolas
Fase 3
Desde 1809 la guerra entra en fase de desgaste ante la imposibilidad de dominar y la hostilidad continua de la guerrilla
Fase 4
El declive francés. Los franceses abandonan Portugal y se retiran de Cádiz
Gobierno Unión Liberal Moderado
Gobierno Liberal Progresista
Unión Liberal
Gobierno Moderado
Gobierno Progresista
Gobierno Absolutista y Moderados
Gobierno Provisional
Reinado Amadeo I Saboya
Primera República
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