Juan Francisco Mestre Delgado

"El Derecho de Acceso a Archivos y Registros Administrativos"

* COMENTARIO CRITICO.

En una primera lectura, no se consigue sacar mucho en claro del libro. Se necesitan dos o tres lecturas más para poder captar alguna idea, y aún así es de difícil comprensión. Esto no se debe a que esté mal redactado, sino que se trata de un tipo de lectura al cual no estamos acostumbrados, por lo menos en mi caso, y cuesta bastante el comprenderlo.

A ello hay que añadir que el autor repite bastante las ideas, quizá para recalcarlas, o quizá porque no las tiene muy claras, y no plantéa bien el tema, resultando muy repetitivo.

El libro pertenece al área de Derecho Administrativo, aunque por otra parte también se podría incluir dentro del Derecho Constitucional, ya que es un derecho (el de acceso a archivos) que se haya incluido en la Constitución Española de 1978, que remite a una ley concreta.

En cuanto al autor, Juan Francisco Mestre Delgado, es profesor titular de Derecho Administrativo, y probablemente éste sea su primer libro, ya que no he logrado encontrar datos de él.

El libro tiene una extensión de 185 páginas, aunque con bastantes notas al pie, con lo que no resulta muy largo "en extensión".

El autor se documenta sobre todo en leyes, citándolas continuamente en el trabajo, aunque también se basa en otros autores como Santamaría de Paderes, E. Gómez-Reino, F. Sainz Moreno, etc..., al igual que en Sentencias del Tribunal Constitucional, ...

En definitiva, creo que se trata de un libro que no aporta grandes cosas al tema, a pesar de que se haya bastante mal regulado y comentando. Este libro puede servir para casos concretos, pero no para considerarlo vital en el tema.

I. DEL SECRETO EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA AL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA.

La Constitución de 1978 consagra el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas, lo que permite sostener el principio de transparencia en la actuación administrativa. Este principio general disciplina la actuación de todos los poderes del Estado.

El Tribunal Constitucional (T.C.) se ha pronunciado respecto al principio de publicidad de los juicios, declarando que los juicios han de ser conocidos más allá del círculo de los presentes en los mismos, pudiendo tener una proyección general.

La Constitución ha establecido con claridad la imagen de una Administración pública auténticamente democrática, fijando para ello un denominador común, que consiste en la participación ciudadana y en la transparencia de la estructura burocrática.

Por otra parte está el trámite de audiencia, que un elemento de ponderación de las decisiones administrativas y de control de la discrecionalidad; la intervención de los ciudadanos o de los grupos en la formación de la voluntad administrativa para el ejercicio de la potestad reglamentaria no es sino una manifestación concreta del derecho que los españoles tienen a