Tipos de Estado

Marx. Keynes. Comunismo. Capitalismo. Liberalismo. Weber. Autoridad. Gobierno. Democracia. Lippmann. Burocracia

  • Enviado por: Natalia Deluca
  • Idioma: castellano
  • País: Argentina Argentina
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Estado.

Una palabra que ha sido definida de muchas maneras diferentes, según los valores culturales, políticos y económicos de cada época de la historia y según los pensamientos del propio sujeto que buscaba definirlo.

Tomemos, por ejemplo, el Estado para Karl Marx.

Este filósofo alemán nacido en 1818 decía que el Estado “debía ser el guardián del interés general de la sociedad”, y que era ella la que lo mantenía unido: “lo que mantiene unidos a los miembros de la sociedad civil es la necesidad natural, las propiedades humanas esenciales, por alienadas que parezcan estar; su vínculo real es la vida civil, no la vida política. No es pues, el Estado el que mantiene en cohesión los átomos de la sociedad civil…Solamente la superstición política puede imaginarse todavía en nuestros días que la vida social debe ser mantenida en cohesión por el Estado, cuando, en realidad… es el Estado el mantenido en cohesión por la vida civil”, fueron sus palabras. Para Marx, el Estado era un parásito que absorbía las energías del cuerpo social, que se nutría de él y entorpecía su libre movimiento. Admiraba a la Comuna de París, que a diferencia de lo que hasta ese momento se buscaba cuando había revueltas, consolidar el Estado, lo que quería era destruirlo. Destaca el carácter popular, democrático de igualitario de la Comuna y el modo en que no sólo la administración municipal, sino toda la iniciativa hasta entonces detentada por el Estado, pasó a manos de la Comuna.

Este ejemplo es un buen esbozo de los pensamientos marxistas que se puede aclarar aún más con un fragmento de las notas que escribió para “La guerra civil en Francia”: “La Comuna era una revolución no contra tal o cual forma de poder estatal legítima, constitucional, republicana o imperial. Era una revolución contra el Estado mismo, ese aborto supernaturalista de la sociedad, una reasumpción del pueblo para el pueblo de su propia vida social. No fue una revolución para transferir el poder político de una fracción de la clase dominante a otra, sino una revolución para abatir ese horrible instrumento de dominación de clase…”

En total contraposición a Marx, tenemos el Estado que nos propone Keynes.

Keynes, economista británico nacido en 1883, no plantea la abolición del Estado, sino un Estado intervencionista, sobre todo en épocas de crisis económicas. Veamos como ocurrió esto…

El desarrollo de las democracias occidentales creó la tentación de usar el Estado como herramienta para gestar apoyo político a través de una legitimación centrada en el gasto público. El Estado fue percibido como un medio privilegiado para generar sostén electoral tanto a través del manejo del empleo público, como de las políticas sociales. El papel del Estado Benefactor “como conjunto de instituciones públicas operando en la distribución directa o indirecta del ingreso” se vio, obviamente, legitimado frente a los beneficiarios de estas políticas. El Estado asumió el papel de mediador, árbitro de las disputas, en el cual era imparcial. Además frente a los períodos de crisis de sobreacumulación, por ejemplo la de 1929, el Estado se convierte en el generador de la estabilidad económica y garante del crecimiento sostenido, asegurando la demanda y el pleno empleo. El objetivo del Estado de Bienestar Keynesiano es “generar una reactivación de la economía a partir de su déficit público”.

Pero, a partir de la década del ´70 vivimos una transformación que va a reimplantar al liberalismo, el avance de lo privado sobre lo público (entendido como lo estatal) va a terminar reintroduciendo al Estado en el mercado. Desde el punto de vista teórico de la economía como disciplina se comienza a contrarrestar el discurso keynesiano con la nueva economía clásica. La economía como ciencia va a restaurar la confianza en el mercado como mejor asignador de recursos. “Los planteos surgidos del corazón de la teoría de las finanzas públicas van a comenzar a pensar en un Estado que limite sus acciones a cálculos del tipo costo / beneficio”. Pero, en realidad, el replanteo del accionar del Estado es un problema político. El estado modifica su posición impulsado por los sectores que ven en una nueva configuración la posibilidad de mejorar sus posiciones reales. Visto desde este punto, el discurso económico va a ser un instrumento para generar conciencia de crisis del modelo de Estado Keynesiano propiciando, con un discurso supuestamente fundado en la objetividad científica y por lo tanto apolítico, la vuelta a la esfera de lo privado de la mayor parte posible del terreno antes ocupado por la cosa pública (el Estado). Este retorno a lo privado se encuentra claramente representado en el concepto de “privatización”. Teníamos un Estado que intervenía en épocas de crisis para regular los ciclos económicos y pasamos a un Estado que delega varios de sus roles, por ejemplo en la generación y distribución de servicios, a empresas privadas. Era un Estado que no buscaba ganar dinero, sino reactivar la economía. Dejamos ese Estado, en busca de lo que supuestamente era mejor, y se pasó a un Estado que debía ser productivo, eficiente y superavitario. Se redujo considerablemente la cosa pública a favor de la privada. Hay una frase en el texto “Nueva racionalidad en el estado poskeynesiano” de Martín Unzué que ilustra muy bien este Estado que surge a partir de los ´70 (aunque según el mismo autor se viene gestando desde mucho antes) y que perdura hasta nuestros días: “al modelo incluyente del Estado Benefactor, donde el ciudadano, por su pertenencia política, era beneficiario inmediato de una serie de servicios públicos gratuitos o subsidiados, le sucede el modelo excluyente, de las relaciones mercantilizadas, donde sólo se accede al consumo como recompensa al éxito en el mercado”. El fenómeno de los estados que buscan ese superávit se muestran característicos de los Estados con fuertes endeudamientos externos. En estos casos dichas reformas se muestran como imperativas, de alguna manera hay que hacerle frente a ese endeudamiento, y que mejor que vendiendo todos los servicios que son deficitarios. Son estos Estados los que para pagar esas deudas deben generar un superávit como parte del programa de ajuste fiscal. Paralelamente, es en esos países no desarrollados, como el nuestro, donde las instituciones sociales están menos desarrolladas por haber tenido, el país, un pasado autoritario; donde la oposición a este cambio por parte de los damnificados por el mismo, se manifiesta con poca fuerza. En consecuencia, en un país como el nuestro, con distribuciones del ingreso no equitativas, mercados oligopólicos y Estados con escasa autonomía, emprender una reforma como esta nos lleva a agravar dichas características.

Tenemos también la concepción de Estado para Webber.

Esta concepción en realidad no está en contraposición con ninguna de las anteriores, en realidad es una idea totalmente diferente, enfocada desde otro punto de vista y además nos propone fuentes de legitimación para el Estado.

Para Webber, si las instituciones sociales que existen no conocieran el uso de la violencia, el “concepto de Estado quedaría eliminado y surgiría una situación que se designaría como anarquía, en el sentido específico del término”. Un Estado bajo los ideales webberianos sería una comunidad humana que reclama el monopolio del uso legítimo de la fuerza física en un territorio determinado. En la actualidad, en los Estados Modernos, el derecho a usar la fuerza física se “adscribe específicamente a otras instituciones o a individuos sólo en la medida en que lo permite el Estado”, ya que éste es considerado como la única fuente del “derecho” a usar la violencia.

De esto podemos deducir que política es, entonces, el esfuerzo por compartir el poder o por influir en su distribución, quien actúa en política se esfuerza por obtener el poder, ya sea para utilizarlo con fines egoístas, ideales, o por el hecho de tener poder en sí, para gozar del prestigio que confiere el poder.

Entonces, podemos resumir que para Webber,“el Estado es una relación de hombres que dominan a otros, una relación que se apoya en la violencia legítima”. Es una relación de dominantes y dominados, donde los dominados deben de obedecer la autoridad de los poderes.

Este Estado moderno encuentra sus fuentes de legitimación en las teorías de Webber, quien plantea tres legitimaciones básicas de ese dominio.

Primero, “la autoridad del pasado, de las costumbres santificadas por una validez inmemorial y por la orientación habitual a someterse”. Este es el dominio tradicional, ejercido por el patriarca y por el príncipe de antaño. La gente acata las órdenes (sin tomar la palabra en su sentido estricto) por una relación de “costumbre”, si se quiere. Los reyes de otras épocas eran legitimados en el poder por una cuestión tradicional, de años y años en los que sus padres, abuelos, bisabuelos (y así en el tiempo) habían ocupado el trono, son autoridades supranaturales.

En segundo lugar, existe la autoridad del “don de gracia extraordinario y personal, la confianza y la devoción absolutamente personal en la revelación, el heroísmo u otras cualidades de dirección individual”. Este es el dominio del líder carismático, ejercido por el profeta (en el terreno de la religión) o por el gobernante por plebiscito, el gran demagogo o el jefe de un partido político (estos tres últimos serían líderes carismáticos en el terreno de la política). Son personas que por cualidades personales tienen gran influencia en la gente. Los hombres no lo obedecen por la tradición o por lo estatuido, sino porque creen en él. Como se puede ver fácilmente en la historia, la dirección carismática ha surgido en todas partes y en todas las épocas. Pero una aclaración que hace Webber en su escrito “La política como profesión” es que resulta importante destacar que la forma de demagogo es peculiar de Occidente y que la forma de conducción política bajo el formato de líder de partido ha surgido del Estado constitucional, que es también originario sólo de Occidente. También es pertinente considerar otra aclaración que hace Webber en el mismo texto, y es que “estos políticos por virtud de un llamado en el sentido más genuino de la palabra no son, en ninguna parte las únicas figuras decisivas en las contracorrientes de la lucha política por el poder. La clase de medios auxiliares que están a su disposición es altamente decisiva.”

Es decir que no por el mero hecho de ser líderes carismáticos llegan, sin más, al poder, y hacen uso de él, sino que cuentan además con otras “armas” para conseguirlo.

Y en tercer y último lugar, está el dominio en virtud de la legalidad, en la creencia de lo estatuido legalmente y en la competencia funcional, basada en reglas creadas racionalmente. En este caso, la obediencia se espera por el cumplimiento de las obligaciones estatuidas. Es decir que se obedece porque legalmente así está establecido. Por ejemplo, al término de una presidencia debe convocarse a elecciones para elegir a una nueva persona que ocupe el cargo, si las elecciones se realizan en forma legal y el que resulta elegido también lo logra legalmente, entonces por más que yo no lo haya votado, por el hecho de que es mi obligación obedecer las leyes, debo aceptar tanto al nuevo presidente como a todas las modificaciones que este quiera llevar a cabo, siempre y cuando, obviamente, las realice dentro del marco legal.

Hay que tener en cuenta de que estas legitimaciones son ideales pero que no se ven en la realidad en sus tipos “puros” sino que se dan en diferentes combinaciones.

Otro punto a tener en cuenta es que toda empresa de dominación requiere un cuerpo administrativo. Ese personal administrativo representa la organización del dominio político, está sometido al detentador del poder y maneja los medios de administración (dinero, edificios, elementos de guerra, vehículos, etc). Estas asociaciones políticas en donde los medios de administración antes descriptos están controlados autónomamente, en forma total o parcial, por el personal administrativo que depende del detentador del poder, pueden llamarse “asociaciones organizadas en estamentos”. En estas asociaciones se ve claramente que quien gobierna lo hace con ayuda de un grupo de personas y por lo tanto comparte su poder con ellos. Esta forma de gobierno es clara de los Estados Burocráticos, como el nuestro. El orden del Estado burocrático es especialmente importante, y en su desarrollo más racional es característico del Estado Moderno. Este Estado moderno, controla todos los medios de organización política, ningún funcionario posee personalmente el dinero, ni los edificios, almacenes, maquinaria de guerra, etc.

Entonces, para resumir, podemos decir que el Estado moderno es una asociación obligatoria, que organiza el poder. Ha tenido éxito al tratar de monopolizar el uso legítimo de la fuerza física como medio de dominio dentro de un territorio. Para este fin el Estado ha concentrado los medios materiales de gestión en manos de sus líderes y ha expropiado a todos los funcionarios autónomos que antes controlaban dichos medios por derecho propio.

Dejando un poco de lado las diferentes concepciones de Estado, veamos donde empiezan a surgir los estados burocráticos.

Napoleón Bonaparte, emperador francés nacido en 1769, en su época de gobernante, fue uno de los primeros en darse cuenta de que armando una burocracia administrativa podría hacérsele más fácil gobernar, ya que podía, de esta manera, deslindar responsabilidades en otras personas. Esa burocracia administrativa fue pensada por Napoleón como un cuerpo que perdurara independientemente de los cambios de gobernantes.

Walter Lippmann, periodista, en dos escritos (Public Opinion, 1922, y The Phantom Public, 1925) redefine la democracia. Dice que la democracia ya no es lo que era en su momento para los griegos: “el gobierno del pueblo”. Abandona la concepción griega de que el pueblo era la única autoridad legítima para gobernar y de que la persona tiene el deber de intervenir directamente en la política. No considera que para que una ciudad sea democrática todos sus ciudadanos deban reunirse a menudo para ejercer su gobierno soberano en los asuntos públicos, como lo hacían los griegos.

Y fundamenta esto diciendo que la visión griega de la democracia está ahora fuera de tiempo y espacio. Los griegos aclaran muy bien que la democracia debe tener modesto tamaño, no sólo para que todos los ciudadanos puedan congregarse en la asamblea y actuar así como cogobernantes de la ciudad, sino también para que se conozcan entre ellos, ya que para perseguir el bien de todos, los ciudadanos deben ser capaces de conocer el bien de cada uno y de comprender el bien común que cada cual comparte con los otros. Según Lippmann las ciudades industriales eran diferentes, mucho más grandes y complejas que las polis griegas, y que por ende las raíces de la teoría democrática se hallaban en circunstancias sociales que ya no existían. En el entorno amplio e imprevisible del mundo moderno, el antiguo ideal de ciudadanía quedaba sin valor. Los ciudadanos no pueden participar directamente del gobierno, el debate público ya no tiene razón de ser, ya que estas sociedades por mucho más complejas que las del siglo V a. C. requerían un gobierno por funcionarios que debería guiarse por la opinión pública o por el conocimiento de los expertos. Y hete aquí otro inconveniente.

Lippmann desconfiaba de la opinión pública. Dicha desconfianza se basaba en la distinción epistemológica entre opinión y verdad. La verdad era, para él, la que “nacía de la investigación científica desinteresada”. Opinión era “ideología”.

Según Lippmann, y entra aquí en total contradicción con los pensamientos griegos, el debate público no era “la esencia de la democracia sino su principal defecto” y lo ideal sería que “no hubiera debate público en lo absoluto”.

En resumen, lo que plantea Lippmann es que la democracia no significaba que el pueblo se gobernara literalmente a sí mismo, sino, que en realidad, la participación del pueblo era estrictamente procedimental. Dice que el interés de la gente no llega hasta la sustancia de la toma de decisiones, “el público no está interesado en las leyes, en la sustancia de las leyes, sino en el método de la ley”. Acorde a su opinión, los asuntos sustanciales debían ser decididos por “administradores preparados cuyo acceso a la información fiable los inmunizaría contra los símbolos y estereotipos emocionales que dominaban el debate público”. El pueblo no era competente para gobernarse a sí mismo y tampoco le preocupaba hacerlo. Según Lippmann, mientras estuvieran vigentes las reglas del juego limpio, la gente estaría por entero feliz de dejar el gobierno a los expertos.

Hay que tener en cuenta que esta “profesionalización de la política” produjo una “profesionalización del periodismo”. Para este famoso periodista, el papel de la prensa consistía en transmitir la información, y no en fomentar la discusión. Para él, la información no se complementaba con la discusión, había discusión cuando faltaba la información fiable. Lo que no tenía en cuenta era lo que supuestamente debería haber aprendido de William James y John Dewey: que nuestra búsqueda de información fiable se guía precisamente por las preguntas que surgen en las discusiones sobre un curso de acción dado. Es decir que sólo llegamos a ser conscientes de lo que sabemos y lo que nos queda por saber sometiendo nuestras preferencias y proyectos a la prueba del debate. Claramente se puede ver esto en un fragmento del capítulo nueve, “El arte perdido de la discusión”, del libro “La rebelión de las élites y la traición a la democracia” de Cristopher Losch: “Mientras no tenemos que defender nuestras opiniones en público siguen siendo opiniones en el sentido peyorativo de Lippmann: convicciones a medio formar basadas en impresiones fortuitas y suposiciones acríticas. Lo que hace que nuestros puntos de vista trasciendan la categoría de opiniones es la acción de expresarlas y defenderlas, es lo que les da forma y definición y permite a otros reconocerlas también como una descripción de su propia experiencia”.

Un punto a tener en cuenta es que en el intento por convencer a los demás de nuestros puntos de vista se corre el riesgo de que seamos nosotros los convencidos por el punto de vista ajeno. De esto se desprende que la discusión es imprevisible, arriesgada y por lo mismo educativa. Lippmann concebía la discusión como un choque de dogmas rivales, un combate a gritos en los que ninguno de los participantes cede terreno. Pero las discusiones no se ganan de esta manera, callando a gritos a nuestro oponente, sino de la manera antes explicada, logrando que nuestro oponente cambie su opinión; y esto puede suceder solamente si escuchamos con respeto los argumentos contrarios y persuadimos a nuestro contrario de que en esos argumentos hay algún error.

La prensa amplía el alcance de la discusión complementando la palabra hablada con la escrita. Lippmann apoya la profesionalización de la prensa porque dice que hasta ese momento no era fiable porque no daba representaciones adecuadas de la realidad sino imágenes simbólicas y estereotipos, como ocurrió con los periódicos norteamericanos en la época de la Revolución Rusa, cuando daban a sus lectores una versión deformada de la Revolución, por los prejuicios antibolcheviques. Pero si la prensa adoptaba ese ideal lippmanniano de objetividad “ya no servía para cultivar ciertos hábitos esenciales en la comunidad: la capacidad de entender un argumento, de captar el punto de vista ajeno, de ampliar los límites de la comprensión y de discutir los distintos objetivos que se podrían perseguir”, fueron las acertadas palabras de James W. Carey. Otro factor importante a tener en cuenta cuando hablamos de que la prensa se profesionaliza, de que abandona su función más importante (ampliar el foro público) es que hubo un auge simultáneo de las industrias publicitaria y de relaciones públicas. La prensa responsable, en contraposición a la partidista o de opinión, atraía a la clase de lectores a los que querían llegar los anunciantes (lectores adinerados, que se consideraban a sí mismos votantes independientes). Estos lectores querían estar seguros de estar leyendo todas las noticias dignas de ser imprimidas y no la visión de las cosas particular de un director. En un vuelta de tuerca, los anuncios, publicidades y demás tipos de persuasión comercial llegaron a presentarse como información. Los anuncios y las publicidades sustituyeron al debate público.

La decadencia de la prensa partidista y el ascenso de un nuevo tipo de periodismo que pretendía la objetividad por sobre todas las cosas, no garantiza un suministro fiable de información utilizable. Si la información no procede de un continuo debate público, puede ser irrelevante o hasta manipuladora. La información empieza a ser generada por los que quieren promocionar algo o a alguien. De esta manera y en su afán por informar al público, una gran parte de la prensa se convierte en algo parecido al correo publicitario. Esa institución que antes servía para ampliar el ámbito de la discusión ahora transmite una cantidad de información inútil que nadie desea. El problema, son las consecuencias de esta obsesión por la información: se socava el prestigio de la palabra. Las palabras comienzan a ser usadas como instrumentos de publicidad y pierden, así, su poder de persuasión. Dejan de tener significado. La gente ya no es capaz de emplear el lenguaje precisa y expresivamente.

Volviendo al tema de la necesidad, o no, de una burocracia administrativa que colabore en el manejo del Estado, Webber hace, en su obra “La política como profesión”, una aclaración muy interesante. Dice que la burocracia no es solamente un cuerpo administrativo que colabora en el manejo del Estado, como habíamos dicho antes, sino también un incentivo a la lucha de los partidos.

En tiempos remotos, los príncipes premiaban a sus guerreros con terrenos y/o dinero, cuando ganaban una guerra o conquistaban un territorio, actualmente los líderes de los partidos reparten cargos en pago por los buenos servicios prestados por sus partidarios: “Todas las luchas de partidos no son únicamente luchas por programas, sino, también, y sobre todo, rivalidades por controlar la distribución de los cargos”.

Otro tema que aborda Webber, y aquí coincide, en cierta medida, con Lippmann es que el verdadero funcionario no debe hacer política, justamente en virtud de su profesión, debe administrar y ante todo, de manera imparcial. Los funcionarios administrativos deben administrar su cargo sin “cólera ni prejuicio”, dice Webber. Se deduce que no deben hacer lo que el político, el líder y sus partidarios deben hacer siempre, es decir combatir. Tomar una posición, ser apasionado son los elementos constitutivos del líder político. “Su conducta está sujeta a un principio de responsabilidad opuesto al del funcionario civil”.

Un tema que queda pendiente es el cuestionamiento de que si el avance de toda esta burocracia administrativa implica o no una expansión de la ciudadanía…

A mi entender el avance de la burocracia no sólo no implica una expansión de la ciudadanía sino que la hace retroceder. Cuanto más grande y poderoso es el cuerpo burocrático más coartada se encuentra la gente de ejercer sus derechos ciudadanos. Más alejada se encuentra de los niveles del gobierno que le pueden dar respuestas a sus problemas, tiene menos participación. Todas las decisiones son tomadas por el gobierno y su cuerpo burocrático y la participación del pueblo queda limitada, casi podríamos asegurar, meramente al voto.