Régimen liberal español y guerras carlistas

Historia de España contemporánea siglo XIX. Liberalismo. Revolución de 1848. Sucesión dinástica. Reinado Isabel II

  • Enviado por: Lucas López
  • Idioma: castellano
  • País: España España
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TEMA 7: DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CAMBIOS POLÍTICOS (1833-1874)

1.- El inicio del régimen liberal y la guerra carlista (1833-1840)

La muerte de Fernando VII, en 1833, abrió un largo período de transformación de la vida espaðola, dando lugar al nacimiento y consolidación de nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. En este período podemos destacar tres grandes etapas:

- La revolución liberal y la guerra carlista (1833-1843).

- La era isabelina. El liberalismo moderado (1844-1868).

- El sexenio revolucionario (1868-1874).

Los aðos treinta presenciaron un cambio revolucionario: el triunfo del régimen liberal. Debido a él, Espaða superó el Antiguo Régimen y entró en la Modernidad.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL (1833-1874)

Entre 1833 y 1874 Europa vive uno de los momentos más trascendentales de su historia contemporánea. Al principio, el período continúa el sistema impuesto por la Restauración y, al final, se configura un nuevo mapa europeo, tras las unificaciones de Italia y Alemania. Entre ambos procesos desarrollará su acción ideológica y política la Revolución de 1848, llamada la AGloriosa@, protagonizada por la burguesía liberal y las masas reducidas a la miseria.

La oleada revolucionaria de 1848 se inició en febrero en París, extendiéndose rápidamente, dando paso a una auténtica revolución europea. La crisis económica de 1846-48 y el descontento político estuvieron en la base de un movimiento que afectó sobre todo a los estados de los Habsburgo, a Italia y a las ciudades alemanas. Durante 1849, la Reacción fue triunfando en toda Europa. Algo subsistió del llamado Aespíritu del 48@; por ejemplo, el sufragio universal implantado en Francia, la abolición de los últimos vestigios del régimen seðorial en Occidente y las Constituciones que sobrevienen en algunos estados.

A partir de ese momento, los reinos de Piamonte y Prusia se convirtieron, respectivamente, en los motores de las unificaciones de Italia y Alemania. Camilo Benzo, conde de Cavour, primer ministro del Piamonte, y el príncipe Otto Von Bismarck, canciller de Prusia fueron las dos personas que condujeron a los pueblos italiano y alemán a la culminación de su unidad política.

EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN DINÁSTICA

La muerte sin descendencia masculina del rey Fernando VII generó en la vida espaðola una situación de incertidumbre política.

La Ley de las Partidas, basada en la tradición castellana, declaraba heredera del trono en este caso a la hija mayor del Rey. Esta ley permaneció invariable hasta la llegada de la casa de Borbón al trono de Espaða que, mercede al Auto Acordado de 1713, estableció la Ley Sálica francesa, excluyendo del trono a las mujeres. El orden sucesorio de las Partidas fue restablecido en la Constitución de 1812, pero Fernando VII declaró nula la Constitución, con lo que invalidó la ley.


El mismo aðo en que nacía su hija mayor, la futura Isabel II, el rey Fernando VII hizo pública la Pragmática de 1830, en la cual sancionaba y aprobaba la costumbre inmemorial establecida en el régimen de las Partidas.

Los carlistas, partidarios al trono de don Carlos María Isidro, hermano del rey Fernando VII, interpretaron la decisión real como una conjura de los liberales en contra de su pretendiente. Privado don Carlos de sus aspiraciones, accedió al trono Isabel II, una niða de apenas tres aðos, ocupándose de la regencia su madre, la reina María Cristina.

EL NACIMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

Las fuerzas políticas del momento estuvieron representadas por el Partido Moderado y el Partido Progresista. Siendo ambos liberales, discrepaban en cuanto a la amplitud y a la profundidad de las reformas que había que llevar a cabo para instaurar un nuevo régimen.

El Partido Moderado pretendió una reconciliación con las antiguas clases dirigentes que hiciera del liberalismo una síntesis de lo viejo y lo nuevo. Defendía la soberanía nacional como emanación de dos instituciones: el Rey y las Cortes. Concebía un poder legislativo bicameral en el que una de las cámaras (el Senado) estaría integrada por miembros natos o elegidos por la Corona y la otra (el Congreso), elegida mediante sufragio censitario. Además, apoyaban un Estado centralizado y un poder ejecutivo fuerte.

A esta opción política perteneció la alta burguesía (terratenientes, hombres de negocios y fabricantes) e importantes sectores de las clases medias (profesiones liberales, propietarios, jefes y oficiales del ejército).

El Partido Progresista defendía que la soberanía nacional residía exclusivamente en las Cortes, aunque en la práctica aceptaba el papel moderador de la Corona y el sistema legislativo bicameral, pero limitando las prerrogativas del trono. Admitían el sufragio censitario, al mismo tiempo que defendían un cuerpo electoral más amplio. Amparaban la libertad de prensa y el carácter democrático de los Ayuntamientos. Dos puntos les aproximaban a las fuerzas populares: el modelo municipal democrático y la creación de la milicia nacional.

En él se integrarán las clases medias y artesanas de la ciudad, los pequeðos comerciantes, empleados en general y algunas clases del ejército.

Estos dos grupos protagonizaron el proceso político entre 1833 y 1868, aunque los progresistas sólo participaron en períodos cortos y siempre a raíz de una insurrección popular apoyada por un pronunciamiento militar. Del ala izquierda del progresismo surgieron otras fuerzas políticas de tendencias democrático-republicanas.

GEOGRAFÍA Y SOCIOLOGÍA DEL CARLISMO

Cuando murió Fernando VII y María Cristina fue proclamada como reina gobernadora, tuvieron lugar los primeros levantamientos.

La guerra civil, planteada en sus orígenes en términos dinásticos fue, además de una lucha por la sucesión del trono de Espaða, una confrontación entre el absolutismo y el liberalismo representados por las fuerzas sociales en conflicto.


El carlismo se localizó y mantuvo su resistencia en las regiones donde persistió la tradición foral y los campesinos gozaron de relativa independencia económica: el País Vasco, Navarra, las tierras montaðosas situadas al sur del Bajo Ebro (Maestrazgo) y Cataluða. El peso decisivo del movimiento recayó sobre el campesinado y el clero de ciudades de provincias, a los que se unieron algunos miembros de la aristocracia, de la burocracia, del ejército y algunos asalariados de esas zonas.

Los liberales y sus partidarios se asentaron preferentemente en los núcleos urbanos. Se surtían de las clases medias ilustradas, de la aristocracia latifundista y de la burguesía de los negocios, de artesanos y de pequeðos comerciantes y de campesinos sin tierra.

CARLISMO Y GUERRA CIVIL: LAS FASES DE LA CONTIENDA

Las operaciones militares se desarrollaron en tres fases:

- La primera fase, de organización de las fuerzas enfrentadas, estuvo protagonizada por la personalidad del general carlista Tomás de Zumalacárregui. Su muerte supuso un gravísimo revés para los carlistas que no consiguieron ni generalizar la guerra ni unir los territorios bajo su control.

- La segunda fase se prolongó hasta el fracaso de la llamada Aexpedición real@ sobre Madrid. En ella cobró una especial virulencia la guerra en el Maestrazgo, cuyas operaciones dirigía el general carlista Ramón Cabrera.

- La fase final concluyó en 1840. El hecho más revelador fue la crisis interna que aquejaba a ambos bandos, lo que facilitó un movimiento de acercamiento entre las fuerzas enfrentadas, culminado con la firma del Convenio o Abrazo de Vergara en 1839. Los generales Baldomero Espartero (isabelino) y Rafael Maroto (carlista) fueron los interlocutores principales.

El balance político se tradujo en la aceptación política por los carlistas de Isabel II como reina; a cambio, los vencedores apoyaron la confirmación de los fueros vasconavarros. La guerra carlista dejó hondas secuelas: radicalizó la vida política e intensificó el desorden y la inseguridad en las áreas rurales, y familiarizó al pueblo espaðol con el heroísmo, pero también con la crueldad y con la barbarie.

2.- La época de las regencias (1833-1843)

La minoría de edad de Isabel II transcurrió durante este tiempo bajo las regencias, primero de la Reina María Cristina (1833-1840) y después del general Baldomero Espartero (1840-1843). Tres aspectos fundamentales configuraron la actividad política de estos aðos: la consolidación del régimen liberal, la continuación de la labor desamortizadora y la intervención en la vida pública de los militares.

LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA (1833-1840)

La consolidación del régimen liberal:

Fue una consolidación difícil por la falta de coherencia entre los propósitos de renovación y la estructura social del país, caracterizada por la existencia de una débil burguesía y de una importante masa campesina.


El movimiento constitucionalista se concretó en dos importantes realidades: el Estatuto Real de 1834 y la Constitución de 1837.

En el Estatuto Real de 1834 cristalizó el programa del partido moderado. En él se plasmaba un régimen basado en la soberanía de dos instituciones históricas (el Rey y las Cortes) y la formación de éstas últimas en dos cámaras distintas: la Cámara de Próceres, formada por la aristocracia, el alto clero, propietarios e intelectuales, nombrados todos por el rey; y la Cámara de Procuradores, elegida por sufragio censitario. El Rey tenía iniciativa legal, lo que congelaba la actividad de las Cortes y aumentaba la desconfianza de los progresistas hacia la institución monárquica.

Dos logros del constitucionalismo se echaban de menos en el Estatuto: la soberanía nacional y el reconocimiento de los derechos individuales del individuo, claves de la ideología liberal.

Los movimientos revolucionarios del verano de 1835, que dieron lugar a la formación de Juntas locales y provinciales capaces de enfrentarse al gobierno central, precipitaron los acontecimientos, obligando a la reina regente a recurrir a los liberales radicales. Liquidado el radicalismo de las Juntas y restablecido el poder central, el triunfo del progresismo se reflejó en un nuevo texto constitucional: la Constitución de 1837.

La Constitución de 1837 recogía el principio de la soberanía nacional y los derechos individuales, y definía como principal función de las Cortes la elaboración de las leyes.

Uno de los elementos progresistas derivados de la Constitución fue la Ley de Ayuntamientos de 1840. Frente a los moderados, que defendían la designación regia de los alcaldes, los liberales mantuvieron su libre elección por la vecindad.

La desamortización:

El apoyo del clero a la causa carlista y la necesidad estatal de recursos financieros impulsaron la obra desamortizadora, enmarcada dentro de las reformas del proyecto progresista liberal.

La desamortización constituyó la medida más revolucionaria del gobierno liberal. En el Antiguo Régimen era normal que determinados sectores sociales dispusieran de una masa de bienes acordes con su protagonismo social. Así, la nobleza no podía repartir sus bienes, sino sólo transmitirlas íntegras al primogénito. La Iglesia y los municipios disponían también de considerables bienes vinculados. La desamortización consistió en desvincular dichas tierras de sus propietarios a través de medidas legislativas, permitiendo su venta, enajenación o repartimiento.

La importancia de esta medida era considerable. Pretendían privar a los antiguos estamentos de su fuerza económica y dotar de tierras a los campesinos carentes de ella, propiciando así una explotación más adecuada del campo espaðol.

La desamortización de Juan Álvarez de Mendizábal (1836-1837) legitimó la desvinculación del patrimonio nobiliario y civil y declaró propiedad nacional los bienes raíces, rentas y derechos de las comunidades religiosas, disponiendo su salida a pública subasta.

El militarismo en la vida política espaðola:


La intervención del ejército en la vida pública espaðola se convirtió en arma decisiva de las grandes revoluciones políticas. La resolución militar de la guerra carlista y la propia debilidad de la burguesía convirtieron al ejército en el árbitro de la situación política. Nombres importantes fueron Espartero, Narváez, O=Donnell, Prim y Martínez Campos. El militarismo marcó la política espaðola desde los inicios de la revolución liberal, prolongándose durante todo el reinado isabelino.

ESPARTERO EN EL PODER (1840-1843)

Amparados por la Ley de Ayuntamientos de 1840, los progresistas suscitaron un movimiento insurreccional que obligó a la regente a recurrir al general Espartero, vencedor de la guerra carlista. La suspensión de dicha ley y la decisión de disolver las Cortes provocaron la renuncia de María Cristina a la regencia, siendo asumida por el general Baldomero Espartero.

Se prosiguió la tarea de consolidación del régimen, mediante el desarrollo de la Constitución y de la desamortización. Sin embargo, la regencia de Espartero fue muy inestable, debido a la escisión del progresismo y al intento de los moderados de derribar al regente mediante el sistema del pronunciamiento.

Después del fracaso del pronunciamiento de O=Donnell de 1841, la revuelta de Barcelona en 1842 condujo a la ruptura definitiva. El bombardeo de la ciudad y la consiguiente represión acrecentaron la impopularidad del regente. Una coalición de fuerzas antiesparteristas impulsaron el pronunciamiento del general Ramón María de Narváez, que se hizo con el poder. Las Cortes, para evitar una nueva regencia, adelantaron la mayoría de edad de Isabel II, y así fue coronada reina a los trece aðos.

3.- La era isabelina. El liberalismo moderado (1844-1868)

Durante este período conservador se produjo la consolidación del régimen liberal y de sus instituciones político-administrativas. La exclusión de los progresistas del poder debilitó las bases político-sociales del régimen, que terminó siendo derribado en la Revolución de 1868.

LA DÉCADA MODERADA (1844-1854)

Durante este período, fueron hombres jóvenes los que protagonizaron la actividad política espaðola, institucionalizando el régimen liberal, normalizando las relaciones con la Iglesia y reformando la Administración Pública.

La Constitución de 1845 y el Concordato de 1851:

La Constitución de 1845 conllevó la concepción doctrinal del liberalismo moderado, según la cual, la Corona y las Cortes son conjuntamente depositarias de la soberanía nacional, compartiendo el poder legislativo. Se otorgan a la Corona más prerrogativas que antes, como el nombramiento de los ministros, la disolución de las Cortes, la sanción de las leyes y la designación de los miembros del Senado. Sin embargo, los diputados siguen siendo elegidos por sufragio censitario.


El Concordato de 1851 tuvo una importancia relevante, ya que por él quedaba zanjada la ruptura que se había producido entre la Iglesia y el estado liberal como consecuencia de la desamortización. En él, la Santa Sede aceptó la desamortización eclesiástica y ratificó el APatronato Regio@, es decir, el derecho del Estado de presentar a los candidatos a obispos para las sedes vacantes. Por su parte, Espaða reconocía la unidad católica y la confesionalidad del Estado, al tiempo que concedía la protección del poder civil a la Iglesia y reconocía su intervención en la enseðanza.

Con ocasión de la Revolución de 1868 sobrevendrán nuevas situaciones de ruptura.

Las reformas administrativas. La burocracia y el Estado:

Los moderados configuraron un régimen político basado en el control total de la Corona sobre los mecanismos reguladores de la acción política. Su actuación se llevó a cabo bajo el signo del centralismo político-administrativo, con las siguientes reformas:

- La creación de la provincia como nueva demarcación territorial.

- La Ley de Organización de los Ayuntamientos de 1845, que reservaba a la Corona la designación de los alcaldes.

- La reforma del sistema tributario, de Alejandro Mon, que implantó un sistema de impuestos más uniforme y equitativo mediante la supresión de las particularidades regionales. Esta reforma se completó con la creación del Banco de Espaða.

- La elaboración del Código Penal de 1848.

- La creación de la Guardia Civil por el duque de Ahumada en 1844, con la que se pretendía resolver el problema de la seguridad de los caminos y de las vías férreas.

La Revolución de 1854 y la caída del régimen moderado:

La principal amenaza del moderantismo procedía de sus propias filas, debido a las fracciones internas del partido, a la tendencia del gobierno a posiciones ultraconservadoras y el aumento del malestar político a consecuencia de la corrupción, las arbitrariedades y los escándalos financieros.

El general Leopoldo O=Donnell lideró un pronunciamiento militar contra el gobierno (la AVicalvarada@) en 1854, en las cercanías de Madrid (Vicálvaro). Su politización, a través de un manifiesto redactado por Antonio Cánovas del Castillo, determinó la movilización de los grupos progresistas, que incitaron la insurrección popular.

En medio de la confusión general, la reina Isabel II llamó a Espartero, por lo que la Revolución triunfó.

EL BIENIO PROGRESISTA (1854-1856)

Tres hechos relevantes marcaron la obra política de este período:

- El texto constitucional de 1856 que, aunque aprobado por las Cortes, no fue promulgado.


- La Ley de Desamortización General de 1855, conocida por el ministro que la propuso, Pascual Madoz, y que venía a completar la obra de Mendizábal. Afectaba sobre todo al clero secular y a los bienes municipales. La venta de los bienes eclesiásticos suscitó la ruptura de relaciones con la Iglesia, mientras que la desamortización de los bienes municipales encontró una fuerte oposición de los moderados y de algunos progresistas.

- La Ley General de Ferrocarriles de 1855, la más destacable junto a otras relacionadas con las sociedades de crédito, la banca y la minería.

Entre lo más novedoso de esta etapa hay que destacar el inicio de conflictos de tipo social como consecuencia de la grave situación económica.

EL DESMORONAMIENTO DE LA MONARQUÍA ISABELINA (1856-1868)

Fue un período inestable. Tras un breve gobierno de O=Donnell, la Reina llamó a los moderados, quienes, dirigidos por Narváez, gobernaron hasta 1858. En este bienio (1856-1858) se produjo un retorno a las instituciones anteriores a 1854. O=Donnell contestó organizando un partido de centro, la Unión Liberal, integrado por progresistas y un sector del partido moderado.

El Gobierno de la Unión Liberal (1858-1863):

La vuelta de O=Donnell expresaba el deseo de ampliar las bases políticas y sociales del régimen con el fin de atraerse a los progresistas y evitar su permanente aislamiento.

Las divisiones internas, los levantamientos campesinos y republicanos y el fracaso del programa de conciliación liberal originaron la caída de O=Donnell.

Hacia la Revolución de 1868:

La actuación autoritaria de los gobiernos que se sucedieron entre 1863 y 1868 acrecentó la oposición al régimen isabelino. En 1866, progresistas y demócratas acordaron en Ostende (Bélgica) un programa mínimo: el destronamiento de Isabel II y la convocatoria de Cortes constituyentes por sufragio universal. La muerte de O=Donnell en 1867 empujó a los unionistas hacia la causa revolucionaria culminando en la Revolución de 1868.

4.- El sexenio revolucionario (1868-1874)

El sexenio revolucionario es el período comprendido entre el destronamiento de la reina Isabel II y la restauración de la monarquía borbónica. Entre ambas fechas tuvo lugar la experiencia de la Primera República.

LA REVOLUCIÓN DE 1868: ALA GLORIOSA@

El alzamiento se inició en Cádiz, al mando de los generales Serrano, Dulce y Prim, y el almirante Topete. Pronto la sublevación se generalizó por Andalucía, donde las tropas gubernamentales, al mando del marqués de Novaliches, fueron derrotadas en el Puente de Alcolea (Córdoba). La derrota obligó a Isabel II a refugiarse en Francia.


EL pronunciamiento se consolidó gracias a la acción de las Juntas Revolucionarias provinciales y locales. El poder político fue ejercido por la Junta Revolucionaria de Madrid, que confió el poder al general Serrano. Éste tomó medidas para estabilizar la Revolución: el control de la administración del Estado, la promulgación de los decretos que llevaran a cabo las demandas de las Juntas Revolucionarias y la convocatoria de Cortes constituyentes.

Dicha convocatoria abría paso a la configuración jurídico-política de un nuevo régimen. Las elecciones dieron la mayoría a la coalición de los unionistas, progresistas y demócratas, aunque los republicanos dieron muestra de su poder e influencia obteniendo setenta escaðos. Elegidas por sufragio universal, confirmaron en su cargo al general Serrano, al tiempo que preparaban la elaboración de un nuevo texto constitucional.

La Constitución de 1869:

Inspirada en las precedentes de 1812 y 1837, es considerada la primera Constitución democrática de nuestra Historia. Sus características más importantes son:

- Una amplia declaración de derechos, incluyendo algunos no reconocidos hasta entonces, como la inviolabilidad de la correspondencia y la libertad de trabajo para los extranjeros.

- El reconocimiento de la soberanía nacional, de la que salen la legitimidad de la monarquía y la descentralización política y administrativa.

- El poder del rey se concebía como el de un monarca constitucional, cuyas facultades ejecutivas desempeðaban los ministros.

- El poder judicial residía en los Tribunales de Justicia.

- La cuestión religiosa recibió un tratamiento avanzado, al reconocerse el derecho a la libertad de cultos.

EL REINADO DE AMADEO SABOYA (1871-1873)

Sancionada la Constitución era preciso encontrar un rey que inaugurase la nueva dinastía. Gracias a las gestiones efectuadas por el general Juan Prim, el príncipe italiano Amadeo de Saboya aceptó el trono de Espaða. El joven monarca comenzó su reinado siendo criticado por republicanos, carlistas y partidarios del príncipe Alfonso (el hijo de Isabel II).

Tuvo que apoyarse en dos grupos políticos: el constitucional, liderado por Práxedes Mateo Sagasta, formado por los unionistas y los elementos más moderados del progresismo; y el radical, dirigido por Ruiz Zorrilla, formado por progresistas y demócratas, partidarios de reformas audaces.

A las fuerzas sociales y económicas se sumó la oposición de los republicanos, que constituyeron una minoría favorable a la República, y los carlistas, que se levantaron en armas en mayo de 1872.

Así, tras dos aðos de reinado, en 1873 Amadeo Saboya presentaba el acta de abdicación de la Corona. Ese mismo día, Congreso y Senado proclamaban conjuntamente la República.

LA PRIMERA REPÚBLICA (1873-1874)

En este corto espacio de tiempo se sucedieron en la presidencia de la República hasta cuatro presidentes: Estanislao Figueras, Francisco Pi y Margall, Nicolás Salmerón y Emilio Castelar.


La instauración de la Primera República fue la única alternativa a la crisis de la monarquía democrática. Sin embargo, el contexto en el que nacía era hostil: la Hacienda Pública estaba exhausta, en el ejército predominaban las tendencias hacia posiciones monárquicas y en ese momento se libraban dos contiendas bélicas (la tercera guerra carlista y el movimiento independentista cubano), así como existía un clima internacional ajeno a los problemas espaðoles.

La República federal y el movimiento cantonalista:

El intento de Estanislao Figueras de construir una república federal encontró una doble oposición: la de los radicales, que propugnaban una república unitaria, y la de los federalistas, más extremados, que pensaban que el federalismo debía imponerse a través de un impulso revolucionario.

Al dimitir Figueras, Pi y Margall convocó elecciones generales, enfrentándose a dos problemas graves: el recrudecimiento de la guerra carlista y la insurrección cantonal. La primera era herencia de la etapa anterior; la segunda surgió de la propia dinámica del régimen republicano.

El movimiento cantonalista fue un rebrote de los particularismos regionales y locales alentado por los republicanos más exaltados: surgió como un sentimiento de protesta que atribuía los males nacionales a la uniformidad y al autoritarismo del gobierno central.

En Andalucía, los federales tomaron los ayuntamientos, constituyeron comités de salvación pública y declararon las ciudades cantones independientes.

El movimiento cantonalista evidenció la debilidad del gobierno republicano. Tras la fugaz presidencia de Nicolás Salmerón, Emilio Castelar aplicó la pena de muerte, llamó al ejército para imponer el orden, reforzó el poder del Estado y suprimió el principio federal.

La República unitaria:

Si la presidencia de Castelar representó un viraje hacia la derecha, los generales victoriosos en la campaða cantonalista se convirtieron en los árbitros de la situación y, en 1874, un golpe del general Manuel Pavía le obligó a dimitir. Comenzaba la República del 74, presidida por el general Serrano.

Pero la causa alfonsina, bajo la hábil dirección de Antonio Cánovas del Castillo, proseguía su labor de captación de adhesiones. Sin embargo, el general Arsenio Martínez Campos precipitó su triunfo al pronunciarse en Sagunto, proclamando rey de Espaða a Alfonso XII, hijo de Isabel II.