Para poder responder a la pregunta es necesario conocer las características de la agricultura europea. La característica fundamental de nuestro continente es la heterogeneidad determinada por la historia, el marco jurídico, el diferente nivel de formación, el envejecimiento, etc. Estos factores determinan la dificultad de llegar a acuerdos en la PAC.

Las diferencias se manifiestan en:

El sistema agroalimentario presenta actualmente características nuevas, basadas en la tecnología, el comercio y los cambios socioculturales. En Europa posee un peso bastante importante donde destaca Alemania con un 20,4%; España aporta el 9,6%. Las circunstancias en nuestro país son bastante distintas a las de Alemania, Francia o Reino Unido.

En nuestro país predominan:

La certificación de calidad ha de tenerse muy en cuenta y parece que va a tener una importancia creciente en el futuro. Las pautas de consumo están cambiando por lo que la PAC debe vigilar las tendencias para evitar distorsiones en los mercados. La política agraria comunitaria ha protegido fuertemente a Europa pero con la ronda Uruguay el comercio será más libre lo que sin duda repercutirá en el sistema agroalimentario de todos los países de la Unión.

La industria agroalimentaria española puede calificarse hoy en nuestro país bastante importante, pero no está vista con muy buenos ojos, pese a tener una capacidad de arrastre de empleo mayor a lo de otros sectores y suponer hoy el 20% de la producción y el 17% del empleo. El sector español está muy diversificado lo que dificulta la defensa de nuestros intereses. Hay además una gran cantidad de pequeños establecimientos, especialmente en sectores tradicionales, que deberían ser apoyados por la PAC para favorecer su concentración y competitividad.

El campo español está fuertemente determinado por la poca apertura de la economía española durante muchos años y su alto nivel de protección. Habitualmente las industrias se concentran cerca de las zonas próximas a las materias primas y las zonas de consumo (21% en Cataluña, 18,7% en Andalucía). Se debe seguir apoyando la creación de empresas pero las instituciones deben ocuparse de mantenerlas. En el caso agroalimentario se deberían favorecer a las industrias a través de la PAC. También debe animarse la cultura empresarial, en especial en países como el nuestro con un 95% de empresas con menos de 20 empleados y por tanto muy vulnerables a los ciclos y a las dificultades.

El factor externo al territorio español que más influencia tiene en lo agroalimetario es sin duda la PAC que debe ser reformada debido a múltiples causas, que afectarán sustancialmente al sistema agoalimentario, entre las que cabe destacar:

Todos estos factores llevarán a cambios en la PAC y por tanto en la agricultura española que deberán mantener difíciles equilibrios:

La entrada de productos extranjeros afectará a la agricultura española pero en este aspecto poco puede hacer la nueva PAC ya que se trata de aspectos internacionales de la OMC. Las economías menos competitivas en precios de algunos productos, como la nuestra, podrían verse muy perjudicadas. La solución podría una aproximación de los precios institucionales a los mundiales, acompañada de pagos compensatorios o bien ayudas internas que den lugar a exportaciones subvencionadas. La nueva PAC traerá la consolidación de ayudas directas que cambiarán los modelos de OCM vigentes. En la actualidad parece que se consolidan los sistemas de cuotas que no tendrían porque perjudicar a nuestro país, siempre y cuando se asignen adecuadamente; las cuotas pueden ser también a escala comunitaria. Parece que en el futuro adquirirán mayor importancia los sistemas de umbrales de retirada en los que España debe defender la aplicación de unos correctos límites, en especial para los productos más mediterráneos, que beneficien a nuestros agricultores en caso de dificultades. Cabe decir también que las cuotas han desplazado producción a sectores libres lo que puede distorsionar los mercados por lo que nuestras autoridades deben asegurarse de que estos trasvases no perjudicarán a ninguno de nuestros sectores.

En Europa parece que la oferta está controlada tras las reformas de 1992 pero la atención debe ser máxima porque bruscos incrementos de oferta (en especial en cuotas no subvencionadas o penalizadas) podrían afectar a sectores clave como el de los productos mediterráneos. En cuanto a la modulación (diferentes ayudas ante diferentes situaciones) España debería pedir ayudas a las pequeñas empresas y explotaciones así como a ciertas producciones menos competitivas que en otros lugares de Europa por problemas climáticos. La limitación de las ayudas beneficiaría también a los pequeños agricultores que no alcanzarían los topes de subvención, en detrimento de las grandes explotaciones. La mayor subvención en función de la calidad puede beneficiar a algunos sectores especializados de nuestro país.

Algunas de estas medidas se han aplicado ya pero debe pedirse su generalización para que las ayudas vayan fundamentalmente a quienes más lo necesitan y a quienes potencien la agricultura de calidad (para favorecer su competencia en los mercados). España se ha visto beneficiada por la reforma de 1992 (si bien parte de esta mejora proviene de las devaluaciones de nuestra moneda). Existen sin embargo posturas críticas de quienes ven en las ayudas una creciente dependencia. Estas reformas no solo han ayudado a agriculturas menos desarrolladas sino también a las de países como Francia o Reino Unido, perdiendo mucho Italia y los Países Bajos.

Una de las críticas que España puede hacer a la reforma de 1992 es que no desconecta suficientemente ayudas y producción (lo que perjudica a los menos competitivos). También se critica que los rendimientos históricos están comarcalizados y que por tanto penalizan a regiones como la mediterránea española donde conviven diferentes tipos de explotaciones en espacios muy reducidos.

El objetivo para España debe ser la generalización de los principios originales sin discriminación a los sectores pero teniendo en cuenta dos tipos de agricultura: una para producir más y mejor y otra destinada a mantener la producción.

Sobre el debate de la renacionalización de las ayudas España debe oponerse si no quiere ver su hacienda gravemente perjudicada, podría incluso admitirse una renacionalización de la garantía de los excedentes si fuera en todos los sectores, y no solo en los mediterráneos como inicialmente se propuso. En este caso la renacionalización de los sectores menos protegidos sería especialmente nociva para nuestros intereses.

En cuanto a la política rural podemos afirmar va a ser de importancia creciente con el paso del tiempo. España debería potenciar las líneas iniciadas en el presente con las ayudas moduladas, que deberían venir acompañadas de reformas en los tratados para mencionar el desarrollo rural centrándose en la mención al apoyo a la agricultura de calidad y el mantenimiento del sistema social rural con ayuda del FEOGA-Orientación. Hoy aparecen voces que hablan del agricultor como el guardián de la naturaleza, de la función redistributiva y la protección del paisaje. La política rural exige mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo ya que los recursos humanos son fundamentales. Igualmente deben apoyarse los valores culturales e históricos de cada región, a la vez que son integrados a través de las comunicaciones. Además el sector rural ya no solo depende de lo primario (aunque la agricultura sigue siendo un sector fundamental).

Para ayudar a todos estos importantes objetivos la Unión Europea cuenta con varios fondos que han tenido una importancia histórica creciente y que son concedidos en función de las necesidades de cada región.