LA JURISDICCIÓN (II): GARANTÍAS CONSTITUCIONALES. TEMA 3

I. LA UNIDAD JURISDICCIONAL

Al hablar de esto la CE, en el art. 117.5 consagra el principio de unidad y por su parte, la LOPJ, en el art. 3, insiste sobre este aspecto. El concepto de unidad jurisdiccional se opone a la existencia de jurisdicciones especiales, de forma que la potestad jurisdiccional, se encomienda exclusivamente a los Jueces y Tribunales que integran el Poder Judicial, prohibiéndose a cualquier otro funcionario, el ejercicio de esta potestad. Las llamadas jurisdicciones especiales, NO SE RIGEN por la LOPJ y carecen de la independencia, que es nota esencial de los Jueces y Tribunales de la jurisdicción ordinaria. El fundamento de la unidad jurisdiccional es el mismo que el de la legitimación del oficio judicial, es decir, la independencia y sumisión exclusiva a ley.

• Históricamente, el principio de unidad jurisdiccional se proclamaba en la Constitución de 1812, pero se instaura por primer vez con el Decreto-Ley de 6 de Diciembre, de unificación de fueros, por el que se suprimían las múltiples jurisdicciones subsistentes desde el antiguo régimen. Primo de Rivera vendrá a restringir el Principio, con la Ley de Jurisdicciones y la República, volverá a proclamarlo.

• En el franquismo, volverán a aparecer las jurisdicciones especiales mediante, los Tribunales de Orden Público, Leyes de Represión de Masonería y Comunismo, o las leyes de Bandidaje y Terrorismo.

• La Transición, hace surgir el intento de unificación, destacando la supresión de los Tribunales de Orden Público. Con la CE, en su art. 1117.5, se consagrará el principio de unidad jurisdiccional, como garantía de que sean unos solos y los mismos , predeterminados por ley, los órganos que puedan juzgar, en el Estado Español.

No se puede confundir unidad de jurisdicción con el hecho de que siendo una, tenga órdenes o manifestaciones distintas (Civil, Penal, Social, C-Admtvo).

Con respecto a la jurisdicción militar, la CE en su art. 117.5, la reconoce, si bien restringe su ámbito a lo expresamente previsto en el mismo, de forma que al hablar de jurisdicción militar, se deberá tener presente que, en el ámbito castrense, se aplica el Código Penal Militar, que la materia objeto de la jurisdicción, es la disciplina castrense, que el ámbito espacial, se refiere básicamente a los cuarteles y conductas en acto de servicio y que las personas que se podrán ver afectadas, son los militares. También existe una LOPM, y el Estatuto de los Cuerpos Jurídicos, es distinto al Estatuto relativo a los miembros de la carrera judicial y entre las diferencias existentes, la más importante es la falta de independencia, ahora bien, ese reconocimiento de la CE, para que no deje resquicio de duda sobre que no atenta a la unidad de jurisdicción, lleva consigo a establecer en el TS, la Sala 50 de lo Militar, introducida por el art. 55 LOPJ, como resultado de la reforma de la Ley Orgánica 4/87 de 15 de Junio.

II. LA EXCLUSIVIDAD JURISDICCIONAL.-

Se ocupará de que la función jurisdiccional, se atribuya con exclusividad a los órganos competentes (monopolio de enjuiciamiento de conflictos, en los órganos del Estado, creados al efecto).

Este Principio de Exclusividad, tiene 2 aspectos:

a.- Exclusividad en sentido positivo

b.- Exclusividad en sentido negativo

a.- En sentido positivo, se formula como que sólo los Jueces y Tribunales, pueden ejercitar la función jurisdiccional, entendiéndose como juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. A esto se refiere el art. 117.3 CE. Esta vertiente plantea unas cuestiones:

• A pesar del 117.3 CE, no se puede olvidar que existen otros órganos, a los que se atribuye también un ámbito de ejercicio, de funciones jurisdiccionales; ahora bien, estos ámbitos se mueven en un nivel distinto de los órganos a los que alcanza la jurisdicción ordinaria y es: la asistencia y ámbito jurisdiccional del TC, Tribunal de Cuentas o incluso Tribunales Supranacionales de carácter internacional.

• Se deberá resaltar que ni el Poder Legislativo, ni el Ejecutivo, podrán ejercer funciones jurisdiccionales. Existen otros ámbitos en que se cuestiona si el P. Ejecutivo, de alguna manera, realizará actuaciones que suponen invasiones de competencias jurisdiccionales:

• Autotutela ejecutiva de la Admón., haciéndose referencia con este término, a la posibilidad de la Admón. Pública, de ejecutar por sí sus propios actos administrativos, sin necesidad de acudir a órganos judiciales. Para ello la Ley 30/92 de 26 de Noviembre LRJAPAC , contiene medidas de ejecución forzosa (apremio, embargo,...), y para hacerlos eficaces, la Admón. Pública no necesita acudir a órganos judiciales. El límite a la actuación de la Admón. Pública, es la posibilidad de revisión jurisdiccional de los actos de la Admón., sujetos a Dº Admtvo., de los que conocerán los órganos jurisdiccionales y en concreto del orden contencioso-admtvo.

• Potestad sancionadora, ya que la Admón. Pública, podrá enjuiciar y sancionar conductas, pero con un límite, y así el art. 25 CE, dice que la Admón. no podrá imponer sanciones que de forma directa o indirecta priven de libertad. Para que la Admón. Pública, pueda sancionar una conducta, la potestad sancionadora, deberá estar prevista en una norma con rango de ley. Cumplido el Principio de Legalidad y nunca suponiendo pena de privación de libertad, la Admón. Pública, ostenta potestad sancionadora, aunque esta sanción podrá ser objeto de revisión por los órganos jurisdiccionales.

• Ejecución de sentencias por la Admón. Pública, es decir, supuestos en los que la propia Admón. condenada es la encargada de ejecutar el fallo condenatorio de la sentencia. Esto, para muchos resulta inconstitucional, si tenemos en cuenta el tenor del art. 117 CE, pero el TC, como ha hecho con leyes preconstitucionales, se preocupa de intentar dar una interpretación a esto, que, sin implicar derogación (Ley de Jurisdicción), permita adecuarla a las previsiones de la CE:

• La forma en que el TC entendió esto, es asegurando siempre el control último y supervisión, por el órgano judicial, de la actuación del órgano admtvo al que corresponda ejecutar el fallo.

• Con el Proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Admtva, se ha intentado limitar y definir al máximo, la actuación de la Admón., en orden a la ejecución de sentencias en que se le condena

b.- En sentido negativo, se ha dicho que al órgano judicial, le corresponde sólo, la función jurisdiccional Y NO OTRAS, aunque del mismo art. 117.4 CE nos surgen algunos problemas:

• Aunque en principio, los Jueces y Tribunales, sólo deberán juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, surge la posibilidad de que los jueces no ejerzan sólo funciones jurisdiccionales, así la LOPJ, atribuye a unos concretos órganos judiciales del orden civil (jueces de 10 Instancia y por delegación Jueces de Paz) las tareas del Registro Civil. Ciertamente, se protege un interés fundamental con esto, porque son cuestiones relacionadas con el estado civil de las personas, pero por lo demás esas funciones de llevanza del Registro Civil, es sólo un actividad meramente admtva, de forma que si la llevan los jueces es porque lo dice la ley y no por que su naturaleza haga necesario que lo lleve un órgano judicial.

• Actos de jurisdicción voluntaria, en la LEC, LIBRO III, éstos actos regulados en el art. 1811 y sgte., se caracterizan porque está prevista la intervención del órgano judicial, sin que esté materializado un conflicto, siendo lo característico esta ausencia, y es tan así, que si iniciado un acto de jurisdicción voluntaria, se plantea un conflicto por algún interesado interviniente, el acto dejará de ser de jurisdicción voluntaria y se transforme en contenciosa, momento en que las actuaciones, habrán de seguir el procedimiento que corresponda, según el tipo de proceso por el que se deba tramitar la pretensión. Ejemplo: Constitución judicial del acogimiento, cuando no conste el consentimiento de los padres y planteado esto, comparecen, de forma que si prestan acuerdo se constituye el acogimiento, pero si no, deja de tramitarse como voluntario y actúa comenzándose el procedimiento correspondiente

• Labores de instrucción en los procesos penales , es decir el juez instructor, hace función de investigación, recopilando datos, de forma que tampoco es estricto hablar de funciones jurisdiccionales. Por el contrario, el órgano penal que falla, es distinto del que hizo la tarea de instrucción, garantizando esta división, la imparcialidad.

• Respecto de los procesos electorales, veremos la LOREG 5/85 de 19 de Junio.

III. EL DERECHO AL JUEZ LEGAL.-

A esta expresión alude el art. 24 CE, más concretamente en 24.2 “así mismo(...)por la ley”. Con esto, se pretende garantizar, que nadie sea juzgado por un órgano NO establecido previamente en la ley (evitando así que se creen órganos para supuestos concretos), estando diseñado un único esquema de jueces válidos.

Este Principio implica:

• Cuando el 24.2CE dice “predeterminado por la ley”, hay que añadir que, en la determinación de órganos judiciales, existe una reserva de ley orgánica (la LOPJ, continúe el diseño de lo que son los órganos judiciales). Con la existencia del Juez Legal, además, estará haciendo efectivo el Principio de Igualdad del art. 14CE, es decir, TODOS seremos juzgados por los mismos jueces. Esto se deberé de interpretar en el sentido de que NO es un obstáculo, para que en el ordenamiento jurídico exista la figura del AFORADO, que son personas caracterizadas en función del cargo que detentan y para los que a la hora de enjuiciar responsabilidades derivadas de la actuación en el ejercicio de su cargo, la ley fija qué órgano judicial, conocerá de su enjuiciamiento. NO SIENDO MERMA DEL D1 AL JUEZ LEGAL, lo único que ocurre, es que se fija un órgano en virtud de la cualidad del aforado.

• Se trata de jueces que han de estar integrados en el Poder Judicial, independientes, imparciales, sometidos a exclusivamente a la ley y al D1 y entre los que se hace la atribución de asuntos, en virtud de las reglas y los criterios de competencia (objetiva, funcional o territorial).

IV. GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL JUEZ.-

A.-INDEPENDENCIA DE JUECES Y MAGISTRADOS

No sólo existirá frente a otros Poderes (Ejecutivo y Legislativo), sino también respecto de otros órganos en el Poder Judicial e incluso son imparciales no estando afectos a influencias de terceros., por ello más correcto sería usar el término imparcialidad.

IMPARCIALIDAD, (independencia frente a las partes)

A esto se refiere la LOPJ, cuando regula las causas de abstención y recusación, encontrándonos con ellas en sus arts 219 y 220, teniendo en común:

• Que se trata de circunstancias, en las que por una serie de indicios, la ley entiende que el juzgador puede no ser imparcial. En principio obliga a que el juzgador si entiende que en él concurren alguna de esas circunstancias, se abstenga de conocer la cuestión, si no lo hiciera por sí, funcionará como causa de recusación y las partes podrán hacerlas valer (causas de recusación en arts 219 y 220 LOPJ).

El procedimiento de abstención, cuando el órgano judicial aprecia que concurren en él alguna de las circunstancias del 219 y 220 LOPJ, consiste en que el Juez o Magistrado (221 LOPJ), deberá de abstenerse del conocimiento del mismo, sin esperar a que se le recuse, debiendo estar esa abstención ,motivada y debiendo comunicarlo a la Sala de Gobierno del Tribunal respectivo. Si ésta, no estima justificada la abstención, ordenará al Juez o Magistrado, que continúe con el conocimiento del asunto. No siendo obstáculo para que pueda hacerse valer la recusación por las partes (221.3 LOPJ).

En supuesto de que las causas del 219 y 220 LOPJ, concurran y no haya abstención, la LPOJ establece un procedimiento, a efectos de recusación y destacaremos :

INDEPENDENCIA FRENTE A SUPERIORES Y FRENTE A OTROS PODERES DEL

ESTADO (ART 12 LOPJ)

INAMOVILIDAD

Es otra garantía constitucionalmente establecida. La LOPJ se refiere a éste aspecto en los arts 378 y ss. La inamovilidad, garantiza al órgano judicial, que no podrá se r separado de su cargo, si no es por las causas legalmente establecidas. El art. 378 LOPJ, establece quiénes gozarán de inamovilidad. Con ello se quiere garantizar, la independencia desde la perspectiva, de no ser removido de su cargo a no ser que existan las causas legales exigidas en el art. 379 LOPJ:

a) Renuncia

b) Pérdida de Nacionalidad

c) Sanción disciplinaria

d) Pena de inhabilitación

e) Incurrir en causa de incapacidad

f) JubilaciónEn los casos b, c , d ó e, la pérdida de la condición de Juez o Magistrado, requerirá un expediente con intervención del Ministerio Fiscal

INCOMPATIBILIDADES: El art 389 LOPJ, recoge los supuestos de incompatibilidades, que afectan al órgano judicial

LA RESPONSABILIDAD PERSONAL

Sería el contrapeso a las garantías anteriores, de forma que si es ésto, el órgano judicial es responsable de sus actuaciones, teniendo esa responasbilidad, una triple manifestación (hablamos de responsabilidad en cuanto a ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, si bien tendrá fuera, la misma responsabilidad que el resto de los ciudadanos matizada por la inmunidad en el momento de su detención, que recoge el art 398 LOPJ) :

a.- Responsabilidad Civil

La exigible del órgano judicial, por la parte perjudicada o sus causahabientes, por los daños y perjuicios causados por dolo o culpa en el ejercicio de sus funciones. Siendo una responsabilidad que sólo cabe una vez producida resolución firme declarándola y siempre que se haya formulado la oportuna reclamación en el proceso en que se produjo el daño.

b.- Responsabilidad Penal

La derivada de los posibles delitos o faltas cometidos por el órgano judicial, en el ejercicio de sus funciones. Para exigir ésta, se necesita un proceso especial, que se caracteriza por la existencia del llamado: antejuicio.

c.- Responsabilidad Disciplinaria

Derivada por la comisión por el órgano judicial, bien por acción u omisión, de ilícitos no penales. Dicha responsabilidad, se configura mediante la tipificación en la LOPJ, de una serie de conductas, calificadas como faltas, que a su vez podrán ser según la LOPJ, muy graves - art. 417-, graves - art. 418- y leves - art 419-, y recogida esta responsabilidad en el art 415 LOPJ.

La R. Disciplinaria, sólo se podrá exigir al órgano judicial, dentro de la propia organización judicial, fundada en la especial relación de sujeción, que tiene el órgano judicial como miembro de la carrera judicial, aunque el art 415 LOPJ, sostenga que, cuando existe un proceso penal pendiente, contra un órgano judicial, no será obstáculo para iniciar expediente disciplinario, por los mismos hechos, pero eso sí, no se podrá dictar resolución hasta que no haya recaído sentencia o auto de sobreseimiento firmes, en la causa penal.

Surgirá un problema derivado del Principio “non bis in ídem” (imposibilidad de sancionar dos veces por la misma causa), resuelto en el 415 LOPJ, donde se dice que sólo se dará “cuando no exista identidad de fundamento jurídico y de bien jurídico protegido”. Las calificaciones de las sanciones en los art 417 a 419 LPOJ, podrá ir desde, simple advertencia a separación del servicio.

SUMISIÓN DEL JUEZ A LA LEY

Implica la sumisión a todo el ordenamiento jurídico, con arreglo al Principio de Jerarquía Normativa, a la que se referirán los arts 9.3, 106, 161 CE y se completarán por los arts 5 LOPJ y 1 CC.

Ley Orgánica Procesal Militar

Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Admtvo Común

Ley Orgánica del Régimen Electoral General

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Derecho Procesal. Tema 3. 1.997/98

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