Historia de España: La España democrática (1975-1990)

Transición democrática española. Constitución de 1978. Integración a la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte). Adolfo Suárez

  • Enviado por: Daniel Santana
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 11 páginas
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LA ESPAÑA DEMOCRÁTICA: 1975-1990

1. - La transición democrática.

2. - La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías.

3. - La integración internacional. Incorporación a la OTAN y a Europa.

Historia de España: La España democrática (1975-1990)

1.- La transición democrática

A la muerte de Franco España emprendió el camino de la transición a la democracia. El primer período transcurre desde la muerte del dictador a las elecciones de 1977. Corresponde a dos gobiernos sucesivos, el de Carlos Arias Navarro y Adolfo Suárez.

Al ser un hecho reciente de la historia de España, presenta dos inconvenientes, el no contar con todas las fuentes y la dudosa cronología, así como es obvio que el punto de partida es la muerte del Caudillo, parece más discutible el final. No se puede situar en las elecciones de 1977, pues la transición solo estuvo completa con la aprobación de una Constitución en 1978, pero entre 1979-82, fue una prolongación del proceso transicional, porque durante él fue vencida la intentona golpista más seria y por que en 1982 significó un cambio en la política española con la espectacular victoria socialista.

Circunstancias particulares de la transición española

Para comprender la transición desde el franquismo a la democracia es necesario determinar las causas que la hicieron posible:

  • El desarrollo económico y social de la década de los sesenta había transformado profundamente la sociedad española. España había pasado a ser la décima potencia industrial del mundo. Al mismo tiempo se erradicó prácticamente el analfabetismo. La sociedad se transformó en urbana y se fue secularizando poco a poco.

  • La dictadura era un marco estrecho y rígido, incapaz de evolucionar y de dar cabida a las fuerzas expansivas, económicas, sociales y políticas, generando numerosas tensiones que terminarían por romperlo irremediablemente a medio o largo plazo.

  • Las fuerzas internas reprimidas, económicas y sociales, ejercieron su protesta de manera generalmente pacífica y en algunos casos mediante actos terroristas.

  • Estas situaciones provocaron la reacción del bunker, partidarios de la represión a ultranza, dominaron una buena parte del panorama político hasta después incluso de la muerte del general Franco.

  • La oposición a la dictadura se encontraba muy dividida. Por lo que se imponía como solución lógica una salida pactada. De ahí triunfará la fórmula de reforma, mantenida por las fuerzas de derecha o centro, frente a la de ruptura democrática, que era la mantenida por la oposición más radical de la izquierda.

1.- Los antecedentes de la oposición pacífica

A la oposición de 1956, que era estudiantil principalmente, la que surge al final de la dictadura es además, obrera y es necesario señalar a muchos colegios profesionales.

  • Los colectivos profesionales

    • El colectivo de abogados jóvenes fue muy activo. Muchos abogados montaron despachos laboralistas para defender a los trabajadores sancionados y para prestar asistencia jurídica a los procesados por motivos políticos. Más tarde lo pagaron en “la matanza de Atocha”, asesinato perpetrado en un despacho laboralista.

    Los profesores de universidad fueron destacados opositores al régimen franquista. La reacción de las autoridades fue expulsarles de sus cátedras como a Aranguren, Tierno Galván, García Calvo, el destierro o el cierre de universidades.

    • La prensa también jugó un importante papel difundiendo los ideales democráticos e informando sobre posturas ideológicas y programáticas de la oposición. Destacar revistas como Cuadernos para el Diálogo, Revista de Occidente y Madrid, éste último fue un diario crítico contra la dictadura, que fue clausurado y posteriormente destruido su edificio.

    • Los militares habían sido un colectivo muy homogéneo en su apoyo a la dictadura, tras la depuración que se llevó a cabo durante cuarenta años. Aunque no era un cuerpo represivo, la dictadura lo involucró en juicios no insertables en el Código de Justicia Militar. Posteriormente Carrero Blanco creó un servicio de información formado exclusivamente por miliares para vigilar las actividades de la oposición. La creación de la UMD (Unión Militar Democrática) en 1974 supuso el primer intento por parte de algunos militares de sumarse al movimiento democrático general contra la dictadura.

    2.- Entre Franco y la Constitución de 1978

    La muerte de Franco llegó en unas circunstancias especialmente difíciles, el aislamiento internacional de España tras los fusilamientos de septiembre y la crisis económica de 1973 que empezaba a dejarse sentir fuertemente sobre unas estructuras económicas que se habían quedado anticuadas. Añádase a ello que los políticos daban prioridad a los problemas políticos y postergaron los graves problemas económicos. Esto permitió un aumento espectacular del paro y la inflación, que amenazaba con quedar fuera de control, pero más grave era que el aparato franquista permanecía intacto y con ánimo de permanencia.

    3.1 El gobierno de Arias Navarro

    Ante la muerte de Franco se presentaban 4 alternativas:

    • La continuidad defendida por el bunker, integrado por los dirigentes políticos de régimen, altos mandos militares, numerosos grupos oligárquicos, falangistas, etc. Defensores del inmovilismo.

    • La ruptura y desaparición brusca del sistema era preconizada por parte de la oposición que había formado la Junta Democrática, sin embargo quienes habían integrado la Plataforma Democrática, preferían una ruptura pactada con los poderes fácticos.

    • La reforma defendida por una minoría de altas personalidades del régimen encabezadas por el rey.

    Carlos Arias Navarro continuó presidiendo el gobierno, integrando algunas personalidades reformistas como José Mª de Areilza o Fraga Iribarne o integrando a jóvenes políticos del régimen franquista como Adolfo Suárez o Alfonso Osorio. Sin embargo, a lo más que pudo llegar fue a plantear un tímido intento aperturista, que fracasó, el denominado “espíritu del 12 de febrero”. Pero Arias declaró ante el Consejo Nacional que él tenía un propósito continuista del franquismo y que, mientras él siguiera en el poder, ese sería su proyecto de gobierno.

    La opinión pública se decepcionó de las posibilidades del presidente para llevar a cabo la reforma y se multiplicaron las huelgas y los conflictos de orden público, derivados en parte de la crisis económica y de las circunstancias políticas. Fueron especialmente graves los “hechos de victoria” y los de “Montejurra” así como, la persistencia del terrorismo.

    La presión social y tal vez el consejo de personalidades aperturistas, determinaron en julio de 1976, que el rey Juan Carlos I cesara a Arias Navarro.

    3.2 El proceso de reforma y la oposición democrática

    Para que la reforma fuera posible era menester ir desplazando a los partidarios del inmovilismo.

    La primera ocasión se presentó cuando se cumplió el tiempo de mandato del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino. Don Juan Carlos nombró a Torcuato Fernández Miranda, Este logró que las Cortes no siguiesen un rumbo inmovilista y aconsejó al rey sobre el camino a seguir para que se produjera la reforma política aprovechando las posibilidades legales que permitía la legalidad del régimen de Franco.

    Alejar a Arias Navarro era el segundo paso para desmantelar el régimen franquista. En un artículo de la revista Newsweek (19 de abril de 1976), se decía que éste (el Rey) consideraba al primer ministro “un desastre sin paliativos” a partir de entonces se esperaba la dimisión de Arias, ya que el rey no podía cesarle según las leyes franquistas. La tensión entre ambos iba en aumento. Parece que dos meses después el rey le manifestó su descontento por la marcha de los asuntos del país, Arias que no estaba acostumbrado a ningún tipo de recriminaciones, presentó su dimisión sin pensarlo demasiado. El rey se la aceptó en el acto.

    Tras numerosas negociaciones Fernández Miranda consiguió que el Consejo del Reino en la terna preceptiva para la elección del presidente del gobierno incluyese como candidato, aunque en último lugar, a Adolfo Suárez, quien en aquel momento era Ministro Secretario General del Movimiento y quien un mes antes había defendido en las Cortes franquistas la Ley sobre Derecho de Asociación Política, que aunque con alguna limitación daba paso a los partidos políticos.

    El 3 de julio de 1976 el rey lo nombró Presidente del Gobierno, este nombramiento fue mal visto por la oposición, dado su origen falangista y por las más importantes figuras franquistas que lo consideraban poco capacitado para ejercer la presidencia. Por eso se negaron a formar parte del gobierno. A Suárez no le quedó más remedio que constituir un gobierno de segundones que fue calificado despectivamente como un gobierno de “penenes”.

    Este gobierno concedió una amnistía que liberó a unos cuatrocientos presos políticos; en septiembre Suárez expuso ante los principales jefes militares las reformas que pensaba hacer y nombró vicepresidente al general Gutiérrez Mellado.

    Apaciguado un tanto el estamento militar y sin que aún se hubiese legalizado la existencia de los partidos políticos se procedió a la discusión y aprobación por las Cortes de la Ley de Reforma Política. Se partía de la afirmación “los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado” En virtud de tal ley, las futuras Cortes quedarían constituidas por dos Cámaras: El Congreso de los Diputados, y el Senado, que fue aprobado por amplísima mayoría. Siguiendo la legislación franquista para que la Ley entrara en vigor era preciso que fuese aprobada en referéndum. La oposición pidió la abstención, los conservadores franquistas solicitaron el voto en contra y el pueblo sin hacer caso a unos ni a otros en el referéndum celebrado el 15 de diciembre de 1976, la aprobó por abrumadora mayoría.

    La Ley de Reforma Política obligaba al gobierno a convocar elecciones generales. Pero antes era preciso legalizar los partidos políticos y formular normas por las que debían regirse tales elecciones. El 10 de febrero de 1977 se publicó un Decreto-ley que regulaba el Derecho de Asociación Política, en muy poco tiempo quedaron legalizados o en trámite de legalización unos 150 partidos políticos, entre los que no estaba el PCE, por no aceptar la monarquía y la bandera roja y gualda y sobre todo por la oficiosa oposición del Ejército.

    El 23 de marzo se publica el Decreto Ley que regulaba las normas electorales, para el Congreso el sistema electoral establecía una representación proporcional corregida (ley d'Hont, para evitar la dispersión del voto y la atomización parlamentaria) en candidaturas provinciales, completas, cerradas y bloqueadas; para el Senado se establecían candidaturas provinciales.

    Establecido y aceptado por todos el sistema electoral, sólo faltaba convocar elecciones, pero la no-legalización de un partido al que se creía con numerosos votantes planteaba la legitimidad de dichas elecciones. El 9 de abril, Sábado Santo, el PCE fue legalizado. Como protesta el ministro de Marina dimitió y aunque hubo un descontento entre los mandos militares, el rey y Gutiérrez Mellado lograron que se serenasen los ánimos.

    Finalmente el 15 de abril se convocaron elecciones generales para el 15 de junio.

    En este intervalo se suspendieron los tribunales especiales como el de Orden Público, se autorizó la “Ikurriña”, se legalizaron las centrales sindicales, se concedió una segunda amnistía y se restauraron con carácter provisional algunas instituciones autónomas como la Generalitat catalana o las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa.

    Las elecciones de 1977 y el consenso constituyente

    Convocadas las elecciones se procedió a la formación de las coaliciones electorales:

    • Los partidos de derecha: la derecha se configuró en torno a Alianza Popular, vinculada a Manuel Fraga Iribarne. Cambió su rumbo político y vertebró en torno a sí, a lo que podría denominarse el franquismo sociológico. AP dio la sensación de que podía ganar las elecciones. Su deseo de continuidad con la época de Franco, la negativa a aceptar la legalización del PCE y el repudio a abrir un período constituyente inscribieron claramente a Fraga en el mundo de una derecha que en parte contradecía a su trayectoria anterior, más aperturista.

    • Los grupos de centro: Los numerosos grupos que cabe denominar como centristas sólo a finales de 1976 sintieron la urgencia de unirse de cara a la campaña electoral. Las denominaciones que utilizaban eran muy variadas, pero las diferencias reales eran muy escasas, por no decir mínimas. El Partido Popular, creado en torno a José Mª de Areilza muy pronto aglutinó a una coalición que se denominó Centro Democrático. Adolfo Suárez tenía un partido, Calvo Sotelo, pasó a ocuparse de su organización y de su preparación electoral cambiándole el nombre, que pasó a ser Unión de Centro Democrático (UCD) conglomerado formado por partidos de ideología democristiana, socialdemócrata, liberal y alguno regionalista. Esta fórmula fue bastante original, una buena parte de sus militantes no tenía nada que ver con el régimen, pero una gran parte del franquismo sociológico pasó a votar esta opción.

    • Los grupos de izquierda: En este momento el Partido Socialista Obrero Español encerraba las dosis oportunas de identificación con la libertad y voluntad de transformación social como para atraer a una buena parte del electorado. Siguiendo su tradición se proclamaba republicano y tardó bastante tiempo en moderar su lenguaje. Fue Felipe González quién contribuyó de manera decisiva al crecimiento del Partido Socialista y se convirtió en el segundo de los líderes políticos. Otras candidaturas socialistas fueron el Partido Socialista Popular de Enrique Tierno Galván, que mantenía una cierta semejanza con un tipo de centro-izquierda de talante intelectual que recordaba al azañismo. Por último el Partido Comunista de Santiago Carrillo, tras su legalización tenía grandes expectativas electorales, tenía una sólida penetración no sólo en el movimiento sindical sino también entre los universitarios, intelectuales y los medios periodísticos. Sin embargo, existían graves obstáculos para obtener buenos resultados, no había renovado sus dirigentes durante el exilio.

    • Los grupos nacionalistas: Como en la Segunda República, surgieron grupos políticos de significación nacionalista. En Cataluña Jordi Pujol presentó el catalanismo de centro en Pacto Democrático por Cataluña, los democristianos se agruparon en Unió Democrática y también apareció Ezquerra Republicana, pero con menor implantación.

    En el País Vasco, El Partido Nacionalista Vasco, que dominaba el gobierno en el exilio, tenía una fuerte apoyatura social y logró mantener una implantación semejante a la de los tiempos republicanos. Había otros grupos menores como Euskadiko Eskerra.

    Celebradas las elecciones generales (las primeras en cuarenta años), hubo una amplia participación electoral, en torno al 78%. Ningún grupo obtuvo la mayoría absoluta. El partido más votado fue Unión de Centro Democrático con 164 escaños y 34% de los votos, seguido del PSOE con 118 escaños el 29% de los votos. Muy lejos estaba el partido comunista con 20 escaños y Alianza Popular con 16. De ello se deducía que los sectores más ligados al franquismo o los partidarios de la ruptura habían fracasado, por el contrario los partidos de la reforma eran los vencedores.

    El Partido Socialista Popular de Tierno Galván obtuvo 6 diputados y Democracia Cristiana solo logró situar a un reducido número de senadores. En cambio, los partidos nacionalistas lograron una veintena de puestos en el Congreso (13 los catalanes y 8 el PNV).

    Tal como preveía la Ley de Reforma Política, el rey nombró a un grupo de senadores entre los que figuraban destacados intelectuales y personas conocidas de la vida española que representaban una pluralidad de ideologías.

    En cierto sentido los resultados electorales coinciden bastante con los de la segunda República, UCD obtuvo su apoyo preferente entre las clases medias urbanas y de las zonas rurales. El PSOE lo logró sobre todo en los núcleos urbanos e industriales, así como entre los jóvenes y los parados. Hubo una clara coincidencia entre el voto comunista y los obreros industriales y entre quienes habían votado no en el referéndum de la Ley de Reforma Política, las clases medias altas y el voto de AP.

    Los resultados de las elecciones dibujaron un sistema de partidos políticos sin hegemonía clara, que con el tiempo fue dando paso al bipartidismo. Este sistema de partidos imponía que hubiera un gobierno monocolor minoritario y por tanto débil y obligado al consenso con otras fuerzas políticas que resultaría muy positivo.

    Adolfo Suárez al frente de la UCD formó un nuevo gobierno, que como no tenía la mayoría en ninguna de las cámaras tuvo que apoyarse en otros partidos para cuestiones puntuales. Aunque formalmente las nuevas Cortes no tenían el carácter de Constituyentes, casi todo el mundo estaba de acuerdo en que la redacción de una Constitución era la principal tarea a la que debían consagrarse.

    Aunque la tarea más importante de la transición era la elaboración del proyecto constitucional, el Gobierno y el Parlamento tuvieron que hacer frente a diversos problemas, entre los que destacaban la reivindicación autonómica, la conflictividad social y la crisis económica, mientras se elaboraba el texto constitucional. La inflación se disparó, el paro llegaba al 6%, que junto con el déficit exterior amenazaban con quedar fuera del control y arruinar todo el sistema económico, poniendo en verdadero peligro el cambio político. El ministro de Economía, Fuentes Quintana, alertó sobre el peligro de la situación e instó a Suárez para que convoque a los representantes de todos los partidos parlamentarios y exponerles la situación e involucrarles en la solución pactada de los problemas económicos, sociales y políticos. Los Pactos de la Moncloa qué así se denominaron estos acuerdos de tipo económico, político y social involucraron a todas las fuerzas políticas, económicas y sociales, incluidos sindicatos y patronal. Las medidas tomadas atajaron inmediatamente la inflación y pusieron un cierto orden al caos económico, y sobre todo laboral existente hasta el momento. Los Pactos de la Moncloa representaron un hito en la transición política y un cambio de orientación que iba a definir el nuevo sistema político y social español. Entre las medidas acordadas se contaba la reforma fiscal, la devolución a los nuevos sindicatos del patrimonio sindical, la extensión de la seguridad social, el incremento presupuestario en educación y un programa de inversiones públicas, prácticamente paralizado hasta el momento, que diera el impulso necesario a la estancada situación económica.

    Durante los meses en que se elaboró la Constitución se produjeron con asiduidad problemas de orden público. Los más graves estuvieron relacionados con el terrorismo de ETA. También hubo problemas políticos, en 1978 se celebraron elecciones sindicales que dieron el triunfo a Comisiones Obreras.

    2.- La Constitución de 1978

    El protagonismo político de estos meses lo tuvo la elaboración de la Constitución.

    El correspondiente anteproyecto fue redactado por una ponencia integrada por tres representantes de UCD y uno por cada grupo político más representativo. PSOE, PCE, AP, nacionalismo catalán. Algo que criticó esta Comisión fue la ausencia de un representante del nacionalismo vasco. En la redacción y aprobación del texto definitivo cada partido renunció a posiciones extremistas en beneficio del consenso y entendimiento común. El resultado fue que sin ser una Constitución que gustase en su totalidad a todos los grupos políticos tenía la virtud de que cada uno de ellos veía en el texto constitucional reflejadas sus más importantes ideas.

    Aprobada la Constitución por ambas cámaras, fue sometida a Referéndum popular el 6 de diciembre de 1978. Tuvo una participación baja, en torno al 69%, la abstención fue muy amplia en el País Vasco 54% de los peneuvistas estaban insatisfechos por no haber tomado parte en la discusión y elaboración del anteproyecto. Los votos favorables fueron del 87% y los negativos 7,8%. Sancionada por el rey entró en vigor el 29 de diciembre.

    Una de las características de la Constitución es ser consensuada, de lo que se derivan algunas consecuencias como la lentitud en la elaboración o la longitud del texto y un cierto hastío entre la opinión pública ante este proceso.

    Ante ello tienen menor importancia que sea un texto poco original e influido por otros de diversos países, que no tenga previsiones acerca de temas como la futura integración en Europa. También existe una gran influencia del constitucionalismo histórico español, 1812 y 1831 e incorpora soluciones como el voto de cesura constructivo. Sus mayores innovaciones se refieren a cuestiones de una importancia menor, como es el caso del Defensor del Pueblo o la protección por el Tribunal Constitucional de los derechos individuales y las libertades públicas.

    La Constitución de 1978 consta de 11 títulos y 109 artículos a los que hay que añadir las disposiciones adicionales, transitorias y derogatorias. El título preliminar nos proporciona la primera definición y las características del texto. El título primero fue el más discutido por los constituyentes. En él hace referencia a los derechos humanos y las libertades de los españoles. En cambio, el tema de la confesionalidad o no del Estado, que en anteriores ocasiones había sido el caballo de batalla, en esta ocasión tuvo una práctica unanimidad, ya que consideraba como situación óptima un estado aconfesional en el que se reconociera la realidad objetiva de la influencia de la Iglesia católica. En este título se define a España como un Estado Social y Democrático de Derecho en el que no sólo se postulan libertades, sino que por el ordenamiento jurídico se garantiza su defensa y puesta en práctica.

    Hubo fuertes discrepancias en tres puntos importantes. La primera fue referente a la abolición de la pena de muerte, que acabó incluyéndose. La segunda cuestión muy debatida fue la introducción del aborto y finalmente fue muy discutida la libertad de enseñanza.

    En el título segundo referente a la Monarquía, no se produjeron divergencias importantes. La Monarquía no aparece como poder sino como órgano del Estado. Se la define como parlamentaria, moderadora y arbitral y le corresponde ejercer funciones representativas y de carácter simbólico derivadas de su condición moral, pero no tiene unas responsabilidades políticas concretas ni menos aún extensas.

    El título tercero y cuarto se refieren al poder legislativo y ejecutivo. El sistema español puede definirse como de bicameralismo atenuado, hay dos cámaras, pero una de ellas, el Congreso de los diputados tiene mucha mayor relevancia que el Senado. Este último queda como una cámara de segunda lectura para los proyectos que han sido aprobados en el Congreso y, además, tiene un cierto componente regional, ya que sus miembros son elegidos por las circunscripciones provinciales y otros lo son en representación de las Comunidades Autónomas.

    Un rasgo característico de la Constitución es la existencia de las llamadas leyes orgánicas, que exigen para su aprobación un número de votos equivalente a la mayoría absoluta y no sólo la mayoría relativa de la mitad más uno de los votos. Con ello se pretendía hacer perdurar en el futuro el consenso constitucional en determinadas materias.

    En cuanto al poder ejecutivo, la Constitución previene respecto a un exceso de parlamentarismo, quizá debido al recuerdo de épocas pasadas. De ahí que para poder derribar un gobierno, sea necesario presentar un voto de censura constructivo, en el Congreso de los diputados, fórmula que procede del constitucionalismo alemán. En los títulos sexto y séptimo, relativos a cuestiones sociales y económicas, hay un exceso de declaraciones bienintencionadas, que necesitan de la legislación ordinaria para poder convertirse en algo efectivo.

    Finalmente en el texto constitucional, el sistema de libertades queda protegido por tres procedimientos: El tribunal constitucional, El Poder Judicial y el Defensor del Pueblo. Estas tres instituciones se eligen por la mayoría cualificada del Parlamento.

    El título octavo, relativo a la organización territorial, fue el más discutido y también el más endeble desde el punto de vista jurídico y técnico. Se llegó a una fórmula desafortunada y ambigua, pero con ello se pretendía lograr un marco en el que fuera imposible incluir la reivindicación de los derechos históricos del nacionalismo vasco, los deseos catalanes de tener una Generalitat semejante a la de los años treinta y una fórmula que diera respuesta al sentimiento regionalista que había surgido en el resto de España.

    Para satisfacer a Cataluña, País Vasco y Galicia se empleó el término “nacionalidad”, que la derecha considera atentatorio contra la unidad nacional. Este término sirve para designar a aquellas entidades territoriales que tienen desarrollada una conciencia nacional en términos culturales, pero no indica una ruptura política de la unidad nacional.

    La cuestión autonómica

    El establecimiento de la autonomía política como forma de organización territorial del poder del Estado supuso el reconocimiento de las aspiraciones de autogobierno de los nacionalistas y el final del rígido centralismo anterior.

    Con el nuevo modelo de ordenación del Estado aparecían múltiples centros de poder en el territorio español, pues la Constitución en su título VIII declara que España está integrada por diversas nacionalidades y regiones con capacidad para tomar decisiones políticas. Las Comunidades Autónomas aparecen en el texto constitucional como instituciones completamente originales y novedosas. Las Comunidades Autónomas son provincias o agrupaciones de provincias que acceden a su autogobierno asumiendo determinadas funciones y competencias mediante la aprobación de los respectivos Estatutos.

    De hecho en nuestra Constitución no encontramos una regulación definitiva de las materias y competencias del poder central y de las Comunidades. El gobierno central se reserva en exclusiva las competencias sobre Relaciones Internacionales, Defensa, Fuerzas Armadas, sistema monetario y Hacienda. Aunque según el artículo 150 el Estado puede delegar a las Comunidades algunas de sus funciones. Por su parte, las Autonomías pueden asumir desde el primer momento las materias de urbanismo, cultura, turismo, carreteras, transportes, pesca, enseñanza, policía y protección del medio ambiente.

    Lo cierto es que actualmente permanece abierto e inconcluso el proceso de transferencia de competencias a las comunidades, por lo que éstas mantienen niveles de autogobierno desiguales.

    Las regiones autónomas disponen de recursos económicos propios para gestionarlos libremente, ya que se financian mediante los impuestos cedidos por el Estado central, los recargos sobre impuestos nacionales y las tasas propias nuevas que puedan crear. Para salvaguardar el principio de solidaridad entre las diferentes Comunidades Autónomas la Constitución establece un Fondo de Compensación Económica destinado a corregir e intentar neutralizar los desequilibrios y desigualdades interregionales.

    Las Elecciones de 1979

    Poco antes de promulgarse la Constitución, las Cortes fueron disueltas y se convocaron nuevas elecciones. Esta consulta electoral resultaba inevitable porque las Cortes anteriores habían tenido como objeto la elaboración de la Constitución, además, no se habían celebrado elecciones democráticas a los ayuntamientos

    Las elecciones generales tuvieron lugar el 1 de marzo de 1979. Los tres principales partidos resultaron ser UCD, PSOE; PCE, que obtuvieron un ligero ascenso, AP, que se presentó como Coalición Democrática, sufrió un descalabro. Los partidos nacionalistas tradicionales también sufrieron un ligero descenso. Por primera vez obtuvieron representación parlamentaria Herri Batasuna, y otros partidos regionalistas como el Partido Socialista Andaluz, el Partido Aragonés y Unión del Pueblo Canario. La extrema derecha, representada por Unión Nacional, sólo obtuvo un escaño.

    El 3 de abril se celebraron las elecciones municipales, de nuevo la UCD resultó vencedora con 29000 concejales, seguido del PSOE con 12000. Pero lo más relevante de estas elecciones no fueron los resultados sino las posteriores alianzas, que permitió a la izquierda gobernar en grandes ciudades como Madrid.

    El gobierno comenzó el desarrollo legislativo derivado de la Constitución a través de Leyes Orgánicas, (las que se derivan o desarrollan algún artículo de la Constitución), entre las que destacan las dedicadas a resolver la cuestión autonómica. En octubre de ese mismo año de 1979 fue aprobados el Estatuto vasco y el catalán acogidos al artículo 151 de la Constitución. Cinco meses después se convocaron elecciones para elegir a los representantes de ambos parlamentos autonómicos, fueron ganadas por los partidos nacionalistas. En el país Vasco, Carlos Garaikoechea fue investido lehendakari , en Cataluña Jordi Pujol fue nombrado president de la Generalitat.

    Los problemas del nuevo gobierno de Suárez

    En la primavera de 1979 la imagen pública de Suárez era excelente, pero en el plazo de un año y medio se produjo un deterioro acusadísimo. Varios factores contribuyen a explicarlo:

    • El deterioro económico, los principales indicadores económicos del período de la transición eran preocupantes. La inflación en torno al 20% anual. La cifra de parados se iba incrementando paulatinamente. Junto a esto el aumento de los costes laborales. La pérdida de muchos mercados, el cierre masivo de fábricas.

    • El problema autonómico: el referéndum de iniciativa autonómica convocado en Andalucía, dio un resultado favorable al sí, a pesar de la recomendación de UCD por la abstención, lo que abrió una crisis en el gobierno.

    • La división interna en el seno de la UCD: la situación parlamentaria era difícil porque se carecía de mayoría parlamentaria, pero lo más grave era que no existió un mínimo de unidad en el seno del partido gubernamental. En esta época se inició ya el que sería el definitivo declive de Suárez. El voto de censura al que le sometió el PSOE, no solo reveló sus insuficiencias parlamentarias sino que potenció la figura de Felipe González.

    Ante esta situación de crisis, los principales dirigentes del centrismo no reaccionaron aglutinándose en torno a Suárez, sino oponiéndose de manera creciente a sus procedimientos de gobierno. Mientras tanto la vida política se había enrarecido mucho, hasta el punto de que proliferaban iniciativas profundamente irresponsables. Personas de diferentes dignificaciones políticas llegaron a pedir un gobierno de gestión presidido por un militar. Semejante situación contribuyó indirectamente a facilitar los propósitos golpistas de algunos militares.

    • El terrorismo de los grupos marxistas de extrema izquierda y/o nacionalistas: ETA, GRAPO, MPAIAC, Tierra Lliure... El terrorismo de ETA había abierto el abanico de su actuación al incrementar sus acciones contra el Ejército español y las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Policía Nacional. La organización terroristas pretendía desestabilizar la situación y provocar “ruido de sables” entre algunos miembros de las fuerzas armadas, a pesar de que el nuevo Estatuto vasco, ratificado en referéndum en octubre de ese mismo año ofrecía un nivel de autonomía muy superior al reconocido durante la Segunda República. El gobierno de Suárez se iba desgastando por momentos, algunos problemas como la inseguridad ciudadana, la crisis económica estaban produciendo un gran desencanto en la población que se traducía en el descrédito de un gobierno débil y dividido.

    Ante este ambiente se produjo el 29 de enero de 1981 la dimisión de Adolfo Suárez. Para sustituir a Suárez la UCD propuso a Leopoldo Calvo Sotelo. Cuando el 23 de febrero de 1981 se estaba procediendo a la votación para su investidura como Presidente, el Congreso de los Diputados fue ocupado por fuerzas de la Guardia Civil. Este intento de Golpe de Estado, que estaba apoyado por algunos generales, logró ser dominado por la intervención del rey. Calvo Sotelo fue confirmado como presidente del gobierno.

    Bajo su mandato se aprobaron diversos Estatutos de Autonomía y las diversas regiones fueron elaborando los suyos respectivamente y eligiendo sus órganos de gobierno. A propuesta del gobierno en octubre de 1981 el Congreso aprobó la petición de Entrada de España en la OTAN, que fue efectiva en mayo de 1982, aunque con abierta oposición de los partidos de izquierda. El PSOE prometió que cuando llegase al gobierno sometería a referéndum la permanencia de España en esa alianza defensiva.

    Paulatinamente la UCD iba siendo cada vez menos unión e incluso bastante de sus parlamentarios negaban el apoyo al gobierno, en vista de lo cual y ante la imposibilidad de gobernar con una cierta eficacia el Presidente Calvo Sotelo convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982.

    Las elecciones de 1982

    En las nuevas elecciones el PSOE obtuvo la mayoría absoluta tanto en el Congreso como en el Senado, y por primera vez en la historia de España un solo partido pudo formar gobierno sin recurrir al pacto con otras fuerzas políticas. Ese nuevo gobierno fue presidido por Felipe González. Se dijo entonces que la verdadera transición había terminado, tres razones permiten decir que las elecciones generales celebradas en octubre de 1982 constituyeron el final de la transición: Desde el punto de vista institucional, esta concluyó con la aprobación de la Constitución, pero el resultado de las elecciones citadas supuso un giro político fundamental, porque por vez primera se había producido la sustitución de un gobierno de centro derecha por otros de centro izquierda de una forma pacífica y constitucional y cuyos miembros no procedían del régimen anterior. En segundo lugar la transición estaba concluida porque acabaron los peligros de involución. Y la tercera razón radica en que octubre se produjo un auténtico terremoto electoral que abrió una nueva época destinada a durar mucho tiempo. En dicha fecha diez millones de españoles cambiaron su voto lo que significa el 40% del electorado y la mitad de los votantes.

    La abultada victoria socialista sorprendió al mismo partido, Contribuyeron mucho a ella la imagen socialdemócrata que los vencedores habían dado durante la campaña electoral, la situación interna del PCE, muchos de sus votantes votaron e incluso se integraron el partido socialista y la división interna de la UCD, que poco después desaparecería y Suárez fundaría un nuevo partido CDS, que votaron al PSOE o a la Coalición Popular que dirigía Fraga, grupo político éste que se convirtió en el segundo partido del país. Fue notable también el ascenso de CiU (Convergencia y Unión).

    Una característica esencial de la victoria electoral socialista fue que propició un relevo generacional. González tenía 40 años cuando accedió a la presidencia del gobierno. Siempre fue el elemento de unión en un partido en el que se combinaba el populismo de Alfonso Guerra, con la procedencia teconcráticoliberal de Miguel Boyer.

    Desde el punto de vista histórico, el largo período de gobierno socialista puede ser definido como la consolidación democrática. La etapa socialista se caracterizó también por una indudable moderación en cuanto a la tarea desarrollada, es especial si se compara con el programa general del partido.

    En el primer cuatrienio, aparte de normalizar de manera definitiva la política exterior española y señalar un rumbo moderado de la política económica, estuvo dedicado principalmente a cuestiones relativas al poder judicial y a los derechos de la persona, el gobierno remitió rápidamente a las Cortes un proyecto de Ley del aborto, la Ley orgánica del Poder Judicial y otras medidas que ampliaban las garantías de la persona, por un lado, y a las reformas educativas, que se centraron en dos leyes, la Ley de Reforma Universitaria y la Ley Orgánica de Derecho a la Educación, por otro.

    Pero en ambiente inicial también tuvieron lugar dos hechos:

    La expropiación de RUMASA con una posterior presión sobre el Tribunal Constitucional para que la admitiera, que resultó una medida torpe y desproporcionada.

    La aparición de los GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación), organización de lucha sucia contra ETA, que no sirvió sino para intensificar la defensa de ETA por determinados grupos de población en el País Vasco.

    En política exterior, siguió las negociaciones iniciadas años antes para la integración de España en la Comunidad Económica Europea. Y en cumplimiento de la promesa se convocó un referéndum para el 12 de marzo de 1986 a fin de ratificar la permanencia de España en la Alianza Atlántica. En el referéndum hubo una gran abstención y se obtuvo una exigua mayoría afirmativa equivalente al 52,2% de los votos emitidos.

    Próximos a finalizar los cuatro años de legislatura el presidente González convocó elecciones generales para el 28 de junio de 1986. El PSOE mantuvo la mayoría absoluta en ambas cámara a pesar de que disminuyó el número de sus diputados. La Coalición Popular se mantuvo como segunda fuerza política y el CDS se convirtió en el tercer partido. Los nacionalismos vasco y catalán se consolidaron, el PCE se integró en Izquierda Unida, coalición que alcanzó más diputados que los obtenidos por el PCE con anterioridad, HB obtuvo 5 diputados.

    En la práctica la mayoría absoluta parlamentaria acabó trasladándose a todas las instituciones del Estado y el propio parlamento se resintió de esta situación. El parlamento dejó de ser el centro de la vida política. La contrapartida de la estabilidad de la década de los ochenta fue esa alteración de un sistema político que había sido pensado para funcionar siempre de manera consensuada.

    Merece tener en cuenta que durante la década de los ochenta la oposición política apenas existió. Sólo al final de la década empezó a surgir una auténtica oposición de carácter más social que partidista. La oposición nació entre los estudiantes, que realizaron varias movilizaciones, aunque no fue muy grave las consecuencias para el gobierno, en cambio si tuvo consecuencias la oposición sindical, a fines de 1988 convocaron una huelga general que tuvo un amplio seguimiento.

    Las tensiones entre los diversos grupos políticos hicieron que el gobierno adelantara las elecciones generales, que fueron convocadas para el 29 de octubre de 1989. Estas no supusieron un cambio político muy significativo respecto a 1986. El PSOE mantuvo la mayoría absoluta, pero en el límite justo. El Partido Popular, (nuevo nombre de Coalición Popular) se consolidó como segundo partido, los demás prácticamente repitieron resultados.

    A partir de 1991 el PSOE empezó a perder la hegemonía que había disfrutado hasta el momento en el voto urbano, sobre todo la clase media sobre las que el PP empezaba a tener ya una clara hegemonía. A esto se unen los repetidos escándalos como los del hermano de Alfonso Guerra, o el asunto Filesa, una sociedad creada para cobrar contribuciones destinadas a sufragar la financiación del PSOE, envenenó las relaciones internas del partido.

    En estas condiciones se planteó la consulta electoral el 6 de junio de 1993. El PSOE seguía siendo el partido más votado, pero había perdido la mayoría absoluta, para formar gobierno necesitó el apoyo de otros grupos, el PP logró consolidar su ascenso. Ello tuvo el inconveniente de producir inestabilidad y frecuentes tensiones, provocadas por las acusaciones de la derecha acerca de la supuesta voluntad del gobierno de adquirir la ayuda de los catalanistas a cambio de volcar el presupuesto en su beneficio. La legislatura de 1993 resultó un fracaso, pues a los ataques de la oposición se unieron nuevos escándalos como el de FILESA o Luis Roldán, que obligaron a González a adelantar un año las elecciones.

    El 3 de marzo de 1996 el PP liderado por José Mª Aznar lograba una victoria, menor que la vaticinada por las encuestas. Formó gobierno con el apoyo de las minorías catalana, vasca y canaria.

    Era la segunda vez desde el franquismo en que un gobierno transmitía pacíficamente el poder a otro de ideología diferente. La democracia en España estaba consolidada.

    3.- La integración internacional. Integración a la OTAN y la integración a Europa

    Durante el período de la transición propiamente dicho hubo un predominio de la política interna sobre la exterior. Sin embargo, la realidad es que para la mayoría de los españoles democratización era lo mismo que europeización y homologación con el mundo occidental. En general, tanto en la época de la transición como en la etapa del gobierno socialista, hubo una continuidad esencial en el planteamiento de la política exterior.

    • En la época de Arias Navarro, la relevancia de la política exterior fue mínima. Sin embargo, tanto sus viajes a Europa como el del rey a Estados Unidos sirvieron para alimentar expectativas y tuvieron un efecto positivo en la política interna. La única iniciativa importante en materia de política exterior fue la renuncia, por decisión del propio rey, al privilegio de intervención en el nombramiento de los obispos, solicitada desde hacía tiempo por el Papa.

    • Durante la época de Adolfo Suárez, la política exterior consistió en un proceso de normalización de las relaciones internacionales españolas. En enero de 1979 se suscribieron cuatro acuerdos concordatarios entre el Estado y la Iglesia. Durante los cuatro meses iniciales tuvo lugar el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre España y la totalidad de los países de la Europa del Este. Se llegó a un nuevo acuerdo con Estado Unidos en mayo de 1982. Pero el ingreso en el Mercado Común Europeo era la prioridad más urgente de la joven democracia español, pues parecía el correlato lógico de la transformación política del país. La petición de apertura de negociaciones tuvo lugar inmediatamente después de las elecciones de l977 y, a comienzos de 1978 Calvo Sotelo fue nombrado ministro sin cartera dedicado a esta cuestión. En realidad, la integración era para España una cuestión vital, porque a estas alturas vendía la mitad de sus exportaciones y compraba la mitad de sus importaciones, excluyendo las petrolíferas, en Europa. Pero las negociaciones fueron una decepción por la divergencia de intereses, concretada de forma muy especial en el caso de Francia.

    • La llegada al poder de Calvo Sotelo supuso una inflexión más occidentalista en la política exterior española. La petición de ingreso en la OTAN tuvo lugar en el mes de junio de 1981 y rompió un consenso hasta entonces existente en materia de política exterior. La decisión de Calvo Sotelo, sin embargo, fue irreversible. España fue invitada a participar en la OTAN por la totalidad de sus miembros, la única protesta fue presentada por la Unión Soviética. En las Cortes la propuesta fue apoyada por UCD, los nacionalistas vascos y catalanes y la derecha, pero la oposición del PSOE fue tan dura y cerrada que provocó, además, el deterioro del gobierno. El PSOE convocó a sus seguidores con el eslogan “OTAN, de entrada, no”, dio la sensación de abandonar la organización. Las cosas cambiaron mucho cuando accedieron al poder.

    • La política exterior de los socialistas. El ingreso en el Mercado Común Europeo y el tema de la OTAN siguieron manteniendo gran importancia. En octubre de 1984 González enunció un decálogo sobre materias de defensa para España y al mismo tiempo estableció un vínculo de cara a los países extranjeros entre el ingreso en la Comunidad y la participación en los mecanismos defensivos occidentales.

    Finalmente en el transcurso de tan sólo unos meses, ambas cuestiones se resolvieron. El 12 de junio de 1985 se firmó el acta de adhesión española al Mercado Común, que entró en vigor a comienzos del año siguiente. El 12 de marzo de 1986 tuvo lugar el prometido referéndum sobre la OTAN. En la pregunta realizada a los españoles se hacían constar las condiciones para la permanencia en la OTAN: no presencia en la estructura militar integrada, prohibición de instalar armas nucleares en territorio español y reducción progresiva de la presencia militar americana. En el referéndum la participación fue próxima al 60% y de ellos el 52% votó afirmativamente y casi el 40% lo hizo negativamente, mientras que el voto en blanco fue de 6.5%.

    Ya en los años 90, la política mantenida por España fue manifiestamente partidaria de una integración cada vez mayor. Eso explica que, en diciembre de 1991, nuestro país apoyara de manera decidida el acuerdo de Maastricht por el que se crea la UNION EUROPEA, el gobierno español obtuvo como contrapartida la creación de un fondo europeo de cohesión para beneficiar a los países más atrasados, entre los que se encontraba España.

    La política económica en una época de crisis

    • Entre 1973 y 1977, año en que se firman los Pactos de la Moncloa, se intentó hacer frente a la crisis económica, pero las indecisiones políticas de los primeros momentos de la transición dejaron en segundo plano la situación económica y, las medidas coyunturales no sirvieron para resolver los problemas económicos: reducción de las tasas de crecimiento, aumento del paro y la inflación.

    Después de las elecciones generales de 1977, el nuevo gobierno se planteó una política de consenso democrático, firmándose por todos los partidos los Pactos de la Moncloa, de amplio contenido político, económico y social, supusieron la aceptación de un marco legal común, destacando entre ellos el acuerdo de limitar el crecimiento de los salarios a cambio de un mayor protagonismo de los sindicatos.

    Por razones políticas, durante el período constituyente se mantiene el acuerdo, pero desde 1979 se van manteniendo las posiciones enfrentadas al gobierno, anunciadas por la salida de Fuentes Quintana del gobierno, y ante las críticas de la oposición el gobierno aprobó un Programa Económico del Gobierno, que pocos resultados dio en medio de un proceso político agitado. El desempleo se agudizaba, la segunda crisis del petróleo hizo aumentar los desequilibrios.

    Con el gobierno de Calvo Sotelo se acentúa la reducción de los salarios reales, para mantener el empleo se firma el Acuerdo Nacional de Empleo en el que se prometieron 350.000 nuevos puestos de trabajo. Los problemas de reconversión industrial no resueltos pasaron al gobierno socialista.

    • El primer gobierno socialista continuó con la moderación salarial, la devaluación de la peseta para relanzar las exportaciones y reducir el déficit de la balanza de pagos. Al mismo tiempo se emprendió una política de reconversión industrial en aquellos sectores más deficitarios: construcción naval, siderurgia, textil. Todo ello ha conducido a un crecimiento constante del número de parados, en 1985 la tasa de paro era del 20% de la población activa, muy superior a la media de los países europeos.

    La política económica del gobierno socialista se completa con la introducción de nuevos coeficientes obligatorios para la banca y cajas de ahorros, con el fin de garantizar la financiación del creciente déficit del Estado, incremento de la presión fiscal, revisión del Plan Energético Nacional, con una paralización de la construcción de centrales nucleares, intento de controlar la expansión de la economía sumergida que el nuevo impuesto IVA ha forzado a sacar a la luz pública y política de concertación laboral.

    El segundo y tercer gabinete socialista, siguió la misma política de moderación de la inflación y los costos salariales, así como el fomento del crecimiento económico, para lo cual debía favorecer la inversión. Hasta 1992, los beneficios de la banca y empresas aumentaron, lo que permitió un boom bursátil e inversor entre 1986-88. Pero desde otoño de 1992 una grave recesión atenaza la economía española, que ha coincidido en el mercado único en el seno de la CE, lo que ha obligado a devaluar en tres ocasiones la peseta y a frenar la inversión productiva. Ello ha determinado el cierre de numerosas empresas con el consiguiente aumento del paro. La política de empleo ha sido cambiante, si en 1989 se prometía trabajo estable, en 1993 se habla de mayor flexibilidad en el empleo e incluso de despido libre o al menos, no tan gravoso para la empresa, la cual se queja del agobio que representa la excesiva presión fiscal. La política de construcción de infraestructuras y el Plan Hidrológico Nacional aparecen en el horizonte como las grandes inversiones públicas que ayuden a paliar el paro que parece más estructural que coyuntural.

    La evolución social y cultural

    Si grandes fueron los cambios en el plano económico mucho más lo fueron en el social y cultural.

    En el plano puramente social destacaron la disminución de la natalidad, la aprobación de la ley de divorcio, la ya citada corrupción y la cultura del pelotazo, el problema de la droga, la necesaria y aún no llevada a cabo reforma del Ejército (actualmente ya reformado), el paro, la inmigración y la creciente demanda de educación, sanidad, infraestructuras y servicios públicos, asuntos todos que el Estado tuvo que atender con una relativa celeridad.

    En el aspecto cultural destacaron la importancia e interés, cada día creciente, que se dio a la ecología, la extensión de la cultura de masas, la instalación de las televisiones privadas.

    En el campo educativo, uno de los más importantes en cualquier país, la escolaridad obligatoria pasó de los 14 a los 16 años, se eliminó así el desfase entre la edad escolar y la laboral. Las dificultades en encontrar empleo y el aumento de la renta familiar permitió que muchos de esos jóvenes continuaran estudios superiores.

    Historia de España La España Democrática

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