Evolución social en el siglo XX español

Historia de España. Sociedad Civil, Secularizada. Cambios sociales, demográficos. Transición. Democracia. Proceso de desindustrialización. Emigración. Mujeres

  • Enviado por: Yuyo Canarias
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 13 páginas
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La evolución de la sociedad en la transición y la democracia.

La evolución social en España se produjo a partir de los años cincuenta del siglo XX. Junto al despegue económico, se dieron cambios intensos en la estructura social. Los cambios políticos habidos tras la muerte de Franco no fueron decisivos a la hora de explicar la estructura social, por que en ella inventaron una clara ruptura respecto al período anterior.

Los hechos sociales más sobresalientes durante la transición y la democracia fueron el proceso de desindustrialización, por un lado, y el de tercerización por otro, todo ello en un contexto de crisis económica. Al mismo tiempo se produjo el retorno de los emigrantes de Europa, que fue acompañado del crecimiento moderado de las grandes ciudades y de un proceso de emigración hacia la periferia y los archipiélagos. En paralelo se desarrolló un intenso un intenso proceso de descentralización con el establecimiento del Estado Autonómico, por un lado, y el proceso de descentralización por otro. En la estructura social se dio un fuerte descenso de la nupcialidad y de la natalidad. Se dieron nuevos modelos familiares y de hogar; con un incremento de los hogares unipersonales. Se fueron elevando las tasas de divorcio, aunque no en porcentajes espectaculares, al igual que el número de interrupciones voluntarias del embarazo (aborto). Se siguió incrementando la asalarización de la población activa, aunque el elemento más permanente y distintivo de los últimos veinticinco años del siglo fueron las elevadas tasas de desempleo. La sociedad se secularizó.

Por último no dejó de llamar la atención el incremento en el número de organizaciones, que rompía en parte con la imagen de una sociedad desarticulada, aunque ello no era obstáculo para que se diesen altas tasas de nueva marginación.

Durante los últimos treinta años del siglo XX resurgió con fuerza en España la sociedad civil dotada de cultura cívica, y ello fue debido a los cambios estructurales habidos. En este sentido la urbanización fue decisiva, ya que la llegada a las ciudades importantes contingentes de nuevos vecinos permitió la articulación de relaciones basadas en lazo s de solidaridad ante los desafíos de la ciudad. Un ejemplo de ello fueron las asociaciones de vecinos, que se constituyeron en los nuevos barrios; al igual que en los centros de trabajo funcionaban las comisiones obreras, que creaban una conciencia social de resistencia y protesta ante la inmovilidad del régimen político y un ansia de cambio y de participación en los asuntos públicos.

Por ello uno de los datos centrales que explican la transición a la democracia es la existencia de esa sociedad civil, formada en los años sesenta al calor del desarrollo económico y el cambio social, pero también inmersa en una práctica política de naturaleza reformista en tanto en cuanto se considera que no se deben poner en peligro las mejoras obtenidas con el desarrollo, aunque sí varias la naturaleza autoritaria del régimen político.

Esta sociedad civil protagonista de la transición va a seguir jugando un activo papel en la democracia debido a la permanente pérdida de espacios de poder del Estado como consecuencia del cuestionamiento de de sus funciones tras la crisis económica de los años setenta y el rehabilitamiento del individuo y de las asociaciones que se crean al margen de la esfera estatal.

Si bien los cambios habidos en la estructura social se can a mantener a partir de 1975, lo más llamativo va a ser el creciente proceso de desinsdustrialización y la cada vez más hegemónica sociedad de servicios, en un marco laboral condicionado por la creciente inseguridad en el empleo a causa de la puesta en marcha de medidas flexibilizadotas y desregularizadoras.

El trabajo fue una de las actividades que más modificaciones sufrió, y ello fue debido a los cambios en la organización de los procesos de trabajo y, en escasa medida, a las variaciones habidas en el ámbito político; no obstante, pese a que esto último lo debido a la necesidad de abandonar los elementos proteccionistas que impedían una mayor integración económica de España, le llevó a una mayor apertura y a igualar las reglas de juego de los mercados de trabajo.

El elemento más constante durante la transición y la democracia desde el punto de vista socioeconómico fue la persistencia del desempleo, que alcanzó porcentajes extremos tras la recesión de 1992-3.

Los españoles se acostumbraron a convivir con el mismo, encuesta de opinión lo situaban en el primer lugar de sus preocupaciones. Junto a ello en el mundo del trabajo fue también significativa la mayor incorporación de la mujer y la mejora en la cualificación laboral. Por último, desde comienzos de la década de los noventa fue cada vez más visible la presencia de trabajadores inmigrantes, sobre todo en ciertas actividades, pese a las altas tasas de desempleo.

La inmovilidad en la desigualdad de las rentas se mantuvo, pese a los importantes cambios habidos en el sistema fiscal y al aumento del número de asalariados. Esta situación no fue a más debido al incremento del gasto público y, en especial, al explosivo aumento del gato social, poniéndose de manifiesto que las desigualdades no se incrementaron gracias a la acción del Estado. Sin esta última, la transición y la democracia hubiesen tenido una falta de legitimación social.

Sin duda el hecho más significativo de los habidos fue la creación y consolidación del Estado de Bienestar. Con ello se pudo proceder a la universalización de la atención sanitaria, a garantizar el sistema de pensiones, a aumentar la edad de la enseñanza obligatoria y a prestar una importante ayuda a los desempleados. Es evidente que, junto a los avances, existieron sombras, pero éstas se solventaron a través de acuerdos de naturaleza política, como sucedió en el caso de las pensiones con el Pacto de Toledo. Si bien siguen existiendo déficit sociales, los avances que se han producido deben ser calificados de históricos.

Ello no es obstáculo para que aparezcan nuevos problemas, como los derivados de que España haya convertido en un país de inmigración, se amplíen las disparidades regionales o la pobreza y la exclusión social estén presentes en nuestra sociedad.

Desde el punto de vista demográfico, la población española varió algunas de sus características. Se profundizó la tendencia al envejecimiento: por primera vez, los datos del censo de 2001 ponían de manifiesto que las personas de 65 o más años superaban a los menores de 16. El alza en la inmigración permitía seguir creciendo en términos absolutos. El número de residentes extranjeros suponía en el 2001 el 3,8 por 100 de la población, procediendo la mayoría de países no pertenecientes a la Unión Europea, sobre todo de Marruecos, Ecuador y Colombia.

Por último se deben mencionar tres cuestiones más. En primer lugar, la estratificación de clases sociales era la propia de una sociedad capitalista avanzada, con un peso importante de las nuevas clases medias. En segundo lugar, estábamos en una sociedad de consumo. Y en tercer lugar, entre los actores sociales el cambio más importante y de mayor profundidad y efectos sobre la sociedad fue el dado por la mujer.

Sociedad Civil y Mujeres, Actores activos de la Democratización.

Entre los actores sociales que sufrieron una sustancial transformación con la transición y la democracia sobresale la mujer. Durante la dictadura el papel asignado a las mujeres en la vida pública fue residual, y ello debido al fuerte peso de los sectores más conservadores de la Iglesia católica. Que potenciaron el matrimonio, la maternidad y el mantenimiento de las mujeres en el ámbito doméstico.

Durante la segunda mitad del franquismo se llevaron a acabo una serie de reformas legislativas que trataban de aliviar, no de romper, la discriminación de la mujer en el plano legal. Uno de los hechos que influyó a facilitar los cambios fue la profunda reforma de 1970 que se lleva a cabo en el sistema educativo con la aprobación de la Ley General de Educación. La misma homogeneizaba los estudios primarios y los secundarios en todos los centros y permitía la coeducación de niños y niñas en todos los niveles de la enseñanza. El resultado fue la incorporación masiva de las mujeres en los distintos niveles educativos y la notable mejora de su preparación.

En el periodo que va desde la muerte de Franco a la prolongación de la Constitución, a finales de 1978 se aprobaron una serie de medidas urgentes tendentes a eliminar aquellos aspectos que seguían siendo causa de discriminación. En este sentido, se eliminaron los artículos del Código Penal que hacían referencia al adulterio y al amancebamiento; se despenalizó la venta, divulgación y propaganda de los métodos anticonceptivos, creándose los Servicios de Orientación Familiar; y por último, se procedió a regular de nuevo el estupro y el rapto como sujeto pasivo de los mismos no a la mujer, sino a la persona.

Pero, sin lugar a dudas, lo que realmente supuso un punto de partida para la modificación de la legislación discriminatoria fue la aprobación de la Constitución. De especial interés fue la consagración como valor superior del ordenamiento jurídico del principio de Igualdad. En posteriores sentencias del Tribunal Constitucional sobre el tema, se insistía en el derecho a no ser discriminado por esta causa y remitía a situaciones jurídicas concretas, para evitar la antigua consideración de dicho derecho como algo formal.

Desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la llegada de los socialistas al gobierno, se pusieron en marcha una serie de normas que adaptaban la legislación existente a los principios constitucionales. Con la aprobación en 1980 del Estatuto de los trabajadores se establecía que o podrían ser discriminados “para el empleo o una vez empleados, por razones de sexo” y que se “entenderán nulos y sin efectos los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales el empresario que contengan discriminaciones desfavorables por razón de edad, o cuando contengan discriminaciones favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo…” Esta normativa tuvo dificultades desde el punto de vista de la actuación de los tribunales y su aplicación práctica presentó numerosos problemas que los socialistas trataron de enmendar a través de nuevas reformas de legislación laboral. Entre ellas sobresale tipificar como faltas muy graves los actos discriminatorios en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo. La reforma, que se introduce por primera vez en nuestro derecho laboral, traslada la carga de la prueba a la instancia demandada, en aquellos procesos en que la persona demandante alegue discriminación por razón de sexo. También se procedió a ampliar a seis semanas el permiso de maternidad, se fijó en tres años la excedencia para el cuidado (paterno o materno) de cada hijo y se establecieron medidas para favorecer la igualdad de trato a la mujer.

En 1981 se consagró la igualdad legal de la esposa con su marido, tanto en la administración y disposición de bienes gananciales como en el ejercicio de la patria potestad sobre los hijos. También se aprobó la posibilidad de la separación matrimonial se llevara a cabo de mutuo acuerdo de los cónyuges y la reintroducción del divorcio en nuestro ordenamiento jurídico.

La llegada de los socialistas al gobierno a finales de 1982 supuso un nuevo impulso en las políticas dirigidas a eliminar las desigualdades que aún seguían existiendo.

En 1983 se despenalizó el uso de anticonceptivos, y dos años después, se despenalizó parcialmente la interrupción de los embarazos. En 1989 se tipificó como falta el delito de malos tratos y se ampliaron los delitos contra la libertad sexual. Por último, se procedió a reformar el Código Civil de 1990, eliminando la prevalencia del hombre sobre la mujer en materia de efectos personales y patrimoniales del matrimonio.

Una Sociedad Secularizada.

La historia de España ha estado vinculada a la religión católica. Las sociedades contemporáneas han tratado a lo largo de su evolución de desvincular el Estado de la Iglesia, a la vez que han favorecido el proceso de secularización. Mientras en el primero de los casos nos encontramos con elementos propios de la modernización de la política, y las decisiones que se toman por los diferentes gobiernos pueden actuar a contracorriente de las tendencias sociales, en el segundo de los casos, una transformación lenta y evolutiva de la sociedad en la senda hacia la secularización facilita la toma de decisiones en ámbito político, que se debe concretar sin conflicto en la conveniente separación de la Iglesia y del Estado.

La Iglesia católica fue una de las fuentes básicas de legitimación de la dictadura franquista, aunque en los años finales de la misma, muy condicionado por la influencia del Concilio Vaticano II y por los cambios que se venían produciendo en la sociedad, decidió alejarse de la actividad política, aunque tratando de mantener sus privilegios sociales.

Ya en 1970, un informe constataba la creciente desafección religiosa entre los obreros, los pobres y los universitarios, así como la escasa proyección social y ética del catolicismo de masas. Según el informe, las razones de esta nueva situación fueron la insuficiente adaptación de la Iglesia católica al proceso de modernización y desarrollo de la sociedad española en su lenta incorporación a Europa y la falta de respuestas de esa misma Iglesia a las nuevas expectativas socio-culturales de la sociedad.

Durante esa época se produce el proceso de secularización. El abandono de las prácticas religiosas, como el caso de la misa dominical, se vio acompañada con el descenso de la frecuencia a la hora de realizar la comunión, o en el hecho de que en 1973 el 63 por 100 de la población estuviese a favor del divorcio. Además se comenzó a poner de manifiesto la falta de vocaciones sacerdotales.

La conclusión a la que se llega es que el proceso de secularización en España ha sido efectivo, aunque ello no ha constituido un obstáculo para que la iglesia siga siendo una institución de obligada referencia y para que el incremento de los bautizos no practicantes la convierta en agente de ritualización y simbolización de determinados acontecimientos vitales y sociales.

Por último, se debe señalar que el proceso que se dio no sólo produjo la secularización de la sociedad, sino además la pérdida del monopolio ideológico de la Iglesia católica. Buena muestra de ello fueron algunos de los conflictos que tuvo con el poder civil durante estos años; el divorcio, el aborto y la educación. En casi todos los conflictos la Iglesia perdió, especialmente durante los años en los que gobernaron los socialistas. Tan sólo en la financiación parcial de la enseñanza privada religiosa, se pudo hablar de un cierto éxito de la Iglesia.

Una sociedad de clases medias y de consumo.

A lo largo de los sesenta se produjo un fuerte crecimiento de las clases medias, lo cual supuso la quiebra del viejo sistema de clases y su sustitución por uno “emergente”, que respondía plenamente a la estratificación propia de las sociedades capitalistas avanzadas.

Los elementos que configuran la nueva estructura de clases sociales serían: 1º- El retroceso de las clases trabajadoras manuales; 2º- El incremento de la denominada “nueva clase media”, es decir, de los empleados de oficinas, técnicos, profesionales y vendedores; 3º- El descenso de las “viejas clases medias”, es decir, los pequeños propietarios y autónomos de la agricultura, industria y servicios; y 4º- La escasa presencia de empresarios con asalariados y gerentes y directivos. Esta estructura de clases sociales apenas ha variado en los últimos años.

La evolución del consumo y el incremento desnivel de vida condujo, sobre todo a partir de los ochenta, a que las desigualdades sociales ante el consumo fueran menores, sobre todo si nos referimos a bienes que se consideran básicos en los equipamientos de los hogares. Esta situación no se da en otros bienes cuya posesión o marca del bien, en e caso de los automóviles, sigue siendo indicador de una determinada clase social.

En el caso de las desigualdades regionales en las pautas de consumo, la tendencia muestra que, según avanza el desarrollo, las desigualdades de renta per cápita provinciales o regionales aumentan en un primer momento para después disminuir. “En resumen, la homogeneidad económica se expande en las provincias más desarrolladas, pero en conjunto, a nivel nacional, lo que predomina es la heterogeneidad y la diversidad económica”.

Los cambios demográficos.

La crisis económica de los años setenta supuso en Europa la instauración de una nueva dinámica demográfica. El cierre de fronteras a la inmigración de trabajadores implicó una reducción de los movimientos de población y el reagrupamiento familiar. A partir de entonces, se produjo una variación de la oferta laboral principalmente debido al aumento de las tasas de actividad femenina y a la llegada a la edad activa de las generaciones del llamado baby boom. Ambos factores están relacionados con la disminución de la fecundidad del momento, por una parte, pero también la entrada de numerosos activos fue producto de la alta fecundidad de los años anteriores. A ello habría que añadir que el incremento de activos explicaba en parte el aumento del desempleo, y que en todos los países se incrementó el envejecimiento de la población, lo cual puso en peligro el equilibrio de los sistemas de protección social.

Uno de los cambios más pronunciados en la sociedad española fuel referido a la familia. En pocos años se “pasa de una modelo hegemónico de matrimonio, familia, núcleo familiar y hogar - que hace coincidir estos cuatro conceptos en un sistema único de familia- a una serie de tipos familiares diversos” El modelo familiar entro en crisis y ya no se puede hablar de la familia española, como se decía durante el franquismo, sino de familias.

Una característica de la década de los noventa fue la elevada proporción de jóvenes que seguían viviendo con sus padres después de cumplir los veinte años. Esta situación, que tiene que ver con el desempleo y las dificultades de los jóvenes para encontrar su primer trabajo, también muestra el deseo de los mismos de mantener su situación social, ya que saben que su nivel de vida va a descender una vez que salgan de la casa paterna debido a los costes de la vivienda y de la vida.

También se ha ido produciendo una progresiva reducción de los hogares. Ello se debe a la caída de la natalidad y a la decisión de numerosas personas ancianas de vivir solas y no en casa de sus hijos. En consecuencia, se ha producido un considerable aumento de los hogares con una sola persona y, en menor medida, de los hogares de dos miembros, mientras que el resto de los hogares disminuye. En suma hay una reducción de los hogares extensos y un incremento de las personas que viven solas.

El ligero aumento de la mortalidad producido en los últimos años del siglo se debe al envejecimiento de la población. Los varones mueren antes que las mujeres, en todos los tramos de edad.

La causa principal de mortalidad en nuestro país han sido las enfermedades del aparato circulatorio, a continuación, por orden de importancia, se encuentran los tumores, que manifiestan un aumento progresivo, y, en tercer lugar, las enfermedades del aparato respiratorio. Conviene destacar que entre los jóvenes y adolescentes aparecen cada vez más con mayor fuerza los fallecimientos causados por accidente de tráfico, y no puede olvidarse los causados por el consumo de algún tipo de droga.

En conclusión, en los años sesenta y setenta se asistió a un importante movimiento de la población que respondía al binomio campo-ciudad. A partir de los ochenta desciende la intensidad de los movimientos y la explicación de los mismos tiene que ver con los elementos ligados a la calidad de vida.

  • España deja de ser un país de emigración para convertirse en uno de inmigración.

Uno de los cambios más llamativos de los últimos años fue la conversión de España en un país de inmigración. Mientras tradicionalmente los españoles emigraban en busca de trabajo, a partir de los años ochenta esta situación varió bruscamente.

En 1974 el número de extranjeros residentes en España, aunque venía en aumento, era escaso. Desde 1975 hasta 1985, años de crisis económica, se produjo un resurgir de los flujos de los inmigrantes. En el mismo periodo se produjo un descenso en la emigración española. En 1990 se produjo un incremento poblacional de extranjeros muy importante, gracias a la cual se permitió el crecimiento de la población en España.

Entre 1976-1991 la inmigración de extranjeros procedía mayoritariamente de Europa. Pero también se experimentó un crecimiento de la población extranjera proveniente del continente americano y africano.

El hecho de que la inmigración sea un fenómeno reciente explica que nuestro primer texto legal sea la Ley Orgánica sobre los Derechos y Libertades de os Extranjeros en España de 1 de Julio de 1985.

La inmigración tiene aspectos positivos para España; se debe destacar la inyección demográfica, que se considera necesaria a medio plazo para la economía española. Un ejemplo sería el tratar de de compensar el creciente envejecimiento de la población y con ello el desequilibrio que se puede originar entre pensionistas y cotizantes de la Seguridad Social, o el cubrir la demanda de ciertos puestos de trabajos.

  • Hacia una mayor incertidumbre y flexibilidad en el trabajo.

A lo largo del último cuarto del siglo XX, España, al igual que el resto de las economías industrializadas, sufrió un profundo cambio en sus relaciones laborales y en las formas de organización de los procesos de trabajo. Estos cambios fueron acometidos por los gobiernos de la transición y la democracia en situaciones marcadas por la crisis económica y como un reto para poder no sólo hacer frente a la misma, sino también para tratar de transformar los mercados de trabajo rígidos y anticuados en flexibles y competitivos.

La transición política hacia la democracia obligó a transformar, entre otros aspectos, una parte sustancial de la legislación laboral. A ello se debe añadir la ambigüedad, consecuencia de las dificultades políticas del mentó, lo que produjo inseguridad jurídica y desconexión de las normas con la realidad social y laboral. Esta situación, propia de todo proceso de transición de un régimen político autoritario a otro democrático, se afrontó desde los diferentes gobiernos de manera contradictoria, dando lugar, por lo que respecta a las relaciones laborales, a la reducción de la protección del trabajador y a la extensión de la flexibilización , por un lado, y a la potenciación, por otro.

Por flexible y potenciación se puede entender dentro del marco de un mercado en el que los procedimientos de contratación y despido, el proceso de negociación colectiva y su incidencia en la formación de los salarios, el papel de los sindicatos y la protección del desempleo aseguran la adaptación del precio, así como la cantidad del factor de trabajo, a las cambiantes circunstancias económicas con el fin de maximizar en todo momento el nivel de empleo.

  • Construcción y consolidación del Estado de Bienestar.

La transformación liberal del siglo XIX, con sus diversas manifestaciones, en el Estado de bienestar contemporáneo es quizá el logro más notable del sistema de gobierno democrático.

La introducción de los denominados derechos sociales supuso un cambio en el contrato social. Esta nueva visión implica que el Estado debe contribuir a la implantación de los sistemas de seguridad social financiando los mismos y extendiendo sus beneficios a toda la población. Este proceso, que se inició a finales del siglo XIX, fue extendiéndose lentamente a través del incremento y la modificación estructural del gasto público en relación con el gasto social y la institucionalización de los sistemas de seguros.

Los elementos que definen el Estado de bienestar son la existencia de políticas de protección social, un sistema fiscal moderno y progresivo y en menor medida la política de rentas. El sector público actúa con la intención de modificar la distribución de la renta que dimana el mercado.

  • Crecimiento del gasto público y del gasto social.

La expansión del gasto público fue durante años de la transición muy importante. A partir de ese momento la intervención del Estado y ano se iba a realizar a través de medidas regulacionistas, sino a través de políticas activas en las que el tamaño del Estado jugaba un papel central. En todo caso, hay que tener presente que el crecimiento habido en España parte de un punto muy bajo y ello debe resaltar aun más el esfuerzo realizado por los gobiernos de la época y más si tenemos en cuenta la crisis económica del momento.

Pero si el crecimiento del gasto público fue muy importante, el del gasto social fue explosivo, especialmente entre 1977-1981.

La puesta en marcha del Estado de bienestar implicó no sólo un incremento del gasto social, sino una modificación en la estructura del mismo. El resultado fue la descomposición de los gastos sociales que, con excepción del desempleo, era muy similar a la de los países de la Comunidad Europea.

La difícil situación económica provocó una alarmante subida del paro, por lo que no es extraño que los gastaos destinados a la protección del desempleo fueran los que experimentaran un crecimiento más acelerado.

En los años de transición se elevaron las contribuciones de los asegurados en el pago de las recetas de farmacia, con excepciones. También se intensificaron los conciertos con entidades privadas y se inició

Una política de ajuste del gasto sanitario, que fue continuada por los gobiernos socialistas y populares.

  • Las políticas sociales.

Las tres políticas sociales más importantes fueron: sanidad, educación y pensiones.

Uno de los rasgos del Estado de bienestar es convertir el libre acceso a ciertos niveles de la enseñanza en un derecho social, siendo el Estado el garante de su cumplimiento. En España, el estado ha ido adquiriendo un especial protagonismo en la oferta de servicios educativos y se ha ampliado la tendencia a reemplazar a la familia y a la empresa en esta función. Acceso universal a la enseñanza e intervención estatal en este sector han estado íntimamente relacionados.

Los acuerdos de la Moncloa diseñaron un programa de construcción de centros públicos, la elaboración de un estatuto de centros subvencionados y la mejora de la calidad del sistema educativo.

Las reformas más significativas realizadas durante la transición y la democracia fueron:

  • El aumento e la cobertura sanitaria, hasta llegar a la universalización de hecho a principios de los años noventa.

  • La puesta en marcha de la medicina de familia como especialidad médica, que permitió a partir de 1978 “una de las mayores revoluciones de la medicina española”

  • La reforma, a partir de 1984, del sistema ambulatorio de la seguridad social, con la creación de los Equipo de Atención Primaria y la construcción de numerosos Centros de Salud.

  • La restauración del Ministerio de Sanidad y la creación del INSALUD en 1978.

  • La transferencia del INSALUD a siete Comunidades Autónomas.

  • La aprobación de la Ley General de Sanidad en 1986, que dotó a la sanidad española del marco de referencia que supuso la creación del Sistema Nacional de Salud.

  • Las reformas producidas fueron evidentes, como lo demuestran indicadores como la esperanza de vida o la mortalidad infantil. España paso a ser uno de los países con peores niveles de salud de Europa a situarse entre los países con mejores niveles.

    El sistema de Pensiones en España ha sido objeto de de numerosas críticas que ponen en duda el mantenimientos de del mismo. Fundamentalmente existen tres tipos de pensiones; a) las que se reconocen por haber pertenecido y cotizado a la Seguridad Social (pensiones contributivas); b) las que se tiene derecho por haber sido funcionario público del estado (clases pasivas) y c) las que se reconocen por carecer de medios suficientes de subsistencia en caso de vejez o incapacidad.

    • Desigualdad social, nueva pobreza y disparidades regionales.

    Tras varias décadas de optimismo, los años ochenta y noventa mostraron los límites del crecimiento económico y la quiebra del contrato social existente desde finales de la II Guerra Mundial, por el cual el Estado garantizaba la protección a los individuos y su seguridad económica. El estancamiento económico, el paro y la inflación sirvieron para que los liberales justificaran el desmantelamiento del estado social. La desigualdad era considerada legítima y elemento del desarrollo económico.

    Pero, como ya hemos visto, la expansión del gasto social en España fue muy importante en los años de la transición y l democracia; ello sin lugar a duda suponía la legitimación social del nuevo sistema político y la puesta en marcha de políticas públicas ausentes hasta dicho momento. El crecimiento económico habido durante los años setenta permitió el desarrollo social, aunque éste se produjo con fuertes desigualdades.

    Los mecanismos utilizados por los distintos gobiernos durante la transición y la democracia para tratar de paliar las desigualdades sociales fueron básicamente dos: la reforma del sistema fiscal y el incremento del gasto público, al que debe añadirse el papel jugado por la Seguridad Social.

    Durante las etapas de mayor protección social de nuestra historia y de funcionamiento del Estado bienestar surgió con fuerza la preocupación por la “Pobreza” y los fenómenos de “exclusión social". La respuesta a ello estaría ligada a la mejora del nivel de vida, a la existencia del propio Estado de bienestar y al auge de los sentimientos de solidaridad entre la población.

    Las desigualdades regionales tienden a disminuir en período de estancamiento económico y a aumentar en períodos de prosperidad. Esta situación perversa sólo podría ser atenuada con un impulso desde el sector público estatal de las inversiones que permitan llevar a cabo un papel redistribuidor de la riqueza.

    Si tomamos en consideración la renta familiar bruta disponible per cápita para medir igualmente la evolución de la convergencia interregional, observamos cómo en este caso mejora la convergencia de regiones y experimentan un comportamiento convergente en ciertas comunidades autónomas.

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