El vertedero de Cardona

Residuos especiales. Minas de potasa. Contaminación. Sustancias tóxicas. Vertedero. Normativa

  • Enviado por: Jose Enrique Jimenez Y Otros.
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 13 páginas
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EL VERTEDERO DE CARDONA

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN

1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué pasa en Cardona?

Cardona es un municipio situado en la comarca del Bages, con una superficie de 66,38 kmEl vertedero de Cardona
y una población de 6445 habitantes (1991). Hasta 1990 su principal fuente de ingresos era la explotación de las minas de potasa, pero tras el cierre de éstas actualmente atraviesa una etapa de recesión económica y de desempleo.

La propuesta lanzada por el Departament de Medi Ambient el pasado 28 de Enero para instalar un depósito de residuos especiales subterráneo en la abandonada mina de Sant Onofre, situada en el término municipal de Cardona, ha provocado reacciones variadas entre los diferentes sectores del pueblo. Éstas reacciones fueron en un principio de prudencia, surgiendo más tarde actitudes de rechazo.

La natural oposición que en cualquier lugar provoca la importación de sustancias tóxicas se ha unido en este caso a la aparente incompatibilidad del proyecto con la intención de promocionar turísticamente la zona.

Este último factor es el que genera más discrepancias entre las administraciones y la población, hecho que ha desembocado en la formación de plataformas contrarias al vertedero y en una creciente crispación social, que culminó con el boicot de un acto informativo sobre el susodicho proyecto el pasado mes de Marzo.

No obstante, los que hablan son los que están precisamente en contra, mientras que la mayoría de los que están a favor guardan silencio. De éstos, los más atrevidos opinan que el proyecto puede incluso resultar beneficioso, reportando puestos de trabajo y subvenciones económicas que podrían ayudar a que la maltrecha economía de Cardona se recupere.

La polémica en Cardona por tanto, está servida.

1.2. El proyecto. El ejemplo alemán.

¿Qué son los residuos especiales? Se entiende por tales cualquier residuo que por sus características tóxicas o peligrosas o por causa de su grado de concentración requieren un tratamiento específico y un control periódico de sus efectos nocivos potenciales. Son todos aquellos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 91/ 689/ CEE del 12 de Diciembre. Conviene recordar también que el término residuos especiales, utilizado por la normativa catalana, es sinónimo del término residuos tóxicos y peligrosos que se emplea en la normativa estatal y comunitaria.

El problema se suscita a la hora del tratamiento de estos residuos, dado que actualmente la tecnología existente no está lo suficientemente desarrollada como para dar abasto con todos los que se generan (unas 160.000 toneladas anuales). De modo que la alternativa más viable, por el momento, es el almacenamiento.

El proyecto de Cardona nace de una práctica ideada en Alemania, basada en el enterramiento de los residuos en formaciones geológicas salinas, como son por ejemplo las antiguas minas. Actualmente en el país germano existen 13 vertederos de este tipo que no han ocasionado ningún problema hasta el momento, por lo que se proyecta la construcción de 20 más en el futuro.

Como se ha dicho, siguiendo esta iniciativa el Departament de Medi Ambient de la Generalitat ha elaborado un proyecto para habilitar una mina abandonada en el municipio de Cardona como depósito de seguridad. Un almacén a 720 metros de profundidad sería el encargado de guardar unas 100.000 toneladas anuales, con una capacidad para 40 años.

El vertedero de Cardona

Fuente: La Vanguardia 29-1-1997

Se habilitarían celdas separadas, en las que se introducirían los residuos en envases precintados y etiquetados, para evitar cualquier posible escape y filtración hacia los niveles freáticos. Para ello además se cuenta con el hecho de que la sal presente en la mina es un material moldeable que, con el paso del tiempo, cierra los agujeros que se puedan producir artificialmente en su seno. Almacenando en su interior los residuos, éstos quedarían confinados, dando una gran estabilidad a la mina, se evitaría así la posibilidad de derrumbamientos. Pero esto no significa que los desechos se vayan apilando desordenadamente; al contrario, se exige una cuidadosa gestión. De hecho, el funcionamiento sería similar al de un almacén; de manera que dicha gestión garantizaría que en el futuro fuera posible recuperar aquellas fracciones de estos residuos que resultaran útiles para otras finalidades.

Concretamente, los residuos destinados a la mina de Cardona son, entre otros, restos de depuración de gases, fangos de depuradora, lodos de galvanotecnia, sales de electrólisis y restos de tintes y colorantes. En ningún caso se almacenarían los residuos que quedan excluidos del ámbito de aplicación del Decret Legislatiu 2/ 1991 del 26 de Setiembre, por cuanto no son calificados como especiales.

Si el proyecto es finalmente aceptado la mina debería ser profundamente adaptada antes de que se empezaran a depositar los residuos, para conseguir una gestión eficiente. Principalmente deberían recuperarse sus rampas y galerías, instalar sistemas de ventilación y suministro eléctrico, asicomo los sistemas de seguridad propios de una actividad subterránea. Paralelamente a estas obras de remodelación interna, deberían crearse sistemas de control ambiental en el exterior y vías de acceso para los camiones transportadores de residuos (que serían unos 20 diarios). Por último sería necesaria la construcción de instalaciones externas de análisis y recogida que deberían almacenar temporalmente la carga, para más tarde validarla y aceptar su entrada en el recinto.

Es evidente que la construcción y el mantenimiento de estas infraestructuras generarían numerosos puestos de trabajo (unos 50) cuya creación, unida a las subvenciones que se recibirían, podría ayudar a subsanar en parte la crisis económica y contractual que atraviesa Cardona.

Finalmente, cabe resaltar que el coste de las instalaciones sería sufragado por la propia industria que, al fin y al cabo, es la responsable de la generación de estos residuos. No serán pues los ciudadanos, quienes las financien con sus impuestos.

2. LEGISLACIÓN

2.1. Competencias en materia de residuos

Antes de entrar en el tratamiento detallado de la normativa en materia de residuos es fundamental estudiar como están distribuidas las competencias en este tema.

El esquema general define al Estado como la entidad que crea la normativa básica., siguiendo las pautas marcadas por las directivas comunitarias. La Generalitat, a su vez, es quien se encarga del desarrollo de dicha normativa y de su implantación.

En el último escalón, en lo que a competencias se refiere, conviene tener en cuenta a los ayuntamientos. En principio, tienen la potestad de permitir cualquier proyecto mediante la concesión de licencias de actividad y de obras, al ser los destinatarios de los mismos. De todas maneras, tales competencias quedan muy limitadas (artículos 15.5, 23.1, 23.2 y 23.4 del Decret Legislatiu 2/1991), hasta el punto de poder quedar invalidadas en el caso de tratarse de proyectos de interés social, como ocurre en esta ocasión en Cardona.

Dentro del escalafón administrativo que se encarga del tratamiento de los residuos existe una Junta de Residus, responsables de alcanzar los objetivos marcados por la normativa vigente. Se trata de un organismo creado por el Departament de Medi Ambient, dependiente por tanto de la Generalitat, cuyas funciones básicas son la autorización, organización, suspensión y gestión de las acciones concernientes a los residuos, principalmente los especiales. Este órgano goza de personalidad jurídica propia y de plena capacidad para obrar con tal de cumplir sus fines y sus disposiciones de desarrollo y con el estatuto de la empresa pública catalana (artículo 54 de la ley 6/93).

2.2. Normativa estatal y comunitaria

Comunitaria

  • Directiva 78/ 319/ CEE de 10 de Marzo relativa a los residuos tóxicos y peligrosos.

  • Directiva 91/ 689/ CEE de 12 de Diciembre relativa a los residuos peligrosos.

  • En esta directiva se propone la posibilidad del almacenamiento en estratos geológicos profundos (como minas de sal) de residuos especiales no admisibles en otras vías de tratamiento.

  • Estatal

    • Ley 20/ 1986 del 14 de Marzo, de régimen jurídico básico de los residuos tóxicos y peligrosos.

    • Real Decreto 833/ 1988 de 20 de Julio, por el cual se aprueba el reglamento para la ejecución de la ley 20/ 1986.

    • Acuerdo del Consejo de Ministros del 17 de Febrero de 1995 mediante el cual se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos.

    • En estas normas se contempla la creación de depósitos para almacenar los residuos especiales, y se delega el ejercicio de las actividades de gestión a las Comunidades Autónomas.

    • 2.3. Normativa autonómica

      • Ordre del 17 de Octubre de 1984 sobre clasificación de residuos industriales.

      • Ordre del 31 de Octubre de 1984 por la que se aprueba la gestión de los residuos industriales.

      • Decret Legislatiu 2/ 1991 del 26 de Septiembre por el que se refunden los textos legales vigentes en materia de residuos industriales.

      • Llei 6/ 1993 del 15 de Julio reguladora de los residuos.

      • Decret 399/1996 de 12 de Diciembre que regula el fondo económico previsto en el Decret Legislatiu 2/ 1991.

      • Cabe señalar que el Decret Legislatiu 2/ 1991 es derogado por la Llei 6/ 1993 en los artículos 6, 7, y 32 al 45.

      • Se desprende también del artículo 4.1 del Decret Legislatiu 2/ 1991 en comparación con el artículo 6 de la Llei 6/ 1993 un incremento de poder de la Generalitat con respecto a los municipios, dado que en esta última norma apenas se hace mención de sus competencias en lo que a actuaciones relacionadas a residuos se refiere.

      • Artículos significativos

        • Ordre del 31 de Octubre de 1984: establece los objetivos generales en materia de residuos industriales que deberían alcanzarse. Entre esos objetivos se define la necesidad de crear una serie de infraestructuras, entre las que se prevé la instalación de un depósito de seguridad para almacenar los residuos industriales.

        • Del Decret Legislatiu 2/1991 son fundamentales los siguientes artículos:

        • Artículos 14.2 y 14.3 del Decret Legislatiu 2/ 1991: La Junta de Residus determina el emplazamiento de las instalaciones de deposición controlada, teniendo en cuenta los factores de seguridad y viabilidad que aporten las condiciones del entorno natural y social del lugar en el que se proyecta construir la planta de almacenamiento.

        • Artículo 15 del Decret Legislatiu 2/ 1991 referente a la tramitación del proyecto:

        • La Junta de Residus ha de someter el proyecto formulado al Consejo Asesor de la gestión de residuos industriales de Catalunya que tendrá que emitir un informe, en el que sus observaciones y recomendaciones serán incluidas en el mismo. La misma Junta de Residus deberá someter el proyecto a información pública, y solicitar en el mismo plazo el informe del Ayuntamiento correspondiente. A continuación deberán enviar el expediente a la Comisión Central de Industrias y Actividades Clasificadas (CCIAC), el cual deberá evaluar el estudio de impacto ambiental y efectuar la declaración de impacto.

        • El proyecto deberá llevar incorporadas las modificaciones establecidas por la CCIAC, y ser enviado a dicho Ayuntamiento a fin de solicitarle las licencias de actividad y obras. Cabe señalar que el acuerdo de la CCIAC sustituye el trámite de calificación e informe de la actividad.

          • Artículo 15.5. Si en el término de tres meses el Ayuntamiento no otorga, expresamente o por silencio, las licencias correspondientes, o si existe alguna discrepancia entre la CCIAC, la Junta de Residus y el Ayuntamiento; la Junta de Residus deberá elevar el expediente al Govern; el cual, si decide la ejecución del proyecto, habilita a la Junta de Residus para iniciar las obras sin más trámite.

          • Artículo 23, referente a los proyectos de instalación:

          • 23.1: La aprobación de los proyectos de instalaciones para eliminar y aprovechar residuos industriales implicará la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes hasta el punto de recurrir a la Ley de Expropiación Forzosa.

          • 23.2: En caso de incumplimiento de las modificaciones y ampliaciones propuestas por la Generalitat, la eliminación y el aprovechamiento de los residuos industriales serán declarados de interés social.

          • 23.4: Si por parte del Ayuntamiento se deniega la autorización correspondiente a las instalaciones de eliminación y aprovechamiento de residuos, el expediente será tramitado al Consell Executiu que resolverá respecto al lugar más adecuado para llevarlo a cabo, dentro del marco territorial de Catalunya.

            • Artículo 18 del D.L. 2/ 1991 y articulo 5 del Decret 399/ 1996. En el D.L. del 91 se contempla la creación de un fondo de compensación destinado a los ayuntamientos por la prestación del servicio de estas instalaciones. Esta posibilidad se termina de definir con el Decret del 96. Según dicha norma, el fondo de compensación vendrá determinado por la fórmula F= X * K, donde X es la cantidad de residuos tratados anualmente, y K es un coeficiente que varia en función del tipo de instalación, ya sea esta una planta de tratamiento, de almacenamiento, etc. Por tanto en el caso de Cardona, que recibiría 100.000 toneladas anualmente; y al tratarse de un depósito de seguridad, para el que K tiene un valor de 350 pesetas por tonelada de residuo, la máxima cuantía que podría alcanzar este fondo es de 35 millones de pesetas anuales.

            • 3. DISCUSIÓN

            • 3.1. Crítica a la legislación

            • Convendría recordar, antes de emitir una conclusión, la legislación a la cual se hace referencia en el apartado anterior.

            • Resulta curioso como en el artículo 15.5 del Decret Legislatiu 2/1991 ante alguna discrepancia entre las partes tanto afectada como interesada, el Govern (la Generalitat) dirime tal desacuerdo de forma totalmente parcial, habilitándose a sí mismo (mediante la Junta de Residus) a llevar a cabo cualquier obra sin más trámites de por medio. Se reserva de esta manera el derecho a desestimar las licencias que, por tramitación correcta, deberían ser concedidas por parte del Ayuntamiento. Resulta por tanto un poco absurdo legislar toda una tramitación a seguir, en los apartados anteriores del mismo texto legal, cuando a continuación se permite prescindir de ellos.

            • Por si surgieran dudas de quién tiene la última palabra en materia de residuos, un simple vistazo al artículo 23 de dicha ley despeja cualquier incógnita al respecto, ya que se observa que el emplazamiento de las instalaciones para el tratamiento de los residuos industriales es declarado de utilidad pública e interés social, pudiendo llegar al punto de la expropiación forzosa de los mismos.

            • Resulta irónico por otro lado que la legislación vigente en esta materia establezca, como se lee en el artículo 18 del Decret Legislatiu 2/ 1991, un fondo económico de compensación para los ayuntamientos afectados por la instalación de infraestructuras de tratamiento de residuos, cuando en el artículo 5 del Decret 399/ 1996 se concreta tal compensación en 350 pesetas por tonelada tratada anualmente, como ya se ha comentado. Si tenemos en cuenta que dicha cantidad procede, según el artículo 24 del D.L. 2/ 1991, de las entidades productoras de residuos, parece que en realidad no exista un interés para la eliminación y prevención radical de éstos. Por ejemplo, si una empresa produce 1000 kgs. de residuos especiales (que ya son bastantes...) le estaría costando en este aspecto lo que a una persona corriente un paquete de tabaco. Lo cierto es que resulta bastante desproporcionado. ¿Es así como la Generalitat pretende incentivar a las empresas para que minimicen la generación de residuos?. Además, según el artículo 19, el gravamen aplicado a la producción de estos residuos, debería tener como objetivo la reducción del impacto de los mismos sobre el Medio Ambiente y la disminución de su producción; propósito difícil de alcanzar dada la baja cantidad económica que supone para la empresa. En Alemania, por ejemplo, se pagan 25.000 pesetas por tonelada tratada, lo cual supondría ante un caso como el de Cardona (100.000 toneladas anuales) un fondo de 2.500 millones aproximadamente; cifra que bien administrada sería suficiente para una correcta gestión de los residuos; además de suponer un fuerte gravamen para las empresas productoras, que quizá así se vieran obligadas a replantearse la necesidad de invertir más en tecnologías limpias.

            • Tomando Alemania como ejemplo a seguir en la CEE, no se puede decir que la Generalitat adopte una postura similar. En definitiva, en lo referente al artículo 5 del Decret 399/ 1996, establecedor de la tasa a pagar por tonelada de residuo generado, puede afirmarse que, además de incumplir el artículo 19.3 del D.L. 2/ 1991 que exigía una normativa fiscal de residuos paralela a la europea, establece una irrisoria cantidad, comparativamente hablando, de 35 millones de pesetas para el caso de Cardona; ¿realmente sería suficiente para llegar a cumplir los objetivos marcados?

            • 3.2. Conclusión

            • Considerando la peligrosidad de los residuos especiales, es lógico pensar que nadie quiera verlos depositados al lado de su casa. Por otro lado, también es lógico pensar que los residuos, mientras sean generados, tienen que ser depositados en algún lugar, puesto que su tratamiento acarrea grandes dificultades.

            • La polémica generada ha decantado al pueblo de Cardona hacia posturas opuestas.

            • Los que están en contra (empresarios, comerciantes, plataforma de ciudadanos y algunos grupos ecologistas como Greenpeace) basan su rechazo al emplazamiento de los residuos en el deterioro de la imagen de Cardona cara al turismo, lo cual perjudicaría el desarrollo socioeconómico de la zona. Argumentan también que existe riesgo de filtraciones hacia aguas subterráneas.

            • Las posiciones favorables al proyecto, como la Generalitat, adoptan posturas conciliadoras y tranquilizadoras, aduciendo que el vertedero subterráneo no perjudicará al turismo porque el impacto visual será nulo. Recuerdan también que se establecerán compensaciones económicas y que la obra generará puestos de trabajo, además de estabilizar geológicamente la mina abandonada.

            • Algunas partes se mantienen prudentes sin decantarse hacia ninguna postura, esperando los resultados de los estudios pertinentes, esta postura es la adoptada principalmente por la oposición parlamentaria y el grupo ecologista CEPA.

            • Obviando estas opiniones, todas ellas comprensibles, está claro que existen residuos especiales y que se siguen generando. Éstos tienen que ser tratados o almacenados de alguna manera; y, si los estudios lo confirman, Cardona parece ser el lugar más adecuado para ello.

            • Pero esta disyuntiva no significa que la dinámica de crear vertederos sea la correcta; ni siquiera se debería permitir pensar que son buenos proyectos! Digamos que sirven para salir del paso.

            • Al contrario, lo que se debería potenciar es una legislación muchísimo más dura para procurar que la generación de residuos resulte perjudicial para el mismo productor; para ello la Administración debería aplicar dicha legislación de manera rigurosa.

            • Porque lo que no puede hacerse es hipotecar un territorio a base de residuos, pues a continuación haría falta otro, y luego otro, otro y otro... Esta actitud es irracional e insostenible a medio plazo.

            • Si finalmente damos por hecho que el vertedero va a ser instalado en Cardona, se deberá exigir una información periódica y exhaustiva de todas y cada una de las operaciones que se lleven a cabo en él para mantener informada a la población, puesto que nada causa más temor que lo que se ignora.

            • 4. BIBLIOGRAFÍA

              • Els drets i el Medi Ambient Editorial El Mèdol, 1996

              • Guia dels residus industrials especials Comunitat de treball dels Pirineus,1994

              • Decret Legislatiu 2/ 1991 en el que se refunden los textos legales vigentes en materia de residuos industriales Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número 1498, pp 5051-5057

              • Llei 6/ 1993 reguladora de los residuos DOGC 1776, pp 5249- 5261

              • Ordre del 17 d' octubre de 1984 en la que se clasifican los residuos especiales DOGC del 19 de Diciembre de 1984

              • Ordre del 31 d'octubre de 1984 en la que se establecen las directrices para la gestión de los residuos industriales DOGC del 28 de Noviembre de 1984

              • Decret 399/ 1996 del 12 de desembre, que regula el fondo económico de compensación DOGC del 18 de Diciembre de 1996 pág. 12937

              • Ley 20/ 1986 de 14 de Mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos Boletín Oficial del Estado (BOE) núm. 120 de 20 de Mayo de 1986.

              • Real Decreto 833/ 1988 del 20 de Julio de 1988, establecedor del reglamento para ejecución de la Ley 20/ 1986 BOE núm. 182 de 30 de Julio de 1988.

              • Resolución del 28 de Abril de 1995, aprobadora del Plan Nacional de Residuos Peligrosos BOE núm. 114 de 13 de Mayo de 1995

              • Diario La Vanguardia Días: 29/01/97, 30/01/97, 04/02/97, 05/02/97, 07/02/97, 12/02/97, 15/02/97, 18/02/97, 05/03/97, 06/03/97

              • Diari Avui Días: 29/01/97, 30/01/97, 04/02/97, 05/02/97, 07/02/97, 27/02/97

              • Diario El Periódico de Catalunya Día 09/02/97

              • Diario El País Día 21/03/97

              • Dirección INTERNET de la Generalitat de Catalunya http:\\www.gencat.es

              • Diccionario Enciclopédico Espasa Espasa-Calpe Editores 1984