El liberalismo conservador y el inicio de los movimientos democráticos (1843-1874)

Historia de España. Sexenio revolucionario. Guerras carlistas. Isabel II

  • Enviado por: M. Cruz Martínez
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 13 páginas
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TEMA 3: EL LIBERALISMO CONSERVADOR Y EL INICIO DE LOS MOVIMIENTOS DEMOCRÁTICOS (1843-1874)

3.1. El reinado de Isabel II (1843-1868)

3.1.1. Caracteres Generales.

Entre 1843 y 1853 prosigue la inestabilidad política de las regencias, debida a los reiterados pronunciamientos y al cambio en las preferencias políticas de la reina.

El poder ejecutivo se componía de seis u ocho ministerios o secretarías de despacho formalmente nombrados por la Corona. Todos ellos reunidos componían el Consejo de Ministros, presidido por hombres vinculados a la política y nombrados por la reina.

El poder legislativo lo componían dos Cámaras, Congreso y Senado, con función y composición variable según los periodos y las constituciones, mientras que el poder judicial era prácticamente inexistente, debido a la competencia de jurisdicciones, característica del AR. Las jurisdicciones se fundamentaban en criterios de privilegio o personas, fuero militar, nobiliario, eclesiástico o en los delitos que deberían ser juzgados: Inquisición, Consejo de Hacienda y fueros provinciales. La unidad de los fueros iniciada en la Constitución de Cádiz recibió un gran impulso en 1862, fecha en la que un real decreto ordenaba que la jurisdicción ordinaria fuera la única competente.

La regularización de la vida constitucional fue uno de los hechos más destacados del periodo isabelino, la intervención de civiles y militares en asuntos de Estado para controlar la opinión y manipular las elecciones fue otro de los rasgos característicos que dará lugar al militarismo.

La Iglesia, con la intención de no perder la posición privilegiada de la cual había disfrutado durante el AR, llegó a asumir los valores de la burguesía a cambio del apoyo estatal en la aplicación de la doctrina católica y el funcionamiento de las instituciones que de ella dependían.

Frente a la Administración local, anárquica y heterogénea, propia del AR, el Estado liberal se caracterizó por el intento de la unificación administrativa. Al frente de cada una de las cuarenta y tres provincias se colocó un representante del gobierno. La Diputación era el órgano de gobierno provincial.

Tanto en el medio rural como en el urbano, hubo un sector de la población perteneciente a las clases medias que se interesaba por los asuntos públicos, pero era un sector relativamente pequeño, ya que la gran mayoría de los ciudadanos pertenecía ajena a lo que estaba sucediendo en los partidos, en las elecciones o en el gobierno municipal.

3.1.2. El juego de los partidos.

Para entender la evolución política del periodo isabelino es necesario analizar el contenido de diversas formaciones.

  • Los moderados. Pretendían suavizar los principios del liberalismo para frenar la posible evolución hacia la democracia y conservar las posiciones que ya habían adquirido en el reinado de Fernando VII. Sus presupuestos ideológicos eran la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, propios de las cartas otorgadas, y el orden como consolidación de instituciones y origen de prosperidad. Prefieren el sufragio censitario, no aceptan la declaración de los derechos humanos y propugnan las cortes bicamerales.

  • La corriente progresista. Su origen se encuentra en la versión exaltada del liberalismo nacido en el trienio liberal. Defiende la soberanía nacional, el sufragio universal, unos derechos limitados y la libertad de cultos.

Su programa de robustecimiento de los poderes locales y provinciales, la decisión de establecer la milicia nacional y el proyecto desamortizador, la acerca a las clases medias.

  • La Unión Liberal. Surge a mediados de siglo como consecuencia del propio desgaste de los moderados y de su evolución hacia el conservadurismo. Su núcleo principal procedía de los puritanos moderados. Este partido trató de fomentar el progreso del capitalismo, de la descentralización administrativa, en suma, mejorar lo presente sin destruirlo. Socialmente, su militancia fue de orígenes variados, con especial protagonismo de las clases medias (profesionales y funcionarios).

  • El Partido Demócrata. Nacía oficialmente para la vida pública el 6 de abril de 1849, a partir de la evolución de ciertas sociedades patrióticas del trienio liberal. Sus bases eran: la soberanía nacional, la igualdad ante la ley, la división de poderes, la libertad de comercio y una política desamortizadora. El bienio progresista (1854-1856) la consolidó como partido, pero su protagonismo será más relevante a partir de 1868.

  • Los carlistas continuaron su carácter contrarrevolucionario, pero sin un pensamiento propio. El carácter foralista será una de las principales notas frente al centralismo del Estado liberal.

Con respecto a las elecciones, podemos destacar varias características: la abstención debido a la gran mayoría de población rural con un alto índice de analfabetismo; el desarrollo del caciquismo, que permitía el triunfo continuo de los candidatos gubernamentales, y la injerencia de los gobiernos. Antes de cada elección las circulares del Ministerio de la Gobernación marcaban las preferencias gubernamentales y condicionaban el fraude de unas elecciones que quedaron reducidas a mera apariencia.

3.1.3. La evolución política y sus protagonistas

  • La Década Moderada

  • Entre 1843 y 1854 prosiguió la inestabilidad política, debida a los reiterados pronunciamientos. Los aspectos comunes que caracterizan al periodo isabelino son las mejoras económicas y las tendencias hacia la consecución de un Estado unitario.

    La subida de los moderados al poder significó, a nivel internacional, una ruptura del aislamiento, en el cual se había mantenido España como consecuencia de las luchas civiles del reinado anterior. Se desarrolló una gran ofensiva diplomática para que se reconociera el nuevo gobierno, dirigida a dos cuestiones principales: Roma, hecho que tuvo como consecuencia la firma del Concordato de 1851, y a la Viena de la Restauración, que hasta la caída del canciller Metternich no consumó la aceptación de la monarquía isabelina.

    Sin embargo, los frenos del nuevo gobierno hacia los brotes revolucionarios le depararon mayor éxito, tanto a nivel interno como externo, y forjaron el aumento del protagonismo del líder de los moderados, el general Narváez.

    • Las reformas moderadas

    Las más significativas fueron:

    • La Ley de Organización y Atribuciones de los Ayuntamientos de 1845. Se reservaba a la Corona la designación de alcaldes en las capitales de provincia y cabezas de partido con población de más de dos mil habitantes.

    • La reforma de la educación. La ley de junio de 1838: las escuelas primarias se establecen para la masa general del pueblo, pero las superiores se establecen para todos, se destinan a una clase determinada aunque numerosa, que es la clase media. Con respecto a las universidades, el Estado liberal concibe la enseñanza superior como una rama del Estado fuertemente burocratizada.

    • El acercamiento a la Iglesia. Los moderados suspendieron la venta de bienes nacionales. Se buscó la aproximación a la Iglesia para defender los valores de la nueva sociedad, como la familia y la prosperidad individual. La Iglesia fijó su nueva organización en el Concordato de 1851, respondiendo al mismo planteamiento que inspiró la reforma administrativa. La Iglesia perdió sus facultades territoriales y jurisdiccionales, pero obtuvo el reconocimiento del Estado en su papel en la enseñanza y del matrimonio canónico como único legítimo.

    • La creación de un nuevo Código Penal y de la guardia civil (1844). Ambos suponían un esfuerzo por el mantenimiento del orden público.

    • La reforma fiscal de Alejandro Mon (1845). La fórmula propuesta era un sistema ecléctico que combinaba impuestos directos (inmuebles, cultivos, subsidio industrial) y otros indirectos (estancos, derechos de consumo y puertas). Subsistió en lo esencial durante más de un siglo.

    • La caída de los moderados

    Desde enero de 1851 a diciembre de 1852 ocupó el poder Bravo Murillo. Queda clara en ese periodo la desintegración de los moderados, que con sus gobiernos breves intentan mantener la situación. En 1854 las Cortes se disuelven, la oposición se radicaliza y de nuevo se recurre a la fuerza.

  • La Revolución de 1854 y el Bienio Progresista (1854-1856)

  • Se inició con un conflicto parlamentario entre el Senado y el gobierno del conde de San Luis. El Senado venció al gabinete ministerial.

    La reina convirtió en ministros a una parte de los miembros de la Junta de Madrid. El nuevo Gobierno se mostró incapaz de dominar la sublevación. La reina llamó a la Corte al general Espartero, quien pactó con O´Donnell. De este acuerdo nacerá un nuevo régimen político, conocido como bienio progresista.

    • El marco constitucional

    El gobierno de Espartero restauró la Constitución de 1837, convocó Cortes Constituyentes con una sola cámara elegida por la ley de 1837 y con un censo muy superior al contemplado en dicha Constitución.

    La Constitución de 1856, llamada non nata porque no llegó a publicarse recogía los principales postulados del pensamiento progresista: proclamaba la soberanía nacional y la reunión automática de las Cortes, ampliaba la tabla de derechos individuales con la inclusión del jurado para los delitos de imprenta, abolía la pena de muerte por delitos políticos y establecía la libertad de conciencia.

    • La desamortización de Madoz (1855)

    Afectó a bienes municipales del clero, la instrucción pública, la beneficiencia y la Corona, y estuvo en vigor hasta final de siglo.

    Se iba a destinar parte del producto de las ventas a equilibrar el presupuesto estatal y a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril.

    Sólo se aceptaba dinero en metálico como medio de pago. Esto tuvo dos consecuencias:

    • El deterioro para las familias campesinas por la privación de los bienes comunales y de propios.

    • La tensión con la Santa Sede, por la violación del Concordato, debido a la liquidación paulatina del patrimonio de la Iglesia.

    • Las leyes financieras

    Se puso de manifiesto los problemas derivados de la escasez de dinero en circulación y la insuficiencia del marco jurídico financiero. A este respecto, las Cortes aprobaron dos leyes:

    • Establecer un sistema plural de emisión de billetes. El gobierno controlaría la actividad bancaria a través del gobernador del Banco de España.

    • Ley sobre sociedades creditivas, que regulaba las instituciones destinadas a préstamos, recaudación de impuestos y promoción de empresas industriales.

    En septiembre de 1856 un nuevo decreto liquidó el bienio y restableció la vigencia de la Constitución de 1845.

  • La crisis del liberalismo moderado y el gobierno de la Unión Liberal (1856-1868)

  • En este periodo intervendrán tres grupos políticos: moderados, Unión Liberal y progresistas. El objetivo político del momento será conciliar libertad y orden.

    Todo ello tendrá como resultado una gran estabilidad política motivada por el predominio de la Unión Liberal.

    Los problemas más destacados del periodo son los conflictos entre carlistas y campesinos y la sucesión de gobiernos.

    • La confllictividad interna entre carlistas y campesinos.

    Los carlistas protagonizaron un movimiento precipitado sin el suficiente respaldo militar, el 1 de abril de 1860 en San Carlos de la Rápita (Tarragona), con la intención de provocar un levantamiento general.

    La protesta campesina tuvo su origen en las desamortizaciones de Madoz y en el sistema de quintas e impuestos de consumo, así como en la presencia de la Guardia Civil. La protesta comenzó a adquirir un carácter más violento. (por ejemplo: sucesos de Utrera y el Arahal -Sevilla- y la sublevación de Loja -Granada- en 1861). En los primeros destaca la presencia de la pequeña burguesía local y de trabajadores del campo, empeñados en destruir archivos para evitar la existencia de cualquier documento que diera fe de la creciente apropiación burguesa de la tierra. La revuelta fue duramente reprimida por la Guardia Civil.

    La sublevación de Loja estuvo dirigida por Ramón Pérez del Alamo y llegó a movilizar a unas cien mil personas. Pretendieron conjugarse los intereses políticos democráticos y republicanos de una asociación secreta que pretendía el reparto de tierras y la contestación anticaciquil al general Narváez, la oposición activa en las elecciones generales y municipales y la movilización. El 18 de julio se publica un manifiesto en el que deja claro que su misión no es otra que la defensa de la democracia y el respeto a la propiedad, el hogar doméstico y todas las opiniones. La movilización campesina fracasó entonces, pero había demostrado que los jornaleros andaluces podían recurrir a la violencia para solucionar el problema de la tierra.

    • La sucesión de gobiernos

    Los últimos años del reinado de Isabel II constituyen una etapa caracterizada por la ruptura del consenso. Los problemas serán de doble naturaleza: políticos y económicos.

    • Políticos. En mayo de 1864 el general Prim aseguraba que el monopolio moderado no había de durar más de dos años. La intentona fracasó y el general huyó a Portugal. De nuevo se intentó derrocar al gobierno mediante el levantamiento de los sargentos en el cuartel de San Gil de Madrid. El resultado fue el fusilamiento de 66 personas y el exilio de los principales líderes del Partido Progresista. Aquellos sucesos precipitaron la caída de O´Donnell y su sustitución por Narváez en la presidencia del Consejo.

    • Económicos y sociales. Los últimos gobiernos isabelinos se encontraron ante una crisis múltiple (industrial, monetaria y ferroviaria), debida a factores ligados al capitalismo industrial y financiero y al agotamiento del modelo económico en el que se habían apoyado los moderados. Los sectores sociales tampoco estaban satisfechos: revueltas campesinas, desórdenes militares y protestas estudiantiles, como la noche de San Daniel, el 10 de abril de 1865, que consistió en un levantamiento armado en el que participaron estudiantes y fuerzas heterogéneas.

    En agosto de 1866 se reúnen demócratas y progresistas y llegan al Pacto de Ostende, por el que se comprometen a derrocar a Isabel II, tras lo cual se elegirá por sufragio universal masculino una asamblea constituyente que decidirá sobre la forma de gobierno, monárquica o republicana.

    La crisis económica era un buen fermento para la revolución, igual que lo era la alianza de todos los partidos para cambiar de forma de gobierno.

    3.2. Los primeros movimientos democráticos. El sexenio revolucionario (1868-1874).

    El llamado sexenio revolucionario comprende los años que van desde 1868 hasta el reinado de Alfonso XII. Triunfan los principios del liberalismo radical y democrático, que se apoyan en los conceptos de soberanía nacional y sufragio universal. Este proceso democrático se ve acompañado por los inicios del movimiento obrero a la sombra de la I Internacional (1864).

    3.2.1. La preparación del sexenio.

    Desde el punto de vista político, la Revolución de septiembre de 1868 se fraguó en el seno de una minoría política (de progresistas y demócratas). La participación popular se extendió gracias a la acción de los intelectuales y de la prensa de los núcleos urbanos. En el marco rural el malestar y descontento social, unidos a los problemas de la mala distribución de la tierra, activaron la participación campesina en la revuelta.

    A los hechos políticos se sumaron los económicos, el proteccionismo comercial, el déficit de Hacienda, el paro, la crisis de subsistencia y la propia descomposición política del régimen isabelino tras la muerte de Narváez. El Pacto de Ostende entre progresistas y demócratas supuso un deseo de convocar elecciones mediante sufragio universal y la determinación de una nueva forma de gobierno por parte de las Cortes Constituyentes.

    La fórmula elegida para llevar a cabo la revolución fue el pronunciamiento de la escuadra mandada por el almirante Topete en la bahía de Cádiz. Más tarde se incorporaron a ella Prim y los generales Serrano y Dulce. Juntos firmaron un manifiesto en el que explicaban las razones de la insurrección, al tiempo que se proclamaba viva España con honra. Hubo una amplia participación popular. En la mayor parte de los casos la combinación de problemas locales con los intereses generales del país.

    El triunfo de los sublevados quedó confirmado en la Batalla de Alcolea (28 de septiembre de 1868). Madrid se sumó al levantamiento e Isabel II marchó hacia Francia. Así se iniciaba el sexenio democrático.

    Al éxito del pronunciamiento y su consolidación contribuyeron los generales prestigiosos, los partidos políticos (y una amplia mayoría de sectores urbanos y campesinos) y las Juntas Revolucionarias que se habían formado espontáneamente por todo el país.

    En las Juntas dominaba cualitativamente el elemento demócrata. Estas Juntas organizaron la vida civil de la población, armando al pueblo a través de los Voluntarios de la Libertad, y entraron en conflicto político con los personajes que iban a asumir el poder.

    3.2.2. El gobierno provisional de Serrano.

    Se constituyó el 8 de octubre de 1868 y estaba compuesto por miembros del partido progresista y unionista. La presidencia de Serrano agrupaba a Sagasta en Gobernación, Prim en Guerra, Topete en Marina y López de Ayala en Ultramar.

    En el plano político, la actividad del gobierno se dirigió a plasmar en una serie de decretos los principios democráticos, como la libertad de asociación e imprenta y el ejercicio del sufragio universal, reservado a los mayores de 25 años de sexo masculino, fijando además de la circunscripción como célula electoral frente al distrito unipersonal, característico del periodo de los moderados.

    En un decreto del 9 de noviembre de 1868 se consideraba el sufragio universal como legítima expresión y consecuencia indeclinable de la soberanía nacional.

    La política económica aspiraba a consolidar el sistema capitalista y a conseguir la recuperación del país después de la crisis económica de 1866. Aunque continuará pendiente la reforma del sector agrario.

    Se producirá un conflicto inevitable con la Iglesia católica, ya que desde un principio el gobierno hizo suyo el problema de la declaración de la libertad de cultos. El 12 de octubre se publicó el decreto de disolución de la Compañía de Jesús, expulsando a sus miembros e incautando sus bienes. Esta política se completaría con la extinción de conventos y casas religiosas y la derogación del fuero eclesiástico.

    • Las Cortes Constituyentes y la Constitución de 1869.

    Desde octubre de 1868 hasta la celebración de Cortes Constituyentes el 15 de enero de 1869, España se vio inmersa en período de febril actividad política. Eran las primeras que se celebraban bajo el principio del sufragio universal.

    La campaña electoral se desarrolló en un ambiente de gran libertad de expresión. La finalidad de las obras de prensa era extender por todo el territorio los principios democráticos y dar al pueblo un nivel mayor de cultura política del que habían disfrutado hasta entonces.

    El acto de las elecciones fue llevado a cabo con gran claridad. Los votos podían estructurarse en dos niveles:

    • El urbano, donde el poder público presionaba sobre sus empleados civiles y militares.

    • El rural, presionado por las relaciones de dependencia y subordinación, que en las pequeñas localidades cambiaba la protección del notable por la vinculación del voto.

    Las Cortes Constituyentes presentaban una composición constituida por cuatro grandes grupos: a la derecha, los carlistas y unos diputados isabelinos dirigidos por Cánovas; en el centro, la mayoría gubernamental, cuyos líderes son Prim, Sagasta, Olazaga y Ruiz Zorrilla, y a la izquierda, los republicanos, dirigidos por Figueras y Castelar.

    La Constitución de 1869 recogía los principios democráticos, continuando la línea del gobierno provisional. Los derechos individuales quedaban garantizados por los poderes públicos (libertad de expresión y de asociación); el gobierno de la monarquía parlamentaria se llevaría a cabo con división de poderes: el legislativo residiría en unas cortes bicamerales, con amplias atribuciones; el ejecutivo, en un rey que seguía las pautas del derecho británico: reina pero no gobierna, y el judicial, en tribunales independientes, instituyendo la fórmula democrática del jurado. En esta Constitución, la más liberal del siglo XIX, se regula la actividad de ayuntamientos y diputaciones y se decreta la libertad de cultos. La respuesta eclesiástica no se hizo esperar y se inició una campaña de movilización de feligreses a través del púlpito con el fin de entregar firmas a la comisión encargada de elaborar el proyecto constitucional.

    3.2.3. Serrano regente y el Gobierno de Prim

    Tras la aprobación de la Constitución de 1869, Serrano fue nombrado regente. Su nombramiento se produjo con el objeto de crear una situación puente que permitiera, en un clima de equilibrio, la elección de un monarca.

    Las riendas, sin embargo, serían llevadas por el general Prim, que lideró el núcleo progresista y buscó el equilibrio con los demócratas para llevar a cabo la aplicación de la Constitución.

    Las obras principales llevadas a cabo bajo su mandato fueron:

    • La unidad de los fueros en la administración de justicia, suprimiendo tribunales especiales y fijando límites en la jurisdicción eclesiástica y militar.

    • La Ley Orgánica del Poder Judicial, que jerarquiza el funcionamiento de los tribunales.

    • La Reforma del Código Penal, que acentúa los criterios democráticos, tipificando los delitos y adaptando las condenas al nuevo régimen de libertades. A pesar de las garantías constitucionales y de la aprobación de las nuevas leyes, la consagración del principio monárquico no satisfacía a los republicanos, como tampoco atraían a las clases populares los escasos cambios para alterar la estructura socioeconómica del país.

    El republicanismo español comenzó a desarrollar dos líneas de actuación:

    • La parlamentaria, atenta siempre al corpus doctrinal de los principales republicanos.

    • La de los clubes republicanos, que abrazaban la idea de una federación republicana constituida por agrupaciones locales en secuencia piramidal que conformarían el Estado.

    La insurrección republicana de 1869 contó con una gran participación y tuvo gran repercusión en las zonas periféricas. Estas revueltas se diferenciaron de los pronunciamientos liberales en que no contaban con la participación militar y adolecían de una fuerte desorganización.

    3.2.4. A la búsqueda de un rey.

    El gobierno de Prim y la Constitución de 1869 habían garantizado la estabilidad interna para la búsqueda de un candidato al trono de España.

    El esfuerzo de Prim por elegir al candidato idóneo le llevará a rechazar a los carlistas, a los alfonsinos y al propio general Espartero, y a lanzarse a la aventura europea. Amadeo de Saboya, hijo del rey Víctor Manuel II fue elegido por las Cortes Españolas y apoyado por las monarquías europeas, que le consideraban un freno a la extensión del republicanismo en Europa.

    El asesinato de Prim, días antes de la llegada de Amadeo I, auguraba un mal comienzo a la monarquía democrática. Prim había mantenido unida la débil coalición unionista-progresista-demócrata. Con su muerte se aceleró la descomposición de los partidos, con lo que la monarquía carecería desde el primer momento de un apoyo político y parlamentario sólido.

    3.2.5. La monarquía democrática: Amadeo de Saboya (1871-1873).

    La muerte de Prim escindió a los progresistas, único apoyo de la Corona.

    No fue este el único problema del período: los distintos gobiernos tuvieron que hacer frente a graves crisis internas, sociales y económicas, combatir a una oposición cada vez más activa en izquierda y derecha y dispuesta a alzarse en armas.

    • La evolución política.

    Tras el asesinato de Prim, el general Serrano será el encargado de formar gobierno y convocar las primeras elecciones generales de la monarquía. Para el buen funcionamiento del sistema, los progresistas debían ejercer el poder, pero los herederos de Prim se escindieron en dos facciones, capitaneadas por Sagasta y Ruiz Zorrilla, respectivamente. La escisión de los progresistas tendrá gran importancia a la hora de entender la evolución política durante el sexenio, porque puso de manifiesto la crisis del liberalismo democrático recogido en la Constitución de 1869. Los progresistas se dividieron en dos grupos constitucionalistas:

    • Facción conservadora. Sagasta, unido a los unionistas, se mostró partidario de los recortes en las concesiones democráticas establecidas por Prim.

    • Radicales de Ruiz Zorrilla, descontentos con la monarquía y cercanos a los republicanos.

    Las elecciones de 1871 fueron forzadas desde el Ministerio de la Gobernación, con Sagasta a la cabeza, para garantizar un sólido apoyo a la Corona.

    Sin embargo, los republicanos mantenían su fuerza en las capitales de la periferia y en ciertas regiones de Cataluña y Aragón, zonas muy pobladas y con marcado carácter urbano.

    Una vez resuelto el problema electoral, el gabinete Serrano apenas tuvo tiempo de hacer frente a los dos grandes problemas del país: el económico y el de Cuba. El primero de ellos fue abordado por Moret, ministro de Hacienda, que intentó equilibrar el déficit presupuestario a través de la extensión de la carga tributaria a las rentas procedentes de la riqueza mobiliaria.

    El desgaste del gabinete Serrano fue tan evidente que el rey encargó la formación de un nuevo gobierno a Ruiz Zorrilla.

    Los esfuerzos realizados para impedir la ruptura definitiva no obtuvieron ningún resultado, y la división se hizo pública por medio de dos manifiestos, dirigidos ambos al partido progresista democrático y a la nación, con un contenido muy similar.

    Si en 1871 se habían sucedido las crisis de gobierno, en el año siguiente la continuación de estos períodos repercutió en un progresivo desarrollo de la crisis política y parlamentaria que condujo a su fin a la monarquía de Amadeo I. El año comenzó con la celebración de elecciones generales tras la disolución de las Cortes. Los adversarios eran ahora los conservadores de Sagasta y el llamado pacto de coalición nacional, suscrito por la oposición y los radicales. El resultado electoral otorgó la victoria a los conservadores.

    Los problemas no tardarían en producirse: un escándalo financiero provocó la dimisión de Sagasta, y de nuevo Serrano formó gobierno, se generó una nueva crisis y fue sustituido por Ruiz Zorrilla. Este último configuró un gabinete transitorio encaminado a la convocatoria de elecciones en agosto de 1872. En estos nuevos comicios la abstención superó el 50%, y a pesar de ello, Ruiz Zorrilla presidió el Consejo de ministros y se decidió a acometer reformar tales como la reorganización del ejército y la solución del problema de Cuba. Sólo la Ley de Enjuiciamiento Criminal consiguió prosperar. A la monarquía democrática le nacían continuamente problemas: la polémica para la abolición de la esclavitud, el resurgimiento del carlismo, la radicalización de la izquierda y la iniciativa de la restauración monárquica, que iba cobrando cada vez más fuerza.

    El año 1873 fue el que marcó la abdicación de Amadeo I por problemas militares. El 10 de febrero Amadeo abdicaba en su nombre y en de sus sucesores.

    • La oposición política.

    La monarquía de Amadeo I suscitará una gran oposición política por parte de numerosos sectores:

    • Las clases tradicionales. La nobleza y la Iglesia comenzaron a resurgir en este periodo. Mostraron una cierta aversión hacia el sistema amadeísta. Se inclinaron mayoritariamente por la causa alfonsina. La jerarquía eclesiástica consideraba peligroso para sus intereses al monarca de Saboya. A ello se unía el recelo por la libertad de cultos y la separación Iglesia-Estado, propias de los Estados democráticos.

    • Los carlistas. En los años iniciales del sexenio, el carlismo experimentó un auge considerable, pues la aceptación de la monarquía como forma de gobierno tras la caída de Isabel II alimentó las esperanzas de los tradicionalistas, que aspiraban a proclamar rey a Carlos VII. En la oposición carlista se fueron perfilando dos tendencias: la de los neocatólicos y el sector insurreccional.

    Los neocatólicos, dirigidos por Nocedal, que pretendían llegar al poder a través de la práctica electoral.

    El sector insurreccional, que ganó fuerza en las elecciones de abril de 1872. En mayo el pretendiente Carlos VII entró en Vera de Bidasoa y los frentes carlistas hostigaron a los gobiernos hasta 1876, generando una tensión creciente tanto en el terreno político como en el económico.

    • Igualmente se produce el surgimiento del partido alfonsino. Los alfonsinos eran todavía un movimiento cuyo núcleo era inicial era el de los diputados moderados y unionistas, que se organizaron en torno a Cánovas en las Cortes Constituyentes de 1869. Defendían la tradición histórica española encarnada en la monarquía constitucional y la fidelidad al príncipe Alfonso. Su base social abarcaba desde la aristocracia hasta la Iglesia, oficiales del ejército, empresarios catalanes, etc. Entre las alternativas planteadas para acabar con la monarquía amadeísta, ésta era la más cauta y la que contaba con apoyos económicos y morales suficientes para ir atrayendo a los disconformes de la política y del ejército.

    • Los republicanos. Tampoco constituían un grupo homogéneo, ya que el proyecto republicano conciliaba intereses políticos dispares y en él confluyen socialistas utópicos y defensores de la propiedad a la manera constitucional. Podemos distinguir varios grupos.

    Desde el punto de vista del sistema de Estado, coexistían los unitarios y los federalistas, según fueran partidarios de la República como forma de gobierno o por una estructura federal del Estado.

    Según la táctica para la toma del poder, se encontraban, por una parte, los parlamentarios, partidarios de la vía electoral, y por otra los intransigentes, que defendían la vía insurreccional.

    3.2.6. La Primera República (1873-1874).

  • FACTORES CONSTITUYENTES

  • La Primera República ocupa un lugar muy destacado en la historia institucional y política de la España contemporánea, ya que supone un deseo de estabilidad democrática tras el fracaso de la alternativa monárquica encarnada por Amadeo de Saboya.

    A la formación de una atmósfera favorable a la proclamación de la República, contribuyeron también circunstancias exteriores, como el triunfo de Estados Unidos como modelo democrático, el éxito y la implantación de la República francesa después de los numerosos avatares revolucionarios, y la personalidad de líderes extranjeros con fuerte influencia sobre el pensamiento español (Garibaldi, Víctor Hugo).

  • BASES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS

  • El advenimiento del nuevo régimen no contó con las bases políticas y sociales adecuadas para su perduración en el tiempo; el horizonte económico era de crisis agrícola, hacendística y de destrucción en zonas como Cataluña, Levante, País Vasco y Andalucía, debido a los efectos de las guerras y a las revueltas sociales, que obligaban al abandono de fábricas e industrias y alteraban la evolución del país.

    Las clases populares no tardaron en desentenderse del credo republicano, que antepone la revolución política a un necesario cambio socioeconómico. En la mayor parte de los casos estos grupos sociales tendieran a alistarse a las filas del obrerismo. La República sí contó con el apoyo de las profesiones liberales y los círculos intelectuales. Entre las clases altas y el ejército, la República contó con pocas simpatías.

    Tampoco existía un programa de gobierno coherente y homogéneo, ya que los partidos de este signo tampoco eran formaciones sólidas.

    • Evolución política.

    Viene marcada por la importancia de los presidentes: Pi y Margall y Castelar.

    • La instauración de la República federal.

    La mayoría parlamentaria del Congreso y del Senado proclamó la República el 11 de febrero de 1873 y eligió como jefe del ejecutivo a Estanislao Figueras, que nombró ministro de la Gobernación a Pi y Margall. El gobierno recién constituido tuvo que soportar presiones:

    • De los republicanos más intransigentes, que deseaban más reformas sociales y que promovieron brotes revolucionarios campesinos en Andalucía y en Cataluña, donde incluso hubo un intento de proclamación del Estado Catalán dentro de la república Federal Española.

    • De los propios radicales, que trataron de derribar al gobierno por la fuerza mediante una insurrección.

    Entre el 10 y el 13 de mayo de 1873 se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio universal de todos los mayores de 21 años, aunque la abstención alcanzó el 60% del censo. La indiscutible victoria de los republicanos, con un 90% de los votos, resultaba engañosa. Las nuevas Cortes definieron el nuevo régimen como una república federal, y así se formó un nuevo gobierno bajo la presidencia de Pi y Margall.

    Las nuevas Cortes presentaron tres tendencias distintas que se enfrentarían a la hora de formar gobierno:

    • El centro de Pi y Margall, que desaprobaba las acciones armadas e intentaba descentralizar el aparato del Estado.

    • Los moderados, esto es, el partido derechista abanderado por Emilio Castelar, que querían un gobierno fuerte y federal, siempre que éste no implicase desorden social.

    • Los intransigentes, dirigidos por el nuevo presidente de las Cortes, José María Orense, y que atacaban la jefatura oficial y la política de la prudencia.

    En un plazo de quince días se produjeron sucesivos cambios de gobierno, lo que demostraba la escasa cohesión del partido.

    Los dos temas fundamentales del republicanismo fueron la cuestión de la tierra y las relaciones capital-trabajo, en un intento por conciliar los intereses tradicionales con el protagonismo creciente de las clases obreras.

    • La revolución cantonalista.

    La proclamación del carácter federal de la República aceleró el protagonismo del movimiento cantonalista, cuyo radicalismo se manifestaba en la exigencia de establecer la estructura federal del Estado de abajo hacia arriba, es decir, sobre la federación de unidades más pequeñas hasta la conformación definitiva del Estado. El resultado de este planteamiento sería la formación de cantones, que comenzarían a desarrollarse por toda la periferia del Mediterráneo, Levante y Andalucía. La cuestión del cantonalismo es uno de los fenómenos más complejos del período. En el verano de 1873 los cantones surgieron como un reguero por Levante, Murcia y Andalucía, convirtiéndose en una de las principales causas del declive de la república.

    El movimiento cantonalista era la concreción y la consecuencia lógica de la república federal. Fue protagonizado por artesanos, tenderos y asalariados, y se confundieron allí sectores de las clases trabajadoras, que tenían su propia versión del cantonalismo.

    Desde Madrid se exhortó a la rebeldía regional y se formó un Comité de Salud Pública, una especie de directorio de los federales más intolerantes, en contacto con los revolucionarios de las provincias.

    La crisis se inició en Alcoy, donde tuvo lugar una huelga general anarquista y el asesinato del propio alcalde republicano. Su trayectoria fue diversa, aunque, en general, los cantones fueron sometidos muy pronto.

    Si los inicios del cantonalismo supusieron el final de Pi y Margall, que había tratado de efectuar una política conciliadora, su sucesor, Nicolás Salmerón, endureció la postura del gobierno y los cantones remitieron ante la represión de los generales Martínez Campos en Levante y Pavía en Andalucía. Estos mismos serán los artífices del fin del Gobierno republicano en 1874.

    • El giro hacia la derecha.

    El nuevo gobierno de Salmerón supuso un giro conservador; sus principales objetivos fueron sofocar el cantonalismo y frenar el avance carlista, así como reprimir a los internacionalistas por medio del cierre de sus locales y la detención de sus militantes, objetivos que serán cumplidos por la guardia civil. La actuación de este Gobierno suscitó en las Cortes fuertes polémicas, lo que provocó su dimisión en septiembre de 1873.

    Su sucesor, Castelar, se orientó a obtener el apoyo de las clases conservadoras y sobre todo del ejército. Estableció una política autoritaria, recortando libertades individuales, disolviendo a los voluntarios de la república y suspendiendo las garantías constitucionales. El rechazo del Parlamento a la política de Castelar, protagonizado por la izquierda republicana, provocó la derrota de ésta, haciendo viable la implantación de un régimen de federalistas puros, hecho que sería impedido por el asalto del hemiciclo a cargo del general Pavía durante un debate entre Castelar y Eduardo Palanca.

    • El camino a la Restauración.

    El golpe del general Pavía abría un horizonte político nuevo, ante el cual era posible adoptar tres soluciones: restituir la Constitución de 1869 reformada, una nueva trayectoria republicana o el restablecimiento de la monarquía.

    Aunque Pavía era un general asociado a los radicales, no realizó el golpe en nombre del Partido Radical ni de una oposición política. Lo había hecho en nombre del ejército, en el que, a partir de ahora, va a primar la actitud de cuerpo y de arbitraje en el orden público.

    El gobierno del general Serrano, integrado por radicales y constitucionalistas, restableció el orden público tomando medidas excepcionales, como la disolución de los internacionalistas, limitación del derecho de asociación, represión de los republicanos y de sus órganos de gobierno y expresión, así como aplacar la guerra carlista. Este golpe de Estado había contado con el favor del ejército, que rechazaba la postura federal.

    El pronunciamiento militar de Sagunto sólo precipitó los acontecimientos. El general Martínez Campos, proclamó rey de España a Alfonso XII. El general Serrano tomó el camino del exilio y el 31 de diciembre de 1874 quedó constituido el Ministerio de Regencia, presidido por Cánovas del Castillo, para aguardar la llegada del nuevo rey.

    3.3. La vida cultural y artística.

    A medida que avanzaba el siglo XIX, la prensa se fue consolidando como el principal medio de noticias e ideas. Predominaban la prensa política, los diarios de información general o revistas ilustradas. Los libros por entregas y las colecciones consiguieron una gran difusión.

    Los nuevos aires democráticos del sexenio abrieron las puertas a la influencia de la intelectualidad extranjera, si bien los avances culturales tenían un carácter elitista.

    Una importante novedad fue la introducción del krausismo, basado en las ideas del pensador alemán Krause. En su programa ocupa un lugar destacado la preocupación por la Pedagogía y la idea de la transformación interna del individuo, traducidas en una aspiración reformada del hombre y en un espíritu religioso en contacto íntimo con Dios, lo que condujo a enfrentamientos con la Iglesia católica.

    En el terreno de la educación, la Primera República aprobó el Plan Chao de 1873, por el que se creaban las facultades experimentales de Matemáticas, Física y Química e Historia Natural.

    Los casinos se extendieron por toda la geografía española y servían de escenario a las tertulias.

    En cuanto a las diversiones, el circo, los toros y la zarzuela ocupaban los puestos más destacados, junto al teatro.

    Los aires de libertad animaron la evolución de la novela hacia el realismo, hacia el costumbrismo y el naturalismo.

    En el capítulo de las Bellas Artes, continua la tendencia determinante de las fórmulas de la pintura del siglo XIX, que dependerá de tres compradores: la exposición, el encargo y el concurso-oposición.

    HISTORIA

    1ª EVALUACIÓN 13