Economía húngara

PIB. PNB (Producto Nacional Bruto). URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). Socialismo. Comunismo. Liberalismo. Políticas de Estabilización. Privatización. Equilibrio presupuestario. Reformas salariales

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LA TRANSICIÓN ECONÓMICA EN HUNGRÍA

ÍNDICE

1 - La economía húngara antes de 1989

Reformas dentro del socialismo

El mercado dentro del socialismo

Nivel de vida y consenso social

Estancamiento económico y nuevas reformas

2 - La transición en Hungría: los programas de estabilización

El nuevo gobierno no comunista

Los “paquetes de medidas” de los programas de estabilización

Medidas de estabilización en Hungría

Política monetaria y fiscal

Política salarial

El difícil equilibrio presupuestario

3 - Las reformas estructurales

La privatización

La propiedad de la tierra

Liberalización del mercado

El mercado exterior

La entrada de capital extranjero

La reforma del sistema financiero

4 - Consecuencias de los cambios

La persistente recesión

El déficit comercial

Penetración del capital extranjero

Situación social y nivel de vida

Situación social (nivel de vida, etc.)

5 - La aceptación y consolidación de los cambios

Las elecciones de 1994

La situación actual

Conclusión: el debate gradualismo-terapia de choque

Bibliografía utilizada

Anexo estadístico

1 - La economía húngara antes de 1989.

REFORMAS DENTRO DEL SOCIALISMO

De todos los países del Bloque del Este europeo de Economía Centralizada, Hungría es el que llevó adelante mayores reformas en el sentido de aumentar el grado de descentralización y avanzar hacia una economía más basada en el mercado, ya antes de la descomposición de dicho bloque y la pérdida del poder por los partidos comunistas.

El llamado “modelo húngaro”, que nunca se planteó a sí mismo como un “socialismo de mercado”, al contrario que el abortado experimento de la “Primavera de Praga”, desvinculaba las reformas económicas de cualquier otro planteamiento de liberalización política. El monopolio del poder seguía en manos del Partido Comunista.

De hecho, desde 1964 hasta 1989 Hungría no cesó de buscar una economía socialista eficaz, que se sometiera a los mecanismos del mercado. En el curso de todo este periodo se fue alejando del modelo tradicional de economía planificada mucho más de lo que preveían sus promotores. Evidentemente, la reforma más radical fue la introducción en 1968 del “Nuevo Mecanismo Económico”, con la eliminación de los objetivos del Plan decididos de forma centralizada, incorporando bastantes de estas áreas de decisión a las empresas; los sistemas de incentivo basados en el beneficio, y en los últimos años del período mencionado, la creación de instrumentos para ejercer un control macroeconómico indirecto por medios monetarios y presupuestarios.

De esta manera, el sistema económico húngaro incluía ya en los años 80 “una importante descentralización en la toma de decisiones, la promoción de las actividades privadas de producción, una importante flexibilidad de precios, unida a una apertura internacional que permitía la repercusión de los precios externos sobre los nacionales; regulación del uso de los recursos materiales y humanos mediante impuestos y tipos de interés; y cierta autonomía empresarial (limitada por el alto nivel de concentración en la elección de proveedores y compradores).” MARIE LAVIGNE, 1997.

EL MERCADO DENTRO DEL SOCIALISMO

Las reforma puestas en marcha fundamentalmente a partir de 1968 habían reducido la dependencia de las empresas respecto a los ministerios, aunque se mantenía la subordinación a las autoridades regionales, y subsistieron las grandes empresas, así como los “trusts” (agrupaciones de empresas). Se daba, sin embargo, la capacidad de dichos trusts de cambiar su estructura interna de acuerdo con las exigencias de la eficiencia comercial. Además, paralelamente al mantenimiento de estas formas de Asociación obligatoria, se admitía una nueva forma de asociación voluntaria entre empresas, la “unión”, como unidad técnica y de servicios sin la actividad comercial distintiva del trust, sin pretensiones monopolísticas y sin burocratismo.

El proceso planificador central se limitaba fundamentalmente a la etapa de la macro-planificación, y las directrices emanadas de las autoridades planificadoras tenían la forma de medida generales de carácter monetario y fiscal, recurriendo a controles e instrucciones directos sólo en los casos excepcionales de defensa de la nación o de intereses vitales para el comercio exterior.

La formación de precios por el mercado se extendió mucho a partir de 1968. Ya en 1971 el 50% de los bienes de consumo se formaban en forma libre, otro 40% tenía precios máximos, y sólo un 10% estaban fijados por las autoridades, así como eran libres los precios del 80% de los bienes de capital, así como el 40% de las materias primas de producción nacional. (KASER-ZIELINSKY, 1971). Esto no suponía un riesgo de carestía de la vida, ya que el 50% de las partidas con precios fijos o topes máximos en 1971 representaban las tres cuartas partes de la cesta de la compra. De todas formas, diversas presiones conservadoras llevaron a una reducción en la librealización de los precios, que sería reemprendida más adelante.

Las empresas no tenían autorización para comerciar con el extranjero de forma general, pero podían ser autorizadas individualmente a realizar operaciones, de forma que ya en 1969 más de 100 empresas, incluyendo las 40 sociedades de comercio exterior estaban operando en los mercados extranjeros. Además, el precio de compra o venta no estaba fijado por una autoridad central, sino que la empresa tenía que negociar el precio de compra o venta para esforzarse en conseguir un beneficio. Hungría fue el país del Este que más cerca estuvo de la convertibilidad. Desde 1976 se había abolido el tipo de cambio “oficial”, introduciéndose un único tipo “comercial” que se fusionó en 1981 con el tipo de cambio “no comercial”. Las empresas podían comprarle monedas extranjeras al Banco Nacional al tipo de cambio “comercial”, siempre que tuvieran la suficiente cantidad de moneda nacional. Sin embargo, el Banco mantenía el monopolio sobre la compraventa de divisas extranjeras.

NIVEL DE VIDA Y CONSENSO SOCIAL

A consecuencia de la pérdida de población por la emigración política de 1956, y de una tendencia demográfica a la baja (que aún persiste), el problema de la falta del recurso mano de obra era especialmente agudo en Hungría. Esto obligaba a las empresas a ofrecer salarios altos a sus obreros. Por otra parte, la legislación reconocía la participación de los trabajadores en la dirección de las empresas, llegando a elegir al Director (a diferencia del resto de países del este, sin considerar el caso especial de Yugoslavia), y participando en las decisiones empresariales a través de un Consejo de Fábrica. Para disminuir las tentaciones de un exceso de aumento de la masa salarial, la imposición sobre el Fondo de participación salarial de la empresa era fuertemente progresiva, planteando grandes incrementos de los tipos impositivos conforme la masa salarial superaba la del año precedente, y discriminando aún más si los aumentos salariales igualaban o superaban el aumento de la productividad.

La autonomía empresarial dentro de este sistema que algunos califican de “mercado guiado” permitía a las empresas diversificar su actividad, extendiéndolas a otros productos de la misma industria, e incluso desplegando “actividades complementarias” a discreción, e incluso se podía poner en común sus recursos con los de otras empresas para establecer “empresas comunes”.

Con todos estos mecanismos se consiguió una importante participación social que permitió un crecimiento económico importante asegurándose así treinta años de paz social. Se mantuvo el pleno empleo, y se produjo un lento aumento de los salarios y del nivel de vida al menos hasta 1978, manteniendo al mismo tiempo un grado importante de igualitarismo y unos servicios sociales, educativos y sanitarios de calidad asegurados para toda la población.

ESTANCAMIENTO ECONÓMICO Y NUEVAS REFORMAS

Sin embargo, no se pudo asegurar un éxito suficientemente duradero. Hungría se fue endeudando progresivamente, al tiempo que se empobrecía con relación a otras economías comparables de los países occidentales. Entre 1975 y 1989, el PIB real húngaro aumentó un 35%, frente al 54% de media de los países de la OCDE (Fuente: OCDE, 1991). Aunque los términos de la relación de intercambio comercial con el exterior mejoró sensiblemente (aumentó su valor aunque se redujo su volumen), la productividad aumentó muy poco entre 1985 y 1987, con una creciente tasa de inflación, y se recurrió a un importante endeudamiento externo, el más alto de los países del Este.

Ya en 1982 se lanzó un programa de ajuste, condición para el ingreso ese año de Hungría en el FMI. Este programa, que se llevó a cabo y cumplió con sus objetivos, se llevó a cabo más con instrumentos de mercado que con medidas centralizadas. Sin embargo, la inflación subió a una tasa de dos dígitos en 1988, y el presupuesto estatal entró en déficit ya en 1985.

En los últimos años 80 se dieron sucesivos pasos para intentar aumentar la productividad y reducir los aspectos más ineficientes de la economía. En 1986 se aprobó una ley de quiebra, aunque apenas se aplicó en los años siguientes. En 1987 se introdujo un sistema bancario a dos niveles: el Banco Nacional de Hungría (BNH) conservaba el monopolio de emisión de moneda, y realizaría las funciones reguladoras propias de un Banco central, mientras que varios grandes bancos comerciales, surgidos del desmantelamiento de las Direcciones de Crédito y de los Departamentos Regionales del BNH se dedicaron más a funciones de crédito. Surgieron también nuevos bancos comerciales más pequeños, fundados por empresas, gobiernos locales y cooperativas, algunos de ellos participados por capital occidental.

En 1988, la Ley de Sociedades permitió la creación de empresas de capital conjunto, y en 1989 la Ley de Transformación permitió a las empresas estatales convertirse en sociedades de este tipo. En 1988 todas las modalidades de propiedad estaban legalmente en igualdad de condiciones: estatal, cooperativa (incluyendo actividades no agrícolas) privadas (con un límite máximo de 30 personas empleadas en empresas privadas desde enero de 1988) y extranjeras. Desde el 1 de Enero de 1989 se permitió la participación extranjera en empresas públicas hasta el 100% del capital.

En Enero de 1988 Hungría introdujo un programa de austeridad, con la aprobación del FMI, que aspiraba a recortar la demanda interna, restaurar el equilibrio presupuestario y generar un excedente de divisas fuertes en la balanza comercial. Al mismo tiempo, se había lanzado un programa de reestructuración, con el apoyo del Banco Mundial, el cual aportó financiación para la puesta en marcha de una reforma fiscal y para proyectos de modernización en la Agricultura y la transformación de alimentos.

A partir de la mitad de los 80 se hicieron, pues, evidentes elementos que avanzaban hacia una nueva reforma, más ambiciosa. Se daban ya todos los ingredientes de un programa de estabilización y transformación, siempre bajo la dirección monopolística de un partido, el PSH, que ya se encontraba debilitado y dividido entre una minoría conservadora y una mayoría reformista. Estos elementos se aceleraron, evidentemente, a partir de los acontecimientos políticos de 1989.

2 - La transición en Hungría: los programas de estabilización

EL NUEVO GOBIERNO NO COMUNISTA

En Octubre de 1989 el partido comunista (PSH) aceptó públicamente el multipartidismo, convocándose elecciones en la primavera de 1990, que llevaron al poder a una nueva coalición política. En Agosto fue elegido un jefe de estado no comunista, Arpad Göncz. Pero la nueva coalición estaba ella misma muy dividida y no fue capaz de consensuar un programa claramente definido, muy mediatizada por sus promesas electorales. Además, en Hungría ya se había soportado dos programas de estabilización, y la opinión pública no estaba dispuesta a soportar terapias de choque del tipo de las que se aplicaron en otros países en transición.

Más por pragmatismo que por convicción el Gobierno aplicó una política de transición de alguna forma gradualista, continuando en la línea de las transformaciones ya emprendidas por el anterior gobierno comunista. Posteriormente algunos economistas teorizarían estos planteamientos “gradualistas”, pero aunque el Gobierno siempre afirmó estar comprometido en una rápida transformación a la economía de mercado, su programa de estabilización apenas añadió una serie de leyes fiscales más el programa del FMI ya pactado en 1988, y renegociado e 1991. (LAVIGNE)

De todas formas, el “Programa Kupa” de 1991, llamado así por el ministro de Finanzas que lo patrocinó, pretendía la completa liberalización del comercio en 1992, provocar un punto de inflexión hacia un crecimiento económico a partir de 1993, la reducción de la inflación a cifras de un sólo dígito a partir de 1994, y la completa liberalización del forinto para ese mismo año. El programa pretendía asimismo completar la infraestructura legal lo antes posible, mientras que no se hablaba de liberalización de los precios, puesto que esta ya se había conseguido en la práctica, durante todo el proceso anterior. Todas estas medidas consiguieron, de alguna manera, los resultados pretendidos, pero a un alto costo social, y sin conseguir evitar una profunda recesión económica.

LOS “PAQUETES” DE MEDIDAS DE LAS POLÍTICAS DE ESTABILIZACIÓN

De acuerdo con la síntesis de Marie Lavigne, el “paquete” de medidas de los programas de estabilización que están vinculadas al inicio de una reforma estructural, y que ha esta do presente en les agendas de los reformadores en todos los países del Este, incluye:

  • La liberalización de los precios, mediante la reducción de subvenciones y la desregulación de la formación de los precios, al tiempo que se liberaliza el comercio interno.

  • El equilibrio del presupuesto, mediante subidas de impuestos, (en particular sobre los salarios) y recortes en el gasto público.

  • Una política monetaria restrictiva, mediante una subida de los tipos de interés, y regulación directa de los créditos bancarios.

  • Una política de rentas encaminada a frenar la espiral inflacionista, reduciendo las subidas salariales.

  • La liberalización del comercio exterior mediante la abolición de las licencias de exportación e importación, y la autorización a todas las empresas a comerciar con otros países. Los aranceles se convierten en un instrumento “activo” de política comercial, reduciéndose para facilitar la apertura. Esto iba acompañado de la convertibilidad interna y de la devaluación de la moneda nacional, hasta situarla en el cambio del mercado negro.

Simultáneamente se incluían medidas estructurales encaminadas a crear una economía de mercado privada:

  • la privatización, y el desmantelamiento de los antiguos monopolios estatales.

  • El establecimiento de un entorno de mercado, mediante la reforma del sector bancario y financiero, y la reforma fiscal.

  • El desarrollo de una red de asistencia social destinada a sustituir el anterior sistema de protección social global, y a atenuar el impacto de las medidas de austeridad y de transformación económica.

  • El inicio de una política industrial para definir las actividades necesitadas de apoyo, las abocadas a una reestructuración, y la protección ambiental.

MEDIDAS DE ESTABILIZACIÓN EN HUNGRÍA

Como hemos visto en el apartado anterior, en Hungría se venían aplicando en los años 80 diversas medidas de estabilización, de la mano del FMI. Esto hizo que las medidas aplicadas no fueran sino una continuación de las del gobierno anterior, sin aparecer claramente una “terapia de choque “ como las aplicadas en Polonia y en otros países del Este en la misma época. Esto hizo que algunos hablaran de “gradualismo” en las reformas, mientras que otros autores, analizando el fuerte impacto global, hablen de una “terapia de choque camuflada”.

De hecho, la mayoría de los precios estaban liberalizados previamente a la apertura del proceso de transición, y el resto lo fueron rápidamente. En 1991, el 90% de los precios eran ya libres.

Después del establecimiento del nuevo gobierno, en 1990, se establecieron diversos programas de emergencia. El 20 de febrero de 1991 se puso en marcha un programa de estabilización, que duró sólo 36 meses, revocado por el acuerdo de 15 de Septiembre de 1993, que estableció otro de sólo 15 meses.

POLÍTICA MONETARIA Y FISCAL

Las políticas fiscal y monetaria fueron centrales para las transformaciones propuestas. Aunque el gobierno no impuso una política restrictiva tan fuerte como en los otros países del Este por aquellas fechas (el dinero e circulación creció más que el PNB en 1990 y 1991), lo cual aumentó las posibilidades de endeudamiento de las empresas. Mientras que en 1989 las tasas de interés estaban por debajo del nivel de inflación, comenzaron a crecer en 1990, llegando a un pico en 1992. En 1993-94 las tasas de interés estaban ya muy altas, y el endeudamiento de las empresas ya resultaba prohibitivo.

En cambio, el gobierno modificó el sistema fiscal de manera que el grueso de la recaudación fiscal pasó progresivamente de las empresas a la población. Mientras que en 1988 los impuestos sobre las personas suponían sólo el 26,6% de los ingresos estatales, ya suponían el 39,3 en 1992.

A pesar de ello, el déficit presupuestario húngaro siguió creciendo, más que en otros países del Este que realizaban su transición por los mismo años, ya que la recesión hizo que la recaudación fiscal procedente de las empresas se redujera drásticamente, incluso en términos nominales, mientras que aumentaban las cargas por los subsidios de desempleo (en aumento), así como por el aumento en el numero de pensionistas, y por el servicio de la deuda, tanto interna como externa.

POLÍTICA SALARIAL

Antes de 1989 existían limitaciones y controles para evitar un excesivo crecimiento de los salarios, aunque en la práctica éstos seguían creciendo por encima del PNB. En 1989 se estableció un límite al crecimiento salarial en términos de valor añadido: una tasa impositiva sobre el crecimiento salarial gravaba a las empresas que permitían a éste crecer por encima del incremento en el valor añadido. Más tarde, el límite se vinculó a la masa salarial, ya que se había producido una importante diferenciación entre las empresas, debido al diferente incremento de productividad. Más tarde, el límite se estableció con relación al salario medio, y a partir de 1993 se eliminaron los controles y penalizaciones fiscales, ya que el incremento del paro y la fragmentación y debilitamiento de los sindicatos permitía esperar una regulación adecuada por medio del mercado.

EL DIFÍCIL EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO

Los objetivos de reforma del presupuesto estatal eran:

  • la reducción de los gastos en la administración del estado

  • la separación del presupuesto de las instituciones de bienestar social (salud, pensiones, educación) y su gestión con la participación del mercado

  • aumento de la presión fiscal

  • reducción de las subvenciones a los precios al consumo y a las empresas con pérdidas

  • fuerte reducción la redistribución de la renta por medio del presupuesto

Efectivamente, se incrementó la presión fiscal, pero sólo la de los ingresos personales y al consumo, mientras que los ingresos fiscales procedentes de las empresas se reducían tanto en términos absolutos como en relativos. Esto último era debido tanto a los problemas de las empresas (estancamiento, reestructuración...) como a la creciente evasión fiscal del sector privado. Hay que añadir la indisciplina fiscal de la población, y la falta de medios de control fiscal.

Los subsidios a las empresas y al consumo fueron reducidos drásticamente, así como la inversión pública. De hecho, la mitad del dinero procedente de las privatizaciones, que teóricamente tenía que haberse reinvertido en las empresas que debían sanearse previamente a su privatización, nunca fue dedicado a dichos fines, yendo a engrosar los ingresos públicos.

Sin embargo, el gasto social siguió representando el mismo porcentaje del presupuesto de gastos, y se crearon nuevas instituciones públicas. El resultado fue que la ratio entre el gasto público y el PNB no sólo no disminuyó en los primeros años, sino que aumentó desde el 62,5 en 1990 a más del 70% en 1993. Esto significó que el déficit público siguió aumentando, en lugar de disminuir. Este déficit fue financiado mediante la emisión de Bonos del Tesoro comprados por los bancos comerciales. La consecuencia fue que los depósitos bancarios no eran utilizados para financiar las inversiones, sino que servían para financiar el déficit presupuestario, con la doble consecuencia de reducir los fondos disponibles para compra de empresas privatizadas y para las inversiones al tiempo que hacían subir los tipos de interés a las empresas.

Gastos presupuestarios

Año

Gasto presupuestario como % del PNB

Déficit en miles de millones de forintos

Déficit como % del PNB

1990

62,5

1,9

0,

1991

60,9

114,2

4,9

1992

74,9

197,1

7,4

1993

73,6

250

7,1

1994

350

10,0

(De Bakos y otros)

3 - Las reformas estructurales

En cuanto a las reformas de tipo estructural, Hungría también siguió caminos originales, debido al adelanto de muchas de esas reformas desde 1968, aunque fuera de forma parcial.

LA PRIVATIZACIÓN

Ya a principios de los años 80 se había ido permitiendo un sector privado, fundamentalmente en el sector servicios: taxis, restaurantes, hoteles y tiendas. Más adelante se permitieron algunas actividades industriales a pequeña escala, primero hasta 20 trabajadores, y más tarde hasta 40.

En cuanto a las grandes empresas, aunque siguieron siendo de propiedad estatal hasta la transición, su estructura y su gestión sufrieron importantes cambios con anterioridad. Como se vio anteriormente, ente 1980 y 1986 se fragmentaron los grandes conglomerados industriales y trusts en unidades más pequeñas. Esto ayudó a eliminar las estructuras monopolísticas y también a la futura privatización.

La “vía húngara” a la privatización fue también en gran medida original y pragmática. Existía una consciencia de la existencia de un escaso capital local capaz de adquirir las empresas. Por otra parte, el grave déficit presupuestario, y las presiones del FMI para reducirlo, hicieron descartar formas de privatización tipo “cupones”, con entrega de títulos de propiedad a todos los ciudadanos, que éstos podían canjear rápidamente por dinero. Se planteó, en cambio, la venta directa de propiedades estatales, con la intención declarada de destinar la mitad de los fondos a la reducción del déficit presupuestario, y la otra mitad a la puesta al día de empresas con pérdidas, con la intención de venderlas mejor con posterioridad.

La tarea era inmensa: unas 2.200 empresas estatales eran candidatas a la privatización, y de ellas 350 empleaban entre 5.000 y 10.000 personas. Los únicos campos que estaban excluidos de la privatización eran la energía, la atención sanitaria, y parcialmente los transportes y telecomunicaciones. Se planteaba un período de sólo tres años para la transferencia de estas 2.200 empresas a manos privadas, lo cual significaba alrededor de un tercio del total del capital estatal. En realidad, se pretendía crear”ex novo” un importante sector privado, que coexistiera con un sector público aún dominante, que incluiría compañías de propiedad estatal, las autoridades locales, los fondos de pensiones, etc.

Como paso previo para la privatización, la ley de 1989 permitía a las empresas estatales transformarse en sociedades anónimas y de responsabilidad limitada. Esto fue aprovechado para muchas divisiones de antiguas empresas para transformarse en empresas independientes más pequeñas, tomando consigo los elementos productivos, y dejando detrás empresas matrices con existencia puramente nominal. Se produjo un período de “privatización espontánea” sin control estatal, en el que muchos dirigentes de empresa tomaron el control de sus compañías, a menudo estableciendo acuerdos con el capital extranjero.

Para controlar el proceso de privatización, se creó en 1990 una Agencia de la Propiedad Estatal, que junto con varias consultoras occidentales de primer orden fueron las encargadas de seleccionar las compañías que debían ser vendidas. Esta agencia lanzó varios programas de privatización de empresa, además de un programa de “pre-privatización” de instalaciones de venta y servicios al por menor: restaurantes, servicios, gasolineras... que fueron adquiridos por ciudadanos que usaron sus propios ahorros, y tuvieron acceso a créditos. Más tarde se pusieron en marcha otros programas de adquisición de acciones de grandes empresas por pequeños propietarios.

Se estableció asimismo un programa de propiedad parcial de los empleados, que permitió a estos adquirir parte de la propiedad de sus empresas, ayudados por préstamos a un tipo preferente. Sin embargo, sólo el 10% de la propiedad de las empresas vendidas en el período 1990-93 fueron adquiridas por sus empleados, reflejando la poca confianza de los trabajadores en la propiedad colectiva, o quizás mejor la habilidad en la auto-conversión de los antiguos directores en propietarios. Lo que es quizás más importante, muchas cooperativas sufrieron una “privatización sumergida”, siendo controladas por sus antiguos directivos o por socios influyentes. (LAKI, 1995)

Hubo también privatizaciones con programas “leasing”, para solucionar los problemas de escasez de capitales. Hubieron entregas de bonos de compensación a antiguos propietarios de empresas o tierras nacionalizadas, a un valor nominal que resultó ser bastante superior al real (un 50%), debido a la escasez de bienes estatales en oferta. En definitiva, se habilitaron múltiples formas para hacer realidad la transferencia de propiedad pública a propiedad privada.

Después de tres años, sólo un tercio de las 2.200 empresas previstas habían sido vendidas (en cantidad y en valor), y eso sólo a una tercera o una cuarta parte de su valor nominal. Lo que sí se cumplió fue la predominancia prevista del capital extranjero, que supuso un 71,4%, un 80,8% y un 60,7% en los años 1990-1991-1992. La forma dominante de privatización fue precisamente las “joint-ventures”, las empresas mixtas con participación extranjera.

Cuando la privatización controlada se reveló insuficiente, sobre todo por la ausencia de capitales nacionales, Hungría se planteó también pasar a programas de privatización masiva. Un nuevo plan, aprobado en Abril de 1994 incluía nuevas oportunidades para el público, mediante créditos baratos, pero afectaba en una primera ronda tan sólo a 70 empresas. Con el nuevo gobierno socialista-liberal de 1994, paradójicamente, se aceleró la privatización de forma importante.

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Un caso especial fue la agricultura. El sector agrario húngaro era de los más eficientes del Este, asegurando la mayoría de las necesidades alimenticias de la población, y siendo exportador neto. Estaba basado en un sistema cooperativo, en el cual se apoyaba una gran cantidad de explotaciones familiares.

El nuevo gobierno conservador, presionado en parte por sus compromisos con los paridos de los propietarios agrícolas, aceptó el principio del reconocimiento de los derechos de los propietarios expropiados. Aunque la mayoría de estos fueron ofrecidos más bien participaciones en empresa estatales, se privatizaron las tierras de propiedad pública gestionadas por cooperativas. Se dieron facilidades para los miembros de las mismas, así como a los antiguos propietarios, de adquirir las tierras y elegir su forma de gestión.

Aunque la mayoría de los adquirentes optaron por nuevas formas de cooperación (entre el 80 y el 85%), todo este proceso destruyó la estructura existente, así como la cooperación entre las cooperativas y las explotaciones privadas, con l que se produjo una caída brusca en la producción agrícola en 1991 y 1992, aprovechada por la industria agroalimentaria extranjera para conseguir importantes cuotas de mercado, apoyándose en la compra y creación de redes comerciales.

LIBERALIZACIÓN DEL MERCADO

La actividad de las empresas del sector privado y de las “Joint ventures” aumentó fuertemente ya en 1990. Se constituyeron nuevas empresas fundamentalmente en el sector de la construcción y las obras públicas, el comercio al por mayor y al detall, el comercio exterior, los servicios a las empresas y el turismo. Tanto en la industria como en la agricultura, la actividad privada aumentó de forma significativa gracias a la participación del capital extranjero en proyectos nuevos y al abandono de las líneas de productos y de servicios no esenciales.

Gracias a este fuerte impulso del sector privado, junto a la reducción de las empresas estatales, la pequeña empresa pasó de representar ya en 1990 cerca del 16% del total de la mano de obra asalariada, frente al 7% de 1989 (OCDE, 1991), absorbiendo buena parte de los despidos a consecuencia de la reducción estatal.

En 1990 alrededor del 90% de los precios estaban liberalizados, y algunos de los precios que seguían controlados, como los referentes a los transportes públicos y el consumo energético familiar, fueron revisados al alza de forma sustancial en 1991, aproximándolos a los costos reales. Asimismo se redujeron las subvenciones a las empresas, a la agricultura y a los productos alimenticios básicos, así como a los transportes, los servicios públicos y el consumo de energía familiar.

El sistema comercial fue rápidamente liberalizado ya en 1989. Todas las empresas tuvieron automáticamente el derecho a emprender actividades comerciales, suprimiéndose las licencias y las cuotas a la importación, a excepción de una cuota global para los bienes de consumo.

Una evidencia clara del éxito de la liberalización del mercado es la escasa relevancia de la “economía sumergida”. Los gastos de las economías familiares en el sector “sumergido” no tienen ninguna relevancia para una mayoría de hogares, aunque un cierto número de otros hogares sí que efectúan casi todos sus gastos de esta manera. (TÓTH, 1998) En cualquier caso, la importancia global de este sector estaba claramente decreciendo, en relación clara con la existencia de una buena red comercial al alcance del domicilio.

COMERCIO EXTERIOR

Ya en Enero de 1989 Hungría comenzó a liberalizar las importaciones de maquinaria, y en 1992 se completaba el proceso con la reducción de los aranceles y la completa liberalización. La convertibilidad interna de la moneda fue sin embargo gradual, para evitar generar una fuerte devaluación. La tasa de cambio fue ajustada gradualmente y de forma moderada, de acuerdo con las necesidades de la economía, y evitando la fuga de capitales.

La devaluación inicial de Enero de 1991 fue sólo del 12,5%, no comparable a las de Polonia (860%), Bulgaria (720%), ni Checoslovaquia (un 78,2%).

Durante los primeros años de la transición las exportaciones sufrieron grandemente, tanto por la pérdida de mercados de los antiguos socios del CAME, como por el empeoramiento de la competitividad debido al aumento de costos (aumentos salariales, inflación...) y a la misma crisis económica de principios de los 90 que afectaba a los países occidentales. En cambio, las importaciones aumentaron de forma importante, tanto por la renovación tecnológica como por el aumento del consumo privado. La consecuencia fue un persistente déficit comercial, que sin embargo no llevó al gobierno a intentar reducirlo limitando la libertad de importación.

LA ENTRADA DE CAPITAL EXTRANJERO

Ya en los años 70 se creó en Hungría un marco jurídico que permitía la inversión extranjera, permitiendo a los extranjeros controlar hasta un 49% de las empresas mixtas, si bien con poco éxito. A partir del 1 de Enero de 1989 la ley sobre inversiones de los no residentes permitió a los extranjeros ser propietarios hasta del 100% de las empresas.

Cuando el gobierno se planteó en 1990 su plan de privatización era consciente de que el capital privado local disponible en Hungría sólo podía aportar alrededor de un 10% del valor de las empresas. Por lo tanto, la entrada de capital extranjero se consideraba fundamental para conseguir los objetivos de privatización.

Gracias a la atmósfera de confianza creada para la libre empresa, se crearon muchas nuevas empresas de capital extranjero. Casi el 80% de las nuevas empresas creadas durante los primeros años tenían distintas formas de participación extranjera. Sin embargo, la mayoría de ellas ocupaban menos de 20 personas, y se establecían fundamentalmente en el sector servicios.

Prácticamente desde el principio del proceso, la entrada de capital extranjero ha sido libre,e incluso se ha incentivado respecto al capital nacional en algunos sectores (Banca). En 1994, en cambio, se prohibió la compra de tierras cultivables por los extranjeros, si bien dicha compra se sigue realizando de manera encubierta.

LA REFORMA DEL SISTEMA FINANCIERO

La decisión política de reformar el sistema financiero fue tomada por el gobierno comunista antes de la transición, ya en 1983. En 1987 se constituyeron los tres principales bancos comerciales húngaros, a partir de los departamentos de crédito del Banco Nacional de Hungría. Gradualmente el banco Nacional se retiró de la misión de financiar las empresas, aunque los nuevos bancos comerciales heredaron las carteras de clientes... con todas las deudas de difícil cobro, sobre todo a partir de la crisis económica de los primeros años 90, que unida a la mala gestión bancaria y a la inhibición del Estado llevó a un aumento de dichas deudas incobrables. (ÁBEL, SZAKADÁT) Otros Bancos, también de titularidad pública, se establecieron a partir de las secciones de crédito de las cooperativas y otras instituciones.

El mercado financiero se enrareció, ya que por una parte cada vez habían menos clientes solventes, y los que sí lo eran preferían recurrir al mercado de valores o a emitir bonos en lugar de contratar caros empréstitos bancarios (los tipos de interés eran anormalmente altos). En la práctica, las empresas se concedían créditos entre ellas, recurriendo las empresas con problemas a obligar a sus proveedores a aceptar aplazamientos en los pagos.

Los Bancos no podían ejecutar los créditos debido a su enorme volumen, que habrían provocado una bancarrota general, que habrían aumentado las pérdidas bancarias, y preferían controlar las cuentas corrientes de sus clientes, descontando los posibles beneficios de sus deudores.

La entrada de bancos extranjeros no mejoró la situación, manteniéndose una fuerte segmentación del mercado, ya que las deudas se acumulaban en los antiguos bancos, mientras que los extranjeros proporcionaban servicios a las nuevas empresas, en particular a las de capital foráneo, además de beneficiarse de reducciones impositivas y fácil acceso a financiación externa.

Al no tener alternativa, las entidades de crédito comenzaron a cambiar deuda por acciones, con lo cual se producía una propiedad cruzada, y una tendencia a prestar sólo a sus empresas socias. Los dividendos bancarios, paradójicamente, eran muy altos.

En 1991 comenzó a cambiar la actitud de las autoridades financieras, tomando un mayor protagonismo en el mercado, no permitiendo los altos dividendos, y respaldando el 50% de los créditos anteriores a 1987. Las nuevas leyes económicas de ese año obligaban a los bancos a constituir fondos de reserva en previsión de pérdidas por impagos y a reflejar de forma más transparente su situación. En 1992 se hizo efectiva la ley de Bancarrotas, que precipitó la liquidación de numerosas empresas e hizo emerger la realidad bancaria. La respuesta de la Banca fue incrementar aún más sus tipos de interés, para proteger sus beneficios, en un momento en que la fuerte recesión necesitaba de estímulos a la inversión. La nueva ley bancaria obligó a buscar otras soluciones al problema de la deuda acumulada incobrable.

El gobierno planteó una doble solución: la compra por el Estado de parte de la deuda, y la venta a precio de mercado de otra parte de la misma a firmas especializadas. La consolidación bancaria que llevaba aparejada pretendía mejorar los indicadores financieros, marcar unas bases prudentes para las actividades bancarias, facilitar la privatización de los bancos públicos, y ayudar a la reorganización de las empresas. En realidad, el gobierno utilizó bonos a largo plazo para pagar la deuda “comprada”, con lo cual desplazó el problema hacia el futuro, pero al mismo tiempo confiaba en que la galopante inflación reduciría su valor real. De todas formas, no se pudo evitar la declaración de quiebra de tres de los grandes bancos.

El Ministerio de Finanzas decidió obligar a los bancos a diseñar programas de reestructuración supervisados por el gobierno, al tiempo que se ponían en marcha nuevos planes de privatización. La recapitalización era una de las condiciones previas, y en este proceso se daba entrada a inversores estratégicos, en particular a los bancos extranjeros. A partir de 1994 los bancos consolidados se podían considerar saneados, y sus beneficios reales. El proceso de reestructuración y privatización de la banca pública afectó a unos 18 bancos, y supuso una carga financiera importante para el Estado.

4 - Consecuencias de los cambios

LA PERSISTENTE RECESIÓN

La transición económica en Hungría y en el resto de los países del Este coincidió con el inicio de una recesión mundial, que produjo diversos efectos negativos sobre las expectativas de apoyo exterior para los cambios. En particular, la entrada de capitales extranjeros fue mucho más escasa de lo previsto, y también la disponibilidad de créditos occidentales. El país mejor situado para intervenir económicamente en centroeuropa, la república Federal Alemana se volcó en la compra de empresas y en la reestructuración y creación de infraestructuras en los Länder del este, la antigua RDA, y se resintió la inversión en los demás países. Asimismo, los mercados internacionales se enrarecieron más, cerrando las puertas a las exportaciones del Este, y se perdieron mercados tradicionales asegurados por los acuerdos de intercambio del CAME.

Este es uno de los factores que explican la persistente recesión húngara, además de los derivados del hundimiento de gran parte de la demanda interna por la privatización y cierre de empresas, la privatización de la agricultura, y por las medidas de austeridad.

La agricultura húngara, en particular, un sector que había progresado de manera importante en mecanización y productividad (en 1989 la producción agraria duplicaba la de 1938), y aseguraba el suministro al mercado local además de ser un exportador neto. Las consecuencias de la privatización y el trastorno del sistema productivo fueron drásticas: en 1993 cayó la producción bruta en un 42% respecto a 1989.

En 1992 se promulgó una nueva ley de quiebra que establecía condiciones draconianas para las empresas con deudas. Su aplicación, de acuerdo con los análisis posteriores, fue demasiado estricta (ADAM, 1995), provocando el cierre de muchas empresas, y atribuyéndosele un impacto del 3 al 5% en la caída del PNB en 1992.

EL DÉFICIT COMERCIAL

El forinto sufrió al principio una devaluación suave, en comparación con las monedas de los otros países del Este (esto era parte del “paquete” de las medidas de choque de los planes de austeridad). A pesar de no recurrir a la devaluación, y al colapso del comercio con los antiguos países del CAME, Hungría consiguió evitar una fuerte caída en las exportaciones. En 1991-92, incluso, se revaluó ligeramente el forinto para luchar contra la inflación. Esta fue sin duda una de las causas por las que comenzó a darse un estancamiento de las exportaciones primero (1992) y un decrecimiento en 1993, empeorando la balanza comercial a lo largo de 1992-93, con un efecto negativo en el PNB y el empleo. Otras razones fueron la ya comentada desorganización de la producción agrícola, las barreras a la importación levantadas por los países occidentales, ante la recesión de los primeros 90, y las crecientes importaciones, especialmente las de bienes de consumo, electrodomésticos y bienes de lujo. Este auge de importaciones obedecía, en parte, al afán consumista y a la aparición de nuevos sectores acomodados, pero también a la toma de control de buena parte del aparato comercial por los inversores extranjeros, sin restricciones ni obligaciones de compra en Hungría, quienes

Inundaron el país de bienes extranjeros.

PENETRACIÓN DEL CAPITAL EXTRANJERO

Hungría ha sido el país del Este más favorecido por las inversiones extranjeras (se exceptúa la situación particular de Alemania del Este, incorporada a la República Federal, y ya no más un país independiente). Entre 1991 y 1993 más de la mitad de los capitales extranjeros invertidos en los países del Este en transición fueron a parar a Hungría, con cantidades muy superiores a los invertidos en otros países más grandes, como la misma Rusia.

Inversión extranjera, en millones de dólares

(Fuente: ECE/UN, 1994, extraído y elaborad de Lavigne)

Años

Países

1991

1992

1993

1993 : Inversión per cápita en $

Hungría

1.459

1.471

2.328

226

Total Europa del Este

2.502

3.215

3.754

33

Rusia

800

400

1.300

3

Total incluyendo Rusia

2.602

4.015

4.154

De hecho, la inversión extranjera representó entre el 80 y el 90% de los ingresos por ventas obtenidos por la Agencia de propiedad Estatal ya en 1991. Sin embargo en 1992 el capital extranjero representaba sólo el 3% del total de los activos empresariales, mientras que en un país comparable, Austria, suponían del 25 al 30%.

De hecho, la entrada de empresas competitivas con capital extranjero se produjo mayormente en forma de creación de nuevas empresas que comprando instalaciones existentes. En cuanto a los inversores que compraron instalaciones ya existentes preservaron normalmente la estructura de mercado existente. Pronto la inversión extranjera entró en conflicto incluso con los objetivos liberalizadores de los gobiernos, en la medida en que estas firmas se habían establecido para controlar cuotas del mercado húngaro, y presionaban al gobierno para que ofreciera mayor protección para sus inversiones mediante tarifas más altas a la importación de bienes. En estos sentidos, hay que decir que la entrada de capital privado extranjero no siempre contribuyó a la promoción de un mercado más competitivo.

En los primeros años, buena parte de las inversiones extranjeras se producían mediante empresas mixtas (Joint Venture), incluyendo algunas de las más fuertes (General Electric, General Motors, Volkswagen...). Esto era debido tanto al deseo de contar con socios nativos en las nuevas empresas, que conocieran las peculiaridades del mercado local, como a las forma en que se producía el proceso de privatización, en el que se producía una venta gradual. De hecho, en 1993 el 20% del total de empresas legalizadas contaban con participación extranjera. (LANE, 1994). Esta participación era en general minoritaria, aunque con una clara tendencia a la toma de control mayoritario, que se ha ido produciendo con bastante rapidez.

SITUACIÓN SOCIAL

Los regímenes del Este de Europa incluían completos sistemas de protección social “de la cuna a la tumba”. Para Kornai (1997), cuatro características marcaban la sociedad húngara, a pesar de los sucesivos programas de transformación económica:

  • la prioridad dada al bienestar material de la población

  • un fuerte y paternalista “estado del bienestar”

  • un gradualismo en las reformas, que pretendía evitar erosionar esta seguridad de la población

  • continuidad política.

En otros escritos, Kornai afirma que se trataba de un “estado del bienestar prematuro”, con derechos universales por encima de los recursos nacionales y de la capacidad fiscal del Estado. El resultado fue una acumulación de deuda pública, y un temor a afectar a dicho bienestar social en los sucesivos programas de reforma.

El desempleo, a pesar de las crecientes quiebras de empresas y reducciones de plantilla ligadas a la privatización, no alcanza las cifras alarmantes de otros países, pasando del 1,7% de la población activa en 1990 a las cifras sucesivas de 7,4 , 12,3 , 12,1 en los años siguientes. Sin embargo, el paso de una economía con escasez de mano de obra a la existencia de desempleo estructural ha sido un empeoramiento apreciable para la población asalariada.

Al principio del proceso las empresas trataron de evitar los despidos, con lo que el desempleo aumentó más lentamente que lo hizo el decrecimiento de la producción, traduciéndose esto en un descenso de la productividad. Más tarde se recurrió de forma decidida a las jubilaciones forzosas, las anticipadas, o por motivos de salud. Asimismo se produjo un abandono importante del trabajo por parte de las mujeres. En definitiva, el desempleo potencial fue absorbido por estos tipos de retirada del mercado laboral, con lo que la reducción en el número de población activa ha duplicado el de desempleados. Esto significa menos ingresos fiscales y más cargas sociales, contribuyendo a agravar el déficit presupuestario, y amenazando con recortarse los gastos públicos en salud, educación y seguridad social.

Evidentemente, reducidos sectores de la población han acumulado fortunas, por medios legales o ilegales, pero para una mayoría las reformas (“graduales” o “de choque”) significaron un empeoramiento de las condiciones de vida. Una vez más, sin embargo, la caída del salario real fue apreciablemente menor que en otros países del Este: 3,7% en 1990, 7% en 1991... frente a tasas de más del 20% anual en Polonia o Checoslovaquia. Tampoco fue tan importante las pérdidas causadas por el diferencial entre los intereses bancarios pagados a los ahorradores y la inflación.

Paradójicamente, la primera propuesta seria de reducción de los beneficios sociales vino de la nueva coalición ex-comunista-liberal que subió al gobierno después de las elecciones de 1994, con el nuevo programa de estabilización anunciado el 12 de marzo de 1995.

5 - La aceptación y consolidación de los cambios

LAS ELECCIONES DE 1994

Las consecuencias de las medidas reestructuradoras de la coalición triunfante en 1990 sin duda erosionaron la confianza de la población, de manera que las elecciones de 1994 dieron el poder por mayoría absoluta a una coalición formada por el antiguo partido comunista, ahora definitivamente definido como socialdemócrata, y sus aliados liberales, frente a la coalición conservadora.

La situación que eoncontró el nuevo gobierno se caracterizaba por una fuerte expansión de la demanda, una inflación elevada y variable, y desequilibrios crecientes en las fianzas públicas y en la Balanza corriente.

El principal objetivo del nuevo gobierno fue conseguir el relanzamiento de la economía, y un crecimiento sostenido, pero para ello se consideró inevitable primero ”reducir el consumo, que excede lo permitido por la situación económica, y estimular la inversión y el ahorro” (Programa de Gobierno, citado por ADAM). En definitiva, se planteaba un nuevo plan de estabilización modelo FMI como pre-requisito para el relanzamiento económico. El presupuesto de 1995 ya era restrictivo, planteando un crecimiento del déficit no superior al 5,5%, en lugar del 7% previsto. Se publicó un plan de estabilización a tres años vista.

Las presiones del FMI para reducir aún más el déficit, reduciendo los gastos públicos, fueron muy fuertes. Se intentó conseguir una concertación social para ganar el apoyo de los sindicatos a una política de reducción de los salarios reales, a cambio de otras concesiones, pero el Gobierno tuvo que enfrentarse a diversas huelgas organizadas por sectores de trabajadores que rompieron con los sindicatos pactantes.

Se intentó también reducir el déficit aumentando las aportaciones del sector privado, es decir, consiguiendo una mayor disciplina fiscal, haciendo cumplir las leyes, pero en este caso el gobierno también se encontró con el problema de no querer enfrentarse a las empresas. La reducción de los gastos implicaba inevitablemente una menor redistribución, es decir, menores gastos sociales. El problema era que la mayor parte del déficit presupuestario venía del alto servicio de la deuda, y resultaba difícil reducir mucho más los gastos normales. La reducción de la masa salarial fue especialmente fuerte en el sector público, mediante la reducción drástica del número de funcionarios (un 20% menos entre 1991 y 1997), la privatización de un gran número de organismos, y la congelación salarial.

El gobierno socialista-liberal tampoco se atrevió a recurrir a aumentar las tarifas aduaneras para la importación para los bienes de lujo, o aumentar significativamente la fiscalidad de los grupos de mayores ingresos, en parte por evitar enfrentarse con estos sectores, y en parte por temor a ser acusado de medidas “anti-mercado”. Se estableció sólo una sobre-tasa temporal de un 8% sobre las imporataciones, lo cual contribuyó, junto con el hundimiento de la demanda interna, a la reducción a la mitad del déficit de la balanza de pagos y del Estado.

El programa de estabilización penalizó, pues, la demanda interna y el crecimiento del PIB, que no fue más que del 0,5% en 1996, y que no llegó a ser negativo gracias al fuerte aumento de las exportaciones. Se consiguió un mayor equilibrio presupuestario interno y una mejoría de la posición exterior. La inflación fue disminuyendo, aún siendo todavía bastante alta (el 18% en 1997). Esta reducción de la deuda se consiguió fundamentalmente con los sucesivos programas de privatización. Las reformas estructurales en materia de fiscalidad, de protección social y del mercado de trabajo avanzaban en cambio lentamente.

Se lanzó un nuevo plan aceleradode privatizaciones, a través de una nueva ley promulgada en 1995. A finales de 1996, entre el 60 y el 70% de la actividad económica era realizada por el sector privado, incluyendo algunos monopolios “naturales” en el terreno de las telecomunicaciones o la energía.

En la agricultura mejoraron las cosechas y la modernización de las estructuras. Para frenar la importante penetración de capitales extranjeros en este sector, y reservar la propiedad de la tierra para los agricultores húngaros tradicionales, se votó una ley en 1994 que prohibía el acceso de los extranjeros a la propiedad de la tierra, y más tarde otras medidas pretendían evitar la compra de tierra con fines especulativos. Sin embargo, numerosos acuerdos “clandestinos” hicieron posible que los extranjeros siguieran controlando tierras de labor a través de personas interpuestas.

La baja de la renta real debido al freno a los salarios provocó en 1995-96 una caída en el consumo doméstico de más del 10% (OCDE,1997), y esta atonía del consumo supuso una reducción de las inversiones y una ralentización del crecimiento del PIB, aunque los buenos resultados de las exportaciones evitó una caída neta. El crecimiento de las importaciones en el mismo período ha sido lento, todo lo cual ha redundado en una mejora espectacular de las balanzas comercial y corriente. La inflación se redujo desde más del 40% anual a “sólo” un 20%.

En mayo de 1996 el gobierno formuló un nuevo programa económico para tres años donde se apreciaba ya una perspectiva de crecimiento del PIB del 3-4% anual, y de la inversión del 10-12%. La tasa de inversión pasaría a ser del 27% en el año 2.000. En 1997 se cumplieron las previsiones. El gobierno consideraba que “ya se daban las condiciones para asegurar un crecimiento económico sostenido”.

En definitiva, la coalición socialista-liberal consiguió poner las bases para el buscado relanzamiento de la economía. Pero para ello se vio presionada (y/o inclinada) a aplicar una política de estabilización que descansaba fundamentalmente sobre los sectores obreros más desfavorecidos. El desencanto de estos sectores llevó probablemente al triunfo de una coalición conservadora en las elecciones de 1998.

LA SITUACIÓN ACTUAL

El gobierno socialista-liberal había sin embargo conseguido pasar el “examen” de la transición a una economía de mercado homologable a las occidentales, estando prácticamente completadas las transformaciones estructurales, y realizadas o al menos planteadas las reformas legislativas necesarias para adaptar el conjunto de leyes e instituciones. En 1996 fue admitida Hungría como miembro de la OCDE. Al mismo tiempo, su aproximación política a las instituciones occidentales plantea su próxima integración en la OTAN (1999), y a un plazo más largo en la Unión europea (no antes del año 2002). La apertura al exterior está completada, y la competitividad de la economía húngara está asegurada. Lo que es aún más importante, la deuda externa ya no supone un peso agobiante para el país

Algunos obstáculos al crecimiento sostenido permanecen, sin embargo, de acuerdo con la OCDE: el riesgo de que el paro se convierta en estructural, el alto fraude fiscal y las garantías para los créditos.

El gobierno actuó contundentemente contra la criminalidad económica y contra la delincuencia organizada, para conseguir escapar a la dependencia de las mafias que gangrena otras economías en transición. Se modificó el código penal en 1997, endureciendo las leyes, mientras que se evitaba ser salpicado por algunos aislados casos de corrupción detectados en el proceso de privatizaciones.

Estos logros han tenido, si embargo, un costo social alto. El abanico slarial se ha abierto bastante, y el nivel de paro se estabiliza en torno al 10%, comparable sin embargo a otros países occidentales.

Como suele ocurrir en tantos casos en las últimas décadas, será un gobierno de derechas el que administrará los “triunfos” de estas transformaciones y los éxitos del relanzamiento económico, mientras que al anterior gobierno (definido como más de izquierdas) le tocó el “trabajo sucio” de la estabilización y la reconversión.

CONCLUSIÓN: EL DEBATE GRADUALISMO-TERAPIA DE CHOQUE

El “caso húngaro” ha provocado un cierto debate teórico (ADAM, KORNAI, CSABA...), sobre las peculiaridades de su proceso, caracterizándolo por algunos como “gradualista”, por oposición a las “terapias de choque” realizadas generalmente en los países del Este que realizaron una transición a la economía de mercado en la misma época. Este gradualismo habría estado posibilitado por las previas transformaciones efectuadas en el sentido de la “mercantilización” de la economía, antes de la transición, y habría evitado las catastróficas caídas en la producción y la deterioración del nivel de vida producidas en otros países.

En realidad, el proceso fue más complejo, ya que aunque los primeros años la caída de la producción no fue tan alta como en Polonia, por ejemplo, más tarde la situación empeoró de forma drástica.

Algunos autores niegan tal gradualismo, que consideran “sólo un mito” (CSABA, 1998), planteando que en realidad hubieron tres consecutivas “terapias de choque”:

  • El período 1989-91, con la total liberalización de los mercados exterior e interior, y las privatizaciones.

  • Las duras leyes de reforma del sistema financiero de 1992, que aceleró una serie de bancarrotas que podían haberse evitado o suavizado.

  • El paquete de ajuste de 1995, que lanzaba la reforma del Estado del bienestar y terminaba con la política de “consenso” social.

En cualquier caso, la transición húngara compartía las ilusiones neo-mercantilistas de los reformadores del Este, de creer que bastaba con liberar las fuerzas del mercado para que éste se pusiera en marcha trayendo la racionalidad y la eficiencia económica. En diversos momentos en que cualquier gobierno occidental habría aplicado medidas intervencionistas (como en el caso flagrante de la prolongada crisis del sistema financiero), el gobierno húngaro se negó a intervenir durante demasiado tiempo, con la consecuencia de que el costo total para el Estado fue sin duda más alto de lo que podría haber sido.

En cuanto a los costos sociales del proceso, aunque no fueron tan brutales y rápidos como en los países comparados, esto se debió en parte a que las decisiones y los costos se aplazaron en el tiempo. Posiblemente, sin embargo, se evitó una mayor desestructuración social y situaciones de pobreza extrema.

En el ámbito político, se puede hablar de estabilidad, propiciada en gran parte por la debilidad de la sociedad civil, que resultó ser incapaz de oponerse con movilizaciones o huelgas a las sucesivas medidas de contracción del consumo, y se limitó a “castigar” a los sucesivos gobiernos con la alternancia de poder. Sin embargo, estos gobiernos han terminado su mandato, y las tensiones o crisis de las coaliciones no se han traducido en elecciones anticipadas.

La consecuencia final del proceso, en todo caso, ha sido la consolidación indudable de una economía de mercado, con nuevas capas sociales vinculadas a la propiedad y la gestión privada de las empresas, y con fuerte penetración del capital extranjero. La economía se ha reestructurado, con un nuevo peso relativo de los distintos sectores que caracterizaban la anterior “sociedad industrial socialista”: sólo un 30% del PNB y un 27% del empleo se originan actualmente en la industria, mientras que la agricultura también ha descendido en importancia, y ha aumentado en cambio de forma grande el sector servicios. El aumento de productividad general ha sido importante, de la mano de las inversiones y de la tecnología occidental, y esto ha posibilitado una apertura al exterior, y la integración de Hungría en las diversas instituciones económicas y políticas internacionales que agrupan a los países occidentales. Resumiendo, por tanto, el proceso, podemos concluir que la transición húngara, con todas sus peculiaridades, puede darse por completada.

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