Crisis dinástica del siglo XVIII

Tema 1.- La crisis dinástica y el levantamiento

El deseo de mantenerse en el poder o el temor de que llegaran al rey las acusaciones contra su persona hizo que Godoy intentara separar a Carlos IV de su hijo el Príncipe de Asturias, futuro Fernando VII. Para conseguirlo, Godoy apartó al Príncipe de Asturias de las tareas de Gobierno. Además logró sembrar la desconfianza de Carlos IV en su hijo al que tachó según reconoció el propio Fernando VII de ser un joven sin talento, sin instrucción, sin aplicación, en fin, un incapaz, un bestia, que tales que fueron las expresiones con que llegaron a honrarme en sus conversaciones él y su gavilla. Todo ello provocó el resentimiento, la indignación y la desconfianza en el Príncipe de Asturias.

Como consecuencia de esto, junto al Príncipe se unieron todos los que aborrecían a Godoy, formando el “Partido Fernandista” que fue creciendo en la medida que aumentaba el poderío de Godoy. La opinión pública consideraba a Carlos IV bueno, débil y necio; a la reina, como una mala mujer; a Godoy como un monstruo, y al Príncipe de Asturias como la esperanza personificada. De hecho se puede afirmar que el reinado de Carlos IV fue en realidad el reinado de María Luisa y de Godoy separados antagónicamente del Príncipe de Asturias y su entorno por un abismo insalvable.

La ambición de Godoy le llevó a intentar desheredar al Príncipe de Asturias, cuya animadversión le había manifestado paladinamente durante la grave enfermedad de Carlos IV, y a conseguirse un trono propio e independiente. Para lograrlo comenzó a esparcir la idea de que el príncipe Fernando era incapaz de gobernar y, dado que sus hermanos eran menores de edad, sería preciso nombrar un regente en caso de fallecimiento de Carlos IV. Los fernandistas prepararon un decreto firmado por el Príncipe de Asturias, como rey de Castilla, con la fecha en blanco, para el caso de que acaeciera la muerte del rey. Godoy se enteró de la trama y mediante un anónimo comunicó a Carlos IV “la existencia de un complot dirigido por Fernando VII para destronarle y envenenar a la reina”. Movido por ésta, el rey secuestró los papeles de don Fernando el 29 de octubre de 1807 siendo este arrestado un día después como reo de alta traición. Godoy, viendo la reacción popular, que consideraba todo el asunto como una treta del favorito, se presentó con carácter de mediador entre los padres y el hijo de tal forma que el 5 de noviembre concedía el perdón al heredero de la Corona, aunque mandaba continuar la causa contra sus cómplices. El Consejo de Castilla, encargado de instruir la causa (Proceso de El Escorial), procedió con gran energía y sin plegarse a los deseos de Godoy dictó sentencia absolutoria para todos los acusados que a pesar de ello fueron desterrados gubernamentalmente de Madrid y de los Reales Sitios.

El llamado Proceso de El Escorial, no fue más que una acusación calumniosa contra el Príncipe de Asturias y no existió la supuesta conspiración sino en la malignidad del príncipe de la Paz, sostenida por la pasión de la reina y la credulidad del rey. La comedia preparada por Godoy fue contraproducente, pues mostró la desunión de la familia real. La posesión de un trono propio fue lograda por Godoy, al menos teóricamente, a finales de noviembre de 1807 cuando el embajador de Francia firmó el Tratado de Fontainebleau por el que se dividía Portugal en tres partes independientes; La Lusitania septentrional quedaría en manos de la exreina de Etruria; El Principado de los Algarbes sería para Godoy, y la tercera, correspondería al Centro, entre el Duero y el Tajo, se reservaba para futuras compensaciones.

La debilidad de Godoy y la impotencia del Príncipe de Asturias hizo que ambos buscasen fuera de la Corte un aliado para robustecer su posición. Este fue Napoleón Bonaparte, el hombre más grande del siglo, cuyos talentos y hazañas provocaban antes de marzo de 1808 un auténtico delirio en la mentalidad común. Todos admiraban al emperador francés por varios motivos, para las minorías ilustradas, representaba la gran síntesis revolucionaria, el clero recordaba Napoleón había restablecido el culto católico en Francia, los militares veían en él la más alta representación del genio de la guerra; los hombres moderados respetaban en él al severo magistrado que había restablecido el orden y concierto en todos los ramos de la administración.

El embajador francés expresó elocuentemente esta opinión en un despacho dirigido al propio Napoleón: Toda España desea otro orden de cosas; todo el mundo sufre y espera con paciencia que el emperador se digne ocuparse un día de este país para volver a poner cada cosa en su lugar. El prestigio de Napoleón fue el que llevó a Godoy a firmar el Tratado de Fontainebleau, por el que se permitía el paso hacia Portugal de las tropas francesas acantonadas en la frontera, al Príncipe de Asturias a solicitar en matrimonio a cualquier princesa de la dinastía Bonaparte y a los partidarios de Fernando a acariciar la esperanza de tomar el poder con ayuda de los buenos oficios del emperador. Napoleón se convirtió así en árbitro de los destinos de España cuando su poder se encontraba en pleno apogeo después de las victorias de Jena y Austerlitz y tras la firma con Rusia de la paz de Tilsit.

No es posible precisar cuando decidió el emperador invadir España, pero hay motivos para creer que esta decisión fue tardía, ya que durante mucho tiempo Napoleón vio en la Península un aliado forzoso, de cuyos recursos, especialmente la escuadra podría valerse. Destrozada la flota española en Trafalgar, el peligro de una intervención directa de los franceses, se hacía mayor, puesto que España había perdido su condición de aliado útil y sólo podría servir como objeto de explotación. Los planes napoleónicos sobre el Reino hispano no fueron estáticos sino que evolucionaban a la par que recibía información sobre el estado del país. Aprovechó las apetencias territoriales de Godoy y Carlos IV utilizando el territorio español para dominar Portugal cerrando sus costas al tráfico comercial con Inglaterra mediante la firma del Tratado de Fontainebleau. Aún antes de la firma del tratado, un ejército francés al mando de Junot cruzó el Bidasoa el 16 de octubre de 1807, con el pretexto de tomar parte en la guerra de Portugal. A principios de noviembre Junot entraba en Lisboa casi al mismo tiempo que el general español Francisco María Solano, Marqués del Socorro, se apoderaba de Gelves, y Francisco de Taranco de todo el norte de Portugal, incluido Oporto. La familia real portuguesa, la reina María I recluida por demente hacía dieciséis años, y su hijo el regente don Juan, con su mujer, la infanta española Joaquina Carlota, bajo la protección de la flota británica, tuvo que embarcarse rápidamente hacia el Brasil, donde llegó a principios de 1808.

No existen motivos para creer que Napoleón Bonaparte pensaba en algún momento en la anexión de España a Francia. Más bien pretendía crear un país satélite que coadyuvara el mantenimiento del nuevo orden europeo. Fue a partir de diciembre cuando Napoleón decidió eliminar a los Borbones del trono español, ya que durante la entrevista con su hermano José en Venecia le insinuó que podría ser rey de España. Tres fueron las razones que le impulsaron a intervenir:

El motivo estratégico: el deseo de afianzar y consolidar definitivamente el bloqueo continental, débilmente garantizado por el Tratado de Fontainebleau.

El temor a cualquier rama de la dinastía de los Borbones, pues podría convertirse en un potencial catalizador de la oposición legitimista,

Los Borbones españoles consideraron a Napoleón como árbitro supremo de sus disensiones internas cada vez más numerosas y públicas, y éste supo ampliar el arbitraje de los problemas familiares a la situación de todo el reino

Para poder intervenir directamente en la problemática española, se comenzó a principios de 1808, la ocupación militar de toda la Península Ibérica mediante la introducción de tropas que previamente habían sido acantonadas allende los Pirineos. Se calcula en 90.000 hombres el conjunto de tropas francesas que se encontraban en España a principios del mes de marzo y que más por astucia que por la fuerza, lograron apoderarse de las ciudadelas de Figureras, Montjuich, San Sebastián y Pamplona. Las órdenes recibidas por los generales y los gobernadores de las plazas citadas era que no dieran a los generales franceses ningún motivo de queja y la de conservar con las tropas de su mando la mejor armonía, facilitándoles todos los medios de subsistencia, hospitalidad y transportes y cuantos auxilios pudieran pedir unos buenos aliados.

La toma de plazas fuertes por los franceses debería haber producido una enemistad general de los españoles hacia éstos, pero el desconocimiento de lo ocurrido la dificultad de las comunicaciones, y por la escasísima libertad de prensa, hizo que triunfase la optimista interpretación esparcida por los fernandistas según la cual, los franceses venían a proteger al Príncipe de Asturias contra el de la Paz, castigando a este último por haber en 1806 tenido y declarado el intento de separarse de la amistad de Napoleón. Sin embargo, el parte de Pamplona con la noticia de haber penetrado los franceses por la frontera navarra y el aviso de Cataluña, con la entrada de la primera columna francesa, originaron un momento de pánico en la corte que se encontraba el Real Sitio de Aranjuez. Los reyes estaban asustados, el príncipe de la Paz, asaltado por grandes zozobras, no sabía que hacer al carecer del apoyo de cuatro de sus cinco ministros, que ya se inclinaban decididamente por el Príncipe de Asturias. Esta situación fue in crescendo porque se ignoraban las verdaderas intenciones de Napoleón, ya que ocultaba sus planes. Finalmente llegó a España la destronada reina de Etruria, quien contó su accidentado viaje y mostró su opinión de que el designio de Napoleón podría ser acabar con la dinastía de los Borbones.

Ante esta situación Godoy intentó convencer a Carlos IV de que la única salida era mudar de asiento a lugar seguro. El plan de Godoy consistía en el traslado de la Corte a Badajoz y desde allí a Sevilla o Cádiz donde, en el caso de no poder mantener la guerra con los franceses, sería fácil, con la ayuda de Gran Bretaña, embarcarse para Mallorca o para México. Con esta finalidad Godoy dirigió las oportunas instrucciones a los generales Juan Carrafa y Francisco María Solano, para que en cualquier momento, estuviesen dispuestos a dejar Portugal y replegarse a España. Toda la historiografía está de acuerdo de que esta medida era conveniente y acertada, como afirma el Conde de Toreno “don Manuel Godoy, en aconsejar viaje, obró atinadamente y la posteridad no podrá en esta parte censurarle”. El profesor Seco es de la opinión que “ahora no puede cabernos duda de que, llevada a efecto, aquella medida hubiese salvado la dignidad de la Corona, abriendo al mismo tiempo por nuevos derroteros a la historia de América”.

Parece ser que el rey estaba dispuesto al traslado, pero no así el príncipe heredero, algunos miembros de la familia real, como el infante don Antonio que hasta entonces había llevado una vida retirada de la política dedicada a sus devociones, a sus bordados y al toque de zampoña, y lógicamente todo el partido fernandino. Esta posición, se fundamentaba en la creencia de que único interés del emperador era persuadir a Carlos IV para que cediera la corona a su hijo, o al menos lo asociara al trono, con el consiguiente retiro de Godoy. Los partidarios del Príncipe de Asturias no sólo alimentaron esta creencia, sino que fomentaron el miedo de Carlos IV a los alborotos populares a través de anónimos en los que se mostraba que los súbditos se hallaban consternados por la decisión real de no esperar al emperador de los franceses, poniendo de por medio un ejército que la consternación de los vasallos, temerosos de un suceso semejante, podría llevar a un extremo peligroso la lealtad a los reyes. Por otra parte, Carlos IV fue presionado por el marqués Caballero para que no se hiciera ese viaje, ya que consideraba que esa resolución no era otra cosa que la guerra, y, por lo tanto, es un mal cierto, que al contrario, la de quedarse y mostrarse confiado, si puede ser un mal, es muy incierto y probable

El 13 de marzo Godoy llegó a Aranjuez procedente de Madrid y se tomó la decisión de trasladar la corte a Sevilla el día 15, para lo que se avisó al mayordomo de palacio y se dieron las órdenes definitivas sobre el movimiento de los ejércitos de Solano y Carrafa, al mismo tiempo se mandaba venir sin estrépito a gran parte de las tropas que se encontraban en Madrid. Los partidarios del príncipe al tener conocimiento de estos movimientos, mostraron su oposición al viaje, ya que entendían que con este se perdía la amistad y protección de Napoleón, por lo que corrieron la voz de que había salido la orden de viaje de los reyes, creando en Aranjuez un clima de intranquilidad y disgusto. En Madrid el conde de Montijo se encargó de unir en torno al Príncipe de Asturias a todos los nobles con el beneplácito del Consejo de Castilla, el órgano político más importante y representativo de la monarquía

El día 14 en el Consejo de Ministros, el marqués de Caballero se negó a firmar cualquier resolución que supusiese la huida de la familia real, y por primera vez se enfrentó a Godoy, criticándole en presencia del rey. Ante esto, los demás ministros se crecieron y contaron al rey lo que habían callado durante más de quince años; el poder de Godoy comenzó a desaparecer. Carlos IV lleno de confusión, mandó que se consultase al Consejo de Castilla (tal y como ordenaba la tradición). Al día siguiente el Consejo que había sido ganado por el Conde de Montijo, adoptó la postura de oposición a Godoy, desaconsejando el viaje real y ordenando a las tropas en Aranjuez que impidieran a cualquier precio el viaje de la familia real a Andalucía. Mientras, en Aranjuez se intentó tranquilizar a la población con una proclama de Carlos IV en la que se desmentía la posibilidad de cualquier viaje. Los reyes salieron a pasear por la tarde entre las aclamaciones del pueblo, que a pesar de esto no dejó de ser desconfiado, entre otras cosas porque seguían llegando tropas al Real Sitio alcanzando la cifra de 10.000 soldados, número excesivo para una población de 4.000 almas. Además el Conde de Montijo y otros nobles habían soliviantado a los habitantes de los pueblos limítrofes para que acudieran a Aranjuez en defensa del rey. El plan que debía forzar la caída de Godoy estaba dispuesto para el momento en que Carlos IV, que sin duda terminaría obedeciendo al valido, abandonase el Real Sitio de Aranjuez. Hay por tanto, en este plan tres componentes: una dirección nobiliaria, la utilización del pueblo y el apoyo del ejército.

En la noche del jueves 17 al viernes 18 de marzo se formaron en Aranjuez numerosos grupos de cuatro a seis hombres embozados y armados de palos que atravesaban en silencio las calle del Real Sitio, capitaneados por el omnipresente Conde de Montijo, rondando especialmente la casa de Godoy y las inmediaciones del camino de Ocaña. Algunas fuentes afirman que se oyó un tiro, y otras que el Príncipe de Asturias puso una luz en su ventana; de cualquier forma, el hecho es que la tropa fue inmediatamente a los distintos puntos desde donde podía desprenderse el viaje, mientras que el pueblo rodeaba el palacio. Aunque estos se calmaron con facilidad, primero porque el mayordomo mayor les aseguró que los reyes se encontraban allí, y posteriormente porque tanto el Príncipe de Asturias como el resto de la familia real se asomaron a un balcón para asegurar que no se había marchado. Aunque el pretexto de la asonada fuera el anuncio de la retirada de la familia real y de la corte a Andalucía, en realidad el motivo de fondo era el odio existente a Godoy, destrozando a hachazos la puerta principal y saqueando todo el palacio menos una habitación con esteras y alfombras donde el valido se había encerrado con llave.

Los reyes se mantuvieron en vela toda la noche, quedaron espantados al enterarse del saqueo de la residencia de Godoy, tal vez recordando el asalto a las Tullerías durante el Revolución Francesa. Preocupados más por la suerte del favorito que por su propia seguridad y como medio de apaciguar el tumulto, Carlos IV cedió a las presiones de sus ministros y de los cortesanos y firmó a las cinco de la mañana, un decreto por el que tomaba personalmente el mando del Ejército y de la Marina, exonerando, por lo tanto a Godoy de los empleos de generalísimo y almirante. El conocimiento de este decreto, junto con la presencia de la familia real en el balcón de palacio (la reina apareció indignada y el rey lloroso) a las siete de la mañana, calmó inmediatamente los ánimos y parecía no sólo que una nueva era de paz y de ventura comenzaba, sino que con la destitución de Godoy debía acabar todo: la rabia del pueblo, la perturbación de los ánimos e incluso el mismo motín, cuyos aparentes fines se habían logrado.

El 19 por la mañana Godoy acosado por el hambre salió de donde se había escondido y fue descubierto. La noticia de que había sido encontrado el valido se difundió rápidamente por el Real Sitio, dándose cuenta a los reyes. Inmediatamente una numerosa y enfurecida turba de hombres y mujeres acudió al palacio de Godoy con ánimo de saciar en él su saña. La tropa, junto con una partida de guardias de corps, evitó que el pueblo entrase en palacio y linchara al antiguo favorito. Pero en cuanto Carlos IV tuvo noticias del descubrimiento de Godoy dispuso que al momento fuese su hijo Fernando a tranquilizar al pueblo para que pudiese conducir sin peligro de su vía al cuartel de guardias de corps, prometiéndole que el decreto dado el día anterior sería cumplido y que le haría partir lejos de la corte. La gente se calmó al prometerles el Príncipe de Asturias que abriría causa a Godoy, acto seguido fue trasladado al cuartel de guardias de corps protegido por un escuadrón del mismo cuerpo; pero a pesar de esta protección, llegó, según un relato de la época, con un ojo casi saltado de una pedrada, un muslo herido de un navajazo y los pies destrozados por los cascos de los caballos. La aparición de un coche para trasladar al Príncipe de la Paz a Granada por orden real, evitando así el inicio inmediato de la causa contra él, originó de nuevo la irritación del pueblo que se concentró ante el cuartel matando una mula, cortando los tirantes y destrozando el coche. Los amotinados querían que Godoy fuera procesado en Madrid o Aranjuez. Este tumulto también pudo ser apaciguado por el futuro Fernando VII, Carlos IV viéndose privado por el hombre de confianza y siendo incapaz de tomar las enérgicas medidas que exigían las circunstancias, consultó sin estar presente la reina María Luisa, con los ministros y algunas personas de la corte sobre la conducta que debía observar ante esta situación. Le aconsejaron abdicar en favor de su hijo como único medio de salir de la crisis. A las siete de la noche del día 19 de marzo, Carlos IV convocó a todos los ministros del Despacho y les leyó el siguiente decreto Como los achaques de que adolezco no me permiten soportar por más tiempo el grave peso del gobierno de mis reinos, y me sea preciso para reparar mi salud gozar en clima más templado de la tranquilidad de la vida privada, he determinado después de la más seria deliberación, abdicar mi corona en mi heredero y mi muy caro hijo el Príncipe de Asturias. Por tanto, es mi real voluntad que sea reconocido y obedecido como Rey y señor natural de todos mis reinos y dominios. Y para que este mi Real decreto de libre y espontánea abdicación tenga su exacto y debido cumplimiento, lo comunicaréis al Consejo y demás a quienes corresponda. Dado en Aranjuez, a 19 de marzo de 1808. Yo el Rey. Comenzaba el reinado de Fernando VII.

En Madrid la abdicación de Carlos IV se conoció a las once de la noche del mismo día 19 y la noticia no cundió demasiado debido a la intempestiva hora, al día siguiente domingo cuando el Consejo de Castilla anunció oficialmente la exaltación al trono del Fernando VII, el entusiasmo de la gente, que ya se había manifestado contra Godoy dos días antes quemando las casas de sus familiares y protegidos, creció sin límites mientras el retrato del nuevo rey era llevado por las calles hasta ser colocado en el Ayuntamiento. El jubileo en toda España fue enorme, en provincias, una vez conocida la noticia del ascenso al trono del Príncipe de Asturias, se repitieron las fiestas. En la mayoría de las ciudades y pueblos se arrastraba el busto o retrato de Godoy por las calles, se echaban las campanas al vuelo y se acaban con un solemne Te Deum en la catedral o en la iglesia mayor.

La caída de Godoy fue acompañada por la maldición de casi todos los españoles, incluso por la prensa, donde fue tratado de Príncipe de la Injusticia, Generalísimo de la Infamia, Gran Almirante de la Traición o ruina de la nación española. Por contra, la opinión que se tenía de Fernando VII alcanzó cotas inigualables, convirtiéndose en un mito. Cualquier aspecto de su vida era interpretado favorablemente, el hecho de salvar la vida de Godoy, el descrédito del padre, el desprecio recibido continuamente por la reina madre, el odio manifestado por el valido. Fernando VII comenzó su reinado convertido en un ídolo y, como tal, se idolatraba sin juzgarle. Era llamado el Deseado.

Fernando VII conservó de momento los mismos ministros de su padre, pero en breve espacio de tiempo cambió la mayoría de ellos. La primera sustitución se hizo desplazando del Ministerio de Hacienda a Miguel Cayetano Soler y nombrando para el cargo a Miguel Angel de Azanza, persona de gran prestigio adquirido durante su estancia en México como virrey, que se encontraba confinado en Granada por Godoy. En el Ministerio de Guerra, Antonio Olaguer Feliú fue sustituido por Gonzalo O`Farril y Herrer, teniente general, viajero infatigable y gran conocedor de las ideas militares de Napoleón. Ministro de Gracia y Justicia fue nombrado Sebastián Piñuela y Alonso viejo funcionario del mismo Ministerio y a la sazón del Consejo de Castilla. En Marina continuó Francisco Gil Lemos, miembro de la Orden de San Juan de Jerusalén. Finalmente, en el Ministerio de Estado, Pedro Cevallos, quién se vio obligado a dimitir por el parentesco de su mujer con Godoy, Fernando VII no sólo no lo aceptó sino que publicó en una Gaceta un decreto explicando el porque no lo aceptaba.

Las primeras medidas que adoptó el nuevo rey junto con su Gobierno tuvieron como finalidad conseguir el máximo apoyo tanto interior como exterior. Para alcanzar el reconocimiento de todos los ciudadanos fue suprimido el impuesto del vino que había sido creado durante la guerra contra Portugal, se suspendió la venta del séptimo de los bienes eclesiásticos y se abolió la Superintendencia general de Policía que había sido creada el año anterior. Al mismo tiempo se levantó el extrañamiento de los hombres ilustres, que Godoy había alejado de la corte, como Floridablanca, Jovellanos y Cabarrús, mientras que los procesados en la causa de El Escorial fueron además llamados junto al rey, resarcidos en sus cargos, como la Presidencia del Consejo de Castilla para el duque del Infantado o la Mayordomía mayor para el de San Carlos, y condecorados con una medalla en cuyo reverso podía leerse la leyenda Por el Rey: Premio a la inocencia.

Por contraposición algunos seguidores del anterior valido, especialmente los que habían intervenido en el Proceso de Escorial, fueron proscritos y todos sus bienes, efectos, acciones y derechos de Godoy fueron confiscados al tiempo que era trasladado al Castillo de Villaviciosa donde estuvo incomunicado y vigilado de día y de noche por los guardias de corps mandados por el marqués de Castelar. Al ser la confiscación una pena y no estar Godoy juzgado ni sentenciado, Fernando VII tuvo que cambiar el día 29 de marzo la confiscación por el embargo y poco después ordenó la formación de causa Godoy por sus extravíos y excesos públicos, manejos de intereses y demás que resulte.

La mayoría de estas disposiciones consiguió el fin propuesto, la población creía que empezaba a hacerse justicia y sentía que el actual rey insuflaba un nuevo aire a la vida de la nación cuando, ordenó un informe detallado de los caminos y canales que estaban en construcción o en proyecto, exhortando a todos que le propusieran los medios necesarios para la conclusión del canal del Manzanares y del que conduciría las aguas del Jarama a Madrid. Quizá la manifestación más clara fue el delirante recibimiento que el pueblo de Madrid le tributó (Ramón Mesonero Romanos) “Hombres y mujeres, niños y ancianos se abalanzaban a besar sus manos, sus ropas, los estribos de su silla; otros arrojaban al aire sus sombreros y despojándose de sus capas y mantillas las tendían a los pies de los caballos”.

La necesidad de contar con el apoyo externo, es decir, la protección de Napoleón Bonaparte era evidente, dado su prestigio. Por ello, Fernando VII le comunicó inmediatamente por carta su elevación al trono tras la abdicación de su padre y nombró una embajada extraordinaria formada por los duques de Medinacelli y Frías y por el conde de Fernán-Nuñez para que confirmaran “que no iba a cambiar su política con respecto a Francia y que intentaría por todos los medios posibles estrechar más los vínculos de alianza...”Por otra parte también se intentó tranquilizar a los ciudadanos, mandando al Consejo de Castilla que procurase persuadir a la población de que las tropas francesas venían como amigos y con objetos útiles al rey y a la nación.

A esta razón de prestigio napoleónico habría que añadir dos más: la reticencia tanto diplomática como militar al reconocimiento de Fernando VII como rey de España y el cambio de actitud de Carlos IV con respecto a su abdicación. Nada más acontecida la abdicación de Carlos IV, el embajador francés Beauharnais, que había tomado parte en el proceso de El Escorial y en la preparación del motín de Aranjuez, fue el único representante diplomático acreditado en la corte que no reconoció formalmente a Fernando VII por rey de España mientras no recibiera instrucciones precisas de París, tras lo cual desapareció discretísimamente de todos los actos de la corte.

Las fuerzas francesas en la Península habían sido puestas bajo el mando del General Murat (gran Duque de Berg y de Cleves y cuñado de Napoleón). Murat tenía la esperanza de que una vez abandonada la Península por los Borbones, el emperador le ceñiría la corona de España, sin embargo, Napoleón eligió a Murat, su compañero de armas para la empresa de España únicamente porque en ocasiones sabía desplegar una energía terrible, pero en ningún momento para darle la corona, puesto que desconfiaba de su capacidad política y diplomática. Así pues, no le informó de sus futuros planes, lo que motivó las quejas de Murat por lo que consideraba una falta de confianza.

Los acontecimientos de Aranjuez sorprendieron tanto a Murat como a Napoleón, para el primero lo ocurrido desbarataba sus cálculos ya que la familia real no abandonaría la Península, todo ello le indujo a no dilatar su entrada en Madrid para lo que dispuso que un cuerpo dirigido por Dupont se acercase a Madrid por Guadarrama al mismo tiempo que Moncey lo hacía por Somosierra. Acompañado de dos divisiones de este último cuerpo del ejército, y seguido por una tercera, Murat avanzó sin temor hacia Madrid. En el Molar, Murat recibió una carta de la exreina de Etruria, en la que le rogaba que fuese inmediatamente a Aranjuez para “hablar de cosas que me interesan y que interesan principalmente a la vida de mis padres ...”, de esta forma la hermana de Fernando VII ofrecía en bandeja la posibilidad de intervenir a los franceses en los asuntos de la familia real, oportunidad que fue inmediatamente aprovechada, Murat envió a Aranjuez al Jefe de Estado Mayor con instrucciones concretas.

El 23 de marzo las tropas francesas entraron en Madrid por la puerta de Alcalá a tambor batiente, siendo recibidas con demostraciones de júbilo, toda la población se esmeró en agasajar a los franceses. Los grandes, alojaron a los generales en sus casas, pudiendo de esta forma Murat, presumir ante Napoleón de tener la ciudad a sus pies. El embajador francés en la corte española recibió de Murat la orden de no reconocer diplomáticamente a Fernando VII hasta que no llegasen instrucciones concretas de Napoleón.

En Aranjuez, el general Monthion que llevaba instrucciones concretas de Murat para conseguir de Carlos IV cualquier acto de protesta que avivase la enemistad entre padre e hijo, extremó las amabilidades para con los reyes padres tratándoles como auténticos reyes en ejercicio. Éstos se interesaron por Godoy al que consideraban en peligro de muerte y solicitaron ayuda de Napoleón para asegurar la vida del príncipe de la Paz. El informe oral de su jefe de Estado Mayor, junto a las cartas de la reina María Luisa en las que no trataba con cariño a su hijo Fernando VII, movió a Murat a ordenar la inmediata vuelta a Aranjuez de Monthion con la misión de conseguir del viejo rey una retractación de su renuncia al trono. El 23 regresó el militar a Madrid con el siguiente documento de Carlos IV, al que previamente se le había adelantado la fecha dos días para darle mayor verosimilitud “Protesto y declaro que mi decreto de 19 de marzo, en el que he abdicado la Corona en favor de mi hijo, es un acto a que me he visto obligado para evitar mayores infortunios, y la efusión de sangre de mis amados vasallos, y por consiguiente debe ser considerado nulo.”

El porqué el rey protesta y anula una abdicación que fue considerada por sus contemporáneos como un acto libre y espontáneo, tal vez se deba a que se vio abandonado por todos, advirtiendo la diferencia existente entre un rey en ejercicio y otro retirado, mientras que la reina estaba además despechada, airada y atribulada por el riesgo que corría Godoy. Los reyes vieron la posibilidad de enmendar su precipitación al observar como eran tratados por los principales jefes del Ejército francés, fundando su reclamación en haber abdicado en medio de una sublevación popular. Sin embargo, la anulación ha sido tratada por la historiografía como un error gravísimo, una deslealtad, rayana en crimen de lesa majestad, hacia el nuevo rey. De hecho supuso la apertura de un pleito sucesorio entre padre e hijo que fundamentó, si no legal al menos aparentemente, la futura intervención de Bonaparte. Napoleón concibió la idea de enfrentar a padre e hijo hasta que se destrozaran mutuamente, de suerte que actuando como árbitro, quedase él como único vencedor. Fernando VII no pudo menos que intentar lograr el apoyo francés que a primera vista le era negado por Murat al no reconocerle formalmente como rey de España y al tratar despectivamente a sus consejeros. Consciente o inconscientemente, justificada o injustificadamente, el arbitraje napoleónico quedaba ya establecido.

El emperador envió a Madrid a Savary con una doble finalidad: por un lado valerse de todos los medios posibles para que Fernando VII acudiera a Bayona a entrevistarse con el propio Napoleón, y, por otro tenía que mostrar a Murat sus planes de sustitución de los Borbones por los Bonaparte y encargarle que enviara a Francia, escalonadamente y al resto de la familia real junto a Godoy.

Savary viendo la animadversión que entre los consejeros de Fernando VII había originado el no reconocimiento de Fernando VII por parte francesa, decidió inspirar por la suavidad de sus palabras y por su condescendencia la confianza que Murat no había logrado, así que para fomentar la credulidad de los consejeros reales y atraerse la simpatía de Fernando VII, no le negó el tratamiento de majestad durante la entrevista que le fue concedida nada más llegar a Madrid. Sus objetivos se cumplieron tan bien, que nada más abandonar el palacio, el rey mandó publicar un decreto en la Gaceta de Madrid, anunciando que saldría por el camino de Somosierra, al encuentro del emperador de los franceses.

A las diez de la mañana del día 10 de abril, sin pompa alguna ni ruido, el rey, acompañado del ministro Cevallos, del duque de San Carlos, Escoiquiz, el conde de Villariezo y los marqueses de Ayerbe, de Guadalcázar y de Feria, emprendía viaje hacia Burgos con la esperanza de encontrarse en cualquier momento con Napoleón Bonaparte. La descripción más exacta de la partida corresponde a Murat, quien en carta a Napoleón le comunica: La partida se ha efectuado esta mañana sin resistencia, el general Savary viaja con el Príncipe y será dueño de su persona, puesto que le escoltan nuestras tropas y el mariscal Bessières y el general Verdier le proporcionarán los medios necesarios para hacerle llegar.

A Fernando VII le convenía la entrevista en territorio español para que Bonaparte se conociera su popularidad. Por todas partes era aclamado siendo para todos El Deseado, el derrocador del odioso valido y el motín de Aranjuez había sido la expresión de la voluntad popular. El joven rey no podía considerarse en el trono sin el apoyo y reconocimiento de Napoleón, dado que la familia real se encontraba dividida, las plazas fuertes en poder de los franceses y 40.000 hombres acantonados en Madrid. La conveniencia de la entrevista quedaba fuera de duda. El viaje del rey fue un continuo triunfo. Los pueblos salían en masa con sus autoridades y clero para festejar el paso del rey junto con vuelo de campanas, fuegos artificiales y descargas de pólvora, mientras Savary aseguraba que, dadas las noticias que había recibido, el encuentro con Napoleón se haría en Burgos. En el trayecto la comitiva real había observado que el camino estaba lleno de tropas francesas, lo que unido a los 8.000 hombres de infantería y caballería situados en Burgos, hacía que el rey estuviese en poder de los franceses, desde que salió de Madrid. Al no encontrar a Napoleón ni tener noticias de una posible aproximación, los consejeros del rey debatieron la posibilidad de regresar a la corte, permanecer en Burgos o trasladarse hasta Vitoria; prevaleció esta última opción, alentada por Savary, para no dar motivo de disgusto a Napoleón que pudiera crear problemas para un inmediato reconocimiento de Fernando VII como rey. De hecho el 14 de abril el joven monarca llegaba a Vitoria sin tampoco encontrar a Napoleón que excusaba su tardanza por sus múltiples ocupaciones.

Las dudas planteadas en Burgos resurgieron de nuevo pero con más intensidad debido tanto a la carta del emperador, que se acababa de recibir, llena de reconvenciones y veladas amenazas, como por los avisos que llegaban desde Madrid sobre las intenciones francesas manifestadas por Murat y a las sugerencias de algunos personajes, como Mariano Luis de Urquijo, antiguo ministro de Carlos IV, o el duque de Mahón, comandante general de Guipúzcoa. En la noche del 18 de abril el rey decidió el viaje con la unánime aprobación de su Consejo después de oír decir a Savary, recién llegado de Francia, adonde se había trasladado para entregar a Napoléon una carta de queja de Fernando VII y de donde había vuelto con instrucciones para arrestar al rey si rehusaba ir a Francia a entrevistarse con el emperador, que se dejaba cortar la cabeza si al cuarto de hora de haber llegado a Bayona no le ha reconocido el emperador por rey de España y de las Indias. Por sostener su empeño empezará, probablemente, por darle el tratamiento de alteza; pero a los cinco minutos le dará el de majestad y a los tres días estará todo arreglado y S.M. podrá restituirse a España inmediatamente. Al cruzar el río Bidasoa el 20 de abril Fernando VII entraba en territorio francés, dejando tras de sí un país gobernado por una Junta de Gobierno en Madrid.

La Junta de Gobierno: El joven rey (contaba 24 años) había dejado en Madrid una Junta Suprema de Gobierno presidida por su tío el infante don Antonio e integrada por cinco ministros que constituían su primer y efímero Gobierno: Cevallos de Estado; Gil de Lemos, de Marina; Azanza de Hacienda; O`Farril, de Guerra y Piñuela de Gracia y Justicia. Cevallos, que acompañó a Fernando VII en el viaje, fue nexo de unión entre el monarca y la Junta. La media de edad, ausente Cevallos era de sesenta y seis años y medio por lo que no era fácil encontrar entre ellos una capacidad de reacción ante acontecimientos tan imprevistos como capitales; sucesos y situaciones que estaban muy alejados de la rutina del despacho de los asuntos a que estaban acostumbrados y exigían en cambio, una rapidez de visión y decisión que no suelen encontrarse en esas edades.

Los componentes de la Junta tenían como misión gobernar el reino en nombre del rey, poseían facultadas necesarias para entender cualquier asunto urgente y en principio fueron reconocidos por todas las autoridades de la nación que a pesar de que posteriormente algunos miembros alegaron falta de competencias. Durante los veinticuatro días (del 10 al 4 de mayo) en que actuó de presidente el tío de Fernando VII, la Junta tuvo una doble finalidad: defender los derechos al trono de Fernando y conservar la buena armonía con los franceses. Esa doble finalidad se vio amenazada por dos problemas: la cesión de Godoy a los franceses y el mantenimiento de la tranquilidad pública en toda la Nación especialmente en Madrid.

Conviene destacar la importancia en esos momentos de la figura de Godoy, después del Motín de Aranjuez, Godoy era el enemigo público número uno, el centro de todas las críticas, la causa de todos los males. Su prisión, su encausamiento, su futuro juicio y posible liberación, eran una cuestión nacional de tanta importancia que todos los que intervinieron en este último asunto (el Consejo de Castilla, Cevallos, O´Farril, o el marqués de Castelar) tuvieron que justificarse posteriormente o eximirse de cualquier responsabilidad. Ya, la misma mañana en que salió de Madrid Fernando, el gran duque de Berg intentó conseguir que la Junta de Gobierno le entregase a Godoy con la falsa excusa de habérselo ofrecido el rey el día anterior. La Junta se negó a su entrega por no poseer permiso expreso del rey y ante la insistencia de Murat, pidió instrucciones a Fernando VII, quien, desde Vitoria, prometió a Napoleón indultar a Godoy caso que fuese condenado a muerte por el Consejo de Castilla. Al mismo tiempo, Cevallos, por real orden comunicó que la liberación de Godoy era exclusiva competencia del rey. La carta de Fernando VII dio pie a Napoleón para afirmar que el Príncipe de Asturias había puesto a su disposición a Godoy y ordenó inmediatamente a Murat que reclamase con energía su entrega. Según Azanza y O`Farril, las amenazas del rudo general fueron tan atroces e inauditas que la Junta de Gobierno, después de larga deliberación, decidió unánimemente entregar esa noche al preso, tanto por debilidad hacia los franceses, como para defender los derechos de Fernando.

Para la opinión pública la entrega de Godoy a los franceses fue un baño de agua de nieve y lo que es peor, empezó a dudarse del patriotismo de las autoridades de tal modo que incluso el propio encargado de su custodia, el marqués de Castelar, comenzó a estar receloso de algunas disposiciones que ya les parecían hostiles. La animadversión hacia los franceses fue in crescendo, porque estos se sentían dominadores apropiándose de todo los que les parecía y porque los jefes y oficiales comenzaron a expandir la noticia de que Napoleón había resuelto poner en el trono a Carlos IV, lo que originó sangrientos altercados en Burgos y Toledo. Los comentarios franceses respondían a un plan establecido por Murat, quien el 16 de abril, comunicó a la Junta, a través de O`Farril que tenía órdenes del emperador para no reconocer otro soberano que Carlos IV, ya que su abdicación había sido forzada. La Junta, argumentó que era Carlos IV, y no el gran duque de Berg, quien debía comunicar a Fernando VII su resolución de volver a tomar las riendas del Gobierno. Un día después el mismo Carlos IV, aleccionado por Murat, comunicó a la Junta la nulidad de su abdicación, su decisión de volver a tomar el poder y la confirmación provisional de los miembros de la Junta. Desde ese momento se agriaron las relaciones entre el gran duque de Berg y la Junta. Inmediatamente ésta notificó a Fernando todo lo ocurrido para que él tomase una decisión clara y tajante.

Ante las continuas reclamaciones de las autoridades francesas, las españolas se vieron obligadas a una incesante vigilancia para mantener el orden público y la emisión continua de bandos en los que llegó a prohibirse que se hablara con los generales franceses sin el miramiento debido. La exacerbación de los ánimos en Madrid fue acentuándose. El 30 de abril Murat por medio del embajador francés Laforest, exigió a la Junta de Gobierno que permitiera la salida del infante don Francisco dando a entender que estaba dispuesto a recurrir a la fuerza en caso necesario y sobre todo a proclamar a Carlos IV y apoderarse del Gobierno. Ante la importancia de lo exigido, la Junta de Gobierno convocó a los presidentes, gobernadores, y decanos de los Consejos de Castilla, Indias, Hacienda, y Órdenes junto con dos magistrados de cada uno de estos tribunales y se reunió en sesión permanente, planteándose crudamente el dilema entre plegarse a la voluntad de los franceses o comenzar las hostilidades contra ellos. Se decidió lo segundo y se mandó formar una nueva junta, compuesta por tres tenientes generales y tres ministros de tribunales, para que en el caso de quedar inhabilitada por la violencia pudiese hacerse cargo de la dirección de la nación española con plenitud de poderes.

A pesar de la alegada falta de competencias, la Junta fue el poder reconocido por todos hasta el 2 de mayo, cuando los franceses intentaron llevarse al menor de los hijos de Carlos IV. Un pequeño grupo de personas reunidas ante el Palacio Real impidió la salida del infante don Francisco de Paula. En tanto la intervención de un batallón de la guardia, que utilizó la artillería contra los amotinados, sólo sirvió para extender el levantamiento a toda la ciudad. Los franceses se vieron atacados por personas que expresaban así su odio al invasor, y la población lanzada a la calle siguió a líderes ocasionales, que trataron de cerrar las puertas de la ciudad con el fin de evitar la entrada de refuerzos franceses. Así, en alguna de ellas se luchó encarnizada aunque brevemente antes de franquearlas las tropas procedentes del exterior. Desalojadas de la calle de Alcalá por la carga de la caballería, las gentes se concentraron en la Puerta del Sol y el Parque de Monteleón, cuya guarnición abrió el parque y sacó los cañones a la calle, donde se desarrolló una lucha tan violenta como desesperada en la que todos los medios utilizables eran buenos. Una vez reducidos los focos de resistencia, los franceses practicaron una represión totalmente incontrolada, de la que Goya dejó testimonio en Los fusilamientos de la Moncloa.

La Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla intentaron por todos los medios calmar los ánimos, tanto de la población de Madrid como del propio Murat, consiguiendo exclusivamente la ruina de todo su prestigio y autoridad. El 2 de Mayo significó en Madrid el divorcio entre la autoridad oficial amilanada ante Murat y el pueblo, que con certero instinto se negó a obedecer a unas instituciones que a todas las luces comenzaban a someterse a los dictados de Napoleón. Es significativo en este aspecto la actuación del magistrado, Juan Pérez Villaamil, que redactó la declaración de guerra a Napoleón y la hizo firmar al alcalde de Móstoles. Ante el sometimiento de las instituciones centrales, una minúscula autoridad local asumió la responsabilidad de tomar una decisión que aquéllas no habían tenido el valor de dictar. Los sucesos del 2 y3 de mayo, conocidos en el resto de España por los partes oficiales publicados en la Gaceta de Madrid y por todas las personas que abandonaron la corte crearon un clima de absoluta desconfianza ante las intenciones de los franceses en todo el territorio nacional.

Cuando Fernando VII entró en Francia el 20 de abril no fue recibido por ninguna autoridad hasta que llegó a Bayona, donde fue alojado en un viejo caserón, el castillo de Marrac. Indirectamente, a través de Escoiquiz, Savary y los duques del Infantado y de San Carlos, pero no de forma tajante, Napoleón hizo ver a Fernando VII que había determinado irrevocablemente el destronamiento de los Borbones en España, la instauración de su dinastía y, por tanto la renuncia por sí y por toda la familia de la Corona de España e Indias. La sorpresa y perplejidad que cundió en el rey y en su comitiva fue inmensa; de golpe se dieron cuenta que se encontraban prisioneros e impotentes. Durante diez días, hasta que llegaron los reyes padres, Napoleón insistió sobre Fernando VII y sus consejeros en la necesidad de su renuncia como único medio de garantizar la paz en España. La resistencia del monarca, mantenida con decoro y sin ceder ni un ápice, obligó a Napoleón cambiar de táctica: lograr el favor de los reyes padres.

Éstos llegaron a Bayona, el último día de abril donde fueron recibidos con todos los honores regios que no se tuvieron con Fernando. En el palacio de Gobierno se encontraron con Godoy, a quien, según Toreno, estrecharon en su seno una y repetidas veces con gran clamor y llanto, mientras que a su hijo le saludaron con el mayor desprecio y con semblante en que estaban pintados el odio y el furor. Napoleón logró que el propio Carlos IV pidiera a Fernando VII la devolución de la Corona en una conferencia mantenida entre ellos y en la que se utilizaron expresiones tan duras como la petición por la reina María Luisa a Napoleón de que castigase la actuación de su hijo en un cadalso. Por carta fechada el día 1 de mayo, Fernando VII ofrecía devolver la Corona siempre y cuando se hiciese formalmente en Madrid ante las Cortes de los Reinos o, al menos, ante una representación de todas las principales instituciones del país. Napoleón, convenientemente avisado, se ofreció a Carlos IV para contestar a esta carta, lo que hizo acto seguido planteándose que no era precisa la devolución de la Corona porque yo soy rey por el derecho de mis padres; mi abdicación es el resultado de la fuerza y de la violencia; no tengo, pues, nada que recibir de vos ni menos puedo consentir a ninguna reunión en junta, nueva necia sugestión de los hombres sin experiencia que os acompañan.

Fernando VII respondió el 4 de mayo con firmeza, rebatiendo todos los argumentos expuestos y finalizando con una descripción exacta de la situación: ruego, por último, a V.M. encarecidamente que se penetre de nuestra situación actual, y de que se trata de excluir para siempre del trono de España nuestra dinastía, sustituyendo en su lugar la imperial Francia; que esto no podemos hacerlo sin el expreso conocimiento de todos los individuos que tienen y pueden tener derecho a la Corona, ni tampoco sin el expreso consentimiento de la nación española reunida en Cortes y en un lugar seguro; que además de esto, hallándose en un país extraño, no habría quien se persuadiese que obramos con libertad y esta sola consideración anularía cuando hiciésemos, y podría producir fatales consecuencias.

Napoleón paseaba a caballo en la tarde del 5 cuando recibió a un oficial de órdenes que, sin detenerse, había cabalgado desde Madrid con los despachos de Murat comunicando el levantamiento del 2 de mayo. Estos sucesos, no pudieron menos que herir al engreído emperador, quien ordenó de inmediato una nueva conferencia entre los reyes padres, Fernando VII y él mismo. Carlos IV insistió a su hijo que renunciase a la Corona. Napoleón ante una escena que se alargaba sin conseguir nada, se despidió diciendo: Príncipe, es necesario optar entre la cesión y la muerte. Si de aquí a media noche no habéis reconocido a vuestro padre por vuestro rey legítimo y no la hacéis saber en Madrid, seréis tratado como un rebelde.

La amenaza de muerte surtió efecto porque todos estaban convencidos que Napoleón era capaz de llevarla a cabo; a la mañana siguiente Fernando VII renunció a la Corona en favor de Carlos IV. Lo que no sabía es que el día anterior el rey padre había cedido a Napoleón la Corona de España como única persona que puede restablecer el orden. Las condiciones estipuladas fueron el mantenimiento de la integridad del Reino, su independencia y la conservación de la religión católica. Los Borbones, por el desmoralizado Carlos IV, por la inexperiencia de Fernando VII y sobre todo por la omnipotencia de Napoleón habían dejado jurídicamente de ser reyes de España.

La familia real española (incluyendo los infantes) estaban en poder del emperador, lo mismo que los documentos de abdicación de uno y otro monarca; las tropas francesas ocupaban los puntos estratégicos del norte y centro de la Península; la insurrección de Madrid había sido sofocada en un plazo de horas y los órganos de la Administración (la Junta de Gobierno y el Consejo de Castilla), se mostraban sumisos. Napoleón Bonaparte, el dominador de Europa, se encontraba convertido finalmente en dueño de los destinos de España.

El nuevo régimen francés, el reinado de José I y los afrancesados.

El 3 de mayo por la noche el infante don Antonio comunicó por escrito a los miembros de la Junta su intención de salir de madrugada para Bayona por requerimiento de su sobrino Fernando, despidiéndose con un Dios la dé buena. Adiós señores, hasta el valle de Josafat. Era la única persona con capacidad suficiente para tomar iniciativas y tanto es así que lo primero que hizo la Junta fue consultar la nueva situación con el gran duque de Berg; consulta que fue aprovechada por Murat para exigir estar presente en las deliberaciones de la Junta de Gobierno por creerlo conveniente al buen orden y a la quietud pública. Los ancianos componentes de la Junta, natos o asociados, como el decano Consejo de Castilla, después de negarse, aceptaron su petición.

La secuencia de cesiones continuó cuando, el 7 de mayo Murat presentó un decreto de Carlos IV por el que se le nombraba lugarteniente general del Reino. Este decreto era jurídicamente ilegal e inválido, ya que Fernando VII no había renunciado a la Corona, a pesar de lo cual la Junta de Gobierno accedió a su cumplimiento pero no a su publicación. La Junta siguió plegándose a los deseos franceses.

El 9 y 10 de mayo Azanza y O`Farril recibieron dos decretos de Fernando VII en los que hallándose sin libertad y, consiguientemente, imposibilitado para salvar su persona y la Monarquía, autorizaba la constitución de cualquier cuerpo que ejerciese las funciones de soberanía, ordenaba empezar las hostilidades contra los franceses desde el momento en que el rey fuese internado en Francia y, finalmente por el segundo decreto se mandaba convocar Cortes para proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender a la defensa del Reino. La Junta opinó que las nuevas circunstancias hacía su ejecución imposible. La actitud de la Junta desde la marcha del infante don Antonio es difícilmente disculpable. La admisión de Murat hay que considerarla como muestra de debilidad. La aceptación del mismo como lugarteniente del Reino es inconcebible jurídicamente. Y por último, la inhibición ante los dos últimos decretos de Fernando VII mostró una falta absoluta de iniciativa dejando escapar entre las manos la autoridad que poseían: la soberanía.

El consejo de Castilla, pieza fundamental de la Monarquía española, intermediario necesario entre el rey y sus súbditos y el más directo y más inmediato de los poderes subordinados al rey estuvo a tanto de todos los sucesos desde el momento en que su decano y gobernador interino, el viejo don Arias Mon y Velarde, participó en las sesiones de la Junta de Gobierno. Sin embargo, aceptó todos los acontecimientos con la excusa de que su actuación dependía de la Junta de Gobierno, lo cual no fue óbice para que ilegal nombramiento como lugarteniente del duque de Berg fuese aceptado y que el Consejo en pleno acudiese a felicitar al gran duque de Berg por su nombramiento. Cuesta trabajo pensar que el Consejo de Castilla, Tribunal Supremo de Justicia del Reino, encargado de dictaminar en todos los asuntos graves, publicar paces o pragmáticas y examinas los Breves Apostólicos, no viese en toda esta problemática ningún asomo de ilegalidad, plegándose al poder francés y dejando pasar el grado de soberanía que poseía.

Tras las abdicaciones de Bayona, Napoleón creyó llegado el momento de poner en práctica la introducción de la dinastía Bonaparte en el trono de España. El emperador, antes de que los Borbones le hubiesen cedido sus derechos ya había intentado que su hermano Luis abandonase el trono de Holanda, obligó a su hermano mayor José, rey de Nápoles, a que aceptara la Corona española, considerándola como una promoción por ser una nación más rica y con mayor población. Pero, se guardó de hacerlo público ya que quería salvar las apariencias, por lo que intentó por todos los medios que la cesión de la Corona aparentase ser un deseo de condescendencia ante los deseos de los españoles. De ahí que recomendase expresamente a su cuñado que consiguiese el apoyo de todas las instituciones españolas: es preciso que el Consejo de Castilla, el Supremo de Guerra y la Junta de Gobierno suscriban una proclama y que interpongan su influencia para que se demande por rey de España al de Nápoles. Azanza y O`Farril recuerdan en su Memoria justificativa que no hubo cuerpo ni autoridad alguna que desde luego rehusase descubiertamente. El Consejo de Castilla incluso llegó a hacer un panegírico del nuevo rey, al que consideraba adornado de las mismas virtudes, actividad y talentos que su hermano el emperador.

Napoleón quiso presentarse ante el pueblo español como el reformador que cambiaría una monarquía vieja y viciada por otra nueva y prestigiosa que haría posible la prosperidad del país, la felicidad de todos, las sanas reformas tanto tiempo anheladas y el fin de una era de miserias y de injusticias: Yo quiero, decía en el manifiesto que se publicó el 25 de mayo, que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclaméis: el regenerador de nuestra patria”. Se trata por tanto, no solo de un cambio dinástico, sino también de un cambio de régimen. Napoleón fiel a su espíritu sintetizador, proponía abandonar el Ancien Régime y adoptar el nuevo orden sin experimentar quebrantos, desórdenes ni convulsiones.

Para justificar jurídicamente el cambio dinástico, Napoleón hizo suya la idea de Azanza de reunir una Junta de notables, a modo de Cortes que en nombre del pueblo español aprobase el traspaso de la Corona. El 24 de mayo Murat y la Junta de Gobierno, siguiendo instrucciones del emperador, ordenaron que el 15 de junio se reuniesen en Bayona una diputación general de 150 miembros en representación de los tres brazos: clero, nobleza y estado llano. El hecho de convocar estamentalmente, debe de verse como un deseo de Napoleón de ganarse a las elites conservadoras, sin tener que reunir formalmente a las Cortes, lo que le llevaría un tiempo excesivo. El que la reunión tuviera lugar en Francia fue un desacierto, pero Napoleón estimaba escandaloso penetrar en España para imponer desde aquí su voluntad.

Diez días antes de la apertura de la Asamblea, solamente habían llegado a Bayona un 17% de los Diputados, pues muchos de los nombrados se negaron a asistir, a veces aduciendo enfermedades inexistentes, mientras que la mayor parte vino a la fuerza o ante el miedo a perder sus cargos. Ante el temor de tener que renunciar a la celebración de la Asamblea debido al escaso número de representantes, se tuvo que nombrar unos nuevos a trancas y barrancas, llegándose a repartir credenciales entre los españoles residentes en Bayona. Por fin con la asistencia de 65 notables de los que sólo 42 presentaban poderes en regla pudo inaugurarse la Junta española en Bayona. Posteriormente se sumaron algunos más, alcanzando la cifra de 91 en la sesión final del 7 de julio. La Asamblea constituyó en el fondo un fracaso de Napoleón, no siendo más que una agrupación de individuos que únicamente se representaban a sí mismos, pero no a la nación española.

Las doce sesiones que se celebraron en el palacio llamado el Obispado viejo fueron presididas por Miguel José de Azanza, asistido por Mariano Luis de Urquijo, miembro del Consejo de Estado, y Antonio Ranz Romanillos, del de Hacienda como secretarios. Inmediatamente se vio que la finalidad no era la de proponer soluciones y reformas a los males de la patria, sino la de aprobar obedientemente una Constitución, redactada fuera de ella. En sólo nueve sesiones se examinó, discutió y aprobó un texto de 146 artículos, que hay que considerar como una carta libremente otorgada por el monarca y no como una Constitución discutida y aprobada por una Asamblea Constituyente.

El origen cronológico de la llamada Constitución de Bayona hay que situarlo el 19 de mayo, cuando Napoleón decidió dotar a los españoles de un texto constitucional que debería plasmar sus deseos reformadores. Maret su ministro de Asuntos Exteriores fue el encargado de redactar un proyecto que hizo con base en el senatus consultus de 18 de mayo de 1804 y que fue informado por Azanza, Urquijo, tres miembros del Consejo de Castilla, a los que Bonaparte trató de bestias y finalmente por el inquisidor general Raimundo Etenhard. Parece ser que solo hizo caso a este último, suprimiendo el artículo que declaraba abolido el Tribunal de la Inquisición. El texto de la Constitución establece un sistema político bastante autoritario, basado en cuerpo colegiados: Senado, Cortes y Consejo de Estado, sin coordinación entre ellos y sin que posean iniciativa legal. Se declaraba la independencia de la judicatura, aun sin proclamar enfáticamente el principio de división de poderes y se enuncian sin demasiado énfasis determinados derechos de los ciudadanos, como la inviolabilidad de domicilio, la libertad de movimientos, la supresión de los privilegios y la igualdad de todos los españoles ante la ley. Para la situación política española, la Constitución de Bayona era considerada tan avanzada que dio la fecha de 1813 como plazo para su completa aplicación.

La Constitución de Bayona que pudo haber sido un camino hacia una España más liberal y moderna, no se aplicó apenas, sólo a intervalos y con la protección de las tropas francesas, y la mayor parte de los españoles ni siquiera se enteraron de su existencia. Tuvo, sin embargo, una gran trascendencia porque si hasta entonces el término Constitución sólo expresaba el conjunto de leyes fundamentales del Reino, (según Jovellanos), es a partir de entonces un conjunto de disposiciones articuladas que constituían un pacto o contrato entre el soberano y el pueblo. Además creó la necesidad en gran parte de aquellos que se oponían al poder francés de poseer un texto constitucional que se enfrentara al concedido por Napoleón.

Su reinado comenzó oficialmente el 8 de julio después de jurar la Constitución y de recibir seguidamente el juramento de fidelidad de los componentes de la Junta española en Bayona, a pesar de que su nombramiento como rey de España fue publicado el 4 de junio de 1808. A punto de cumplir los cuarenta años, el nuevo monarca era apuesto, había estudiado leyes y ejercido el comercio en Marsella para sostener a toda su familia; de carácter benévolo y le hacía disfrutar la literatura y las artes. De su agudeza intelectual es una prueba la correspondencia que mantuvo con el emperador en la que le decía con rayana exactitud y extraordinaria clarividencia la situación política de España. En contra de lo dicho por la propaganda patriótica, no era ni tuerto, ni borracho, ni jugador, aunque sí amante de la vida suntuosa y cómoda.

Obediente a su hermano, que le había ordenado que se instalara inmediatamente en Madrid, José se puso en camino acompañado por un séquito formado por varios de los que le habían reconocido en Bayona, con la intención de gobernar benévolamente, y de pasar a la historia de su nuevo país. Sin embargo, su recibimiento fue hostil. Un recibimiento tan sombrío y glacial que escribió a su hermano diciendo: Enrique IV tenía un partido, Felipe V no tenía sino un competidor que combatir, y yo tengo por enemigo a una nación de doce millones de habitantes, bravos y exasperados hasta el extremo.

De iure José I quiso ejercer plenamente la soberanía real apoyándose en los ministros de su Gobierno, compuesto por personas de reconocido prestigio que habían integrado el primer Gobierno de Fernando VII y por significados reformistas ilustrados de los reinados de Carlos III y Carlos IV, con el fin de granjerarse la opinión favorable de los sectores más influyentes del país. Su política se basaba en atraerse a sus súbditos sedicentes por medio de reformas ilustradas, realizando una intensa actividad propagandística que mostraba la inutilidad de una resistencia armada, en vez de infundir temor como había hecho Murat en Madrid, o de aniquilarlos como proponía Napoleón, sobre todo desde la Batalla de Medina de Rioseco. De facto José I se vio mediatizado por la doble tutela que le impuso su hermano por medio de un militar, el mariscal Jourdan, y un civil, el embajador La Forest: ambos tenían como misión convertir a José I en un alter ego del emperador de los franceses. Realmente poco pudo hacer, porque el 1 de agosto el rey y su Gobierno abandonaron apresuradamente Madrid presos de pánico producido al confirmarse la derrota francesa en Bailen.

A todos los españoles se les planteó el dilema de definirse ante el nuevo régimen; los que lo aceptaron recibieron el nombre de josefinos, juramentados o afrancesados. Para una mejor comprensión conviene aclarar previamente los significados del término afrancesado. La primera y más amplia acepción es la de la persona o institución que recibe una fuerte influencia cultural de Francia a partir del s. XVIII. En este sentido el afrancesamiento es algo permanente en España durante todo el s. XIX. Concretando más, afrancesados son aquellas personas que durante la guerra de la Independencia colaboraron con el poder francés, ocuparon cargos en el Gobierno intruso o juraron fidelidad al nuevo monarca. A partir de 1811, y durante un siglo y medio, han sido denostados vejatoriamente por la historiografía, como unos meros traidores capaces de vender a su país, imposibilitando los esfuerzos de los propios interesados por lograr su rehabilitación ante la sociedad española y ante los gobiernos de los que podrían recibir una pensión que les permitiera sobrevivir.

Cronológicamente los primeros afrancesados fueron los españoles que acudieron a la Junta de Bayona, sancionaron la Constitución dada por Napoleón y juraron fidelidad al nuevo monarca. El conjunto de ellos no permaneció estable porque alguno como Pedro Cevallos abandonó el bando extranjero en cuanto tuvo un mínimo de libertad. Este conjunto de josefinos aumentó cuando en octubre de 1808 se exigió el juramento de fidelidad con carácter obligatorio a todos los funcionarios de la nueva Administración, a todos los religiosos e incluso a los acreedores del Estado, es decir, a todos aquellos cuya supervivencia económica o legal dependía del nuevo Estado.

Entre los juramentados se puede distinguir a los colaboracionistas activos y pasivos según participasen de forma entusiástica en el Gobierno josefino o lo acatasen con más o menos estoicismo, siendo estos los más numerosos, ya que no quedaba más remedio que jurar fidelidad al rey intruso cuando la ciudad estaba ocupada por franceses. Pero en ningún momento constituyeron clase política.

Al hablar de afrancesamiento hay que centrar el tema en los colaboracionistas activos; el grupo de militares, políticos e intelectuales que conscientemente optaron por la dinastía francesa. Este grupo, que pertenecía a la clase dirigente, no fue en ningún momento tan homogéneo como pudiera parecer, puesto que unos los fueron por motivos ideológicos, como el conde Cabarrús, el sacerdote Juan Antonio Llorente o el dramaturgo Leandro Fernández Moratín y otros para evitar una guerra que se adivinaba desastrosa, como los ministros Azanza y O`Farril. Los colaboradores activos, que constituyeron el eje del Gobierno y de la Administración del rey José, fueron realmente pocos, ya que se calcula que al finalizar la guerra pasaron la frontera francesa unas 12.000 familias.

El ideal de los estrictamente afrancesados apenas se diferenciaba del sostenido por Despotismo Ilustrados del s. XVIII. Son todos monárquicos en cuanto son partidarios del sistema, sin distinguir dinastías. Además la nueva dinastía les aseguraba evitar los movimientos revolucionarios, la anarquía, que les podría impedir poner en práctica un programa de reformas políticas y sociales. Por ellos sufrieron la enemistad enconada tanto de los defensores del Antiguo Régimen como de los liberales; para los primeros los afrancesados, eran revolucionarios enemigos del rey y, en consecuencia, del Estado, conceptos unívocos en su mente (según Artola); para los segundos el programa ilustrado de los afrancesados se quedaba corto por su absoluto respeto a la ley y al orden.

Hoy día se reconoce que, cuando menos, en muchos de ellos hubo una dosis de buena voluntad y un deseo de resolver los problemas de su patria. Su situación dependió siempre del poder francés: cuando los franceses abandonaron el territorio donde vivían, su existencia fue precaria pues la represión, cualquiera que fuera el régimen gobernante, se mantuvo constante hasta 1830.

El dos de mayo no fue la señal para un insurrección general contra los franceses, pero se produjo una total desconfianza sobre las intenciones napoleónicas con respecto al futuro de la Monarquía española, y en algunos casos asonadas, tonto por las noticias llegadas desde Oviedo y Gijón, como por la recepción del bando de los alcaldes de Móstoles, en Badajoz y Sevilla. Las órdenes dadas por el Consejo de Castilla a todas las autoridades provinciales encaminadas al mantenimiento de la tranquilidad, impidieron que esos tumultos llegasen a más.

Desde el 22 de mayo, en Cartagena, hasta el 31 del mismo en Zaragoza, un rosario de sublevaciones contra los franceses surge por España, Oviedo, La Coruña, Badajoz, Sevilla, Murcia, Valencia, Zaragoza... Este alzamiento que marcó el principio de la guerra de la Independencia, sólo se llevó cabo en los territorios no ocupados por los franceses. El primer detonante fue el conocimiento de las abdicaciones de Bayona, así ocurrió en Valencia donde el 23 de mayo se recibió la Gaceta de Madrid con dicha noticia. Después de leer en voz alta un vecino de la ciudad el comunicado de las abdicaciones, la multitud rompió los ejemplares de las gacetas y comenzaron con vítores a Fernando VII y mueras a los franceses.

El carácter popular de los alzamientos no se ha puesto nunca en duda. En Zaragoza, estaba la casa de Administración de Correos, calles y plazas inmediatas cubiertas de un inmenso gentío conducido por un estudiante que sacó su escarapela encarnada y colocándosela de sombrero exclamó : “Está visto: el que quiera sígame”. Sin embargo, sí hay diferentes opiniones sobre la espontaneidad del alzamiento. El profesor Corona apuntó la posibilidad de que el levantamiento fuese una conspiración en todo el territorio nacional, mientas que la historiografía liberal siempre ha considerado que la sublevación fue totalmente espontánea como corresponde a la típica exaltación romántica del concepto pueblo.

Es difícil asegurar que hubiera un plan general en toda España, si se puede constatar la existencia de grupos de personas que se encontraban sensibilizados ante los acontecimientos hispano-franceses. En La Coruña el capitán general trasladó el regimiento de Navarra a El Ferrol porque varios de sus oficiales asistían a conciliábulos secretos con civiles. En Sevilla un grupo de ilustrados se reunía asiduamente en un sitio llamado El Blanquillo desde que se tuvieron noticias de los sucesos ocurridos en Madrid el 2 de Mayo. En Valencia, en Zaragoza etc. Una vez en movimiento, la masa popular comandada por cualquier líder espontáneo, un anónimo estudiante en Valencia o el guarnicionero Sinforiano López y Aliá en La Coruña, se dirigían a las autoridades para que declarasen la guerra a los franceses y para que defendiesen La Religión, la Patria, las leyes y el Rey como se dijo en Sevilla En algunos lugares la población se armó, en muchos casos con la complicidad de oficiales de artillería, asaltando el arsenal de Oviedo, la Real Maestranza de Artillería de Sevilla o el Castillo de Santander.

Dada la estructura administrativa de la época, la autoridad suprema en cada región era, prácticamente, el capitán general, que también ejercía de presidente de la Audiencia. De su actitud dependía el gran parte el rumbo que cada una siguiera. Sin rapidez de comunicaciones, en la imposibilidad de mantener contactos con otros de una situación de emergencia como requiriera decisiones inmediatas, cada uno debió valerse por sí mismo y como militares, la disciplina y la obediencia les llevaba a obedecer sin discusión las órdenes de la autoridad superior.

Además, las autoridades centrales que habían repetido una y otra vez que los franceses debían ser tratados como amigos y aliados, lo que hace más comprensivo el bando del capitán general Solano y 11 generales más: Nuestros soberanos que tenían su legítimo derecho y autoridad para convocarnos y conducirnos a sus enemigos, lejos de hacerlo han declarado padre e hijo, repetidas veces, que los que se tomaban por tales son sus amigos íntimos, y en su consecuencia se ha ido espontáneamente y sin violencia con ellos ¿quién reclama pues nuestros sacrificios?.

Por último, no conviene olvidar que su formación convertía en dogma el que los paisanos y habitantes de los pueblos abiertos no deben hacer la menor defensa, sino obedecer a quien venza, y que sus conocimientos del ramo les llevaba a considerar como irreal, absurda e ilógica la posibilidad e una guerra o un enfrentamiento armado entre un ejército prácticamente encuadro apoyado por masas populares mal armadas y pero disciplinadas y el mejor ejército que hasta entonces había existido en Europa. Ante la indecisión de las máximas autoridades provinciales, el pueblo intentó que se comprometiesen, como hicieron con el capitán general de Castilla la Vieja construyendo ante su casa una horca para él, y cuando no lo consiguieron fueron destituidos (el de Granada fue desposeído de su bastón de mando), encarcelados, como el de Mallorca, o asesinados como el de Andalucía o el gobernador militar de Badajoz.

Por su parte existían cuerpos intermedios a nivel regional, las Audiencias, cuya misión era doble: por un lado constituían la representación del Consejo de Castilla y por otro, presididas por la autoridad militar, eran las supremas instancias del Gobierno regional. El afrancesamiento de la máxima centralización, y la actitud nada clara de los mandos militares produjo una falta casi total de iniciativa. Al fallar las cabezas fallaron los órganos provinciales.

Al no responder las autoridades provinciales a los deseos de la masa popular, ésta delegó su responsabilidad en instituciones ancestrales, como la centenaria Junta General del Príncipado de Asturias, la Diputación del Reino de Aragón que no se habían reunido desde la derogación de los fueros a comienzos del S. XVIII. En donde no existían estas instituciones se crearon las Juntas Supremas. En la composición de las mismas se detecta perfectamente cómo el pueblo confía en sus miembros de la jerarquía tradicional (Palafox en Zaragoza, Saavedra en Sevilla o Floridablanca en Murcia), al mismo tiempo que la forma de estructurarse las nuevas Juntas corresponde a la mentalidad del Antiguo Régimen: en Valencia los miembros de la Junta Suprema son nombrados por estamentos al igual que en Sevilla. Al analizar la composición de las Juntas supremas, puede verse que el pueblo es desplazado por ellas (sólo hay una pequeña representación auténticamente popular en la Junta de Valencia), lo que es comprensible si se tiene en cuenta el alto índice de analfabetismo que a principios de siglo existía en España. Lo que si que es cierto que salvo la Junta del Príncipado de Asturias donde dos de sus representantes tenían ya ideas liberales, no se detecta en ninguna Junta suprema un carácter revolucionario liberal entre sus miembros.

Algunas de estas Juntas fueron auténticos polos de expansión del alzamiento contra los franceses. El de Zaragoza no sólo trajo consigo la extensión del movimiento a todo el reino de Aragón, sino también a las provincias colindantes de Cataluña, Navarra y Castilla la Vieja; donde las ciudades de Tortosa, Sangüesa, Logroño y Burgo de Osma se alzaron sucesivamente de fines de mayo a primeros de junio. La Junta General del Principado de Asturias envió comisionados a Galicia y León y la de Sevilla a los reinos limítrofes de Jaén, Granada, Cádiz y Badajoz. Lo primero que hicieron fue declarar la guerra a Napoleón. Para lo que tuvieron que formar un ejército, tanto para su instrucción como para su mantenimiento, necesitaban desembolso económico, y para resolver el problema, que se convirtió en angustioso, las Juntas en el interior organizaron colectas, suprimieron impuestos, crearon nuevas contribuciones e incluso llegaron a acuñar moneda; y en el exterior enviaron comisionados a Gran Bretaña solicitando ayuda económica y militar.

Las Juntas supremas constituyen un poder supremo, un poder soberano, del que fueron plenamente conscientes. Así se afirmaba en una de las primeras proclamas de Asturias: La Junta General de este Príncipado habiendo reasumido la soberanía... o el de Sevilla considerando esta suprema Junta, que residiendo en ella toda autoridad soberana... Pero este concepto de soberanía no tiene ninguna de las connotaciones propias de la Revolución francesa, pues se trataba exclusivamente de la asunción de la autoridad. La marcha de la familia real, las abdicaciones de Bayona, la pasividad del Gobierno Central, el golpe de Estado dado por Murat y la presencia de tropas francesas, hizo que, tanto el pueblo que se alzó como los individuos que compusieron las Juntas, considerasen al reino en orfandad y la autoridad sin nadie que pudiera ejercerla. Es esta autoridad las que las Juntas en un momento dramático y esencial ejercitan plenamente. Se ha considerado revolucionarias a las Juntas por su enfrentamiento con las máximas instituciones del Antiguo Régimen, las Juntas e instituciones (fieles al monarca intruso)

Las Juntas se consideraron legitimadas porque al no poder Fernando VII ejercer su autoridad por hallarse cautivo, no los órganos centrales de la Monarquía por haberse vendido a los franceses o por encontrarse la Corte ocupada por un ejército enemigo, esta autoridad, esta soberanía volvía a recaer en el pueblo, quien a su vez transmitía a una institución ya existente o a una creada en aquel momento. De hecho se aplicaba de nuevo la clásica fundamentación jurídica utilizada en el famoso compromiso de Caspe.

A primera vista la proliferación de Juntas supremas puede dar idea de localismo y regionalismo rayanos en la anarquía. Sin embargo, desde el primer momento hay una conciencia de unidad, una tendencia a que la fragmentación de la soberanía desapareciese, volviendo a surgir un poder único y fuerte. A comienzos de junio en Sevilla se consideró la única representación de la Monarquía española, de tal forma que el primer alistamiento de mozos para luchar contra los franceses comenzaba así: Fernando VII Rey de España y de las Indias y la Junta Suprema de gobierno ambas en su nombre. Cuando fue conocida esta actitud por las otras Juntas se consideraron, no sin cierto fundamento, como un deseo de supremacía sobre las demás. A mediados del mismo mes la Junta de Galicia propuso a sus más cercanas, la del Príncipado de Asturias y León, la unificación de las tres instituciones en una sola, en la reunión de las Cortes de Galicia, León, Asturias y la parte de Castilla que fuese posible por no estar ocupada por los franceses. Fruto de estas conversaciones fue la firma de un efímero Tratado de unión entre los reinos de Castilla, León y Galicia para la defensa de sus respectivos territorios, conservación de su anterior gobierno y expulsión de sus enemigos de toda la Monarquía. A mediados de julio la conciencia de unidad de las Juntas supremas se robusteció por dos factores: la victoria de la batalla de Bailén y la insistente presión británica para que existiera un interlocutor válido que canalizara las ayudas económicas y militares en el país.

Después de comprobar que el abandono de Madrid por las tropas francesas como consecuencia de los reveses militares sufridos era un auténtico abandono y no un movimiento táctico de diversión, el Supremo Consejo Real de Castilla quiso adherirse a los intentos de formar un Gobierno central único, proponiendo a todas las Juntas la formación de una Asamblea, también llamada Junta Suprema Central, que estaría compuesta por algunos de los vocales de las juntas provinciales y por miembros del Consejo encabezados por el propio gobernador. A parte de las funciones militares, esta institución debía convocar a Cortes, formadas exclusivamente por los procuradores de las ciudades y villas con derecho a voto, con la exclusiva finalidad de nombrar un Consejo de Regencia compuesto por veinte personas. Estaba claro que el Consejo no quería perder la oportunidad de ocupar el poder, si no todo al menos una parte, para lo que estaba dispuesto a compartirlo con las Juntas. A través de la contestación de las Juntas, la de Sevilla fue extremadamente dura, se observaba clarísimamente la existencia de un clima de tensión ante una posible intromisión del Consejo Supremo de Castilla en la formación de un poder único. El fundamento de la tensión estribaba en la actitud, aleatoria y circunstancial según algunos historiadores, puramente afrancesada según otros que había seguido el Consejo ante el poder del intruso. A finales de mes, cuando publicó el manifiesto exculpatorio que previamente había prometido a las Juntas, tuvo que renunciar a sus deseos de compartir la autoridad suprema, la cual debía depositarse en la forma y modo que estime la Nación misma en Cortes, o por medio de Diputados de las Juntas y de las Provincias que no las tengan, en las que las personas o cuerpo que elija y que el Consejo será el primero en reconocer. Con ello terminaba en derrota la primera escaramuza del Supremo y Real Consejo de Castilla por participar en el poder.

La propuesta de formar un Gobierno único que tuvo una mayor acepción fue realizada por la Junta de Valencia que en un manifiesto exponía la indispensable y urgente necesidad de que se establezca una central que entienda y decida a nombre de nuestro amado soberano Fernando VII. La favorable acogida de esta idea se debió no sólo a la conciencia de unidad, sino también a que la Junta Central, compuesta por diputados miembros de cada una de las Juntas Supremas, no debía ser soberano sino suprasoberana y, por tanto, las Juntas provinciales conservarían gran parte de su soberanía renunciando sólo a aquella fracción en la que el interés general lo exigiese, como, por ejemplo, la dirección de la guerra, las relaciones exteriores y los asuntos de América. La circular de la Junta de Valencia originó un extenso intercambio epistolar entre las diversas Juntas, y como consecuencia un perfilamiento de la idea de Junta Central. A finales de agosto todas las Juntas supremas de España estaban ya de acuerdo en constituir un Gobierno central que adoptase la forma de Junta compuesta por dos diputados de cada una de ellas y que asumiese la soberanía mientras estuviera cautivo Fernando.

A comienzos de septiembre, aprovechando la reunión de Madrid de los principales generales que mandaban los ejércitos españoles, se intentó crear un Consejo de Regencia formado por el duque del Infantado y los generales Castaños y Cuesta, que se encargaría de las cuestiones militares, mientras que las civiles serían resueltas por el Consejo de Castilla. conviene hacer notar que don Gregorio Cuesta había sido gobernador del Consejo y el duque del Infantado era en aquel momento su presidente. A pesar de la presión ejercida por el representante diplomático británico, la negativa de Francisco Javier Castaños hizo que fracasara la segunda y última tentativa del Consejo de Castilla por participar del poder unificado.

A mediados de septiembre los diputados de las Juntas supremas, siguiendo la propuesta valencia, se fueron reuniendo en dos centros: Aranjuez y Madrid. En torno a la patriarcal figura del conde de Floridablanca se agruparon en el Real Sitio los representantes de Murcia, Extremadura y Andalucía. Según Jovellanos, los de Sevilla y algunos otros diputados, ya fuese por preocupación contra el Consejo, ya por otra razón, venían embargados y dispuestos a resistir el establecimiento del Gobierno Central en Madrid. Los de Aragón, Asturias, Cataluña y Valencia se reunieron en la madrileña casa de príncipe Pío diputado por Valencia, y eran partidarios de que las sesiones previas se celebrasen en la Villa y Corte por ser la sede de los órganos de gobierno de la monarquía. A tal fin, enviaron al príncipe Pío a Aranjuez con la esperanza de que, debido a su amistad personal con el conde de Floridablanca, lograra que éste se trasladara a Madrid. El príncipe Pío no sólo no convenció a nadie sino que fue convencido, entre otras cosas, por ser mayoría los presentes en Aranjuez.

En la posada donde se hospedaba Floridablanca se celebraron las sesiones preparatorias actuando como secretario Martín de Garay y presidiendo el conde por ser el más anciano de los presentes. En las mismas se decidió solamente que formasen parte de la Junta Central los diputados de las supremas que estaban erigidas en las capitales de los antiguos reinos, quedando excluidos de esta forma los representantes de Alava, Cádiz, Ciudad Real, Cartagena, La Mancha, Santander, Soria y Vizcaya. A las nueve y media de la mañana del día 25 de septiembre de 1808, los 25 representantes de las Juntas supremas más de las dos terceras partes de los que deben componer la Junta de gobierno se reunieron en la capilla real del palacio de Aranjuez donde, ante el obispo De Laodicea, juraron sobre los Evangelios sus cargos y después de oír un Te Deum, declararon legítimamente constituida la Junta Central Suprema y Gubernativa del Reino, el adjetivo hacía ver que en ella descansaba la autoridad de toda la Monarquía, tanto que todas sus disposiciones comenzaron con el protocolo Fernando VII y en su nombre la Junta Central. España volvía a tener Gobierno.

Los diputados residentes en Madrid se trasladan a Aranjuez cuando ven que la mayor parte de los representantes se encuentra allí, los poderes o credenciales son aprobados por unanimidad, el presidente y el secretario son elegidos de forma interina y la instauración se decidió por todos, aunque algunos de ellos, como Jovellanos, no estuvieran totalmente de acuerdo con ella. Desde el conde de Toreno se ha venido diciendo que los 34 individuos que compusieron la Junta Central eran, como repúblicos, desconocidos en el reino, fuera de don Antonio Valdés, del Conde de Floridablanca y de don Gaspar Melchor de Jovellanos. Esta afirmación, que es auténtica, se ha entendido como si los centrales no tuviesen ninguna experiencia en nada, lo cual atenta a la verdad, puesto que fueron personas curtidas, la flor y nata de las regiones y casi todos ellos llevaban tras de sí una fecunda experiencia en funciones de gobierno a nivel provincial: así se puede encontrar a un regente de Chancillería, dos intendentes provinciales, dos obispos, dos vicarios generales o cuatro regidores perpetuos.

TEMA 2.- Guerra y Revolución

El alzamiento en las zonas no dominadas por los franceses fue considerado por Murat como repetición de lo ocurrido el 2 de mayo en Madrid. Brotes aislados de rebelión fáciles de sofocar si de daba a la represión militar el carácter de una simple acción policiaca. Las tropas españolas estaban dispersas y desorganizadas, y no parecía difícil escarmentar a los civiles como ya se había hecho en Madrid. Napoleón, mal informado por los optimistas partes que recibía de Murat, trazó un plan basado en dos bases de operaciones: Alava y Madrid, desde donde se haría un despliegue en abanico que debería dominar la mitad norte y la mitad sur de la península.

Desde la primera base el mariscal Bessières, con 25.000 hombres debía ocuparse de mantener las líneas de comunicación entre Madrid y la frontera, someter las provincias septentrionales y dominar a los rebeldes de Zaragoza para permitir las comunicaciones con Cataluña. El primer enfrentamiento entre franceses y españoles se produce cuando el general Cuesta decide tomar la ofensiva y cortar el camino de Burgos a Madrid con 5.000 soldados, la mayoría voluntarios, sin apenas instrucción, cometiendo la imprudencia de atravesar el puente de Cabezón. El 12 de junio, 9.000 franceses al mando de Lasalle se lanzaron al ataque y derrotaron una tras otra a todas la inexpertas unidades españolas. Valladolid fue ocupada y pocos días después Santander.

Cuesta, con los restos del Ejército de Castilla, logró que la Junta de Galicia pusiera a su disposición todo su ejército de 25.000 hombres y decide volver a poner en peligro las comunicaciones entre Madrid e Irún, planteando la lucha convencional en campo raso, aunque el general Blake, que mandaba el ejército de Galicia, era partidario de esperar a los franceses en las montañas. Bessières organizó un ejercito de unos 14.000 hombres. El choque se produjo en Medina de Rioseco, con las tropas españolas divididas en dos partes muy distantes, situadas sin protección en los flancos. El general francés decidió atacar por el medio, envolver y aplastar a los gallegos y después a los castellanos de Cuesta. La operación fue un éxito, Blake perdió cerca de 3.000 hombres y toda su artillería mientras que los franceses aseguraron el camino de Madrid de José I que se había detenido en Burgos. Para Napoleón esta batalla suponía la solución definitiva de los asuntos en España, y para el pueblo español conocer los horrores de la guerra.

El despliegue por el Valle del Ebro pareció al comienzo llevar las mismas trazas, Logroño fue ocupado y las tropas que pudieron reunir José Palafoz y Melzy fueron derrotadas en Tudela, Mallén y Alagón, refugiándose en Zaragoza, ciudad de edificios sólidos, rodeada por murallas y protegida por el río Ebro. El general francés Lefevre pensaba que un ataque decidido acabaría con cualquier resistencia. La población de la ciudad se defendió con verdadero heroísmo. Incapaz de hacer verdaderos progresos, Lefevre tuvo que contentarse con esperar refuerzos, que cuando llegaron, se vieron incapaces de tomar casa a casa una ciudad en una guerra completamente distinta a todo lo visto anteriormente, pues en ella no sólo actuaban ejércitos profesionales, sino que participaban también paisanos de toda clase y edad, hombres, mujeres y niños. Las noticias de Bailén hicieron levantar el cerco y retirarse hacia Vitoria a un ejército que salía maltrecho en su prestigio.

Desde la segunda base de operaciones, Madrid, salieron dos columnas dirigidas por Dupont y Moncey, que llegó el 28 de junio a Valencia, donde la Junta Suprema de ese reino había hecho todo lo necesario para la defensa de la ciudad, estableciendo barricadas, fortificaciones e inundación de los campos de los alrededores para hacerlos intransitables. Después de perder más de 1.000 hombres y al saber que no podía recibir refuerzos de Cataluña por que todo el litoral se había alzado en armas, Moncey emprendió la retirada hacia Madrid por el camino de Almansa.

Desde Barcelona Duherme debía dominar toda Cataluña y enviar una columna en ayuda de Moncey, que junto con las fuerzas que se dirigían a Manresa y Lérida tuvieron que detener su avance al llegar al paso de Bruch. Finalmente hubo que levantar el cerco de Gerona y huir hacia Barcelona, donde llegó con su ejército hambriento y desmoralizado después de haber destruido todo el material utilizado para el asedio y haber sido hostigado continuamente por los somatenses.

El mariscal Dupont se dirigió desde Toledo hacia el sur, avanzando tan deprisa que dejó son controlar el terreno que quedaba a su retaguardia. El general Echavarri con más de 10.000 voluntarios civiles pretendió defender Córdoba, pero las fuerzas españolas fueron puestas en fuga. Los Franceses entraron en Córdoba sin dificultad y sin ningún respeto hacia la vida o la propiedad de sus habitantes, saquearon la ciudad, violaron a las mujeres y mataron a decenas de ciudadanos. La indignación al saberse la noticia de la actuación francesa originó el levantamiento general de todos los pueblos de la comarca, la ruptura de las comunicaciones de Dupont con Madrid y la venganza en cualquier soldado francés. La guerra tenía ya un carácter brutal por ambos bandos.

El general Castaños, gobernador militar del Campo de Gibraltar, que contaba con sus tropas regulares, un numeroso cuerpo de voluntarios, cerró al francés la retirada de Despeñaperros, al tiempo que contraatacaba en Bailén. Dupont, con indecisión y lentitud comenzó la batalla el 19 de junio, finalizando tres días después con la capitulación de todas las tropas francesas.

Bailén tuvo numerosas consecuencias. Psicológicamente originó una nueva esperanza que aumentó más al conocerse la resistencia de Zaragoza y Gerona. Hasta entonces, cada reino, cada región, cada ciudad o pueblo había reaccionado al compás de las circunstancias con una tendencia defensiva: resistir al invasor, defender al país de la perfidia de Napoléon, mantener la independencia frente a un rey impuesto y no querido. A partir de Bailén comenzó a pensarse en otros problemas: el Gobierno estaba atomizado, fraccionado en poderes locales. Surgió la necesidad de que un poder único, acatado por todos y con autoridad suficiente, gobernara en nombre de Fernando VII. La solución fue la constitución de la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino.

El fracaso de Dupont significó la primera derrota campal sufrida por el ejercito napoleónico. Estratégicamente Bailén abrió el camino hacia Madrid, pues el 31 de julio el rey José tuvo que abandonar la Corte para replegarse primero a Burgos y posteriormente a Vitoria. La derrota provocó las iras imperiales de Napoleón, que descalificó a Dupont, y envió con tropas de refuerzo al mariscal Ney, el más valiente entre los valientes, para intentar estabilizar una situación que empezaba a ser caótica por el repliegue general de todas la tropas francesas en España y la momentánea pérdida del ejército de Junot que, tras la derrota infringida por las ingleses que habían desembarcado en Portugal, se vio obligado a firmar el tratado de Cintra. Este repliegue subió el ánimo de los españoles, pues les hizo creer que Bailén era repetible y que podía ganarse, sólo con valor y patriotismo, una guerra de tipo convencional frente a Napoleón. La alegría de la victoria duró poco, pues la unidad del poder político no estuvo acompañada de un mando único militar ni de una auténtica previsión de un plan coordinado de defensa.

José Bonaparte estaba dispuesto a abandonar la empresa, pero Napoleón intuyó el desprestigio de su causa y de su Ejército si desistía de intervenir en España. Él mismo, al mando del Ejército francés, poniéndose al frente de su Grand Armée que, con 250.000 hombres y distribuida en siete cuerpos de ejército, formaba una masa de choque formidable.

El plan español consistía en repetir la acción de Bailén. Napoleón ordenó una total inactividad a su ejército, esperando que las tropas españolas se adentrasen por los flancos hasta posiciones en las que la retirada fuese difícil, dejando desguarnecido el centro que sería atacado y roto con una doble finalidad: envolver a los dos ejércitos laterales y ocupar de nuevo Madrid. Las operaciones comenzaron tal como lo había previsto el emperador: las fuerzas del centro, defendido por Belvedere, fueron aniquiladas en Gamonal. Con Burgos en su poder, Napoleón comenzó la segunda fase de la gran maniobra estratégica que había planeado: destruido el centro, inició un movimiento de flanqueo, atacando a los ejércitos españoles de Blake y Castaños por su retaguardia. Las tropas españolas, más lentas en la maniobra, sin organización, sin un mando unificado y con gran indisciplina no pudieron resistir.

En menos de un mes Napoleón había dispersado a lo mejor del Ejército español. A finales de noviembre dirigió sus tropas hacia el sur superando el puerto de Somosierra, gracias a la carga de la caballería polaca, llegando a Madrid el 2 de diciembre. Tras intimidar a la población con un cañoneo y ocupar el retiro, la Junta de Defensa de la ciudad aceptó la rendición.

Antes de entrar en la ciudad, Napoleón, en pleno ejercicio de sus derechos de conquista, dictó desde el campamento imperial de Chamartín cuatro decretos, en los que declaraba abolidos los derechos feudales, suprimido el Tribunal de la Inquisición, reducidos drásticamente los conventos de monjes holgazanes, nacionalizando sus bienes y trasladadas las aduanas interiores, lo que debería ser especialmente provechoso para los comerciantes. Estos decretos se corresponden perfectamente con una mentalidad ilustrada, tanto en los económico como en lo religioso, y estaban encaminados a la regeneración de España, asegurando su grandeza y su prosperidad en el marco de una Constitución liberal que proporcionaba una monarquía templada y constitucional en lugar de una monarquía absoluta. No consiguieron aumentar los adeptos al gobierno de José I porque, dictados por el propio emperador, fueron considerados por la gran mayoría como una injerencia extranjera, aumentando la xenofobia existente. Desde el punto de vista religioso fueron un poderoso argumento para que la mayor parte del clero predicase una auténtica cruzada contra los ateos, antirreligiosos y demoníacos franceses, robusteciendo en las capas populares como contraposición la necesidad de la unión del Altar y el Trono. Sin embargo, para el historiador francés Dufour, no dejaron de ser un aliciente para los liberales de las futuras cortes, constituyendo un hito capital en la formación del pensamiento político contemporáneo. Usando el derecho de conquista, Napoleón cedió de nuevo la corona a su hermano y con la amenaza de convertir las provincias españolas en departamentos franceses, obligó a los madrileños a prestar fidelidad al rey José, dando ejemplo a las provincias.

La presencia de un ejercito inglés, mandando por Moore, que desde Portugal había penetrado por Salamanca, obligó al emperador francés a abandonar la idea de adentrarse más en el país y a tomar una de sus fulminantes y arriesgadas decisiones: cruzar el puerto de Guadarrama cubierto de nieve, y caer por sorpresa sobre los ingleses. Moore, que no quiso emprender un choque frontal, inició una penosa y dramática retirada hacia La Coruña, seguido por las tropas francesas. En Astorga, Napoleón recibió noticias sobre el rearme de Austria y sobre una conspiración urdida en París. Dado que el ejército inglés iba debilitándose, Napoleón, ante la gravedad de las noticias abandonó España dejando a los generales Soult y Ney que derrotaron a los ingleses en la Coruña el 16 de enero, obligándoles a reembarcarse.

A principios de 1809, tras la campaña napoleónica, la mayor parte de la mitad norte de España se encontraba bajo control francés, aunque con algunos focos aislados de resistencia apoyados por los restos del ejército regular español en Valencia con Blake, en Galicia con el marqués de la Romana y en Asturias con Ballesteros. Las tropas españolas estaban desorganizadas y apenas quedaban 10.000 soldados en pie de combate. Es en este momento cuando aparece un conjunto de bandas armadas. Estas, rehuyendo las acciones campales, realizaban pequeñas operaciones dispersas que hacían intolerable la vida a las fuerzas de ocupación. Los franceses comenzaron a llamar a esa forma de combatir la petit guerre, de donde deriva la palabra española guerrilla. En enero de 1.809 ya aparecen nombres como el cura Merino y del carbonero Juan Martín El Empecinado, Renovales y Espoz y Mina.

Las guerrillas significaron la participación popular en la guerra con una mentalidad colectiva de lucha a muerte contra el invasor. Fueron la manifestación de la Nación en armas que llevaba a cabo una guerra irregular, sin normas, la guerra total, o, como afirma Artola, la primera aparición histórica de lo que hoy se denomina guerra revolucionaria. El origen es múltiple, pueden ser grupos de militares, tanto soldados como oficiales, que dislocados del ejército regular derrotado deciden seguir la guerra por su cuenta, también son conjuntos de antiguos contrabandistas y bandoleros acogidos al indulto por defender la patria contra los franceses, o grupos de gente honrada de todos los orígenes sociales.

El campo de operaciones era razonablemente grande, el terreno accidentado e inaccesible y el carácter nacional se adecuaba a este tipo de guerra informal e irregular. Hay, como ha señalado Artola, una específica doctrina en lo que se refiere al dominio del espacio que consiste en renunciar a conservar el terreno como medio de mantenerla propia capacidad de combatir: la guerrilla ejerce una actividad dinámica y versátil, de agrupamiento y dispersión continua.

Esta acción dinámica nunca se lleva a cabo en un enfrentamiento en campo abierto contra todo un cuerpo de ejército enemigo, sino que se buscan las pequeñas escaramuzas, los amagos y las emboscadas, aprovechando el perfecto conocimiento del terreno y la carencia de problemas logísticos de abastecimiento y comunicaciones; en suma, la táctica de un ejército irregular que tiene que habérselas con un enemigo superior y mejor organizado. Para ello contaba con el apoyo incondicional de la población civil, de la cual los propios guerrilleros formaban parte, en tanto que los franceses nunca sabían si el pacífico labrador que encontraban trabajando la tierra no era uno de los que media hora antes había diezmado una columna napoleónica en el barranco próximo. Las Memorias de los oficiales franceses en España recogen el nerviosismo, hasta la desmoralización, de sentirse aislados en un país hostil, en el que cualquier actitud había de ser mirada con desconfianza. El número es difícilmente calculable, porque toda la geografía española estaba cubierta de pequeñas unidades que hicieron imposible la vida a los franceses. La máxima concentración se dio en zonas montañosas como las estribaciones pirenáicas y en las cercanías de las vías de comunicación.

Obstaculizaron las comunicaciones entre los ejércitos franceses; las órdenes de Napoleón tardaron cuarenta días en llegar desde París a Madrid, e incluso lograron cortarlas a principios de 1812 entre el rey José y el general Marmont, lo que llevó a este general a combatir en la batalla de Los Arapiles con 14.000 hombres menos de los que podía haber tenido.

Fueron una valiosa fuente de información para los militares aliados, por ejemplo, Wellington se dispuso a atacar un destacamento francés con una fuerza de 18.000 hombres, convencido que el enemigo sólo contaba con 10.000, cuando en realidad constituían tres cuerpos de ejército con más de 50.000 soldados, pero gracias a la información de los guerrilleros se pudo evitar un combate que habría supuesto una derrota total y probablemente el fin de la intervención británica en la Península.

Las guerrillas obligaron a destinar un número elevado de tropas para la protección de las comunicaciones y a la fijación e inmovilización de fuerzas francesas en las ciudades, de tal forma que Wellwesley no hubiera tenido posibilidad de triunfar si a sus fuerzas les hubiera hecho frente el conjunto de las francesas.

A comienzos de 1809 la tropas francesas intentaron extender su dominio a todo el territorio español, lo que implicó una típica guerra de desgaste que requirió tres largos años (1809-1811), al final de los cuales los franceses poseyeron gran número de provincias españolas a cambio del sacrificio de buena parte de sus posibilidades humanas. Las operaciones se ralentizaron debido tanto a la ausencia de Napoleón, como por el deseo de no repetir errores pasados, por lo que se cuidó de forma sistemática el dominio de los puntos clave y de las vías de comunicación.

La ocupación se llevó a cabo siguiendo tres líneas de penetración: Levante, Andalucía y Portugal. En la primera el objetivo inicial fue la unión de los ejércitos que operaban en le valle del Ebro con los que actuaban en Cataluña, lo que se consiguió con la ocupación de Zaragoza y Lérida en el interior y Tortosa y Tarragona en la costa. El heroísmo derrochado en los sitios de Zaragoza y Gerona impresionaron tanto a los franceses como a los españoles. En la primera de las ciudades 40.000 hombres, soldados y paisanos, mandados por Palafox tuvieron en jaque a dos cuerpos de ejército, mandados por Moncey y De Mortier durante dos meses, y que pudieron vencer la resistencia de los situados mediante la voladura, uno tras otro, de los edificios de la ciudad.

Después de tomar Tarragona en junio de 1811, el marisca Suchet se propuso conquistar Valencia, lo que le llevó bastante tiempo por la resistencia de Sagunto y porque sus tropas de retaguardia sufrieron serios ataques guerrilleros en Calatayud, Cervera y Ayerbe. La entrada en Valencia, a principios de 1.812, permitió el avance hasta Denia sin llegar a dominar Alicante, ya que las fuerzas de ataque francesas disminuían por la cantidad de hombres que debían custodiar las ciudades y mantener las comunicaciones, y también por la necesidad de enviar refuerzos a Napoleón para su campaña en Rusia.

En el centro, un ejército de 50.000 hombres, preparado con enorme esfuerzo por la Junta Central, abandonó Sierra Morena y se adentró en La Macha al mando de Aréizaga con el objetivo de alcanzar Madrid. La lentitud de su marcha hacia el Norte permitió a José I reunir un gran ejército en Aranjuez, que, el 19 de noviembre, derrotó totalmente a los españoles en Ocaña. El dominio de La Mancha dejaba expedito el camino hacia Andalucía a cualquier avance concertado francés.

La victoria de Napoleón sobre los austríacos en Wagram permitió el envío de refuerzos a España: 90.000 soldados cruzaron los Pirineos e iniciaron un avance arrollador que liberó las guarniciones sitiadas de Navarra y Castilla la Vieja. La llegada de estas tropas y la victoria de Kellerman en Alba de Tormes, permitió a José I destinar miles de hombres a operaciones de campaña. Abandonando la idea de expulsar a los ingleses, José I decidió ordenar la invasión de Andalucía por un doble motivo. En primer lugar porque la acción permitiría llevar a cabo la idea acariciada de vengar la afrenta de Bailén, y en segundo lugar porque el dominio de Andalucía era tentador para el Gobierno afrancesado por ser la región más grande, rica y poblada del país, y Sevilla poseía además grandes arsenales y almacenes de pertrechos militares, beneficios que le aliviarían de sus agobios económicos y quizá la captura del Gobierno rebelde.

La expedición, mandada por el mariscal Soult, a la que acompañaba el propio rey, penetró por Despeñaperros, en enero alcanzó el Guadalquivir y se bifurcó en dos líneas, una que se dirigió a Granada y Málaga por Jaén, y otra que siguió hacia Sevilla, que se rindió el 1 de febrero, y hacia Cádiz.

Los 20.000 franceses que asediaron Cádiz se enfrentaron con obstáculos insalvables. La flota conjunta hispano-británica suponía una gran fuerza artillera flotante a la que se sumaban las baterías de la ciudad y los barcos cañoneros que la Junta de Cádiz había armado. El Ejército que al mando del duque de Alburquerque había operado en Extremadura consiguió refugiarse en la ciudad un día antes de la llegada de los franceses, con lo que elevó a 20.000 el número de soldados defensores. Al volar los españoles el puente de Zuazo, el río Santi Petri se convirtió en un foso natural insalvable. La ciudad parecía estar, y así fue, a salvo de todo ataque.

La campaña de Andalucía marcó cierto auge militar, se había conquistado toda Andalucía menos Cádiz, y político, la Junta Central se disolvió al ser excesivo el peso de las continúas derrotas. Hay un cambio total en el Ejército francés que dejó de ser atacante por tener que dedicar, y, por tanto, fijar y dispersar, cerca de 100.000 hombres para la guarnición de las ciudades, el mantenimiento de las comunicaciones y el sitio de Cádiz. Estos objetivos absorbieron la casi totalidad de los efectivos y redujeron el volumen de las fuerzas operativas de tal forma, que durante los dos años largos que duró la ocupación francesa de Andalucía apenas hubo batallas importantes.

La ofensiva contra Portugal tenía como finalidad arrojar de la Península al cuerpo de ejército británico de 12.000 hombres que al mando de sir Arthur Wellesley había desembarcado en Lisboa. Napoleón había previsto un triple ataque: el ejército de Soult desde Galicia, las fuerzas de Lapisse desde el Oeste y el ejército de Víctor desde el sur deberían confluir conjuntamente en Lisboa. La ofensiva de Wellesley desde Lisboa hizo que Soult se retirara primero hacia Galicia y después, al sentirse aislado por la falta de cooperación de Ney, hacia Zamora.

José I fue informado del fracaso de Soult en Portugal y Galicia y del avance de unos 20.000 españoles bajo el mando del general Venegas desde Sierra Morena en dirección a Madrid, el propio rey en persona hizo que Venegas se retirase a la sierra. El peligro para Madrid no era Venegas sino el avance hacia Talavera de un ejército aliado formado por 76.000 hombres que, al mando conjunto de Cuesta y Wellesley, avanzaba decididamente hacia el oeste con el fin de derrotar al ejército central de José I y amenazar Madrid. El enfrentamiento ocurrió en Talavera de la Reina, del 27 al 29 de junio de 1809, con resultados poco claros para ambos bandos, los franceses se retiraron hacia Madrid, mientras los aliados se replegaron sobre Badajoz, convirtiendo Portugal en una excelente base de operaciones.

A principios de 1810, Napoleón estaba convencido de que la presencia de los ingleses en Portugal era lo que mantenía la resistencia en España y decidió arrojar a Wellesley mediante una nueva ofensiva que debía alcanzar Lisboa. La estrategia aliada, eminentemente defensiva, se basaba en tres elementos: en primer lugar se utilizó la táctica de arrasar amplias zonas, destruyendo puentes, barcas y transbordadores, quemar los recursos alimenticios y medios de transporte que no pudieran trasladarse a Lisboa y evacuar la población de la zona. Ello levaría, si la ofensiva francesa se prolongaba, a forzar la retirada enemiga por falta de alimentos. En segundo lugar fue la creación de un formidable ejército de 70.000 soldados regulares ingleses, portugueses y españoles. Finalmente, ingenieros británicos y trabajadores portugueses construyeron la línea Torres Vedras: una colosal barrera de obstáculos naturales y fortificaciones que se extendía a lo largo de 47 Km. desde el Atlántico hasta el estuario del Tajo.

Masséna se topó con las líneas aliadas hacia mediados de octubre y, lleno de asombro, buscó en vano algún punto por donde atravesarlas, por lo que envió a París al general Foy con el siguiente mensaje para Napoleón: He llegado a la conclusión de que pondría en un gran peligro al Ejército de Su Majestad si intentase atacar estas formidables líneas defendidas por 30.000 ingleses y 30.000 portugueses, apoyados por 50.000 campesinos armados. Wellington se limitó a permitir que los franceses permanecieran en sus posiciones sabiendo que se debilitarían por la carencia de alimentos debido a la política de arrasamiento y por el padecimiento de todo tipo de enfermedades.

El fracaso francés tuvo una importancia crítica en la campaña peninsular, Napoleón había realizado un esfuerzo para expulsar a los ingleses enviando a Portugal un poderoso ejército, e incluso pareció que nada ni nadie sería capaz de detener la pesada máquina bélica francesa. Pero la visión de Wellington fue decisiva; la línea de Torres Vedras era lo que necesitaba para contener a los veteranos de Napoléon, A partir de entonces la expulsión de los ingleses era una quimera y su participación en la campaña peninsular terminaría siendo crucial.

La situación de Wellington fue más sólida por la ruptura de relaciones entre el Imperio francés, que deseaba Polonia, y el imperio ruso, cuya nobleza quería abandonar el bloqueo continental que perjudicaba sus intereses económicos. La crisis obligó a Napoleón a disminuir sus fuerzas en la Península para destinarlas a la campaña oriental. El caudillo inglés, al mando de un ejército anglo-portugués, se apoderó de Salamanca y se enfrentó a las tropas francesas de Marmont en una ondulada llanura, próxima a la ciudad, donde había dos alturas llamadas Los Arapiles. La victoria, aunque no constituyó una derrota total, tuvo resultados decisivos, pues Madrid fue liberado el 13 de agosto, el rey debió huir a Valencia y Soult levantó el sitio de Cádiz y abandonó toda Andalucía.

Con la ayuda de Soult, José I comenzó una contraofensiva que le llevó a ocupar de nuevo Madrid el 3 de noviembre. Wellington se retiró hasta Ciudad Rodrigo y a pesar de ello fue designado generalísimo de todos los ejércitos aliados con la única oposición del general Ballesteros. La catastrófica derrota de Napoleón en Rusia obligó a un nuevo debilitamiento de las fuerzas francesas en España, hasta el punto de que por primera vez las fuerzas aliadas superaban con creces a las francesas; tanto que con relativa facilidad Wellington con un gran ejército de 52.000 soldados ingleses, 29.000 portugueses y más de 20.000 españoles, capturó Salamanca y Zamora a finales de mayo, ocupó, esta vez de forma definitiva, Madrid y planteó la batalla decisiva de Vitoria, donde el rey intruso tuvo que emprender una rápida retirada.

El 28 de junio, José I estableció su cuartel general en la ciudad francesa de San Juan de Luz; San Sebastián, Pamplona, Zaragoza y Valencia fueron evacuadas y sólo quedaba Suchet en Barcelona, donde pudo permanecer hasta abril de 1814. La guerra de la Independencia estaba ganada; una guerra nacional de liberación que en el marco europeo sirvió de modelo y estímulo para que las poblaciones alemanas y rusas rechazaran también la dominación hegemónica francesa.

La historiografía británica considera básica, fundamental, e imprescindible la actuación de los británicos y especialmente la de su general en jefe sir Arthur Wellesley, duque de Wellington, vizconde de Talavera, duque de Ciudad Rodrigo y grande de España, tanto que incluso Carr considera la batalla de Bailén como un azar afortunado. Sin minusvalorar la importancia británica, Wellington no hubiera podido mantenerse en la Península durante tanto tiempo, y mucho menos salir triunfante del conflicto, si las tropas regulares y las guerrillas españolas no hubieran sido una amenaza constante que obligó a los franceses a distraer gran número de tropas y les impidió poseer una fuerte concentración operativa.

Demográficamente, la guerra supuso un saldo de cerca del millón de muertos, mientras que económicamente España quedó destrozada.

Aunque en ningún momento hubo una definición precisa de las funciones de la Junta Central, ni en su Reglamento para el gobierno interior, puede afirmarse sin lugar a dudas que actuó realmente como si fuera el rey, para lo que evitó una posible insubordinación del Consejo de Castilla y doblegó a las Juntas provinciales estableciendo que los vocales reunidos en cuerpo representan a la nación entera y no a la provincia de que con diputados.

No han sido apenas estudiados los diecisiete meses de actuación de la Junta, aunque tomó importantes decisiones de carácter diplomático, como el tratado de paz, amistad y alianza con el Reino Unido de 14 de enero de 1809; fiscal, como la contribución extraordinaria de guerra; o militar, como la formación del ejército mandado por Aréizaga.

Las escasas victorias militares obtenidas por la Junta Central crearon el descontento general, las críticas de algunas Juntas y del Consejo reunido, la hostilidad de los prepotentes embajadores británicos y sobre todo una profunda desunión entre sus miembros. El leit motiv que unió a todos fue la concentración de poderes en pocas manos y la convocatoria de Cortes.

La poca credibilidad que la Junta Central tenía a finales de 1809 se perdió el 23 de enero al trasladarse a la Isla de León cuando, tras la derrota de Ocaña, Sevilla vio amenazada por los franceses. Seis días después los vocales que no habían sido detenidos por el camino disolvieron la Junta Central transfiriendo sin limitación alguna todo el poder y autoridad que ejercía a un Consejo de Regencia, compuesto por cinco personas, que debía preparar el terreno para que se reunieran las Cortes.

El que la convocatoria a Cortes fuese el medio adecuado para hacer frente a los problemas del momento apareció cuando Fernando VII decretó, el 5 de mayo, que se reuniesen con el fin de proporcionar los arbitrios y subsidios necesarios para atender la defensa del Reino. Entre la multitud de hojas, panfletos y folletos que aparecieron después de Bailén, hay algunos escritos que se referían también a la convocatoria, lo que demuestra que existía conciencia de que las Cortes, fuesen del tipo que fuesen, constituían la representación e los súbditos reales.

En la sesión de la Junta Central de 7 de octubre de 1808, Jovellanos propuso la convocatoria de Cortes para que éstas nombraran una Regencia. La propuesta fue desestimada por un sector, el más numerosos dirigido por Floridablanca.

El tema volvió a suscitarse en abril de 1809 cuando el diputado por Aragón, Lorenzo Calvo de Rojas propuso que se convocaran unas Cortes que opusieran al regeneracionismo de Napoleón unas reformas del Estado con caracteres más legales y con la fuerza de una Constitución bien ordenada. Luciano de la Calzada acertó al afirmar que se había producido plenamente el cambio conceptual de unas Cortes para ganar la guerra a unas Cortes para conquistar la libertad.

La moción prosperó aunque no en los términos propuestos y se decidió que la Secretaría general redactara una proyecto de decreto convocando a Cortes, y éstas redactarían una constitución que serviría de barrera a la arbitrariedad, consuelo de la desolación, premio de vuestro valor, esperanza de la victoria; es decir, se hacía de la posible Constitución un mito político y la panacea contra todos los males. Jovellanos, como buen ilustrado, aceptaba e incluso recomendaba convocar las Cortes, pero ser opuso a las ideas expuestas en el manifiesto argumentando que la plenitud de la soberanía reside en el monarca, y ninguna parte ni porción de ella existe, ni puede existir, en otra persona o cuerpo fuera de ella, y afirmando que ya existía una Constitución o conjunto de leyes fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos, y los medios saludables para preservar unos de otros.

Por decisión de la Junta Central, el 22 de mayo apareció un decreto convocando a Cortes para el año 1810 sin dar muchas precisiones sobre su naturaleza y atribuciones, pidiendo informes a instituciones civiles y eclesiásticas, junto con sabios y personas ilustradas, sobre los puntos que se habían de tratar en las Cortes y creando una Comisión de Cortes en la Junta Central, encargada de estudiar esa consulta al país. Estuvo formada por cinco diputados presididos por Jovellanos que poseía la clara intención de orientar, controlar y dirigir el proceso político de cuya importancia tenía una visión más clara que la mayoría de los centrales.

Esta comisión creó hasta siete Juntas auxiliares, con el objeto de preparar los proyectos de reforma de la Administración que posteriormente pasados a las futuras Cortes. Estuvieron compuestas de las personas de más instrucción y experiencia. Algunas de ellas se significaron como decididos representantes de la ideología liberal, tal es así que en la Junta auxiliar de legislación se comenzó a elaborar un nuevo código constitucional a cargo del jurista Antonio Ranz Romanillos.

El 1 de enero de 1810 la Junta Central, decidida a que las Cortes tuviesen una composición estamental, las convocó para el 1 de marzo de 1810 y envió las convocatorias para las Juntas superiores, para las ciudades con voto en Cortes y para las provincias. No se expidieron, por dificultades administrativas, las convocatorias para los otros dos estamentos. Al disolverse, la Junta Central redactó un decreto sobre Cortes en el que precisaba que la reunión se realizase en dos Cámaras y se daban pautas para controlar estrechamente la actuación de la Cortes. Los liberales consiguieron, pues, a última hora, evitar que saliera a la luz una norma que iba en contra de su planteamiento ideológico.

La Regencia, presidida por Castaños puede decirse que su situación era de incapacidad, pues al no tener recursos con los que mantener los restos del aparato del Estado, se puso en manos económicamente de la Junta de Cádiz, que se hizo cargo provisionalmente en su distrito de todas las rentas de la Corona y de los caudales procedentes de América y asegurar por medio de una distribución económica y oportuna el mantenimiento de las cargas políticas y judiciales del Gobierno, y la subsistencia y aumento de los ejércitos nacionales. Gracias a su poder económico, la Junta de Cádiz pudo hacer presión política y pedir la pronta reunión de Cortes, el mismo día la Regencia acordaba que se realice aquel augusto congreso en todo el próximo mes de agosto.

La presión de los representantes de algunas Juntas Provinciales, el miedo a que se produjeran alborotos en la ciudad, el desconocimiento de los antecedentes de la convocatoria y las noticias sobre la independencia de algunos territorios americanos pueden explicar que la Regencia vacilara al principio y se inhibiera después en cuestiones políticas decisivas. Todo ello permitió que el 24 de septiembre de 1810, los liberales que se encontraban en Cádiz convirtiesen unas Cortes que debían ser bicamerales en una Asamblea constituyente.

La sesión de apertura de las Cortes, en el Teatro Cómico de Isla de León, actual San Fernando, se celebró con el signo de la improvisación debido no a una oposición sino a la falta de un programa político claro y delimitado de la Regencia, que no había previsto ningún tipo de reglamento, ni la composición de la mesa presidencial, ni siquiera el orden del día que debía ser debatido. Después de jurar los diputados y tras un breve discurso de su presidente, el obispo de Orense, la Regencia se retiró, dejando por escrito las renuncias a sus cargos con el argumento de que únicamente los habían aceptado hasta la instalación de las Cortes. Estas estaban formadas por 104, de los que 47 eran suplentes elegidos precipitadamente cuatro días antes de la apertura entre los originarios de las regiones que se encontraban en Cádiz.

La laguna normativa que dejó la Regencia fue inteligentemente aprovechada por algunos liberales, representados por el sacerdote extremeño Diego Muñoz Torrero, quien propuso que se aprobase un trabajo que llevaba escrito Manuel Luján, que era un auténtico proyecto de decreto, en el primer punto establecía que los diputados que componen este Congreso y que representan a la Nación española se declaran legítimamente constituidos en Cortes generales y extraordinarias y que reside en ellas la soberanía nacional. En el segundo punto se reconocía, proclamaba y juraba de nuevo a Fernando VII, declarando nula la renuncia a favor de Napoleón no sólo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e ilegales, sino principalmente por faltarles el consentimiento de la nación. Las Cortes se reservaban el ejercicio del poder legislativo en toda su extensión por no ser conveniente que estuvieran reunidos el poder legislativo, el ejecutivo y el judiciario. Finalmente se hacía responsable del ejecutivo a la Regencia, que debería reconocer y acatar la soberanía de las Cortes. La propuesta fue aprobada con relativa facilidad, constituyendo materialmente el primer decreto de la Cortes o Congreso Nacional. Una transformación que se asienta en el dogma rusoniano de la soberanía nacional y en el principio de la división de poderes tan caro a Montesquieu.

Pero ¿cómo pudo ser aprobado por unanimidad un decreto que eliminaba jurídicamente la soberanía total del monarca y establecía los fundamentos de un nuevo régimen político?. Existen varias razones, primero, porque el enunciado era tan simple que podía servir para cualquier persona que no tuviera una fuerte formación jurídica. En segundo lugar, se anhelaba ardientemente la presencia de un poder fuerte que ni se dejara llevar por la desmoralización de las derrotas, como ocurrió a la Junta Central ni estuviera quieta como la Regencia. Además, estaba muy extendido el deseo de reformas desde la privanza de Godoy durante el reinado de Carlos IV, y finalmente, las circunstancias de la guerra crearon una coyuntura favorable a las reformas de Cádiz: una ciudad sitiada pero bien abastecida por el ambiente propio de una urbe comercial y con el aflujo de los individuos más inconformistas de las clases dirigentes entre los que se escogieron a la mayoría de los diputados suplentes: una minoría dentro del pequeño grupo culto de un país analfabeto, que se encontraba perfectamente unida desde los tiempos de la Junta Central en Sevilla, tanto que Martínez Quinteiro ha llegado a hablar de trabajo en equipo para fijar una declaración de principios que obligase en el futuro a las mismas Cortes.

La única persona que de momento se dio cuenta del cambio político realizado fue don Pedro Quevedo y Quintano, obispo de Orense, que después de renunciar a la presidencia de la Regencia y al escaño como diputado, envió un escrito a las Cortes con observaciones críticas sobre el decreto aprobado. El obispo planteó el problema de la existencia de un rey soberano y unas Cortes también soberanas, cuando por su propia definición la soberanía debería ser única. Las cortes, celosas de su autoridad, le obligaron a jurar acatamiento. Ni que decir tiene que el obispo de Orense se convirtió posteriormente en el símbolo del partido realista.

El 24 de febrero de 1811 las cortes inician sus sesiones en la iglesia de San Felipe Neri, en la ciudad de Cádiz, después de haber realizado 332 sesiones en la Isla de León. No se sabe con certeza el número de diputados que compusieron las Cortes, se habla de 303, 291, e incluso 240, pero sí es seguro que la Constitución llevaba la firma de 185 y que en la sesión de clausura de las Cortes extraordinarias, se contaron 223 diputados. La diferencia entre los diputados asistentes a la instalación y los que cerraron el periodo legislativo demuestra que más de la mitad fueron incorporándose paulatinamente según lo permitieron las circunstancias de la guerra.

La conclusión y las imprecisiones existentes en torno al número se repiten se analizan los nombres, la posición social o la categoría jurídica de los miembros. Suárez se ha fijado en la edad que tenían los que intervinieron en las sesiones contrastando la juventud y el ímpetu de los diputados liberales con la mayor edad y moderación de los realistas. Solís, basándose en datos de 1813, establece la siguiente clasificación:

Salta a la vista el sorprendente número de eclesiásticos, casi un tercio del total, lo que no indica que el clero tuviese una representación en calidad de tal, pues no participaron en las sesiones del Congreso, al igual que los nobles, como miembros de una categoría socio-jurídica, sino como representantes de una Junta superior de un reino, de una provincia o de una villa.

La inmensa mayoría de los diputados eclesiásticos representaban clero urbano e ilustrado, no hay ningún párroco rural, porque los obispos no se preocuparon de presentarse a las elecciones, ya que teóricamente, iban a ser llamados por su pertenecía a uno de los dos estamentos privilegiados. El minúsculo porcentaje de nobles explica la misma razón expuesta con respecto a los obispos.

Cerca del 56% de los diputados pertenecía al tercer estamento o estado llano. En realidad no hubo ningún diputado que fuese artesano, obrero e manufacturas o bracero del campo. La participación de un gran número de funcionarios se explica por su elevado grado de instrucción. Hay que resaltar la escasa representación de la burguesía comercial, sobre todo si se tiene en cuenta que en el Cádiz de 1810 daban el tono de la ciudad los comerciantes de clase, allí diferente de la de los tenderos. La carencia de nervio político podría explicarse no sólo por la necesaria atención a sus negocios y empresas, sino también porque los liberales ya se encargarían de defender sus intereses de forma propicia. Se ha considerado que los diputados de la Cortes de Cádiz son la representación de la irrupción en la política de las clases medias españolas, aunque parece más exacto afirmar que la irrupción es la de la minoría urbana ilustrada que, precisamente por estas dos connotaciones, no representó nunca a la mayoría de la población rural e iletrada de España.

La calificación de las Cortes de Cádiz como liberales no puede indicar que tuviese una composición política homogénea y uniforme, que todos los diputados fuesen liberales. Toda división en partidos políticos tal y como hoy en día se entienden, o como eran a mediados del siglo XIX es anacrónica cuando se aplica a una época en la que no existían ni estructuras de partido ni disciplina de voto. Por eso, en el Diario de Sesiones puede verse como un diputado defiende un día una opinión conservadora en un tema y otro día adopta una postura innovadora en otro.

Ante la división excesivamente simple entre realistas y liberales, Suárez distingue tres tendencias políticas en el seno de la Cortes: los conservadores, opuestos a todo plan de reforma aferrándose a la perduración tanto del espíritu como de la letra del Antiguo Régimen; los renovadores, que deseaban reformar la situación española de acuerdo con la tradición y los innovadores, también llamados liberales, que pretendían adoptar un auténtico Nuevo Régimen. La homogeneidad no existe dentro de cada tendencia. Por su mayor categoría intelectual y su perspicaz habilidad, los innovadores, que no constituyeron nunca una mayoría, fueron capaces de llevar en todo momento la iniciativa y sus criterios prevalecieron siempre frente a una masa amorfa y silenciosa. Así se pudo llevar a cabo el proceso reformador de la Cortes de Cádiz.

El proceso reformador que llevan a cabo los liberales en las Cortes de Cádiz consiste en la sustitución de las estructuras sociales, económicas y políticas de la Monarquía del Antiguo Régimen por la de una Estado liberal. A lo largo de las sesiones se lleva a cabo un conjunto homogéneo y escalonado de reformas políticas (1810-12), sociales (1812-13) y económicas (1813-14) que, en su conjunto, transforman totalmente la situación jurídico política de la Monarquía española.

Al conjunto de reformas políticas corresponde el ya citado primer decreto estableciendo la soberanía nacional y la división de poderes con los que se sustentaban los principios fundamentales del Estado liberal. Tres días después de la instalación de las Cortes, comenzó a tratarse el tema de la libertad de imprenta: del derecho de cualquier ciudadano a expresar sus ideas políticas, con la posibilidad de denunciar, juzgar y castigar los abusos mediante el establecimiento de una Junta Nacional de Censura. Durante el debate comenzó a decantarse la diversidad de la Cámara al exponer sus criterios los que la defendían y los que se oponían, por ser antisocial, antipolítica y antipatriótica. La aprobación de la ley por 68 votos contra 32, supuso quebrar el monopolio que hasta entonces había tenido la Monarquía y que había ejercido utilizando al Tribunas de la Inquisición como instrumento. Pero e ningún momento fue un ataque a la Iglesia al excluir del ámbito de la ley la manifestación de opiniones que atañeran a la religión, para lo que la Iglesia seguía siendo competente. La proliferación de escritos aparecidos no quiere decir que hubiera un clima de diálogo, sino todo lo contrario; la libertad de expresión escrita sirvió para radicalizar postura y fue utilizada para acallar las voces contrarias a cualquier posición.

Las reformas políticas más importantes se llevaron a acabo mediante una Constitución política de la Monarquía española que, al ser promulgada el 19 de marzo de 1812, recibió el popular nombre de La Pepa. De esta norma legal, piedra angular de todo el liberalismo español, conviene destacar su gestación, su contenido y su importancia.

La necesidad de una Constitución se uso a debate cuando el diputado liberal Mejía Lequerica leyó un proyecto de decreto en el que, rememorando el juramento de la Asamblea Nacional francesa en 1789, proponía que los diputados no se separarán sin haber hecho una Constitución. El decreto no fue aprobado, pero se constituyó una comisión que propondría un proyecto de Constitución política de la Monarquía. La comisión acordó recabar la ayuda de algunas personas instruidas, que no bajaría de tres ni pasaría de cinco, con voz y voto. Tan sólo un individuo fue llamado, Antonio Ranz Romanillos, exsecretario de la Junta e Notables de Bayona, traductor de la Constitución otorgada por Napoleón y exconsejero de Estado de José I hasta que los franceses abandonaron Madrid como consecuencia de la victoria de Bailén. Ranz, que también había formado parte de la Junta auxiliar de legislación fue instado a presentar el proyecto de Constitución. Suárez ha demostrado, según las actas de la Comisión de legislación, que ésta no elaboró el anteproyecto, sino que se limitó a trabajar sobre el texto redactado y presentado por Ranz. Las dos aportaciones principales de la Comisión a la futura Constitución fueron la inclusión de los principios generales de la nación española, elaborados por Muñoz Torrero, y la incorporación en el articulado, no en el preámbulo, de una declaración de los derechos del hombre. El que gran parte del proyecto de Constitución fuese obra de un solo hombre es lo que le confiere un elevado grado de homogeneidad. El 18 de agosto de 1811 se presentaron a las Cortes los cuatro primeros títulos del proyecto de Constitución. Una semana después comenzó el debate parlamentario y, durante la discusión afloraron las distintas concepciones que existían sobre los conceptos de nación y de soberanía nacional. Suárez afirma que los defensores de la soberanía real y de las Cortes estamentales, antes de finalizar el mes de agosto, tenían ya conciencia de que habían perdido la batalla.

La Constitución de 1812 consta de 384 artículos agrupados en diez títulos: De la Nación española y de los españoles; Del territorio de las Españas, su religión y su gobierno, y de los ciudadanos españoles; De las Cortes; Del Rey; De los tribunales y de la administración de justicia en los civil y la criminal; Del gobierno interior de las provincias y de los pueblos; De las contribuciones; De la fuerza militar nacional; De la Instrucción pública y De la observancia de la Constitución y modo de proceder para hacer variaciones en ella.

La Constitución estableció una Monarquía liberal y parlamentaria basada en los principios de la soberanía nacional y de la separación de poderes. Ahora bien, la separación de poderes no equivalía a la igualdad entre los mismos, pues de hecho el poder legislativo alcanza una preeminencia, una hegemonía con respecto al ejecutivo, cuyas atribuciones se restringían considerablemente tanto para que el rey no fuese un obstáculo al desarrollo de las Cortes como para que la institución alcanzase un papel más centrado en la representación.

Aunque a los constituyentes gaditanos les interesaba más realzar el papel hegemónico de la vida parlamentaria que sobrevalorar los derechos humanos, la Constitución de 1812 intentó configurar una sociedad nueva centrada en el individuo y basada en dos principios básicos: la libertad y la propiedad.

Consecuencia de la reforma política son los cambios administrativos llevados a cabo. Los seculares Consejos desaparecen, excepto el Consejo de Estado, único del rey, cuya principal función sería la de asesorar al monarca en las escasas decisiones que le permitía la ley. Para cubrir el hueco que dejaba la desaparición del Consejo de Castilla, se creó un nuevo Ministerio, el de la Gobernación de la Península. La estructura histórica pero irracional y complicada de reinos e intendencias se sustituyó por la división en provincias, sin determinar o decidir el número de ellas, que serían dirigidas por un jefe político, nombrado desde el Gobierno, con audiencia y una delegación de Hacienda; esta uniformación supone también una centralización, pues se pierden las diversidades regionales. El tema de las provincias es el clásico préstamo francés en cuanto se intenta adaptar la estructura departamental en contra del criterio de algunos realistas, que preferían que la división se hiciese atendiendo a unas pocas regiones.

Desde el verano de 1812 hasta la primavera de 1813, las Cortes se dedicaron preferentemente a la reforma social. Con anterioridad, en agosto de 1811, habían promulgado la importante ley de Señoríos, que suprimía las preeminencias jurídicas de la nobleza. Las Cortes distinguieron entre el señorío jurisdiccional manifestado en las relaciones jurídicas entre señor y vasallo, y el señorío territorial o propiedad de la tierra, declarando abolidos del primero los privilegios llamados exclusivos, privativos y prohibitivos que tengan el mismo origen de señorío. Los diputados gaditanos no osaron nacionalizar, suprimir, los señoríos territoriales que fueron convertidos en propiedad particular por la razón de que confiscarlos iba en contra del principio del liberalismo de la propiedad individual, y la burguesía revolucionaria comprendía que la defensa del derecho de propiedad era tan fundamental para sus intereses como para los de los nobles. Tampoco se atrevieron a suprimir el mayorazgo, según el cual las propiedades nobiliarias vinculadas al hijo mayor pasaban todas juntas para evitar que con el reparto entre todos los descendientes se disolviera el patrimonio familiar. Con ello las propiedades de las grandes familias quedaban inalteradas mientras que las relaciones entre señor y vasallo se convirtieron en contratos de particular a particular. El hecho de no desvincular la propiedad nobiliaria ha sido considerado por algunos autores como una muestra evidente de la ambigüedad de la obra reformadora de Cádiz, aunque también podría hablarse de prudencia política, pues su actuación en este tema se atrajo la antipatía de gran parte de la nobleza que en unión del clero formaron la gran confederación y se propusieron destruir y aniquilar una institución que consideraban origen y fundamento de toda reforma.

La igualación social no sólo comprendía la desaparición de leyes privadas, privilegios, para los nobles, sino también para la Iglesia en cuanto estamento privilegiado. Esta vez, sin embargo, no se redujo a la abolición de los señoríos eclesiásticos, sino también a una solapada incautación de sus bienes por un procedimiento indirecto: no devolver a los religiosos los edificios o conventos incautados por el Gobierno del rey José, bajo pretexto de necesidades de guerra. También se prohibió que las órdenes religiosas pudieran tener dos o más casas en una misma población, y se suprimieron aquellos conventos que no contases con un mínimo de 12 individuos profesos. Tras tormentosas sesiones se abolió el Tribunal de la Inquisición: una institución obsoleta que había sido utilizada por los monarcas como tribunal de política cultural.

No cabe duda que la Iglesia española a comienzos de la guerra de la Independencia necesitaba que se llevara a cabo una auténtica reforma, en la cual participaban todos los políticos, cualquiera que fuese su posición ideológica, y en el caso de los liberales no se puede observar una postura antirreligosa o laica. Por eso las reformas religiosas que introducen los liberales van acompañadas de claras manifestaciones de religiosidad, como evocar el nombre de Dios todopoderoso, en el comienzo de la Constitución establecer que la religión de la Nación española es y será perpetuamente la católica, apostólica y romana, única verdadera, o declarar a Santa Teresa de Jesús copatrona de España.

La política religiosa de las Cortes originó un movimiento de resistencia de la Iglesia que creó también una radicalización de las posiciones políticas, las cuales se manifestaron en una fuerte propaganda antiliberal, que llegó a impedir que se promulgara la ley de reforma de los conventos de religiosos, primer paso manifiestamente claro hacia la desamortización eclesiástica, presentada por el diputado Antonio Cano Manuel en septiembre de 1812.

Al deseo de una mayor igualdad corresponde la supresión de las pruebas de nobleza para ingresar en las academias militares o para ocupar cualquier puesto que hasta entonces hubiera exigido distinción, y la igualdad ante la ley, el pago de los impuestos o el servicio militar.

Las reformas económicas se llevaron a cabo durante el último año de la Cortes con cuatro leyes que establecen la libertad absoluta en el campo de las relaciones económicas. La ley Agrícola (copiada en muchos de sus párrafos del famoso Informe sobre el expediente de la ley Agraria de Jovellanos) permitía total libertad de cultivos, dejaba al arbitrio del productor el precio de los artículos y promovía el cercamiento de las propiedades. La ley Ganadera suprimía el viejo Concejo de la Mesta y relegaba todo a la iniciativa particular. La ley de Industria dejaba que cualquier ciudadano estableciera la fábrica, máquina o artefacto que desease, sin necesidad de pedir permiso. La ley de Comercio, en línea con las anteriores, habilitaba para la profesión a todos los ciudadanos españoles sin limitaciones ni condiciones de ninguna clase. De la implantación, al menos teórica, del liberalismo en el campo económico, se derivan, según Artola, consecuencias trascendentales: de una parte, la extinción del régimen gremial, y con él la desaparición del control de la calidad del trabajo, la fijación de los precios según la tasación de peritos y, los más grave, la libre contratación del trabajo, en que se aplicará hasta sus últimas consecuencias el principio jovellanista de la justicia de toda relación contractual libremente aceptada y con ella se dará principio a la más ignominiosa explotación del trabajo humano sobre el que se fundamentará, junto con la desamortización, el poder económico de la burguesía liberal convirtiéndola, aunque fuera una contradicción en una clase diferenciada y privilegiada de la demás.

Cuando Argüelles, en el discurso preliminar de la Constitución, aseguró que nada había en ella que no estuviera consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de legislación española, sacó a la luz un tema que ha servido de discusión desde entonces a los historiadores: ¿Hasta que punto la Constitución y el resto de las reformas se fundamentaban totalmente en la tradición española y no era una mera copia de lo legislado anteriormente por los revolucionarios franceses? Argüelles sólo reconoce que se aplicaron los adelantos experimentados en Europa en el campo del Derecho Político Ya en 1813, en un folleto anónimo impreso en Madrid, se tachaba de francesismo a la Constitución porque la Comisión ha esforzado sólo su ingenio para introducir en España la Constitución francesa del 91, aunque en la forma de las elecciones se ha separado de ella tomando la base y modelo de la que ha adoptado la Constitución, también francesa, llamada del año 81.

Las Cortes de Cádiz, y en especial la Constitución, fue durante todo el reinado de Fernando VII una bandera política a la que se debía defender o atacar según se fuera liberal o conservador. Esta radicalización del tema, junto con la politización ha llegado hasta mediados de nuestro siglo, y así, la pertenencia de los historiadores a una determinada ideología ha supuesto, sino el falseamiento de los hechos, si al menos la omisión de los que no coincidían con las ideas que tenían, de tal forma que los intereses o los puntos de vista partidistas han impedido la comprensión de los hechos y del momento histórico.

Más acorde con la realidad sería la utilización de un concepto : el préstamo. Aunque algunos artículos de la Constitución están literalmente calcados de algunas Constituciones francesas, no puede decirse que la obra reformadora de los diputados gaditanos se una copia e la Revolución francesa. Tanto es así que el liberalismo español, por miedo a que surgiera la violencia, no se atrevió a una solución drástica en lo referente a la cuestión religiosa. Más bien lo que hubo fue un préstamo acomodado a las circunstancias concretas por las que pasaban España y Cádiz.

Por último, conviene destacar que las reformas que se llevan a cabo en Cádiz se hicieron en nombre de todos los españoles, pero sin la participación de éstos, que se hallaban o luchando contra el enemigo u ocupados por éstos. La mayoría de la población española permaneció al margen del cambio político experimentado y no está claro que recibiera un alto grado de aceptación desde el momento que los legisladores publicaron como propaganda todo tipo de adhesiones. De hecho no hubo ninguna guerra civil por defender la Constitución de Cádiz en 1814.

TEMA 3.- El Sexenio Absolutista (1814- 1820)

En el otoño de 1813, Napoleón Bonaparte, vencido en la Batalla de las Naciones (Leipzig), se vio en la necesidad de eliminar el frente sur y concentrar sus fuerzas contra los ejércitos centroeuropeos. Por lo que comisionó al conde de La Forest, antiguo embajador en Madrid, para que se entrevistase con Fernando VII en Valençay. El plan de Napoleón era restablecer en el trono de España a Fernando VII y firmar un tratado de paz. Al saber que el monarca español no veía con buenos ojos a los liberales, achacó a Inglaterra la situación política de España en la que fomenta la anarquía y el jacobismo y procura aniquilar la Monarquía y destruir la nobleza para restablecer una república. Con esto Napoleón intentaba convertirse en garante de Fernando VII como rey constitucional al mismo tiempo que enemistarle a los ingleses, lo que evitaría la invasión de Francia por los Pirineos. El rey, comprendió inmediatamente que cuando Napoleón recurría a él era porque su situación no era muy halagüeña. Dándose cuenta que aunque prisionero en Valençay, se encontraba ya en una situación moral de vencedor, por lo que escribió a Napoleón dos días después “que no hacía nada sin el consentimiento de la nación española y, por consiguiente, de la Junta”. Con ello ganaba tiempo y no se comprometía con Napoleón ni con la Regencia, a la que llamaba Junta, sabiendo que tanto la Junta Central se había disuelto en 1810 como que un decreto de las Cortes, el 1 de enero de 1811, declaraba nulo cualquier tratado firmado por el monarca mientras continuase prisionero de los franceses.

Napoleón que necesitaba resolver cuanto antes el problema español, hizo ir a Valençay al exiliado duque de San Carlos y a Pedro Macanaz quienes presionaron al rey para que aceptara las proposiciones francesas. El 11 de diciembre el conde La Forest firmaba con el duque de San Carlos un tratado de Paz y amistad por el S.M. el emperador de los franceses y rey de Italia reconocía a don Fernando VII y sus sucesores, según el orden de sucesión establecido por las leyes fundamentales de España, como rey de España y de las Indias, al mismo tiempo que se mantenía la integridad del territorio español (Tratado de Valençay). En realidad más que un tratado era una claudicación total del emperador, que presionado por la guerra centroeuropea, se vio forzado a dejar en libertad a Fernando VII a cambio de la paz entre los dos países.

Por separado, y en distintas fechas, Fernando VII envió a España al duque de San Carlos y al general Palafox, también liberado por Napoleón, con la finalidad de conseguir la ratificación temporal del tratado, más como un intento de quebrar el orden, ya que la ratificación del tratado habría supuesto el incumplimiento del decreto de 1 de enero de 1811 y el reconocimiento de Fernando VII como rey absoluto, que por un deseo de guardar las formas. La misión de ambos aristócratas resultó un fracaso porque la Regencia se mantuvo firme, invocó el decreto que las Cortes habían aprobado y pasó una copia del mismo al duque de San Carlos para que el rey tuviera exacto conocimiento de él. Pero, tanto el duque de San Carlos como el general Palafox llevaban consigo una segunda misión comunicada en una instrucción reservada: “ la de analizar la atmósfera política que se respiraba en Madrid, ya que el rey sospechaba (con razón), que el espíritu jacobino dominaba en la Regencia y en las Cortes”.

El ambiente que encontraron los emisarios era el de esperanza y tensa incertidumbre. Todo el mundo deseaba la vuelta de Fernando VII, los realistas para que acabara con el régimen constitucional y los liberales porque el reconocimiento del texto constitucional y de las reformas realizadas en las Cortes supondría su definitivo refrendo. La incertidumbre fue convirtiéndose en agitación por ambas partes: los conservadores comenzaron a conspirar, llegando a solicitar la ayuda del embajador inglés para colocar en el trono a la princesa Carlota Joaquina. Mientras que los liberales en las sesiones secretas de las Cortes, debatían el medio de lograr la aquiescencia del rey en el mismo momento de pisar la raya fronteriza, aprobando la propuesta de Martínez de la Rosa por la cual sería condenado a muerte cualquiera que propusiera el más mínimo cambio en el texto constitucional.

Las Cortes que habían iniciado sus sesiones el 15 de enero, se apresuraron a promulgar un decreto fijando el itinerario real y los medios para restablecer a Fernando VII en el trono. De esta forma se intentaba tener controlado al rey desde su entrada al territorio nacional hasta su llegada a Madrid y se exponía con toda claridad que no se le reconocería hasta que prestara juramento a la Constitución promulgada en Cádiz. Las cortes designaron al General Copons, capitán general de Cataluña y uno de los militares más adictos al sistema liberal, como encargado de recibir al rey y entregarle un pliego de la Regencia solicitando que aprobase la obra de las Cortes y jurase la Constitución.

El 24 de marzo de 1814, Fernando VII cruzó el río Fluvía, el recibimiento popular fue apoteósico, todos intentaban acercarse al rey para besarle la mano con la rodilla en tierra como signo de acatamiento y pleitesía. Igual hizo Copons, que no pudo entregar el escrito de la Regencia, cuando el rey quiso. El rey consciente de su ascendiente sobre las poblaciones, contestó vagamente a la Regencia haciendo alusión a las innumerables pruebas de fidelidad que le ofrecían sus vasallos palabra prohibida por las Cortes por considerarla denigrante. El rey se dirigió desde Gerona hasta Valencia, tal y como le había marcado la Regencia, pero atendiendo a la invitación de Palafox y con la excusa de un voto a la Virgen del Pilar, se dirigió a Zaragoza. Se ha considerado esta modificación como un desafío a las órdenes de la Regencia, aunque también pudo tratarse de la forma de ganar tiempo y realizar el máximo de consultas posibles.

Fernando VII se trasladó desde Zaragoza a Valencia, pero antes de llegar se encontró en los llanos de Puzol con el presidente de la Regencia, el cardenal Borbón, que había ido a su encuentro con instrucciones precisas de no ceder al poder ejecutivo que él representaba hasta que el rey no hubiese jurado la Constitución. Todas las fuentes coinciden el relatar el encuentro de ambos personajes frente a frente, sin querer ceder ninguno de los dos “ Llega (el cardenal Borbón), vuelves la cara como si no le hubieras visto, le das la mano en ademán de que te la bese. ¡Terrible compromiso! Esta lucha duró como seis a siete segundos en que se observó que el rey hacía esfuerzos para levantar la mano y el cardenal para bajársela. Cansado sin duda, el rey de la resistencia del cardenal, entiende su brazo y presenta la mano: Besa. El cardenal no pudo negarse a esta acción de tanto imperio y se la besó”. Triunfaste Fernando, en este momento, y desde este momento, empieza la segunda época de tu reinado. No cabe duda que en la lucha entre los dos poderes, venció el real. Fernando VII había doblegado a la autoridad de las Cortes innovadoras tan claramente que las tropas del segundo ejército, mandadas por Elío, rindieron honores reales al monarca a pesar de haberlo prohibido la Regencia.

La situación en España desde la entrada del rey hasta el decreto que expidió el 4 de mayo es de una política indecisa en la que el rey era el árbitro, puesto que los liberales le necesitaban para el proceso de reformas iniciado en Cádiz permaneciera, mientras que los conservadores esperaban del monarca la destrucción de las estructuras políticas creadas por los primeros. La mayoría de la nobleza se sentía herida por la supresión de los señoríos, y la mayoría de la jerarquía eclesiástica se oponía a las reformas liberales de forma hostil y belicosa. El pueblo llano experimentaba la esperanza, lógica después de los padecimientos de una guerra, en un futuro feliz en el que todos los males pasados tendrían remedio. Para los españoles de 1814 esa esperanza se centraba en la persona de Fernando VII el Deseado. La tensión entre partidarios y enemigos de las ideas liberales se trasladó al choque entre el rey y la Regencia. En este conflicto de poder ganará el más fuerte. Las tropas del segundo ejército mandadas por Elío, rindieron honores reales al monarca a pesar de haberlo prohibido la Regencia.

Al llegar a Valencia un grupo de diputados no liberales de las Cortes ordinarias presentaron al rey el Manifiesto de los persas, llamado así porque comenzaba, con la típica erudición dieciochesca, afirmando que “era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después del fallecimiento de su rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor, para que a la entrada en España, de vuelta de su cautividad, se penetrase del estado de la nación, del deseo de sus provincias y del remedio que creían oportuno.

El manifiesto constaba de 143 párrafos, de los que más del 90% se dedican exclusivamente a criticar con acritud la obra de las Cortes gaditanas, tanto en lo referente a la Constitución como en lo relativo a la legislación promulgada. El manifiesto está firmado por 69 diputados, lo que supone más de un tercio de las Cortes ordinarias de 1813, aunque algunos estamparon su rúbrica después de haber sido presentado al rey. En el manifiesto se pide la convocatoria de las Cortes a la manera antigua, propugnando reformas políticas que reconociendo la libertad, la propiedad y la seguridad de las personas, eviten a la Monarquía arbitraria mediante leyes emanadas conjuntamente del rey y de las Cortes.

No parece muy exacto, como afirmaron los liberales, que el Manifiesto fuese la pieza maestra del pensamiento reaccionario. Sus partidarios, los persas, no fueron unos simples arcaizantes, sino, unos entendidos en las doctrinas jurídicas modernas manifestadas a través del uso de un tecnicismo jurídico de estilo moderno. El Manifiesto puede también ser encuadrado como una acción más, esta vez escrita, dentro de la lucha política contra los liberales; una acción que demuestra la existencia de una oposición que no debe tacharse de forma simplista, como reaccionaria y absolutista.

Que el Manifiesto de los persas hizo daño a los liberales lo prueba no sólo el hecho que fuera tildado de aborto, sino que hubo una represión contra los firmantes durante el trienio liberal. El problema es saber si la actitud liberar contra los firmantes del Manifiesto de los persas se llevó a cabo por las ideas expuestas o porque se le considero como un paso importante recibido por Fernando VII para restablecer el régimen político anterior al de las Cortes de Cádiz.

De hecho el rey se encontró en Valencia con un tercio de los diputados, en los que se incluía al presidente de las Cortes, que le exigían que acabara con el proceso reformador liberal, el cabildo catedralicio el pedía el restablecimiento de la Inquisición, mientras que el general Elío con toda la oficialidad del II Ejército juró conservarle en el trono con todos sus derechos. A los apoyos, total en la población y parciales en el campo clerical, militar y político, se une el hecho trascendental de la abdicación de Bonaparte, con lo que desaparecía la amenaza de una posible invasión francesa. Todo ello hizo posible que Fernando VII pudiera firmar el decreto del 4 de mayo con toda tranquilidad y recuperar la plena soberanía

El decreto fue redactado conjuntamente por Juan Pérez Villaamil y el exregente Miguel Lardizábal en el camino de Madrid a Valencia, donde fueron llamados por el rey. El texto posee tres partes claramente diferenciadas: en la primera se relata negativamente las actividades de las Cortes, mientras en la segunda se expone un plan de reformas centradas en una convocatoria a Cortes con procuradores de España y de las Indias en las que se conservaría el decoro de la dignidad real y sus derechos y los que pertenecen a los pueblos que son igualmente inviolables. El monarca se comprometía a defender la libertad y seguridad individual como muestra de un gobierno moderado, permitiría la libertad de prensa y establecería la separación entre las rentas del Estado y de la Corona. Las leyes se establecerían conjuntamente por el rey y las Cortes. En la tercera y última parte Fernando VII declara abiertamente que no piensa jurar la Constitución, valorando los decretos de las Cortes como “nulos y de ningún valor ni efecto”.

Se ha discutido si el restablecimiento del Antiguo Régimen, llevado a cabo en el decreto de 4 de mayo, fue o no un golpe de Estado. Es indudable que el rey tuvo un apoyo popular, mientras la política liberar no era sentida como algo propio y natural, como se demostraba en la ruptura de las placas de mármol que daban el nombre de Constitución a plazas de pueblos y ciudades o en la necesidad de publicar tres veces el decreto de suspensión de las pruebas de nobleza porque nadie se había aprovechado de ella. Por otra parte la oposición de algunos políticos a las reformas liberales se robusteció con la llegada del rey de España. Vayo, el primer historiador liberal del reinado de Fernando VII, consideró que este decreto debió de ser el primer acto de un ministerio sabio que, sobreponiéndose a los bandos que dividían al país, quisiera plantar una monarquía moderada sobre bases duraderas y superiores a las pasiones. Los hechos posteriores del reinado convirtieron estos propósitos en papel mojado y el rey desaprovechó una oportunidad única de lograr una convivencia entre las dos Españas que durante la guerra de la Independencia se habían formado.

Historiar seis años de gobierno fernandino no es tarea fácil, porque ha escrito Suárez, el carácter del sistema de Fernando VII es el no tener ninguno y, por tanto, no se puede hablar de un programa coherente, de un criterio firme o de una línea política constante. Fernando VII, (según Artola) se convierte a partir de 1814 en el único monarca legitimista de España cuya manifestación más clara es le gobierno personal en el que la labor del Gobierno no es más que la voluntad del rey sin estar limitada o contrapesada por la acción colegiada de los Consejos.

De las pocas cosas positivas se han escrito sobre el carácter de Fernando VII es su sencillez, simpatía y campechanía con algún rasgo de sensibilidad, como el que le movió a indultar a la mujer que atentó contra él en julio de 1814. Su desconfianza y su tendencia al disimulo, achacadas normalmente a que fue educado rodeado de personas que contaban absolutamente todo lo que hacía no sólo a sus padres sino a Godoy, le llevó a recelar de todos los hombres valiosos que le pudieran hacer sombra. No era capaz, por su cobardía innata, de enfrentarse a las situaciones con todas sus consecuencias, como se vio perfectamente en Bayona. Era listo, lo que permitía resolver pequeños problemas, pero no inteligente por lo que no supo comprender la grave problemática por la que atravesaba el país. A estos rasgos del monarca habría que añadir la mediocridad de las personas que le podían aconsejar: ministros y sus amigos. Fernando VII tuvo que cesar a su primer ministro de Gracia y Justicia, Macanaz por cohecho con la venta de cargos en Filipinas. El último ministro de la Guerra José María Alós, se dedicaba a confeccionar alegraluces de papel que luego iba echando a un cesto. La tertulia de sus amigos, llamada camarilla por el lugar donde se celebraba casi diariamente a la caída de la tarde, fue tildada de Gobierno Oculto y se le achacaron numerosas intromisiones en las tareas de Gobierno, aunque no parece que la camarilla haya existido como cuerpo político.

La falta de un sistema político, el carácter del rey, la mediocridad de sus consejeros y la inestabilidad ministerial (28 ministros para sólo cinco ministerios), hizo que el Sexenio Absolutista, juzgado por sus resultados fuese un auténtico fracaso que defraudó las esperanzas de la mayoría de los españoles. Desde el 4 de mayo comenzó la restauración de todos los organismos del Antiguo Régimen, desmantelando una tras otra las estructuras políticas, sociales y económicas de las Cortes de Cádiz. Una lectura superficial de la colección de Decretos de nuestro señor Fernando VII da una falsa idea de que se llevaron a cabo numerosas medidas tendentes a reorganizar la situación del país, pero de hecho la lentitud burocrática hizo que todo quedara en meros deseos de reformas.

Sin embargo tres cosas resaltan durante el Sexenio: la represión contra afrancesados y liberales, los intentos de reforma contra la Hacienda y el robustecimiento de la oposición liberal. Fernando VII había prometido en Valençay que todos los españoles que habían servido al rey José volverían a los honores y derechos de que gozaban, en Toulous prometió a los afrancesados que les permitiría el regreso a la patria sin mirar partidos ni opiniones pasadas. Pero el día de su primera onomástica en el trono firmó un decreto de proscripción, desterrando a cuantos desempeñaron cargos políticos y militares superiores al de capitán del ejército. Los que no cumplan estas condiciones podían residir en España, pero alejados de la Corte unas 20 leguas. Este decreto acabó con todas las ilusiones de los afrancesados que al parecer eran unos 12.000, y nadie criticó esta medida porque había un gran ambiente de hostilidad hacia ellos. Una serie de órdenes tienden a mitigar la represión contra los afrancesados, pero el odio que existía contra ellos debía ser tan intenso que en febrero de 1819 se tuvo que mandar por real orden que no se incomodara a los afrancesados que habían vuelto a España legalmente como consecuencia del decreto de 15 de febrero de 1818.

Al poco tiempo de este decreto de Valencia, se mandó encarcelar a aquellos liberales que habían atentado contra la soberanía nacional. Hubo cerca de un centenar de detenciones y procesamientos que eran innecesarias e impolíticas pero que contaban con el apoyo popular. Como los trámites judiciales eran lentos ya que los jueces no encontraban materia que juzgar, Fernando VII manifestó su deseo de ver terminadas las causas y poco después acabó dictando directa y personalmente las sentencias, condenando a 60 personas a diferentes penas de prisión y destierro en castillos, presidios africanos y conventos, aunque la represión no fue cruel. Por primera vez se castigaba a un número muy elevado de personas.

La situación económica que encontró Fernando VII en 1814 fue deplorable: el país se encontraba destrozado, la agricultura esquilmada, la industria deshecha, las comunicaciones inservibles y las arcas de la Hacienda vacías. A todo ello hay que añadir el comienzo de la emancipación americana, que trajo como consecuencia el corte brutal de la llegada de metal acuñable y del comercio ultramarino. La falta de numerario paralizó la vida económica: los precios cayeron estrepitosamente, las casas de banca y las empresas quebraron y el tráfico comercial se redujo substancialmente. Ante el déficit presupuestario (se calcula que rondaba los 383 millones de reales en 1816), el rey se negaba tanto a rebajar la ley de la moneda, que desaparecía en manos de los comerciantes y contrabandistas, como a conseguir dinero, ya fuera del exterior mediante un empréstito o del interior por la instauración de una contribución especial al clero y a la nobleza.

En diciembre de 1816 fue nombrado ministro de Hacienda Martín de Garay, antiguo secretario de la Junta Central, al que la historiografía ha considerado criptoliberal, dispuesto a formular un nuevo plan fiscal que aliviara la escasez de recursos del Estado. Además de imponer una drástica reducción del gasto público el plan de Garay consistía en suprimir paulatinamente las rentas provinciales, sus equivalentes y algunos tributos menores por una contribución general, proporcional a los ingresos de cada contribuyente, que se repartiría entre todas las poblaciones del reino, salvo las grandes capitales y en los puertos donde, por la dificultad de asignación de la cuota se mantendrían los derechos de puertas por todas las mercancías que se introdujeran. Su aplicación dependía del establecimiento de unos complicados cuadernos de riqueza, pueblo a pueblo, fracasó ante la violenta oposición que surgió de todas las capas sociales. Martín Garay dimitió a finales de 1817, justo cuando se produce una concentración del tráfico comercial y un nuevo derrumbe de los precios. El resentimiento y descontento de la burguesía comercial ante la caótica situación económica hace que sus esperanzas se dirijan hacia la oposición liberal.

Por su parte el ejército tenía motivos de queja. A raíz de la guerra de la Independencia se integran a él dos tipos de militares: los regulares, antiguos oficiales de cuartel, casi todos fieles al rey y los guerrilleros, hombres cuya profesión anterior no era la castrense y que, sin embargo, se habían distinguido en la lucha. A la vuelta de Fernando VII los primeros (no siempre más destacados en la lucha) pasaron a ocupar los puestos de mando más importantes, mientras los segundos se vieron relegados y hacían patente su disgusto aun cuando no fuesen partidarios de ninguna manera de un golpe militar. Además, la reducción del Ejército y el regreso de los oficiales prisioneros en Francia dio lugar a que gran cantidad de ellos se quedaran sin empleo. Muchos liberales héroes de guerra y guerrilleros se vieron incluidos entre éstos, y los restantes no recibieron paga completa o fueron destinados a oscuros puestos en provincias por lo que achacaron su relegación a una deliberada condena política. Sus jefes comenzaron alinearse con los liberales y la tendencia se acentuó después del fracaso de Ballesteros, nombrado ministro de Guerra, ante el peligro que suponía el imperio de los Cien Días de Napoleón. Muchos de éstos se hicieron masones y pasaron a formar parte de la facción que aspiraba a un cambio de sistema. No hay ningún año del sexenio en el que el descontento no se manifieste en la intervención armada del elemento militar en contra del Gobierno establecido. Esta intervención, propia del siglo XIX recibe el nombre de Pronunciamiento.

Primer pronunciamiento, en septiembre de 1814, Espoz y Mina, uno de los guerrilleros más famosos de la guerra de la Independencia, movilizó sus fuerzas. Parece ser que el liberalismo de Espoz y Mina fue más consecuencia que causa, ya que el pronunciamiento estaba determinado porque el monarca no le nombró virrey de Navarra y eligió a un militar de la vieja estirpe. Cuando llegó a las puertas de Pamplona, sus guerrilleros le abandonaron al no poder mostrar las órdenes del rey para el asalto a la ciudad; tuvo que esconderse y posteriormente, huir a Francia donde se dedicó a conspirar. El segundo pronunciamiento, otoño 1815, lo llevó a cabo en La Coruña, un joven militar idealista y romántico llamado Juan Díaz Porlier, cuyos éxitos en la guerra de la Independencia fueron premiados con el nombramiento de mariscal de campo a la edad de 16 años. Esta vez el pronunciamiento ya no es de tipo personal ni aislado del contesto general del país, sino que tuvo un claro matiz general y liberal. Debido a una denuncia de su secretario por mantener correspondencia peligrosa fue confinado en el castillo de San Antón de La Coruña, pero aprovechando que se le había concedido un permiso para tomar unos baños en Arteijo, organizó el descontento de bastantes militares, desesperados por el retraso en el cobro de los haberes y en la noche del 17 al 18 de septiembre de 1815 entró en La Coruña y logró levantar a la guarnición en nombre de la libertad y en contra del yugo de la feroz tiranía. Con el apoyo de la guarnición de El Ferrol, Porlier dominó buena parte de Galicia, pero en el camino hacia Santiago, donde se habían reunido las tropas fieles al Gobierno, fue traicionado por sus propios suboficiales y detenido. Fue condenado a muerte por un Consejo de Guerra y ahorcado en La Coruña, sabiendo morir con gallardía. En el pronunciamiento de Porlier participaron no sólo militares sino también comerciantes y clérigos; es decir, comenzó a haber una participación de la burguesía comerciante que veía lesionados sus intereses ante la desastrosa política económica que llevaba a cabo el Gobierno.

Tercer pronunciamiento (febrero de 1816), dirigido por el militar Vicente Richart, apoyado por el exdiputado Calatrava y el general Renovales. La conjura llamada Conspiración del Triángulo, tenía como fin el secuestro del rey que debería ser llevado a palacio para que jurara la Constitución, que sería aclamada por todos los ángulos de Madrid. La delación de varios conspiradores dio al traste con todos los planes: a Richart se le ajustició en la horca y su cabeza cortada para, clavada en una pica, exhibirla durante meses al público, como lección y escarmiento de revoltosos.

Cuarto pronunciamiento (noche del 4 al 5 de abril de 1817) en Caldetas donde Lacy, militar que en las guerrillas había alcanzado el grado de teniente general, se sublevó con el apoyo de Milans del Bosch en Gerona y de Quer en Barcelona. El pronunciamiento fracasó por la falta de organización, Lacy fue hecho prisionero, condenado a muerte y fusilado en los fosos del castillo Bellver en Mallorca, porque Castaños, capitán general de Cataluña, temía que se alterase la tranquilidad pública si se verificaba la ejecución de la pena en Barcelona. En el pronunciamiento de Lacy idealizado posteriormente por los liberales, también hubo participación de la burguesía comerciante, aunque Monente ha demostrado que en grado menor de lo que se creía. La intentona de Laca sirvió para que las autoridades realistas neutralizaran la labor de algunas logias de la Masonería

Quinto pronunciamiento, en 1819 por el general Vidal que intentó eliminar a todas las autoridades de Valencia que debían asistir a una función de teatro en la Nochevieja de 1819. El plan fracasó porque debido al fallecimiento de la reina Isabel se suspendieron todos los festejos de fin de año. Denunciados por un traidor, el propio capitán general de Valencia, Francisco Javier Elío y Olondriz, detuvo a los conspiradores, 13 de los cuales fueron ajusticiados el 22 de enero, Entre ellos se encontraba Félix Beltrán de Lis miembro de una de las familias más destacadas de la burguesía valenciana.

Como puede verse, el pronunciamiento militar, fenómeno nuevo, se convierte en una forma específica de combatir el sistema político imperante y se mantendrá a lo largo de toda la historia contemporánea en España.

El pronunciamiento de Riego fue uno más en la larga cadena de los que tuvieron lugar en el sexenio 1814-1820, con la diferencia de que éstos fracasaron mientras que aquél consiguió, el objetivo que todos perseguían: que la facción liberal alcanzase el poder para realizar una serie de cambios políticos, sociales y económicos desde la base ideológica opuesta a la del Antiguo Régimen.

Causas: La incompetencia de las autoridades llegaba al punto de que mientras gran parte de la población se daba cuenta, porque era secreto a voces, de que algo se tramaba en Cádiz, los responsables se obstinaban en despreciarlo todo. Al descontento de un mal gobierno hay que añadir la mala racha de los asuntos económicos: una deuda pública en constante aumento, un exceso de empleados civiles y militares, un país deshecho por la guerra que rehacía lentamente, la recesión general europea. La falta de recursos americanos y los ingresos procedentes sólo de fuentes tributarias mantenían el erario en constante penuria y, aunque la presión fiscal era cada vez mayor, la recaudación de fondos nunca llegaba para atender las necesidades del gasto público. Además, la crisis del comercio exterior, por la progresiva pérdida de las colonias, acentuaba el déficit comercial que ya no se podía pagar con dinero americano y drenaba la circulación monetaria. Por otra parte, el clero era incapaz de adaptar la explotación de sus enormes riquezas a los nuevos tiempos y de hacer frente a la presión fiscal, el campesinado se veía frenado en su progreso por el régimen señorial y la burguesía unía a la pérdida de los mercados coloniales la imposibilidad de expansión del mercado nacional. A esta situación hay que añadir como causas de descontento económico en 1820: el fracaso de Garay, la disminución en la recaudación y la expedición a América. Muchos militares se hicieron masones y aspiraban a un cambio de sistema. Los pronunciamientos fueron encabezados sin excepción por hombres del nuevo Ejército.

Al malestar del Ejército y del país hay que sumar no sólo la desilusión de los liberales de 1814, sino la de aquellos que de buena fe pensaron que el rey cumpliría con las promesas hechas en Valencia, e incluso, el descontento de algunos realistas que, aunque no eran partidarios de una revolución tampoco estaban conformes con la política llevada a cabo. Los liberales vieron como en 1814 cómo se derrumbaba el edificio levantado por ellos en Cádiz y se les castigaba. Por lo que luchaba por conseguir ver triunfar de nuevo la Constitución y a las personas perseguidas en los más altos puestos. Mientras, los que habían apoyado al rey, confiando en las reformas prometidas el 4 de mayo, pronto llegaron a la conclusión de que habían sido burlados, pues al cabo de seis años no se habían cumplido. Por otro lado, los realistas se quejaban de la supresión de los periódicos, de la censura etc. también hay que añadir al descontento, las ideas que llevaban que llevaban inevitablemente a quienes las profesaban a intentar el cambio, cualquiera que hubiese sido la política llevada a cabo si no contaba con la Constitución y sus hombres.

Con todos estos elementos, sólo faltaba el brazo ejecutor para quebrar la defensa al poder establecido. La ocasión se presentó con el ejército expedicionario que se hallaba en Cádiz con el fin de combatir el levantamiento independentista de Ultramar. La moral de las tropas se veía minada por las condiciones en que se hizo el reclutamiento, ya que muchos de ellos fueron reclutados de forma violenta, puesto que la mayoría de los soldados habían cumplido su servicio en la guerra de la Independencia. Muchos oficiales de infantería recibieron ascensos con la condición de embarcarse y los de caballería no tenían más remedios que aceptar este destino o pedir el retiro. Además tanto entre gran parte de la oficialidad como de la tropa se dudaba de un éxito definitivo en América. Las noticias sobre el trato que los rebeldes americanos daban a los prisioneros y las condiciones de vida en esas tierras hacían repugnante a muchos la idea de embarcarse.

Este ambiente fue fomentado y explotado por la masonería que veían en el ejército expedicionario el instrumento ideal para protagonizar un levantamiento con posibilidades de éxito. Alcalá Galiano, uno de los principales protagonistas en esta labor de zapa, cuenta como a partir de 1818 las sociedades secretas de Andalucía y especialmente la de Cádiz se dedicaron a organizar la sublevación. El primer intento tuvo lugar el 8 de julio de 1819, pero fracasó porque el Conde de Labisbal, que capitaneaba las tropas y estaba enterado y favorecía la conjura, no se decidió a erigirse en caudillo y lo abortó. Tal vez temía un fracaso, y las consecuencias que pudiera acarrearle. Pero el golpe asestado a los conspiradores no fue tan duro como para no empezar casi inmediatamente a reorganizarse pero en condiciones más difíciles.

El ejército tuvo que dispersarse por varios puntos de la Baja Andalucía, cuando la epidemia que ya se había declarado en San Fernando, amenazaba a Cádiz, por lo que el esfuerzo de captación de los organizadores tuvo que dispersarse. Este inconveniente tuvo su lado ventajoso para los conspiradores ya que la epidemia impidió el embarque que hubiese acabado con todos sus plantes. Por otra parte, no todos los adictos del momento anterior perseveraron y los que lo hicieron no pertenecían a las clases más altas del Ejército. A pesar de la escasez de medios materiales y humanos, se lanzaron a la empresa y el 1 de enero de 1820 el comandante Rafael de Riego proclamó la Constitución en Cabezas de San Juan. El 3 de enero, el coronel Antonio Quiroga, designado para encabezar el movimiento, tomaba San Fernando y se disponía a entrar en Cádiz, que era el objetivo más importante. El retraso en hacerlo y la resistencia encontrada en la Cortadura bastaron para estropear los planes e impedir que pudiesen entrar en la ciudad hasta el 15 de marzo en que se proclamó la Constitución.

El resto del tiempo hasta que se conoció el juramento de la Constitución por el rey, los sublevados no pudieron hacer otra cosa que mantener el ejército de San Fernando entre Cádiz y las tropas enviadas por el Gobierno al mando de Freyre y acudir a otros puntos de Andalucía en petición de auxilio. Éste no llegó y la columna mandada por Riego con este fin se encontraba prácticamente disuelta sin haber tenido lugar ningún choque de importancia con el ejército gubernamental. La revolución corría el riesgo de morir de inanición, el fracaso parecía seguro, no por la acción del Gobierno, sino por la falta de vitalidad.

En febrero de 1820 era imposible pensar en el triunfo y, sin embargo lo consiguieron. La razón principal del éxito residió en gran parte en los errores que cometió el poder central. El 1º fue la falta de energía para sofocar la rebelión nada más producirse y haber permitido que una fuerza insignificante se pasease por Andalucía sin hacerle frente. Ninguno de los altos mandos se atrevió a encabezar la insurrección y declararse abiertamente a favor de ella, pero tampoco la atacaron, e incluso la veían con buenos ojos. Esto no quiere decir que Fernando VII no contase con personas capaces de sofocar el levantamiento. Elío podía haber sido uno de ellos y también el marqués de las Amarillas, militar disciplinado complemente contrario a una revolución, que había surgió del incumplimiento de embarcarse a América. Otro de los errores del Gobierno fue el silencio guardado acerca de los que sucedía en Andalucía y posteriormente en otros puntos de la Península. A falta de noticias, el rumor exageraba los acontecimientos, causando inquietud y despertando la desconfianza en el Gobierno. Se confirmaba así cómo la supresión de los periódicos, por el decreto de 27 de abril de 1815, perjudicaba la causa real en lugar de favorecerla porque, ya que el Gobierno guardaba tan obstinado silencio, al menos la prensa realista hubiera podido informar.

El 2º factor decisivo en el éxito del levantamiento de Riego fue la ola de pronunciamientos que a partir de febrero se produjo en varios puntos del país. Se había perdido un tiempo precioso al no eliminar el foco gaditano. Lo que dio lugar a que produjesen nuevos pronunciamientos en otros puntos del país. También en estos nuevos levantamientos jugaron un papel importante las sociedades secretas, contribuyendo a organizar y animar los movimientos en apoyo del primero de ellos.

La primera caja de resonancia fue Galicia. El 21 de febrero se proclamó la Constitución en La Coruña, siguiéndole El Ferrol y Vigo. El Conde de San Román abandonó Galicia a los insurrectos y huyó a Castilla. A Galicia siguieron Zaragoza el 5 de marzo, Barcelona el 10 y Pamplona el 11. Si añadimos a esto la proclamación de la Constitución el 4 de marzo en Ocaña donde el conde de Labisbal al mando del ejército que debía formarse en La Mancha para combatir a los insurgentes y la defección de parte de la Guardia Real, se puede decir que el golpe se había consumado. En todos los lugares donde se proclamó la Constitución, antes de que el rey la jurase, o se conociese que lo había hecho, se formaron las juntas de gobierno provinciales que asumieron el poder a la espera de que se instituyeran nuevas autoridades emanadas de un poder constitucional.

Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el Gobierno rompió, por fin, el silencio oficial el 4 de marzo, publicando en la Gaceta el Decreto del día 3. En él se reconocían los males que aquejaban al país, las dificultades por las que no se habían llevado a cabo las reformas, y se dejaba traslucir vagamente la intención de realizarlas con la esperanza de fuesen “ una firme barrera y sostén fuerte contra las ideas perturbadoras del orden”. A partir de este momento se inició la carrera que terminaría con la claudicación total del rey.

Tres días más tarde se mandaba celebrar Cortes con arreglo a la observancia de las Leyes fundamentales que tengo juradas, y al día siguiente, 7 de marzo, el rey se decidía a jurar la Constitución de 1812 y a convocar Cortes con arreglo a ella. El rey no tuvo más remedio que precipitar los acontecimientos ante la ola de pronunciamientos que se empezaba a extender por todas partes y que afectó también a la capital.

El 9 de marzo de 1820 Fernando VII, temeroso tal vez de ver en peligro la Corona, se vio obligado a aceptar oficialmente el triunfo de la revolución con el juramento de la Constitución y el nombramiento de una Junta, lo que ponía en evidencia que no tenía confianza en cumplir lo jurado. Ello suponía el primer triunfo de liberalismo español en lucha abierta y la primera oportunidad de los liberales para ejercer el poder de forma práctica. Se pondrán en vigor leyes y decretos que se dictaron por las Cortes de Cádiz, pero que no pudieron ponerse en la practica.

TEMA 4.- El trienio liberal (1820-1823)

El Trienio Liberal se inicia el 7 de marzo de 1820 con la promesa de Fernando VII de jurar la Constitución y el juramento efectivo dos días más tarde. Entre esas fechas y la reunión solemne de las Cortes el 9 de julio tuvo lugar la transición política que dio paso a la segunda etapa del liberalismo decimonónico español. La pieza clave fue la Junta provisional, impuesta por Fernando VII el 9 de marzo, cuya misión consistió en asegurar el éxito de la sublevación de signo liberal iniciada el 1 de enero en Cabezas de San Juan por el ejército expedicionario destinado a combatir los movimientos independentistas de las colonias americanas. De su forma de proceder dependió en gran parte la transición sin grandes traumas y la orientación política del poder por los moderados.

La Junta Provisional, presidida por el cardenal Borbón, estuvo formada por diez personas de la confianza del pueblo, esto es reconocidos liberales, aunque no los más relevantes, puesto que los más importantes de las Cortes de Cádiz estaban encarceladas, desterradas o exiliadas. Bajo la fórmula de Órgano consultivo ejerció amplísimos poderes y gobernó el país en la sombra, ya que dictámenes, acordados generalmente por unanimidad, nunca tuvieron carácter público. Sin embargo, las decisiones importantes pasaron por sus manos y necesitaron su aprobación en una suma de facultades propias de una Regencia Provisional, de la Diputación permanente de las Cortes y del Consejo de Estado, cuyo origen se encuentra en: llenar el vacío del poder establecido. En ella se depositó la soberanía nacional, hasta traspasarla a las nuevas Cortes. De ahí que su autoridad estuviera por encima de las Juntas provisionales creadas a partir de febrero, e incluso del propio rey y del Gobierno. Como Regencia gobernó constitucionalmente sin Cortes y como Diputación permanente veló por la reposición de las leyes y su cumplimiento dando cuenta de ello únicamente a la representación nacional.

Legalizada la revolución con la sanción real que reconoció la Constitución de 1812 y toda la obra de las Cortes de Cádiz, la transición se inició con la promulgación, por orden cronológico, de los decretos de carácter político, económico y social. Con ello se volvió al sistema jurídico interrumpido en 1814 sin discusión ni enmienda de los textos, pero con las limitaciones que imponían los seis años transcurridos. En la práctica el retorno como si nada hubiera pasado fue imposible, ya que habían ocurrido hechos muy graves como la destrucción de la obra gaditana, la persecución de sus más eminentes promotores o la represión de las nuevas tentativas y sobre todo la división del país en dos partes irreconciliables. El nuevo régimen no pudo olvidar que uno de los principales artífices de esta catástrofe fue el propio rey. Uno de los pilares de Nuevo Régimen, el Gobierno Constitucional, no fue desde el punto de vista legal, puesto que se hurtó al rey la facultad de elegirlo. La imposición de la Junta fue el resultado de la resistencia de Fernando VII a formar un Gabinete compuesto por personas que reunieran ideológicamente, y a ser posible en los demás aspectos, las condiciones necesarias para abordar el cambio sin reserva alguna. La elección de primerísimas figuras de las Cortes de Cádiz, como Agustín Argüelles, abrió el camino para el mal entendimiento con el rey, fundamentado en mutuo recelo y resentimiento, por lo que fue el primer error del Trienio Liberal. La Junta se vio en la necesidad de dar un testimonio fehaciente de la voluntad del rey y de su propia voluntad para reponer el sistema político de Cádiz. Hubo en ello una clara cesión a presiones extremistas de las Juntas provinciales y de las Sociedades patrióticas que habían recusado nombramientos de ministros como los de Amarillas (guerra), Salazar (Marina) y Parga (Gobernación de la Península).

La etapa provisional abierta en marzo sólo podría cerrarse con la instalación de Cortes como única institución capaz de consolidar el sistema liberal. La convocatoria formalmente hecha por el rey (fue elaborada por la Junta Provisional), contempló la reunión de Cortes ordinarias, cerrando la posibilidad a cualquier reforma constitucional, con una serie de ajustes encuanto a plazos para la elección de diputados y número suplentes por Ultramar que permitiesen acelerar el proceso. Esta forma de convocatoria se consideró a posteriori como otro error, incluso por los propios autores de la Constitución de 1812, pero en aquel momento nadie puso en duda el acierto de tal decisión; por otra parte en ningún momento se pensó en reponer las Cortes de 1814 con los mismos diputados. Al igual para Ayuntamientos y Diputaciones, seis años de gobierno absoluto habían dado lugar a comportamientos claramente anticonstitucionales como los adoptados por los diputados firmantes del Manifiesto de abril de aquel año.

El Nuevo Régimen contó en la cúspide del poder con el rey, poco dispuesto a colaborar en su implantación, el Gobierno, primero a la medida del monarca y del régimen derrocado, después a la del sistema constitucional, y con la Junta provisional encargada de realizar la transición. Su ejercicio se vio directamente influido por la actitud de cada una de las partes; en la medida en que influyeron en las decisiones, Las Juntas Provinciales, las Sociedades Patrióticas y el Ejército.

La conducta del rey en los primeros meses pasó por dos fases. La primera hasta el 22 de marzo, se caracterizó por la resistencia a medidas que abocaran irremediablemente a la Monarquía a un régimen aceptado, aunque no deseado, cuyo futuro era imprevisible. A partir de la formación del nuevo Gobierno, la convocatoria a Cortes, la comunicación exterior, del cambio de régimen a las demás potencias y sin apoyo interior ni exterior, la obstrucción inicial dio paso a la resignación y a la indiferencia como actitudes predominantes. La Junta, por su parte, fue respetuosa pero firme con el rey, de modo que en la diaria discusión de los asuntos de Estado dejó testimonio patente de la desconfianza en la intención y actuación real, mientras que transmitió a la opinión pública un convencimiento de su buena voluntad que estaba lejos de sentir.

El Gobierno, tanto el antiguo como el provisional o el llamado constitucional, careció casi por completo de autoridad. Su competencia quedó reducida, a las cuestiones de trámite, a la preparación de trabajos para las futuras Cortes y a la consulta y cumplimiento de las resoluciones de la Junta Provisional. Sin embargo, la Junta provisional ofreció resistencias a esta omnipotencia y algunas de las medidas más discutidas, como el conflicto de los diputados firmantes del Manifiesto de 1814 o la prohibición de pasar de la línea del Ebro a los emigrados en Francia con la retirada de José I, fueron obra de este Gobierno. El éxito fue posible por el constante temor existente a una revolución radical, sólo era cuestión de tiempo y oportunidad. Las Juntas debían disolverse automáticamente en el momento en que la soberanía pasase a los representantes legítimamente elegidos.

El Ejército sublevado llamado también Ejercito de la Isla, podría desmantelarse sin peligro contando con la superior autoridad de las Cortes. Las Sociedades patrióticas recibirían al menor desorden todo el peso de la ley. El mantenimiento de estos grupos, dio lugar a una serie de concesiones y obstáculos que lastraron la política moderada e impidieron en gran medida una reconciliación.

Las Juntas provinciales no sólo funcionaron como entes autónomos en sus propios territorios antes del juramento del rey, sino que pretendieron continuar en la misma línea después de él. De este modo consiguieron la confirmación de las autoridades civiles y militares elegidas por ellas y que su opinión se tuviera en cuenta para nombramientos futuros. Siguieron manejando los fondos de las rentas, con grave perjuicio para el erario y pusieron en vigor normas como la supresión del derecho de puertas que el Gobierno central no había sancionada. En cambio se resistieron a obedecer aquellas medidas que de alguna manera socavasen su autoridad, como reposición de las Diputaciones de 1814 o la reorganización de sus respectivos ejércitos, y presionaron para que se formase un nuevo gobierno y se destituyese a los ministros sospechosos (Amarillas, Salazar y Parga), persecución de no adictos etc.

La fuerza de las Sociedades patrióticas radicó en la creación y difusión de la opinión pública de la que se autoconsideraron sus depositarios y defensores. Como en el caso de las Juntas el poder central utilizó su influencia para respaldar su propia política, pero se negó a admitir cualquier propuesta que socavase su autoridad, máxime si iba acompañada de una manifestación pública como la petición de dimisión del ministro de guerra.

El Ejército de la Isla constituyó el paradigma de las fuerzas militares que participaron en el cambio de régimen. Su fuerza procedía del prestigio alcanzado por su contribución al éxito de la revolución. Aunque sus logros ceñidos a Andalucía eran muy limitados, sirvió de ejemplo para el resto y llegó alcanzar categoría de mito. La falta de participación de las fuerzas propició el retorno liberal, y su no incorporación a las tareas de gobierno, El germen de la división y del enfrentamiento existía ya en esta época y la marginación, que se consideró un éxito a la larga se demostró como un gran error político. Los liberales del 12 se encontraron instalados en el poder e incapaces de dar cabida a los autores de la revolución. Éstos por su parte, contaban con datos suficientes para saber que el método más eficaz para conseguir sus propósitos era la amenaza y el desorden. Así se inició la espiral que llevaría a la toma del poder a la fracción exaltada.

Los moderados adoptaron la vía intermedia que resultó un objetivo inalcanzable. Sus pretensiones de neutralizar al adversario y de anular al enemigo político dio lugar a ambigüedades que no contentaron a nadie. Las concesiones al ala radical se tradujeron en exigencias cada vez más extremistas. Las medidas para contener a los realistas y uniformar al país bajo el credo liberal tampoco evitaron el comienzo de una sorda pero evidente oposición. La exigencia generalizada de juramento a la Constitución, enseñanza de la Ley fundamental desde el púlpito y la escuela, la separación de empleados de sus puestos por razones políticas, no hicieron sino ahondar la división iniciada en 1814 con el retorno de Fernando VII.

La oposición eclesiástica se debió a los presupuestos que el Nuevo Régimen, que restringían su enorme influencia, y a la disminución de las atribuciones de la Corona, que mermaba su propio poder. La supresión del Tribunal de la Inquisición y la ley de Libertad e Imprenta supusieron para la Iglesia un serio recorte a su ascendiente cultural y político. Medidas como la obligación de predicar la Constitución no estuvieron exentas de revanchismo, y otras relativas secularizaciones y prohibición de nuevas profesiones, así como venta de fincas, con el fin de disminuir el clero regular en número y poder económico. Las protestas de la Santa Sede y hostilidad del alto clero aumentaron a la vez que se ponía en vigor la legislación gaditana. Esto alimentó un creciente anticlericalismo durante el Trienio.

A los problemas existentes hay que añadir el temor a una intervención europea, de tal modo que la política exterior se redujo prácticamente a un aspecto más de la política interior. En consecuencia, los principales esfuerzos se dirigieron a mitigar toda impresión desfavorable sobre el Nuevo Régimen y así evitar la injerencia exterior. De momento se conjuró un ataque armado y una advertencia oficial a las Cortes, a una política intervencionista por falta de apoyo de Londres y Viena, pero sin descarar una acción posterior a tenor de los acontecimientos.

A los problemas existentes se vino a sumar la precaria situación económica heredada de épocas anteriores y los costes derivados de la propia coyuntura revolucionaria. El legado de Carlos IV se agudizó con el empobrecimiento general causado por la guerra de la Independencia, el mantenimiento de un ejército para sofocar los movimientos independentistas de las colonias y la ausencia de caudales americanos. Los gastos extraordinarios por el retorno de Napoleón a Francia y la fiebre amarilla en Andalucía aumentaron todavía más las penalidades. A esta crisis interna se superpuso la crisis internacional de precios y la falta de un adecuado mercado nacional que colocaran al país en una posición favorable al cambio político y viceversa: la situación económica no fue buena aliada para la consolidación del nuevo sistema. La propia revolución aportó en los primeros meses más factores desfavorables: debido a la autonomía de las regiones donde se iba proclamando la Constitución, a la falta de confianza en un gobierno provisional erigido al margen de ellas y a la escasez crónica del erario, la nación estuvo al borde de la suspensión de pagos. La Junta se trazó una política de supervivencia que permitiese llegar hasta la reunión de las Cortes. Infundir confianza en la transición era primordial, para que las provincias aportasen sus caudales y Tesorería. Para ello se llevó a cabo la reforma administrativa de la Hacienda señalada por la legislación gaditana y se tendió al ahorro del gasto público, el control de los funcionarios y de los ingresos, así como el pago de los gastos más urgentes. Para recabar fondos recurrieron a solicitar un préstamo a los comerciantes y a mantener el sistema tributario del Antiguo Régimen para evitar el colapso de la Hacienda. Objetivos que no llegaron a alcanzarse, por los enfrentamientos con los conservadores.

Las Cortes reunidas el 9 de julio en el palacio de doña María de Aragón, (de mayoría moderada), afrontó el problema creado por el Ejército de la Isla, que con sus jefes ascendidos al generalato, exigía en Andalucía entre festejos una recompensa en regla para los salvadores de la patria en el momento de verificar su entrada triunfal en Madrid, donde según rumores se daría un golpe de Estado. Ante la posibilidad de que se cumpliese y alegando razones económicas, se mandó disolver el ejército, pero las algaradas que se produjeron en Cádiz y San Fernando obligaron a dimitir al ministro de Guerra, marqués de las Amarillas, y tuvo que ser llamado Riego a Madrid para separarlo de sus tropas con el pretexto de concederle la capitanía de Galicia. El flamante general con su falta de discreción y su incontinencia verbal, en un homenaje que le dio en Madrid la Sociedad Patriótica La Fontana de Oro, se enfrentó directamente con el jefe político de Madrid en una función que organizó en su honor en el Teatro Príncipe. La inmediata destitución de Riego como capitán general de Galicia fue seguida de algaradas, manifestaciones y motines callejeros. La lucha se trasladó a las Cortes cuyas sesiones adquirieron un tono violento planteándose el dilema entre la libertad sin orden y el orden sin libertad, entre los moderados y exaltados.

El incidente de Riego (fue trasladado a Oviedo), supuso a partir de ese momento que los liberales dejasen de ser un bloque monopolítico para dividirse en dos tendencias: los primeros llamados doceañistas, por haber participado en las Cortes de Cádiz, y los segundos veinteañistas, para estos la revolución no había llegado a su fin, por lo que había que seguir luchando y cambiarlo todo. La institución monárquica era puramente accidental, aunque no pensasen en su supresión, buscaban el apoyo popular, comenzaron a ser llamados exaltados.

También se abordó el problema de las Sociedades patrióticas, reuniones de liberales en lugares públicos, normalmente cafés, donde los ciudadanos subidos en sillas, improvisaban arengas encaminadas a celebrar el advenimiento de la libertad. Para evitar manifestaciones y algaradas como las ocurridas durante la estancia de Riego, las Sociedades patrióticas fueron suprimidas porque no eran necesarias para el ejercicio de la libertad, aunque se permitía formar grupos de oradores, mientras que no se constituyan en sociedades. Los exaltados, hicieron caso omiso a la prohibición, algunas sociedades como La Fontana y la Gran Cruz de Malta continuaron existiendo y La Landaburiana se creó después.

Más influyentes que las sociedades patrióticas fueron las Sociedades secretas como la masonería, que tuvo una participación en la preparación del pronunciamiento de Cabezas de San Juan. Posteriormente buscó la adquisición del poder político mediante el dominio de cargos gubernamentales. La división de los moderados y exaltados tuvo su reflejo en la masonería con la escisión de los más radicales que formaron la sociedad secreta de los comuneros e hijos y vengadores de Padilla: la Comunería debía ser considerada como un movimiento en defensa de la Constitución con claro matiz nacionalista donde el supremo jerarca se llamaba el Gran Castellano y ejercía su poder sobre comunidades, merindades, castillos, fortalezas y torres.

En la etapa moderada se sentaron las bases del sistema hacendístico y de la política económica que iba a regir durante el Trienio Liberal. El plan de Hacienda presentada a las Cortes partía de dos principios: aumentar los ingresos del erario sin recargar los impuestos y equilibrar el presupuesto. Esto sólo se podría alcanzar aumentando la riqueza interna con la colaboración de la propia Hacienda y de la acción gubernamental. El primer programa económico del Trienio Liberal contempló los siguientes puntos: necesidad de conocer la verdadera situación del país, para lo que se imponía la recopilación de datos fiables, reparación de las pérdidas ocasionadas por la guerra y consiguiente sacrificio del erario, reconocimiento propio como potencia de segundo orden y mantenimiento de la paz, tanto exterior e interior como con las posesiones ultramarinas; protección al trabajo; cotización sobre el producto líquido de las rentas y elaboración de un presupuesto de gastos de acuerdo con las posibilidades de los contribuyentes. Con este programa se estableció el sistema que iba a regir durante el Trienio Liberal. De él se deduce una notable disminución de los ingresos, en parte debida al retroceso de la actividad económica, en parte deliberada para aliviar al contribuyente y favorecer la producción. Este proyecto sólo podía llevarse a cabo con un momentáneo endeudamiento previsto en el presupuesto de 1821 en 200 millones de reales. Con este ensayo se trataba de ver si el país podría enjugar su deuda con vistas al relanzamiento económico, pero la situación atrasada del país aún tenía que despojarse de las viejas estructuras y esto no se iba a resolver en tres años.

Las Cortes continuaron las reformas inconclusas en la etapa gaditana, destacando la legislación socio-religiosa con la supresión de las vinculaciones, la prohibición a la Iglesia de adquirir bienes inmuebles, la reducción del diezmo, la supresión de la Compañía de Jesús y la reforma de las comunidades religiosas. Esta ley suprimía todos los monasterios de las órdenes monacales, prohibía fundar nuevas casas y aceptar nuevos miembros, al mismo tiempo que facilitaba 100 ducados a todos aquellos religiosos o monjas que abandonasen su orden. Los liberales buscaban con estas reformas aumentar los ingresos del Estado y quebrantar cualquier oposición religiosa a su política. En este segundo objetivo consiguió un efecto contrario: el rey y sus partidarios decidieron hacer frente de modo activo al proceso revolucionario, y el rey con el apoyo del nuncio, se negó en principio a sancionar la ley. El enfrentamiento entre el rey y los liberales (tanto exaltados como moderados) fue constante, comenzando siempre con una actitud de firmeza por parte del monarca y terminando con su claudicación. Tal vez la crisis más famosa ocurrió cuando en el discurso, escrito por Argüelles, de apertura de las Cortes el 1 de marzo de 1821, Fernando VII introdujo, la colegiala, quejándose de la falta de autoridad del Gobierno ante los ultrajes y desacatos de todas clases cometidos a mi dignidad y decoro contra lo que exige el orden y el respeto que se me debe como rey constitucional.

De la crisis de la coletilla salió un nuevo Gobierno moderado que marcó una segunda etapa en el Trienio Liberal y que se caracterizó por el desbordamiento de los moderados tanto por los liberales exaltados como por los realistas. El nuevo Gobierno decidió ser eminentemente realizador, que en plano económico se concretó en un ajuste del presupuesto con un déficit previsto de más de 550 millones de reales, en un crédito extranjero por importe de 300 millones, en la devaluación monetaria y en la emisión de un empréstito nacional que no logró a cubrirse. Por su parte las Cortes llevaron a cabo dos importantes reformas administrativas que tenían en común la imposición de un centralismo muchos más exigente que el borbónico. La 1ª de ellas fue la división de España en 49 provincias, y el robustecimiento de los correspondientes organismos, diputaciones y tesorerías que debían permitir una mejor y mayor recaudación tributaria. La 2ª La Ley de Instrucción Pública, que establecía tres etapas de enseñanza que se hicieron clásicas, primaria, media y superior, fijaba en 10 el número de universidades y cercenaba la autonomía universitaria al establecer unos planes de estudios idénticos en todo el país.

A partir de octubre de 1821 hay una serie de alzamientos y asonadas a lo largo de toda España. Los centros principales fueron Cádiz y La Coruña, al igual que la habían sido a comienzos de 1820, y sus líderes- Riego, Quiroga y Espoz y Mina- los mismos que se alzaron ese año. Comenzó en Zaragoza donde Riego, que había sido nombrado capitán general de Aragón, estaba relacionado con dos conspiradores franceses republicanos. El general Riego fue destituido en base a un informe del jefe político de Zaragoza. El nuevo capitán general, Ricardo Alava, logró restablecer precariamente el orden público y en Madrid, a pesar de haberse clausurado una vez más la Sociedad patriótica La Fontana de Oro, otra asonada se produjo la noche del 18 de septiembre, siendo reprimida enérgicamente por el jefe político Martínez San Martín mediante cargas de caballería y, pasada la medianoche el Gobierno controlaba la situación. Cádiz y La Coruña se mantuvieron al margen del Gobierno, desarrollándose auténticas escenas de anarquía. En Galicia la rebelión fue encabezada por el propio capitán general, Espoz y Mina, que publicó un manifiesto denunciando el “feroz absolutismo del Gobierno servil que había en Madrid”. Los exaltados no consiguieron el triunfo total en Galicia por la decidida intervención del general Latre que pudo atrincherarse en Lugo e impedir el avance de Mina hacia el interior. Aunque no llegó a una situación de guerra civil, el Gobierno tuvo que transigir con los rebeldes exaltados concediéndoles paulatinamente lo que en el fondo buscaban: una participación en los resortes del poder.

Los menos extremistas de los exaltados negociaron con algunos moderados y en medio de un clima de entendimiento lograron prácticamente todo los que pedían. Cuatro ministros abandonaron el Gobierno, y poco después una nueva crisis ministerial dio entrada a un nuevo Gabinete, de los moderados presidido por Martínez de la Rosa, llamado Rosita la Pastelera por su espíritu conciliador, que proyectó una reforma constitucional con Cortes bicamerales, claro anticipo del Estatuto Real Isabelino. La pérdida de las elecciones de 1822 por los moderados y el que la intentona de la Guardia de Infantería de palacio fuera abortada por la Milicia Nacional y no por el Gobierno el 17 de julio hizo saltar el gobierno moderado de Martínez de la Rosa.

A partir de julio de 1822 el poder detentado por los exaltados con el Gobierno de Evaristo de San Miguel primero y posteriormente cuando ya había comenzado la intervención francesa con el Alvaro Flórez de Estrada. Pero este triunfo no supuso resolver los problemas que acuciaban al país. La falta de autoridad vino, en primer lugar por la incapacidad de los ministros, reconocida posteriormente por el propio San Miguel.

El apoyo incondicional y absoluto de la masonería trajo consigo la oposición de los moderados; luna oposición a todos los niveles porque el Gobierno removió a la mayor parte de los empleados de la Administración. Finalmente las potencias de la Quíntuple Alianza amenazaron con intervenir. La falta de autoridad del Gobierno se tradujo en un endurecimiento de la vida política, que adquirió las connotaciones propias de un ambiente de guerra civil con posturas irreconciliables y acciones extremistas como matanzas, deportaciones y destrucciones.

Si la revolución exaltada no llegó a degenerar en una confrontación bélica, no ocurrió lo mismos con la contrarrevolución realista que, comenzando con pequeños alzamientos, terminó convirtiéndose en la primera guerra civil de la historia contemporánea en España. En esta contrarrevolución actuaron tres elementos diferentes que normalmente no estaban conjuntados sino dispersos. El 1º El rey, que a lo largo de todo el Trienio vivió su experiencia de monarca constitucional sin la menor voluntad de entendimiento con las Cortes y con el Gobierno. En el ejercicio de sus funciones favoreció las opciones políticas más moderadas, toleró, si no estimuló, las iniciativas subversivas de la Guardia Real y usó el veto hasta el límite permitido por la Constitución. Al margen de estas acciones, realizó otras que constituían una alteración flagrante de las normas constitucionales, como el nombramiento de un capitán general para Madrid sin el preceptivo refrendo ministerial, la protección que brindó en el palacio real a los guardias rebeldes a la autoridad militar y la demanda de una intervención militar de las potencias legitimistas como única solución para recuperar el poder autoritario que había practicado a su regreso de Francia.

En 2º lugar, está la resolución armada de forma de partidas, con precedente en las guerrillas de la Guerra de la Independencia, sin organización entre ellas ni unificación de mandos. Las proclamas muestran una oposición frontal al régimen liberal, pero no una vuelta pura y simple al pasado sino más bien la edificación de un nuevo régimen con un carácter renovador, en el que la soberanía de Fernando VII sea algo más que un símbolo. El movimiento de protestas intentó ser capitalizado por una Junta de Bayona, capitaneada por el general Eguía y por la Junta de Toulouse, dirigida por el marqués de Mataflorida, que por exigencia francesa conquistó la plaza fuerte de Urgell, estableciendo una Regencia que logró reunir a 13.000 hombres con el fin de rescatar al rey de manos de los liberales. Esta regencia fue incapaz de vencer a las tropas liberales al mando de Espoz y Mina, por la carencia de recursos económicos. El triunfo de las armas liberales llevó a la Regencia a refugiarse en Llivia y posteriormente a internarse en Francia.

La impotencia de los realistas para vencer al liberalismo, junto con la petición de ayuda de Fernando VII, forzó la intervención militar extranjera en los asuntos internos españoles decretada el 20 de octubre de 1822 en el Congreso de Verona. La invasión, que se encomendó a Francia por la desconfianza que provocaba en la cancillería austríaca la posible participación rusa, se inició el 7 de abril de 1823. No se produjo la resistencia popular que esperaba el Gobierno liberal y los tres ejércitos formados precipitadamente al mando de Espoz y Mina, Ballesteros y el conde de La Bisbal se rindieron sin apenas combatir. Los Cien Mil Hijos de San Luis al mando del duque de Angulema, encontraron poca oposición. Esto fue debido por el descontento con la política económica y sobre todo en los medios agrarios, que repercutió en el deterioro del sistema político constitucional del Trienio, incrementado por la mala cosecha de 1822 creando condiciones adecuadas para un gran levantamiento rural.

A finales de la primavera de 1823, el Gobierno liberal tuvo que evacuar Madrid y se trasladó a Sevilla junto con las Cortes y con el rey, a pesar de que éste había alegado un ataque de gota. La derrota de las fuerzas gubernamentales en Despeñaperros, obligó un nuevo traslado a Cádiz, que se pudo hacer declarando loco al rey, hecho que Fernando VII nunca perdonaría y creando una Regencia encargada del poder ejecutivo. Una vez en Cádiz, tuvo lugar el único combate de las tropas francesas: el asalto al poco defendido fuerte del Trocadero. El 29 de septiembre las Cortes decidieron dejar libre al rey y negociar con el duque de Angulema. Con ello finalizó la segunda REVOLUCION LIBERAL española y se abrió el último período de existencia del Antiguo Régimen en España.

Al comenzar el Siglo XIX, los dominios de España en América se extendían por todo el continente desde México hasta la Patagonia con la exclusión de Brasil. Cuando murió Fernando su hija Isabel sólo recibió las islas de Cuba y Puerto Rico. En veinticinco años se produjo, un proceso de disgregación del Imperio forjado en el siglo XVI; el proceso estuvo muy unido a la crisis política de la metrópolis y desembocó con la independencia de la mayoría de los territorios del imperio.

El proceso emancipador tiene su origen el siglo XVIII, al iniciarse la monarquía borbónica se impuso una reordenación del imperio encaminada a perfeccionar el sistema político y mejorar la situación económica de las colonias. Con tal fin se adoptaron medidas como la abolición de los repartimientos, creación de intendencias o la autorización del libre comercio de todos los puertos españoles con los territorios americanos. Esta nueva política, unida al reforzamiento del control burocrático-administrativo, originó una gran expansión económica caracterizada por un aumento espectacular de los intercambios entre la metrópoli y las colonias. A la vez que aumentó la presión fiscal y se negó la libertad económica entre los virreinatos y la Península a cualquier país extranjero.

La nueva política dio lugar a la aparición de una clase mercantil entre criollos, con intereses centrados en aumentar el comercio con el exterior y de participar en la vida política del territorio donde se encontraban. El primero se oponía al nuevo pacto colonial y el segundo se vio frustrado porque la alta dirección política del imperio ultramarino continuó reservada a los españoles peninsulares. También desempeñó un destacado papel emancipador la difusión entre lasa clases altas americanas de la ideología ilustrada que contribuyó a crear nuevas visiones y proyectos políticos de carácter autónomo. La expulsión de la Compañía de Jesús, creó un vacío cultural que fue cubierto con las ideas ilustradas y como consecuencia los jesuitas expulsados entre los que había mayoría criollos, pusieron de relieve muchos de los males que se padecía, imputables a la administración española.

Los ingleses practicaron una política intervencionista en América donde veían desde el punto de vista económico, un enorme campo de expansión y desde el punto de vista de las relaciones internacionales un medio para disminuir el poder de España, aliada de Francia por los pactos de familia. Para su política de intervención fue clave el dominio del Atlántico que consiguió tras la destrucción de la escuadra española en Trafalgar. Muestra de la política de intervención británica fue la penetración en el estuario de La Plata, con el ataque a Buenos Aires en 1806, y la financiación de las expediciones de Francisco Miranda en 1804 y 1806 que acabaron en un total fracaso. Desde el punto de vista económico la introducción de mercancías por el contrabando fue continua siendo fomentada por las propias clases altas criollas.

El complejo panorama americano hizo crisis ante los acontecimientos que ocurrieron a partir de 1808 en la Península Ibérica. Al igual que en la metrópoli, también en América hubo un pequeño sector de la burocracia colonial que pensó en la posibilidad de acatar a José I y seguir gobernando en su nombre como lo habían hecho en el de Fernando VII. El levantamiento español hizo inviable esta postura al dar por supuesto el carácter intruso del nuevo rey, por lo que se hizo necesario determinar en quien radicaba la soberanía y sobre la base de la doctrina populista de clara raigambre española, muy presente sobre todo en este primer período del proceso emancipador hispanoamericano, se llegó a la conclusión de que el poder había revertido de nuevo a su primitivo titular: el pueblo o comunidad.

Al contrario que en la Península, en América la intervención popular estuvo casi ausente, pero los prohombres locales también tomaron riendas de la política agrupados en torno a los cabildos, institución cuya autoridad no era representativa del poder central, sino de los habitantes de la ciudad. De este modo, con la colaboración a veces de los propios funcionarios españoles, nacieron en América, las Juntas similares a las de España, que detentaban la soberanía mientras Fernando VII, considerado prisionero a la fuerza de Napoleón, no pudiera ejercer el poder.

Entre 1808 y 1810 en América las Juntas de Montevideo (septiembre 1808), La Paz (julio 1809), Quito (agosto 1809), Caracas (abril 1810) y Santiago de Chile (septiembre 1810), nacen en relación con las magistraturas ya existentes, sobre todo el cabildo, lo que les confiere una legitimidad que se ejerció en la circunscripción de la Audiencia en cuya capital había surgido la Junta. Alguna como la de Montevideo, cesó cuando llegó al Río de la Plata un nuevo virrey. Caso especial fue el de e Perú donde el enérgico virrey, José Abascal y Sousa, se pronunció por seguir recibiendo órdenes de las autoridades españolas con o sin rey. Pero el problema más grave que surgió en el seno de las Juntas fue el de la rivalidad entre criollos y peninsulares que formaban parte de ellas. En el momento de su constitución ni unos ni otros pensaron más que en salvar el problema de vacío de poder y prever lo que pudiera pasar en el futuro de continuar la ocupación francesa en la Península. Ni los criollos eran paladines de una autonomía, ni los peninsulares se mostraron totalmente sumisos a las directrices que se les indicaban desde España. Tanto unos y otros proclamaron su lealtad al Fernando VII y se acusaron mutuamente de deslealtad a la Monarquía. Los peninsulares pensaban que los criollos deseaban la ruina militar de España en su lucha contra Napoleón como medio de lograr la independencia, los criollos, pensaban por su parte, que eran los peninsulares los que precipitaban el desastre para asegurar el dominio de las Indias a una España sometida a Francia.

La crisis de la Monarquía española se manifestó en un principio como una lucha entre magistraturas coloniales (Cabildos, Audiencias, gobernadores, virreyes) para hacerse con el poder. En audiencias, gobernaciones y virreinatos predominaban el peninsular, mientras que en los cabildos lo hacían los criollos. Una forma de acceder al poder fue la convocatoria extraordinaria de Cabildo abierto o reunión de todos los ciudadanos, solución permitida por la ley en casos excepcionalmente graves, lo que posibilitó el acceso de prohombres criollos alterando la primitiva composición del órgano municipal. Del forcejeo para hacerse con el poder se originó un deterioro de las propias instituciones de la administración colonial con la consiguiente pérdida de su orden y autoridad coloniales. Lo que quedó patente al plantearse el problema político de las relaciones entre las Juntas americanas y los organismos centrales surgidos en la Península.

En general, hubo una gran inclinación en afirmar la plena soberanía de cada Junta, hasta 1811 todas reconocieron el poder en nombre de Fernando VII, pero no hubo unanimidad en hacerlo con órganos de poder peninsulares como el Consejo de Regencia, debido a la inestabilidad política en la Península. Entre 1809 1811 lo que se produjo en América, no fue en levantamiento contra la metrópoli sino la desaparición de su autoridad por incapacidad de ejercerla, ni siquiera ante el peligro de una agresión exterior. La no aceptación de los órganos metropolitanos desencadenó la lucha armada que en esta primera etapa debe ser considerada como una guerra civil. Hasta 1813 no tuvo lugar el envío de tropas desde España. La lucha se libró entre españoles que diferían en las ideas: los fieles a un rey que no podía reinar y los no deseaban seguir unidos a la insegura España.

La primera proclamación de independencia la realizó la Junta de Caracas en julio de 1811. Por el estado actual de los conocimientos históricos se puede afirmar que la lucha en América se entabló entre los grupos más elevados de la sociedad, criollos y peninsulares, que disputaban hacerse con el poder caído. Se consideraban sus herederos tanto los funcionarios peninsulares como los criollos ricos y poderosos en el ámbito local. La divergencia real entre ambos contendientes estaban en sentirse representantes de la comunidad española o de la americana, no siendo preciso modificar demasiado las instituciones políticas, de tal forma que el monarca podía ser aceptado por ambas comunidades.

El problema surge cuando no hay una identificación de posturas entre los liberales españoles y los americanos debido al centralismo de la Constitución gaditana que limitada el poder local. Esto era muy grave para América porque los intereses locales se contraponían a los del poder central de la metrópoli. El régimen comercial vino a ponerlo de manifiesto al quedar subordinados los intereses americanos a los de la Península; tal vez por ello cuando una disposición de la Regencia restableció la prohibición de comerciar con extranjeros la Junta de Caracas proclamó la independencia. La Constitución de Cádiz que concedía a los súbditos americanos derechos políticos plenos, lo hizo, sin embargo, como integrados a un imperio unificado que ya no existía. La oposición de intereses subsistió y los liberales peninsulares no apoyaron las pretensiones de los americanos con lo que la fidelidad a Fernando VII evolucionó hacia un separatismo robustecido por la vuelta al absolutismo del monarca.

Cuando en 1815 se restableció la paz en Europa la sublevación en América parecía vencida. En México habían fracasado los dos intentos de Hidalgo y Morelos. El virrey Abascal dominaba todo el espacio peruano-chileno y la llegada de un ejército de 10.000 hombres al mando del general Morillo permitió la ocupación de Venezuela después de recuperar Cartagena de Indias tras un durísimo asedio. Solo en torno a Buenos Aires el movimiento insurreccional no llegó a ser pacificado. Sin embargo, es a partir de esta fecha cuando cambia el tono de los acontecimientos debido al apoyo que recibieron los revolucionarios de Estados Unidos y Gran Bretaña. Así pudo Bolívar, refugiado en Jamaica, recibir material de guerra y preparar expediciones al continente, mientras la flota del almirante inglés aseguraba el control de la costa chilena.

A partir de 1816 la lucha se reanudó con la conquista de Chile por el general San Martín, mientras Bolívar, reinstalado en Nueva Granada consiguió derrocar a los escasos españoles y entrar como vencedor en Bogotá en 1818. Fernando VII trató de conseguir ayuda de toda Europa en el Congreso de Aquisgrán, pero fracasó a pesar del apoyo ruso, por la negativa de Gran Bretaña, en virtud del principio de no intervención. Al gobierno peninsular no le quedó más remedios que actuar sólo formando un fuerte ejército que, trasladado de la Península a América, terminase con los movimientos independentistas. La sublevación de Riego dio al traste con los planes del gobierno central.

Abortada la expedición que debía de llevar auxilios de hombres y material a los ejércitos que luchaban contra los insurgentes, sin posibilidades políticas ni económicas de organizar una nueva, sólo quedó la esperanza de que el nuevo régimen instaurado en los territorios allende los mares, animase a los americanos a deponer las armas y volver a la obediencia de la metrópoli. A partir de 1820 se intentó la pacificación con el cese de las hostilidades y a través de la negociación por medio de las autoridades ultramarinas, con una representación parlamentaria, el envío de comisionados por parte de los disidentes e, incluso esperar la llegada de éstos, mandando emisarios con amplias instrucciones para llegar a acuerdos. Sin embargo, ya en 1820 el gobierno peninsular no esperaba que por las providencias que ha tomado se experimente desde luego una mutación repentina. Este reconocimiento público de que una solución positiva estaba lejos de alcanzarse y la exclusión de los presupuestos de caudales que no fuesen a Cuba, hace pensar que se daba por perdido el imperio colonial. En la disyuntiva entre paz digna o guerra civil se optó por la primera sin grandes seguridades ni esperanzas de conseguirlo.

La derrota española de Carambolo en 1821 permitió el dominio de Venezuela por Morillo mientras que, en México Itúrbide relanza el proceso bélico que finalizaría con la primera dictadura militar americana. La conferencia de Guayaquil en 1822 entre Bolívar y San Martín permitió delimitar las áreas de influencia de los dos caudillos y acelerar la liberación de todo el territorio peruano tras la batalla de Ayacucho en diciembre de 1824. A partir de ese momento sólo quedaban dos islotes, como la guarnición española del puerto de El Callao: el imperio español había muerto aunque la metrópoli se resistió largamente a reconocer un hecho consumado.

TEMA 5.- La década ominosa (1823-1833)

El 1 de octubre de 1823, cuando Fernando VII desembarcó en El Puerto de Santa María y fue recibido por el duque de Angulema, finalizó la etapa del Gobierno constitucional y comenzó un nuevo ciclo de diez años de duración, durante el cual el rey impuso su soberanía. Ésta década se le denominó ominosa, al ser la reacción absolutista más violenta que la de 1814, ha sido una de las etapas más confusas y menos conocidas de la crisis del Antiguo Régimen.

La misión de los llamados Cien mil hijos de San Luis ha sido únicamente la de derrocar al régimen liberal y restablecer en el trono de sus mayores a Fernando VII. No estaba previsto que se convirtiera en un ejército de ocupación. Se había pensado en una rápida intervención para evitar una comparación con la odiada ocupación napoleónica. La experiencia de 1820 y la defensa del régimen liberal por gran parte de los militares hizo que Fernando VII desconfiase de la fidelidad de los restos del ejército derrotado por Angulema. La necesidad de un brazo armado que garantizase la estabilidad del Gobierno absoluto del rey y que evitase cualquier intentona liberal, dio lugar a que Fernando VII mostrara interés en solicitar la permanencia del ejército francés en España. Pero, Luis XVIII no solamente no se opuso, sino que aceptó, porque ello suponía el fortalecimiento de la situación francesa en el exterior, el mejorar las relaciones comerciales hispano-galas en perjuicio de las posiciones que los británicos habían alcanzado durante el Trienio. El 9 de febrero de 1824 se firmó en Madrid un convenio por el que las tropas francesas permanecerían en España hasta que se afianzase el Gobierno de Fernando VII y se asegurase la tranquilidad del país. El convenio, que en principio tenía una duración de cinco meses, permitió el establecimiento de un ejército de 45.000 hombres. Posteriormente fue prorrogado sine die disminuyendo los efectivos a 22.000 hombres.

La intervención directa de este ejército en la política española fue escasa, ya que solamente se redujo a la destacada participación de la liberación de la plaza de Tarifa, tomada por un grupo de liberales al mando de Francisco de Valdés en agosto de 1824. La ocupación finalizó con la evacuación en septiembre de 1828 de las tropas francesas que estaban de guarnición en Cádiz, cuando ya la Monarquía absolutista se encontraba asentada y cuando el rey podía prescindir de este ejército.

El mismo día en que desembarcó en El Puerto de Santa María, Fernando VII declaró, en un real decreto rubricado por él, que desde el 7 de marzo de 1820 había carecido de libertad y el Gobierno liberal le había obligado a sancionar leyes y expedir decretos y órdenes en contra de su voluntad; con todo ello reconocía una situación real que los liberales se habían empeñado en no ver. Por medio de este decreto, el rey declaraba nulos y de ningún valor todos los actos del gobierno llamado constitucional, de cualquier clase y condición que sea. Por último el rey ratificaba a su confesor Víctor Sáez como ministro de Estado, y comunicaba la aprobación, de forma interina, de todo lo realizado por la Junta provisional de gobierno de Oyarzun y por la Regencia del Reino de Madrid.

El rey tardó en llegar a Madrid un mes y medio y fue apoteósico: el propio Fernando VII en su itinerario, dictado por su secretario en 1824, describe el clima existente y el entusiasmo de las gentes, que llegó incluso a utilizar un carro que sólo se empleaba para llevar al Santísimo Sacramento, como ocurrió en Pinto.

Una vez en Madrid, Fernando VII cesó a Víctor Sáez como ministro de Estado y le dio el obispado de Tortosa; nombró un nuevo Ministerio claramente moderado dirigido por el marqués de Casa Irujo y después por Ofalia. El gobierno tuvo un claro matiz reformista y emprendió la difícil tarea de restablecer una Administración desquiciada por los acontecimientos vividos desde 1822. Destaca el nombramiento como ministro de Hacienda de Luis López Ballesteros y Luis Salazar en el de Marina, por ser los dos ministros más estables de toda la década y el carácter moderado de la mayor parte de los miembros del Gabinete.

España desde 1822, se hallaba en estado de verdadera guerra civil. A finales de 1823: los realistas vencedores esperaban la reparación de los perjuicios sufridos en los años de dominio liberal y castigo de los causantes; los liberales vencidos se mostraron dispuestos a recuperar el poder y adoptaron una actitud retadora y desafiante. En los pueblos, los bandos familiares tomaron pretexto de las actitudes políticas para encubrir venganzas personales; derivando al fanatismo.

Este Gobierno tuvo que seguir las instrucciones que el rey dio al marqués de Casa Irujo y constituyen el único testimonio directo del pensamiento de Fernando VII acerca de orientaciones políticas. El primer punto de las Bases sobre las que ha de caminar indispensablemente el nuevo Consejo de Ministros mandaba plantear una buena policía en todo el Reino, cosa lógica si se tiene en cuenta que los pronunciamientos habidos durante el sexenio habían demostrado paladinamente la inutilidad de la labor policíaca llevada a cabo por la Inquisición durante el sexenio. Este fracaso, unido al desinterés por la ortodoxia religiosa y el carácter obsoleto del Tribunal, explica que la Inquisición no fuese restablecida en 1823, lo que causó perplejidad en los obispos. Ante la falta de apoyo del Gobierno, dos de ellos el de Valencia y Orihuela, crearon unas Juntas de fe que fueron consideradas ilegales por el regalista Consejo de Castilla.

La segunda base se centraba en la disolución del Ejército y formación de otro nuevo. Lo primero se llevó a cabo inmediatamente, tanto en las milicias provinciales como en las divisiones y cuerpo de ejército formado por la necesidad de la guerra de la rebelión. Las razones dadas para estas medidas se basan en que, una vez restablecido el rey en sus derechos, el Ejército, que desde la guerra de la Independencia era excesivo, resultaba innecesario, que una reducción de los efectos supondría una economía sustancial para la hacienda y una utilidad para la agricultura. Pero el licenciamiento de los soldados sin haberles dado los socorros para la marcha originó intranquilidad pública. Para el restablecimiento del orden público se crearon también el 13 de enero, las comisiones militares y al cabo de siete meses ni un robo ocurría, pero el ámbito de actuación se extendió también a los asuntos políticos. De los 1094 inculpados en los veinte meses de actuación, el 53% correspondieron a delitos estrictamente políticos. La depuración política, llamada entonces purificaciones también afectó a civiles de acuerdo con el cuarto punto de las Bases que ordenaba limpiar todas las Secretarías del Despacho, Tribunales y demás oficinas de todos los que hayan sido adictos al sistema constitucional.

Si se tiene en cuenta las humillaciones que tuvo que pasar Fernando VII en las que había participado la masonería, se explica perfectamente que la quinta Base dada a sus ministros consistiera en trabajar incesantemente en destruís las Sociedades secretas y toda especie de secta. El rey ordenó a sus ministros textualmente: Nada que tenga relación con las Cámaras ni con ningún género de representación; esta aversión rotunda y sin fisura hacia la representatividad venía de las Cortes de Cádiz que le habían despojado de su soberanía y del trato que le habían dispensado las Cortes del Trienio. La cuestión en este punto se planteaba como lucha entre dos poderes absolutos: el del rey y de las Cortes.

Finalmente, la última instrucción de las Bases mandaba que no se reconocieran los empréstitos constitucionales, porque los consejeros del rey consideraron que éste era el castigo más propio para escarmentar a los que fomentaban las rebeliones, con el auxilio de sus capitales. El ministro de Hacienda encargado de llevarle a cabo fue López Ballesteros, al que la historiografía ha tratado de liberal y mago de las finanzas. Durante la Década Ominosa la hacienda sufrió los mismos problemas que durante el Trienio: falta de numerario disponible, deuda creciente, imposibilidad de una imposición fiscal más fuerte, mecanismos agarrotados por carencia de medios o retrasos de pagas y necesidad de recurrir a empréstitos, que a corto plazo, terminan por aumentar los débitos del Estado, López Ballesteros mantuvo las antiguas rentas intentando mejorar la recaudación impositiva. Para ello reformó la propia organización interna del Ministerio, disminuyendo las facultades del Consejo de Hacienda y creando la Dirección General de Rentas, el Tribunal Mayor de Cuentas, la Contaduría General de Valores y la Caja de Amortización. Además se supo rodear de un buen equipo de funcionarios como no lo había habido desde tiempos de Carlos III. Las reformas llevadas a cabo en el campo de los impuestos fueron modestas, ya que se volvió al Antiguo Régimen. El mérito de López Ballesteros fue el establecimiento de los Presupuestos Generales del Estado, con una coordinación completa entre todos sus elementos y debidamente asentados los ingresos y gastos por partida doble; se prefirió cobrar menos pero cobrar bien, con efectividad y regularidad y administrar adecuadamente.

Si en el campo fiscal López Ballesteros permaneció anclado en el Antiguo Régimen, no puede decirse lo mismo con respecto a los empréstitos exteriores, donde siguió la política comenzada en el Trienio. Siguiendo la instrucción dada por el rey a sus ministros de no reconocer los empréstitos constitucionales, la hacienda se encontró liberada de pagar más de 1.000 millones de reales que se debían, pero al mismo tiempo se le cerraban las puertas en el exterior de la banca extranjera, lo que obligó a operaciones poco favorables que sólo hacían aumentar la deuda exterior, pero que a la larga, hizo que la Hacienda estuviera realmente asfixiada, no sólo en las postrimerías la década sino en gran parte del reinado de Isabel II.

La presión de los aliados (llegó a amenazar con la retirada de las tropas francesas),hizo que el proyecto de ley presentado por Ofalia para declarar una amnistía por motivos políticos y que había quedado pospuesto desde enero de 1824, volviera a tratarse. La amnistía aprobada el 14 de mayo de 1824 no contentó a nadie. Los realistas la recibieron mal, porque podría ser utilizada por los liberales y se consideró posteriormente que su aplicación tuvo perniciosos efectos. Los moderados, tanto realistas como liberales, consideraron que las excepciones incluidas en el decreto la convertían en raquítica y mezquina. Para los revolucionarios era papel mojado ya que estaban excluidos de ellas.

El 11 de julio fue destituido Ofalia de la Secretaría de Estado para el que se nombró a Cea Bérmudez ministro plenipotenciario ante el zar de Rusia. Antes de que Cea Bérmudez pudiese llegar a España (a mediados de septiembre), el ministro de la Guerra, el moderado general Cruz fue también sustituido por Aymerich general realista exaltado, hasta entonces al frente de los Voluntarios realistas. Los quince meses que gobernó Cea Bérmudez se pueden caracterizar porque no hubo una unidad lógica de actuación, debido a la desunión de los miembros del Consejo de Ministros que les llevó a una serie de intrigas y alianzas entre ellos. El gobierno tuvo que hacer frente a conspiraciones realistas, como la conocida del llamado mariscal de campo Joaquín Capapé y a sublevaciones liberales plasmadas en la toma de Tarifa por Valdés, desembarco de Pablo Iglesias en Almería, movimientos armados en Jimena etc. Estas conspiraciones originaron la reacción del gobierno que prohibió todo tipo de sociedades secretas, incluso realistas que habían comenzado a crearse, al tiempo que disponía que todo revolucionario que fuera detenido con armas en mano, fuera entregado a una comisión militar que lo juzgara y ejecutara la sentencia si era encontrado culpable.

Desde comienzos de 1825 se intentó la supresión de las comisiones militares porque según el Consejo de Castilla, estaban en contradicción con las leyes. Un incidente sonado entre el presidente de la Comisión militar de Madrid, el general Francisco Chaperón, y Luis Fernández de Córdoba sirvió para que el tema se agilizara y el 4 de agosto se suprimieran al ser consideradas innecesarias, tanto porque la actividad y energía con que actuaron habían aminorado los delitos que dieron lugar a su institución, como por existir ya una fuerza militar suficiente para impedir los intentos de revolución. A los pocos días de la supresión de las Comisiones militares tuvo lugar una sublevación realista del mariscal de campo Jorge Bessières, cuyos preparativos conocía la policía desde hacía dos meses manteniendo informado al ministro de Gracia y Justicia. El Gobierno y el rey no quisieron precipitarse, como había sucedido con Capapé y esperaron a que se realizase con el fin de descubrir todos los hilos de la trama. El 15 de agosto Bessières salió de Madrid hacia Getafe donde se le unieron algunos oficiales y un escuadrón con lo que comenzó realmente la sublevación. En Brihuega, a donde con anterioridad se había enviado una porción de armas, se le agregaron los voluntarios realistas y todos juntos aclamaron a Fernando VII rey absoluto. El ministro de Guerra se mantuvo firme a la primera intimidación de las tropas reales, mandadas por el conde de España, que había salido en persecución de los rebeldes. La firmeza gubernamental hizo que el escuadrón de Getafe volviese a su base, que ninguna unidad del Ejército secundase a los rebeldes y que, finalmente, Bessières se entregase en Molina de Aragón, donde fue fusilado la mañana del 26. Coincidiendo con este alzamiento, fueron descubiertas otras conspiraciones realistas en Granada, Tortosa y Zaragoza, lo que indica la existencia de un cierto plan. La sublevación de Bessières tuvo dos consecuencias importantes: por un lado se acordó expulsar de Madrid, en el término de seis horas, a los realistas más importantes y por otro se mandó crear una Junta Consultiva del Reino, subordinada al Consejo de Ministros, compuesta por veinte personas con el objeto de llevar a cabo un estudio incesante, una meditación asidua y un examen prolijo de lo que exigen la justicia y la política. Esta Junta apenas tuvo tres meses y medio de existencia, porque a finales de año se prefirió restablecer el Consejo de Estado.

El país pasaba por momentos difíciles, había un ambiente de intranquilidad, una profunda división entre los españoles y sobre todo una gran penuria económica manifestada por ejemplo en la indigencia de la población andaluza o en el permiso de los marinos de guerra para que pudiesen alimentarse mediante la pesca por el retraso del cobro de sus haberes.

El 24 de octubre de 1824 Cea Bérmudez fue sustituido en la Secretaría de Estado por el duque del Infantado, incondicional partidario de Fernando VII desde que fuera Príncipe de Asturias. El nuevo presidente, conservador a ultranza, a pesar de ello el Gabinete siguió siendo moderado con López Ballesteros en Hacienda. Salazar en Marina, y Zambrano en Guerra, de tal forma que la historiografía de la época ve que en este momento se inicia una liberalización en el panorama general del país; liberalización que no pudo ser mayor porque la tentativa de los hermanos Bazán, la oposición de los ministros ante la prepotencia que iba alcanzando el Consejo de Estado y los acontecimientos en Portugal impidieron llevar a cabo una política constructiva.

La primera medida del duque del Infantado fue reformar el Consejo de Estado, que había dejado de reunirse. El Consejo tendría como misión proponer, consultar y preparar reformas y planes de mejora positivos. Para ello los consejeros gozarían de toda seguridad política, para expresar con toda libertad sus dictámenes y votos y se disponía que no podrían ser separados, ni alejados de la Corte sino era por delitos graves o por orden Real. La supremacía del Consejo de Estado sobre el Consejo de Ministros era un paso para alejar toda idea de parcialidad por parte de los ministros que hasta entonces habían gobernado el país sin contrapeso ni asesoramiento alguno. El enfrentamiento al despotismo ilustrado se vio contrapesada con la mayoría conservadora de los componentes del Consejo y se manifestó en el cese del Consejo de Ministros decretado por Fernando VII en febrero de 1826.

De todas formas cualquier acción reformista hubiera chocado con desembarco de los hermanos Bazán en las costas levantinas. El embajador español en París, ya había anunciado con varios meses de anticipación las tramas de los emigrados españoles en Gibraltar, citando al excoronel Bazán como jefe de la conspiración. De esta forma pudieron prevenir a los capitanes generales, especialmente de Valencia, de la existencia de un proyecto de desembarco y forzar a las autoridades en Gibraltar a que expulsaran a los dos hermanos. A pesar de ello durante la noche del 18 al 19 de febrero Antonio y Juan Fernández Bazán desembarcaron en las costas de Guardamar, con la pretensión de provocar un levantamiento general, fueron combatidos por los realistas de los pueblos de alrededor. Los que no murieron durante el combate fueron hechos prisioneros y algunos de ellos fusilados. La conspiración de los Bazán es uno más de los tristes episodios que jalonaron toda la década, en el que unos pocos hombres se lanzan directamente a la muerte movidos por un idealismo carente de base real.

Durante los últimos meses de gestión de Infantado al frente del Ministerio de Estado tuvo lugar uno de los hechos menos conocidos y mas ininteligibles del reinado de Fernando VII: la llamada conspiración de los moderados. Dentro del plan de los emigrados, a cuya cabeza estaba Espoz y Mina, uno de ellos Juan de Olaverría, concibió el proyecto de implantar el régimen constitucional a través del mismo Fernando VII sirviéndose de los moderados. Espoz y Mina autorizó el proyecto. Olaverría envió a un exclaustrado Juan de Mata Echeverría, que en muy poco tiempo se situó tan excelentemente que le fue imposible entrar en contacto con rey.

El proyecto presentado por Fernando VII era totalmente moderado; comprendía un manifiesto en el que el rey daba al olvido el pasado y anunciaba reformas como la disolución del Consejo de Estado y la creación de un Consejo Supremo de Estado, compuesto por un número doble de miembros al de las provincias del reino. Su función consistiría en proponer las reformas que debían de hacerse en las leyes fundamentales. El rey nombraría un nuevo Ministerio, con Espoz y Mina al frente de la Secretaría de Guerra, que debería desembarazarse de todos los realistas exaltados deportándolos a Filipinas. El proyecto que en el primer momento desunió a Fernando VII y Carlos María Isidro, fracasó por la presión de los ministros moderados López Ballesteros, Salazar y Zambrano, que le hicieron ver al rey la posibilidad de realizar lo que quisiera sin necesidad de utilizar a Espoz y Mina.

Otro problema del Gobierno del duque del Infantado fue Portugal, cuyo rey Juan VI había fallecido el 10 de marzo de 1826 sin designar sucesor. La regencia establecida reconoció al emperador de Brasil, Pedro hijo mayor del fallecido, como rey de Portugal. Don Pedro renunció a la Corona en favor de su hija María de la Gloria de 7 años. El cambio de régimen favoreció la recepción de liberales españoles que se refugiaron en el país vecino. El 19 de agosto de 1826 cesaba el duque del Infantado después diez meses de gobierno, su cese tal vez fue motivado por las presiones de los otros cuatro ministros que se encontraban arrinconados por las atribuciones concedidas al nuevo Consejo de Estado y la supresión de las reuniones del Gabinete ministerial. Su sucesor González Salmón por su profesión: diplomático con experiencia en el conflicto portugués.

El primer problema con el que tuvo que enfrentarse fue el de Portugal. El Gobierno adoptó en principio una actitud de amplia tolerancia con los realistas portugueses que se refugiaron en España, pero la presión de Francia e Inglaterra obligó a dejar de apoyar la opción de la reina viuda Carlota Joaquina y mantener una clara postura de neutralidad. La guerra civil portuguesa constituyó, una pesada carga para la Hacienda española, por los gastos que ocasionaron tanto la constitución de un ejército que se extendía desde el Miño hasta Huelva como el mantenimiento de los campos que se crearon para internar a los refugiados portugueses.

Desde 1827 la atención del Gobierno se dirigió a Cataluña, donde existía un gran descontento por parte de los realistas, especialmente por los Voluntarios que se quejaban de haber recibido una licencia ilimitada sin haber sido admitidos en el Ejército. La irritación de los realistas, agraviados o malcontents, había ido creciendo hasta estallar en 1827. La sublevación comenzó en marzo, con el intento de sorprender a la ciudad de Tortosa, para poner en libertad a los realistas detenidos. Durante los meses de marzo y abril se levantaron otras partidas en Vic y Manresa, pero fueron esporádicas. El Gobierno al tanto, redujo el peligro con prevenciones más que con medidas drásticas. A fines de abril concedió el indulto en un gesto conciliador con el fin de cesar la insurrección. Pero, las partidas siguieron multiplicándose llegando en agosto a ocupar Manresa, Vic y Berga. La insurrección alcanzó al grado que el mismo Fernando VII decidió viajar a Cataluña para pacificarla. Tan pronto el rey invitó a los insurrectos a dejar las armas, estos comenzaron a disolverse, el 10 de octubre todo estaba prácticamente terminado: Fernando VII pudo permanecer casi un año en Barcelona, lo que se tradujo en la prohibición de introducir algodón procedente de fábricas extranjeras y la conversión del puerto de Barcelona en puerto franco. En estos momentos el régimen alcanza un momento de equilibrio.

Desde el punto de vista económico la guerra de la Independencia supuso la destrucción continua y total de las pocas riquezas económicas con las que se contaba. Industrias y comunicaciones fueron sus sectores más afectados. Los catalanes se quejaban con razón de la destrucción de casi todas sus fábricas de lana y algodón y lo mismo ocurrió en Valencia, Segovia y Cuenca. Las calzadas quedaron prácticamente intransitables por el continuo paso de ejércitos y desaparecieron numerosos puentes. También se sufrió por la pérdida del imperio en América ya que a finales del Siglo XVIII la posesión de las colonias constituía el más importante soporte de la prosperidad económica. Su emancipación trajo consigo una carencia total del metal acuñable, ya que casi la totalidad de este metal procedía de América. Por ello, las acuñaciones se hicieron raras y de poca calidad, teniendo que recurrir al cobre por negarse Fernando VII a rebajar vergonzosamente la ley de la moneda, escaseó brutalmente el dinero circulante. A esto hay que añadir el corte del comercio con ultramar que originó la falta de productos como el café, cacao, azúcar, algodón o tabaco y, sobre todo, la pérdida del mercado de exportación de una buena parte de productos manufacturados del ramo textil y metalúrgico, ya que los artículos extranjeros, salvo los adquiridos mediante contrabando pasaban antes por la Península. El resultado de la pérdida de los territorios, fue la imposibilidad de reconstruir la economía, maltrecha por la guerra de la Independencia con las consecuencias de la falta de dinero circulante, la disminución de tráfico comercial, la quiebra de las manufacturas e industrias por la incapacidad de encontrar un mercado, la penuria de la Hacienda y el desequilibrio de la balanza exterior.

Durante todo el reinado se asistió a una caída libre de los precios. Puede afirmarse que en 1833 los precios, cuya caída se opera (según Vicens) en cascada son un tercio de los de 1812. La baja afecta a los productos ganaderos y agrícolas alcanzando los garbanzos, producto fundamental para la dieta alimenticia, un descenso de un 80%. El comercio exterior de España muestra una fuerte contracción que reduce en 1827 tanto las importaciones como las exportaciones en un tercio respecto a 1792 como resultado, no solo de las causas ya nombradas, sino también del aumento considerable del contrabando, que llega en algunos momentos a ser tres veces mayor que el comercio legal.

La situación económica es tan precaria que pasa a ser una economía de subsistencia en un ámbito local o a lo sumo comarcal pero nunca un mercado nacional a gran escala. La estructura de la propiedad agrícola es propia del Antiguo Régimen: grandes propiedades con diferentes formas de amortización y vinculaciones que apenas cambiaron de mano a pesar de las medidas desamortizadoras del gobierno francés o las tomadas por las Cortes durante el Trienio liberal. Las quejas por las altas rentas aumentaron o se extendieron a modificaciones. Un diputado liberal afirmaba en las Cortes que la cabaña lanar se había reducido en más de un 60%. Las necesidades de los diferentes ejércitos dejaron esquilmada a la cabaña equina hasta el punto de que desaparecieran varias razas autóctonas. Como en toda deflacción, hubo un retroceso a la tierra que se mostró tanto en un aumento de las inversiones en tierras como en el deseo de todas las tendencias políticas en fomentar la agricultura como único medio que permitiese salir de la crisis.

El sector industrial fue el que llevó la peor parte, sobre todo el textil en todas sus modalidades. El índice de producción descendió hasta la octava parte de los que había sido a finales del Siglo XVIII. La paralización del comercio por la pérdida de colonias trajo consigo una contracción del tráfico interno que se plasmó en un aumento de quiebras de establecimientos comerciales que en Cádiz llegó a ser de 196 entre 1813 y 1824. Las dificultades del comercio interior se vieron agravadas por el deterioro de los caminos interiores que encareció en más de un tercio el valor final del producto. A todo ello vino a sumarse el aumento de la inseguridad como consecuencia de la conversión de guerrilleros como Jaime el Barbudo en Alicante en auténticos bandoleros. A esto se suma las dificultades que para la circulación de bienes creaban en el comercio tanto interior como exterior los impedimentos legales de los gravámenes, aduanas e impuestos.

Todos estos componentes de deflación se tradujeron en un empeoramiento de las condiciones de vida en que se desenvolvía el español medio del primer tercio del siglo XIX creando un problema de pobreza rayana en la miseria. En la administración pública la corrupción era frecuente ya que se cobraba escaso sueldo y a veces tan tarde que el Gobierno tuvo que autorizar a los marinos a pescar desde los barcos para poder comer.

El 18 de mayo de 1829 falleció la tercera esposa de Fernando VII, doña María Josefa Amalia, sin hijos. El vio inmediatamente la posibilidad de tener descendencia, idea que siempre había acariciado, si contraía nuevo matrimonio. Sus achaques y la avanzada edad de cuarenta y cinco años le forzaron a tomar una rápida decisión, de tal forma que antes de celebrarse los funerales de su difunta esposa se lo comunicó a Grijalba y cinco días más tarde al Consejo de Ministros. En ese momento el porvenir del infante don Carlos, sucesor legal de Fernando VII, parecía inseguro, ya que si el rey tenía hijos se vería desplazado en la línea sucesoria. El desplazamiento en esta línea de sucesión causó cierto temor entre los realistas, ya que estos tenían puestas sus esperanzas en el infante. Para los moderados y también para los liberales, el posible nuevo matrimonio planteaba una nueva situación esperanzadora ya que don Carlos podría verse excluido. A este planteamiento político se unió la rivalidad de la familia real por influir en el ánimo del rey; por un lado se encontraba la princesa María Francisca de Así, esposa del infante don Carlos, y su hermana María Teresa, princesa de Beira y por otro la infanta napolitana Luisa Carlota, esposa del infante don Francisco de Paula; también las tendencias políticas la princesa napolitana se apoyaba en los liberales y las princesas portuguesas en los realistas.

Fueron desechadas una princesa de Baviera y otra de Cerdeña, presentadas por los realistas, la infanta Luisa Carlota propuso como candidata a su propia hermana María Cristina. Su juventud, (23 años) y el descender de una familia prolífica decidieron al rey, el 9 de diciembre se celebró la boda en Aranjuez y dos días más tarde la nueva reina recibió una entusiasta y cariñosa acogida en Madrid.

La legalidad dinástica antes del matrimonio real era la siguiente: Felipe V, siguiendo la ancestral costumbre de los Borbones, había establecido la Ley Sálica, mediante el auto acordado el 10 de mayo de 1713, llamado también Nuevo Reglamento para la Sucesión, al ordenar que fuesen preferidos todos mis descendientes varones por la línea recta de varonía a las hembras y sus descendientes aunque ellas y los suyos fuesen de mejor grado y línea... Y siguiendo acabadas todas las líneas masculinas del príncipe, infante y demás hijos y descendientes míos legítimos varones de varones...suceda en dichos Reinos la hija o hijas del último Reinante varón asignado mío en quien feneciere la varonía. Las Cortes aprobaron el 30 de septiembre de 1789, la vuelta a la costumbre inmemorial plasmada en las Partidas por la que si el Rey no tuviera hijo varón, heredará el Reino la hija mayor, y pasaron su acuerdo al Consejo de Castilla para que se siguiera el trámite de la publicación mediante una pragmática. Sin embargo, por razones de índole exterior, el Gobierno, según Floridablanca, decidió aplazar hasta otro instante más oportuno la publicación de un acto que ya está completo en la sustancia.

A comienzos de abril de 1830 Fernando VII mandó publicar en la Gaceta la Pragmática Sanción en fuerza de ley decretada por el rey don Carlos IV a petición de las Cortes del año 1789, y mandada publicar por Su Majestad reinante para la observancia perpetua de la Ley 2ª, que establece la sucesión regular en la Corona de España. Con esta Ley el infante don Carlos quedaba prácticamente excluido de la sucesión, puesto que si la reina María Cristina tenía una hija podría suceder directamente a su padre.

La publicación de la Pragmática cuando la reina María Cristina estaba en cinta mientras que nadie la recordó al hallarse embarazada Isabel de Braganza segunda esposa del rey, demuestra el interés existente en 1830 que faltaba en 1818, cuando nadie temía por la vida del rey y cuando don Carlos ni ninguno de sus partidarios se habían hecho a la idea de que podía reinar. A ello habría que añadir motivos familiares, pues la nueva familia política del rey presionó al monarca hasta el punto de que los padres de María Cristina, que habían venido con su hija y permanecían en España, no regresaron a Nápoles hasta bien entrado el mes de abril.

Aunque la intencionalidad de la publicación de la Pragmática Sanción es dudosa, sus efectos políticos fueron indudables. A partir de ese momento los realistas se opusieron a esta alteración de la ley sucesoria por el interés que tenían por don Carlos. Por su parte, los liberales no se opusieron a la modificación del orden de sucesión, porque éste era el único camino para lograr sus esperanzas, ya que eliminaban definitivamente a don Carlos y se abría la posibilidad de una minoría, lo que, a la larga les daría un amplio margen de actuación.

En julio de 1830 fue derrocado el rey francés Carlos X y se instauró la Monarquía constitucional en la persona de Luis Felipe de Orleáns. El no reconocimiento diplomático del nuevo régimen hizo que el Gobierno francés alentara las actividades de los liberales emigrados españoles. El talante liberal del nuevo régimen sirvió de acicate para que éstos creyesen llegado el momento de restaurar la Constitución de 1812 mediante un conjunto de invasiones armadas en distintos puntos de la geografía española. Fue patente la ayuda de banqueros y de los viejos revolucionarios franceses que financiaron los viajes de los emigrados hacia la frontera. Era tan del dominio público en Francia que los liberales pretendían una invasión armada en España y que, producida ésta, la población entera los apoyaría calurosamente, que los títulos del Gobierno español bajaron en la Bolsa de París mientras que se duplicó el valor de las cotizaciones de los Bonos de las Cortes del Trienio. En París se formó una Junta de personalidades que a los pocos días se trasladó a Perpiñán, siendo constante la afluencia de emigrados como Chapalangarra y Jáuregui hacia la frontera hispano-francesa.

El gobierno reaccionó tomando medidas políticas y militares. La frontera con Francia se guarneció y tanto capitanes generales de Navarra, como los de Aragón y Cataluña se encontraban al tanto de las intenciones liberales. Políticamente el Gobierno resucitó el decreto que, a raíz de la sublevación de Besares, el 17 de agosto de 1825, declaraba traidores y reos de pena de muerte a los que fueran aprehendidos con las armas en la mano en cualquier puesto del territorio español o a quienes auxiliaren con armas y municiones, víveres o dinero a los rebeldes o les favoreciesen con avisos y consejos.

La actuación de la Junta de Perpiñán fue ineficaz, porque la discordia existente entre los partidarios de Mina y los de Torrijos, la lucha entre masones y comuneros por el poder había llegado a tal grado que era imposible la reconciliación. La desunión de los liberales hizo que la invasión no se realizase de forma conjugada y armónica. Cronológicamente empezó en Navarra el 13 de octubre de 1830, cuando 800 hombres dirigidos por Valdés penetró en Navarra por Urdax, seguido de Mina, mientras Chapalangarra, el coronel de Pablo, lo hizo por Valcarlos, donde fue abatido por Eraso y donde murió. Mina se dirigió a Vera de Bidasoa, que tomó e intentó sin éxito sublevar a Irún, pero el general Llauder acudió a Vera y puso en fuga a los liberales, obligándoles a pasar la frontera. Una semana más tarde, Milans y Brunet, penetraron en Cataluña por La Junquera, limitándose sus acciones a meras correrías perseguidas muy de cerca por fuerzas del Ejército. Lo mismo ocurrió en Aragón donde después de vagar por las faldas de los Pirineos, tuvieron que regresar a Francia. En Orense, un tal Antonio Rodríguez con 70 hombres proclamó la Constitución, siendo batido inmediatamente. El poco éxito de estos intentos y las medidas tomadas por el gobernador inglés en Gibraltar hicieron que una expedición a las costas levantinas organizada por Torrijos, Manzanares y Palarea se pospusiera sine die. La pretendida invasión liberal fue un fracaso. De plan general de acciones liberales quedaron sin llevar a la práctica las que tenían como foco de origen Gibraltar, aunque éstas se fueron desarrollando a lo largo de 1831 con un fracaso total y continuo.

Fernando VII ordenó inmediatamente la documentación necesaria para remitirla al embajador español, conde Ofalia, a fin de que reconociese a Luis Felipe I de Orleáns como rey de Francia con tal que desarmase e hiciese internar en Francia a los emigrados. Falto de reconocimientos exteriores, el rey francés se apresuró a cumplir la condición impuesta por el Gobierno español y con la misma facilidad con que había armado a los liberales expatriados los desarmaron.

La Revolución de 1830 y el comienzo de las intentonas liberales tuvieron dos consecuencia en el plano interior: Por un lado se cerraron las Universidades para evitar que aumentara la agitación estudiantil. y por otro, el dominio de la situación permitió que con motivo del nacimiento de la princesa Isabel, se concediese un indulto general, que permitió que emigrados como Mendíbil, Canga de Argüeyes y Calero volvieran a España.

El 14 de septiembre del 1832, a la enfermedad de gota que padecía Fernando VII se le unió un fuerte catarro que llevó a los médicos a declarar que el rey se hallaba en grave peligro de muerte. Esa misma mañana y ante la situación en que se encontraba el rey, Calomarde convocó al conde de Alcudia, ministro de Estado; al barón Antonini embajador de Nápoles en España y a González Maldonado, oficial mayor del Ministerio de Gracia y Justicia, a una reunión en la que se trató de la necesidad de saber qué medios debían de tomarse para asegurar la sucesión al trono del la princesa Isabel; al mismo tiempo se llamaba a los ministros ausentes y se enviaba a Madrid a Zambrano, Ministro de Guerra, con el fin de asegurar el orden y la tranquilidad en toda la capital y de toda la Monarquía. Se decidió que la reina María Cristina se hiciera cargo del Gobierno y que el infante don Carlos renunciara a sus hipotéticos derechos. Lo primero se consiguió mediante la firma por Fernando VII (como pudo) de un decreto, autorizando a la reina para el despacho; decreto que María Cristina puso en seguida en práctica, despachando ese día con el Ministro de Estado. Para lograr lo segundo se establecieron contactos a través del conde de Alcudia con don Carlos, al que se le ofreció la corregencia, la regencia e incluso el matrimonio de su hijo con la heredera Isabel. El infante rechazó todas las resoluciones posibles porque su conciencia le impedía reconocer una ley no aceptada por sus abuelos y su religión no le consentía privar a sus hijos de sus derechos.

La situación que podría crearse en caso de la muerte del rey, era de guerra civil, según fue informada la reina por Antonini y por el jefe de la Guardia Real. Además los embajadores de Austria y Cerdeña presionaron para que se ratificara el auto acordado de 1713,.ya que las potencias de la declinante Santa Alianza temía la instauración de una España liberal. Entre la sucesión de su hija o la guerra civil, María Cristina se inclinó por la última, por lo que se preparó un decreto que debía permanecer en secreto hasta la muerte de Fernando VII, derogando la Pragmática Sanción. Ante su esposa y los ministros que se encontraban en la Granja, el rey rubricó de forma no violenta y con la pluma que había puesto en su mano la reina el decreto que antes había sido leído por el Ministro de Justicia, Francisco Tadeo Calomarde.

El decreto se convirtió en un secreto a voces, así que las noticias de la derogación sirvieron de acicate a los liberales que inmediatamente empezaron a desarrollar sus actividades y mover sus resortes con vistas a mantener la Pragmática Sanción. Desde que Zambrano volvió a Madrid para cuidad del mantenimiento del orden público, funcionaba en la Villa y Corte un junta de hombres resueltos a que no reinara el infante don Carlos. Esta junta compuesta por el marqués de Miraflores, los condes de Parcent, Puñonrostro y Cartagena, los hermanos Juan y Rufino Carrasco y Donoso Cortés. Algunos de ellos pertenecían al moderantismo, contaban con extensas e influyentes relaciones entre los grandes y nobles, mientras que los hermanos Carrasco, fueron los encargados de la práctica del plan que consistía en ganarse el favor de la reina, para que por medio de un cambio ministerial, se mantuviera la Pragmática Sanción. Para ello fueron reclutadas personas que, una vez en La Granja, recorrieron las calles del real sitio gritando ¡Viva María Cristina! y ¡Viva Isabel!, mientras que los nobles y numerosos jóvenes se presentaban a la reina ofreciéndoles sus servicios en contra de don Carlos. Lo que decidió el cambio de actitud en la reina fue el regreso, reventando caballos, de su hermana la infanta Luisa Carlota, que se había enterado del decreto secreto por el gobernador del Consejo de Castilla. Restablecido el rey, se contó con una fuerza militar adicta (la división de Pastors), se llevó a cabo el plan previsto por la Junta liberal, cambiando todo el Gobierno por un nuevo presidido por el embajador de España en Londres Cea Bermúdez. Don Carlos perdió con este gabinete la posibilidad de acceder directamente al trono español: se había producido un auténtico golpe de Estado.

El nuevo Gabinete con el total apoyo de la reina, se planteó dos objetivos fundamentales: hacerse con el poder a todos los niveles y resolver el problema planteado con la firma del decreto derogatorio de la Pragmática Sanción. El primer objetivo se logró sustituyendo cuidadosa y paulatinamente todos los mandos militares y policiales comprometidos con las ideas del infante don Carlos y desmontando los cuerpos de voluntarios realistas, para lo que se les privó de cobrar tributos directamente, ordenando que la Hacienda real fuese la única institución que se hiciese cargo de la percepción de los impuestos. Por otra parte se concedió una amnistía general, esta amnistía supuso un pacto entre los liberales y la reina: la monarquía isabelina se asentaría con el apoyo de todos los liberales mientras que éstos realizarían sus ideales bajo la bandera de la legitimidad.

El segundo objetivo tuvo dos fases diferenciadas. En la primera se buscó a una cabeza de turco en la persona de Calomarde, que fue desterrado a 40 leguas de la Corte y de los sitios reales y posteriormente perseguido hasta que pudo huir a Francia. Para poner en práctica la segunda fase se esperó a dominar plenamente el país. A las doce de la mañana del 31 de diciembre de 1832, el rey declaró públicamente que el decreto por el que había derogado la Pragmática Sanción era nulo y de ningún valor, siendo opuesto a las leyes fundamentales de la Monarquía y a las obligaciones que como rey y como padre debo a mi augusta descendencia, al mismo tiempo que tachaba a sus ministros desleales, ilusos, embusteros y pérfidos. Esta declaración hizo posible que la infanta Isabel fuese jurada heredera por unas Cortes restringidas en mayo en 1833.

El 29 de septiembre de 1833, Fernando VII murió dejando como herencia a su hija Isabel una guerra civil que ensangrentaría el territorio español y las bases para poder establecer un nuevo régimen: el liberal.

TEMA 6.- La regencia de María Cristina

La muerte de Fernando VII señala el inicio de una nueva fase en la Historia de España, en donde se dan dos procesos distintos: por una parte significa la consolidación del liberalismo y por otra la guerra carlista, que supone el último intento de resistencia de los absolutistas. María Cristina de Nápoles, no era liberal, ni tenía nada en común con aquellos que, tras la muerte del rey se ofrecían a defender los derechos de su hija Isabel al trono. Educada en la corte napolitana de Francisco I y en el seno de una familia que había sufrido la intervención napoleónica y posteriormente la revolución liberal 1820-1821, podía clasificarse de absolutista. Sin embargo, las aspiraciones de su cuñado el infante don Carlos María Isidro, no le dejaban otra alternativa si quería proteger a su hija.

Tampoco los liberales sentían simpatía por María Cristina, pero vieron en ella un instrumento para defender sus ideas. La regente, extranjera y con una hija muy pequeña todavía, podían servir, amparando en la transición política que se adivinaba, cuando menos difícil y delicada. Convenía a las dos partes, aunque no existieran razones profundas de identidad, esa falta de sintonía serían la base de los conflictos que surgirían durante la Regencia. María Cristina tratará de apoyarse en liberales más templados pero la guerra civil, siempre desplaza a los dos bandos hacia los extremos. En un principio se rodeo de reformistas que habían colaborado con su esposo en la última etapa de su reinado y que habían intervenido a favor de un cierto aperturismo del régimen. Uno de los más importantes era Francisco Cea Bermúdez, quien se hizo cargo de las riendas del Gobierno a la muerte del rey. Pocos días más tarde, la reina gobernadora (como también se le llamó), publicó un manifiesto en el que se declaraba partidaria de seguir en la línea marcada por su esposo durante los últimos años de su reinado. El manifiesto expresaba lo que pensaba Cea Bermúdez: reformismo administrativo y conservadurismo político. Su propósito era tranquilizar a los realistas que no se habían pasado al bando carlista, pero que desconfiaban de las veleidades aperturistas. También se deja traslucir en el texto el deseo de ganarse a los liberales con las reformas o con la libertad de comercio. Sin embargo el deseo de concordia no prosperó y estalló la guerra. Pero, el hecho de que el poder y el aparato estatal estuviese en manos de cristinos permitió que el gobierno abortase muchas revoluciones antes de su nacimiento. Solo consiguieron mantenerse en las regiones vasco-navarras, Cataluña y el Maestrazgo.

Para llevar a cabo su política reformas se nombró ministro de Fomento a Javier de Burgos, quien llevó a cabo una de las obras más importantes que tuvieron lugar en ese período, consistente en la división de España en 49 provincias. La medida no constituía una novedad, ya que la división del país en circunscripciones más pequeñas y funcionales, ya se habían intentado en ocasiones anteriores. Las más recientes, durante el reinado de José Bonaparte y durante el Trienio Constitucional en 1822, que con pequeños retoques fue la que se aplicó en 1833. En ella se aprecia el deseo de buscar la relación entre las nuevas circunscripciones que se crean y los antiguos reinos. Surge así una estructura territorial y administrativa del país, partiendo de la división tradicional que desarrollaría el régimen político del liberalismo, y a pesar de la criticas, su eficacia se pone de manifiesto por el simple hecho de haber sido la única reforma de la época que ha perdurado hasta nuestros días, hasta la nueva división territorial de las Comunidades Autónomas reguladas por la Constitución de 1978.

Las reformas administrativas con ser eficaces no satisfacían a los más liberales, que pedían reformas políticas. Algunos de los liberales que había regresado del exilio y que tenían ideas exaltadas en su juventud, habían templado su actitud política en el de exilio e influyeron en la evolución de la política española (Martínez de la Rosa, Istúriz, Mendizábal no iban a tardar en aparecer en la política). Sin embargo, el golpe decisivo contra Cea Bermúdez no lo dieron los liberales sino los generales Llauder y Quesada a comienzos de 1834 (capitanes generales de Cataluña Castilla la Vieja) y solicitaron de la reina gobernadora reformas políticas y una reunión de Cortes. Cea Bermúdez tuvo que dimitir el 15 de enero de 1834. El liberalismo daba un paso hacia adelante, mientras la guerra carlista se recrudecía en el Norte.

Es difícil, hablar de los orígenes del carlismo, que tomó forma definida a partir de la muerte de Fernando VII, ya que el nombre del infante Carlos María Isidro, había sido esgrimido con anterioridad durante la Ominosa Década, por aquellos que lo consideraron como posible salida a su actitud aperturista que adoptó el monarca y que dio brotes de insurrección en la llamada guerra de los Agraviados. Don Carlos se mantuvo apartado de estas actividades conspiratorias que incitaban sus partidarios, mientras viviese su hermano. Don Carlos nacido en Madrid en 1788, era cuatro años menor que Fernando, había recibido una elevada educación, estuvo casado con la princesa portuguesa María Francisca de Asís y cuando enviudó con la hermana de ésta María Teresa de Braganza. Estos matrimonios le llevaron a la corte de su cuñado el rey Miguel de Portugal, quien se hallaba enfrentado con su hermano Pedro, en un conflicto que reunía unas características similares a las que iban a producirse en España. A la muerte de Fernando VII, el infante don Carlos se negó a reconocer la legitimidad de la princesa de Asturias para ocupar el trono, al que se creía con más derechos y adoptó el nombre de Carlos V. El manifiesto de Abrantes, que publicó el 1 de octubre de 1833, había valer sus pretensiones, haciendo en él referencia más a las razones jurídicas que ideológicas.

Las insurrecciones carlistas comenzaron a producirse en el mes de octubre de 1833 y se generalizaron por todo el país, aunque solo cuajaron en el País Vasco, Navarra, Cataluña y el Maestrazgo. En los primeros momentos pareció que el Gobierno Central no iba a encontrar dificultades para sofocar estos brotes, ya que la mayor parte de estos estaban dirigidos por personas con poca organización y carecían de armamento adecuado. Bilbao y Victoria pasaron rápidamente al mando carlista, si bien esta situación duraría poco. En Navarra fracasó el levantamiento en un principio y San Sebastián y Tortosa permanecieron al margen del conflicto. En levante los cabecillas de sublevación no se pusieron de acuerdo, y aunque entre ellos había militares como Carnicer, sus divisiones y rencillas dificultarían el triunfo. Tampoco Cataluña el bando carlista tuvo un brillante comienzo, a lo que sin duda contribuyó la eficaz labor represora del capitán general Llauder. El bando carlista carecía de jefes capaces y sus fuerzas estaban organizadas en partidas, sin dirección ni mando. Por eso los tres primeros meses de la guerra constituyeron una fase poco definida, en la que sólo hubo tanteos, que si tuvieron algunas significación fue la de esbozar la geografía de un conflicto para señalar donde se centraban los focos más importantes del conflicto y dónde podían los cristinos contar con la fidelidad de la población. Pero la falta de decisión y las dificultades con las que tuvieron que enfrentarse los primeros gobiernos de María Cristina para asentar el sistema constitucional de una manera definitiva, permitieron a los carlistas extender su movimiento, lograr una cierta organización y conseguir armamento para hacer frente a la ofensiva posterior.

Las razones de la causa carlista: El levantamiento carlista fue secundado fundamentalmente en las regiones forales, ya que la cuestión foral está en el fondo de las aspiraciones de los insurrectos, aunque su defensa no fuese la única causa que provocó el levantamiento. El liberalismo era centralizador y contrario a cualquier tipo de privilegios en el plano personal, económico o institucional. Los gobiernos autonómicos, las exenciones fiscales, la aplicación de justicia con jueces propios y según las leyes tradicionales, y la exención de quintas en el servicio militar, formaban parte de estos regímenes peculiares que habían mantenido sus diferencias con el resto de las regiones españolas. En Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, la conciencia foral estaba fuertemente arraigada y lo mismo ocurría en Navarra, cuyo sistema de autogobierno era aún más fuerte que en las llamadas Provincias Exentas por su peculiar régimen fiscal. Por lo que podría pensarse en una relación entre carlismo y foralismo, ya que en otras regiones españolas donde no existía tal conciencia, el carlismo, o no existió, o tuvo un apoyo muy débil, como fue el caso de Andalucía o Extremadura; y si la cuestión foral no explica suficientemente la geografía del carlismo, sus razones habrá que buscarlas en la realidad social de esos territorios. En términos generales se ha dicho que la guerra carlista es la lucha del campo contra la ciudad. Y en afecto, la base social del carlismo hay que buscarla esencialmente en las clases rurales de las Provincias Vascongadas, de Navarra, de Aragón y de Cataluña. Las ciudades importantes como Bilbao, después de los primeros momentos, San Sebastián, Pamplona o Vitoria, se decantaron por la defensa del sistema liberal. Sin duda como ha puesto de manifiesto Fernández Pinedo en su estudio sobre las transformaciones económico-sociales en el País Vasco desde la Edad Media las ventas de bienes comunales que se llevaron a cabo en Guipúzcoa y Vizcaya a partir de 1808, contribuyeron a deteriorar la situación de un amplio sector del campesinado y la alteración de sus status económico explicaría su adscripción al bando carlista. Pero a pesar de que una situación similar se producía en otras zonas de España, como en Andalucía, en las que también se degradó la situación del campesino pobre durante el primer tercio del siglo XIX, sin embargo, no apoyaron a de don Carlos. El apoyo al carlismo en las zonas norte del país sería una respuesta a la amenaza de proletarización, más que a la proletarización misma del campesinado. En el campesinado vasco o navarro se mantenía, a pesar de todo una situación de equilibrio social que no existía en el Sur, en donde los contrastes entre ricos y pobres eran mucho más evidentes, y donde la mayor parte de sus elementos estaban ya fuertemente proletarizados. Ideológicamente el movimiento carlista era débil. Su única atractivo: la defensa de las ideas tradicionales de la Monarquía por derecho divino, la Religión y la Iglesia, supuestamente amenazado por el triunfo de la revolución liberal. Sólo el clero, cuyo apoyo a don Carlos y a lo que representaba era perfectamente explicable en razón de la actitud que el liberalismo había tomado con respecto a los bienes de la Iglesia, acertó a dotar al movimiento de una mínima cobertura ideológica. En este sentido el carlismo se convirtió en el símbolo de la resistencia frente a la descomposición de las formas de vida tradicionales, o en el símbolo de la oposición a la revolución, a cuyo triple lema: igualdad, libertad y fraternidad, opuso simplemente la alianza del altar y el trono.

La complejidad del fenómeno carlista y su distribución en la geografía española, sólo puede explicarse teniendo en cuenta estos tres elementos: el foral, el socioeconómico y el ideológico; que juntos dieron fuerza a un movimiento capaz de enfrentarse a la voluntad testamentaria de Fernando VII y al sistema establecido a partir de 1883. La guerra que duró siete años y después de esos alzamientos iniciales en el otoño de 1833 cobró una dimensión más seria como consecuencia de la mejor organización de las fuerzas carlistas y de la postura adoptada por las potencias extranjeras.

El desarrollo de la guerra civil: Decisiva importancia para el desarrollo del conflicto tuvo el nombramiento del coronel Tomás Zumalacárregui para el mando superior de las tropas carlistas en Navarra, el 14 de noviembre de 1833, este había luchado en la guerra de la Independencia y después había militado en las facciones realistas durante el Trienio constitucional y aunque había servido a las órdenes de algunos mandos que se habían mostrado fieles a la causa de Isabel II, como los generales Fernández de Córdoba y Quesada, éstos no pudieron atraerse la lealtad del veterano coronel que vivía retirado en Pamplona. Si, por el contrario, supieron hacerlo los carlistas navarros, que pronto comprobarían los resultados positivos de su acertada elección.

Simultáneamente a este nombramiento en el bando carlista, el Gobierno de Cea Bermúdez designó al general Sarsfield para que se hiciese cargo del ejército cristino y limpiase la zona de Castilla de las bandas dispersas de elementos carlistas y marchase después hacia el Norte para reprimir los brotes existentes. El 19 de noviembre marchó Sarsfield con las escasas tropas que había logrado reunir, hacia Victoria, ciudad que tomó el día 21 sin apenas resistencia. A continuación se dirigió a Bilbao, ciudad que cayó fácilmente en sus manos cuatro días después. Las dos únicas capitales que habían estado inicialmente en poder de los carlistas, pasaban al bando liberal, relegando el movimiento insurreccional a las zonas rurales. Sin embargo, Sarsfield, descontento por no encontrar el apoyo que pretendía para reforzar posiciones ganadas, dimitió y fue sustituido por el general Jerónimo Valdés.

Zumalacárregui lo único que hizo hasta la primavera de 1834 fue aprovechar su conocimiento del terreno para utilizar con éxito la táctica de hostigamiento al enemigo mediante la sorpresa y la rapidez de acción. Pero, al mismo tiempo, la posición que fue adquiriendo y la fama que consiguió en todo el territorio sublevado le permitieron tomas medidas para dotar a su ejército de una mejor organización y una disciplina más estricta. El 27 de enero de 1834 se apoderó de la fábrica de armas de Orbaiceta, lo que supuso poder repartir entre sus soldados 50.000 cartuchos, repuestos de fusiles y la obtención de un cañón de bronce, esta toma le supuso las ulteriores conquistas de puntos fortificados.

Valdés quejoso por la falta de medios, fue sustituido pronto por Quesada como general en jefe del ejército del Norte, y la zona de Vizcaya se confiaba al general Espartero. Quesada quiso resolver la guerra mediante negociaciones con Zumalacárregui, el cual había servido con anterioridad a sus órdenes. Sin embargo, éste sólo aceptó las propuestas liberales con el fin de ganar tiempo. Al cabo de un mes se reanudaron las hostilidades con un encarnizamiento y una violencia como no se habían conocido hasta entonces. A los fusilamientos de prisioneros por parte del ejército cristino se sucedían las ejecuciones de los soldados capturados por los carlistas. Quesada se daba cuenta de que sin un mayor apoyo por el Gobierno, difícilmente podría ocupar y dominar aquellos territorios. Los escasos hombres con los que contaba no le permitían ocupar las provincias vascas y aislar totalmente al enemigo. Necesitaba según el unos 14.000 hombres más para obligarles a luchar y para hacerme con sus recursos. Pero, la guerra también se incrementaba, sobre todo en Cataluña y en el Maestrazgo. Aquí los carlistas consiguieron algunos éxitos en las escaramuzas conducidas por Carnier y Cabrera. Sin embargo, no existía la posibilidad de una ocupación del territorio como en el Norte.

Don Carlos desde Portugal, fomentaba la insurrección realista. El Gobierno liberal, no se atrevía a intervenir militarmente más allá de la frontera con el país vecino para no enturbiar las relaciones con Inglaterra, su tradicional aliada. Inglaterra había reconocido a la hija de Fernando VII, como también lo había hecho Francia. Las llamadas potencias de la Santa Alianza, Austria, Rusia y Prusia, aunque no la habían llegado a reconocer a don Carlos, le prestaban su apoyo moral y sus simpatías. El Gobierno de Martínez de la Rosa, a través de su embajador en Londres, el marqués de Miraflores, negoció un acuerdo con Gran Bretaña, Francia y el Gobierno portugués de doña María, firmado el 22 de abril, mediante el cual se comprometía apoyo a la reina portuguesa frente a don Miguel y a Isabel en España contra su tío. El acuerdo sellaba la llamada Cuádruple Alianza.

Don Carlos tuvo que salir de Portugal, y después de pasar por Inglaterra se dispuso a entrar en España, lo que hizo el 12 de julio. Rodil que había sustituido a Quesada en el ejército del Norte, se esforzaba por establecer una línea de fortificaciones desde Pamplona a Vitoria, por una parte y desde aquella ciudad a Logroño por otra. Sin embargo, no pudo impedir que don Carlos atravesase las provincias vasco-navarras impunemente, ni que Zumalacárregui fuese aumentando sus batallones con los que hostigaba a las tropas cristinas. Los fracasos sucesivos del general Rodil en el verano de 1834, llevó al Gobierno a disponer que se formasen dos ejércitos, uno destinado a operar en Navarra, a cuyo frente se designó al general Mina, el antiguo guerrillero que conocía perfectamente el territorio. El otro ejército se destinó a las Vascongadas y estaba a las órdenes del general Osma.

La situación del conflicto no cambió mucho y se desarrollaba según el esquema inicial: marchas y contramarchas de ejército liberal que infructuosamente trataba de fijar a las escurridizas tropas enemigas que rehuían el combate abierto a esta forma, los liberales no podían dominar el territorio ni los carlistas ocupar nuevas posiciones. El general Fernández de Córdoba llamó a esta fase la guerra lánguida, lo que refleja el ritmo con que se desarrollaba. Era evidente que no eran sólo los cambios en el mando lo que llevaría a la rápida victoria a la causa real, sino mayores dotaciones de armas, pertrechos y hombres para lo que necesitaban más medios económicos de los disponían.

Valdés se hizo cargo por segunda vez del ejército del Norte y su propósito de derrotar a Zumalacárregui le llevó a iniciar una acción precipitada sin medir las consecuencias. Penetró en la sierras de Urbasa y Andía, y en el valle de las Amézcoas siendo derrotado estrepitosamente por los carlistas el 22 abril de 1835. Su retirada hasta Estella fue penosa y perdió gran número de hombres, así como su equipo y armamento.

En el Maestrazgo, la situación de los carlistas seguía siendo débil, pero Cabrera se hizo cargo del mando al morir Carnier cuando se trasladaba a Navarra para pedir refuerzos a don Carlos. El ascenso de Cabrera que algunos creyeron producto de maquinaciones, contribuyó a mejorar la posición de los insurrectos de aquella zona, Igualmente en la primavera de 1835, el carlismo pareció reforzarse por Cataluña, Castilla la Nueva y Extremadura. Sin embargo no duró mucho tiempo.

La falta de entendimiento entre el general Zumalacárregui y el entorno político y burocrático de don Carlos se puso de manifiesto con motivo de la decisión de atacar Bilbao. El general navarro era partidario de dirigir todos los esfuerzos a poner sitio a Vitoria y desde allí penetrar por Burgos y Castilla, donde esperaba encontrar buena acogida por parte de la población civil. Pero don Carlos y su corte impusieron su criterio y decidieron llevar a cabo la toma de Bilbao por su importancia y por su riqueza como puerto de mar. El 10 de julio se presentaron las tropas carlistas ante las murallas de la capital vizcaína y el 15 fue herido Zumalacárregui en una pierna. Diez días más tarde moría en Gegama. El sitio de Bilbao fracasó y el 1 de julio tuvieron que retirarse las tropas que le asediaban. Pero, más importante que el fracaso fue la desaparición de la figura que había contribuido a la creación de un verdadero ejército. La inexistencia de un militar de su talla que tomase el relevo se advirtió a las pocas semanas, cuando las tropas critinas al mando de Fernández de Córdoba derrotaron a los carlistas en Mendigorría, el 16 de julio. Fue un golpe muy duro para el bando carlista, aunque no cambió el curso de la guerra, porque el ejército liberal no era capaz de aprovechar una victoria como aquélla, puesto que se encontraba muy justo de fuerzas y escaso de moral, ya que los soldados no recibían sus pagas desde hacía tiempo. Sin embargo está claro que la muerte de Zumalacárregui y la derrota de Mendigorría señalan la terminación de la primera fase de la guerra.

Expediciones carlistas y derrota final: La táctica de salir del territorio del Norte mediante expediciones que trataban de introducirse en el campo del adversario para provocar a los españoles a favor de la causa de don Carlos se había practicado desde 1835.En agosto de ese año Juan Antonio Guergué había partido para Cataluña para unificar las distintas fuerzas que operaban en aquella región. No tuvo éxito, pero a pesar de ello los hombre que rodeaban al pretendiente eran partidarios de estas expediciones, en contra de la opinión de los militares experimentados, como Eguía, quienes pensaba que era un derroche inútil.

La más importante de esta expedición fue la del general Gómez, quien llevó una espectacular incursión norte a sur, entre julio y diciembre de 1836, al mando de 3.000 hombres marchó primero a Asturias, desde allí a Castilla la Vieja, después pasó por Aragón, bajó a Cuenca y Andalucía que recorrió hasta Gibraltar, la resonancia de aquella expedición fueron importantes pero los resultados fueron nulos, ya que ante el acoso de las fuerzas liberales, (mandaron en su persecución a Rodil, Espartero o Narváez), Gómez tuvo que regresar al Norte, sin haber cumplido un objetivo concreto. Su peripecia sirvió para demostrar su habilidad para sortear al enemigo, el escaso control que los cristianos podían ejercer sobre territorios que en principio se habían mostrado adictos a Isabel.

En 1837 tuvo lugar la Expedición Real, ya que fue el pretendiente el que intentó llegar hasta Madrid para negociar una solución a la guerra con la reina gobernadora, e incluso el matrimonio de Isabel y el hijo de don Carlos. Pero al llegar a las puertas de la ciudad, los carlistas no se decidieron a atacar. Madrid estaba defendida sólo por la Milicia Nacional y las fuerzas de don Carlos apenas hubiesen encontrado resistencia. El porqué se retiraron es una cuestión a la que no se ha dado una razón convincente. Sin embargo, la Expedición Real constituye un episodio importante en el desarrollo del conflicto por cuanto señala el intento de dar una solución a la política negociada. A partir de este fracaso se entra en la última fase de la guerra. En esta etapa se aprecia ya una notable superioridad del ejército liberal sobre el carlista, producto de la desamortización de los bienes eclesiásticos. Sus beneficios si bien es cierto que más reducidos de lo que en un principio habían pensado, sirvió al menos para dotar de medios al ejército del Norte. Ahora bajo el bando del general Espartero, podía contar con 10.000 hombres y 700 cañones. El general restableció la disciplina en el ejército y castigó severamente los brotes de desobediencia que se habían producido en su seno y que habían dado lugar a violentos enfrentamientos, e incluso a los asesinatos del general Sarsfield y el coronel Mendivil.

En el bando carlista también fue determinante la entrega del mando al general Maroto, hombre de una personalidad carismática y gran popularidad, lo que provocó celos y sospechas entre los elementos que rodeaban a don Carlos. Desde su nombramiento, su labor consistió en poner orden en las filas del ejército y limitarse a mover las tropas con la mayor prudencia. Maroto formaba parte de la facción transaccionista, abierta a una solución de tipo político, aun a costa de importantes renuncias, y fue eliminando puestos clave a los apostólicos, enemigos acérrimos de cualquier acuerdo político. La actitud del nuevo jefe del ejército avivó las tensiones, que desembocaron en un intento de conspiración contra Maroto, descubierta por la rápida acción de éste, mandó fusilar a elementos tan destacados como los generales Sanz y Guergué, así como a otros jerarcas destacados del carlismo intransigente. Dada la situación, parecía evidente que no había otra salida que la pactada. Espartero se hacía más dueño del territorio carlista y en la ofensiva emprendida en la primavera de 1839 dejó bien claro que la resistencia sería cada vez más difícil.

Al parecer, los contactos entre Espartero y Maroto, que habían sido compañeros de armas en el Perú, se habían iniciado en febrero de 1839, pero las negociaciones eran complejas y difíciles- El general carlista pretendía “ que se reconociesen los derechos de don Carlos, aunque fuese mediante el matrimonio entre su heredero y la hija de Fernando VII”. Por su parte Espartero alegaba no tener autorización más que para excluir a don Carlos y a su familia de toda pretensión al trono español y para reconocer los fueros y los mandos y empleos del ejército carlista. Tanto Francia como Inglaterra presionaban para el pretendiente renunciase a sus derechos y finalizar el conflicto. Mientras que Espartero proseguía la campaña con todas sus fuerzas para apoyar las negociaciones. Se apoderó de los fuertes de Ramales y Guardamino en Vizcaya, hecho de armas por el se le dio el título de Duque de la Victoria. Más tarde ocupó Orduña, Amurrio y Valmaseda y entró en Vitoria el 9 de agosto.

Puestas así las cosas Maroto se avino a firmar el 31 de agosto de 1839 el Convenio de Vergara, mediante el cual reconocía los derechos de Isabel al trono español y conseguía a cambio promesas sobre la conservación de los fueros, así como el mantenimiento de pagas y empleos oficiales de su ejército. Un sector del carlismo nunca le perdonaría su actitud, que fue considerada como una verdadera traición.

Don Carlos abandonó España el 14 de septiembre y con ello se liquidaban las posibilidades del carlismo después de siete largos años de lucha. Todavía Cabrera en la zona de Levante, ignorando el acuerdo de Vergara, siguió peleando durante algún tiempo dando muestras de agresividad y coraje que le valieron el apelativo de El tigre del Maestrazgo. Al final acudió Espartero con importantes contingentes de su ejército para forzar la retirada a Francia, que no consiguió hasta comienzos de 1840

Mientras transcurría la guerra carlista, los liberales iban ganando terreno en el ámbito político e institucional de la Regencia de María Cristina. Después de la dimisión de Cea Bermúdez y tras un intento de recomposición del mismo Gabinete, la reina gobernadora acabó transigiendo con Martínez de la Rosa a quién nombró nuevo jefe de Gobierno. Martínez de la Rosa era un hombre joven, aunque había participado en las Cortes de Cádiz donde llegó a defender la pena de muerte para los que intentasen modificar la Constitución. Su radicalismo se había suavizado mucho durante el Trienio Constitucional, pero sobre todo los años de destierro que tuvo que pasar en Francia durante la segunda etapa absolutista de Fernando VII le habían convertido en un liberal moderado. Sin embargo, fue considerado una especie de símbolo de concordia, su designación significaba un paso del sistema político hacia la izquierda.

Entre las medidas que tomó el nuevo Gabinete destaca la supresión de los conventos cuyos miembros apoyasen la facción de don Carlos, lo cual significa la primera medida tomada contra la Iglesia el nuevo régimen y la concesión de una amnistía total. Pero lo que realmente significó la aportación de Martínez de la Rosa al proceso de transición política al liberalismo pleno fue la promulgación del Estatuto Real de 1834, con lo que satisfacía a los generales Llauder y Quesada y se proporcionaba al régimen político como instrumento válido para el funcionamiento de las Cortes.

El Estatuto Real venía a sustituir a la Constitución de 1812, cuya inviabilidad práctica se había puesto de manifiesto durante el Trienio. Aunque este documento no puede ser considerado como una Constitución. Tomás Villarroya lo califica, por la forma de su promulgación como una Constitución otorgada, es decir impuesta desde el poder y no elaborada por una asamblea constituyente elegida por el pueblo. En este sentido, el Estatuto guardaría cierta semejanza con la que se hizo aprobar el rey francés Luis XVIII. Para Palacio Atard, no resulta adecuado asimilarla a una Carta Otorgada, puesto que no aparece en su texto ninguna declaración de la soberanía real otorgante, autolimitándose por propia voluntad, como es propio de los documentos de esta naturaleza. En cualquier caso, lo que está claro es que el Estatuto Real no es una Constitución, en el puro sentido jurídico, pues se limita a regular el funcionamiento del órgano legislativo y para nada se refiere a los poderes ejecutivo y judicial, que quedan al margen de su articulado. Además no establece principios de ninguna clase, ni trata de definir el conjunto del sistema político que pone en marcha también como un simple reglamento de funcionamiento de las Cortes.

El Estatuto Real está estructurado en cinco títulos y éstos divididos en 50 artículos. Establece la reunión de las Cortes en dos Cámaras: el estamento de próceres y el de procuradores El primero de ellos estaría formado por arzobispos, obispos, y grandes de España, títulos de Castilla y los propietarios o intelectuales que tuviesen una renta superior a 60.000 reales y fuesen designados por la Corona. En el estamento de procuradores tendrían asiento todos los españoles mayores de treinta años, poseedores de una renta anual de al menos 12.000 reales, elegidos de acuerdo con la Ley Electoral correspondiente. Esa ley se promulgó el 20 de mayo y establecía dos escalones en el proceso electoral 1. Las Juntas electorales de partido, formadas por los individuos que integraban el Ayuntamiento y número igual de los mayores contribuyentes, de tal forma que el cuerpo electoral, lo compondrían de 16 a 26 ciudadanos. 2. Las Juntas electorales de provincia, formadas por los compromisarios elegidos por las Juntas de partido y que eran los que elegían directamente a los Diputados. El sistema electoral era por consiguiente, extremadamente censitario, ya que los españoles con derecho al voto no llegaban al 15 % de la población. Por otra parte, según el Estatuto, la iniciativa legal quedaba enteramente reservada a la Corona y las Cortes sólo podían enmendar o rechazar los proyectos que presentaba la reina gobernadora a través del Gabinete. Las Cortes eran convocadas y disueltas por el rey, aunque necesariamente debían reunirse para discutir los presupuestos. Si las Cortes fuesen disueltas, tendrían obligatoriamente que reunirse otras en el plazo de un año.

El Estatuto Real no convenció ni a los conservadores ni a los liberales. Los primeros no se dejaron seducir por las referencias a las Partidas o a la nueva Recopilación, ni por la terminología que trataba de enlazar con las Cortes tradicionales, denominando estamentos a los dos brazos o cámaras que ahora las componían. Los liberales por su parte, continuaban encontrando pocas concesiones en el Estatuto, lo seguían viendo como un acto de absolutismo real y querían que se reconociese en el texto una más amplia y eficaz intervención de los ciudadanos. El intento centrista de Martínez de la Rosa no podía mantenerse, durante mucho tiempo en una dinámica que llevaba inevitablemente al régimen hacia una posición cada vez más liberal.

La desatención de las propuestas reformistas provocó un conflicto entre el ejecutivo y legislativo. Sus diferencias fueron avivadas por conspiradores que querían conseguir el poder por medio del pronunciamiento o la revolución, ante la imposibilidad de obtenerlo por vía legal. La tensión se acentuó por los sucesos que tuvieron lugar en Madrid en julio de 1834. La epidemia de cólera, que ya había afectado al sur de España, comenzó a incidir sobre la capital, a pesar de las medidas que se habían tomado para evitar su propagación. La mortandad fue terrible y entre la población atemorizada surgió el rumor de que la culpa la tenían los frailes, partidarios de don Carlos, que habían contaminado las aguas de Madrid. La reacción de los más exaltados fue inmediata y comenzaron las matanzas de jesuitas, mercedarios y franciscanos, quema de conventos y violencias de todo tipo.

Pero lo que hizo caer a Martínez de la Rosa no fueron estos incidentes, sino una causa externa, que tuvo que enfrentarse a la guerra carlista. Ante la posibilidad de que una guerra larga, no podría resolverse sin intervención extranjera, envió al marqués de Miraflores a Londres para que gestionase el apoyo de Gran Bretaña y de las otras potencias favorables al mantenimiento de los regímenes liberales. Fruto de estas gestiones fue la firma de Cuádruple Alianza. Pero Martínez de la Rosa esperaba más de estos acuerdos, y aunque Gran Bretaña envió ayuda económica y voluntarios británicos, Francia sólo aportó respaldo moral y no quiso comprometerse. La inoperancia de la ayuda extranjera, con la consiguiente prolongación de la guerra y la oposición creciente en las Cortes, donde el Gobierno, a pesar de sus esfuerzos no conseguía obtener apoyo estable, acabaron por hacer dimitir a Martínez de la Rosa en junio de 1835.

El nombramiento de un nuevo Ministerio presidido por el conde de Toreno significó un nuevo peldaño en el proceso de transición hacia un liberalismo pleno. Don Francisco María Queipo de Llano era otro liberal exaltado, que había evolucionado hacia posturas más moderadas al alcanzar una edad más madura. También, como Martínez de la Rosa había estado en el exilio y como autor del Estatuto había abandonado las veleidades revolucionarias de su juventud. La lentitud con que llevaba a cabo una Monarquía plenamente constitucional, encrespó el ánimo de los más impacientes, que se sintieron defraudados; se generalizaron los incidentes al mes de haberse producido el nombramiento por la oposición en Cádiz, Málaga y Granada. En Barcelona también se registraron motines populares y en ésta y otras ciudades se formaron juntas revolucionarias que proclamaron su propósito de apoyar las reformas más radicales. En la capital catalana se registró uno de los hechos más lamentables y fue la destrucción de la fábrica de Bonaplata, que era por entonces la factoría textil más importante del país. La revuelta política fue apoyada por quienes querían reivindicaciones sociales. Afloraban los primeros síntomas del malestar social que se extendía por las grandes ciudades en las que existían industrias y en las que el hacinamiento de la población trabajadora, las condiciones de trabajo y la amenaza de que el creciente maquinismo redujera los puestos laborales, contribuían a sembrar la inquietud que, en casos como éste, degeneraba en actos de violencia. Sin embargo, las clases medias instigadoras de las revueltas, no estaban dispuestas a perder el control y se organizaron en juntas para controlarlo. La Junta de Barcelona, cuyo principal organizador era Pascual de Madoz, fue seguida por juntas similares en Valencia y Zaragoza. Inmediatamente surgieron juntas en toda España. En su mayoría estaban compuestas por elementos exaltados anticlericales, pero de una cierta posición social (abogados, empresarios, propietarios, etc.), e incluso algunos de distinguidas familias como era el conde de Almodóvar en Valencia. Su aspiración era la de sustituir el Estatuto Real por la Constitución de 1812, y en muchas ciudades se volvía a oír el himno de Riego.

Toreno impotente ante estos desórdenes, no tuvo otra alternativa que la de dimitir, el 13 de septiembre. Su Gobierno no había durado ni tres meses. Aunque la reina gobernadora se resistió a aceptar la dimisión de Toreno, no tuvo más remedio que buscar un sustituto. En ese momento fue cuando apareció en la escena política Juan Alvarez Méndez -Mendizábal-, que había ido a Madrid para hacerse cargo de la cartera de Hacienda en el Gabinete de Toreno. María Cristina desconfiaba de él porque era un exaltado y no estaba dispuesta a entregar las riendas del Gobierno a una persona que se había convertido en poco tiempo en la esperanza de los protagonistas de los disturbios de meses anteriores. La intervención de Villiers (embajador británico) fue decisiva y el 15 de septiembre María Cristina encargaba la formación de Gobierno a Juan Alvarez Mendizábal.

La personalidad de Mendizábal es una de las más sobresalientes de toda la historia del s. XIX. Nacido en Cádiz, en el seno de una familia de comerciantes, tuvo una educación característica en los medios mercantiles de aquella ciudad: idiomas, contabilidad, relaciones comerciales...El ambiente gaditano influyó en su formación. Siendo joven (nacido el 25-02-1790), participó en la Guerra de la Independencia. Estuvo en Madrid trabajando a las órdenes de la familia Bertrán de Lis y durante el Trienio Constitucional, viajó por Francia e Inglaterra por motivos de negocios, ya en España participó en la defensa del régimen liberal. Durante la Ominosa Década, tuvo que marchar al exilio a Inglaterra, donde emprendió varios negocios que le llevaron a París. Participó en la guerra civil portuguesa, y ayudó con su organización financiera a recuperar el trono a don Pedro, frente a don Miguel.

Durante el corte gobierno del Conde de Toreno, Mendizábal se había prestado a solucionar los problemas financieros que acosaban al reino y que se habían agravado por el hecho de no reconocer la deuda contraída durante el Trienio. Rodeado de una aureola de prestigio y fama de personaje relacionado con altos círculos financieros internacionales, se convirtió en el hombre clave de la situación. En el político providencial, capaz de resolver con éxito todos los problemas de España.

Se comprometió con María Cristina a gobernar con el Estatuto, lo cual era una contradicción con las expectativas que habían puesto en él los exaltados. Sin embargo, su dinamismo y su capacidad de gestión, le hicieron ganarse el respeto de muchos ciudadanos. Centró su gestión en tres puntos: guerra carlista, desamortización de los bienes eclesiásticos y la recuperación del crédito. Con el fin de contar con el apoyo suficiente para poner en marcha su programa, llamó a hombres que habían estado en política durante el anterior período constitucional (Mina, Quiroga, López de Baños) sin deshacerse de los que habían colaborado en el sostenimiento de la Regente. Las Juntas se disolvieron en su mayoría, excepto la de Sevilla y Cádiz, que se mostraron insatisfechas con las promesas de Mendizábal. Convirtió la Milicia Urbana en Milicia Nacional aumentando su dotación considerablemente, ya que pasó de 30.000 a 40.000 miembros. Otro decreto de su Gobierno dispuso del levantamiento de una quinta de 100.000 hombres destinados a dar un impulso a la guerra del Norte, introdujo la novedad de eximir del servio a aquellos que pagasen una cuota de 4.000 reales o bien 1.000 reales y un caballo, procedimiento que después sería imitado por otros gobiernos en épocas posteriores. Sin embargo la quinta nunca llegó a completarse y los hombres que la integraron estaban mal pertrechados y poco preparados por los que no fueron de gran ayuda al general Fernández de Córdoba en el Norte y que protestó por las condiciones en que llegaban los reclutas.

Las Cortes se inauguraron el 16 de noviembre y en el discurso que Mendizábal redactó para la reina gobernadora se proponían tres proyectos de ley para su discusión: institucionalización de la prensa libre, la responsabilidad ministerial y la reforma electoral. Este último punto provocó un largo debate en el que se definieron las posturas de los más moderados, por una parte, y de los progresistas que apoyaban al Gabinete por otra y se mostraron partidarios de una ley electoral menos restrictiva que la de 1834.Cuando comenzó la discusión del proyecto, en enero de 1835,se registró una división entre los que querían el sufragio indirecto y los que lo querían directo. Finalmente se llegó a un compromiso por ambas posturas de proponer elecciones mixtas, es decir combinación de los procedimientos directo e indirecto. Pero en las votaciones que tuvieron lugar el 14 de enero en el estamento de procuradores fue rechazada la propuesta. Mendizábal no se había definido por ninguna solución, pero lo que estaba claro es que el resultado de la votación significaba el mantenimiento del sistema existente, que era el indirecto. El primer ministro sintiéndose amenazado pidió el voto de confianza a las Cortes. El debate contribuyó a perfilar las posiciones dentro del liberalismo, que acabarían por cristalizar en dos partidos diferentes. Al fina Mendizábal obtuvo la confianza y disolvió la legislatura, lo que le permitió gobernar sin oposición.

Todos los especialistas en el tema coinciden en señalar que el fenómeno hay que considerarlo en bloque, desde las medidas que se llevaron a cabo en el reinado de Carlos III hasta la ley de Madoz en 1855. Así pues, la desamortización eclesiástica de Mendizábal no fue más que un jalón importante de un proceso más amplio, cuya culminación no se produjo hasta finales del siglo XIX.

El término desamortización no supone solamente el acto jurídico mediante el cual los bienes que han estado amortizados adquieren la condición de bienes libres para sus propios poseedores, como ocurría con los mayorazgos, sino que implica también que sus poseedores pierden la propiedad que pasa al Estado, bajo cuyo dominio se convierten en bienes nacionales. El Estado los vende a particulares y al adquirirlos los compradores, se convierten en bienes libres. Así pues la desamortización es una operación compleja cuyo beneficiario principal es el Estado, que es el que expropia unos bienes para después venderlos a terceros.

La desamortización más conocida es la de Mendizábal. Su nombre unido a la desamortización eclesiástica, pero también en las anteriores hubo desamortización de bienes eclesiásticos, ya que poco antes de la subida al poder de Mendizábal se aprobaron dos reales decretos (15 julio 1834 y 4 julio 1835) mediante los cuales se suprimía definitivamente la Inquisición y se abolía de nuevo en España la Compañía de Jesús. Los bienes de ambas instituciones se dedicaban por parte del Estado a la extinción de la deuda pública. El mismo mes de julio se decretó la supresión de conventos y monasterios que tuviesen menos de doce profesos, aplicándose sus bienes a la misma finalidad que los anteriores. Mendizábal, no adoptó una política absolutamente novedosa, lo que hizo el gaditano fue sistematizar y radicalizar estas medidas de sus antecesores.

El 11 de octubre de 1835, Mendizábal promulgó un decreto mediante el cual se suprimían las órdenes religiosas y se justificaba la medida, en tonto se consideraban desproporcionados sus bienes a los medios que entonces tenía la nación. Otro decreto, promulgado el 19 de febrero de 1836, se declaraban en venta todos los bienes de las Comunidades y corporaciones religiosas extinguidas, y también aquellos que ya hubiesen pasado a la consideración de bienes nacionales, o la adquiriesen en el futuro. La venta debería hacerse de forma pública, partiendo de la tasación oficial, a partir de la cual los posibles adquirientes pujarían por ellas mediante subasta, adjudicándoseles a aquellos que ofreciesen un precio más alto por ellos. El decreto regulaba también la forma en que debería hacerse el pago, estableciendo dos procedimientos diferentes, uno: para aquellos que lo hiciesen en títulos de la deuda y, otro para los que lo efectuasen en dinero en metálico. Los primeros deberían abonar una quinta parte del precio del remate en metálico, antes de que se otorgase escritura pública, y el resto en cada uno de los ocho años siguientes a dicho otorgamiento en títulos de deuda a su valor nominal. La realidad, los títulos de la deuda se habían depreciado de tal manera que eran un auténtico papel mojado del que sus tenedores no sabían cómo desprenderse. Mediante este procedimiento, se les ofrecía la oportunidad de hacer un buen negocio, ya que no sólo se les permitía pagar el precio de los bienes eclesiásticos a los que podían acceder, con ellos, sino que se les reconocía su valor nominal. El Estado rescataba, de esta forma, la deuda que tenía pendiente con estos particulares, pero sin duda, no era el medio que prefería, ya que sus necesidades más urgentes tenía que satisfacerlas con dinero.

En cuanto pagasen con dinero en metálico se les ofrecía más facilidades, puesto que al Gobierno le interesaba más este procedimiento y esperaba así animar a los compradores que podían satisfacer el precio de esta manera. La quinta parte deberían abonarla igualmente en metálico y para el resto se les concedería dieciséis años de plazo.

Hubo a continuación otros dos decretos desamortizadores, pero en realidad lo único que venían a establecer era una ampliación de las medidas aprobadas anteriormente, sobre todo el de 19 de julio de 1837, que suprimía el diezmo y extendía la desamortización a los bienes del clero secular.

Resultados de la desamortización: Se puede afirmar que en 1835 había en España 49.323 religiosos repartidos en un total de 1.925 conventos y 22.447 religiosas, distribuidas en 1.081 conventos. En su conjunto, se ha calculado que la Iglesia poseía el 18% de las tierras cultivables en España. En cuanto al volumen de ventas se calcula su valor en 13.000 millones de reales a lo largo del siglo XIX, y de este total 3.500 millones corresponderían a la desamortización de Mendizábal.

En cuanto a las consecuencias sociales de la desamortización eclesiástica hay que decir que fueron al menos dobles. Hay que tener en cuenta por una parte a los compradores, entre los que hay que distinguir a los que integran la burguesía de negocios que vive en las grandes ciudades y que generalmente se dedica a la especulación. Algunos de éstos compran las tierras para venderlas posteriormente y otros lo hacen para convertirse en terratenientes, puesto que la posesión de la tierra constituye todavía un medio de conseguir consideración social y, además, la tierra sigue siendo un valor seguro frente a las alteraciones económicas. A raíz de este fenómeno, surgirá una nueva burguesía agrícola que unida a la antigua nobleza, la cual aprovecha también la oportunidad para redondear y aumentar sus posesiones a costa de las tierras de la Iglesia, que será la aristocracia de la época isabelina; defensora del régimen, y enemiga de cualquier cambio político que implique reforma o alteración del status adquirido. Pero también hay compradores más modestos, como profesionales o funcionarios civiles o militares que acudieron a las subastas de las fincas medianas o pequeñas que por lo general se hallaban localizadas en lugares próximos a donde vivían.

La desamortización eclesiástica tuvo también otra consecuencia de carácter social, que podría calificarse de negativa, ya que no significó una reforma agraria, en el sentido de que no sirvió para crear una nueva estructura de la propiedad agrícola más favorable para los campesinos pobres. Eso fue lo que provocó por parte de Flórez Estrada un ataque en las Cortes y en la prensa al proyecto de Mendizábal tal como fue concebido. Para Flórez Estrada, debía ser un instrumento para conseguir un cambio en la estructura de la propiedad, y para ello había que entregar las tierras desamortizadas en arrendamientos enfitéuticos, es decir, a muy largo plazo y a muy bajo precio, a los mismos arrendatarios que las estaban trabajando para la Iglesia.

Sin ser un revolucionario radical, Flores Estrada se daba cuenta que la situación del pequeño campesino no sólo no iba a mejorar con las medidas desamortizadoras, sino que iba a empeorar en relación con lo que tenían cuando la tierra que trabajaban pertenecía a la Iglesia. En efecto, los nuevos propietarios endurecieron de tal manera las condiciones de arrendamiento de la tierra, subiendo las rentas y realizando nuevos contratos de arrendamiento a corto plazo, que el número de colonos descendió notablemente. El trabajo asalariado significa el trabajo del jornalero, por lo que se agravaron sus condiciones de vida. El malestar que provocó esta nueva situación degeneraría al poco tiempo en protestas y manifestaciones de violencia, convirtiendo al campo en zonas como Andalucía, en un caldo de cultivo para la revuelta social.

Desde el punto de vista económico para el país, la desamortización debía suponer, al menos teóricamente, un aumento de la capacidad productiva y un crecimiento de su riqueza agrícola, ya que al adquirir la condición de bienes libres las tierras que hasta entonces habían estado en situación de manos muertas, entraban en el mercado de la oferta y la demanda y eran objeto de una revalorización y que al pasar a nuevos propietarios hacía pensar que hubiese más interés en sacar el mayor rendimiento posible. Pero, lo cierto es que la producción agrícola no aumentó sensiblemente, a pesar de que se pusieron en cultivo tierras que hasta entonces habían estado sin roturar. Por otra parte, tampoco se produjo de forma inmediata, una inversión por parte de los nuevos propietarios en mejorar la técnica de las explotaciones, por la sencilla razón que los que tenían dinero prefirieron comprar nuevas tierras. En resumen si bien se registró un aumento de la superficie cultivada, se produjo también una reducción de los rendimientos medios por superficie cultivada.

Con respecto a los efectos económicos de la desamortización, se ha especulado también sobre la relación existente entre este fenómeno y el de la industrialización ya que se produjo trasvase de capitales de la economía urbana a la economía rural. Pero si los resultados de la desamortización en el plano económico no fueron tan positivos como cabría esperar, tampoco para el Estado hubo tantos beneficios. Puede decirse que el Estado hizo un mal negocio, pues a pesar que las fincas se vendieron a un precio alto, se dieron muchas facilidades y al establecerse un sistema de venta a plazos, se devaluaban con el paso del tiempo. La deuda del Estado no disminuyó, sino que aumentó y la reforma de Hacienda que se había previsto, no pudo realizarse. Mientras que la guerra carlista, cuya resolución la había hecho depender Mendizábal de los recursos, tardaría aún tres años en finalizar.

Los mejores resultados que obtuvo Mendizábal con su programa, fue en la consolidación del régimen liberal, ya que los nuevos propietarios de tierras se convirtieron en los más firmes defensores de su política. La Iglesia nada pudo hacer para evitar la desamortización de sus bienes, pero los decretos de Mendizábal fueron decisivos para producir sus total distanciamiento del liberalismo. Fueron muy pocos obispos los que aceptaron este régimen y la mayor parte se comprometió abiertamente con el carlismo. Como consecuencia de esa tensión que se produjo entre Iglesia y Estado, en octubre de 1836 el papa Gregorio XVI decidió romper sus relaciones con el Gobierno español.

Negativos fueron también los resultados de la desamortización en el aspecto cultural, por su rico patrimonio artístico y documental. Muchos edificios de valioso estilo arquitectónico fueron abandonados o derruidos. Innumerables retablos, cuadros, tallas y esculturas de imágenes religiosas se perdieron o, en el mejor de sus casos pasaron a manos particulares, sustrayéndose así del disfrute abierto de los fieles. Muchos archivos fueron destruidos y las bibliotecas sufrieron en muchos casos un irreparable deterioro, cuando fueron dispersados sus fondos. Desconociéndose en la actualidad las pérdidas de estos tesoro artísticos.

El Gobierno de Mendizábal, cada vez más enfrentado con la regente, la cual buscaba la vuelta de los moderados, y también hostigado por algunos progresistas que trataban de remozar los altos mandos del ejército cristino, dimitió el 14 de mayo de 1836. Le sustituyó Javier Istúriz, lo que significaba un paso atrás en la izquierdización del régimen, ya que el nueve Jefe del Gabinete era más templado y ecléctico. Su mayor dificultad era que se encontraba con un apoyo minoritario en las Cortes, lo que podía obstaculizar su labor de gobierno. Se aplicó por primera vez en la mecánica constitucional, una medida que consistía en disolver las Cortes para proceder a unas nuevas elecciones con el fin de obtener mayoría adicta. María Cristina firmó el decreto de disolución de las Cortes, con lo que establecía un precedente que iba a convertirse pronto en táctica ordinaria cuando se producía un contraste entre el Ejecutivo y el Legislativo; y en vez de producirse crisis de Gobierno lo que se producía era una crisis de las Cortes que se renovaban para amoldarse al color del Gabinete.

Sin embargo en 1836, antes de que se llegaran a reunir las Cortes se produjo una revolución, por individuos temerosos de que el nombramiento de Istúriz significase un retroceso político, comenzaron a demostrar su descontento, primero en Málaga, después en Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Zaragoza, Barcelona y otras capitales importantes del país. La situación parecía semejante a la que se había producido en 1835, cuando las juntas revolucionarias obligaron a la dimisión del conde de Toreno. En esta ocasión Istúriz intentó sofocar la revuelta obligando a la regente a firmar un manifiesto en defensa del Gobierno cuyo lenguaje resultaba comprometido, ya que le hacía parecer como jefe del partido moderado.

La culminación de estos incidentes fue el llamado Motín de La Granja. En La Granja, donde se hallaba la Corte en aquellos momentos, la guardia se sublevó el 12 de agosto y una comisión formada por dos sargentos y un soldado pidió a la reina gobernadora que firmase un decreto para restablecer la Constitución de 1812, a lo que no tuvo más remedio que acceder. La revolución de los sargentos de La Granja, provocó una crisis de Gobierno e Istúriz fue sustituido por José María Calatrava, un progresista que había destacado durante el Trienio Constitucional por su exaltado liberalismo. Calatrava nombró ministro de Hacienda a Mendizábal y comenzó a poner en vigor algunas de las leyes que habían sido aprobadas en las dos anteriores épocas del régimen constitucional: La Ley de Ayuntamiento de 1823, El plan de estudios de 1822,El Reglamento de Beneficencia de ese mismo año y las leyes de la Milicia Nacional, libertad de Imprenta, Competencia de Jurisdicción, Sucesión de Mayorazgos y Gobierno Interior de las Provincias. Pero la determinación más importante del Gobierno fue la convocatoria de unas Cortes Constituyentes para el mes de octubre, que iba a ser destinada aprobar una nueva Constitución, dada la imposibilidad de poder regirse por la de 1812, puesta en vigor durante unas pocas semanas.

En la Comisión designada para presentar el proyecto de Constitución estaban los diputados Agustín Argüelles, Joaquín María Ferrer y Salustiano Olózaga. Su labor culminó el 30 de noviembre, cuando presentaron las bases sobre las que había de fundarse el nuevo código y, después de dos meses y medio de debates, la Constitución fue finalmente aprobada el 22 de mayo de 1837.Considerada como un código transaccionista, en que pueden advertirse concesiones por parte de los progresistas y por parte de los moderados.

Una de las características de la Constitución de 1837 es su brevedad, sobre todo si se compara con la anterior de 1812.Consta de 13 títulos, con un total de 77 artículos, más dos adicionales. En su preámbulo queda claro el principio de soberanía nacional y, a juicio de Tomás de Villarroya, esa declaración se hace al principio del documento para dejar clara su condición de base y fundamento de todo el orden político. En los diez primeros artículos se especifican los derechos de los españoles: libertad de expresión, derecho de petición, garantía de seguridad y derecho a la propiedad. Con respecto a la religión el artículo 11 se limita a declarar que la Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la Religión católica que profesan los españoles, pero no prohibe como en el texto gaditano el ejercicio de cualquier otra.

De Título II al V trata de las Cortes y en ellos se contempla su división en dos Cámaras, que ya se denominan Senado y Congreso de los Diputados. Su organización responde al esquema moderado, pues los diputados son elegidos por el método directo en circunscripciones provinciales de un diputado a lo menos por cada 50.000 almas, sin exigencia de arraigo, por un período de tres años y posibilidad de reelección. Sin embargo, la elección seguía teniendo carácter censitario, por lo que dominaba la burguesía en el mundo político. En cuanto al Senado, no tenía carácter nobiliario (excepto en lo que se refería a los hijos del rey y al heredero inmediato de la Corona), y estaba compuesto por un número de senadores igual a los tres quintos de los diputados, nombrados por el rey, entre los elegidos en lista triple por los miembros electores que en cada provincia nombraban los diputados al Congreso El Senado era renovable cada tres años.

Los títulos VI, VII y VIII están dedicados al rey y a la Corona y resulta curioso señalar, que a pesar de lo que reza el preámbulo sobre la soberanía nacional, a la hora de regular los mecanismos para la elaboración de leyes, se dice claramente que la potestad para hacer éstas reside en las Cortes con el Rey. Al rey corresponde además la convocatoria, supresión y la disolución del Congreso de los Diputados y comparte con las dos Cámaras la iniciativa legislativa. Todas estas disposiciones refleja una plasmación del ideal moderado, que tiñó algunos aspectos de este documento.

En lo referente a los ministros en el Título IX se establece la necesidad del refrendo ministerial a las disposiciones reales, y se hace compatible el puesto de ministro con el de Senador o Diputado.

Cuando atribuye el poder judicial a los tribunales y juzgados en el Título X, así como el Título siguientes, que se refiere a las Diputaciones y a los Ayuntamiento, en XII, sobre las contribuciones, la Constitución de 1837 remite a posteriores Leyes orgánicas para la ordenación de los detalles. Sin embargo, los procedimientos electivos que establece para Diputaciones y Ayuntamientos constituyen dos claros logros de los progresistas.

Por último el Título XIII trata De la fuerza militar nacional, que recoge la existencia en cada provincia de cuerpo de la Milicia Nacional.

En suma, el texto de la Constitución registra un cierto equilibrio entre las dos fuerzas políticas del régimen. Pero en realidad, esto no fue así, pues muchos de sus preceptos no fueron observados y los mecanismos de gobierno que estableció resultaron desvirtuados. María Cristina siguió apoyándose y apoyando a los moderados, y el nombramiento de sucesivos Gobiernos, así como su destitución, se hizo al margen de las reglas propias de juego parlamentario.

Tema 7.- La regencia de Espartero

Hasta 1836 resulta comprometido hablar en España de partidos políticos. Desde la revolución liberal, a comienzos de siglo, se habían registrado dos tendencias en el seno del liberalismo que cristalizaron durante el Trienio en la formación de dos grupos: los moderados y los exaltados. Ninguno de ellos, llegó a formular con claridad un programa concreto que recogiesen sus aspiraciones políticas, ni tampoco consiguió una estructura organizativa que les permitiese funcionar en la vida parlamentaria como grupo coherente y disciplinado. Tradicionalmente se han venido señalando dos generaciones dentro del liberalismo, cada una de ellas representó durante el Trienio Constitucional una de esas posturas, radical o moderada. Se ha hablado de doceañistas o moderados y de los veinteañistas o exaltados. Pues bien, durante los años de exilio de la Ominosa década, muchos de los exaltados templaron sus posturas políticas, bien por madurez o bien por los contactos que tuvieron con políticos europeos más moderados. Las dos tendencias políticas siguieron existiendo siendo difícil de definir dónde terminaba una y dónde comenzaba la otra, llegándose oficialmente a negar esta realidad desde los altos círculos del liberalismo como si fuese algo negativo pertenecer a un grupo u otro. Martínez de la Rosa que él jamás había pertenecido a partido alguno, Olózaga se negaba a reconocer su filiación partidista y Mendizábal con su programa político lo que pretendía era unir las dos alas del liberalismo, pero fracasó. Sin embargo, fueron precisamente las medidas decretadas por Mendizábal en 1835 y 1836 las que contribuyeron decisivamente a fijar las posiciones políticas y a definir lo que, por su doctrina constitucional, por su composición social y por su criterio acerca de cómo llevar la guerra carlista, podían comenzar a denominarse con rigor, partidos políticos.

Los moderados se organizaron a partir de 1836 frente a los excesos demagógicos de Mendizábal y el peligro que podía suponer para las clases más conservadoras dentro del liberalismo la aplicación de medidas cada vez más radicales. Los radicales conformes con los logros de la Constitución no estaban dispuestos a renunciar a estos, hay que tener en cuenta que en el sector moderado estaba integrado por elementos entre los que había antiguos colaboradores de Fernando VII y que habían aceptado el testamento del monarca, pero no habían asimilado las transformaciones políticas. Sin embargo, llevaron a cabo una importante aportación a la consolidación del régimen liberal, mediante la configuración de una filosofía política que se convertiría en base doctrinal del sistema. A esta filosofía se le denominó doctrinarismo, o, liberalismo doctrinario.

El doctrinarismo había nacido en Francia durante la época de la Restauración y había cobrado vigencia durante la Monarquía de Luis Felipe de Orleans, los españoles exiliados en el país vecino tomaron contacto con las principales figuras del pensamiento francés (Benjamín Constant, Guizot o Royer Collard entre los más destacados). Uno de estos exiliados Andrés Borrego, fue quien mejor supo adaptar estas ideas al caso español, hasta el punto de ser considerado como el fundador del partido Moderado por el hecho de haberle proporcionado cohesión y estructura mediante la aplicación de las teorías doctrinarias.

El doctrinarismo se basa en la soberanía de la capacidad, que en España alcanza su más expresa formulación de teorizadores políticos (Juan Donoso Cortés, Juan Francisco Pacheco, Antonio Alcalá Galiano y Andrés Borrego) durante los años de la Regencia de María Cristina. Para Andrés Borrego, no era más que una tercera vía entre la soberanía por la gracia de Dios y la soberanía popular: lo que él llamaba soberanía de la razón. Borrego sitúa la soberanía de la razón entre las clases intermedias, que son las más ilustradas, las que tienen más iniciativa y que además, por ser intermedias son intermediarias, es decir constituyen una especie de puente entre los sectores más favorecidos y los más deprimidos de la sociedad.

Con Alcalá Galiano estas teorías llegan a un mayor grado de desarrollo, tal vez se vieron influenciadas por Bentham (a quien había conocido y estudiado en su estancia en Inglaterra). No creía que hubiese un régimen político que teóricamente fuese perfecto y que funcionase en la práctica, pero sí en la existencia de un sistema concreto aplicable a una nación concreta y en período determinado. Afirmaba el político gaditano que donde estaba el poder físico (entendido como capacidad de influencia, no fuerza bruta), y el poder moral, allí debía estar el poder político. Decía que debían ostentar el Gobierno aquellos que teniendo la razón, tenían capacidad para imponerla.

Pacheco nos habla de la soberanía de voluntad; el hombre es soberano en cuanto ejerce su voluntad y la que debe dominar entre todas las voluntades es la mejor voluntad y aunque Pacheco no precisa método para determinar a los que poseen mejor voluntad si apunta el criterio de selectividad de las leyes electorales que lleven a escoger a aquellos ciudadanos que por sus méritos o su probidad merezcan estar entre los buenos. Lo que estaba haciendo, era expresar la teoría del sufragio censitario.

Pero entre todos sobresale Donoso Cortés que es el más completo y profundo de los teorizadores políticos de la Regencia. Su altura intelectual, su prodigiosa capacidad de síntesis, su agudeza para llegar a la primera raíz de las ideas, lo elevan muy por encima del nivel medio de sus contemporáneos. Cabe distinguir dos etapas en su trayectoria: la 1ª en la que desarrolla su pensamiento político y doctrinario y la 2ª se hace más conservador hasta alcanzar puntos de coincidencia con el tradicionalismo, es su etapa europea.

Donoso desarrolla sus teorías políticas en sus Lecciones de Derecho que expuso en el Ateneo de Madrid, a finales de 1836. Su principio básico es que sólo en la inteligencia reside el poder. De acuerdo con esta idea, establece una relación entre inteligencia y el poder, de tal forma que el más inteligente está legitimado para ser el más poderoso. El pensamiento político de Donoso se diferencia del doctrinarismo francés, en que estos tienden a hermanar de forma armónica los principios de inteligencia y de la justicia, mientras que para el teórico español no hay más principio depositario de la soberanía legítima que la inteligencia, puesto que esta, por el hecho de serlo, es también razón, justicia y hasta fuerza. Así pues Donoso preconiza un poder en manos de la inteligencia, los inteligentes, que precisamente por serlo son buenos y con su inteligencia y bondad pueden hacer felices a los pueblos. Donoso ha sido criticado por su excesivo teorismo y carencia en sus planteamientos de normas concretas de aplicación, aunque hay que reconocer su influencia en la época.

Todas estas teorías se convirtieron en la base doctrinal del moderantismo que va tomando forma concreta a partir de 1836. Pero también hay que tener en cuenta que algunos de estos principios, como el de la justificación del sufragio censitario y la selectividad en cuenta a la participación política de los ciudadanos, fueron aceptados también por los progresistas, pero con matizaciones.

En lo que respecta al soporte social del moderantismo, hay que recordar que sus integrantes procedían de diversos campos: realistas reformistas de los años 1814 y1820, desengañados de la etapa del Trienio Constitucional, burócratas convencidos de las excelencias del nuevo sistema administrativo liberal, burgueses, amantes de la libertad y del orden y profesionales, propietarios etc. que representaban al sector conservador de la clase media con el ideal de aunar el progreso con la tradición.

El progresismo como partido político nace simultáneamente al partido moderado. Proviene de la rama más radical del liberalismo se le denominó exaltada y exaltados fueron desde entonces los integrantes del grupo político que tomó el poder encabezado por Evaristo San Miguel y todavía en 1834 se definía las facciones políticas del sistema como moderada y exaltada. Sin embargo, al comentar las elecciones que tuvieron lugar en 1836, en la prensa de entonces aparecía ya la denominación de progresista para calificar al grupo más radical que ganó las elecciones.

En el vago programa de los progresistas apenas pueden detectarse algunos puntos claros que puedan servir como elementos distintivos frente al moderantismo: el principio de soberanía nacional, frente al de la soberanía compartida entre el rey y las Cortes que defendían los moderados; Milicia Nacional, como fuerza garantizadora de sus aspiraciones políticas; la libertad de expresión sin previa censura, relegando a los jurados de imprenta la misión de calificar los delitos, lo cual (como después se demostró) abrió la puerta a la demagogia libelista; la lucha contra los impopulares impuestos de consumos y el estanco de la sal; y por último, la elegibilidad de los Ayuntamientos y Diputaciones frente al sistema de designación directa, que apoyaban sus oponentes políticos.

En cuanto a la composición social del progresismo, era fundamentalmente la de las clases urbanas subempleadas, cuyas miserias y humillaciones han sido descritas por Galdós en sus novelas. De cualquier forma, parece estar claro que el progresismo tenía su casi exclusivo soporte en el medio urbano pues fuera de él carecía de sentido. Carr Pujal en su Historia política de Cataluña del Siglo XIX, afirma que en 1836 ante el peligro de crisis del Gobierno Mendizábal, los fabricantes, propietarios y comerciantes de Madrid acordaron elevar una exposición a la reina gobernadora en apoyo del Gabinete. De igual manera, la Junta de Comercio de Barcelona, celebradas elecciones de marzo de 1836 con victoria del grupo gubernamental, acordó felicitar a Mendizábal y ofrecerse como sus firme e incondicional apoyo.

De toda la vaguedad de progresistas y moderados presentan en ésta su inicial andadura en el panorama político de la Regencia de María Cristina, serían las contiendas en el Parlamento, la prensa y la calle las que más contribuirían a ir definiendo paulatinamente los contornos ideológicos y su actitud en la práctica de estas dos ramificaciones del liberalismo que protagonizaron el reinado de Isabel II.

La incompatibilidad entre la regente María Cristina y Baldomero Espartero surgió a partir de la entrevista en Esparraguera. Posteriormente, cuando ambos personajes se dirigieron a Barcelona, el recibimiento que se le dispensó al duque de la Victoria fue más entusiástico que el que recibió la propia reina. Las suspicacias que esta actitud de los barceloneses levantó en María Cristina le llevaron a firmar al día siguiente la Ley de Ayuntamientos. Eso confirmó la ruptura entre los dos y en aquellas circunstancias la Regente tenía una posición más desventajosa que Espartero, que había perdido parte de su prestigio por su apoyo a los moderados. Pero, además su situación personal también había contribuido a desprestigiar su figura. A los tres meses de enviudar contrajo matrimonio con el guardia de corps Fernando Muñoz, era un matrimonio morganático que intentó mantenerse en un discreto disimulo, ya que según testamento de Fernando VII un nuevo matrimonio impedirían a la reina mantener la tutela sobre sus hijas, por lo tanto perdería la Regencia. A pesar de todo fue imposible que trascendiese dicho acontecimiento, sobre todo cuando comenzó a dar sus frutos, nada menos que siete hijos. Los sucesivos embarazos de la reina y las situaciones a las que dieron lugar fueron bien aprovechadas por sus enemigos políticos, que utilizarían el conflicto de la ley de Ayuntamientos para provocar su caída.

El 16 de julio estallaron en Barcelona las primeras manifestaciones de protesta contra la regente. A pesar de que, la capital catalana constituía un importante reducto del moderantismo, sustentado por una rica burguesía mercantil e industrial más fuerte allí que en otra ciudad del país, el hecho de que las autoridades locales perteneciesen al progresismo favoreció la movilización de los elementos más exaltados contra María Cristina. Dos días más tarde, Espartero exigió a la Regente la dimisión del Gabinete y la anulación de la Ley de Ayuntamientos. O el Ministerio o yo, era la alternativa del general, aunque la Regente se mantenía firme en su negativa, los ministros presentaron la dimisión. Sin embargo, no fue suficiente para evitar el estallido de la revuelta, de tal manera que Barcelona se convirtió en la cabeza de la protesta contra la Regente, que se vio obligada a huir a Valencia donde creía contar con el apoyo del ejército del Centro.

Mientras en Madrid había estallado un movimiento insurreccional el día 1 de septiembre, por el que la Milicia Nacional ocupó los principales edificios oficiales y se hizo cargo de la situación, ya que no encontró resistencia por parte del Ejército. Se creó una Junta de Gobierno presidida por el alcalde, Joaquín Ferrer, cuya primera provisión fue declararse gobierno hasta que la reina no nombrase uno que satisfaciese a los amotinados y ofrecerse al General Espartero, cuya aprobación esperaba. El hecho de que a los días volviesen abrir los comercios, se reanudasen las operaciones de bolsa y los bonos de la deuda pública subieran rápidamente de valor indica que la élite financiera aprobaba la revolución y estaba dispuesta a ayudarla.

A la semana siguiente se formaron juntas revolucionarias en todo el país: Ávila, Huesca, granada, Lérida, Cádiz, Salamanca entre otras capitales españolas, refrendaron la revolución iniciada en Barcelona y Madrid. La Regente quedó aislada en Valencia y Espartero, que se había manifestado ya en apoyo de las juntas, quedó dueño de la situación. El 27 de septiembre fue recibido apoteósicamente en Madrid, declarándose tres días de fiesta y se organizaron representaciones teatrales y corridas de toros. El triunfo de los progresistas y el encumbramiento de Espartero señalan el final de la Regencia de María Cristina.

Desde Valencia la Regente no tuvo más remedio que nombrar un nuevo Gabinete, compuesto por progresistas y presidido por Joaquín María Ferrer. Sin embargo, se dispuso a dimitir antes de aceptar las condiciones políticas que le propuso el nuevo Gobierno y entre las que estaba, la anulación de la Ley de Ayuntamientos. El 12 de octubre presentó su abdicación oficial y cinco días más tarde embarcaba rumbo a Francia donde permanecería en el exilio, pero no ajena ni al margen del desarrollo de la política española.

La salida de María Cristina del país dejaba el camino libare a los progresistas y a Espartero como su figura indiscutible. Para Carlos Seco, si alguno de los militares que llegaron al poder en el S XIX disfrutó de un amplio e incondicional consenso, es fue Espartero en 1840.

Baldomero Espartero (su verdadero nombre era el de Joaquín Fernández Álvarez, aunque utilizó su segundo nombre y tercer apellido) era un militar de una dilatada experiencia en el campo de las armas. Había nacido en el seno de una familia humilde de La Mancha, pues su padre era carretero de oficio. En un principio había sido destinado a la carrera eclesiástica, pero al estallar la guerra de la Independencia, cuando sólo contaba con 15 años tomó las armas contra los franceses. En 1815 con el grado de subteniente, embarcó para América con el general Morillo, donde permaneció hasta 1824 donde tomó parte de las campañas para reprimir los brotes independentistas. Aunque no estuvo presente en la Batalla de Ayacucho, a sus amigos políticos se les aplicó el apelativo de ayacuchos. Pero, su verdadera consagración como militar se produjo en la guerra carlista. Liberal convencido y muy inclinado hacia las ideas progresistas fue escalando posiciones hasta llegar a sustituir al general Fernández de Córdoba en el ejército del Norte. Su primer gran triunfo se produjo en la liberación del sitio de Bilbao, donde obtuvo una gran victoria en Luchana, por lo que la Regente le concedió el condado de aquel lugar. Más tarde recibiría el título de duque de la Victoria.

Sus biógrafos coinciden en señalarlo como hombre de temperamento moderado y en atribuir su adscripción al progresismo a motivos puramente circunstanciales. Su aversión a la reina gobernadora surgió en los últimos momentos de la regencia, llegó a convertirse en absoluta incompatibilidad y le llevó a militar en el partido contrario al que ella protegía. Los dos eran símbolos del triunfante liberalismo: la regente, símbolo de legitimidad; el generalísimo, símbolo de victoria. Pero, con una gran diferencia Espartero regresaba de la guerra carlista como vencedor; María Cristina, seguía siendo la viuda de Fernando VII, el motivo que había provocado su alianza con el bando liberal, dejaba de existir en el momento que había terminado la guerra civil. Desde el punto de vista político, Espartero era una figura con grandes limitaciones, sin embargo, era ambicioso.

Espartero y los progresistas desterraron a María Cristina, pero nada se intentó contra la Monarquía, ni tampoco contra la dinastía. Pero la heredera era menor de edad y había que prolongar la Regencia hasta que Isabel cumpliese catorce años, como establecía la Constitución de 1837.

Desde la insurrección de septiembre, las Juntas provinciales habían enviado delegados para formar una Junta Central. Cuando Espartero llegó a la capital, a finales de mes, se le transfirió el poder y pasó a convertirse en presidente del Consejo de Ministros. Con él formaron gobierno profetisas como Joaquín Ferrer, Álvaro Gómez Becerra y Manuel Cortina. El Ministerio-regencia tomó medidas destinadas a incrementar los efectivos de la Milicia Nacional, a impulsar la venta de bienes eclesiásticos y a revisar la política arancelaria con la colaboración de destacados elementos de la industria y el comercio. Se convocaron elecciones a Cortes, donde triunfaron los progresistas. Esas Cortes se plantearon la cuestión de la Regencia. Algunos diputados eran partidarios de la Regencia de tres personas: los trinitarios, mientras que otros se inclinaban por la de una sola :los unitarios. En la votación, que se llevó a cabo el 8 de mayo de 1841, obtuvieron una amplia mayoría los partidarios de la Regencia única. A continuación en otra votación, Espartero fue elegido Regente por 179 votos, frente a 103 que obtuvo Agustín Argüelles. Comenzaba así la Regencia de Espartero, que incurrió en el mismo error que María Cristina, ser regente de un partido. La única diferencia era que si María Cristina había apoyado a los moderados, Espartero apoyaría a los progresistas.

El nuevo regente tuvo que enfrentarse no solo a las críticas de los moderados sino también a las de los progresistas. Esa fue una de las claves más importantes de su fracaso. No obstante, la Milicia Nacional le fue siempre fiel, incluso después de su caída. En los barrios populares de Madrid siempre fue considerado como un héroe, sin embargo, en Barcelona se ganó el aborrecimiento de la mayoría de su población. Pero lo más importante para su carrera política, es que le fueron abandonando las fuerzas vivas del país: las Cortes, la prensa, la burguesía y hasta el Ejército.

Espartero contó desde el primer momento con la oposición de los moderados alentados desde París por la reina María Cristina. El 7 de octubre se produjo una intentona contra el Regente dirigida por los generales Concha, Pezuela, Diego de León y otros, intentaron tomar el Palacio Real y apoderarse de la reina-niña Isabel. El golpe fracasó por la rápida intervención de Espartero, y Diego de León fue capturado y ejecutado. La caída de Espartero, tal vez se deba a su excesivo personalismo. Ya que nunca hizo política de partido, porque no entendía a los políticos, y además su visión simplista del mando y su ignorancia del derecho constitucional, junto con su ambición, le hicieron confundir la jefatura del Estado con el ejercicio del poder ejecutivo. Quería mantener los hilos de la política concreta y eso le llevó a marginar a los elementos más valiosos y destacados de su partido Olózaga, Mendizábal, Fermín Caballero, que no se prestaban al juego y se pasaron a la oposición.

La oposición a Espartero no sólo vino determinada por motivos políticos, sino también por motivos económicos. El regente había mostrado una gran inclinación por el librecambismo, al que había llegó a través de su admiración por Inglaterra y por su contacto con los más importante ideólogos del progresismo y no por propios intereses. La cuestión del libre comercio contra el proteccionismo fue debatida en el Congreso, y en las discusiones se pusieron de manifiesto los contrapuestos intereses de andaluces y catalanes. Éstos apoyaban fuertemente la protección de la industria nacional mediante la aplicación de fuertes tarifas arancelarias, mientras que en Andalucía y también en Madrid, había poderosos intereses comerciales relacionados con capitales ingleses, que demandaban una completa libertad de comercio con todas las naciones.

Después de la guerra de la Independencia y de la emancipación de las colonias americanas, en España se había practicado una política proteccionista para estimular la producción nacional. Sin embargo, fracasó a causa del contrabando. El comercio ilícito se efectuaba por todas las fronteras y el litoral español, hasta el punto que existía una verdadera invasión de mercancías procedentes de otros países que circulaban impunemente por gran parte del territorio, a pesar de las prohibiciones. El contrabando era el procedimiento que utilizaba la industria de los países más desarrollados para colocar sus productos en el mercado español, ante la imposibilidad de hacerlo por vía oficial. A través de Gibraltar, Gran Bretaña introducía sus productos, con toda una red de contrabandistas. Hubo años en que las mercancías inglesas que entraron de contrabando a través de Gibraltar triplicaron en volumen a las que llegaron a España por los canales oficiales, perjudicando sobre todo a la industria textil.

La necesidad de acabar con esta lacra y la creencia de que bajando los aranceles se haría un bien al país, llevó a Espartero a aprobar la reforma arancelaria el 9 de julio de 1841, la nueva disposición no significaba absoluta libertad de comercio, ya que algunos productos seguían prohibidos, pero si era una puerta abierta a las manufacturas extranjeras. El resultado de esta política fue muy negativo para algunos y tuvo aspectos positivos para otros. Como consecuencia de estas medidas, muchas fábricas y talleres de Cataluña tuvieron que cerrar y la producción textil descendió en cifras globales de 24.000 a 10.000. Sin embargo, Vicens Vives afirmaba que la adopción de una política económica de liberalismo moderado tuvo un efecto de asegurar el triunfo final de nuestra economía contemporánea. Se refería a las posibilidades que esa política abrió a la industria española para renovar su maquinaria, con vistas a una modernización de su equipamiento.

La política arancelaria, la creciente división dentro del progresismo y los brotes de republicanismo que comenzaron aparecer en determinadas ciudades, se materializaron en agudas críticas al gobierno, en movimientos proteccionistas en Barcelona, en los que pronto destacaría el barrio de Güell y hasta en verdaderas revoluciones, como la de 1842 en la capital catalana. Es la primera vez que un movimiento político español aparece como republicano (Tuñón de Lara). En efecto Abdón Terradas, jefe utópico, fue uno de los protagonistas principales de aquellos sucesos de Barcelona.

Espartero solicitó y obtuvo un voto de las Cortes para reprimir la sedición en Barcelona. El 20 de noviembre de 1842, el general Van Halen inició el bloque a la ciudad y cuando llegó el regente, la negativa de los revolucionarios a deponer las armas el 3 de diciembre bombardeó Barcelona desde Montjuich. El cañoneo duró cerca de doce horas, durante las cuales dispararon más de 100 proyectiles que destruyeron más de 400 edificios. La sublevación fue dominada y se impuso a la capital una contribución de extraordinaria de 12 de millones como castigo a su actitud de rebeldía. Las consecuencias fueron muy negativas, ya que desde su intervención en Barcelona, Espartero tenía los días contados como regente.

La reina-madre María Cristina desde París y con el apoyo de elementos moderados, y del propio rey de Francia Luis Felipe de Orleans (molesto por la creciente influencia que Inglaterra había cobrado en España a partir de 1840) fue una pieza clave para la caída de Espartero.

El general Narváez y otros altos jefes del partido moderado dirigían la Orden Militar Española, especie de sociedad caballeresca que en 1842 había conseguido 400 afiliados en la Región de Cataluña. Sabedor Espartero que la dirección de todas las intrigas se hallaba en París, trató de presionar por medio del embajador inglés para obligar a Francia a abandonar su postura. Pero, Espartero olvidaba que la oposición se fraguaba también dentro del partido progresista. A su regreso de Barcelona, y para evitar criticas que generó su política de represión, clausuró el Congreso y convocó elecciones para el mes de marzo. A esas elecciones, los llamados progresistas puros que no estaban de acuerdo con Espartero, se presentaron por separado y en algunas listas, conjuntamente con los moderados. Los resultados fueron confusos y el nuevo Congreso apareció dividido en cuatro o cinco facciones distintas.

En la sesión parlamentaria del 20 de mayo de 1843 se produjo la ruptura formal entre las Cortes y el Gobierno, y Olózaga conquistó indiscutiblemente el liderazgo de la oposición progresista con su célebre discurso ¡Dios salve al país! ¡Dios salve a la reina!. Efectivamente, dentro de las Cortes, una mayoría de 87 diputados que se tituló a sí misma partido nacional, se opuso a los 47 ministrables (partido legal) y retiró la confianza al Gobierno. Era la tesis progresista de que la legalidad de un Gabinete sólo puede apoyarse en la confianza parlamentaria. Espartero solo pudo disolver el Congreso el 26 de mayo.

La crisis política fue acompañada inmediatamente por la insurrección. Varias ciudades se levantaron en armas. En unas eran los estudiantes, en otras los militares y en otras los comerciantes y artesanos. Todos se volvieron contra Espartero. Pero, la alianza entre moderados y progresistas era puramente circunstancial y destinada a no perdurar en el momento que desapareciese el motivo que les había unido. Sin embargo, la carecía de un plan conjunto se observó en los levantamientos que comenzaron a producirse en las provincias. Las primeras sublevaciones (Málaga y Granada) fueron de carácter exclusivamente progresistas; las de Valencia y Sevilla tuvieron un carácter de antirregencia, pero no puede señalarse una dirección moderada. En Reus se había sublevado el progresista general Prim, en tanto que el general Serrano, con González Bravo, habían acudido a Barcelona. En Zaragoza, el general Seoane, fiel a Espartero, había conseguido dominar la situación. Pero toda la franja mediterránea desde Barcelona a Sevilla, parecía perdida para el regente hacia el 25 de julio de 1843.

Espartero adoptó una actitud habitual en él: la expectativa. No salió de campaña hasta el 28 de junio. En cambio los moderados se apresuraron para no perder la iniciativa. Narváez desde Francia se dirigió a Valencia, donde fue muy bien acogido. Prim y Serrano no se atrevían a marchar sobre Madrid por el impedimento que significaba Seoane en Zaragoza. El regente salió para Ciudad Real y Albacete, circunstancia que Narváez aprovechó para dirigirse a Madrid. Seoane desde Zaragoza, trató de salirle al paso y los dos generales se enfrentaron en Torrejón de Ardoz entre el 22 y 23 de julio. La victoria fue para Narváez y se debió a razones de superioridad en la organización, disciplina y capacidad de mando. Madrid intentó resistir por medio de la Milicia Nacional, compuesta por 15.000 hombres, pero el corte de suministro de agua por parte de los atacantes, obligó al Gobierno a abrir las puertas de la capital, bajo las siguientes condiciones: 1º ) respeto a la Constitución de 1837; 2ª ) mantenimiento de la Milicia Nacional; 3º) respecto a los funcionarios públicos a los que no se perseguiría por razones de tipo político.

Espartero conoció la caída de Madrid cuando se encontraba en Sevilla, intentando asediar la ciudad. Al enterarse del curso de los acontecimientos se marchó a Cádiz, donde embarcó para Inglaterra. Terminaba así la regencia de Espartero, como había terminado tres años antes la de su antecesora María Cristina.

TEMA 8 La década moderada

El tránsito hacia el modernismo culminó cuando el 2 de mayo de 1844 la reina nombraba un Gobierno presidido por Narváez. El distinto origen histórico e ideológico de los elementos del moderantismo daba lugar a diversas proyecciones programáticas, es posible señalar las siguientes:

La llamada facción Viluma, por el hecho de estar liderada por don Manuel de la Pezuela, marqués de Viluma, y que preconizaba la idea de la reconciliación nacional, una síntesis entre la tradición y la revolución. Uno de los procedimientos para conseguirla sería aquella que algunos intentaron con motivo de la Expedición Real durante la guerra carlista; el matrimonio del hijo de Carlos V con la reina Isabel. Este grupo defendía un sistema representativo pero restringido y auténtico; no por medio de los partidos políticos, sino a través de los cuerpos sociales españoles. Esta idea de tender la mano a los carlistas no era vista con agrado por la mayor parte de los políticos, que no aceptaron el programa de Viluma.

En el otro extremo estaba el grupo de los puritanos, encabezados por Joaquín Francisco Pacheco. Este sector buscaba un moderantismo estrictamente legal y constitucional y se separó del grueso del partido con motivo de la discusión del proyecto de la Constitución de 1845. Pacheco creía que era suficiente con reformar la existente de 1837. Son también partidarios del orden y de la conservación de los logros del liberalismo, pero quieren un moderantismo legal, la aplicación estricta de las leyes existentes. En su programa entra también la idea de la reconciliación, pero a diferencia de la facción Viluma, sólo en el seno de los vencedores de la guerra civil. Preconizan un entendimiento con los progresistas, y Pacheco, junto con Ríos Rosas, lanza la idea de un turno de partidos en el poder, determinado por unas elecciones sinceras y limpias.

La gran masa centrista de los moderados, cuyo cerebro era Pidal y su cabeza visible el general Narváez, constituía el tercero de los grupos. No mostraban una especial preocupación por la reconciliación, y se basaban en el principio de que el poder no se otorga, se conquista.

Triunfó este último, no sólo porque tendía más a los hechos que a las ideas, sino porque contaba con la figura del general Narváez, el cual era natural de Loja (Granada), nacido en 1800. Uno de los rasgos más peculiares de su carácter: el de los bruscos cambios de estado de ánimo. Tomó parte en la guerra carlista, en la que fue ascendiendo rápidamente. Terminada la guerra, comenzó su carrera política como diputado, pero su implicación en la lucha contra Espartero le llevó de nuevo al destierro, de donde volvió en 1843 para contribuir de una forma decisiva en la caída del regente. El apelativo por el que era conocido: El espadón de Loja.

Cuando Narváez fue nombrado presidente del Consejo, disolvió las Cortes y convocó nuevas elecciones, en las que fue elegido un solo diputado de la oposición. En las nuevas Cortes se planteó la necesidad de reformar la Constitución de 1837, aunque al final acabó imponiéndose otra distinta.

La Constitución de 1845 es un documento que expresa con exactitud el ideario político del moderantismo, aunque en realidad conserva la misma estructura externa de la anterior. Está dividida en 13 títulos y éstos en 80 artículos, tres más que los que componían la del 37. Lo primero que se reforma es el preámbulo, en el que se justifica la existencia histórica de dos grandes instituciones, la Monarquía y la Cortes. Entonces se omite la soberanía anciano y se incluye el principio de la soberanía compartida, más en consonancia con el ideario moderado. En lo referente a los derechos del ciudadano, no aparecen especificados, sino regulados.

Se introdujeron algunas modificaciones en la composición y en la naturaleza del Congreso de los Diputados. La duración del mandato parlamentario se aumentó de tres a cinco años. Desaparecía la cláusula según la cual si el rey no convocaba las Cortes en un año, éstas debían reunirse obligatoriamente el 1 de diciembre, aunque se mantenía aquella que establecía que en el caso de la disolución de las Cortes por el monarca, habrían de celebrarse nuevas elecciones en el plazo de tres meses.

La Ley Electoral del 18 de marzo de 1846 vino a ampliar las modificaciones del propio texto constitucional con respecto al Congreso. El número de diputados aumentó a 349 para que así pudiesen estar mejor representados todos los intereses del país y al mismo tiempo pudiesen solaparse mejor las frecuentes ausencias, se restringía el cuerpo electoral, de tal manera que sólo se concedía el derecho al voto a los españoles mayores de veinticinco años que pagasen 400 reales de contribución directa y a determinadas capacidades o categorías profesionales que pagasen la mitad de esa cantidad. Según Artola, si en la Ley Electoral vigente con la Constitución de 1837 el número de españoles con derecho al voto oscilaba entre los 500.000 y los 600.000 individuos, ahora esa cifra quedaba reducida a los 97.000. Otra novedad importante en cuanto a las elecciones fue la de cambiar las circunscripciones provinciales por los distritos, con el objeto de que cada elector votase al mismo número de candidatos.

El Senado sufrió las reformas más importantes. Descartado el Senado electivo, y también el hereditario que defendió ardorosamente Bravo Murillo en los debates, se estableció una alta Cámara de designación regia entre determinadas categorías que disfrutaban de ciertas rentas, con un número ilimitado y de condición vitalicia.

En cuanto al rey, su figura queda reforzada al retirarse algunas de las limitaciones a su libertad que establecía la Constitución de 1837. La más discutida de todas fue aquella que requería una autorización por una ley especial para que pudiese contraer matrimonio, y que ahora se sustituye (art.47) por una cláusula que dice así: El rey antes de contraer matrimonio lo pondrá en conocimiento de las Cortes, a cuya aprobación se someterán las estipulaciones y contratos matrimoniales que deban ser objeto de una ley. Lo mismo se observará respecto al inmediato sucesor de la Corona. El propósito de esta modificación quedó frustrado porque el matrimonio de Isabel II dio lugar en España y en Europa a una serie de intrigas poco acordes con el respeto que la nueva redacción había querido para la realeza.

La función de los Ayuntamientos queda reducida a la meramente administrativa, ya que se les quita toda dimensión política que venían ejerciendo, principalmente al servicio del partido progresista.

El título X sólo cambió en vez de poder judicial pasó a encabezarse con el de administración de justicia, significativamente.

Por último, en el título XIII sólo se suprime un artículo, pero precisamente aquel que se refería a la Milicia Nacional, con lo que se elimina un instrumento que los progresistas habían manejado a su antojo.

El aspecto más importante de la Constitución de 1845 es que el Gobierno puede contar con una Cámara, el Senado, y reunir, suspender o disolver la otra, sin más cortapisa que la de reunirla obligatoriamente una vez al año para aprobar los presupuestos, y convocar su elección dentro de los tres meses siguientes a su disolución. Eso permitió que las Cortes permanecían cerradas, lo que sin duda constituyó una tentación para una Corona que inclinaba sin disimulo por el mantenimiento en el poder del partido moderado.

La Constitución de 1845 es la base política sobre la que descansa el sistema liberal hasta la Revolución de 1868, y si la del 37 había significado una transacción entre los principios moderados y los progresistas, la aprobada ahora adquiere un claro signo moderado.

El primer Gobierno de Narváez duró escasamente dos años (2 de mayo 1844-12 de febrero 1846), y de él formaron parte destacados elementos del moderantismo. Pidal (Gobernación), Mon (Haciendo), Mayans (Gracia y Justicia), Armero (Maina) y Viluma (Estado) que sería sustituido por Martínez de la Rosa.

Narváez era un hombre sin experiencia gubernamental, pero decidido a aplicar una política autoritaria, como no era menos de esperar, dado su temperamento y su carácter más dado a la acción que a la reflexión. Eso le llevó a infringir la Constitución con la justificación de que era necesario salvar las instituciones y conservar los logros conseguidos. Declaró el estado de sitio en varios lugares del país, procedió a encarcelar a algunos enemigos políticos y suprimió la institución del jurado. Ante las críticas que se levantaron, incluso desde su propio partido, argumentó que las Constituciones no se infringen cuando se salva al Estado o se evita el hundimiento de las instituciones.

Las dificultades eran promovidas por los progresistas, quienes desde la aprobación de la Constitución se habían aplicado a su tarea revolucionaria, renunciando a la participación política mediante la práctica del retraimiento. A través de sus tres periódicos más conocidos, El Eco del Comercio, El Espectador y El Clamor Público.

Narváez tenía que hacer frente no sólo a estas insurrecciones progresistas, sino a las intrigas de las camarillas de su propio partido. En desacuerdo con su política. Primero fue la dimisión del marqués de Viluma, después de los puritanos de Pacheco y Pastor Díaz, y por último 50 diputados, en desacuerdo con el presidente del Consejo sobre el matrimonio que proyectaba la reina con el conde de Trapani, y encabezados por Pidal y Mon.

Narváez se vio obligado a presentar la dimisión, después de veintiún meses de gobierno. La dimisión de Narváez fue la primera de una continuada y frecuente serie de crisis ministeriales, que ponía de manifiesto que, a falta de un progresismo fuerte, era suficiente la división y los enfrentamientos entre los propios moderados para provocar esta crisis. Hasta junio de 1854 hubo, después de éste de Narváez, doce Gobiernos diferentes, alguno de los cuales sólo se sostuvo en el poder por espacio de unas horas.

El marqués de Miraflores sustituyó a Narváez y a diferencia de su antecesor contó con el apoyo de una gran mayoría en las Cortes y con la opinión favorable de la prensa. Su propósito era el de dar primacía a las leyes por encima de las pasiones y de los intereses partidistas. Poco pudo hacer Miraflores desde el Gobierno. Encauzó las negociaciones con la Santa Sede, tomó algunas medidas fiscales consistentes en la reducción de algunos impuestos, y se mostró contrario a la candidatura del conde Trapani al matrimonio con Isabel II. Esta postura le granjeó la enemistad con Narváez, quien a pesar de haber sido el que aconsejó su nombramiento, intervino ahora para provocar su caída.

En una tormentosa sesión de Cortes, el 16 de marzo, saltó la crisis. Narváez volvió por segunda vez al poder, en el que sólo pudo mantenerse esta vez hasta el 6 de abril. No obstante, en el espacio de esos diecinueve días de gobierno dejó de nuevo constancia de su autoritarismo y de la intransigencia de su talante. Utilizó el procedimiento de gobernar por decreto para no tener que someterse a lo que él llamaba discusiones políticas irritantes. Se publicó entonces la nueva ley Electoral, y Javier de Burgos, como ministro de la Gobernación, tomó medidas para llevar a cabo una repoblación forestal y para reorganizar la Academia de Bellas Artes. Poco más pudo hacer Narváez, ya que la dimisión de su ministro de Marina, Pezuela, a quien no se le aceptó la reforma que quería introducir en la Bolsa, arrastró también al presidente del Consejo.

Sustituyó a Narváez Javier de Istúriz, quien consiguió mantenerse en el Gobierno desde el 6 de abril de 1846 hasta el 27 de enero de 1847. Pero pudo tener también la satisfacción de ver resuelto el matrimonio de la reina.

La candidatura del conde de Trapani. Don Francisco de Paula de Borbón Sicilia, conde de Trapani, hermano de María Cristina y tío de Isabel II. Era apoyado por Francia, no era bien visto por Austria, que temía que de esta forma se escapase de su tutela el reino de las Dos Sicilias. Dentro de España, los progresistas rechazaban esta candidatura por tratarse del hermano de la odiada exregente y por contar con el apoyo del Gobierno francés.

Los progresistas se decantaban por la candidatura del infante don Enrique, duque de Sevilla. Era primo de la reina y exaltado de ideas políticas. Por su participación en una intentona progresista fue desterrado a Francia, donde siguió intrigando con elementos de este partido, como Olózaga, Cortina y el propio Espartero.

Se habló también en 1844 de la candidatura del hijo del monarca francés. Luis Felipe de Orleans, el duque de Aumale. Esta solución era grata a Narváez, pero tropezaba con la decidida oposición de Inglaterra por la previsible ruptura del equilibrio europeo que de ello podía resultar.

Otra posibilidad que el Gobierno Istúriz barajó fue la del Príncipe Leopoldo de Sajonia-Coburgo, pero tropezó con la oposición del rey francés, toda vez que un Coburgo era rey consorte de Gran Bretaña. Los problemas internacionales que suscitaba el matrimonio de la reina española fueron resueltos en la conferencia de Eû (septiembre de 1845) acordaron que Isabel II debería casarse con un Borbón, con el objeto e que no se alterase la paz internacional.

La única salida posible era la de un candidato español, y entre éstos el que resultaba menos controvertido era don Francisco de Asís, hijo de los infantes Francisco de Paula y Luisa Carlota, y hermano, por tanto, del ya descartado don Enrique, duque de Sevilla. Era un hombre poco inclinado a la política y con escasa personalidad. La doble ceremonia se celebró el 10 de octubre de 1846, el día que Isabel cumplía dieciséis años. El matrimonio de Isabel II constituyó un fracaso.

La crisis del matrimonio real afectó al Gobierno Istúriz, el cual perdió apoyos tras las elecciones que se celebraron el 25 de diciembre de 1846. Los progresistas consiguieron un mayor número de escaños y, unidos a los puritanos de Pacheco, hicieron dimitir a Istúriz. La división en el seno del partido moderado, revocaba esta inestabilidad, en la que también intervenían las animadversiones personales.

No fue fácil encontrar a la persona que se responsabilizase de formar nuevo Gobierno, la reina consiguió convencer al duque de Sotomayor, quien fue nombrado presidente del Consejo el 28 de Enero de 1847. En su discurso ante el Congreso mostró su propósito de esforzarse por conseguir la unión del moderantismo.

A pesar de su buena voluntad, no lo conseguiría. Los progresistas, los carlistas y, sobre todo, la facción puritana, reforzada con incorporaciones como la de José de Salamanca o el general Serrano, se encargarían de hacerle la vida imposible. El Gobierno Sotomayor, sin el apoyo de Narváez, no podía durar mucho, como así fue. A los dos meses exactos de su nombramiento, Sotomayor tenía que dejar el puesto al líder de los puritanos, Joaquín Francisco Pacheco. No dio muestras el nuevo jefe del Gabinete de una exquisita aplicación de las leyes, como había predicado cuando se hallaba en la oposición y que le había valido el apelativo de pontífice del puritanismo. Se valió de la intriga, violó la legalidad y, en definitiva, se mostró tan impuro en el ejercicio de la política como lo eran habitualmente los que antes o después que él alcanzaban la confianza regia. Nada pudo hacer para sofocar las críticas y el malestar general que se respiraba en le país.

La dimisión de Pacheco se produjo el 31 de agosto, y tras un breve Gobierno presidido por García Goyena, que siguió la línea trazada por su antecesor de intentar llegar a un acuerdo con la oposición, volvió al poder el general Narváez. El tercer Gobierno de Narváez fue el más largo de todos, pues salvo un breve paréntesis de diecinueve horas del Gobierno del conde de Cleonard, permaneció en la presidencia del Consejo hasta el 10 de enero de 1851, es decir, tres años y tres meses. A esa estabilidad gubernamental contribuyó la unión de las distintas facciones moderadas, que junto a la firmeza de Narváez, permitieron a éste desempeñar el poder de una forma dictatorial. Entre las novedades de su tercer Gobierno, hay que contar a Luis Sartorius, al que encargó la cartera de Gobernación. Había sido Sartorius periodista, y dentro del partido moderado había pertenecido a una fracción denominada polaca.

El Gobierno de Narváez tuvo que enfrentarse pronto a una prueba difícil: la crisis económica y los sucesos revolucionarios de 1848. En cuanto a la primera, puede calificarse de una típica crisis de crecimiento, consecuencia de la alegre y desordenada expansión de los años anteriores y también de las malas cosechas de los años 1846 y 1847. La carestía de productos agrícolas, la crisis financiera y la quiebra de numerosas compañías industriales, desencadenaron en varios países europeos un nuevo ciclo revolucionario, que tuvo también sus repercusiones en España.

La revolución que tuvo lugar en Francia en el mes de febrero acabó con la Monarquía de Luis Felipe de Orleans. Un mes más tarde, el 26 de marzo, se desarrollaron en Madrid unos incidentes promovidos por el ala radical del progresismo, entre cuyos elementos destacaban ya Fernando Garrido, Sixto Cámara, José María Orense y Ordax Avecilla, que no tardarían en integrarse en el nuevo partido demócrata. Los elementos más viejos del progresismo no se atrevieron a dar el paso adelante y la revuelta sólo fue protagonizada por medio millar de personas. Narváez obró con rapidez y dureza y consiguió controlar con prontitud la situación, utilizando a la Policía y al Ejército. Hubo un segundo intento el 7 de mayo en la capital y en varias ciudades españolas. En esta ocasión, el levantamiento reunía las típicas características del pronunciamiento militar, pues lo encabezaban hombres como Gándara, Buceta, Serrano y Muñiz, y el peso de la acción corría a cargo de Regimiento España, que tenía su sede en el cuartel de San Mateo de la capital madrileña. También se le atribuye una importante participación en la preparación de la revuelta a José de Salamanca, quien estaba enfrentado a Narváez. En esta ocasión, tampoco le costó mucho trabajo a las fuerzas gubernamentales reprimir este brote.

Narváez salió fortalecido de los incidentes, y el hecho de haber detenido la Revolución en los Pirineos, le convirtió en un héroe para las fuerzas conservadoras de España y de Europa. Eso le valió el reconocimiento de la Monarquía de Isabel II por parte de Austria, Prusia y Piamonte, en el plano internacional, y la concesión de poderes especiales, en el ámbito político nacional.

Para prevenir las posibles consecuencias de la caída de la Monarquía de Orleans en Francia, Narváez había conseguido que las Cortes autorizaran, el 28 de febrero, a que si las circunstancias lo exigieren, pueda adoptar las disposiciones que estime conducentes para la conservación de la tranquilidad y del orden público, declarándose par dicho caso en suspenso las garantías individuales que concede el artículo 7º de la Constitución política de la Monarquía... Lo que en realidad obtenía el jefe de Gobierno era la concesión de poderes dictatoriales, que iban a ser criticados por unos, como Cortina y Benavides; justificados por otros, como Andrés Borrego y Fernández de Córdova, y ensalzados por los más conservadores, como fue el caso de Donoso Cortés.

La formación de un bloque unido facilitó la tarea del Gobierno de Narváez y explica su mayor perdurabilidad. Pedro, al mismo tiempo, se registró a partir de entonces un deslizamiento del progresismo hacia la izquierda, que daría origen a la formación del partido demócrata en 1849.

Los poderes extraordinarios con los que fue investido Narváez le permitieron llevar a cabo algunas importantes realizaciones materiales, se terminó de construir el Palacio de las Cortes, en la Carrera de San Jerónimo, y también se pudieron culminar las obras del Teatro Real. Se urbanizó la Puerta del Sol y se dispuso el abastecimiento de agua a Madrid, mediante la construcción del Canal de Isabel II. Las obras públicas fueron impulsadas en todo el país, y otros departamentos, como el de Comercio, Industria e Instrucción Pública, en manos de Bravo Murillo, o el de Gobernación, encabezado por Sartorius, desplegaron una importante actividad y llevaron a cabo numerosas reformas económicas y administrativas.

Narváez no era bien visto por los personajes más importantes de la Corte, en la que contaba con la antipatía del propio rey consorte. Esta falta de entendimiento no es suficiente para explicar la dimisión de Narváez el 19 de octubre de 1849, y el nombramiento del fugaz Gobierno del conde de Cleonard, que, tras unas horas, dio paso de nuevo al general de Loja. Hubo una intriga, en la que al parecer intervinieron dos curiosos personajes que llegaron a alcanzar una notable influencia en la Corte: el padre Fulgencio y sor Patrocinio. El primero era confesor del rey, y la monja que tenía fama de milagrera, alcanzó considerable predicamento ante don Francisco de Asís y doña Isabel. La historiografía tradicional atribuye a ambos religiosos las presiones para que se efectuase un cambio de Gobierno más conservador y católico. Carmen Llorca, por su parte, en su biografía de Isabel II, cree que el cambio se debió al deseo de la reina de mantener un romance con el marqués de Edmar, sin el obstáculo que podía suponer para ella la presencia de Narváez en el Gobierno. Comellas, sin descartar loa caprichos de la reina, o los consejos palaciegos, no se sorprende por este repentino cambio, dada la atmósfera de presiones, intrigas y cabildeos en que vivía la Corte, y que hacía posible cualquier decisión de este tipo en una reina que no tenía un criterio muy firme, ni unas ideas muy claras.

El Gobierno Cleonard fue una anécdota más en la vida política de aquellos años. Narváez continuo gobernando durante más de un año con simpatías con que contaba en palacio. Algunos de sus ministros dimitieron, como Bravo Murillo, disconformes con la política de alegre dispendio que practicaba el Gobierno. Donoso Cortés, el teórico valedor de la omnipotencia de Narváez, le retiró también su apoyo. En un discurso que pronunció en la Cámara, el 30 de diciembre de 1850, criticó el despilfarro y la corrupción administrativa que se había alcanzado. La dimisión de éste se produjo el 10 de enero siguiente.

Bravo Murillo había dimitido como ministro de Hacienda por desacuerdo con las directrices políticas y económicas de Narváez. No resultaba ilógico que fuese llamado en sustitución de éste.

Juan Bravo Murillo era un tecnócrata. Había nacido en Fregenal de la Sierra en 1803, y estudió en la Universidad de Sevilla, donde coincidió con Joaquín Francisco Pacheco y con Donoso Cortés. Ocupó varios cargos oficiales durante el reinado de Isabel II. Su honradez y su capacidad de trabajo se complementaban con unas ideas muy claras de lo que, a su juicio, debía ser el ejercicio de la política: un medio y no un fin, para alcanzar la buena gobernación y la prosperidad de los Estados.

Su Gobierno estuvo formado por elementos que no habían jugado un papel importante en la política de los años precedentes, aunque gozaba de cierto prestigio en la Administración: Bertrán de Lis, en Estado; Fermín Artela, en Gobernación, y Santiago Fernández Negrete en Fomento. Entre los propósitos que traía, señala Valera, el de rebajar la preponderancia que hasta entonces tenían los militares, arreglar la Hacienda y la cuestión de la Deuda, y reformar la Constitución.

En líneas generales, puede decirse que el nuevo Gobierno fue bien acogido, y buena prueba de ello fue el apelativo El Honrado Consejo de la Mesta que recibió inmediatamente y que refleja la consideración y la estima de que gozaban los hombres que componían. Pero estas simpatías no iban a ser suficientes para contrarrestar el malestar que su propósito de hacer recaer las responsabilidades políticas en civiles y no en militares, iba a provocar en determinados círculos castrenses. Las tensiones en este sentido comenzaron a raíz de la dimisión del ministro de la Guerra, conde de Mirasol, y su sustitución por Francisco Lersundi, un joven militar, más bajo en el escalafón que los generales consagrados. Uno de los que mostró su descontento fue el general Leopoldo O'Donnell. Narváez y su círculo político, en el que se encontraban Pidal y Sartorius, también se le pusieron enfrente, y para evitar dificultades en unas Cortes en la que había elementos dispuestos a entorpecer sus proyectos, pidió a la reina su disolución el 30 de julio, con lo que Bravo Murillo, adoptó la práctica de gobernar por decreto. Eso le valió la fama de absolutista y antiparlamentario y la granjeó la oposición de una clase política.

Ese sentido de reforzar el poder ejecutivo mediante una reforma política tuvo el proyecto constitucional que quiso poner en marcha en 1852. Para esta iniciativa contó con el aliento que le proporcionaba el golpe de Estado que había dado en Francia, el 2 de diciembre de 1851, Luis Napoleón, lo cual significaba un giro a la derecha en la política del país vecino. Las reformas fueron expuestas muy sumariamente en la Gaceta, e incluía una nueva Constitución y una serie de leyes orgánicas sobre las dos Cámaras, sobre las elecciones, sobre la seguridad y el orden y sobre el reforzamiento del poder de la Corona.

Los proyectos constitucionales de Bravo Murillo merecieron una crítica negativa. Fue calificado de reaccionario, y fueron precisamente los moderados quienes levantaron las protestas más airadas. Lo que la proyectada reforma significaba era un deslizamiento hacia la derecha mediante un reforzamiento del poder ejecutivo y una limitación de las libertades parlamentarias con una reducción de suponer para controlar las acciones del Gobierno.

Su labor para mejorar la situación del erario público fue, desde luego, mucho más positiva que la frustrada reforma política. Bravo había ya ocupado la cartera de Hacienda en 1849 y había propuesto una serie de medidas para acabar con la deuda interior que, según Artola, ascendía a 1.944 millones. Contrató con el Banco de San Fernando la recaudación de los impuestos, suprimió empleos inútiles, cuyas retribuciones constituían una pesada carga en los presupuestos del Estado, y suprimió las intendencias provinciales. Cuando fue nombrado jefe del Gabinete conservó la cartera de Hacienda para llevar a cabo estas medidas, además de la dirección de la política general.

Su plan quedó concretado en la Ley de 1 de agosto de 1851, en la que se establecía la consolidación de la deuda de la siguiente forma: se destinaba una cantidad al pago de los intereses de la deuda diferida durante diecinueve años, al final de los cuales quedaba consolidada.

Como base de esta operación se recurriría a los bienes mostrencos, baldíos y realengos que no fuesen de aprovechamiento común, así como a una asignación presupuestaria de 12 millones anuales.

La operación tenía sus fallos, pero al menos Bravo Murillo tuvo la valentía de afrontar uno de los problemas más graves que venían arrastrando los Gobiernos liberales y darle una solución que si bien no fue definitiva, sí al menos permitió regenerar el crédito del Estado.

En las reformas administrativas fue también donde Bravo Murillo consiguió sus logros más señalados. Uno de los problemas más graves que tenía planteada la Administración, era el de la remoción de los funcionarios en cada cambio de situación política. La figura del cesante es una de las más características de la sociedad española del siglo XIX. Estos cesantes constituían un caldo de cultivo para cualquier intentona revolucionaria, pues les interesaba un nuevo cambio de situación para volver a ocupar los puestos de los que habían sido desplazados.

Dentro de los planes de Bravo Murillo estaba el de lograr una completa separación entre la Administración y la política, de tal manera que los argos públicos fuesen cubiertos por oposición mediante un procedimiento establecido de antemano y en el que no entrarían a jugar las opiniones políticas. De igual forma atendiendo rigurosamente el orden de méritos se efectuarían los ascensos en el escalafón. Bravo Murillo publicó un decreto el 18 de junio de 1852, mediante el cual se dictaban unas normas para el ingreso en el funcionariado. El decreto quedaría sin efecto a los pocos meses, a causa de la circunstancia que originaba el problema que había que resolver: el cambio del Gobierno.

En el haber de Bravo Murillo hay que incluir la firma del concordato con la Santa Sede, el 17 de octubre de 1851. Los historiadores reconocen sus esfuerzos por dotar al país de una maquinaria burocrática moderna, ágil y eficaz, y por acabar con las lacras de la actividad parlamentaria que obstaculizaban la acción del Gobierno, así como su decidida actitud de apartar a los militares de la política. Como afirmó más tarde Donoso Cortés, su fallo fue el de no hacerse con un general que respaldase sus reformas y no haber buscado el apoyo del verdadero pueblo. Y sin el apoyo del pueblo, con la marginación de los militares y con la inquina de la mayor parte de los político, tanto los progresistas como muchos moderados que no estaban de acuerdo con sus reformas políticas, Bravo Murillo se quedó solo. Todos hicieron pública su oposición al Gobierno, coordinados por la reina madre María Cristina, la cual convenció a su hija para que le obligase a firmar la dimisión. El 13 de diciembre de 1853 fue presentada y dos días más tarde la reina nombraba nuevo Gobierno.

El fracaso de las reformas de Bravo Murillo dejó al régimen sin ninguna perspectiva. La confianza de la reina recayó esta vez sobre Federico Roncali, quien formó Gobierno con personas procedentes de las distintas fracciones del partido moderado, entre los que incluían tres generales. Pero esta concesión no contentó ni a Narváez ni a O'Donnell, quienes en esos momentos representaban al auténtico poder militar. La oposición que encontró en el organismo legislativo le obligó a presentar la dimisión, y el 14 de abril se formó nuevo gobierno presidido por otro militar: Francisco Lersundi. Pedro este nuevo Gabinete navegó también en el deseo de agradar a todos, sin concentra a nadie en realidad.

El Gobierno Lersundi no duró mucho tiempo, y el 18 de septiembre fue sustituido por otro encabezado por Luis José Sartorius, conde de San Luis. No era éste un hombre de grandes principio, pero sí tenía un cierto sentido práctico de la política, y en este orden se le ha llegado a comparar con Bravo Murillo. Cuando ocupó el Ministerio de la Gobernación, en 1849, creó el sello de correos, para regularizar y agilizar la correspondencia en toda España. Ahora, desde la presidencia del Consejo intentó hacer aprobar muchos proyectos de leyes en las Cortes, entre los que se encontraban algunos que habían sido preparados por Bravo Murillo, como el de la ley de Ferrocarriles. Pero a Sartorius no se le perdonaba su rápido encumbramiento, su reciente ennoblecimiento, ni esa fama de cierta inmoralidad y falta de ética política de las que le acusaban sus enemigos.

El conde de San Luis suprimió la prensa de oposición y ordenó el confinamiento de varios generales, entre ellos Dulce, Ros de Olano y O'Donnell. Esas medidas no sólo no acallaron las críticas, sino que las recrudecieron. Todos se preparaban para dar un golpe de fuerza. Durante los primeros meses de 1854 la oposición al Gobierno era un hervidero en el que progresistas, puritanos, seguidores de Narváez, militares despechados... todos conspiraban para derribar al Gobierno de Sartorius.

El 28 de junio de 1854 estallaría la revolución cuyo triunfo cerraría la primera etapa del reinado de Isabel II. Así concluía la Década moderada, un largo período de predominio del liberalismo conservador. No todo fueron ilegalidades políticas e irregularidades administrativas, sino que los moderados realizaron también una importante labor, haciendo aprobar una gran cantidad de leyes como no se había hecho en España desde los tiempos de las Cortes de Cádiz, y realizando una serie de reformas que convirtieron a los moderados en los auténticos fundadores del Estado español contemporáneo.

Al comenzar el reinado de Isabel II, la situación financiera y hacendistica del país era auténticamente caótica. Hasta 1845 estuvieron vigentes los impuestos del Antiguo Régimen, como la alcabala, la sisa y los diezmos. En general, el sistema impositivo hasta entonces en vigor había ido basándose en los tributos indirectos más que en los directos, que eran prácticamente inexistentes.

Las Cortes de Cádiz también intentaron implantar un sistema de impuestos directos, pero el proyecto se frustró por utópico y por prematuro.

Desde comienzos del siglo XIX. Los gastos aumentaron considerablemente, mientras que los ingresos quedaron estancados o, incluso, disminuyeron con las leyes que promulgó Mendizábal en 1835 y 1836. Produjo unos beneficios más cortos de los previstos. De manera que la situación del Tesoro cuando los moderados llegaron al poder no podía ser más precaria.

Alejandro Mon, ministro de Hacienda en el Gobierno de Narváez, sería quien abordase el fondo del problema al llevar a cabo una profunda reforma fiscal. En un principio pensó en el recurso más socorrido, como era el de la suspensión de pagos. Previamente tomó algunas medidas de saneamiento, entre las que incluyó el desarriendo de la renta del tabaco, una de las principales fuentes de ingreso del Estado y que había sido adjudicada a particulares durante el Gobierno de González Bravo. Además consolidó la deuda, con el objetivo de aliviar la presión que los acreedores ejercían sobre el Estado y les obligó a aceptar títulos al 3 por 100.

Los detalles técnicos de la reforma corrieron a cargo de Ramón de Santillán, quien basó su trabajo en la unidad y la sencillez. Creó un solo impuesto sobre la propiedad territorial y estableció otra contribución directa, llamada subsidio sobre los productos de la riqueza mueble, y otra para las rentas, que llamó derechos de inquilinato, y otra sobre las transmisiones de propiedad, que llamó derechos de hipoteca.

En cuanto a los impuestos indirectos, también fueron objeto de una considerable simplificación. Se estableció una única contribución llamada de consumos. Las rentas estancadas no sufrieron ninguna modificación y continuaron como antes.

La contribución territorial directa pasaba a constituir el capítulo más importante de los ingresos de la Hacienda, aproximadamente un cuarto de total. La forma de cobro era asignándole una cantidad a recaudar a cada provincia, según estimaciones previas aproximadas a sus posibilidades reales, y dentro de cada provincia se repartiría también, de forma similar, un cupo entre los municipios.

La reforma fue muy impopular y levantó muchas protestas, porque afectaba al bolsillo de los contribuyentes. A pesar de no ser el más importante, el impuesto de los consumos se convirtió en el más contestado y fue la bandera que enarboló la oposición progresista en cada intentona revolucionaria que emprendía para alcanzar el poder. Por otra parte, al establecer el sistema de arriendo para el cobro de estos impuestos s escala local, el procedimiento se convirtió en un medio de presión sobre el electorado. Sin embargo, a pesar de las críticas y aun reconociendo sus deficiencias, la reforma hacendística de 1845 representó un progreso considerable.

Se estableció un sistema para una recaudación cuantiosa en un país pobre, los recursos del Estado comenzaron a crecer y sustituyeron en gran parte a una escasa y débil iniciativa particular, proporcionando oportunidades a los acreedores y trabajo a una legión de empleados y funcionarios. Gracias a sus nuevas disponibilidades, la Administración pudo multiplicar su actividad y lanzarse a nuevas empresas. En los cien años siguientes a la promulgación de la reforma, cambió en España absolutamente todo y lo único que se mantuvo, con escasas modificaciones, fue el nuevo sistema tributario. Sin duda, ésa era la mejor prueba de su eficacia y de su oportunidad.

Similar proceso de simplificación sufrió el sistema monetario español durante este primer período del reinado de Isabel II. Hubo un momento en el que en España coexistían cuatro tipos de monedas de distinta procedencia: las españolas, las portuguesas, las inglesas y las francesas, y eso sin contar las que hizo acuñar José Bonaparte en la zona ocupada.

En 1848 se emprendieron medidas de reforma con el objeto de nacionalizar la circulación monetaria e impedir la exportación de la moneda de mayor ley. En realidad, las medidas consisten en una devaluación monetaria. Se fijó la acuñación del nuevo real de plata a la talla de 175 en el marco de 4.608 gramos.

Después de esta reforma, la moneda patrón pasó a ser la peseta, aunque oficialmente esa consideración no la alcanzaría hasta la nueva reforma que llevó a cabo Laureano Figuerola, en octubre de 1868. De cualquier manera, estas medidas contribuyeron a estabilizar la vida económica en general, y fueron completadas con otras disposiciones que se emitieron en los años sucesivos.

Afectado por estas medidas, el mundo de las finanzas alcanzó un desarrollo capital. El Banco de San Fernando, creado por López Ballesteros en 1829 a partir del de San Carlos, se convirtió en el Banco del Gobierno en 1845. Un año antes había sido creado el Banco de Isabel II por iniciativa de José de Salamanca y del conde de Santa Olalla, con el privilegio de emisión de billetes. El auge de estas entidades era la expresión de esa fase de prosperidad y de expansión económica con que se inicia el reinado de Isabel II y que convirtió el año de 1846 en el año del verdadero boom en la historia económica del siglo, y especialmente en el campo de las finanzas.

La Bolsa también experimentó una reactivación sorprendente después de la languideciente trayectoria que había venido arrastrando desde su creación en 1831. Sin embargo, a partir de 1847 se quebró esta etapa y comenzó una extraña crisis, cuyos orígenes hay que buscarlos fuera de España. También en los otros países europeos se abusó del crédito y se vivió a expensas del futuro, que se auguraba próspero. Para afrontar la crisis, los dos bancos, el de San Fernando y el de Isabel II, tuvieron que fusionarse el 25 de febrero de 1847, con lo que se pondrían las bases para la creación del futuro Banco de España en 1856.

El título de la obra de Nicolás Sánchez Albornoz, España hace un siglo: una economía dual (Barcelona, 19968), se ha hecho ya clásico para definir la doble estructura económica existente en España durante los dos primeros tercios del siglo XIX. Por una parte, la economía tradicional, basada fundamentalmente en la agricultura y que apenas sufre transformaciones desde el Antiguo Régimen. Por otra, los tímidos brotes de modernización que se van produciendo con los inicios de la industrialización.

El desarrollo de la industria en España se realiza básicamente a través de dos sectores: el siderúrgico y el textil. La siderurgia moderna nace en Andalucía. Manuel Heredia creó en Marbella, en 1832, el primer alto horno que existió en España. Poco más tarde surgieron otros alimentaban de carbón vegetal y que pudieron mantener su rentabilidad a costa de dejar esquilmados los bosques existentes en su entorno. Su fracaso se produjo, como ha estudiado Jordi Nadal, cuando se hizo necesario recurrir al carbón mineral que había que transportar desde los centros mineros asturianos. La industria siderúrgica fue desplazándose hacia el Norte y se creó un alto horno en Mieres en 1848 e inmediatamente otros en Vizcaya, que pudieron utilizar con un coste mucho más reducido al carbón de coque de los yacimientos de Asturias. En 1848 se producían en España 43.000 toneladas de hierro, cantidad que fue incrementándose en los años sucesivos a raíz del aumento de las necesidades de las industrias ferroviaria y textil.

El hecho decisivo de la época en el plano económico fue la transformación del equipo industrial de la producción textil catalana. En 1841 trabajaban en esta industria 97.346 obreros y en 1847 eran 97.786 obreros.

A partir de 1844, los industriales importantes comenzaron a importar maquinaria que utilizaba como fuerza motriz el vapor -las selfactinas- lo cual hizo temer por el despido de los obreros. Sin embargo, el hecho de que su número permanecieses estable en 1847 y que en 1860 se elevase a la cifra de 125.000, indicaba claramente un aumento en extensión de la producción. De este proceso salió constituida la industria textil catalana.

Este equipamiento industrial se vio facilitado por las medidas flexibilizadoras del comercio exterior que fueron adoptadas durante la regencia del general Espartero, que sin romper el proteccionismo como norma que regía las relaciones económicas con otros países, permitió una mayor fluidez en la importación de algunos productos, como este tipo de maquinaria. Por otras parte, la creciente producción textil catalana fue haciéndose con la demanda existente en todo el país, sin tener que competir con el escandaloso contrabando. Sin la ilegal competencia de los productos textiles procedentes de Gran Bretaña o de Francia, la producción catalana se vio estimulada al amparo de la demanda interior.

En cuanto a la industria del ferrocarril, sus primeros pasos comenzaron a darse durante la Década moderada. Hubo iniciativas muy tempranas para construir ferrocarriles en España. Ya en tiempos de Fernando VII se estudiaron algunos proyectos, como el que iba desde El Portal, en Jerez de la Frontera, hasta El Puerto de Santa María, y que tenía por objeto el transporte del vino hasta el puerto en el que debía ser embarcado para su distribución.

La falta de capital y la falta de conocimientos técnicos eran aspectos del atraso económico general que padecía el país y que indudablemente retardaron el progreso de la red ferroviaria, el capital extranjero desconfiaba de la seriedad de los distintos Gobiernos españoles que con tanto frecuencia habían optado por negarse a pagar sus deudas.

Todo parece indicar que fue la política del Gobierno lo que obstaculizó la expansión ferroviaria en España durante la primera mitad de siglo XIX. El cierre de la Escuela de Ingenieros de Caminos y Canales durante el reinado del Fernando VII fue un inconveniente de primer orden en la formación de técnicos preparados para poner en marcha la mecanización de los transportes, aunque también hay que tener en cuenta que la guerra carlista constituyó un obstáculo insalvable. En 1844 se creó una comisión para asesorar al Gobierno en esta cuestión, y su decisión más importante consistió en el establecimiento del ancho de las vías mayor que el de la red existente en Europa. Se ha dicho que esta decisión trataba de evitar una posible invasión francesa, pero en realidad respondía a la creencia por parte de los miembros de la comisión de que era necesario un ancho de vías mayor para facilitar el equilibrio de las máquinas de vapor, las cuales, a causa de la dificultosa orografía peninsular, requerirían un mayor peso y volumen que las que estaban en funcionamiento en el resto de Europa. Más tarde se demostró que superar los obstáculos que presentaba el terreno español no era un problema difícil de solucionar con unas vías de igual anchura que las de otros países, pero la diferencia se mantuvo.

La primera línea de ferrocarril que se puso en funcionamiento en España fue la de Barcelona-Mataró en 1848 y con un a longitud de 28 kilómetros. Su construcción se había emprendido por una sociedad local, la Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa, bajo la protección de la reina madre María Cristina, y en la que predominaba capital español. La parte técnica, sin embargo, estuvo en manos extranjeras, británicas, ya que tanto los ingenieros como el material empleado procedían de Inglaterra. Las operaciones comerciales y financieras estaban también a cargo de una firma británica: la Mackenzie & Brassey, que tenía asimismo participación en el ferrocarril.

La línea Barcelona-Mataró fue muy rentable en sus inicios y su éxito se debió más al transporte de pasajeros que al de mercancías, al menos en sus primeros años. Su gran acogida se debió a que su trazado enlazaba varios pueblos de la costa barcelonesa, con lo que la mayor parte de su negocio debió hacerlo en domingos y días festivos.

En abril de 1845 se había otorgado la concesión del ferrocarril Madrid-Aranjuez, de unos 50 kilómetros de recorrido. Al año siguiente comenzaron las obras, pero hubieron de interrumpirse a causa de la crisis financiera y a deficiencias en la dirección, así como a dificultades de tipo político. Su principal promotor fue José de Salamanca, quien, después de haber sido ministro, tuvo que exiliarse tras la crisis de 1847, con lo que las obras del ferrocarril quedaron interrumpidas. Por fin en 1849, las obras recibieron el impulso del Gobierno y la línea pudo inaugurarse solemnemente en 1851.

La tercera línea ferroviaria que se puso en funcionamiento fue la que hacía el recorrido entre Sama de Langreo y Gijón, de 40 kilómetros. Su concesión data también de 1845, aunque su construcción son se inició hasta 1850, y su entrada en servicio no se produjo hasta 1855. Su finalidad era la de transportar carbón desde la cuenca minera asturiana hasta el mar, donde era embarcado.

El ritmo de construcción del ferrocarril fue muy lento en estos primero años, de tal manera que hasta 1855 sólo se había tendido 475 kilómetros de vía. En los años posteriores las obras tomaron un impuso considerable y en 1868 se habían puesto ya en explotación otros 4.899 kilómetros. De todas formas no hubo una planificación para ordenar y sistematizar las construcciones desde un principio. La construcción y la explotación de los ferrocarriles dejó a la iniciativa privada y sólo se salvó el principio jurídico de que los caminos de hierro pertenecían al Estado en virtud del dominio del suelo. Hasta la ley de Ferrocarriles aprobada en 1855, la normativa sobre esta cuestión fue confusa. Si el primer período de construcción ferroviaria intensa tuvo lugar en la década de 1856-65, de durante la Década moderada cuando los primeros ferrocarriles comenzaron a circular por España.

Hubo circunstancias que deterioraron seriamente las relaciones que el Gobierno español mantenía con Roma. Sin duda, las medidas desamortizadoras de Mendizábal, asestaban un golpe tremendo a la Iglesia en grado tal que habrían de pasar largos años hasta que, no ya la Iglesia, sino el país, pudiera reponerse de sus efectos. Este fenómeno, junto con las matanzas de frailes, la supresión de las órdenes religiosas, el destierro de varios prelados, etc., hacen del período 1833-43 el más extenso de los períodos tipificados en la historia española por su signo anticlerical.

Una vez terminada la guerra y asegurada en el trono Isabel II, la Santa Sede comenzó a cambiar su actitud de recelo y desconfianza hacia el sistema liberal encabezado por ella. Cuando fue elegido Papa Pío IX en 1846, el Gobierno español concibió esperanzas de que se reconociese a la reina española y se restableciesen las relaciones diplomáticas que se habían interrumpido a raíz de las medidas desamortizadoras. Las relaciones se normalizaron en 1848, pero los acontecimientos en Italia impidieron que se arreglasen.

Normalizada la situación política, pudo firmarse el concordato entre el Estado español y la Santa Sede el 22 de enero de 1851, para ser ratificado y publicado por las Cortes el 17 de octubre siguiente. Las negociaciones habían sido largas y difíciles, pues se habían comenzado en 1844 con las instrucciones había cursado el Gobierno a Castillo y Ayensa, antiguo secretario y confidente de la reina madre María Cristina, designado para llevar a cabo en Roma los contactos con las autoridades vaticanas. La Sagrada Congregación de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios llevó cuidadosamente las discusiones, porque la Santa Sede exigía, antes que nada, la suspensión de las ventas de los bienes que se habían incautado a la Iglesia para llevar a cabo su desamortización, y pretendía obtener la garantía de una decorosa dotación para el mantenimiento del clero. Se ha venido considerando tradicionalmente a este concordato como un concordato económico. El problema que late en el fondo de estas cuestiones económicas era el reconocimiento a la posesión de bienes por parte de la Iglesia y la independencia de sus ministros.

Los Gobiernos moderados, fueron emitiendo una serie de disposiciones para allanar el camino al arreglo definitivo. Tal sentido tuvo la creación de seminarios en las diócesis en las que no había, o la concesión a los obispos de facultades para vigilar las escuelas públicas y las publicaciones consideradas nocivas.

El texto del concordato contaba de 46 artículos, y el primero de ellos se reconocía la unidad católica de España, con gran escándalo del progresismo y de la naciente democracia. A continuación se establecía que la instrucción en las universidades, escuelas y seminarios, serían en todo conforme a la religión católica. Se estipulaba la libertad de predicación y actuación de los prelados, A LOS QUE EL Gobierno debía prestar su apoyo en su función. Y al mismo tiempo se recogía aquella disposición mediante la cual tendrían derecho a impedir la publicación de libros contrarios a la ortodoxia católica. Se establecía una nueva división de las diócesis, suprimiendo algunas y creando otras.

Con respecto a las órdenes religiosas, que constituían uno de los puntos más controvertidos del concordato, se establece en el artículo 30 que a fin de que en toda la Península haya el número suficiente de ministros y operarios evangélicos de quienes puedan valerse los prelados para hacer misiones en los pueblos de sus diócesis, auxiliar a los párrocos, asistir a los enfermos y para otras obras de caridad y utilidad pública, el Gobierno de S.M., que se propone mejorar oportunamente los Colegios de Misiones de Ultramar, tomará desde luego las disposiciones convenientes para que se establezca donde sea necesario, oyendo previamente a los prelados diocesanos, casas y congregaciones religiosas de San Vicente de Paúl, San Felipe Neri y otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, las cuales servirán al propio tiempo de lugares de retiro para los eclesiásticos, para hacer ejercicios espirituales y para otros usos más piadosos.

Los obispos emplearían la cláusula que permitía el establecimiento de otra Orden de las aprobadas por la Santa Sede, para permitir otra orden en cada diócesis, con lo cual desatendían todo propósito limitador.

En cuanto a las religiosas, el Gobierno español se comprometía en el concordato a fomentar el instituto de las hermanas de la Caridad y a conservar otras casas de monjas que se dedicasen a la vida contemplativa, dejando a los prelados los criterios de admisión y profesión de novicias en los conventos.

Desde el artículo 31 hasta el 35, se fijaba la dotación de todo el clero, cardenales, arzobispos y hasta de los curas párrocos, a quienes se dejaban con menos medios y recursos con que vivir que al más desvalido jornalero. Se establecen también las dotaciones del Gobierno para la subsistencia de las casas y las congregaciones religiosas. Además el Gobierno se comprometía a devolver a éstas los bienes de su pertenencia que aún no lo habían sido en virtud de una ley promulgada el 3 de abril de 1845 y los que aún quedaban por enajenar en los conventos de frailes. Por su parte, la Santa Sede suscribía el compromiso de instar a sus prelados a vender estos bienes en subasta pública a invirtiesen el producto en inscripciones intransferibles de la deuda del Estado, al 3 por 100.

En el artículo 42, el Papa prometía por sí y por su sucesores no molestar a los adquieres de los bienes eclesiásticos desamortizados.

La firma del concordato dio lugar a los juicios más controvertidos. Con la firma del concordato, el Gobierno conseguía un doble propósito por una parte, el reconocimiento del régimen liberal encabezado por Isabel II, y, por otra, la legitimación de las ventas de los bienes eclesiásticos desamortizados. La Iglesia también logró, mediante este acuerdo, dos cosas que le resultaban de vital importancia en esta época: en primer lugar obtuvo garantía suficientes por parte del Estado español para ejercer la libertad de jurisdicción sin ninguna traba ni obstáculo, y en segundo lugar consiguió una seguridad gracias a la declaración en la que el Estado se comprometía a atender el mantenimiento del culto y del clero como compensación al despojo sufrido.

Sin embargo, la Iglesia perdía lo que hasta entonces había constituido la mejor defensa de su autonomía e independencia: sus bienes.

Vicens Vives ha criticado el concordato de 1851 porque sometió la Iglesia al Estado y le impidió el resurgimiento que experimentó por aquella época en otros países europeos, en los que mostró un mayor empuje y una mayor capacidad para adaptares a los nuevos tiempos. Para Comellas, esta situación que la Iglesia española alcanzó en el siglo XIX no procede del concordato sino de la frialdad de las relaciones, de la rutina y de la falta de conexiones entre los dos poderes. Para este historiador, si las relaciones entre la Iglesia y el Estado no adquirieron a partir de entonces un sentido más espontáneo y funcional no fue por culpa del Concordato, sino a pesar de él.

En la década de los cuarenta ha cristalizado una nueva sociedad, cuyas diferencias con la sociedad existente durante el Antiguo Régimen, especialmente desde el punto de vista organizativo y jurídico, son bien patentes. Los decretos que se aprobaron en las Cortes de Cádiz con la intención de acabar con los tradicionales privilegios estamentales y establecer la igualdad jurídica de todos los españoles, no fueron por sí solos capaces de cambiar de raíz la organización social. Pero, contribuyeron a impulsar un proceso que treinta años más tarde, a una sociedad profundamente transformada. Los grupos sociales coexisten de forma más abierta que durante el Antiguo Régimen. Comienza a haber una mayor cercanía entre los distintos sectores de la sociedad. El antiguo estamento popular va conociendo y asumiendo los derechos que le asisten, que son los mismos que asisten a los poderosos, y aunque en la práctica esta igualdad no siempre se cumpla, hay que toma de conciencia de clase que los lanza a reivindicar una serie de mejoras en sus condiciones de vida mediante las armas que van poniéndose en sus manos: la organización sindicada y los conflictos laborales.

La movilidad social se incrementa con la desaparición de las barreras legales que impedían el trasvase de uso grupos a otros.

Las estimaciones de Madoz, quien calcula ya para el inicio de la regencia de María Cristina, en 1834, una población de 14.186.000habitantes, según el censo general de ese año. Este aumento general de la población española se debe a tres factores: al progresivo aumento de la natalidad, al descenso de la tasa de mortalidad -a pesar de la sangría que significó la larga guerra carlista- y la disminución de la emigración al continente americano después de la consumación de la independencia colonial.

Donde se advierte un mayor crecimiento de la población es en las ciudades: Barcelona, Madrid, Sevilla, Valencia, málaga, que se consolidan durante este período como grandes centros urbanos. Se inicia en esta época una remodelación urbana, que con los planes de ensancha pretende dar acogía a la avalancha migratoria que busca asentarse en las ciudades.

La emigración del campo a la ciudad es un fenómeno que se inició durante el Antiguo Régimen, pero que se acentúa hora porque muchos campesinos han empeorado su situación como consecuencia de las transformaciones que han operado en el terreno de la propiedad agraria y buscan refugia en la urbe. La ciudad aparece ahora como el foco de cultura, de arte y, sobre todo, donde se concentran algunas industrias nacientes que ofrecen trabajo a una mano de obra barata, que es capaz de soportar condiciones de vida infrahumanas. La capital de España alcanza los 300.000 habitantes, Barcelona se acerca a los 200.000 y Sevilla recupera los 120.000 habitantes.

La Revolución liberal había hecho desaparecer la tradicional sociedad estamental. Sin embargo, la nobleza continuaba manteniendo ese halo de prestigio y ese atractivo como ideal de vida, que habían sido sus características -además de la posesión de riquezas- durante el Antiguo Régimen.

El proceso de la desamortización dio lugar también a la emergencia de una burguesía terrateniente que formaría, junto con la nobleza tradicional, la nueva aristocracia, que iba a mantener la primacía sobre el resto de la sociedad, porque a su poder económico añadiría también un considerable poder político. Sería esta burguesía la que iba a dar el nuevo tono a la oligarquía dominante en la época isabelina.

Esta nueva aristocracia se veía apoyada en su acceso al poder político por las teorías doctrinarias. Como es difícil escoger a los mejores o a los más inteligentes, se adopta el módulo económico para determinar quiénes tienen derecho a votar y quiénes tiene derecho a ser elegidos. Es, pues, el dinero el que determina la bondad y la inteligencia de las personas. Era uno de los tópicos del Romanticismo, que hizo exclamar en las Cortes, en 1844, a un diputado, Calderón Collantes, esta frase: La pobreza, señores, es signo de estupidez.

Pero el dinero no basta, y el burgués enriquecido busca el ennoblecimiento que la Corona a le otorga sin grandes dificultades. El gran número de títulos concedidos por Isabel II, en comparación con los que se concedieron en otras épocas de nuestra Historia.

Característica de los años de mediados del siglo XIX es la burguesía de negocios, que dedicaba sus afanes e inquietudes al mundo de la industria, del comercio y del movimiento de riqueza en general. Es más activa y emprendedora que la burguesía terrateniente, aunque menos números, y su presencia se advierte sólo en las zonas periféricas del Cantábrico y en Valencia, Bilbao y Barcelona se convierten en las dos capitales que, con la introducción del maquinismo, el desarrollo de la industria y, en general, del mundo empresarial, concentran a lo más selecto de esta burguesía.

Pero quienes dan el tono a la España isabelina son las llamadas clases medias. Comprende a todos aquellos que no pertenecen ni a la aristocracia ni al proletariado. Se trata de un sector social que adquiere personalidad precisamente en esta época que siente un gran deseo de aparentar por encima de sus posibilidades reales. Quizá para evitar que se les confunda con los de abajo quieren marcaran distancias y ésta es la única forma que tiene para ello. Se hace indispensable mantener el decoro.

El medio urbano es el escenario que exige un ritmo de vida que no todos tiene posibilidades de seguir, y los que mayores esfuerzos realizan para adaptarse a él son los integrantes de las clases medias. Tres grupos principales: los intelectuales, los militares y los funcionarios. Entre los primeros cabe señalar a los profesionales, especialmente los médicos y los abogados. Aquéllos, de una mentalidad más radical, ya que su continuo contacto con las enfermedades y con las miserias humanas les lleva a adoptar frecuentemente una postura de rebeldía y de contestación al orden existente. En cuanto a los abogados algunos consiguen destacar en el panorama político, ya que la especialización en leyes se convierte en una plataforma que facilita el acceso a los cargos oficiales. Pero otros vegetan en mediocres bufetes que apenas les proporcionan medios para sostener el tren de vida que les exige socialmente el título que poseen. También pueden incluirse en este grupo a los periodistas, que disfrutan de un poder que no siempre concuerda con el nivel económico que les proporciona su escasa retribución, y a los profesores en todas sus categorías.

Los militares constituían un sector en el que cabe distingue un estrato superior, formado por los generales y altos mandos; uno inferior, que era el de la tropa, y se nutría con gentes procedentes de las capas inferiores de la sociedad, y uno intermedio, que es el que contribuía a nutrir a estas clases medias de la sociedad española. Hay en esta época abundancia de militares, consecuencia en parte de la guerra civil recién terminada, y la mayor parte de ellos constituyen los cuadros intermedios y bajos de la oficialidad. Estos cuadros intermedios del Ejército no cabe duda de su importancia como elemento de discordia por su descontento a causa de su paga escasa e irregular y de sus dificultades para el ascenso dentro del escalafón.

Los funcionarios, cuyo crecimiento se explica por la formación de un Estado que tiende a la centralización y a la burocratización y por la inclinación que sienten los españoles a buscar la seguridad que proporciona el vivir de los presupuestos oficiales. Pero en esta época, esa seguridad era muy relativa, ya que los cambios de Gobierno significaban una remoción completa de los acuerdos de la Administración. Esa inestabilidad en el trabajo, daba lugar, alternativamente, según el partido que estuviese en el poder, a la figura del cesante.

En la mayor parte de la población española se produce en esta época un proceso de proletarización. A las consecuencias de la desamortización afectó al campesinado modesto, que tuvo que aceptar las condiciones que le ofrecía el nuevo propietario de las antiguas tierras de la Iglesia. El número de jornaleros era ya de 2.300.000 a finales de la década de los cincuenta. Sus condiciones de vida eran, por lo general, miserables. No trabajaban más de 200 jornadas al año, por un salario que oscilaba alrededor de los seis reales al día, pagado a veces, la mitad en dinero y la mitad en especie. Por todo ello, desde el inicio del reinado de Isabel II, comienza a manifestarse de forma violenta un descontento que irá generalizándose en sucesivas etapas. En primer lugar, las tensiones desembocaron en la quema de cosechas, en la intensificación del bandolerismo y en la ocupación de fincas. En 1845, la creación de la Guardia Civil supuso, entre otras cosas, el intento de atajar los continuos desórdenes en las zonas rurales. Sin embargo, los levantamientos campesinos en Andalucía continuaron produciéndose de forma intermitente. La Revolución de 1854, por ejemplo, aunque en Sevilla tuvo un carácter fundamentalmente político, se vio secundada por la acción de las masas campesinas, que se levantaron en Utrera, Morón de la Frontera, El Arrabal y en algunos otros pueblos. En 1861, de nuevo la revuelta adquirió dramáticos tintes sociales y del Alamo, levantó una partida el 28 de junio, se apoderó del pueblo de Iznájar y trató de proclamar la República. Cuando se presentaron en Loja las fuerzas del Gobierno, disolvió su ejército, que llegó a contar con 100.000 individuos, y huyó.

Se manifestaba ya de forma evidente la polarización de los enfrentamientos que se estaban dando en el campo andaluz entre los propietarios de la tierra y los desposeídos de ella. El problema de la tierra y las luchas sociales que éste originaba serían el principal factor de inestabilidad que presidiría el desarrollo del campo andaluz en lo sucesivo.

La situación del obrero en las ciudades no era mucho mejor que la del campesino. La desaparición del artesano y del régimen gremial que lo protegía dio paso al sistema capitalista, en el que la fábrica sustituyó al viejo taller, que no podía sobrevivir sin el apoyo corporativo. Las condiciones de trabajo distaban mucho de satisfacer las necesidades de una familia, cuyos miembros en su totalidad tenían también que trabajar para poder sufragar un mínimo de subsistencia.

El proletariado industrial no era todavía muy numeroso en el reinado de Isabel II. Algo más de 150.000 hombres integraban este sector, que se concentraba fundamentalmente en Cataluña. El hacinamiento de los barrios periféricos, el desarraigo de una población emigrante procedente de las regiones más deprimidas y, en general, las precarias condiciones de vida, propiciaron los disturbios laborales que comenzaron a producirse por aquellos años.

Las primeras acciones de los trabajadores urbanos habían tenido lugar en Barcelona en 1835, y se reprodujeron tres años más tarde. En 1840 se fundó el primer sindicato que existió en España: la Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón, o Sociedad de Tejedores, que inmediatamente fue prohibido por las autoridades. Consiguió una rápida implantación durante la regencia de Espartero llegó a alcanzar en 1842 los 50.000 militantes. La llegada de los moderados al poder acentuó las medidas represivas contra el asociacionismo obrero que, sin embargo, seguía organizando huelgas y movimientos de resistencia, como los de agosto de 1844 en Barcelona, o el de marzo de 1846 en Sabadell.

A partir de 1850 se intensificó el movimiento asociacionista y fue entonces precisamente cuando el antiguo tornero Josep Anselm Clavé organizó unos coros que funcionaban como sociedades obreras de apoyo mutuo. En marzo de 1854 se produjo en Barcelona la primera huelga general, que intentó ser reprimida por el Ejército, lo cual provocó lucha en las calles, barricadas, varios obreros muertos y muchos heridos. El conflicto, que amenazaba con extenderse a otras ciudades de Cataluña, terminó con el compromiso de las autoridades de legalizar las sociedades obreras y de proceder a la reglamentación de las condiciones de trabajo. Sin embargo, las medidas fueron estimadas insuficientes y los obreros catalanes se sumaron a la revolución de julio de 1854, con la esperanza de que los progresistas atenderían mejor sus reivindicaciones. Pero no fue así, y uno de los más destacados dirigentes sindicalistas, José Barceló, fue condenado a muerte y fueron prohibidas las asociaciones obreras. En 1855 se declaró una huelga general en toda Cataluña y el movimiento obrero fue extendiéndose por otras zonas de España, como Béjar, Lugo, Valencia, Cádiz y Málaga. Las expectativas que los dirigentes sindicalistas habían puesto en un Gobierno progresista se frustraron y eso explica las simpatías que desde entonces depositaron en los demócratas y en los republicanos.

Este período que abarca el segundo tercio del siglo XIX está presidido por el Romanticismo. Éste ha sido definido como un modo de ser y de actuar ante la realidad, como una rebeldía frente a las rígidas normas del clasicismo imperante hasta entonces, como una llamada a la libertad y una exaltación del individualismo.

Se trata de un fenómeno cuyos límites cronológicos podrían situarse en España entre la muerte de Fernando VII y los años centrales del siglo.

El estreno de Don Alvaro o la fuerza del sino, del duque de Rivas, en 1835, puede considerados como el triunfo de la revolución romántica en nuestro país. Un año antes se había estrenado en Madrid la obra de Francisco Martínez de la Rosa, La conjuración de Venecia, que el escritor y político granadino había escrito durante su destierro en París.

Los amantes de Teruel, de Eugenio Hartzenbusch, o El trovador, de García Gutiérrez, representan también el mejor drama romántico de la época, con todos los ingredientes de amores apasionados, trágicas muertes y sentimientos exaltados. Cómo no incluir también en esta apretada relación el celebérrimo Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, que, estrenado el 28 de marzo de 1844, es el único drama romántico que ha seguido representándose hasta nuestros días.

La narrativa presenta en este período dos tendencias características: la novela histórica, en la que se deja notar la influencia de Walter Scott, y los relatos costumbristas. Dentro de la primera de estas tendencias hay que destacar a Manuel Fernández y González, quien consiguió popularizar de forma extraordinaria sus relatos. Entre los costumbristas, una de las figuras señeras es Mesonero Romanos, quien en su Panorama matritense, por ejemplo, trazaba de forma colorista y con humor los rasgos más vivos de la capital de España. En Andalucía, Serafín Estébanes Calderón representa la estética de lo pintoresco. Distinto era el costumbrismo de Mariano José de Larra, más vivos del escritor romántico en lo que se refiere a su trayectoria vital y, sobre todo, en las circunstancias de su trágico suicidio.

El género de la poesía lírica es el que mejor permite expresar todo lo que el Romanticismo encerraba de exaltación de las pasiones, de sentimiento de rebeldía contra el orden establecido y, sobre todo, de estética de lo individual. En este dominio, Espronceda se nos revela como el ejemplo paradigmático del poeta romántico.

Algo posteriores en el tiempo son Ramón de Campeador y Gustavo Adolfo Bécquer. Éste sin duda el poeta más popular de nuestro siglo XIX, ha sido clasificado como neorromántico, como posromántico, y también como el romántico más grande y más puro del siglo XIX español.

En esta panorámica de la lírica española de la época no pueden dejar de citarse nombres como los de Rosalía de Castro en Galicia, Buenaventura Carles Aribau y Jacint Verdaguer en Cataluña y Carolina Coronado en Extremadura.

Aunque la corriente romántica no acabó de apagarse del todo, el Realismo fue ganando terreno por su concepto de una literatura útil al progreso social. Frente al Romanticiso, El Realismo preconizaba la observación de la realidad para plasmarla con certera fidelidad. En Francia, el vértice que señala la frontera entre el Romanticismo y el Realismo, se sitúa en la Revolución de 1848. A partir de entonces, esta corriente, que tiende hacia lo concreto, hacia la realidad constatable, se ve acompañada por el Positivismo, un sistema filosófico que se basa en el método experimental y que se niega a aceptar toda la verdad que no pueda ser demostrada mediante la observación directa del mundo sensible. Ello dio lugar a notables avances en las ciencias de la naturaleza que propician una cada vez más sólida confianza en el futuro y en el progreso indefinido de la humanidad. Este optimismo vital se refleja también en la literatura, en el arte, en la historia, e incluso en la religión. El utilitarismo, el empirismo, el recurso al sentido común son actitudes típicamente burguesas, que alcanzan su apogeo cuando también lo hacen en España las clases medias.

La observación de la realidad social, las costumbres, la caracterización de los tipos madrileños o andaluces, no ya con un espíritu crítico ni mediante la sátira mordaz, como hacía Larra, sino con una postura benevolente y de complacencia, serán los temas que dominen en la literatura española a partir de mediados del siglo XIX. Balzac abrió así el camino de la novela moderna que siguieron después Dickens, Doctoyevski, Flaubert, Zola, Tolstoi y tantos otros.

En España esta nueva narrativa arraigó primero en los folletines publicados de la prensa social, en los que se describía el nuevo marco social urbano, con las miserias de los bajos fondos y los ambientes sórdidos de los suburbios donde se hacinaban los trabajadores industriales. Este mundo se contraponía al de los ricos, y entre ambos se tramaban historias melodramáticas, en las que con frecuencia salía malparado el aristócrata poderoso y triunfaba el oprimido.

Frente a este tipo de realismo social, Fernán Caballero (su verdadero nombre era el de Cecilia Böhl de Faber), representa una narrativa realista desde una óptica distinta. Rechaza ese afán por describir los aspectos más negros de una sociedad para presentar unos cuadros idílicos de la vida andaluza en la que trabajadores y poderosos viven en perfecta armonía bajo la misma devoción religiosa y apegados a las antiguas costumbres.

Al final del reinado de Isabel II y en el Sexenio revolucionario, comienzan a aparecer nombres en la narrativa española, cuya producción más importante se realizaría ya en la época de la Restauración. Entre ellos, José M. de Pereda, Pedro Antonio de Alarcón y, el entonces muy joven, Benito Pérez Galdós.

La mayor parte de los escritores que aquí se ha relacionado se iniciaron en la prensa, en la que siguieron colaborando después. La prensa, y sobre todo la prensa política, se desarrolló extraordinariamente a partir de 1837. La capital de España era la que acogía a un mayor número de periódicos, que llegaron a alcanzar la cifra de 27. En el resto del país, en su conjunto, se publicaban alrededor de 30 periódicos. La profesión periodística no sólo se convirtió en una plataforma importante para saltar a la carrera política, desde el punto y hora en que se convirtió en el cuarto poder, sino que sirvió también a muchos escritores para obtener los recursos económicos que el simple cultivo de las letras no podía ofrecer. El Eco del Comercio, La Abeja, El Español y El Siglo, en Madrid; El Vapor, El Europeo y La Guardia Nacional, en Barcelona, eran algunos de los periódicos más importantes en la época isabelina.

En el terreno de las artes plásticas domina también en el período comprendido entre la regencia de María Cristina y el final del reinado de Isabel II, la corriente romántica. En la pintura, el precedente inmediato de esta corriente está representado por la figura de Francisco de Goya, el pintor más genial de todo el siglo XIX. El Romanticismo en la pintura se caracteriza por su interés por la historia y por su afán por lo literario. Se acentúa en estos años lo pintoresco y lo típico y se arrinconan los temas religiosos.

En la capital de España, Leonardo Alenza y Eugenio Lucas y Padilla figuran entre los artistas más interesantes del romanticismo español. Fue más conocido Federico Madrazo, a quien se le ha llegado a considerar como el pintor que mejor representa el arte oficial del reinado.

Sin que pueda hablarse de una escuela paisajística española romántica, existe una serie de individualidades con algunas características comunes. El pintor más sobresaliente en este sentido es Genaro Pérez Villaamil. Su pintura era muy del agrado de la clase burguesa, con cuadros generalmente de pequeño formato y de un estilo fino y amable, efectuados con facilidad y maestría, y de un dibujo elegante. De parecidos rasgos son también los paisajes de Antonio Brugada, Vicente Camarón y Antonio Lucas Vázquez. En Barcelona, Luis Rigalt, hijo del también pintor Pablo Rigalt, cultivó asimismo el paisaje.

Desde mediados de la centuria, además de la pintura romántica paisajística y costumbrista, aparecen tendencias realistas en las que predomina también la temática e cuestiones históricas. Mariano Fortuny, que fue comisionado para marchar a África con el general Prim para realizar una especie de crónica gráfica de la guerra de Marruecos, fue el que alcanzó una mayor fama y éxito comercial. Eduardo Cano, José Casado del Alisal, con sus conocidas obras La rendición de Bailén y La campana de Huesca, o Antonio Gisbert, con su famoso cuadro El fusilamiento de Torrijos y sus compañeros. En este sentido, no debemos olvidar a Eduardo Rosales, a quienes algunos crítico lo consideran como la cumbre del género. Su obra más conocida, El testamento de Isabel la Católica.

En el campo de la escultura, la influencia de lo romántico en contraposición a lo neoclásico no resulta fácilmente detectable, quizá porque es un arte que se presta menos a reflejar lo que el espíritu romántico quería expresar. Los nombres de Ponciano Ponzano, José Grajera y los hermanos Bellver sobresalen en el panorama escultórico de la época.

Por su parte, la arquitectura experimenta en el tramo central del siglo XIX un gran desarrollo, impulsada por la iniciativa oficial y también por la aristocracia, que construye palacios y residencias en los grandes centros urbanos. En estas obras predomina una base clasicista, a partir de la cual los arquitectos se toman una serie de licencias un tanto heterodoxas que tienen como finalidad aligerar y agilizar los pesados y macizos edificios del período anterior. El Palacio del Congreso de los Diputados y el Teatro Real en Madrid son los edificios más representativos de la época isabelina.

El edificio de la Biblioteca Nacional, o Palacio de Bibliotecas y Museos como también se le conocía, se proyectó en las postrimerías del reinado de Isabel II.

Expresión genuina del ascenso de la burguesía catalana en este período es el edificio del Liceo de Barcelona, donde se reunía lo mejor de la sociedad para presenciar las representaciones de ópera.

Desde el punto de vista urbanístico, uno de los aspectos más interesantes de este período del reinado de Isabel II es el de los ensanches de Madrid y Barcelona, proyectados por los ingenieros Carlos María de Castro e Ildelfonso Cerdá, respectivamente.

No puede estar completa una visión de la vida cultural y artística de la España de los años centrales del siglo XIX, sin una referencia a la música de este período. Frente al gusto italianizante de la burguesía más refinada y elegante, se difundió también por esta época la zarzuela. Francisco Barbieri estrenó Pan y toros en 1864 y con esta obra se iniciaba el género casticista, con un lenguaje callejero y una música pegadiza.

Como contraste a este panorama, la música instrumental suscitaba lpor estos años bastante menos interés. Apenas se celebraban conciertos.

TEMA 9.- Progresistas, moderados y unión liberal

El predominio de los moderados en el poder finaliza en 1854. El golpe que acabó con el Gobierno del conde de San Luis presenta tres frentes distintos que concluyen en su propósito de provocar un cambio político: un pronunciamiento de generales conservadores; una oposición política por parte de los progresistas y de un sector del mismo moderantismo, y una revuelta popular, que se traduce en la ya tradicional formación de Juntas Locales y provinciales por todo el país.

El partido moderado se hallaba deshecho y desgastado, y algunos de sus miembros afines al sector puritano prepararon con algunos destacados militares una acción para cambiar la línea política seguida por los polacos y sustituirla por una de un liberalismo más sincero y abierto. Entre los políticos estaban Ríos Rosas, Fernández de los Ríos, el marqués de Vega de Armijo y Cánovas del Castillo; entre los militares, O'Donnell, Dulce y Serrano. A estos hombres se debió la iniciativa revolucionaria, aunque en una segunda fase entraron a jugar los elementos progresistas y populares, descontentos con la carestía que habían provocado las exportaciones de trigo a Inglaterra para compensar la desaparición de las exportaciones rusas como consecuencia de la guerra de Crimea.

El 28 de junio, el general Domingo Dulce, director general de Caballería, se pronunció en el Campo de Guardias, y O'Donnell, que había permanecido escondido durante algún tiempo para escapar a la represión del Gobierno Satorius, junto con los generales Ros de Olano Mesina, acudió a unirse a ellos. El Gobierno envió para someter a los sublevados al general Blaser, y las dos fuerzas se enfrentaron el día 30 en Vicálvaro, donde se produjo una escaramuza de resultado indeciso. La Vicalvarada no produjo ni vencedores ni vencidos, y por el momento parecía que los militares que se habían pronunciado no tenían apoyo suficiente para alcanzar su propósito. O'Donnell, que se convirtió enseguida en la cabeza visible de los sublevados, no tenía nada en común con los progresistas, pero comprendió que sin su apoyo sería imposible el triunfo, y por eso atendió los consejos que proponían el llamamiento a esta fuerza política. Ésa fue la intención del Manifiesto de Manzanares, redactado por Antonio Cánovas del Castilllo. Algunos historiadores han dudado a la hora de atribuirle esa finalidad concreta al Manifiesto, pero es clara la sintonía de muchos de sus postulados con el credo progresista: “Nosotros queremos la consagración del trono, pero sin camarilla que le deshonre; queremos la práctica religiosa de las leyes fundamentales, mejorándolas, sobre todo la electoral y la de imprenta; queremos la rebaja de los impuestos, fundada en una estricta economía; queremos que se respeten en los empleos militares y civiles la antigüedad y los merecimientos; querremos arrancar los pueblos a la centralización que los devora, dándoles la independencia local necesaria para que conserven y aumenten sus intereses propios; y como garantía de todo esto, queremos plantearnos sobre sólidas bases la Milicia Nacional”.

Se formó un nuevo Gobierno encabezado por el general Fernández de Córdova e integrado por hombres como Ríos Rosas, el duque de Rivas, Gómez de la Serna y Catero, es decir, por progresistas respetables y por alguno moderados. Pero Fernández de Córdova era un militar de talante esencialmente conservador y sacó las tropas a la calle con la intención de reprimir rápidamente los brotes revolucionarios, cosa que no consiguió, puesto que a partir del día siguiente se formaron barricadas en las calles y se incrementó e número de paisanos armados que acudían al centro de Madrid desde los barrios populares. El duque de Rivas sustituyó a Fernández de Córdova, que pasó a ocupar la cartera de Guerra en nuevo Ministerio. La situación era confusa, y para controlarla, los progresistas más avanzados decidieron crear una Junta de Salvación, Armamento y Defensa, cuya presidencia fue ofrecida al viejo general Evaristo San Miguel, cuya carrera política había comenzado treinta años antes, al ocupar la presidencia del Gobierno exaltado durante el Trienio constitucional.

El general San Miguel pactó con la reina Isabel II la aceptación de los principios progresistas y la formación de un nuevo Gobierno presidido por Baldomero Espartero, que se hallaba en Logroño retirado de la política. Espartero había recuperado su popularidad, y la noticia de que había sido llamado por la reina convirtió en júbilo la amenazadora actitud del pueblo sublevado.

Palacio Atard ha hecho notar la marcha inversa de estos acontecimientos con relación a los que tuvieron lugar en 1843. En efecto, si en aquella fecha fueron los moderados los que se aprovecharon de un golpe que habían iniciado los progresistas contra su propio Gobierno, ahora serán los progresistas los que sacasen ventaja de una revolución a la que habían sido llamados por un grupo de moderados disconformes contra un Gobierno de correligionarios.

Aquellas jornadas de julio no eran más que la consecuencia del peligroso juego político a que daba lugar el sistema de la Constitución de 1845 y la propia actitud de la reina Isabel II. La Corona era persistente en su deseo de mantener al partido moderado en le poder, y eso se conseguía mediante la manipulación de la voluntad popular expresada en unas elecciones que en realidad eran una farsa. Al encargar a un miembro del partido moderado que formara Gobierno, le daba también el poder para formar unas Cortes con el apoyo suficiente. El electorado no era muy numeroso y se podía controlar mediante procedimientos diversos, de tal manera que se podía garantizar el resultado deseado. Eso no daba opción a los progresistas, que veían bloqueado su acceso al poder a causa del pacto entre la Corona y los moderados. La única forma de conseguir el Gobierno, ya que no por la vía legal de las elecciones, era el golpe, la revolución. Y así fue como lo consiguieron en 1854. Eso no sería óbice, sin embargo, para que el progresismo tratase de utilizar desde el Gobierno exactamente los mismos procedimientos que sus opuestos políticos. No contaban, empero, con una baza fundamental, cual era la confianza de Isabel II.

Para aceptar el poder, Espartero impulso esta condición a la Corona a través de su ayudante, el general Allende Salazar: la convocatoria de unas Cortes constituyentes, ya que la revolución estaba por encima de la legalidad vigente, y la soberanía nacional era superior al trono. La reina aceptó su propuesta sin ningún genero de restricción. Por Madrid el pueblo estalló en manifestaciones de júbilo.

El Gobierno que presidía Espartero tenía en la cartera de Guerra al general O'Donnell, lo cual no dejaba de resultar contradictorio, dadas las distintas miras políticas que tenían ambos militares. Pero O'Donnell había sedo el hombre fuerte del momento y los dos tenían por delante la tarea de desarmar la revolución, que seguía siendo dueña de la calle a través de las Juntas, la propaganda y las reuniones patrióticas. Para conseguirlo, Espartero propuso a la reina la convocatoria de las Cortes Constituyentes para el 8 de noviembre y que éstas estuviesen formadas solamente por el Congreso de los Diputados, para evitar un posible desacuerdo con el Senado. E Realidad, lo que se trataba de impedir era la presión conservadora que la Cámara Alta podía ejercer a la hora de elaborar el nuevo documento. El Gobierno propuso también la aplicación de la ley Electoral de 20 de Julio de 1837, mediante la cual se otorgaba mayor extensión al sufragio y se hacía con ello más difícil su manipulación.

Otra medida que dispuso el nievo Gobierno fue la salida del país de la reina madre María Cristina, que había sido acusad por los revolucionarios de ser la culpable de los cabildeos palaciegos y de los escándalos que habían dado lugar a aquella situación política. La medida le valió las primeras críticas al duque de la Victoria por parte de una extrema izquierda, que consideró la expatriación de María Cristina como una forma de liberarla de las responsabilidades a las que tenía que responder ante el país. Espartero no sólo hizo frente a estas críticas, sino que dedicó todo el esfuerzo a reprimir los restos revolucionarios con todo vigor.

Las Cortes se reunieron y el discurso de la Corona fue tan hábil y ajustado que, a juicio de Valera, “volvió Isabel II a ser la verdadera reina de España, con mayor popularidad y apoyo. Como presidente del Congreso fue elegido Pascual de Madoz. Y se nombró una comisión para que se preparase el nuevo texto constitucional. El proceso de elaboración fue largo, porque se redactaron primero unas bases que dieron lugar a amplias discusiones que se reflejaron en votos particulares. El 23 de enero de 1855 comenzaron esas discusiones y hasta un año más tarde no quedó concluido el dictamen para su aprobación definitiva. Uno de los puntos más conflictivos fue el de la soberanía nacional, auténtico caballo de batalla de las diferentes concepciones políticas de moderados y progresistas. Éstos querían que este principio quedase reflejado en el texto y no ya en el preámbulo sino dentro de su articulado, para que quedase así constancia de su esencialidad. Ríos Rosas y Cánovas del Castilla basaban su argumentación en contra, en el hecho de que tal formulación podía llevar al establecimiento del voto universal, que estaba lejos de sus postulados políticos. Para los progresistas, en cambio, este principio, como decía uno de sus diputados, “era una verdad tan clara que es difícil de demostrar, por lo mismo que la luz del sol no se demuestra, sino que se ve.”

En lo que se refiere a los derechos individuales, el proyecto constitucional trataba de reforzarlos y garantizarlos, introduciendo algunas novedades con respecto a lo que se había proclamado en las leyes fundamentales anteriores, como era la abolición de la pena capital para los delitos políticos. No obstante, no prosperaron algunas propuestas para la introducción del sufragio universal, defendido ardorosamente pro José María Orense, o los derechos sociales a la seguridad del trabajo y a la educación, apoyados por el diputado García Ruiz

El Problema religioso estalló entre los partidarios de que en el texto se recogiese la unidad católica de España y los que pretendían introducir la libertad de cultos. Al final, se impuso una fórmula de transacción con la que estaban de acuerdo unos y otros: “La nación se obliga a mantener y proteger el culto y los ministros de la religión católica que profesan los españoles. Pero ningún español podrá ser perseguido por sus opiniones o creencias religiosas, mientras que no las manifieste por actos públicos contrarios a la religión”.

Con respecto al poder legislativo, se mantenía el Senado, pero se hacía enteramente electivo, de tal forma que los integrantes de esta Cámara serían designados por el mismo procedimiento que los diputados al Congreso, y por otra parte, para tratar de evitar esa arma tan frecuentemente utilizada por la Corona en connivencia con el partido de sus simpatías, como era el de la disolución de las Cortes, se propuso la eliminación de esa facultad. No se aprobó una medida tan radical, pero se limitó mediante esta fórmula: “Cada año estarán reunidas las Cortes a lo menos cuatro meses consecutivos, cantados desde el día que se constituya el Congreso de los Diputados. Cuando el rey suspenda o disuelva las Cortes antes de cumplirse este término, las Cortes nuevamente abiertas estarán reunidas hasta completarlo. En el primer caso previsto en el párrafo anterior, la suspensión de las Cortes en una o más veces no podrá exceder de treinta días.”

Donde el proyecto de la comisión dejaba ver más claramente su inclinación progresista era en las cuestiones referentes a los municipios, a la Milicia Nacional y a la institución del jurado. Con respecto al primero, se dejaba bien claro que los Ayuntamientos serían elegido por los vecinos, eso sí, siempre que pagasen contribución directa a los gastos del Estado, de la provincia o del distrito municipal. En cuanto a la Milicia Nacional, se establecía su creación aun cuando se remitía a una ley posterior su organización y el tipo de servicio que debería prestar. Lo mismo ocurría con el jurado, cuyo funcionamiento quedaría regulado por leyes orgánicas y ordinarias.

Con todos sus fallos y limitaciones sobre todo por su carácter eminentemente progresista, Tomás Villarroya hace de él una valoración positiva en algunos aspectos, trataba de eliminar algunos obstáculos tradicionales que entorpecían el normal funcionamiento de la práctica política. El proyecto de 1856 merece la consideración de un documento hijo de una situación dominada por los progresistas en el que su partido debía contar con todas las ventajas, lo cual estaba muy lejos de favorecer la convivencia política.

La Constitución, finalmente, no pudo ser aprobada, por eso fue conocida como la non nata, puesto que la crisis de 1856 provocó la disolución de las Cortes. Pero ahí queda el texto como expresión de las aspiraciones políticas de aquellos que habían hecho triunfar la Revolución de 1854.

Mejor suerte que la frustrada Constitución tuvo la ley Desamortizadora promulgada el 1 de mayo de 1855, conocida como la Dasamortización de Madoz, ministro de Hacienda. Esta ley supone el inicio de la última etapa del largo proceso que se había iniciado en el siglo XVIII. También llamada desamortización civil, afectaba no sólo a bienes de este tipo, sino también a bienes pertenecientes al clero, lo cual serviría para agravar las tensiones entre el Estado español y la Santa Sede, que se habían reavivado con motivo de la discusión en torno a la libertad religiosa.

Aunque los estudios existentes no son tan abundantes ni completos como los que se han realizado ya saber la que llevó a cabo Mendizabal, podemos afirmar que en cuanto a volumen de ventas ésta fue la más importante. Los bienes desamortizados en 1837 alcanzaron la cifra de 3.5 millones de reales, la de 1855 ascendieron a 5.700 millones.

La ley pretendía ser -como rezaba su preámbulo- “una revolución fundamental en la manera de ser de la nación española, el golpe dado al antiguo deplorable régimen, y la forma y el resumen de la generación política de nuestra patria.” En su virtud, se declaraban en ventea todos los bienes pertenecientes a manos muertas que no lo habían sido en anteriores desamortizaciones, es decir, todos los predios rústicas y urbanos, censo y foros del clero, de las órdenes militares de Santiago, Calatrava, Montesa y San Juan de Jerusalén, de cofradías, obras pías y santuarios, de propios y comunes de los pueblos, de beneficencia y de instrucción pública, De toso ellos, los que destacaban por su importancia eran los bienes que pertenecían a los municipios, tanto los que eran propiedad del pueblo en su conjunto -propios- y los beneficios que producían revertían en la totalidad de la comunidad, en forma, por ejemplo, de mejoras de infraestructura, como los comunes, que siendo también del pueblo podían ser disfrutados personal e individualmente por los vecinos del mismo para llevar el ganado a pastar o para recoger leña para el hogar.

La finalidad de la ley Madoz era fundamentalmente, como lo había sido la de Mendizábal, la de obtener medios económicos para el Estado. Tampoco en esta ocasión aparece como una preocupación por parte de los progresistas el acceso a la tierra de los desposeídos. Los bienes desamortizados pasarían a propiedad de aquellos que más pudieran pagar por ellos. Es decir, se utilizó también el procedimiento de la subasta pública para su venta, NO obstante, se introdujeron algunas mejoras técnicas en cuanto a la forma de pago, pues ésta sólo podría hacerse en metálico y en un plazo de quince años, con un descuento del 5% sobre los plazos adelantados. Estas condiciones se modificaron en parte en 1856, admitiéndose en alguno casos títulos de Deuda para pagar la mitad del valor total de los bienes adquiridos, pero sólo al valor de cotización del día anterior a la operación.

Así pues, en todo caso podría hablarse de unas consecuencias sociales negativas, al arrebatarle a los pueblos los únicos medios de financiación que tenían en la mayor parte de los casos para mejorar la calidad de vida de los vecinos y atender a los gastos de los servicios comunes, o bien al dejar a los habitantes más pobres sin la posibilidad siquiera de aprovechar esas tierras comunales para mantener su precaria subsistencia. Sólo en contados casos pudieron los municipios verse libres de la enajenación de su patrimonio, cuando justificaban que sus propiedades eran de aprovechamiento común y quedaban exceptuadas de la venta. Para compensar la perdida de sus fuentes de ingresos, los municipios sólo disponían de los impopulares impuestos sobe los consumos, tan denostados y atacados por las clases menos favorecidas.

De otro lado, la desamortización de los bienes del clero incluidos en esta ley planteaba de nuevo, a los cuatro años de la firma del Concordato, las relaciones con la Santa Sede. Por este motivo, la reina se negó en un principio a sancionar la ley cuando se la presentaron en Aranjuez, donde se hallaba, Espartero y O'Donnell. Tras algunas dilaciones y excusas no tuvo más remedio que sancionarla, aun con graves problemas de conciencia, lo que provocó la ruptura con Roma.

Cuando las Cortes constituyentes suspendieron sus sesiones en julio de 1855, habían aprobado más de 90 leyes, y entre ellas la ley general de Ferrocarriles, que regulaba la expansión de este medio de transporte. Después de un año, los moderados habían recobrado energías y se aprestaban de nuevo a recuperar el Gobierno. Espartero era el centro de sus críticas, que se ejercían sobre todo a través del periódico clandestino titulado El Padre Cobos. Pero sus censuras encontraban también eco popular, debido a la actitud siempre engreída del duque de la Victoria y al descontento generalizado que habían provocado algunas de las disposiciones aprobadas por los progresistas que tendían a favorecer claramente a los elementos afines a su política, como pensiones, recompensas y ascensos en el escalafón militar. Lo que Fernando Garrido llegó a calificar de tontería tradicional de los progresistas, y que no era más que su escasa capacidad para detentar el poder sin el concurso de un figurón como Espartero, les llevará de nuevo a la división. Por una parte, los progresistas puros que se negaban a colaborar con un Gobierno que mantenía a O'Donnell como segundo de abordo; por otra, los que tendían hacia un centro liberal por huir del radicalismo de los demócratas.

Las divergencias se acentuaron ante la actitud que tomó el Gobierno para reprimir algunas revueltas de carácter social que se produjeron en Barcelona, Zaragoza y Valencia, que más tarde se extendieron a Castilla, y que desembocaron en el incendio de fábricas de harina, barcas que servían para su transporte y en saqueos de casas y almacenes. En muchos casos, la Milicia se puso de parte de los revoltosos y esa crisis de poder fue aprovechado por la reina para destituir a Espartero y nombrara a O'Donnell jefe de Gabinete, el 14 de julio de 1856. Era un auténtico golpe de Estado, ya que la maniobra iba en contra de la mayoría parlamentaria, pero era también el único final posible de ese ocasional maridaje de los dos generales. Ganó el menos cándido, pues Espartero no sólo no supo cortar el deslizamiento del Gobierno hacia la derecha, impulsado por O'Donnell, sino que fue utilizado por éste como parachoques de los embates que procedían de la izquierda, valiéndose del carisma y la popularidad que seguí ateniendo el duque de la Victoria.

O'Donnell fue recibido en las Cortes con un voto de censura, mientras que en las calles se enfrentaban los milicianos con las tropas leales al Gobierno. Espartero se negó a ponerse al frente de la Milicia por temor a que el triunfo de la revolución provocase la caída del trono. La resistencia de los milicianos no duró mucho tiempo. Fueron sometidos por el Gobierno, primero en la capital, y poco más tarde en Barcelona y Zaragoza.

Con una mayoría hostil en las Cortes, O'Donnell optó por disolverlas, con lo que moría la Constitución aún no nacida, y restableció la Constitución de 1845, aunque añadiéndole un Acta adicional mediante la que introducía algunas medidas liberalizadores, que fue aceptada por la Corona. O'Donnell, que había sido el autor y el principal protagonista de la Revolución de 1854, acababa ahora con ella. La reina ya no le necesitaba, puesto que estaba ya trazado el camino para la vuelta de los moderados. El pretexto para darle el cese era fútil, pero refleja a las mil maravillas la precaria base en la que se sustentaban los Gobiernos y el papel que la Corona seguía jugando en el funcionamiento de la maquinaria política de la época. Con motivo de sus cumpleaños, el 10 de octubre, Isabel II dio una fiesta en palacio, en la que desairó al jefe del Gabinete, prestando toda su atención a Narváez, que acababa de regresar a Madrid. Fue suficiente para que O'Donnell presentase su dimisión al día siguiente.

Narváez sustituyó a O'Donnell en la presidencia del Consejo. Era la cuarta vez que ascendía a este puesto, y venía acompañado ahora de elementos ultraconservadores, como Nocedal, en Gobernación, y de reformistas eficaces, como Claudio Moyano, en Fomento. La vuelta de los moderados la poder significaba, según la práctica política de entonces, no sólo la remoción completa de empleados, sino la destrucción de la tarea legislativa llevada a cabo por los inmediatos antecesores. Por de pronto, se derogaron todos los decretos, leyes y disposiciones que violaban el Concordato de 1851, y se restablecieron las relaciones con la Santa Sede. Se suspendió la aplicación de la ley desamortizadora de 1855. Se confirmó el restablecimiento de la Constitución de 1845, pero sin el Acta adicional que había hecho aprobar el Gabinete O'Donnell, y se suprimieron todas las disposiciones que los progresistas habían introducido para el gobierno de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. En definitiva, se volvía a la situación anterior a la Revolución de 1854.

Frente a esta labor destructiva, el Gobierno presidido por Narváez llevó a cabo en esta ocasión una notable tarea legislativa que mereció el reconocimiento de historiadores como Pirala o Garrido, tan poco sospechosos comulgar con la política moderada. Los moderados contaron con una aplastante mayoría en la Cámara, pues en las elecciones celebradas el 25 de marzo sólo salió media docena de diputados progresistas.

Las Cortes se abrieron el 1 de mayo, la primera cuestión que abordaron fue la reforma del Senado, en el que en lo sucesivo se exigirían más requisitos para adquirir la condición de senador, con el objeto de que se prestigiase más la alta Cámara. En este sentido, se introdujo la novedad de hacer hereditario el cargo para aquellos grandes de España que disfrutasen de una renta de 200.000 reales. La medida, sin embargo, no tuvo efecto por el temor de los Gobiernos que se sucedieron a que aquello pudiese dar lugar al restablecimiento de las vinculaciones.

También presentó el Gobierno un proyecto de ley de imprenta, que se convirtió en ley el 13 de julio de 1857. En ella se introducía la censura previa para la publicación de periódicos y se exigía a la directores un depósito permanente de 300.000 reales se era de Madrid, y de 200.000 se era de provincias, para responder de los posibles delitos que determinasen unos jueces especiales, que se creaban también al efecto. Además de estas leyes, el Gobierno Narváez realizó importantes trabajos estadísticos, como el censo general de población de 1857, promulgó la ley de Instrucción Pública y fundó la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Pero junto a esta política de realizaciones y de reformas administrativas, el Gobierno moderado hizo gala de una gran dureza en las represiones que llevó a cabo contra los autores de graves desórdenes que tuvieron lugar aquel verano de 1857 en Andalucía.

Sólo había transcurrido un año desde su nombramiento, cuando se produjo la caída del Gobierno Narváez; la reina desconfiaba de su carácter autoritario. Lo cierto es que ni siquiera con una mayoría parlamentaria fuerte podía sostenerse un Gobierno que no contaba con la confianza de la Corona, aunque fuese tan moderado. En el colmo de la insensatez, la reina hizo un intento de presidir ella misma un Gabinete, de lo que fue disuadida por Bravo Murillo, tras mostrarle su condición de inviolable.

El encargado de formar nuevo Gobierno fue le general Armero (15 de octubre de 1857-11 de enero de 1858). Armero era un hombre de transición que pretendía situarse entere el radicalismo de los progresistas y el reaccionarismo de los moderados. No pudo hacer nada: una desfavorable votación en las Cortes provocó su sustitución por Javier Istúriz. Éste, a pesar de su dilatada experiencia política, no fue capaz tampoco de mantenerse más allá de algunos meses (11 de enero-30 de junio de 1858). A pesar de contar también con el apoyo del sector más duro del moderantismo encabezado por Bravo Murillo, fue despegándose de él para conectar con los elementos más liberales, i incluso con algunos del partido progresista. Parecía llegada la hora de los que intentaban llevar a la política española una solución de centro. El Gobierno de los moderados se había desacreditado a causa de sus escisiones, que ponían de manifiesto su desgaste. Su contenido político no se había renovado, seguía alimentándose ideológicamente del doctrinarismo de la época de María Cristina, y no se había producido el relevo de sus principales líderes. Pero lo mismo les ocurría a los progresistas. El fracaso de la Revolución de 1854 había puesto al descubierto la inviabilidad de una solución puramente progresista. El resultado de la deserción de miembros de una y otra opción política fue la formación de la Unión Liberal, una nueva fuerza que intentaría conciliar la libertad con el orden y que llenaría la vida política española, al menos hasta 1863.

En 1858 se abre una nueva etapa en el reinado de Isabel II en la que se ensaya una solución política representada por la Unión Liberal. Esta fuerza estaba integrada por elementos convergentes de los dos partidos históricos, e inspirada por un militar, el general Leopoldo O'Donnell, y un civil, José Posada Herrera, antiguo progresista, político hábil y con sentido práctico, además un buen orador. Por su parte, O'Donnell, nacido en Canarias y de origen irlandés, había iniciado su ascenso en la carrera militar en la guerra carlista, donde llegó a alcanzar el grado de teniente general cuando sólo tenía treinta años. Durante la regencia de Espartero se convirtió en uno de los elementos más destacados del partido moderado. Fue nombrado capitán general de la Habana y senador, pero su actividad política era todavía muy limitada. Rompió con Narváez en 1848 por disconformidad con la represión de movimiento progresista y saltó al protagonismo político con motivo de la Vicalvarada.

El objetivo de estos hombres de la Unión Liberal era el de hallar el difícil equilibrio entre la libertad y el orden u conciliar los diversos intereses que habían venido enfrentándose sistemáticamente en forma de poder y de oposición. Como partido de síntesis, La Unión Liberal carecía de un programa propio y de un cuerpo de doctrina original. Es más, O'Donnell consideraba la intransigencia doctrinal y los dogmas políticos como trabas insalvable para la buena marcha del Gobierno. Posada Herrera, por su parte contaba al partido moderado y la partido progresista porque cada uno pretendía imponer su propia Constitución, cada uno tenía su propio sistema de administración, e incluso, cada uno tenía sus propios funcionarios. Creía que había que partir de las instituciones existentes para consolidarlas y hacerlas eficaces, para después llevar a cabo su perfeccionamiento y adaptación a los tiempos venideros. Su eclecticismo y pragmatismo le llevaban a acoger a todos aquellos que aceptase la dinastía y la Constitución y no tuviese opiniones contrarias en lo esencial al proyecto, sin tener en cuenta su procedencia ni su denominación. Los procedentes de los dos partidos tradicionales que acudieron a la llamada de la Unión Liberal eran los resellados: los moderados Martínez de la Rosa, Alejandro Mon e Istúriz, y a los progresistas Santa Cruz, Lafuente, Cortina y Zavala. Frente ellos quedaban, por la derecha, el conde de San Luis, el marqués de Pidal, González Bravo y Moyano, y por la izquierda, los puros, encabezados por Espartero y con el concurso de Olózaga, Madoz, Sagasta, Calvo Asencio y Sánchez Silva. Bravo Murillo, al que la Unión Liberal le parecía que vivía de la difamación de los demás, optaron por retirarse de la política.

El 30 de junio se constituyó el Gobierno presidido por O'Donnell -el gobierno largo-, de una duración superior a los cuatro años. En Gobernación llevaba a Posada Herrera, en Datado a Saturnino y en Hacienda a Pablo Salaverría. La consiguiente disolución de las Cortes fue acompañada de la convocatoria de elecciones para finales de octubre. Los mecanismos de influencia y de presión se pusieron en funcionamiento con el objeto de obtener una mayoría cómoda en el Congreso. Los gobernadores civiles fueron aleccionados, se cambió a todo el personal de la Administración y se rectificaron las listas electorales.

Por su habilidad para manipular la voluntad de los electores desde el Ministerio de la Gobernación, Posada Herrera fue calificado de Gran Elector. Y consiguió fabricar una gran mayoría sin que por ellos dejasen de estar representados los hombres más destacados de la oposición, que ejercieron una crítica brillante y tenaz a la labor del Gobierno. Allí estaba Aparisi y Guijarro, jefe del partido absolutista; González Bravo, cabeza visible de los moderados que contaban con 30 diputados, y Salustiano Olózaga, al frente de una veintena de progresistas. Los unionistas, por su parte, formaban una mayoría unida en tango persistiese la autoridad de O'Donnell y el control y la capacidad maniobrera de Posada Herrera, pues la diversidad de su origen y la carencia de nexo ideológico entre ellos hacía extremadamente frágil su cohesión. Como quiera que fuese, lo cierto es que aquellas Cortes tuvieron una duración de cinco años, lo cual suponía un auténtico récord en el inestable panorama de la política española de aquellos años.

El Congreso abrió sus sesiones el 1 de diciembre. En los debates se puso pronto de manifiesto que la palabrería y las acusaciones mutuas, junto con la falta de preocupación por los problemas de fondo que tenía planteado el país, eran cosas que no había podido desterrar de la vida parlamentaria el dominio que en ella ejercía la Unión Liberal. Cuando se repasan las actas de las sesiones, sorprende la abundancia de discursos sobre cuestiones nimias y de poca monta y la caso total carencia de discursos sobre proyectos legislativos destinados a llevar a la práctica las ideas de cada uno. El hecho de si debía o no erigirse una estatua a Mendizábal mereció, por ejemplo, una larga discusión entre progresistas y moderados. Otro asunto al que, tanto el Congreso como el Senado, dedicaron varias sesiones fue el proceso seguido contra Esteban Collantes, el cual había sido ministro de Fomento con el conde de San Luis en 1854 y había sido acusado de haber cometido delitos de fraude. Esteban Collantes quedó absuelto, pero el proceso había desatado las pasiones políticas de las dos Cámaras y agotado varias sesiones en su desarrollo.

Algunos acontecimientos interiores no consiguieron del todo alterar la tranquilidad que vivió el país en aquella etapa. Un intento republicano dirigido por Sixto Cámara, que intentó sublevar a la guarnición de Olivenza, y que le costo la vida, y un frustrado regreso del conde de Montemolín, que desistió cuando nació el hijo varón de Isabel II, Alfonso. La guerra de África inició una seria de aventuras exteriores que explican la desactivación de los endémicos conflictos domésticos durante algún tiempo.

Pero la estabilidad política de estos años tiene mucho que ver con la prosperidad económica. El Gobierno de la Unión Liberal era consciente de que el desarrollo y la creación de riqueza eran no sólo el camino para una España nueva, sino el mejor antídoto contra la revuelta social. El presupuesto extraordinario de 1859 preveía una serie de inversiones en este sentido, a base de la captación de ingresos extraordinarios y de préstamo. El ferrocarril comenzó su auténtica expansión a comienzos de la década de los sesenta, y la industria metalúrgica se benefició de la política de O'Donnell de construcción naval para dotar al país de una escuadra capaz de enfrentarse a las de las primeras potencias del mundo.

Estos años, sólo alterados ocasionalmente por brotes de republicanismo o manifestaciones de descontento social, como la revuelta de la Loja, fueron aprovechadas por la reina para realizar algunos viajes por distintas regiones del país.

No todo era un camino de rosas. La Unió Liberal iba dejando en el trayecto algunos de los elementos que más habían contribuido a llevarla al poder. Ríos Rosas, Alonso Martínez, Concha y Cánovas del Castilla. Estas deserciones y el desgaste natural provocado por su larga permanencia en el poder forzaron la dimisión de O'Donnell el 27 de febrero de 1863.

La causa concreta de la caída del Ministerio fue la negativa de la reina a acceder a los deseos de O'Donnell de disolver las Cortes y convocar nuevas elecciones para que se pronunciasen sobre la cuestión de una reforma constitucional. La actitud de Isabel II parecía responder al deseo de que no se aboliese aquella otra reforma que se había aprobado en julio de 1857, en la que se reforzaban los requisitos para la obtención de un escaño en el Senado. Sin embargo, más tarde autorizó al Ministerio Mon para que en 1864 la derogase definitivamente. Sea cual fuere la intención o el capricho de la reina, lo cierto es que la postura precipitó la caída de O'Donnell, dando con ello fin a aquel ensayo de centro, que subsistió mientras que duró el poder.

A partir de ese momento, y hasta el final del reinado de Isabel II, resulta difícil encontrar una explicación coherente y racional sobre la evolución de la política española. Los progresistas no se encontraban en condiciones de gobernar, porque su partido se hallaba desorganizado y dividido. La reina, por su parte, seguía desconfiando de un partido al que consideraba como cripto-revolucionario. Su actitud a partir de entonces será la del retraimiento, y desde ahí iría inclinado cada vez más hacia la acción revolucionaria.

Los demócratas también se hallaban divididos ente la antigua dirección de Rivero y Orense y la nueva generación representada por Pi y Margall y Castelar; entre los individualistas y los socialistas. Sin embargo, trataban de atraerse a los progresistas decepcionados, alentando las disensiones entre ellos. La Corona no podía contar con los demócratas por su actitud antidinástica y revolucionaria.

Quedaban lo moderados, pero también éstos se hallaban fragmentados en varios grupos y habían demostrado una nula capacidad de recuperación, porque en realidad sus cuadros directivos habían sido los más afectados por el centrismo de la Unión Liberal, que se había ocupado un territorio política que ahora resultaba difícil volver a ganar. De todas formas, la reina optó por ellos porque los consideró como la solución menos mala.

El aspecto más interesante de la etapa de la Unión Liberal fue el de la política exterior. Desde la pérdida de las colonias del continente americano, los problemas de la política interior habían atraído de tal manera la atención de los distintos Gobiernos, que se puede afirmar que España vivió durante más de tres décadas con un escasísimo contacto con el exterior y prácticamente aislada en el contexto de la política internacional.

Como ha señalado Jover, ese aislamiento puede parecer contradictorio con la integración de España en la Cuádruple Alianza (Inglaterra, Francia, España y Portugal) cuyo tratado se firmó en Londres en 1834 y que contribuyó a crear un sistema regional europeo occidental, parlamentario y liberal. Sin embargo, no hay tal contradicción -según Jover- se tenemos en cuenta que ese entendimiento de la diplomacia española con otras potencias no tendía otro objeto que el de asegurar la estabilidad del Estado y su integridad territorial, quedando siempre al margen de cualquier otra implicación internacional que trascendiese las fronteras españolas.

La guerra de África hay que entenderla como una cuestión que, aparte de los aspectos relativos a la defensa de unos territorios pertenecientes a España, afectó a la política interior por cuanto sirvió al general O'Donnell para crear en torno al Gobierno de la Unión Libera un consenso generalizado, impulsado por la exaltación nacionalista que provocó el conflicto.

Los problemas en Marruecos se habían iniciado a comienzos del reinado de Isabel II, a raíz de la ocupación en 1843 de algunos territorios colindantes con la plaza de Ceuta que ponía en peligro su defensa. Ante la reclamación que formuló el ministro de Estado, el bajá de Tánger prometió devolverlos. No se había cumplido su promesa cuando los rifeños atacaron la plaza de Melilla en marzo del año siguiente. El Gobierno de Narváez presentó con ese motivo una reclamación más enérgica, que fue contestada negativamente por el sultán de Marruecos. La intervención mediadora de Francia e Inglaterra facilitó la firma de los convenios de Tánger (25 de agosto de 1844) y Larache (6 de mayo de 1845), mediante los que se restituían a Ceuta y Melilla sus antiguos límites. Sin embargo, los convenios no se cumplieron, puesto que continuaron las agresiones, el comercio español no recibió las ventajas pactadas, ni las plazas de Ceuta y Melilla recobraron sus antiguos límites. España volvió a reclamar de nuevo a Marruecos en 1848 y el sultán respondió calificando de invasión de su territorio la ocupación de las islas Chafarinas por tropas españolas. La ruptura parecía inevitable y se produjo en 1859, cuando se acababa de firmar un nuevo acuerdo, el Convenio de Tetuán (25 de agosto). De forma inesperada, los moros de la cábila de Anghera atacaron la plaza de Ceuta, destruyeron sus defensas y arrancaron el escudo de España de la piedra que marcaba el límite ente el territorio español y el marroquí.

España declaró la guerra a Marruecos el 22 de octubre, y contó para ello con la simpatía de las naciones europeas, excepto Inglaterra, que desconfiaba de la presencia española al otro lado de Gibraltar. Se reunieron 40.000 hombres desembarcados en Ceuta y divididos en tres cuerpos mandados por los generales Echagüe, Zavala y Ros de Olano. Contaba también con una reserva mandada por el general Prim y con una división de caballería bajo el mando del general Alcalá Galiano. La jefatura suprema la asumió el presidente del Gobierno, O'Donnell, quien marcó como principal objetivo la toma de Tetuán.

Por su parte, El Ejército marroquí estaba mandado por el hermano del sultán, Muley-el-Abbas, y estaba compuesto por tropas permanentes y accidentales, que en total se acercaban a la suma de 40.000 hombres, pero poco disciplinados y faltos de una mínima organización.

Los primeros enfrentamientos tuvieron lugar en las cercanías de Ceuta, donde las tropas españolas sufrieron numerosas bajas a monos de los moros que peleaban con gran entusiasmo. Hasta comienzos de 1860 no pudieron los españoles iniciar su marcha a Tetuán. El general Prim se adelantó con sus tropas penetrando en el valle de los Castillejos, donde fue sorprendido por el enemigo y colocado en una difícil situación. La ayuda del general Zavala y el arrojo y la valentía de Prim consiguieron que los marroquíes se retiraran, no sin antes causar unas 700 bajas en las tropas españolas. Su comportamiento la valdría a Prim el sobrenombre del héroe de los Castillejos. A pesar de las dificultades tomaron el Monte Negrón, lo que les facilitó el camino para llegar al objetivo final.

El 4 de febrero se preparó el Ejército para tomar Tetuán. Al día siguiente, O'Donnell entró en Tetuán, que ya no ofreció resistencia. Muley-el-Abbas trató de dilatar las negociaciones para fijar las condiciones de paz con el objeto de rehacer sus fuerzas, cosa que consiguió en Wad-Ras, delante del desfiladero de Fondak, en el camino que llevaba de Tetuán a Tánger.

El Ejército español siguió avanzando, mientras la escuadra bombardeaba Larache y Arcila. En Wad-Ras se trabó e más duro combate de toda la campaña el 23 de marzo. Al final, los marroquíes tuvieron que retirarse a las alturas de Fondak, dispuestos a continuar, si era necesario, la resistencia.

El conflicto había agotado a los dos contendientes y Muley-el-Abbas, presionado por Inglaterra, a la que no interesaba que los españoles siguieran avanzando por la otra orilla del estrecho, se presentó a O'Donnell para ajustar las condiciones de paz, mediante la firma de unas bases preliminares, que fueron ratificadas el 26 de abril de 1860, en el Tratado de Wad-Ras. Tetuán quedaba en poder de los españoles hasta que éstos recibiesen una entrega de 400 millones de reales en concepto de indemnización de guerra. Marruecos cedía a España todo el territorio comprendido desde el mar, siguiendo las alturas de Sierra-Bullones hasta el barranco de Anghera. Asimismo le cedía a perpetuidad la costa del océano en Santa Cruz la Pequeña (Ifni) para que crease allí un establecimiento de pesquería, como el que había tenido allí en otros tiempos. El rey de Marruecos se comprometía, por otra cláusula del tratado, a ratificar el convenio referente a las plazas españolas de Melilla, El Peñón y Alhucemas, que habían firmado los plenipotenciarios de los dos países, en Tetuán, el 24 de agosto de 1850. Desde el punto de vista comercial, España recibiría por parte de Marruecos el tratamiento de nación favorecida.

La guerra fue el aglutinante que puso de acuerdo a todos los partidos. La oposición mostró un mayor ardor intervencionista que el del propio Gobierno. Pero ese entusiasmo fue enfriándose a causa de las numerosas bajas. Posteriormente dio origen a importantes críticas por los escasos resultados de la intervención, ya que Marruecos no cumplió sus compromisos. Marruecos consiguió que Tetuán se desalojase antes de que fuese satisfecha toda la indemnización, y el tratado de comercio que se había firmado el 20 de noviembre de 1861 benefició más a Francia e Inglaterra que a la misma España. Los gastos de la guerra incidió en la crisis general de 1864-1868. Eso sí, la guerra permitió a O'Donnell recibir el título de duque de Tetuán.

La política exterior española durante la etapa de la Unión Liberal se proyecta en Ultramar en las siguientes intervenciones: colaboración con Francia en la expedición a la Conchinchina (1857-1863); participación española en la expedición a México (1861-1862). En su conjunto, como ha señalado Jover, parece revivir pasadas hazañas imperiales. Para Jover, ello es el resultado de una especie de recepción tardía del nacionalismo romántico, que no trata de alterar el statu quo territorial preexistente, sino más bien satisfacer emocionalmente a los españoles, sobre todo la clase media, cuya adhesión al régimen se trata de promover, y facilitar en pleno régimen de los generales el protagonismo de los militares, que sacarán ventaja, personal y políticamente, de estas expediciones.

La expedición a Conchinchina se llevó a cabo, en buena medida, a remolque de Francia, que tenía puestas sus miras en Indochina y en Anam por razones económicas y estratégicas. El motivo que provocó el envió a Oriente de una fuerza combinada fue el asesinato de los obispos españoles Sampedro y Díaz y de otros misioneros que evangelizaban aquellas tierras. Aunque el mando de la expedición se le cedió a los franceses, fueron los españoles enviados a Manila bajo el mando del coronel Palanca. Una vez terminada la guerra y garantizada la labor cristianizadora de los misioneros, el Gobierno francés declaró “que era necesario que la España buscase en otro punto del imperio la compensación de los sacrificios que había hecho, pues Saigón y lo conquistado pertenecían a Francia”. Así pues terminó aquella aventura en la que los españoles pudieron darse cuenta de la servidumbre que imponía la alianza con Francia y las desventajas que tenían la confianza ciega en Napoleón III.

La intervención en México se hizo también conjuntamente con Francia y con Inglaterra, interesadas estas dos potencias en abrir zonas de influencias en el continente americano. México se hallaba enzarzado en una serie de luchas interiores entre conservadores y radicales, encabezados éstos por Benito Juárez, que triunfante en diciembre de 1860 tomó una serie de medidas perjudiciales para los interese extranjeros. El embajador español, Joaquín Francisco Pacheco, que no supo entenderse con Juárez, fue expulsado del país y se suspendió el pago de la deuda exterior. Algunos mexicanos solicitaron la intervención de España, Francia e Inglaterra para dotar a México de un Gobierno estable y fuerte. Napoleón III se manifestó dispuesto a acudir a la llamada, y en principio contó con la colaboración de Inglaterra. España, más que para pedir reparación a los agravios de los mexicanos, decidió sumarse al acuerdo para evitar que las otras potencias obrasen por su cuenta. Así, e 31 de octubre de 1861 se formó en Londres el pacto entre las tres naciones para enviar tropas de intervención.

España preparó su expedición desde Cuba, y la puso al mando del general Prim, quien precipitó su salida desde la Habana antes de ponerse de acuerdo con los aliados, tomando Veracruz y San Juan de Ulúa, a mediados de diciembre. En esta fortaleza se reunieron los tres jefes expedicionarios y manifestaron su intención de no interferir en las cuestiones internas de México, sino sólo de tenderle una mano amiga; manifestación totalmente falsa pues Napoleón III tenía ya el propósito de colocar al archiduque Maximiliano como emperador de aquellas tierras. Las fuerzas aliadas se internaron hasta Orizaba, donde el general Prim llevó a cabo varias entrevistas con los representantes de Juárez y firmó la llamada Convención de la Soledad (19 de febrero de 1862), por la que el Gobierno mexicano, aun declarando que se mantendría firme ante cualquier intento de revocación, aceptaba entrar en negociaciones. La Convención fue rechazada por Francia, ya que obstaculizaba su propósito con respecto a Maximiliano. Napoleón envió otro ejército a Veracruz, cuyos jefes, el general Lorenzez y el almirante Jurien de la Gravière, trataron de convencer a Prim y al jefe de los expedicionarios ingleses, sir Wike, de que los tres Gobiernos aliados estaban de acuerdo con la candidatura del archiduque. No lo consiguieron, y el representante francés declaró que su expedición es una expedición francesa y no está a las órdenes de nadie.

Las decisiones se confirmaron en la conferencia que tuvo lugar en Orizaba el 9 de abril, a partir de la cual se separaron las fuerzas inglesas y españolas, regresando Prim a La Habana para no hacerse cómplice de la implantación en México de una monarquía que desaparecería en cuanto dejaran de apuntarla las bayonetas extrajeras.

La decisión de Prim fue muy personal y no contó en un principio con e beneplácito de O'Donnell, ni de la reina Isabel II. Sin embargo comprendieron la honradez y la gallardía del general Prim, aprobando su actitud y felicitándole por su comportamiento.

Francia, que con motivo de estos incidentes retiró a su embajador en Madrid, continuó en solitario la aventura mexicana, consiguiendo al fin su propósito de coronar a Maximiliano, que acabaría trágicamente su breve reinado, que le constó la vida, el 10 de junio de 1867.

La política de prestigio impulsado desde el Gobierno por O'Donnell dio lugar también al episodio de la efímera reincorporación de Santo Domingo a la Corona española. Desde la paz de Basilea (1695), España había cedido a Francia la pare española de la isla, aunque sus habitantes nunca habían aceptado a sus nuevos dominadores. Constituida en República independiente en 1844, corría el peligro de ser absorbida por Haití, cuyo titulado emperador, Faustino Soulouque, amenazó en 1858 con invadir el territorio dominicano. Fue entonces cuando su presidente, Pedro Santana, pidió protección a los Gobiernos de Madrid y Washington. La ayuda de esta última fue pronto descartada al conocerse su intención de apoderarse de la había dominicana de Samaná, y eso reforzó el acercamiento a España, a la que se pidió que aceptase el protectorado o la anexión de Santo Domingo. O'Donnell no quería tomar una decisión precipitada, cuando se vio sorprendido por la decisión unilateral del Gobierno dominicano de declarar como soberana a la reina Isabel II y anexionar la República a la Corona de Castilla. Cerciorado el respaldo con que contaba tal decisión a través del capitán general de Cuba, el Gobierno español, tras comprobar también la conformidad de las potencias europeas, decretó el 19 de marzo de 1861 la reincorporación a la Monarquía del territorio que comprendía la República Dominicana. Santana fue nombrado capitán general, se creó una Audiencia y se organizó la Administración Pública.

Los Estado Unidos nada pudieron hacer para impedir esta anexión, porque se hallaban atenazados por la guerra de Secesión, pero en las otras Repúblicas hispanoamericanas estos hechos fueron mal vistos. En el interior pronto comenzaron a alzarse también voces de protesta, que al poco tiempo se trocaron en brotes independentistas. Su represión se adivinaba dura y costosa, de ahí que se creara un estado de opinión favorable a la derogación del decreto de anexión. Narváez, a la sazón jefe del Gobierno, era partidario del abandono de Santo Domingo, pero tropezaba con la negativa de la reina. Por fin, se presentó en las Cortes un proyecto de ley que derogaba el decreto de 1861, aunque las tropas españolas abandonaron la isla antes de que se llagase a su aprobación. El reconocimiento definitivo de la independencia de la República de Santo Domingo no se realizó hasta diciembre de 1874.

Por último, las expediciones a Perú y Chile hay que encajarlas también dentro de la misma línea que las intervenciones anteriores y son en gran medida consecuencia de los acontecimientos que se habían desarrollado en México y en Santo Domingo. Las relaciones de España con Perú habían seguido una trayectoria peculiar. Aquélla no había reconocido aún de forma expresa la independencia de ésta, ni ésta había ratificado un acuerdo comercial con España que se había negociado en 1853. son embargo, ambas naciones se habían mantenido de forma cordial. Las expediciones a México y a Santo Domingo levantaron ciertas suspicacias en el Gobierno peruano, que fortificó sus puertos y se negó a admitir al vicecónsul español. El Gobierno de Madrid quiso entonces hacer una demostración de fuerza y envió una escuadrilla formada por dos fragatas y dos goletas al Pacífico, que zarpó en 1862, siendo bien recibida en varios puertos. Cuando se hallaba en El Callao ocurrieron unos incidentes que desataron el conflicto. Unos trabajadores españoles fueron asesinados y otros heridos, en una hacienda peruana, en extrañas circunstancias. Como las autoridades de aquel país no acertaban a castigar a los culpables, España había enviado a un comisario especial para investigar el asunto. Sin embargo, el comisario no fue reconocido por el Gobierno peruano. Ante aquella actitud, el almirante Pinzón, que mandaba la escuadrilla española, tomó las islas Chinchas, que se hallaban frente a la embocadura del puerto limeño. La mediación de los encargados de Negocios de Francia, Inglaterra y Chile, pidiendo al almirante español que abandonase las islas y las dejase a la protección de sus respectivos Gobiernos hasta que se solucionase el contencioso entre los dos países, no dio resultado. La escuadra española fue reforzada con cuatro fragatas más y Pinzón fue sustituido por el general Pareja, en diciembre de 1864. Pareja tomó el puerto de El Callao y consiguió que el Gobierno peruano negociase un tratado con España en el que se comprometía a indemnizarla con tres millones de pesetas a cambio de la devolución de las islas.

El acuerdo no satisfizo a nadie, y un cambio de gobierno en Perú fue aprovechado por las nuevas autoridades para negarse a reconocer el tratado, firmar una alianza con Chile y declarar la guerra a España a comienzos de 1866. Los barcos españoles se habían dirigido a Valparaíso para pedir satisfacciones, pero sus condiciones eran muy precarias, ya que le era muy difícil abastecerse y no podían conseguir refugio en ningún lugar de la inmensa costa del pacífico. El general Pareja se suicidó, y ocupó su lugar el brigadier Méndez Núñez, quien recibió órdenes de resistir en aquellas aguas. Bombardeó primero el puerto de Valparaíso, y el 2 de mayo entro en el puerto de El Callao, desde donde bombardeó sus fortificaciones sin atender las advertencias de la escuadra norteamericano, que se hallaba fondeada en las proximidades. Méndez Núñez fue herido en el combate y hubo numerosas bajas en las dotaciones de los barcos españoles. Ambas partes se atribuyeron la victoria y las relaciones se mantuvieron hostiles, hasta que en 1871 se firmó un armisticio entre España y las Repúblicas de Perú, Ecuador y Chile.

Aquellas incursiones españolas en territorio americano demostraron una considerable falta de sensibilidad hacia los territorios de sus antiguas colonias, que entendieron la injerencia como una arrogante postura de la nación que no había acertado aún a asimilar el hecho de la independencia. Costó trabajo restañar las heridas que dejó esta política en las repúblicas americanas, y aunque se normalizaron las relaciones diplomáticas quedaría durante muchos años una cierta desconfianza hacia la actitud prepotente mostrada por la antigua metrópolis.

La caída de O'Donnell, el 2 de marzo de 1863,dio paso de nuevo a los moderados, que alternaron el poder con los unionistas hasta la caída de Isabel II en 1868. El marqués de Miraflores, que representaba un moderantismo de izquierda, sucedió al duque de Tetuán u se mantuvo en el poder hasta el 17 de enero de 1874. Su convocatoria de elecciones a Cortes fue tachada de atentatoria contra el derecho de reunión electoral por progresistas y demócratas, que alegaron la imposibilidad de albar los obstáculos tradicionales para justificar su postura de retraimiento. No por ello se vio libre Miraflores de una fuerte oposición en las Cortes, integrada por moderados históricos y por unionistas, que consiguieron colocar en la presidencia a Ríos Rosas, el cual tuvo que dirigir unas tumultuosas sesiones en las que resultaba imposible tomar laguna decisión. El fracaso de este Gobierno se resolvió con su sustitución por uno de nuevo, presidido por Lorenzo Arrazola, un moderado histórico, conciliador, que tuvo que dimitir al mes y medio de haber sido nombrado, por no haber conseguido el decreto de disolución de las Cortes que pretendía. Alejandro Mon fue su sucesor, pero su gestión corrió la misma suerte que la de sus antecesores.

En esta danza continua de Gobiernos, le tocó el turno a Narváez, cuando el partido progresista pareció encontrar el camino de una mayor cohesión y unidad bajo la jefatura de Prim, que arrastro consigo a algunas de las personas que habían militado en la Unión Liberal. Poro los intentos de construir su sistema bipartidista, alentados por la reina madre María Cristina, no podían prosperar por la persistencia de fracciones irreconciliables y por los cabildeos palaciegos, que seguían ejerciendo una sustancial influencia en el desarrollo de la vida política.

Narváez seguía resolviendo problemas a golpe de espada, como ocurrió con ocasión de las manifestaciones estudiantiles que tuvieron lugar del 8 al 10 de abril de 1865. Los estudiantes mostraron su protesta por la destitución de Castelar de su cátedra por haber publicado un artículo -El rasgo- aludiendo a la cesión que hizo la reina de una pare del real patrimonio para atender a las dificultades de la Hacienda. El Ejército reprimió con dureza las algaradas callejeras, con el consiguiente escándalo de la oposición y con la indignación de la opinión pública. Hasta el Ayuntamiento y la Diputación de Madrid dimitieron por aquellos sucesos de la noche de San Daniel, y Alcalá Galiano, el antiguo liberal revolucionario, que en aquellos momentos desempeñaba la cartera de Fomento, se vio tan afectado por ellos que murió víctima de la impresión.

Criticado por todos, y cada vez con menos apoyos dentro del Ejército, la reina cesó a Narváez y le sustituyó por O'Donnell, quien formó Gobierno el 21 de junio. Sus esfuerzos por reimplantar el programa de la Unión Liberal no tenían ya objeto, pues los progresistas que le habían apoyado anteriormente no estaban dispuestos a escucharle ahora, a pesar de las medidas que aprobó para rehabilitar a los catedráticos separados, para liberalizar la prensa o para flexibilizar los procedimientos electorales. Los progresistas habían pasado ya del retraimiento a la actitud revolucionaria, y Prim intentó sin suerte, a comienzos de 1866, sublevarse contra el Gobierno al frente de algunas fuerzas. El 22 de junio la sublevación corrió a cargo de los sargentos de artillería de San Gil, disconformes con las medidas que les impedían el ascenso a la oficialidad hasta el grado de comandante, como ocurría en infantería. Alentados por los demócratas, atentos siempre a cualquier brote de subversión, los sargentos intentaron apoderarse del Ministerio de la Gobernación para establecer allí un Gobierno provisional, pero la resistencia de las fuerzas que lo protegían frustró el asalto. Refugiados en el cuartel del San Gil fueron sometidos, tras una dura pelea, por las tropas mandadas por el general Serrano. El Gobierno ordenó el fusilamiento de 66 insurrectos, a pesar de que Silvela pidiese en el Congreso que la sagrada prerrogativa de la gracia empieza a templar la severidad de la justicia. O'Donnell perdió la confianza de la reina y fue obligado a dimitir. Su resentimiento le hizo exclamar que no volvería a pisar Palacio mientras reinase Isabel II.

El 10 de julio de 1866 Narváez formó su sexto y último Gobierno, y se sostendría ya en el poder hasta su muerte, el 23 de abril de 1868. Su gestión estuvo condicionada por el temor a la revolución que se adivinaba y en la que trabajaban activamente los más importantes miembros de la oposición. A las pocas semanas de su toma de posesión se reunieron en Ostende progresistas y demócratas para acordar la caída del régimen. Mediante el Pacto de Ostende, firmado entre otros por Prim, Sagasta, Pierrad y Ruiz Zorrilla, se acordó destruir todo lo existente en las altas esferas del poder y la elección de una asamblea constituyente por sufragio universal para que determinase la forma de gobierno que habría de establecer en el país. Se creó un centro revolucionario permanente en Bruselas, a cuyo frente se situó el general Prim quien preparó un golpe para el mes de agosto del año siguiente. Al grito de abajo lo existente, alguno militares iniciaron el levantamiento en Cataluña, en Aragón, en algunos puntos de la provincia de Cuenca, en Béjar y en as cercanías de Madrid. Sin embargo, el Gobierno anduvo listo y se movió con rapidez para reprimir estos intentos que, de todas formas, contaron con escaso apoyo. Prim, que había acudido a Valencia para dirigir desde allí la insurrección, se encontró con la negativa a colaborar con él de algunos militares comprometidos que se mostraron en desacuerdo con la abolición de las quintas, incluida en el programa revolucionario. Prim regresó a Marsella y desde allí marchó a los Pirineos, donde esperó inútilmente a las fuerzas que debían ayudarle a atravesar la frontera. La intentona había fracasado.

La política de Narváez, gobernando sin las cortes y practicando un acusado despotismo militar, provocó deserciones hasta en el seno de la familia real. El infante don Enrique desde París denunció en la prensa la situación que se vivía en España. El duque de Montpensier le hizo presente a la reina, a través de su hermana, la necesidad de cambiar la política practicada por el Gobierno, en el sentido de una mayor liberalización. La negativa de Isabel II a prestar oídos a estas advertencias de sus hermanos inclinó a éstos al bando de la revolución. Fernández de Córdova comunicó a los duques de Montpensier, en diciembre de 1867, en su palacio de Sevilla, que algunos generales, como Serrano y Dulce, obrarían con energía para colocarlos en ellos en trono si éste quedase vacante.

No obstante, la deserción más determinante fue la de O'Donnell y los unionistas. El duque de Tetuán retiró su apoyo al régimen en razón de los agravios cometidos por la reina, pero se negó a desenvainar la espada contra ella. Cuando tras el fallecimiento de Narváez fue nombrado primer ministro González Bravo, un civil que empleaba también la mano dura, pero sin el prestigio y la autoridad de que había disfrutado el espadón de Loja, otros generales unionistas se mostraron dispuestos a pronunciarse. Para llegar a los sediciosos, el Gobierno envió al destierro a Canarias a los Generales Serrano, Dulce, Serrano Bedoya, Caballero de Rodas; a Lugo, al general Zavala; a Soria, a Fernández de Córdova, y a Baleares, a Echagüe. Los duques de Montpensier fueron expulsados de España para que su presencia no pudiera contribuir a fomentar la conspiración. Pero estas medidas fueron contraproducentes, pues algunos militares se sumaron a la conspiración por solidaridad con sus compañeros. La única diferencia que separaba a los unionistas de los progresistas era el candidato de aquéllos, el duque de Montpensier, a quien Prim no esta dispuesto a aceptar, ya que, según él, apoyar a un Orleans le granjearía la hostilidad de Napoleón III. La cuestión se solventó, al igual que con los demócratas, con la relegación de la decisión sobre el régimen a establecer a una asamblea constituyente.

El frente revolucionario ya estaba formado. Progresistas, unionistas y demócratas se unieron bajo el propósito común de derribar a la Monarquía de Isabel II. La coalición no era sólida, pues Prim desconfiaba de los demócratas después del fracaso del año anterior, y los progresistas veían con recelo a los generales unionistas. No obstante, como afirmaba Olózaga, había un obstáculo que era preciso derribar, y no era posible derribarlo sin el concurso de todos. La revolución se inició con un pronunciamiento naval en Cádiz y triunfaría en su propósito de destronar a la dinastía de los Borbones.

TEMA 10.- El sexenio Revolucionario

Los estudios sobre la Revolución de 1868 no eran muy abundantes. Se desconocían muchos aspectos de aquel importante fenómeno que dio paso a una nueva etapa de la Historia contemporánea de España. Las publicaciones que trataban el tema eran una mera descripción de los acontecimientos sin tener en cuenta los factores que provocaron su estallido, ni las consecuencias. Con motivo del centenario de la Revolución del 68 han aparecido una serie de trabajos que han puesto de manifiesto la verdadera dimensión de La Gloriosa. Tres revistas dedicaron números especiales a la celebración de su centenario. Los artículos publicados contribuyeron a desvelar algunos importantes aspectos de aquel fenómeno revolucionario. Esas revistas fueron Atlántida, Cuadernos para el Diálogo y Revista de Occidente. El estudio de J.L. Comellas sobre las causas de la Revolución, el de J.M. Jover sobre sus resultados o el de N. Sánchez Albornoz sobre su trasfondo económico, constituyen hoy elementos de consulta para entender en toda su amplitud los hechos que provocaron el desmoronamiento de Isabel II.

La Revolución de 1868 sigue dando lugar a interpretaciones controvertidas. Para los especialistas en historia económica, como N. Sánchez Albornoz, o Vicens Vives, los factores económicos fueron decisivos en el desencadenamiento de la Revolución. Por su parte, los historiadores políticos, como Artola, ha incidido en los factores de tipo político. Palacio Atard, en su estudio sobre La España del siglo XIX, ha llegado a afirmar que La Gloriosa fue... una revolución de Carácter político, tal vez la más impolítica de las revoluciones políticas.

Fernández Almagro afirmó que la Revolución española de 1868 era el eco de la Revolución europea de 1848, aunque haya en ambas ciertos rasgos comunes (barricadas, participación del estudiantado por primera vez, discrepancia en los objetivos de la burguesía y el proletariado) veinte años son muchos para poder hablar de “eco”. En España también se dio la Revolución del 48, aunque rápidamente sometida por la intervención de Narváez. J.L. Comellas prefiera incluir la Revolución de 1868 en un nuevo ciclo revolucionario, que se da en todo el mundo sobre los años setenta y que, según él, señala el paso entre la Alta y la Baja Edad Contemporánea. En ese momento despunta una nueva España y unos nuevos españoles. Vicens Vives veía en esa generación un espíritu europeísta, culturalísta, democrática, provista de un dinamismo especial, en la que se funden ideas de libertad y progreso. Para Vicens, esta generación posee un bagaje intelectual más profundo que la generación romántica, y de ahí su carácter doctrinario y programático. Con ella se consagra el tipo de político civil, jurista y especializado, y desaparece el político temperamental y militar de la era isabelina.

Aunque inadecuado, a la Revolución española de 1868 se le puede aplicar el esquema de la de 1848 establecido por el francés Labrousse, aunque con algunos reparos. Su idea central es la de que una revolución típica nace de un triple haz de factores políticos, sociales y económicos: la crisis económica da a la crisis política una fuerza social.

La crisis política era perceptible antes de que estallase la crisis de 1868. El reinado de Isabel II se basaba en un sistema constitucional en el que la Constitución no se cumplía y en el que la representación prácticamente no existía. De los dos partidos que funcionaban dentro del sistema, era el moderado, con mayor poder social y económico, los que daban un sistemático apoyo a la reina Isabel II, y el que monopolizaba el poder. Los progresistas habían tenido que limitarse a permanecer en la oposición y a utilizar el golpe de Estado o el pronunciamiento para acceder al poder. La Revolución de 1854 permitió la aparición de un tercer partido: la Unión Liberal, que pretendía la aglutinación de los dos grupos contrapuestos, aunque lo que consiguió fue la formación de un nuevo grupo de carácter centrista. Pero su escaso contenido ideológico y la falta de doctrina terminaría con su rápida disolución, dejando la situación a merced del moderantismo. Por otra parte, identificados en sus propósitos, el trono de Isabel II y el partido moderado, apoyándose mutuamente, aquella revolución que derribase al fin a los moderados del poder, lo haría también con la propia monarquía.

El partido moderado, más de veinte años en el poder, se hallaba desgastado, sin figuras que hubiesen renovado a los antiguos líderes, y sin nuevas ideas en su programa, además desprestigiado por una defectuosa administración, un centralismo falto de agilidad y unos negocios económicos oscuros y por los escándalos palaciegos.

Pero hay que tener en cuenta los factores nuevos, que van a imprimirle a la Revolución caracteres que desbordan a los de una simple protesta. Son factores que nacen no ya del descontento contra los moderados, sino del descontento contra los progresistas. En 1849 nació el partido demócrata como consecuencia de la escisión que se produjo en el equipo progresista con motivo de la revolución del año anterior. Los futuros demócratas no alcanzarían un cierto peso específico en el panorama político española hasta 1854, cuando se dieron cuenta de que la diferencia entre el progresismo y el moderantismo era más de forma que de fondo.

Los demócratas basaban su programa en tres principios:

• El de la estricta soberanía nacional.

• La proclamación enfática de los derechos del hombre “indiscutibles, inalienables, imprescindibles e ilegislables”.

• El sufragio universal.

El contenido doctrinal de este partido lo proporcionó el ambiente universitario de aquel tiempo. En los años sesenta aparecieron los demócratas de cátedra, como los llamó Menéndez Pelayo, y fueron las doctrinas krausistas, importadas a la Universidad española desde Alemania por Sanz Río, con su rígida moral social, con su ética de comportamiento, con su austeridad personal, las que adoptaron muchos de estos nuevos elementos de la generación del 68 en su modo de enfrentarse con la realidad social, cultural y política de España. De esta forma se configuró un nuevo movimiento político que proporcionó a la Revolución un contenido doctrinal del que habían carecido otras revoluciones españolas desde 1812.

¿Qué grupos sociales participaron de alguna manera en la Revolución del 1868? ¿Qué crisis social tiene su reflejo en el estallido de La Gloriosa? El Partido demócrata, excepto en los que se refiere al núcleo originario procedente del progresismo, comprende grupos e intereses nuevos. Su composición social no era muy diferente de la de los otros grupos políticos, y podría hablarse de pequeña burguesía, comprendiendo en ella a los hombres de profesiones liberales, médicos, universitarios, periodistas, maestros y muy escasos pequeños negociantes.

En cuanto a los militares, es necesario advertir la pérdida de su carácter aristocratizante, y el que en sus filas comiencen abundar elementos de la media o baja burguesía a partir de la segunda mitad del siglo XIX. No olvidemos, como señala Comellas, que fue el ejército bajo burgués y alejado de los salones el que materializó la Revolución de 1868.

Hay que tener en cuenta que la Revolución del 68 es un hecho de masas. Aunque el levantamiento contra la M