Presentación y síntesis

En los últimos años ha sido ampliamente documentada la extraordinaria riqueza biológica y ecológica de nuestros país. Simultáneamente se ha generado una base de conocimiento científico cada vez más sólida sobre la importancia de los bienes y servicios ecológicos que genera la biodiversidad y las áreas naturales, que las convierten en activos estratégicos para México. Este conocimiento científico ha sido complementado con nuevas metodologías, que permiten hoy, en algunos casos relevantes, aproximar el valor de tales bienes y servicios en términos económicos; ésto ha aportado elementos de juicio cada vez más objetivos para orientar decisiones privadas y públicas en materia de conservación.

Las áreas naturales protegidas (ANP) constituyen el instrumento toral en la conservación de la biodiversidad y de los bienes y servicios ecológicos. Representan la posibilidad de reconciliar la integridad de los ecosistemas, que no reconocen fronteras político-administrativas, con instituciones y mecanismos de manejo sólidamente fundamentados en nuestra legislación.

La declaratoria, manejo y administración de áreas naturales protegidas ha ido revelando con el tiempo dimensiones y potencialidades que refuerzan su capacidad como instrumento de política ecológica. Por una parte, generan una matriz territorial para iniciativas de conservación y desarrollo sustentable, en la cual es posible armonizar políticas y esquemas de regulación, dada la solidez de las bases jurídicas que la soportan. Por otro lado, en su manejo y administración concurren distintos sectores de la sociedad local, regional y nacional, lo que ofrece la oportunidad de fortalecer el tejido social y de construir nuevas formas de participación corresponsabilidad.

La constitución de un sistema eficaz de áreas naturales protegidas es tal vez uno de los retos de mayor peso y alcance en la política ecológica. Establecerlo y desarrollarlo es una de las tareas de más alta prioridad para el gobierno y la sociedad, en el marco de todos los desafíos de la gestión ambiental. De ello depende contener y revertir procesos de deterioro incalculablemente costosos y definitivamente inaceptables por su irreversibilidad e impacto en todos los órdenes de la vida actual y futura.

Esta reflexión debe adquirir mucha mayor fuerza si recordamos la dolorosa experiencia de nuestro país durante las últimas décadas, que ha transformado en forma acelerada y masiva los ecosistemas del territorio nacional. Se ha eliminado una gran proporción de hábitat naturales con un muy discutible, y en todo caso muy limitado beneficio social. Este resulta aún más insignificante al contrastarse con los enormes costos ambientales y sociales incurridos.

Sin embargo, esa misma experiencia ha ido despertando inquietudes y compromisos de personas, organizaciones y gobiernos. Como antecedentes, cabría mencionar los esfuerzos legislativos y prácticos de don Miguel Angel de Quevedo, así como los afanes de creación de parques nacionales durante las décadas de los años treinta y cuarenta, empeños que desgraciadamente no pudieron ir mucho más allá de un impulso declarativo inicial, retrasándose el desarrollo de una infraestructura conservacionista en México.

Las inquietudes y reacciones sociales se acentúan en los años setenta, estando a la vista de todos la pérdida acelerada del patrimonio natural de México, asociado a procesos ancentrales de impacto en los recursos naturales, conflictos agrarios, programas de colonización, fuertes presiones demográficas, proyectos agropecuarios, y a una debilidad generalizada de la movilización colectiva en favor de la conservación.

Por esa razón, académicos e investigadores, conservacionistas y funcionarios, comienzan a definir alianzas y proyectos comunes, que desembocan en la creación de las primeras reservas de la biosfera y en una ampliación notable de las áreas naturales protegidas de México, multiplicándose los actores y las iniciativas. A pesar de que esta acumulación de fuerzas no incluyó de manera significativa la creación de los necesarios mecanismos de manejo y financiamiento, se tendieron sólidos cimientos legales y de información que ahora nos permiten intentar una nueva etapa de construcción institucional.

No puede perderse de vista la madurez que ha alcanzado las preferencias sociales en favor de la conservación, que hoy exigen canales de participación eficientes, en donde los individuos, las comunidades, las instituciones académicas, las empresas y las organizaciones sociales puedan involucrares en una tarea ordenada y de reforzamiento mutuo con la meta común de defender y aprovechar de manera sustentable el patrimonio natural de México.

Desde la publicación misma del Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 en la administración del Presidente Ernesto Zedillo, se otorga ya una alta jerarquía al establecimiento y manejo de las áreas naturales protegidas. El Programa de Medio Ambiente 1995-2000, recoge y reafirma este mandato, definiendo como una estrategia prioritaria la conservación y aprovechamiento de la biodiversidad en áreas naturales protegidas así como la rehabilitación descentralizada de los parques nacionales. Haciendo uso de los instrumentos que ofrece la Ley, tales estrategias se desarrollan con una lógica de coherencia y sistematización en este Programa de Áreas Naturales Protegidas de México 1995-2000.

Este Programa intenta ser receptor y a la vez punto de partida para una acción colectiva organizada en favor de la conservación. El Programa intenta recoger una rica discusión pública y privada que con gran energía ha tenido lugar desde hace ya más de dos décadas en diferentes círculos, foros y consultas. Igualmente, se ha beneficiado de una nutrida producción académica y de planteamientos formales para una política de conservación en áreas naturales protegidas.

El Programa parte de un reconocimiento descriptivo de la biodiversidad en nuestro país, así como de las funciones ecológicas que proveen los ecosistemas.

Sobre este escenario, se analizan algunos procesos sociales, económicos, jurídicos e institucionales con mayor poder explicativo sobre la transformación profunda de los ecosistemas del territorio nacional. Aquí, se hace énfasis en las tendencias de la producción agropecuaria y en la influencia de los procesos agrarios y tenencia de la tierra. Destacan también consideraciones importantes sobre la propiedad del territorio en términos de relación social y de sus principales sujetos y actores, abordándose de manera explícita las implicaciones de diferentes modalidades de propiedad común, como las que predominan en buena parte de nuestro país.

Siendo del territorio un objeto de alta complejidad en las relaciones de propiedad, se consideran los obstáculos, institucionales o físicos, para asumir en los mecanismos convencionales de transacción y valuación económica, la importancia de los servicios ambientales que residen en diferentes estructuras territoriales. De ahí que se desprenda la necesidad de la regulación estatal a nombre del interés colectivo, y el imperativo de desarrollar nuevos mecanismos de intercambio económico voluntario que permitan a la sociedad expresar sus preferencias en favor de la conservación.

Mas adelante, se presenta la evolución del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SINAP) en México desde sus antecedentes remotos, a principios de siglo, hasta las últimas iniciativas, haciendo un repaso detallado de las limitaciones, problemas y fallas que han impedido hasta ahora su consolidación. Se hace un recuento de los avances al igual que de los convenios y compromisos internacionales, estableciéndose una perspectiva de tareas pendientes y de desafíos por afrontar.

Con este fundamento, se definen los objetivos del Programa, que en términos muy generales se orientan a ampliar la cobertura del SINAP, a consolidar y promover su gestión adecuada a través de mecanismos eficaces de manejo y de instituciones sólidas y eficientes. Se busca extender y profundizar las oportunidades de conservación para nuevos actores, y multiplicar compromisos y responsabilidades, fortaleciendo los tejidos sociales locales a través de la administración y manejo de las ANP. También se propone como objetivo asumir estas áreas como elementos fundacionales para nuevos procesos de desarrollo regional bajo una óptica de sustentabilidad.

Para alcanzar estos objetivos se cuenta con un conjunto de instrumentos que ofrece el marco jurídico mexicano, la administración pública y la iniciativa social. Estos instrumentos abarcan las declaratorias; los convenios y a cuerdos de participación; los acuerdos de coordinación intergubernamental; el financiamiento fiscal y las fuentes financieras oficiales internacionales; mecanismos de intercambio económico voluntario; convenios internacionales; programa de manejo y programas operativos anuales; sistemas de administración, investigación, información, educación y comunicación; regulación y promoción de la vida silvestre; ordenamiento ecológico del territorio; convergencia con programas sectoriales; y normatividad.

Estos instrumentos se aplican en un abanico de estrategias para generar conjuntos de acciones y proyectos específicos, entre las que se destacan las siguientes:

1.- Consolidación de sistemas de manejo, por medio de la definición clara de los criterios y elementos de manejo para las áreas naturales protegidas así como las necesidades de infraestructura, equipamiento y administración. Se reconoce la importancia de fortalecer la presencia institucional en las áreas naturales protegidas y de ganar legitimidad y eficacia a través de nuevos sistemas de administración, la prioridad que representa la regularización de la tenencia de la tierra y de los derechos de propiedad y la construcción de una red de estaciones biológicas y ecoturísticas. Se destaca la atención que debe otorgarse a áreas protegidas conflictivas y de alto significado ecológico, así como la creación y el apoyo a iniciativas de reservas hermanas con los países vecinos donde puedan coordinarse programas de manejo e intercambiarse experiencias y apoyos técnicos. Se contempla también el rescate de especies significativas y carismáticas en áreas naturales protegidas, y el despliegue de nuevas fórmulas de vigilancia, monitoreo y supervisión.

2.- Ampliación del alcance y representatividad del SINAP a través de la definición de prioridades de conservación de y de nuevas categorías, con un énfasis en áreas costeras y marinas. Se establecen mecanismos de prospección sistemática para nuevas áreas naturales protegidas y se propone una agenda de nuevos decretos para el establecimiento de reservas prioritarias. Se incluye también el compromiso de desarrollar el corredor biológico mesoamericano, y de actualizar las declaratorias de las áreas naturales protegidas existentes.

3.- Descentralización, rescate y recategorización de parques nacionales. Los parques nacionales requieren de un tratamiento especial por las peculiaridades históricas, geográficas y sociales que los distinguen, por su dimensión recreativa y escénica, su compleja problemática jurídica, su avanzado grado de deterioro, y la clara influencia local o urbana que se observa en muchos de ellos. La estrategia referente a los parques nacionales incluye iniciativas de descentralización comprometida y concurrente del manejo y administración hacia estados y municipio, a partir de criterios y mecanismos bien definidos de coordinación, donde la autoridad federal mantiene la normatividad básica y una participación en los sistemas organizativos locales. Se considera también el fortalecimiento y rehabilitación de un conjunto de parques que se mantendrán bajo administración federal, así como la recategorización (hacia reservas de la biósfera) en los casos en que resulte pertinente. También se plantea regularizar decretos y derogar aquellos parques inexistentes para todo efecto práctico, con el fin de evitar confusiones y el desprestigio de esta categoría de manejo.

4.- Desarrollo de estructuras organizativas internas e instituciones locales. Es una estrategia que apunta a la creación de nuevos ámbitos institucionales en las áreas naturales protegidas y sus regiones de influencia, a través de instancias de participación y corresponsabilidad en la forma de comités técnicos y fideicomisos locales. En ello, se manifiesta la importancia de los principales actores, y se formula un esquema básico de organización institucional local mediante la participación de la autoridad federal, los gobiernos estatales y municipales, universidades, organismos no gubernamentales, sector privado, organizaciones sociales y de productores, y prestadores de servicios.

5.- Financiamiento. Se constituye como un requisito de absoluta prioridad en la medida en que es necesario asumir colectivamente los costos de la conservación en áreas naturales protegidas, como una inversión de alta rentabilidad social en el capital ecológico básico del país. Se destaca y propone la ampliación de los presupuestos fiscales, el aprovechamiento eficiente del financiamiento oficial internacional, el ecoturismo, mecanismos de intercambio económico voluntario como servidumbres ecológicas, compras de tierras, contratos de conservación, loterías y bonos, entre otros. Se añade la exploración de nuevos mecanismos fiscales en términos de deducibilidad a tierras donadas en favor de la conservación, aportaciones a fideicomisos, contratos de servidumbre ecológica, infraestructura, y beneficios fiscales para los propietarios de tierras incluidas en áreas naturales protegidas.

6.- La participación y corresponsabilidad social es un común denominador de todo el programa, que se explícita en una estrategia donde juega un papel protagónico la integración del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas; el diseño y operación de convenios con universidades para investigación, tesis y pasantías; convenios con fundaciones y otras organizaciones no gubernamentales; los acuerdos de coordinación para el manejo conjunto; administración o descentralización con estados o municipio; la incorporación del sector privado al financiamiento a las áreas naturales protegidas; la promoción empresarial en favor de la conservación; y la formalización y apoyo administrativo y jurídico a las iniciativas comunitarias, sociales y privadas en áreas naturales protegidas.

7.- Las oportunidades de desarrollo regional que ofrecen las áreas naturales protegidas quedan definidas a través del ordenamiento ecológico como instrumento de integración territorial y productiva entre las áreas protegidas y las regiones circundantes, a través de la regulación y la promoción del manejo de la vida silvestre; de la búsqueda de nuevos mercados para productos originados en áreas naturales protegidas; el financiamiento de la banca de desarrollo; y la convergencia con otros programas sectoriales que puedan sumarse y sinergizar los esfuerzos de conservación y desarrollo sustentable.

8.- La coordinación interinstitucional define propuestas de concurrencia entre diferentes instancias de la administración pública federal, con el objeto de combatir la pobreza para mitigar presiones sociales en contra de la conservación; el apoyo a proyectos de desarrollo agropecuario con un sentido ecológico; la regularización de la tenencia de la tierra; la vigilancia; el manejo del patrimonio arqueológico; y el fomento al ecoturismo como elemento de financiamiento, valoración y fortalecimiento de intereses orientados al manejo sustentable.

9.- La educación, capacitación y desarrollo de cuadros técnicos es un propósito de indudable alcance, al permitir un reforzamiento mutuo entre la conservación en áreas naturales protegidas y la formación de especialistas, científicos y técnicos, en donde la participación de universidades e instituciones de investigación juega un papel crucial.

10.- El sistema de información de la biodiversidad en áreas naturales protegidas es una estrategias para facilitar el manejo y extender el conocimiento sobre las áreas naturales protegidas, y contribuir a la generación de consensos y a la movilización de recursos y voluntades sociales. Implica nuevas herramientas de cómputo; sistemas de clasificación y comunicación; sistemas de información geográfica; y bases de datos sobre biodiversidad, publicaciones y comunicación social.

Áreas Naturales Protegidas

Son áreas que conservan la diversidad biológica y los procesos naturales en su estado original.

Este mapa hace referencia a la ubicación geográfica de las reservas naturales protegidas en el territorio Mexicano.

Funciones de las Áreas Naturales Protegidas

• Conservación de la biodiversidad

• Conservación de los procesos naturales

• Conservación del suelo

• Conservación de cuencas hídricas

• Conservación de pautas culturales

• Creación de sitios para el desarrollo turístico

• Creación de sitios para la educación ambiental

• Provisión de elementos y de procesos para el desarrollo de investigaciones científicas

La Planificación Ambiental

La planificación de un área natural, permite optimizar los recursos económicos y humanos que se destinan para la conservación, evitando la improvisación de las decisiones y el derroche de tiempo y dinero. Brinda, a la vez, una herramienta útil para la gestión de fondos destinados al desarrollo del área.

El adecuado y sustentable manejo de los recursos naturales asegurará la continuidad del patrimonio natural de una región, fuente del desarrollo económico, social y cultural, actual y futuro.

Antecedentes sobre la creación de áreas naturales protegidas en México

Los primeros antecedentes sobre áreas naturales protegidas (ANP) en México se remontan a la época prehispánica. Los mayas, por ejemplo, incluían dentro de sus sistemas de producción la protección estricta de ciertas zonas y periodos de descanso para áreas explotadas. En el siglo XV Netzahualcóyotl reforestó áreas cercanas al Valle de México y, durante el siglo XVI, el emperador Moctezuma II fundó algunos parques zoológicos y jardines botánicos (Vargas, 1984).

La primer área natural protegida en México fue la zona boscosa conocida como el Desierto de los Leones, decretada en 1876 por la importancia de sus manantiales en el abastecimiento de agua a la Ciudad de México y en 1917 esta misma se decretó como el primer parque nacional al considerar adicionalmente la belleza natural de sus paisajes y la posibilidad de hacerla un centro de recreo. La segunda área natural protegida con decreto fue el Bosque Nacional El Chico, en Hidalgo, oficialmente establecida el 27 de noviembre de 1917.

Durante la década de los treinta, bajo la presidencia de Lázaro Cárdenas (1934-1940), se dio un gran impulso a la creación de parques y reservas. En total se implementaron 82 áreas entre parques nacionales y reservas forestales y, por primera vez, se creó una sección de reservas y parques nacionales en la administración gubernamental (Vargas, 1984; Ordoñez y Flores, 1995). De 1940 a mediados de los setentas el crecimiento en número y superficie de las áreas protegidas fue mínimo. Durante este periodo la Ley Forestal sufrió modificaciones orientadas a la protección de la fauna silvestre y el control de la explotación forestal.

Entre 1976 y 1982 se decretaron 8 parques nacionales y 17 zonas protectoras y refugios de fauna, entre las que destacan Montes Azules (Chiapas) establecida en 1978, La Michilía y Mapimí (Durango) ambas establecidas en 1979 (Vargas, 1984). Una tendencia importante a partir de esta época ha sido la de fortalecer la participación de instituciones no gubernamentales en la operación y planificación de ANP, en la cual ha jugado un papel importante la puesta en práctica de lo que se denominó entonces "la modalidad mexicana" de las reservas de la biósfera. De de las instituciones participantes en el inicio de esta tendencia sobresale el Instituto de Ecología, A. C., a cargo de La Michilía y Mapimí. Durante esta década también se manifestó la preocupación por los problemas ambientales urbanos y se crearon zonas verdes de conservación y preservación ecológica en las ciudades (Székely, 1994).

De 1983 a 1996 se dio un incremento importante en la superficie dedicada a la protección, estableciéndose 35 áreas incluido un aumento considerable de áreas insulares y marinas. Muchas de las zonas decretadas protegidas en estos años corresponden a sitios arqueológicos o de importancia histórica, llamados "monumentos nacionales". En la década de los noventa se inició el reconocimiento de la complejidad que implican las tareas de conservación, y se crearon algunas reservas que incluyen una mayor y más clara participación de la población local como las reservas de la biósfera de Calakmul y Yum Balam. También se establecieron las primeras reservas creadas con el apoyo económico de particulares, como es el caso de la reserva de la biósfera de Chamela-Cuixmala (Székely, 1994).

Dentro de las nuevas aportaciones contenidas en Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA) de la cual proporcionamos su dirección electrónica (http://www.ine.gob.mx/uaj/lgeepa/index.html)., en materia de ANP, está la creación de un Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas como órgano de consulta y apoyo de la Semarnap, así como la del fortalecimiento del proceso de descentralización en la administración y manejo de las ANP de competencia federal con la participación de las entidades federativas, municipios, comunidades agrarias, pueblos indígenas y organizaciones sociales (INE, 1997).

La administración de las áreas naturales protegidas

De acuerdo con el artículo 3 de la LGEEPA, las áreas naturale protegidas son "las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas...". Los objetivos de creación de las áreas naturales protegidas son: preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas del país, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en todos sus niveles de organización, en particular de las especies en peligro de extinción, amenazadas, raras, sujetas a protección especial y endémicas; proporcionar un campo propicio para la investigación científica, así como para del rescate y divulgación de conocimientos y prácticas tradicionales; desarrollar tecnologías que permitan conservar la biodiversidad; y proteger los entornos naturales de otras áreas de importancia cultural como son zonas de importancia arqueológica, histórica, artística y turística.

La LGEEPA establece 8 categorías de manejo de las áreas naturales protegidas

Tabla 1. Categorías de manejo y características de las áreas naturales protegidas en México, de acuerdo con las modificaciones a Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (Diario Oficial de la Federación, diciembre 13 de 1996)

Fuente: Diario Oficial de la Federación, 13 de diciembre de 1996

Áreas Naturales Protegidas por la Federación

Hasta 1976 la responsabilidad de la administración y manejo de las áreas protegidas pertenecieron a diferentes dependencias del sector forestal. De 1976 a 1982, cinco dependencias del gobierno federal se encargaron simultáneamente del manejo de las áreas protegidas: la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidraúlicos (SARH), la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP), el Departamento del Distrito Federal (DDF), la Secretaría de Turismo (Sectur) y la Secretaria de Pesca (Sepesca). Con la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue) en 1982, la administración de las áreas protegidas quedó organizada a cargo únicamente de la SARH y Sedue. La SARH fue encargada de la administración de los recursos forestales, de los decretos de veda forestal y de administrar ciertos parques nacionales, mientras que la Sedue tuvo a su cargo la administración del resto de los parques nacionales y de las otras categorías de protección, en lo que se conoció durante mucho tiempo como el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas o simplemente Sinap (Ordoñez y Flores, 1995; INE, 1997). Aunque las funciones asignadas a la Sedue quedaron a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a partir de 1992 y la administración de las áreas naturales protegidas quedó a cargo del Instituto Nacional de Ecología, el Sinap siguió siendo concebido como un conjunto de áreas naturales protegidas establecidas federalmente, sin incluir en la práctica a las áreas de protección de recursos naturales administradas por la SARH hasta finales de 1994 (INE, 1997). Con las modificaciones realizadas en diciembre de 1994 a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, se creó la actual Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) y el Instituto Nacional de Ecología (INE) se incorporó como uno de sus órganos desconcentrados con las atribuciones relativas a la administración, planificación, normatividad y evaluación de las áreas naturales protegidas por la federación, entre otras, encargadas particularmente a la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas (UCANP) (INE, 1997). Para cumplir adecuadamente con este mandato, en mayo de 1996, el INE publicó el Programa de Áreas Naturales Protegidas 1995 -2000 en el que se plantean las estrategias a seguir en materia de conservación, manejo y protección de las áreas naturales del país. Un aspecto relevante de estas estrategias, señalado desde las reformas a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente de 1996, es considerar la participación de los gobiernos de las entidades federativas y de las diversas instituciones y organizaciones que trabajan en la conservación del ambiente en la administración y manejo (total o parcial) de estas áreas (INE, 1997). De hecho, centros de investigación (como el Instituto de Ecología de Xalapa, Veracruz, el Colegio de la Frontera Sur, Quintana Roo, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Historia Natural de Chiapas) y asociaciones civiles como Amigos de Sian Ka'an, Dumac, Conservación Internacional y Pronatura) han apoyado la investigación y la administración de varias áreas naturales protegidas. A partir de las modificaciones de 1996 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), la Semarnap integrará un nuevo Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas con aquellas áreas que por su biodiversidad sean consideradas de especial relevancia en el país y que cuenten con la aprobación del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas. De acuerdo con el artículo 3 de la LGEEPA, las áreas naturales protegidas son "las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser preservadas y restauradas...". Los objetivos de creación de las áreas naturales protegidas son: preservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y ecológicas del país, así como los ecosistemas frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos; asegurar la preservación y el aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en todos sus niveles de organización, en particular de las especies en peligro de extinción, amenazadas, raras, sujetas a protección especial y endémicas; proporcionar un campo propicio para la investigación científica, así como para del rescate y divulgación de conocimientos y prácticas tradicionales; desarrollar tecnologías que permitan conservar la biodiversidad; y proteger los entornos naturales de otras áreas de importancia cultural como son zonas de importancia arqueológica, histórica, artística y turística.

La federación cuenta con un total de 117 áreas naturales protegidas, distribuidas en las 6 categorías de su competencia, y cubren una superficie total aproximada de 12 375 851 ha (incluye ambientes acuáticos decretados)

Tabla 2. Número y superficie de las áreas naturales protegidas por la federación de acuerdo con su categoría de manejo

La categoría con mayor número de áreas decretadas (64) es la de Parque Nacional; sin embargo, con ésta se cubre sólo el 11.3% de la superficie total protegida. El 32% de los parques nacionales (15) tienen una extensión menor a 1000 ha, superficie que se considera mínima para garantizar la conservación de los ecosistemas de acuerdo a la UICN (Ordoñez y Flores, 1995). En esta categoría se incluye una gran variedad de áreas protegidas, desde los parques marinos nacionales y áreas bien conservadas en las que se realizan labores de investigación con acceso restringido (como Isla Isabel, Nayarit) hasta áreas situadas dentro de zonas urbanas, que han perdido gran parte de su cubierta vegetal original y funcionan como centros de recreación (como Cumbres del Ajusco, Distrito Federal).

La siguiente categoría con mayor número de áreas es la de Reserva de la Biósfera. Las 26 reservas de la biósfera existentes representan el 71% de la superficie protegida en el país. Las reservas de la biósfera funcionan con base en cuatro puntos clave: (1) involucrar a las poblaciones e instituciones locales a la tarea común de conservación; (2) incorporar la problemática socioeconómica regional a los trabajos de investigación y desarrollo de la reserva; (3) dar a la reserva una independencia administrativa, al encargar su gestión y manejo a instituciones de investigación, entre otras y (4) considerar que las reservas deben formar parte de una estrategia global de conservación. De esta manera las reservas de la biósfera, con mayor o menor éxito, funcionan como espacios de investigación y concertación para la conservación y el desarrollo regional sustentable (Halffter, 1992).

Existen 11 Áreas de Protección de Flora y Fauna, las cuales abarcan el 13.5% de la superficie total protegida, y 4 áreas están decretadas con la categoría de Monumento Natural, que cubren el 0.1% de la superficie total protegida. Aún no ha sido decretada ningún área bajo la categoría de Santuario y existen 7 áreas naturales protegidas con diferentes denominaciones en sus decretos, las cuales están sujetas a revisión para su recategorización y cubren el 3.6% de la superficie total protegida aproximadamente (tabla 2).

En la categoría de Área de Protección de Recursos Naturales existen las subcategorías de Reserva Forestal y Zona Protectora Forestal, las cuales incluyen algunas presas, sistemas nacionales de riego, algunas cuencas hidrográficas, algunos arroyos, lagunas y ríos. Aunque estas áreas suman en total 220 con decreto federal, su situación administrativa está bajo revisión (posible derogación o recategorización). Por lo anterior, sólo 5 de estas áreas son administradas como áreas naturales protegidas de acuerdo con las disposiciones legales vigentes (INE, 1997).

Aspectos internacionales relacionados con las áreas naturales protegidas de México

A través de su Comisión de Áreas Protegidas (WCPA, por sus siglas en inglés), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) ha lidereado la categorización internacional de áreas protegidas desde 1969 (Glowka et al., 1996). Aunque los objetivos de manejo de las áreas protegidas varían enormemente, la UICN ha identificado 6 categorías con base en los objetivos principales por los que se administran.

Tabla 3. Categorías de manejo de la UICN

Como una referencia útil en caso de necesitar encontrar alguna equivalencia entre las categorías de manejo de las áreas naturales protegidas por la federación y las manejadas por la UICN, en la (tabla 4) se presentan los resultados de un ejercicio de la relación que puede existir entre ellas.

Tabla 4. Posibles equivalencias entre las categorías de manejo de la UICN y las de la federación mexicana

Por otro lado, la Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) ha establecido dos programas que involucran desde perspectivas diferentes los esfuerzos de protección de áreas naturales al nivel internacional: Patrimonio Mundial y el Hombre y la Biósfera. El programa sobre Patrimonio Mundial fue establecido para proteger propiedades naturales y culturales con valor universal de la amenaza de ser dañados por los cambios tan rápidos que suceden actualmente en todo el planeta; 4 áreas naturales protegidas mexicanas están reconocidas en este esquema.

Tabla 5. Reconocimiento Internacional a las Áreas Naturales Protegidas de México

Dentro del Programa el Hombre y la Biósfera (MAB, por sus siglas en inglés) se estableció lo que se conoce como Red Mundial de Reservas de la Biósfera al reconocer la importancia de las reservas de la biósfera en la conservación de la diversidad biológica, el progreso científico, la habilidad técnica y en los valores humanos, con la ventaja adicional de que una red internacional facilita la cooperación, la investigación y el seguimiento del trabajo que se realice dentro de las reservas que pertenecen a la misma; hasta el momento, son 11 las áreas naturales protegidas mexicanas que pertenecen a esta red (tabla 5).

Finalmente, existen 4 áreas mexicanas reconocidas por su importancia internacional en el marco de la Convención Ramsar sobre Humedales, especialmente como hábitats de aves acuáticas. Dos áreas más están en proceso de ser integradas.

Áreas Naturales Protegidas por las Entidades Federativas

De las 8 categorías de manejo de áreas naturales protegidas establecidas en el artículo 46 de la LGEEPA, las 2 últimas son de competencia estatal y municipal. Son 176 áreas naturales protegidas que cuentan con decretos estatales y municipales. las cuales se ubican en 22 entidades federativas y cubren aproximadamente 1 949 496.2 ha, lo que representa cerca del 1% del territorio nacional (Conabio, 1998).

Algunos estados han podido avanzar en el fortalecimiento de su sistema estatal de áreas naturales protegidas, entre los que destacan los estados de Chiapas, de México, Veracruz, Puebla, Michoacán, Yucatán, Quintana Roo y recientemente Guanajuato; mientras que otros, como el caso de Sonora, han logrado un avance considerable en este sentido.

A pesar de que todas las entidades federativas cuentan con una ley estatal equivalente a la LGEEPA, aún son muchos los obstáculos que deben ser superados para permitir una verdadera articulación entre la administración de las áreas de interés federal y la de las áreas estatales. No obstante, existen esfuerzos realizados por la Semarnap para resolver buena parte de los problemas es la promoción de un programa de descentralización administrativa que contribuya a asegurar la participación directa de los gobiernos estatales y municipales en la gestión ambiental.

( Propuesta del equipo )

Tareas pendientes y limitaciones

Hasta 1994, las áreas naturales protegidas carecían casi en su totalidad de programas de manejo, de personal y de presupuesto suficiente, muchas veces ni siquiera simbólico. El único instrumento de protección ha sido el decreto de su establecimiento, lo que ha equivalido a una existencia virtual, y a que hayan resistido solas, gracias a su inaccesibilidad en algunos casos, el avance de los frentes de colonización y de la frontera agropecuaria. Debe reconocerse que en gran medida, las áreas naturales protegidas se han mantenido ajenas a la dinámica de desarrollo regional, en forma de enclaves institucionales y jurídicos, desaprovechando su enorme potencial para integrar nuevos espacios legales, institucionales y operativos para un desenvolvimiento económico sustentable.

Convendrá referirse de manera especial a las condiciones en que se encuentran los PN porque se trata de una de las categorías más problemáticas.

• Gran parte de los PN fueron expropiados sin pago de la indemnización correspondiente o con indemnizaciones parciales. Esto diluye los derechos de los propietarios originales, elimina incentivos para preservar su integridad, y lo que es peor, el relajamiento de los derechos de propiedad ha hecho que estas áreas quedaran expuestas a la invasión y colonización.

• Enfrentar el pago de indemnizaciones implica recursos que están fuera de las posibilidades presupuestarias del gobierno federal.

• Se presenta con frecuencia un estado de indefinición de derechos que en la práctica determina situaciones cercanas al libre acceso a recursos comunes, con los consiguientes desmontes, sobreexplotación, sobrepastoreo, invasiones, extracción forestal descontrolada, acumulación de basura y otros fenómenos que significan un costoso deterioro patrimonial y ecológico.

• En muchos PN prevalecen establecimientos privados, como restaurantes, tiendas, expendios de comida, alquiler de lanchas, centros de investigación, o complejos de retransmisión de ondas. Una revisión somera de las concesiones existentes revela que se otorgaron sin ningún criterio rector e ignorando los posibles impactos sobre el entorno natural que fundamenta la existencia misma de los PN.

A esto hay que agregar las explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales de considerable importancia (en el marco de dotaciones ejidales, concesiones o de situaciones irregulares) en el Nevado de Toluca, la Malinche, Gogorrón, el Cofre de Perote, Potosí, Cañón de Río Blanco, Bosencheve, José Ma. Morelos, Pico de Orizaba, Zoquiapan, Cerro de la Estrella, Chacahua y Lomas de Padierna.

Antecedentes de política recientes

A principios de 1996 el INE publicó el primer Atlas de Reservas de la Biosfera y otras Áreas Naturales Protegidas de México (resultado de una investigación coordinada por A. Gómez-Pompa y R. Dirzo) el cual es un inventario jurídico, geográfico, biológico, ecológico y socioeconómico de nuestras áreas naturales protegidas, donde se proponen también elementos claros de política en la materia. Ahí se sugiere la consolidación en la administración pública de las instancias a cargo del SINAP, el incremento de los presupuestos fiscales, la conjugación del ordenamiento ecológico del territorio con las áreas naturales protegidas, la definición de prioridades, el aprovechamiento de las tradiciones indígenas, el desarrollo de sistemas de información biológica, la participación y consulta a los actores locales, la simplificación en la nomenclatura, la apertura de oportunidades para el sector privado e individuos, la ampliación del SINAP, la participación de instituciones académicas en el manejo y administración, la planeación de los usos del suelo en las explotaciones forestales, la compra y pago justo de las zonas núcleo de las reservas de la biosfera, nueva normatividad para el manejo de recursos naturales, la evaluación de terrenos nacionales para la creación de corredores ecológicos, y el establecimiento de estímulos para la conservación al sector privado y organizaciones sociales.

A continuación, se plantean algunos aspectos convenientes a considerar para los nuevos proyectos de conservación de la biosfera.

Convocatoria de 2001 para presentar anteproyectos relativos al conocimiento de los recursos biológicos
del Corredor Biológico Mesoamericano - México

A continuación se relacionan los anteproyectos que de acuerdo con la base B9 de la convocatoria fueron seleccionados por el Comité técnico interno de esta Comisión.

El responsable de cada anteproyecto debe recibir antes del 24 de agosto de 2001, por correo electrónico o mensajería, la comunicación oficial de la selección de su anteproyecto. En ella se le indican las condiciones (si las hubiera) impuestas por el Comité para ser incluidos en el proceso de evaluación académica, así como los requerimientos de esta Comisión que deben cubrir para hacerlo efectivo.

Si para el 31 de agosto, dicha comunicación no le ha llegado a alguno de los responsables, es muy importante que de inmediato se ponga en contacto con la Dirección de Proyectos por teléfono o correo electrónico para que se la enviemos de nuevo. Para poder atenderlo debe citar el número de referencia asignado a su proyecto. Teléfono 5528 9100, Dirección de Proyectos (dirproy@xolo.conabio.gob.mx).

Los proyectos desarrollados deberán recibirse en las oficinas de la CONABIO a más tardar el 14 de septiembre de 2001. Sin excepción, los proyectos que lleguen a estas oficinas después del 14 de septiembre, incompletos o sin cumplir las condiciones particulares que se le hayan señalado así como las contenidas en el Instructivo para presentar proyectos correspondientes a la 3a convocatoria de 2001 relativos al conocimiento de los recursos biológicos del Corredor Biológico Mesoamericano - México, así como para proyectos por encargo en temas afines y las de los Lineamientos para elaborar presupuestos de proyectos que se presentarán a la CONABIO en 2001, no podrán ser evaluados y se darán de baja. Las características de la base de datos, que obligatoriamente forma parte importante de los resultados de estos proyectos, están descritas en el Instructivo para la conformación de bases de datos compatibles con el Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad.

A los responsables de los proyectos no aprobados se les enviará por correo, a más tardar el 24 de agosto, una comunicación oficial informándoles de las razones del dictamen. Por favor consideren un plazo de entre una y dos semanas para recibirlo.

Nota: La lista de anteproyectos seleccionados aparece ordenada por el número de referencia del proyecto:

Referencias

Conabio. 1998. La diversidad biológica de México: Estudio de País. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México. Versión preliminar.

Flores-Villela, O. y P. Gerez. 1995. Biodiversidad y Conservación en México: vertebrados, vegetación y uso del suelo. UNAM. México.

Glowka, L. et al. 1996. Guía del Convenio sobre la Diversidad Biológica. UICN Gland y Cambridge. xii + 179pp.

Halffter, G. 1992. El Concepto de Reserva de la Biósfera. Memorias del seminario sobre conservación de la diversidad biológica de México. No.1. Facultad de Ciencias, UNAM. México.

INE. 1997. Documento preparado por la Unidad Coordinadora de Áreas Naturales Protegidas del INE. No publicado.

Ordóñez, M. J. y O. Flores. 1995. Áreas naturales protegidas en México. Pronatura. México.

Székely, A. 1994. Protección legal a la biodiversidad en México. Informe de trabajo. Conabio. México.

Vargas, F. 1984. Parques nacionales de México y reservas equivalentes. Instituto de Investigaciones Económicas/UNAM. México.