Antinomias

Lenguaje jurídico. Contradicción. Clasificación normativa. Resolución. Criterios resolutivos

  • Enviado por: Alberto Martínez Ballesteros
  • Idioma: castellano
  • País: España España
  • 13 páginas
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índice

Índice 1

Introducción 3

Clasificación de las Antinomias 4

Norberto Bobbio 4

Hans Kelsen 5

Resolución de las Antinomias 7

Criterio jerárquico 7

Criterio cronológico 8

Criterio de especialidad 9

Insuficiencia de criterios /conflictos 11

Bibliografía 13

1.- INTRODUCCIÓN:

El problema de las "antinomias" ya estaba vigente en nuestra tradición romanista, como podemos observar con claridad en algunas de las célebres constituciones de Justiniano. Así, uno de los fines de la interpretación jurídica era el de eliminar las contradicciones normativas, es decir, las antinomias.

Para comprender dicho problema debemos entender la dinamicidad del ordenamiento jurídico, entendiendo que la validez de una norma encuentra su fundamento en otra de autoridad superior. La explicación de la existencia de tales contradicciones la encontramos en la Regla Alternativa kelsiana, puesto que una ley contiene el precepto de que "una norma individual producida en otra forma o con otro contenido debe valer hasta tanto sea derogada".

La definición que se ha dado del término antinomia en el sentido estrictamente jurídico podría ser enunciada de la siguiente manera: "Dos enunciados son lógicamente incompatibles cuando uno prohibe una acción y el otro la permite". Atendiendo a las condiciones necesarias para que existan antinomias jurídicas, que explicaremos a continuación, esta definición ha quedado expresada de la siguiente manera: "la situación en que dos normas incompatibles entre sí, que pertenecen al mismo ordenamiento, tienen el mismo ámbito de aplicación".

Las condiciones necesarias para la existencia de antinomias son las siguientes: las dos normas en conflicto deben tener una misma validez temporal, espacial, personal y material, es decir, deben coincidir plenamente en su ámbito de aplicación.

2.- Clasificación de las antinomias

Son principalmente dos teóricos del Derecho los que han realizado las principales clasificaciones de las antinomias: Norberto Bobbio y Hans Kelsen.

Norberto Bobbio:

Bobbio realiza su clasificación estableciendo tres tipos diferentes de antinomias según el ámbito de validez de las normas que entran en conflicto.

Así, si ambas normas tienen idéntico ámbito de validez, Bobbio entiende que la antinomia es total-total, utilizando la terminología de Alf Ross. En este caso, ninguna de las dos normas puede ser aplicada sin generar un conflicto con la otra. Esta sería la oposición que se daría entre una norma que prohibiera fumar de las cinco a las siete de la tarde y otra norma que permitiera realizar dicho acto de las cinco a las siete de la tarde. Como vemos, la oposición entre estas normas es clara, puesto que el cumplimiento de la primera ocasionaría la desobediencia a la segunda, al igual que ocurriría en el caso contrario.

Otro caso distinto sería el planteado entre dos normas cuyo ámbito de validez fuera en parte igual y en parte diverso: es la denominada por Norberto Bobbio controversia parcial-parcial. Aquí la controversia sólo subsiste en aquellas partes que ambas normas tengan en común, puesto que cada una tiene un campo de aplicación que está en conflicto con el de la otra, y otro campo de aplicación en el que el conflicto no existe. Como ejemplo a esta controversia podemos citar una norma que prohiba fumar pipa y cigarrillo de las cinco a las siete de la tarde y otra que permita fumar cigarros y cigarrillos durante las mismas horas. En el caso planteado sólo observamos la incompatibilidad en la prohibición de la primera norma de fumar cigarrillos, y la permisión de la misma acción por parte de la segunda.

Un último tipo de antinomias son las denominadas total-parcial, dándose este cuando dos normas coinciden en el ámbito de validez, pero en una de ellas es más restringido, por lo que nos encontraríamos frente a una antinomia total de la primera respecto de la segunda, y sólo parcial de la segunda respecto de la primera. Así, lo encontraríamos representado en el caso de una norma que prohibiera fumar desde las cinco hasta las siete de la tarde y otra que solamente permitiera fumar cigarrillos desde las cinco hasta las siete.

Hans Kelsen

Hans Kelsen distingue tres tipos de conflictos normativos, estableciendo así una clasificación que difiere con la del autor precedente.

Uno de estos conflictos normativos serían los bilaterales-unilaterales: serían bilaterales cuando la aplicación de una norma supusiera la violación de la otra, transformándose en unilaterales en el caso de que la aplicación de una de las dos normas supusiera la violación de la otra, pero no a la inversa, es decir, que el cumplimiento de la segunda no implicaría la violación de la primera.

Las antinomias, según este autor, también pueden ser totales-parciales: en este caso, sería total cuando el cumplimiento de una de las normas supusiera la completa violación de la segunda, mientras que si solamente implicara una violación parcial de esta última nos encontraríamos ante un conflicto parcial entre ambas.

Otra tercera clasificación consiste en la diferencia entre conflictos normativos necesarios y posibles: El primero de estos se daría cuando la aplicación de una de las normas implicara la necesaria violación de la otra que forma parte del conflicto, constituyéndose un conflicto posible cuando el cumplimiento de dicha norma supone sólo de manera posible la violación de la otra.

Entre estos tipos de antinomias caben diferentes combinaciones, como observaremos al analizar un ejemplo: en el caso de una norma que permitiera la bigamia y otra norma que la prohibiese, estaríamos ante un conflicto bilateral, total y necesario: esto es así porque el cumplimiento de la primera de las normas implicaría necesariamente la total violación de la segunda, al igual que la violación de la segunda supondría, por consiguiente, la violación de la primera.

Respecto a una norma que establezca que el homicida mayor de veinte años deba ser castigado, y otra que regule que el homicida debe ser castigado si tiene más de dieciocho años nos encontraríamos ante el caso opuesto al anterior. Entre ambas normas se daría una controversia unilateral, puesto que el cumplimiento de la primera no supone la violación de la segunda, pero sí al revés; parcial, puesto que ambas establecen que el homicida debe ser castigado; y posible, ya que no nos encontramos ante una necesaria violación de una norma ante el cumplimiento de la otra.

3.-resolución de las antinomias

Para Kelsen la única solución a este problema es la norma derogatoria: un conflicto de este tipo "sólo puede ser solucionado de tal manera que una de ambas normas pierda su validez o que ambas la pierdan. Esta pérdida de validez puede acontecer de dos maneras solamente. Ya sea perdiendo una de las normas en conflicto su validez, porque ha perdido su eficacia, puesto que un mínimo de eficacia es condición de su validez; o por derogación", haciendo ver que la solución obedece a criterios volitivos de los órganos competentes.

Los distintos autores defienden principalmente tres criterios: jerárquico, cronológico y de especialidad.

Criterio jerárquico "lex superior derogat legem inferiorem"

La formulación jerárquica de las normas ya estaba presente en la época del absolutismo para llevar a cabo una organización de los materiales normativos vigentes de forma apta para asegurar la prevalencia del poder político sobre el consuetudinario; así, aparecieron teóricos como Hobbes, Pufendorf o Thomasius. Se defendía la autoridad suprema para la ley producida por la fuente más próxima al soberano. Tras la Revolución Francesa se lleva a cabo la concentración de las fuentes de derecho en una sola: "la ley", por lo que no es necesario jerarquizar las normas, apareciendo como derecho aplicable la costumbre (siempre que esta no fuera contra legem). Ya en el siglo XX, Hans Kelsen en su Teoría General del Derecho y del Estado, defiende la jerarquización de las normas y su división en distintos planos, y, puesto que unas normas derivan de otras, la norma antinormativa es anulable o es nula.

Este criterio esta recogido en el artículo 1 del C.C. apartados 1, 2, 3 y 4, en el art. 9.3 de nuestra constitución y en el artículo 23 de la LRJAE.

La inferioridad de una norma con respecto a otra consiste en la menor fuerza de su poder normativo; pero un problema más complejo es el planteado en la relación entre la ley y la costumbre; en nuestro ordenamiento la costumbre es una fuente jerárquicamente inferior a la ley, ocupando el tercer lugar tras las leyes y los reglamentos.

Este criterio no es suficiente al tener que conjugarse en muchos casos con el criterio competencial o por las excepciones que presenta en las diferentes ramas del ordenamiento: la alteración de las relaciones ley-reglamento y la excepción que a dicho criterio se realiza en el ámbito del derecho del trabajo por aplicación del principio de normas más favorable.

Criterio cronológico: "lex posterior derogat priorem"

Según este criterio un eventual conflicto entre dos enunciados normativos de igual extensión e idéntico rango jerárquico desaparecería por la aplicación del posterior en el tiempo. Conocer las normas que forman parte de un ordenamiento puede ser complicado; tal dificultad "proviene fundamentalmente del carácter dinámico del derecho al estar éste en continua transformación por la incorporación de nuevos enunciados normativos y la supresión de otros." Así, para el examen de este criterio es necesario hacer referencia al modo de publicación de los enunciados jurídicos y a su derogación.

La publicación viene establecida en el artículo 2.1 del C.C., según el cual "las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispusiere otra cosa"; su entrada en el BOE supondrá la última fase del proceso tras la sanción regia. A consecuencia de este acto se incorporan al ordenamiento jurídico los enunciados explícitamente publicados y aquellos que derivan o son consecuencia de ellos.

La derogación se lleva a cabo a través de un enunciado normativo que tiene como objeto invalidar las prescripciones dadas en virtud de otros enunciados, y presupone la validez de los enunciados objeto de derogación. El enunciado derogado no forma parte del ordenamiento jurídico, es decir, se trata de un enunciado inválido, puesto que no puede aplicarse a casos surgidos con posterioridad a la derogación de la misma.

Según este criterio la norma posterior debe prevalecer, puesto que si prevaleciera la precedente crear normas sería una acto inútil o sin finalidad. Este criterio viene regulado en el artículo 2.2 del Código Civil. La razón del mismo hay que buscarla en la esencial historicidad del Derecho y la necesidad de que este evolucione para una mayor adaptación.

Criterio de especialidad: lex specialis derogat generalem

En estos casos no estamos ante dos enunciados antinómicos, puesto que el enunciado general se aplica a todas las especies excepto las designadas por el enunciado especial (es decir, difieren en su ámbito de aplicación). Hoy en día la existencia de leyes especiales se nos presenta como necesaria, y el uso de estas corresponde a una exigencia fundamental de justicia entendida como igual tratamiento a las personas que pertenecen a una misma categoría. Un ejemplo de este criterio lo encontramos en el artículo 15 del C.P.

Gavazzi, en su obra Delle Antinomie, sostiene que una ley es especial cuando regula una clase de comportamientos que pertenecen a una clase más amplia ya regulada por otra ley que llamaremos general. La especialidad se refiere al contenido de los enunciados. Hay disposiciones que, por declaración expresa del legislador, son disposiciones especiales, en los que la especialidad se caracteriza no por regular supuestos de hecho, sino por regular el mismo supuesto de formas diferente.

Como excepción a este criterio encontramos una formulación positiva a la regla jurisprudencial de "inderogavilidad singular de los reglamentos" dada por la LRJAE a fin de que la potestad reglamentaria de la administración no se equipare al poder legislativo. Así "las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general [...]"(art. 30), extendiéndose también a las de rango superior.

Además de estos tres criterios algunos autores señalan la existencia de un cuarto criterio, el llamado criterio de competencia o prevalencia, que aparece regulado en el artículo 149.3 de la Constitución Española: "La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de estas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas."

4.- Insuficiencia de criterios y conflictos entre ellos

El criterio jerárquico se aplica cuando los enunciados pertenecen a niveles diferentes del ordenamiento, el cronológico cuando difieren en el tiempo, y el de especialidad cuando su extensión es distinta, pero ¿qué ocurre entre enunciados normativos contemporáneos, del mismo nivel jerárquico y de igual extensión?

En estos casos, la solución queda en manos del intérprete que puede otorgar preferencia a uno de los enunciados, considerar que los dos enunciados se eliminan recíprocamente o mostrar que no existía tal antinomia o que se trataba de una contradicción meramente aparente.

En cualquier caso, el juez no resuelve el conflicto entre los enunciados normativos, sino que decide, únicamente respecto del caso concreto, el enunciado aplicable.

Cuando, para la resolución de una antinomia, se nos plantea un conflicto entre alguno de los tres criterios principales se recurre a diferentes resoluciones para establecer la aplicación de un criterio sobre el otro.

Si el conflicto aparece entre el criterio jerárquico y el cronológico quiere decir que hay una norma anterior-superior frente a otra posterior-inferior. En esta situación el criterio jerárquico prevalece sobre el cronológico, ya que si el criterio cronológico debiese prevalecer el principio del orden jerárquico de las normas sería vano.

En el momento en el que la controversia normativa se plantea entre una norma anterior- especial y otra posterior-general, hallamos una incoherencia entre el criterio de especialidad y el cronológico. Bajo la regla lex posterior generalis non derogat priori speciali, se establece que el conflicto debe ser resuelto a favor del criterio de especialidad, por estar dotado de más importancia que el criterio cronológico.

Una mayor dificultad es la planteada cuando la antinomia supone un enfrentamiento entre el criterio jerárquico y el de especialidad, puesto que ambos son considerados los criterios fuertes frente al cronológico, el criterio débil. Este caso se plantea cuando una norma superior-general se opone a otra inferior-especial. Para este caso no existe una regla general consolidada, por lo que la solución quedará en manos del intérprete, quien aplicará uno u otro criterio de acuerdo con las circunstancias.

En este último caso, la gravedad aparece al enfrentarse dos valores fundamentales de todo el ordenamiento jurídico: el de respeto al ordenamiento, que exige el respeto a la jerarquía, y el de justicia y equidad, que exige la adaptación gradual del derecho a las necesidades sociales.

bibliografía

Bobbio, Norberto, Teoría General del Derecho, Madrid, Editorial Debate, 1991

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Iturralde Sesma, Victoria, Lenguaje legal y sistema jurídico, cuestiones relativas a la aplicación de la ley; Madrid, Tecnos, 1989, pag.79

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