CONCLUSIONES

La primera conclusión es de orden metodológico: la necesidad de abordar el estudio de la violencia, física, simbólica o psicológica, desde nuevas perspectivas y con la pretensión de contribuir a diseñar un marco teórico general. Debemos estudiar la violencia a partir de los factores sociales y económicos que la propician, teniendo siempre en cuenta el proyecto ideológico que está detrás. Se trata de explicar y racionalizar las manifestaciones multiformes de la violencia, cuyo surgimiento puede parecer carente de reglas o normas, empezando por exponer las verdederas causas originales de la violencia.

La segunda conclusión tiene una dimensión global: el carácter desigual del ejercicio de la violencia legal en los dos regímenes políticos estudiados en la provincia de Albacete. Si bien los mecanismos del engranaje represor tuvieron un objetivo común, la eliminación del adversario político, los procedimientos fueron totalmente divergentes. Mientras que los gobiernos republicanos pusieron todo el empeño posible para perseguir estas manifestaciones espontáneas, la dictadura franquista asumió el colaboracionismo represor de las capas sociales que se consideraron vencedoras de la guerra y las integró en su proyecto político. En este caso, el franquismo sí utilizó los recursos de los regímenes fascistas para la represión y el control social que tan buenos resultados habían dado en Alemania o Italia. Esta violencia premeditada, ejercida con especial celo por todos los estamentos de la administración, cumplió la funcion social requerida por el Nuevo Estado. La violencia política republicana tenía causas políticas y se utilizó como un instrumento político. Por contra, el franquismo la consideró en todo momento como fundamento doctrinal.

Las restantes conclusiones responden a los objetivos trazados en los distintos capítulos del trabajo:

1. La II República tuvo el apoyo entusiasta de una buena parte de la población y de la misma clase política de la Restauración, monárquicos mayoritariamente, que habían renunciado al sostenimiento de un régimen que venía arrastrando una crisis cada vez mayor. El reformismo democrático, la legislación social y la Reforma Agraria, despertaron rápidamente la animadversión de la burguesía agraria. Su carácter conservador había dominado la evolución de la provincia a lo largo de las décadas anteriores.

A partir de los primeros meses de gobierno republicano se articularon diferentes formas de protesta contra el orden pero sin llegar a actuar explícitamente contra él. Fruto de estos enfrentamientos fueron los primeros conflictos de carácter laboral de los momentos iniciales de la II República. Esta conflictividad, que pocas veces terminará en violencia física, mantuvo unos niveles de normalidad propios de un régimen democrático pese a las alarmas infundadas de las derechas y sus apoyos. El cambio de orientación política, fruto de las elecciones, levantó muchas protestas que empezaron a dar los primeros resultados en el año 1934. Se produjeron sucesos importantes saldados con tiroteos y masivas detenciones como consecuencia de una represión desmedida por parte del Estado.

Los grupos políticos radicalizaron considerablemente sus posturas hasta abandonar su moderación anterior. En un momento en el que la crisis económica iba en aumento, provocando un importante crecimiento del paro, las consignas por el reparto de las tierras y la subida de salarios se convirtieron en el mejor programa de cara a los comicios. La victoria del Frente Popular dio lugar a unos meses de inquietudes y amenazas, sobre todo por parte de las juventudes de los partidos a cuya cabeza habría que situar a los de Acción Católica, Falange y la CEDA.

Albacete capital fue el referente obligado de cara a la conjura e intento de rebelión militar en julio de 1936. Debido a las maniobras encabezadas por la Guardia Civil y secundada por un reducido grupo de la población civil. La semana en que la provincia estuvo en manos de los rebeldes sirvió para terminar de despertar las más bajas pasiones de algunas capas populares que habían contribuido a sofocar el intento golpista y que ya en plena guerra civil encontraron en la venganza personal, los "paseos" y las ~sacas", la mejor forma de defensa.

2. Se presenciaron las manifestaciones más relevantes de la violencia social en el período 1936-1939. Ésta se puede caracterizar como espontánea e incontrolada y circunscrita a los primeros meses de la contienda. No es posible hablar de una dirección clara en cuanto a la aplicación de esta represión. Junto a problemas de carácter laboral, electoral o político, se mezclaban otros de naturaleza personal y manifestaciones de la más pura delincuencia común sin ningún móvil político por medio. En los municipios con menos densidad de población se registraron los porcentajes más bajos de muertes. Las relaciones de parentesco y la endogamia, que generaba el conocimiento entre todos los vecinos, impedían actitudes de violencia. Las muertes de estos años obedecen a una lógica de terror colectivo descontrolado. Los atentados se dirigen contra patronos, propietarios, miembros de profesiones liberales, políticos de derechas y, también, religiosos como consecuencia del general anticlericalismo en todo el Estado.

La actitud de las autoridades locales, en consonancia con lo que venía siendo la trayectoria del propio Gobierno legítimo de la nación, trató de mantener en todo momento el orden público y evitar los desmanes. El vacio de poder provocado por los propios militares tardó tiempo en ser corregido. El Estado y los políticos locales crearon y apoyaron el funcionamiento de los Tribunales de Justicia Popular. Fueron diseñados con el objetivo de erradicar este tipo de violencia. Sin embargo, no se pudieron evitar acciones indiscriminadas de carácter colectivo como las "sacas".

Durante la gestión republicana la violencia también se ejerció a través de las depuraciones. Antes, en el período anterior a la rebelión, no se practicó ningún tipo de purga en los colectivos profesionales. A diferencia de lo ocurrido en el Nuevo Estado franquista, entre 1931 y 1936 no se expulsó a nadie de su trabajo por sus ideas, ni tan siquiera por su animadversión declarada contra el sistema democrático. Hubo una relativa benevolencia en estas depuraciones entre los funcionarios: sólo los directamente implicados en la rebelión o los que tenían antecedentes "sospechosos" acabaron expulsados o amenazados. Muchos enemigos encubiertos de la República y futuros apoyos del régimen franquista superaron sin problemas estas pruebas.

3. La justicia popular es la respuesta más contundente contra la violencia entre 1936 y 1939. Fue producto de la improvisación pero fueron sometidos a un paulatino perfeccionamiento para conseguir las garantías procesales de los acusados. El carácter popular de los jurados se limitó a recoger la tradición del derecho español del s.xix. Se pretendía con ello involucrar al pueblo en la aplicación de la justicia. Según se calmaron los ánimos, disminuieron el número de intervencionesy la dureza de las penas.

La gestión del Tribunal Especial de Guardia fue muy impopular. Su lucha abierta contra el espionaje, el derrotismo o la deserción levantaron muchas protestas de partidarios del propio régi-men republicano. El control de esta institución por parte de miembros del Partido Comunista supuso la comisión de muchas irregularidades y el enfrentamiento con otras fuerzas del Frente Popular.

El balance final de estos tribunales nos permite afirmar que consiguieron cortar la violencia espontánea y, sobre todo, implicar al conjunto de la sociedad en estas instituciones propiciando su participación y colaboración.

4. La provincia de Albacete se mantuvo fiel al bando republicano hasta el final de la guerra. Cuando en abril de 1939 el Nuevo Estado se aprestó a sentar sus bases, la represión se convirtió en su principal objetivo. Los líderes políticos y sindicales más significados habían optado por una retirada a tiempo que les libró de una muerte segura. Algunos permanecieron aquí convencidos de las palabras del general Franco sobre el perdón para los que no hubieran cometido asesinatos. Acusados de permitir la comisión de actos de violencia bajo su mandato pasaron ante los Tribunales Militares y acabaron frente al pelotón de ejecución.

La violencia política de la dictadura fue exclusiva del Estado. El monopolio de su ejercicio incitó a sus bases a una labor de acusación contra los derrotados. Bajo estas manifestaciones delatoras se encubrieron problemas de carácter personal que nada tenían que ver con los acontecimientos políticos que se barajaban. La dureza y severidad de esta represión contó con la colaboración tácita y abierta de muchos ciudadanos y de las autoridades.

Los Tribunales Militares se instauraron inmediatamente. Estos perseguían una mejor aprehensión de los supuestos culpables. Ejemplaridad de los castigos. Hay dos fases claramente diferenciadas

- La represión fue especialmente severa en los dos primeros años pero mantiene unas pautas comunes hasta 1943

- En ese momento se cierra la etapa de las acusaciones por delitos cometidos durante la guerra y se inicia otra en la que los objetivos a perseguir son los miembros de la resistencia política y la guerrilla, ambas sostenidas fundamentalmente por miembros del Partido Comunista.

Otro capitulo especial es el de la violencia arbitraria. En los primeros meses se dieron acciones violentas de afiliados a Falange y miembros de las oligarquias locales en determinadas poblaciones que se saldaron con bastantes desapariciones, palizas o torturas. También había que incluir las muertes que no son directamente producto del régimen franquista, pero sí tiene una responsabilidad indirecta. Nos referimos fundamentalmente a los suicidios de viudas o familiares de fusilados o recluidos en las prisiones.

El mundo penitenciario: masificación y las malas condiciones de vida fueron la tónica dominante hasta pasados los tres primeros años. Entre 1943 y 1945 la mayor parte de los presos políticos del franquismo acusados de delitos de guerra salieron de las cárceles provinciales. El régimen penitenciario sometía a los presos a unas condiciones de alienación total de la que sólo se podía escapar con unas importantes dosis de solidaridad entre los reclusos. El hambre, el frío y las enfermedades acabaron con la vida de muchas personas. Los destacamentos penales sirvieron de reclutamiento de mano de obra barata o gratuita. El trabajo en estos centros equivalía a días de redención de pena pero muchos perdieron la vida en ellos o quedaron seriamente dañados físicamente. La arbitrariedad en el trato entre los internos es manifesta. Sólo un colectivo tuvo un tratamiento homogéneo: los presos de ideología comunista merecieron los castigos más severos. Por contra, en el interior de las cárceles se les respetaba y ejercían un indudable liderazgo.

La Guardia Civil fue el principal brazo represor en provincias agrarias. En los pueblos, básicamente, se convirtieron, junto al alcalde y al sacerdote, en la triada del poder franquista. Sus gestiones en contra de las partidas de gue-rrilleros pusieron a varias poblaciones de la sierra en alerta permanente y a muchos de sus vecinos sometidos a terribles interrogatorios y detenciones.

5. La justicia franquista se vio invadida por la jurisdicción militar hasta su última expresión. Formaba parte del proceso de consoli-dación de la ideología militarista conservadora que había justificado la intervención del Ejército para garantizar los valores esenciales de la Patria, que en ese ideario se identificaban con los del orden tradicional. Se trata de una justicia de guerra en tiempo de paz que abusó desmesuradamente del derecho con fines revanchistas y como vehículo para la imposición de su ideología. Las garantías procesales brillaron por su ausencia. La presunción de culpabilidad era constante y los juicios no pretendían demostrar la responsabilidad en la infracción de los acusados. Se limitaban a la exposición de las imputaciones por medio de discursos ideológicos que aprovechaban la presencia masiva de público para arengar en favor del nuevo régimen.

La justicia franquista se basó a lo largo de todo el período en la aplicación del delito de rebelión militar. Esta cruel pirueta jurídica permitía la acusación de rebelión contra los que habían defendido el orden político legitimo por parte de aquellos que habían sido los auténticos rebeldes.Se condenó una cifra por encima de las 34 000 personas en una provincia como Albacete, más del 9% del total de la población provincial de 1940.

Cualquier síntoma de oposición, disidencia o, simplemente, de pasividad ante el franquismo podía ser interpretado como delito. De nuevo la arbitrariedad se extendió al ejercicio de la justicia. El proletariado urbano y rural fue el blanco preferido por estos tribunales a diferencia de lo que supuso la justicia popular republicana que ofreció una mayor variedad social en este sentido.

La Ley de Responsabilidades Políticas cubrió otra siniestra parcela de la violencia política. En materia de moral pública, en aspectos económicos y vida cotidiana y en la imposición de un nuevo sistema de valores se encargó de "limpiar" la sociedad de posguerra hasta 1945, aunque todavía dos años más tarde seguían vivas sus cenizas. Aunque sus condenas tenían una naturaleza predominantemente económica, las dificultades de los primeros años de posguerra impedían satisfacer aquellas penas por pequeñas que parecieran. El propio régimen se vio obligado a modificar su legislación ya que en caso de impago la privación de libertad suponía, subsidiariamente, engrosar la población penitenciaria en un momento de saturación que dificultaba, en gran medida, la recuperación económica del país.

La ley acabó por sembrar la duda entre toda la población que desterró de su horizonte la participación en política o la más mínima protesta. Familias enteras quedaron manchadas para siempre con acusaciones infundadas o por tener algún miembro en la cárcel o fusilado.

Los problemas de los años cuarenta en la provincia de Albacete impulsaron a la delincuencia a muchos jóvenes que cometieron pequeños robos o hurtos para poder cubrir sus necesidades. Los castigos fueron desproporcionados olvidando aquella sensibilidad que se había aplicado en la II República. La Iglesia católica también consiguió medidas encaminadas a mantenerle el respeto como institución. Varias personas fueron acusadas de «perturbar el libre ejercicio del culto» por hacer comentarios irrelevantes durante manifestaciones religiosas.

Las depuraciones llevadas a cabo en la Administración, Diputa-ión y Ayuntamiento, ponen de manifiesto el sinfín de trabas que tuvieron que superar aquellos empleados. Las separaciones del servicio o las inhabilitaciones de muchos permitieron al régimen agradecer la colaboración de ciertas personas con cargos y puestos laborales.

Pero, mayor significación adquiere la depuración de los maestros. Ya que el magisterio fue especialmente cuidado por las nuevas autoridades para acabar con la doctrina "marxista y separatista" republicana, era preciso conseguir unas plantillas de profesores fieles al nuevo ideario y dispuestos a formar a las nuevas generaciones en los principios del Movimiento. Las consecuencias inmediatas fueron la separación del servicio de muchos docentes y la ruptura con el proceso educativo abierto en la II República que tan buenos frutos había empezado a cosechar.

Las empresas privadas tampoco se libraron de estas "purgas". Los empresarios despidían arbitrariamente.

Las autoridades locales franquistas se caracterizaron por su fidelidad al régimen y, en especial, mostraron su celo en el terreno de la represión.

El objetivo fue la erradicación de cualquier síntoma de oposición y mantuvieron viva la llamada del rencor contra los rivales políticos. En ninguna ocasión se trató de allanar la reconciliación fuera de demagógicas proclamas paternalistas de los últimos años cuarenta.