Introducción

A la hora de realizar el siguiente trabajo, pusimos en discusión nuestra experiencia con respecto al tema de “víctimas de delitos”, y surgieron los siguientes interrogantes: ¿Qué es ser víctima del delito?, ¿cómo se considera la “víctima” de un delito desde la profesión?, ¿qué tipo de abordaje se realiza?, ¿cuáles serán las políticas o programas que se desprenden del Estado para tratar esta temática?, ¿a dónde recure una “victima de algún tipo de delito?, ¿cómo se asesora a una persona en situación de “victimaria”?, ¿Qué tipo de respuesta se le puede brindar desde el Trabajo Social?, ¿cómo analizar el problema complejo de la relación víctima y victimario?.

Luego de profundizar la discusión, pudimos comprobar que en algún momento de nuestras prácticas pre-profesinales tuvimos la posibilidad de contactarnos con personas víctimas de algún delito, pero ante dicha situación nos encontramos ante un vacío teórico y práctico (importante) de cómo intervenir o asesorar a las mismas. Es por eso que desde este ensayo intentaremos clarificar y buscar posibles respuestas a los interrogantes que se nos presentaron en relación a la temática seleccionada.

También, desde este trabajo, consideramos fundamental no acotar la mirada de la Criminología en el Trabajo Social, ya que percibimos que por lo general se analiza la misma como una especialidad que solo puede ser ejercida por los trabajadores sociales en el Sistema Penitenciario. Desde nuestro punto de vista, creemos que lo anterior es una visión muy reducida que impide que veamos las potencialidades que dicho campo de trabajo nos ofrece, como por ejemplo trabajar desde la prevención, capacitación de los trabajadores sociales a otros profesionales que se desempeñen en el área, los aportes que la profesión puede brindar a la Criminología (entendiendo que la misma es una especialidad compartida por varias profesiones de la Ciencias Sociales), etc.

Asimismo, en el siguiente ensayo plantearemos propuestas alternativas de trabajo, (pero no que por ser alternativas sean irreales o disociadas de las que actualmente se practican), que nos permitan entender la complejidad que rodean las problemáticas criminológicas.

De acuerdo a lo anterior creemos oportuno especificar que el siguiente trabajo contara con los siguientes puntos a desarrollar:

• Introducción teórica.

• Desarrollo del tema, donde incluiremos entrevista a profesionales del área, análisis de la misma y relación con el marco teórico seleccionado.

• Propuestas de intervención.

• Conclusión del ensayo elaborado.

Referencias teóricas de la Criminología

Comenzaremos exponiendo una introducción teórica acerca de lo que es la criminología y sus corrientes teóricas, para así poder reflexionar sobre la relación entre Criminología y Victimología.

La criminología nació a fines del Siglo XIX produciendo impacto a nivel jurídico y social. Es una disciplina que posee un campo teórico y un campo práctico de investigación que ha sido utilizado en instituciones de control social y en los engranajes de la administración de justicia. Es una herramienta de estudio que contribuye a la comprensión de las leyes humanas.

Los problemas estudiados por la criminología pueden clasificarse en:

• Tradicionales: temas convencionales sobre estudios de los delincuentes en las prisiones (infraestructura, alcoholismo, prostitución, fármaco dependencia).

• Modernos: son los estudios basados en el delito de cuello blanco (ecológicos, los cometidos por empresas trasnacionales, corrupción administrativa, evasión impositiva, etc).

La criminología es para estudiar y resolver el problema de la criminalidad y de los delincuentes. En sus orígenes era la criminología de los pobres y estigmatizada por una sociedad dirigida por los detentadores del poder; actualmente también es la criminalidad de los ricos.

La criminología actúa criminalizando el delito como:

• Combinación de factores personales.

• Como un gran problema (que impacta a todos los sectores sociales)

• Como una cuestión moral.

• Como una cuestión política.

Teniendo en cuenta que la criminología es la ciencia que estudia la política criminal, ésta es entendida como la política estatal de control social y solución de conflictos dirigida hacia las acciones humanas. Siendo sus objetos prioritarios:

• Reducir la violencia.

• Reducir la frecuencia de delitos contra la propiedad.

• Adecuar la violencia de la respuesta de la justicia penal al delito e igualmente instrumentar respuestas alternativas a la prisión.

La política criminal debe señalar cuando entra en juego el sistema penal y cuando debe intervenirse desde la política social. Es por ello que debe ser integral (victimas y victimarios) y multisectorial. Por su parte la criminología apunta a conocer distintas posturas teóricas: el paradigma positivista (clásica y clínica), el estructural-funcionalismo, y el paradigma del control social.

Aproximación a las Corrientes Criminológicas.

Criminología Clásica y Clínica:

Benigno Di Tullio la define como la ciencia de las conductas antisociales y criminales basada en la observancia y el análisis profundo de casos individuales, normales, anormales o patológicos. Esta corriente intenta dar una explicación integral a cada caso, considerando al ser humano como una entidad biológica, psicológica, social y moral. Se dice que proviene de Lombroso. Sus antecesores son por ejemplo Maucdesey, Londres en 1888; Francisco Giner, Madrid en 1899 y De Los Rios, Buenos Aires en 1907.

 

Se le denomina Criminología Clínica porque proviene del griego CLINE: Lecho, cama. El medico clínico tiene como labor la de observar, diagnosticar, pronosticar al paciente en la cama. Estos son los grandes objetivos de la criminología clínica.

 

La premisa es la de que la conducta humana esta condicionada por múltiples factores biológicos, psicológicos y social. Hay que averiguar en cada caso, cuales de estas circunstancias hacen que la persona cometa un delito.

 

Dentro de los métodos tenemos:

 

1. Entendimiento directo con el delincuente.

2. Examen medico.

3. Examen psicológicos para obtener datos sobre la personalidad del individuo.

4. Encuesta social en donde el trabajador social investiga el medio en que se desarrollo la persona.

 

El trabajo clínico debe ser interdisciplinario, en términos generales se ha vinculado con el funcionamiento de las prisiones. Este trabajo da respuesta al que hacer con el individuo, realizado así el diagnostico pronostico y tratamiento.

 

La peligrosidad es un concepto clave de la escuela clínica, que se basa en el supuesto (que causa llevar a la persona al delito) se puede determinar si los va a seguir cometiendo y en que medida. Este concepto tiene dos aspectos:

a) La Capacidad Criminal: Que es la cantidad de delito que puede cometer el criminal.

b) Adaptabilidad: La capacidad de adaptación al medio en que vive.

 

La escuela clínica trata de analizar al delito para establecer un diagnostico, pronostico y tratamiento. Este es el central de esta escuela.

Un diagnostico se utiliza para determinar el grado de peligrosidad de un individuo, entrando en juego los dos aspectos antes mencionados. Lo más importante es el paso al acto y existe 4 fases importante:

a) Consentimiento Mitigante: Concibe y no rechaza la posibilidad del delito del delincuente.

b) Consentimiento Formulado: Donde la persona decide cometer el delito.

c) Estado de Peligro.

d) Paso al Acto: La comisión del delito.

 

SUTHRERLAND, elaboro en la criminología clínica, El delito del cuello blanco y la definió: " Es un delito cometido por una persona de respetabilidad y estrato social alto en el curso de su ocupación".

Las conclusiones:

1. La delincuencia de las empresas y los ladrones de cuello blanco son reincidentes.

2. Tiene miedo a la denuncia.

3. Los hombres de negocios expresan el mismo despreció a la ley que los otros.

4. Son crímenes bien organizados. A diferencia del ladrón común, el de cuello blanco no se ve como delincuente.

5. Expresa públicamente adhesión a la ley, aunque en privado la viole.

6. Es un delito oculto, Una manera de lograr la imputabilidad es a través de expertos abogados.

7. En términos históricos se dio cuenta que muchas de las grandes fortunas se deben a, la practica ilícita.

Esta investigación de SUTHERLAND cambia toda la criminología, ya que como frecuentemente se decía que el delito debía explicarse con los problemas psicológicos y no es así. Además la criminología no se basa, ni en dinero ni en promesa. Concluye señalando que hay que incluir a las clases medias y altas en el fenómeno de la criminología.

 

Corriente Estructural-Funcionalista:

Los representantes de la corriente estructural-funcionalista que mayor trascendencia tuvieron en el tema de la criminología, fueron Durkhein, Parsons y Merton. Todos los cuales de una u otra forma coinciden en reconocerle a la organización estatal una alta cuota de representatividad en el Control Social de la conducta desviada. El sociólogo francés Emile Durkheim se destaca en el ámbito del estudio delictivo por su tesis sobre la normalidad de la criminalidad y el importante rol que juega esta última en el mantenimiento de la cohesión y la solidaridad social; llegando a afirmar que el delito representa un "factor de salud pública" por cuanto garantiza la movilidad y alternancia de la generalidad de las normas sociales, incluidas las que promulga el Estado a través del Derecho. Uno de los principales méritos científicos de este autor radica en la aportación del concepto de "anomia", entendido como la ausencia o carencia de efectividad de las normas sociales de todo tipo, aspecto que a su modo de ver, genera una especial desorganización colectiva por la pérdida de la capacidad reguladora del control social normativo.

Idéntica tónica funcionalista caracteriza la obra de Talcott Parsons, autor que siguiendo la línea de Durkheim reconoce en este último la profundidad del tratamiento respecto a la naturaleza del Control Social y a la significación de la conformidad moral. Parsons enfoca el concepto de desde la óptica psico-sociológica, estableciendo una relación congruente entre la desviación y la carencia de control. Su principal trascendencia científica estriba en el profundo reconocimiento del Derecho como manifestación del Control Social, destinado como toda variante controladora a garantizar el orden social; cuestión con la que discrepa de la pretendida dicotomía o alejamiento entre la función de control y la gestión estatal sostenida originariamente por los miembros de la Escuela de Chicago.

Teorías de la criminología crítica:

Nuevas posiciones teóricas dentro del contexto criminológico y denominadas criminología crítica, nueva criminología, criminología alternativa, se basaron en la prédica del Labelling Approach de Becker y Lemert, teniendo por sentado que es la sociedad la que etiqueta como desviados determinados actos y asigna tal rotulación en particular solamente a determinados individuos.

El paradigma del control: el "Labelling Approach", surge en EE.UU. como un nuevo paradigma criminológico conocido indistintamente como Teoría de la Reacción Social, modelo del etiquetamiento, labelling approach, Paradigma del Control, etc. Con un claro sustrato interaccionista, este novedoso enfoque superó con creces la valoración lineal y simplista que caracterizaba a la Criminología Positivista Clásica. Para los representantes del labelling approach (LEMERT, CHAPMAN, BECKER Y PAYNE) la determinación causal del delito se configura como un proceso problemático y relativo, pues afirmaban que tal fenómeno se construye socialmente a partir de procesos de definición y selección.

A raíz de esta teoría la interdependencia entre los fenómenos de la desviación social y de la reacción social sufre un vuelco perspectivo de interpretación que invierte la relación de determinación de la delincuencia aceptada hasta ese momento. El modelo etiológico de explicación del delito presumía que la existencia de la desviación generaba la reacción controladora de la misma, sin embargo la teoría del etiquetamiento o labelling approach asegura que por el contrario, el control social crea la criminalidad; se produce así una correlación configurativa en la que la reacción social se interpreta como factor preexistente y constituyente de la desviación. "El control social -sus agentes y mecanismos—no se limitan a detectar la criminalidad y a identificar al infractor, sino que crean o configuran la criminalidad: realizan una función constitutiva".

Para el "Labelling Approach" la selección de cuál individuo específico debe ser procesado (etiquetamiento) no se rige por criterios técnico-jurídicos, sino según estereotipos criminales que se estructuran en el imaginario de los operadores del Derecho Penal. "El mandato abstracto de la norma se desvía sustancialmente al pasar por el tamiz de ciertos filtros altamente selectivos y discriminatorios que actúan guiados por el criterio del estatus social del infractor". Por tanto, si en le proceso definitorio de la criminalización primaria se escogen conductas, en la criminalización secundaria se concretiza individualmente la secuencia selectiva, definiéndose a las personas delincuentes.

Dentro de las posiciones del Paradigma de la Reacción Social se prestó especial atención a los efectos criminógenos de la atribución del status de delincuente (criminalización secundaria), racionalizándose que el etiquetamiento del individuo y su consecuente estigmatización producían un fenómeno identificado como "desviación secundaria", consistente en la potenciación de la desviación caracterizada porque la persona etiquetada rompe definitivamente su nexo con el orden social normativo, reforzando su "fidelidad" a la desviación y produciendo un cambio de identidad o "reconstrucción" adaptativa de la personalidad (ajuste de imagen), en la que el individuo asume coherentemente las estereotipadas expectativas sociales que le asignan y se comporta de manera correspondiente.

En nuestras pretensiones de resumen parcial de los postulados que sobre el Control Social Penal realiza el "labelling approach", acudimos a la excelente síntesis que al respecto realiza Garcia-Pablos de Molina, cuando afirma que este significativo paradigma ha destacado tres elementos básicos del Control Social Penal: su comportamiento selectivo y discriminador, su función creadora de la criminalidad y la secuela dañosa y estigmatizante que se deriva de la acción del Sistema Penal.

La evaluación de los desaciertos del Modelo de la Reacción Social debe contemplar la evidencia de que no nos encontramos ante una teoría de la criminalidad, sino ante un modelo de criminalización, para el cual el crimen propiamente dicho parece no interesar; el eje central de su teoría gravita alrededor del efecto criminógeno y estigmatizador del Control Social Formal. Lo anterior nuclea gran parte de los cuestionamientos críticos a este paradigma, al que se le achaca un vicio metodológico consistente en un fundamentalismo antideterminista, que soslaya la existencia de los factores etiológicos del delito. Se parte así del razonamiento erróneo de que la criminalidad se constituye únicamente por la interdependencia condicionante entre las agencias del Sistema Penal y un sector de la sociedad.

Desarrollo de la temática seleccionada

Victimas en el contexto de la seguridad

Para el desarrollo de la temática de “Víctimas del Delito”, consideramos oportuno retomar la discusión actual sobre la “Seguridad”, para así poder comprender el contexto que rodea a aquellas personas que deben sufrir distintos abusos en ámbito público, y que a partir de dicha situación se posicionan como víctimas que reclaman asistencia, sobre todo, al Estado (considerado como un Estado de Derecho).

La cuestión de la seguridad ciudadana ha emergido desde la segunda mitad de la década del 90 como tema central capaz de poner en juego la capacidad del Estado de cumplir con sus funciones básicas. Este problema exige políticas responsables y soluciones efectivas para la protección de los derechos de las personas.

“No es ocioso considerar el proceso que ha llevado a nuestra sociedad a hacer de estos temas un asunto de preocupación central. Esta centralidad no debe aparecer como natural o autoevidente. El protagonismo de la seguridad ciudadana, hoy tomado como lógico, es el fruto de un proceso por el que distintos fenómenos relacionados con la violencia se incrementaron y esto aparece como un problema que debe resolverse. La oportunidad que tiene esta sociedad, a diferencia de otras, es que aún existe el recuerdo de una situación distinta, el recuerdo de una sociedad en la que el riesgo de quedar excluido de toda distribución de bienes sociales era casi nulo. La dimensión de la exclusión vigente avanza sobre ese recuerdo estructurando una sociedad dual. Esa dualidad, por su parte, es el terreno para la potencial construcción de un antagonismo social que aún no se ha terminado de constituir plenamente. En este enfrentamiento de la sociedad se identificaría el mundo de la ley con los sectores incluidos en la distribución de bienes y el mundo del delito, con los excluidos. Si bien esta visión tiene una amplia difusión, aún se encuentra en un estado latente, como prejuicio aun vergonzante. Como todavía este antagonismo no está cristalizado como evidencia, merece ser evaluado como una oportunidad para no llegar a una situación antagónica”.

La seguridad ciudadana involucra problemas básicos de la relación entre ciudadanos, entre éstos y las instituciones y entre las instituciones entre sí. Por ello, resulta fundamental pensar y describir estos problemas en toda su complejidad. Ello implica cuestionar algunas descripciones que, por simplificar, no sólo ponen en riesgo la seguridad personal, sino también los derechos de los ciudadanos. Sólo una comprensión en el marco de esta complejidad puede tomar en consideración todos los derechos que están en juego, sin reducirlos a una dimensión meramente defensiva. Sólo un nuevo enfoque del tema, permitirá encarar una política de seguridad inclusiva que amplíe el ejercicio de los derechos, en lugar de restringirlo.

Hacerse cargo del reclamo por mayor seguridad de un modo responsable significa otorgarle su real dimensión, resolverlo en un contexto de respeto por los derechos y no limitarlo a una demanda que busca solamente reducir el riesgo de que ciertos delitos ocurran. La negación de las múltiples facetas del problema sólo conduce a la restricción y no a la protección de los derechos.

Que las políticas de seguridad requieran de la comprensión de esta diversidad de factores no debería sorprender.

Es propio de toda política pública abarcar tal pluralidad, ya sea en el campo económico, laboral, educativo, etc.

Por el contrario, se profundiza el problema al insistir con un discurso que pretende que la seguridad puede abordarse con soluciones simplistas y restringidas que sólo dependen de la voluntad de luchar contra el delito.

“Dar una respuesta que contemple esta complejidad no implica suspender la acción. Por el contrario, implica aprovechar experiencias que ya dieron resultados positivos en la protección de derechos; sumar la capacidad de otras instituciones públicas -además de aquellas tradicionalmente involucradas en las políticas de seguridad- y desarrollar políticas de seguridad cuya dinámica promueva mayores niveles de integración social. Por otra parte, implica un rechazo activo de las concepciones reduccionistas y autoritarias frente al problema de la inseguridad. El recorte arbitrario del problema que estas posiciones sostienen es evidente; su fracaso es comprobable y su continuidad sólo profundizará la crisis”.

Abarcar esta complejidad requiere, entonces, pensar más acá y más allá de la mera respuesta al hecho delictivo, respuesta que también debe ser pensada. Más acá, porque existe un contexto en el que emerge el hecho delictivo, que incluye las características de la convivencia social y la relación de los ciudadanos con las instituciones, en particular, con las encargadas de la seguridad. Más allá, porque tanto el infractor como la víctima son parte de un sistema que los excede, y que abarca los modos en que los ciudadanos desarrollan sus vínculos y resuelven sus conflictos, modos que retornan sobre la sociedad fortaleciendo su integración o su segmentación.

Discursos sobre seguridad.

Entre los discursos sobre la seguridad se encuentran también aquellos se describen el problema tratando de incorporar dimensiones omitidas, por ejemplo, las diversas manifestaciones de la violencia, como la violencia delictiva común, la institucional y la doméstica, y colocan estos problemas en el contexto de la exclusión social económica y política. Este grupo de discursos también menciona el decaimiento del imperio de la ley pero parte de una noción más amplia de ciudadanía, una ciudadanía que no se restringe a la no interferencia de los otros, sean estos particulares o públicos, y que incluye el goce de derechos económicos y sociales. Al esbozar una definición más amplia de ciudadanía, surge una noción más vasta y compleja del problema de la inseguridad, al menos en su enunciación.

Este grupo de discursos puede ser efectivo en articular acciones de resistencia ante los avances de la demagogia punitiva, pero su capacidad se muestra reducida al momento de construir propuestas y consensos que estén al nivel del diagnóstico realizado. Así, el análisis de la situación se organiza alrededor de dos argumentos fundamentales: las instituciones estatales son parte central del problema de la inseguridad y la enorme desigualdad social es fuente de violencia. Sin embargo, al momento de diseñar medidas de intervención sobre ambos conjuntos de problemas se adoptan perspectivas simplistas, que no se corresponden con la diversidad del diagnóstico.

“En primer lugar, al problema sobre el decaimiento del imperio de la ley y la crisis de las instituciones públicas sólo se le busca respuesta mediante propuestas de reingeniería del poder punitivo del Estado, ya sea con las reformas institucionales de las policías o de sus capacidades de investigación y represión del hecho delictivo. Reformas necesarias pero, al mismo tiempo, claramente insuficientes para mejorar la capacidad del Estado para actuar sobre el problema de la inseguridad y generar un marco institucional que restablezca el pleno Estado de Derecho. De este modo, al momento de las propuestas se mantiene el eje en la detección y castigo del hecho delictivo, foco en el cual se incluye una posición crítica sobre la violencia institucional y el modo en que se ejerce dicha represión.

En segundo lugar, la referencia a las condiciones de desigualdad y exclusión como una variable fundamental al momento de analizar cuestiones tales como la falta de respeto a la ley, el incremento de algunas prácticas delictivas o de los niveles de violencia, termina funcionando como una línea de escape al momento de diseñar propuestas útiles en materia de seguridad ciudadana. Las respuestas se derivan a una mejora genérica de las condiciones socio- económicas, como si los problemas de seguridad se solucionaran por añadidura a una mejoría general de dichas condiciones. Por ello, las políticas de seguridad parecen paralizarse a la espera de una mejora del contexto y de soluciones estructurales que reduzcan los niveles de delito. Esto, entre otros problemas, excluye reflexionar sobre el modo en que determinadas prácticas delictivas son parte de los procesos que generan exclusión y acrecientan las dificultades de acceso a distintos bienes”.

El hecho delictivo sigue ocupando el lugar central de las medidas propuestas. Las variantes se limitan a proponer diferentes modos de uso de la fuerza -más intenso o más regulado- y permanecen en una lógica de gerenciamiento del poder coercitivo. Por lo tanto, se restringen a una sola dimensión de la cuestión. Como coinciden en esta simplificación, tiene sentido la discusión maniquea entre "mano dura" y "garantismo", tal como suelen plantearla los defensores de la intensificación del uso de la fuerza. Si se piensa la demanda de seguridad como un pedido de orden fáctico, lo único que resta acordar es la intensidad en la que se debe imponer dicho orden.

Es necesario cambiar el punto de vista para pensar la seguridad ciudadana y rechazar la lógica con la cual ha sido comprendida hasta el momento por amplios sectores. Un análisis del problema de la violencia delictiva e institucional desde la óptica de los derechos demanda el reconocimiento de que éstas no sólo afectan el derecho de los ciudadanos a la no interferencia, sino que también involucran cuestiones básicas de la convivencia social y de la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Es preciso que los objetivos y las propuestas sean consistentes con esta descripción y no la restrinjan a una mera declaración de principios.

“Un enfoque responsable debe tomar en consideración el proceso previo al aumento de la violencia en general y el delito en particular, y de la manera diferencial en que ambos afectan a distintos grupos sociales. Como se ha dicho en este documento, la separación de nuestra sociedad en grupos antagónicos y desiguales no ha borrado el recuerdo y el ideal de una sociedad más igualitaria. Esta oportunidad, sumada a la centralidad que se le asigna en el debate a la seguridad ciudadana, exige un punto de vista consistente con una noción amplia del problema. En este sentido, implica la responsabilidad de actuar bajo la noción de que las políticas públicas deben perseguir un efecto compensatorio de las desigualdades y no solamente considerar las condiciones de exclusión económica, social y cultural para implementar políticas que centran la atención en los sectores empobrecidos y fomentan su estigmatización. Implica, además, tomar en cuenta las características de la interacción social y de los vínculos entre ciudadanos e instituciones”.

Esta visión, además, exige intervenir sobre los sectores de la actividad delictiva más protegidos por su relación con el

Estado, que gozan de impunidad y presentan mayores dificultades para ser sancionados.

Tal pensamiento obligará a trasladar a las propuestas la complejidad asumida en la descripción de los problemas y en el concepto de ciudadanía involucrado. Así, será necesario otorgar un lugar central a las políticas sociales, a las políticas institucionales y el desarrollo de acciones en materia de seguridad que no reproduzcan la exclusión y la estigmatización social.

Desde esta mirada más amplia se planteará claramente que la seguridad de los ciudadanos es en sí misma una cuestión que hace a sus garantías, y no un límite a éstas. Que el respeto a los derechos humanos es una condición de eficiencia de estas políticas y no un obstáculo para que alcancen su objetivo. Y que un concepto de seguridad acorde a un concepto amplio de ciudadanía no puede remitir sólo ni fundamentalmente al derecho a la no interferencia sino también a garantizar determinadas condiciones para el ejercicio tanto de derechos individuales como colectivos.

Sostener que las políticas de seguridad deben involucrase con otras políticas públicas, como las políticas sociales, no significa entender que estas últimas son exclusivamente las políticas que operan sobre la inclusión material y de bienestar. Por el contrario, la articulación entre las políticas de seguridad y otras políticas públicas incluye, no sólo variables relacionadas con la actividad laboral de las personas y políticas de empleo sino también acciones relacionadas con el espacio público, los vínculos sociales y la salud. Implica a las políticas que intervienen sobre los modos de la convivencia y proporcionan recursos para el mejoramiento de la calidad del lazo social. Como ejemplo, podríamos mencionar a las políticas tendientes a una resolución alternativa y pacífica de aquellos conflictos que habitualmente encuentran soluciones autoritarias, que pueden derivar en violencia entre ciudadanos o requerir la intervención de la violencia estatal.

“La implementación de mecanismos participativos y autogestionados de resolución de conflictos en barrios con altos índices de violencia es un mecanismo ha resultado eficaz tanto para una resolución democrática y pacífica de los conflictos, como también para promover la reconstrucción de vínculos sociales que la exclusión económica y social deterioraron. La experiencia piloto de los Foros de Convivencia -desarrollados en el marco del Proyecto Comunidades

Justas y Seguras de la Universidad de Rosario y la Universidad de Toronto, por ejemplo- constituidos en barrios de extrema pobreza de la ciudad de Rosario proporciona un ejemplo en este sentido. Los Foros de Convivencia, al brindar un modelo monitoreado de abordaje de conflictos interpersonales -y de las condiciones genéricas que los producen- a poblaciones excluidas del acceso a este tipo de alternativas, evitan la criminalización de conflictos, reducen la intervención de las instituciones de seguridad y la violencia institucional ejercida sobre la población y restituyen capacidades de autogobierno. De este modo, se promueve otra cultura de resolución de conflictos6 y se establecen vías de sostenimiento de la convivencia distintas a las que producen y sostienen la interacción entre las fuerzas de seguridad y los sectores sociales estigmatizados a través del uso de la fuerza”.

La incorporación de la perspectiva de políticas sociales en materia de seguridad no es una característica de las políticas de seguridad sólo necesaria en sociedades con altos niveles de exclusión, sino una cualidad que se observa en políticas de seguridad de sociedades integradas y sin graves problemas de pobreza. Sin embargo, en nuestro contexto cobra una importancia fundamental por diferentes razones: en primer lugar, por tratarse de un contexto de mayor exclusión y desigualdad, la dimensión social resulta fundamental para operar sobre los conflictos relacionados con la inseguridad. Una relación eficiente entre políticas de seguridad y políticas sociales implica necesariamente desarticular aquellas articulaciones entre políticas públicas que incrementan la conflictividad social, provocan la violación de derechos e inclusive distorsionan las instituciones.

“La judicialización de un amplio espectro de las políticas sociales destinadas a la infancia y juventud es uno de los ejemplos más claros de intervenciones públicas en materia social que hoy contribuyen a incrementar la conflictividad y la violación de derechos en lugar de operar para su resolución. En la mayor parte del territorio nacional la llamada "justicia de menores" está encargada de gestionar medidas destinadas asistir a familias y a los niños y adolescentes con problemas o conflictos que no están vinculados a las leyes penales. A su vez, la situación de personas menores de edad en conflicto con las leyes penales es resuelta por ese mismo mecanismo judicial o por una instancia judicial similar, que carece de las más básicas garantías legales. Esto provoca, por una parte, una mala gestión de políticas sociales por parte de una organización judicial absolutamente carente de diseño, estructura y capacidad para administrar estas medidas asistenciales, a lo que se suma un régimen discrecional de internaciones y otras medidas privativas de la libertad de personas menores de edad, estén ellas o no en conflicto con leyes penales. Como resultado de este sistema perverso aparece un reclamo de mayor dureza sobre los niños y adolescentes cuando se está frente a uno de los sistemas con mayor nivel de internación de la región”.

El otro ejemplo en el que aparece claramente la distorsionada relación que se plantea actualmente entre políticas sociales y de seguridad es el modo de enfocar la cuestión de la protesta social, representada ampliamente por los piquetes y cortes de ruta.

Por otro, resultan equivalentes funcionales de aquellas instancias de mediación institucional que se han deteriorado, como los sindicatos.

Las visiones meramente reactivas sobre el fenómeno de la protesta social sólo se preocupan por mantener el orden, y responden con subsidios a la demanda social una vez que el conflicto ya está en la calle. Por el contrario, una visión proactiva y verdaderamente universalista del problema, que valorice el carácter institucional de la protesta y la ciudadanía de quienes demandan, permitirá anticiparse al conflicto con la satisfacción de los derechos sociales actualmente vulnerados. La ausencia de criterios claros y estrictos para la distribución de prestaciones sociales, tendió a legitimar distintas protestas sociales como uno de los modos fundamentales para la obtención de beneficios. Este puede ser analizado como ejemplo de una dinámica contraproducente entre políticas sociales y políticas de seguridad. Un mecanismo arbitrario de distribución de beneficios sociales tiende a negarles su categoría de derechos y promueve el conflicto como mecanismo de asignación10. Medidas como el establecimiento de claros criterios en la asignación de prestaciones sociales están orientadas a reconocer los derechos vulnerados y a evitar que la capacidad de generar conflictos sea una regla para la distribución de las políticas sociales.

“Si muchas veces la inseguridad emerge de un cruce de situaciones variadas donde se combinan distintas negaciones de derechos básicos y prácticas excluyentes, en esos casos las medidas en materia de seguridad deberán desarrollarse en el marco de intervenciones públicas más amplias que tomen en consideración esta pluralidad de factores. En tal sentido, el éxito de la respuesta estatal dependerá de la incorporación de líneas de acción vinculadas a otro tipo de intervenciones (vivienda, derechos políticos, salud, uso del espacio público, canales de participación política, etc.). En tal sentido, ha sido una seria falencia de la política oficial que el Programa de Protección Integral de Barrios -vigente desde noviembre de 2003 y gestionado por la secretaría de Seguridad Interior- no haya sido acompañado sistemáticamente por otras políticas, que esporádicamente fueron anunciadas. Si podían desprenderse impactos positivos de estos operativos estaban sujetos a la incorporación de otras agencias que superaran el enfoque fundamentalmente policial. Al no ser así, sus consecuencias resultan altamente lesivas para las prácticas cotidianas de quienes habitan esos barrios y consolida las condiciones negativas que motivaron la intervención inicial”.

Diversos tipos de intervención que articulan políticas sociales y de seguridad apuntan desde los mecanismos de resolución pacífica de conflictos interpersonales a partir de la participación activa de la propia sociedad civil, hasta la generación de empresas sociales con jóvenes en situación de vulnerabilidad como forma de promover una integración social distinta. También abarcan la ampliación del papel de la escuela como referente social y cultural en barrios donde las alternativas de recreación son nulas o escasas. En Argentina, sólo se han manifestado este tipo de iniciativas en un plano experimental y queda un enorme camino por recorrer al respecto, tanto en la promoción de cursos de acción innovadores como en su institucionalización.

Para intentar gobernar la inseguridad urbana, operando sobre la desigualdad y la exclusión social, es preciso tanto trabajar en la articulación de políticas sociales y de seguridad existentes, como también en la generación de nuevas líneas de acción. Para que la multiagencialidad no quede como una enunciación y se comience a innovar en nuevas líneas de acción pensadas a partir de la articulación de políticas sociales y políticas de seguridad pública, es importante que se generen marcos institucionales para el diseño de estas políticas. Esta articulación entre agencias debe darse tanto entre carteras con agendas distintas (de seguridad, sociales, etc), como también entre distintas instancias de gobierno (municipal, provincial, nacional) que deben procurar la máxima consistencia posible entre sus políticas. Nuevos cursos de acción han surgido de esquemas de cooperación entre agencias, desde los que diversos actores estatales y no estatales (algunos comprometidos tradicionalmente con la tarea de controlar el delito, otros que asumen nuevos roles en este marco y organizaciones de la sociedad civil) pueden generar prácticas conjuntas. Estos esquemas han sido institucionalizados de manera diversa en distintos países, generalmente trazando un vínculo entre el ámbito del gobierno central y el ámbito del gobierno local.

“Por último, en el contexto local, la articulación entre políticas sociales y de seguridad no sólo es importante porque la dimensión social resulta clave, sino también porque existe un generalizado consenso que indica a las instituciones de seguridad y de justicia criminal como parte del problema. Desde el regreso de la democracia, las instituciones de seguridad han sido progresivamente cuestionadas por su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos, su participación en redes de ilegalidad e inclusive su capacidad de funcionar como articuladoras de oportunidades delictivas. Que las políticas de seguridad queden circunscriptas sólo a las mismas instituciones policiales que requieren ser reformadas ha sido una de las debilidades de los intentos de reformas en las políticas de seguridad. Este diagnóstico, demanda una mayor intervención de otras instituciones públicas, no sólo para que sumen distintas capacidades, sino para acompañar a estas intervenciones de una legitimidad que las instituciones de seguridad no pueden brindar. También es necesario introducir nuevos actores capaces de generar dinámicas que interrumpan las redes de ilegalidad y evitar que las políticas de reforma sean rehenes de los grupos, expertos e instituciones que activamente defienden las lógicas corporativas de las policías o la justicia”.

Víctimas de delitos en Córdoba

Para introducirnos en el tema específico de las víctimas de delitos, en primer lugar aclaramos que nuestro trabajo se enfocará a los delitos que se receptan y tratan desde el Programa de la “Asistencia a la Víctima del Delito”, y el rol del Trabajo Social en dicho ámbito. En este sentido intentaremos aclarar algunos conceptos que se relacionan con el tema a desarrollar. Los mismos son:

• Victima: Persona que padece daño por culpa ajena o por causa fortuita.

• Victimario. Aquella persona que daña o mata a otra.

• Delito: Desde una perspectiva técnica se define el delito como acción u omisión típica, antijurídica, culpable y penada por la ley. La acción es un hecho previsto en la ley penal y dependiente de la voluntad humana. La acción delictiva puede consistir en un acto en sentido estricto, cuando hay una realización de un movimiento corporal; en una omisión pura o propia si se trata de un no hacer algo, o una combinación de ambas posibilidades, llamada comisión por omisión u omisión impropia. La acción debe depender de la voluntad de una persona.

• Denuncia: Denuncia, en Derecho penal, declaración oral o escrita realizada ante un órgano judicial, la policía o el ministerio fiscal y por la que se comunica la comisión de un hecho que puede ser constitutivo de delito o falta. El concepto se utiliza en el ámbito administrativo y tributario, sólo que lo hechos suelen revestir el carácter de delito o falta administrativos. En tal caso, el órgano que la recibe estará obligado a informar el grado de culpabilidad a la autoridad judicial para que ésta provea en orden a la aplicación del código penal y esperar su resolución como criterio más prudente, a fin de aplicar las sanciones administrativas que procedan, y no incurrir en una duplicidad de castigos, prohibida a partir del principio constitucional denominado non bis in diem (no dos veces por el mismo delito). Sin embargo, un sector amplio de la doctrina entiende que nada tienen que ver las actuaciones contempladas desde el prisma de un ordenamiento penal y otro administrativo, por lo que no se infringe el principio en cuestión y puede sancionarse al mismo tiempo la conducta en los dos ámbitos .Las leyes de cualquier país suelen prever la obligación de presentar denuncia a quien presencie la perpetración de un delito público, poniéndolo de inmediato en conocimiento de las personas encargadas de perseguirlo. La misma regla rige respecto a quienes tuvieren conocimiento de hechos punibles aunque no los hubieran presenciado.

Los términos mencionados anteriormente se corporizan a nivel social de diferentes maneras, son conceptos que no debemos entenderlos de manera disociada sino dentro del actual contexto social, que entiende que estos problemas deben ser controlados específicamente por los organismos judiciales pertenencientes al estado. Es por ello que entendemos que las victimas de delitos están relacionadas, entrelazados a la estructura social vigente y los problemas coyunturales que de ella se desprenden. Por ello la criminología hace referencia a la política criminal vigente y se vincula con lo expresado por E. Zaffaroni“la seguridad y política de seguridad o política criminal son dos cosas un poco distintas. Me pregunto si hay realmente, a nivel nacional, una política de seguridad vigente. Es decir, el lenguaje jurídico que trasciende al público de alguna manera hablar nos hace hablar en términos de víctimas, de victimarios, de delitos. Lo que en la realidad social encontramos son conflictos de mucha, mediana y mínima gravedad, pero son conflictos. La seguridad no es una cuestión que tenga que vérselas con el delito: tiene que vérselas con los conflictos. Esto hay que tenerlo en claro de lo contrario, vamos a entrar a vernos con una construcción jurídica y las mismas no se peleen ya que son abstracciones. Frente a una enorme conflictividad social hay distintos modelos de solución de los conflictos. Se puede intentar resolver conciliatoriamente o de modo reparador. Este último acepta que se produjo un daño y se determina la forma de repararlo, quién lo sufrió, qué exige, cómo se arregla. Otra forma de resolver el conflicto es decir: aquí parece que al protagonista o al desencadenante del conflicto le esta pasando algo raro, hay algún error de conducta y analizamos de que manera intentamos modificar la conducta lo que constituiría un modo terapéutico de resolución de conflictos”2

En relación a lo anteriormente mencionado, podemos decir que el gobierno de la Provincia a implementado recientemente dos Programas complementarios para abordar la problemáticas emergentes actualmente, los mismos son: “Programa de Violencia Familiar” y “Programa de Asistencia a la Victima del Delito”. Consideramos que al implementarse dichos Programas, se a problematizado, o sea, se a puesto en cuestión, los problemas referidos a la violencia en el ámbito domestico (que en caso de no abordarlos quedarían anclados en el ámbito privado domestico, y tal vez sin la posibilidad de que los actores implicados puedan resolverlos), y los conflictos referidos a las personas víctimas y víctimarios de diferentes delitos que pueden vivenciarse tanto en el ámbito público como privado.

Es importante mencionar que la aprobación de la Ley de Violencia Familiar, (ley 9283), promovió que estos problemas, que hasta hace unos años eran abordados o contemplados solo desde el punto de vista judicial, ahora son resueltos, o al menos se los aborda desde un punto de vista multidisciplinario. Si bien sabemos que el sistema puede tener algunos problemas de falta de recursos, (por ejemplo económicos o humanos), es un avance importante en lo que refiere a intervención estatal.

Específicamente hablando del Programa de Asistencia a la Victima del Delito3 de la ciudad de Córdoba, a continuación destacamos desde un punto de vista teórico y práctico como se realiza la actividad de asistencia técnica.

Se entiende que el problema victimológico es de índole social, es por ello que se considera que la misma sociedad tiene un papel protagónico.

Es un punto clave en la cuestión victimológica, que la comunidad logre unir con responsabilidad sus esfuerzos humanos, económicos, materiales, institucionales, profesionales, y de solidaridad en la intención compartida de disminuir la gravedad de las secuelas del delito que en ella se genero.

Desde la perspectiva del centro de Asistencia a la Víctima del delito, la inserción del trabajo social dentro de la comunidad es abordada desde una óptica peculiar, en cuanto no se manejan programas de organización, desarrollo y apoyo a los movimientos comunitarios, que integrarían la visión del espacio profesional del trabajador social comunitario.

Se trata más bien de un criterio institucional que considera que ese individuo victima de un delito, o en situación de riesgo es parte de un grupo y de una comunidad, que también se ven afectados por las consecuencias del hecho del delito, y que a la vez contienen el potencial necesario para apoyar el tratamiento victimológico.

Es aquí donde se ubica al trabajador social que, en relación interdisciplinaria e interinstitucional, cumple su función en dos niveles básicos:

• De contención: de la situación victimológica del delito y del grupo familiar (propósito que se comparte con otras disciplinas) como también la posibilidad de contener los sentimientos de impotencia, frustración en la búsqueda de soluciones y estrés que experimentan las instituciones de base que se ven afectadas y requeridas por las situaciones de sufrimiento de uno o varios de sus usuarios.

Esta contención a las instituciones actúa también a modo de prevención de la estigmatización y victimización institucional.

• De activación y coordinación: de redes comunitarias e institucionales que deben cumplir un papel fundamental en la recuperación de la victima y su familia.

A través del apoyo y contención a la institución surge en ella y con claridad sus posibilidades de movilización efectivas respecto al problema victimológico y para diagnosticar y prevenir otras situaciones de riesgo.

Para cumplir con estos objetivos se trabaja básicamente con recursos técnicos profesionales, siendo estos a su vez la oferta objetiva que tiene la institución Centro de Asistencia a la Victima del Delito. En el plano de las necesidades materiales, económicas y problemáticas específicas como el alcoholismo, drogadicción y enfermedades psíquicas o físicas que agravan la situación victimológica, el tratamiento se proyecta para dar intervención a otras instituciones especializadas en estos problemas que realizan su atención en forma complementaria y simultanea. Se trata aquí de elaborar estrategias de intervención conjunta, un trabajo coordinado que posibilite ofrecer alternativas coherentes no contradictorias, y que respeten la integridad de la persona en su situación. En este sentido el trabajador social se posiciona como un profesional que gestiona recursos a nivel institucional, ya sean a nivel interno y externo. Por ejemplo gestionando recursos que provienen de los mismos Programas estatales, o bien gestionando recursos que provengan de otras instituciones no gubernamentales. En este sentido es el principal promotor de generar y mantener el trabajo institucional “en red”.

El trabajador social mediante su bagaje teórico y sus herramientas metodológicas promueve el entendimiento de los problemas sociales de manera compleja, comprendiendo que los mismos no son inherentes a cada persona o familia sino que son efecto de una compleja red de relaciones sociales, donde se entremezclan la familia, la economía, la educación, la cultura, la religión, el Estado, etc.

Introducción a las propuestas

Promover el control de la violencia implica repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se insertan en la sociedad e intervienen en la circulación social de la violencia, de modo tal de evitar dinámicas violentas en la gestión de conflictos. Implica comprender que la pretensión estatal de monopolio de la fuerza tiene sentido como instrumento para la protección de los derechos, y no para el mantenimiento del orden fáctico.

“Controlar la violencia implica asumir que el problema no se circunscribe a la violencia estatal y reconocer los puntos estructurales de su circulación en el contexto nacional. Pero para ello no se puede desconocer la función de protección y reproducción que el Estado ha ejercido en relación con las lógicas violentas, así como en la incapacidad que históricamente ha demostrado la fuerza estatal para desandar los circuitos de violencia, sin provocar con ello una vulneración de derechos más aberrante que aquella que se busca prevenir.

Repensar las condiciones en que las instituciones de seguridad se desenvuelven en la sociedad implica asumir que la violencia institucional es parte del contexto de violencia que se intenta controlar democráticamente. Esto es, un reconocimiento de la doble condición de las agencias policiales: formar a la vez parte de las políticas públicas para reducir la violencia y tener entre sus capacidades las de ejercer distintos niveles de violencia como instrumento para intervenir”.

En relación a lo anteriormente mencionado, discutir las instituciones de seguridad implica revertir la crisis que atraviesa el uso de la fuerza por parte del Estado, crisis cuya profundidad se expresa en distintos niveles. En primer lugar, el uso de la fuerza pública aparece como elemento que reproduce las lógicas de la violencia y la inseguridad más que como una herramienta capaz de intervenir eficazmente en la desarticulación de esas dinámicas para solucionar potenciales conflictos. En segundo lugar, las instituciones que administran la fuerza pública tienen grados altísimos de deslegitimación frente a amplios sectores sociales con quienes deberían interactuar a fin de proteger sus derechos15. En tercer lugar, no se han desarrollado prácticas de gobierno y control de las instituciones de seguridad que las incorporen dentro de la institucionalidad democrática.

El probado aumento de la violencia institucional en los últimos tiempos no tiene justificación en proporción al aumento de la violencia delictiva. Reducir la violencia de las instituciones de seguridad no es sólo una cuestión de principios, esta violencia es en sí misma un riesgo para la vida y la integridad de los ciudadanos16 y componente del problema de la inseguridad. Es importante tener en cuenta las propuestas que se refieren a controles administrativos, políticos y ciudadanos, como también aquellas orientadas a la desmilitarización de las policías. Pero, aún más allá, también es preciso poner en cuestión los incentivos institucionales a esta violencia, tales como la obligación de los agentes de portar armas y de intervenir cuando están fuera de servicio, la protección que las agencias policiales otorgan a funcionarios con múltiples denuncias de violencia y la incapacidad de las mismas instituciones policiales para identificarse a sí mismas como organizaciones cuya función es intervenir en situaciones de conflicto protegiendo los derechos ciudadanos.

En vistas a reducir la violencia ejercida desde las instituciones policiales es esencial desarticular las estructuras de corrupción y su autonomía, ya que controlar la fuerza del Estado implica también quebrar la posibilidad de que las policías continúen funcionando como gerenciadoras de la estructura de oportunidades criminales. Para lograrlo se requiere no solamente garantizar un control político de las instituciones de seguridad que aumente su transparencia, sino también eliminar las barreras impuestas a la circulación de la información, propias de estas estructuras militarizadas. Existen normas disciplinarias en las fuerzas de seguridad que desincentivan la denuncia por parte de sus agentes de las ilegalidades cometidas por otros miembros. Estas normas tienden a establecer un control férreo sobre la información institucional y restringen la transparencia de su funcionamiento.

“Si bien recientemente algunas instituciones policiales han realizado reformas normativas tendientes a transformar esta obligación en una opción, no han acompañado dichas disposiciones de acciones tendientes a alterar los componentes de la cultura institucional que promueven este uso de las armas riesgoso para la vida de los ciudadanos, sean estos o no, funcionarios policiales.

No se trata tanto de mantener un estricto control sobre rutinas policiales que ponen en riesgo constante los derechos ciudadanos, como de generar nuevas prácticas de intervención19. La afectación de derechos no puede justificarse como un costo necesario para proteger otro bien, sino en la certeza de que no existen modos alternativos menos lesivos y que resulta estrictamente necesario proceder. Una sociedad democrática debe garantizar a todos la libertad de circulación, así como la integridad física frente a los funcionarios públicos. Estos derechos no pueden ser exclusivos de aquellos sujetos mejor integrados al sistema económico y político”.

Poner luz sobre el modo en que las instituciones policiales participan o agravan el problema de la seguridad no implica sostener que el problema de la violencia se agote allí. Intervenir en aquellos ámbitos con mayor nivel de violencia, no significa agudizar la fuerza pública aplicada sobre cada uno de los hechos violentos, sino operar sobre las condiciones inmediatas que lo posibilitan o producen. Con una mirada de más largo plazo, se deberán atender las condiciones estructurales desde los distintos sistemas de control y de asistencia. Distintas políticas eficaces para reducir los niveles de violencia -algunas de las cuales se mencionan en otras secciones de este documento- desarrollan estrategias de intervención multiagenciales.

Para las instituciones policiales esta perspectiva implica tener capacidad para articularse de modo positivo con otras instituciones públicas en lugar de obstaculizarlas o desplazarlas. Estas intervenciones que vinculan las lógicas policiales con las acciones que desarrollan otras instituciones a nivel nacional, provincial o municipal20, no debería implicar un sometimiento de las otras políticas públicas a las lógicas policiales.

Por otra parte, implica organizar el uso de la fuerza pública a fin de proteger y acompañar el despliegue de las estrategias de otras instituciones, implementar acciones que otras agencias no pueden ejecutar y desarrollar estrategias de intervención destinadas a desarticular y dificultar las condiciones de desarrollo de las redes criminales cuyo accionar produce los hechos de violencia más gravosos. Las instituciones de seguridad tienen una responsabilidad fundamental en la reducción de las oportunidades criminales, en especial en desarmar las arquitecturas de protección para lo cual se requiere una intervención inteligente y coordinada de la policía y la justicia.

“Para el desarrollo de estas políticas son necesarias instituciones con un diseño que facilite, en lugar de clausurar y reducir a su mínima expresión su interacción con otras agencias y que puedan ser gobernadas y controladas democráticamente Colocar las instituciones de seguridad bajo la autoridad efectiva de los responsables políticos del área es una acción necesaria pero está lejos de ser suficiente. Para insertar a las instituciones de seguridad en las dinámicas democráticas es necesario revisar sus lógicas cotidianas de gobierno, sus prácticas, sus relaciones con otras instituciones y poderes, sus relaciones internas -necesariamente burocráticas y jerárquicas- y sus vínculos con la sociedad civil. Garantizar el acceso a la información y su circulación interna, incorporarlas en esquemas de controles cruzados, asemejar la estructura y cultura policial a la de otras agencias profesionales-burocráticas-jerarquizadas separándolas del modelo y cultura militar en la que se han reproducido”.

Esto implica necesariamente garantizar los derechos de los funcionarios policiales al interior de la institución, así como su acceso a derechos económicos y sociales, pasos necesarios para su desenvolvimiento como miembros de la sociedad. La carencia de derechos devalúa la noción que tienen acerca de los derechos ciudadanos en general. Su acceso, por el contrario, revaloriza la noción que los policías tienen de su función como servidores públicos en una sociedad que los respeta23.

Replantear el gobierno y control de las instituciones de seguridad implica necesariamente rediseñar y fortalecer los mecanismos de participación de la sociedad civil --campo en el que deben evitarse las interpretaciones simplistas e ingenuas. Es peligroso desconocer que el autoritarismo, las prácticas discriminatorias o segregacionistas no son sólo producto del accionar estatal autónomo o aislado, sino modos de articularse entre los ciudadanos y las instituciones.

Sin caer en perspectivas elitistas, debieran ponderarse los riesgos de muchas de las apelaciones a la comunidad que se observan actualmente desde las políticas de seguridad pública -desde los foros de vecinos convocados por las instituciones policiales a las redes de vecinos que se concentran en alertas comunitarias- que evocan imágenes de fortaleza y movilizan a los ciudadanos para defenderse de los extraños, reproduciendo y amplificando los procesos de estigmatización y exclusión social, o reducen la participación de la sociedad civil a la ramificación de lógicas vigilantistas.

La participación de la sociedad civil en el gobierno y control de las políticas de seguridad debe comenzar por revisar las disposiciones normativas que impiden requisitos básicos para el control de las policías por parte de la sociedad

civil. Es necesario, además, fortalecer mecanismos que ya se utilizan para promover la participación de la sociedad civil en otros sectores del Estado, y generar, por ejemplo, la participación y control de los ciudadanos mediante instancias que den racionalidad y transparencia en la designación de funcionarios jerárquicos. Es fundamental abrir canales que promuevan una mayor influencia de la sociedad civil en la determinación de la agenda institucional, en particular en las problemáticas locales, y para ello es imprescindible contemplar que estos mecanismos compensen, en lugar de reproducir, las marcadas diferencias de acceso a las instituciones que padecen los distintos grupos sociales.

Propuestas de Intervención en el área de Asistencia a la Víctima del Delito.

• Articular de manera integral los Programas existentes.

• Crear una fuente de datos común a los dos Programas existentes, en donde en la misma aparezca la información de los casos tratados por ambos programas, a fin de que las intervenciones profesionales en cada caso no se superpongan y de esta manera no se dilapiden esfuerzos y recursos.

• Consolidar el lugar del trabajador social demostrando que su actividad jerarquiza la atención a la victima, ya que a través de la implementación de herramientas metodológicas favorece la resolución de las problemáticas gestionando recursos, brindando información, capacitación y asesoramiento, esto lo posiciona en un lugar estratégico en dichos programas de atención a la víctima.

• Favorecer la creación e implementación de programas preventivos donde el trabajador social tome el rol de capacitador y que desde ese lugar revalorice la importancia de trabajar la información como un recurso ciudadano, al que todos podamos acceder por el simple hecho de serlo.

• Promover la circulación de información, acerca de los centros asistenciales y de los programas existentes para que sean difundidos en todos los sectores de la población, por ejemplo escuelas, centros comunitarios, parroquias, Ong´s, cooperativas, comisarías, hospitales, dispensarios, etc.

• Consolidar en forma definitiva o al menos estable, la articulación entre el trabajo que se realiza desde los programas y las organizaciones del tercer sector, con el fin de contener las problemáticas en sus distintos niveles y que no solo sea un trabajo del estado, de este modo propiciar el ejercicio de la ciudadanía.

Entrevista. Trabajador Social del Programa de “Asistencia a la Víctima del Delito”. Ciudad de Córdoba, (calle Rivadavia 77)..

Lic. Jorge Tfanghe.

Nota: La entrevista fue realizada el día martes 20 de febrero de 2007, a las 17:00 hs. La misma se desarrollo en el horario laboral del profesional, quien de manera amable se dispuso a brindarnos la información necesaria para la realización de dicho trabajo. Por este motivo el tiempo de la entrevista fue acotado.

Es importante destacar, que cuando buscamos las oficinas de esta repartición se nos dificulto bastante ya que la dirección que teníamos era la antigua y los empleados con los que consultamos no nos sabían indicar correctamente donde se encontraba funcionando dicho Programa.

A: alumnas. P: profesional.

A: hola buenas tardes, nosotras somos estudiantes de Trabajo Social, estamos cursando el Seminario de Criminología, y para realizar el trabajo final pensamos en abordar la temática de la Asistencia a la víctima del delito. Quisiéramos saber como se trabaja desde esta área, saber que programas existen, como es el grupo de profesionales?....

P: Bueno les explico, existen dos programas que son Violencia Familiar y Víctimas del delito, los dos se incluyen dentro de lo que es el Ministerio de Justicia de la provincia. Yo soy el único Trabajador Social del equipo técnico, hay abogados y psicólogos. En el Programa de violencia familiar existen mas profesionales porque son diez trabajadores sociales, mas los psicólogos y un psiquiatra. Acá en este programa recién hace poco mas de un año que estoy yo como trabajador social; por eso es difícil insertar el trabajo social acá porque siempre hubo una mirada muy jurídica con respecto a los casos que llegan.

A: Contanos ¿que tipo de demandas receptan?

P: Bueno…generalmente receptamos gran cantidad de demandas por abuso y violación, porque las demandas de violencia física y psicológica las derivamos al programa de violencia que funciona en la calle Alvear casi 25 de Mayo. Hacemos esto porque tratamos de no superponer el tratamiento de las demandas. Las personas que llegan con problemas son de todas las clases sociales. No necesariamente pobres o personas vulnerables

A: ¿Las personas que llegan son derivadas por otras instituciones, necesariamente tuvieron que hacer una denuncia, o por voluntad propia?

P: Las personas que llegan no necesariamente lo hacen a través solo de denuncias, sino pueden venir por primera vez y nosotros los asesoramos a que si o si hagan la denuncia. Esto es porque no pueden iniciar un proceso de demanda hacia el victimario si no cuentan con la denuncia penal. Y les cuento… que ese tipo de denuncia únicamente lo pueden hacer en dos comisarías judiciales que hay en la Ciudad de Córdoba, una esta en la calle Duarte Quirós, y la otra en la calle Rondeau. Nuestro trabajo se basa fundamentalmente en el asesoramiento legal y jurídico, y bueno por supuesto el psicológico y el que realizo yo desde el Trabajo Social.

A: ¿Te costo insertar la visión que tenemos desde el Trabajo Social con respecto a las problemáticas que abordan?

P: Si actualmente me cuesta porque hace poco que estoy y hay una mirada muy jurídica de los problemas, se miran de manera muy recortada, y cuesta erradicar los preconceptos que tienen las otras profesiones y las personas en particular sobre nuestra profesión.

A: En relación a lo anterior ¿Cómo se distribuyen las tareas en el equipo técnico? Por ejemplo ¿Cómo receptan las demandas?

P: Bueno, primero se analiza si las demandas son pertinentes a esta área o si es necesario derivar la persona a otro sector. Luego si es pertinente se realiza la primera entrevista, que por lo general la realizo yo. Si la persona cuando llega ya ha realizado la denuncia se le sugiere que inicie un tratamiento psicológico con los profesionales de acá; en caso que no haya realizado la denuncia se le brinda apoyo legal y jurídico, aparte del psicológico. En el caso del tratamiento psicológico no solamente se le realiza un diagnóstico sino que debe continuar el tratamiento acá.

A: ¿En que parte del proceso de la demanda intervenís?

P: Yo intervengo al hacer la primera entrevista, y después si se constata que la persona es de bajos recursos gestiono por ejemplo recursos económicos, institucionales como becas, albergues transitorios, escuela, vivienda. Los recursos que gestiono pueden ser internos o externos, por ejemplo internos si una persona es victima de un delito sexual vive en un barrio-ciudad yo puedo gestionar que se traslade a otro barrio del mismo plan de viviendas favoreciéndole a la victima en su tratamiento, ya que no va tener que cruzarse en el barrio con su victimario. En el caso de los recursos externos por ejemplo puedo llegar a gestionar si la persona debe retirarse de su hogar un albergue transitorio.

A: Por lo que nos contas realizan un trabajo en red, es decir intentan optimizar los recursos existentes… ¿Es así como tratan de contener los problemas?

P: Si de esa forma tratamos de que haya un abordaje del problema en forma integral. Yo entiendo que debe haber una mixtura entre lo comunitario, lo familiar y social; el tratamiento tiene que darse con el apoyo de la familia o por ejemplo de la escuela, porque es importante involucrar todo tipo de actores, para eso es necesario realizar un trabajo fuerte de información y prevención, entender que la información es un recurso trascendente para que se generen cambios y posibles soluciones. Por ejemplo la escuela es un espacio fundamental a la hora de brindar información para prevenir delitos como por ejemplo abusos y violaciones.

A: A partir del cursado del seminario de criminología y en relación a lo que venís diciendo, nosotros tuvimos la certeza de que es necesario capacitar a aquellas personas que generalmente receptan las demandas sobre todo en las comisarías. Es decir creemos que desde el trabajo social se podría trabajar capacitando a los policías que son los que están en los precintos receptando las denuncias y que muchas veces no cuentan con las herramientas suficientes para entender el problema de manera integral, por esto muchas veces subestiman la importancia de la denuncia y generan que la persona desista de realizarla. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta idea?

P: Yo creo que el trabajador social en su rol de capacitador es un recurso muy importante a nivel institucional ya que posee herramientas teóricas y metodológicas que permiten analizar los problemas desde una mirada compleja, siempre teniendo en cuenta que la persona es un ser social y a la vez esta influida por una serie de factores familiares, comunitarios e inserta en un determinado contexto que lo condiciona para enfrentar o solucionar los problemas. Con respecto a la policía, el tema es complicado…porque por ejemplo acá la mayoría de las denuncias que llegan son hacia policías y militares, porque como saben son grupos caracterizados como autoritarios y violentos, por eso es difícil insertar otro tipo de alternativa o proyecto, de todos modos estoy de acuerdo con plantear propuestas nuevas que tiendan a resaltar el rol del trabajador social como capacitador en cualquier ámbito. Siempre es importante crear nuevos espacios donde se pueda trabajar desde la información y prevención y no esperar a que el problema este instalado.

A: ¿Existe algún programa relacionado a esto?

P: No actualmente no existe, pero cualquiera que este interesado en estos temas puede acudir a la biblioteca especializada que tenemos acá los miércoles de 8 a 13 hs, o buscar asesoramiento en cualquiera de los programas que existen.

A: Nosotros a partir de este trabajo buscamos bibliografía al respecto, y encontramos que por lo general se habla de “Victimología”, como entienden este termino?

P: Bueno, nosotros por lo general entendemos que el trabajo, o mejor dicho el tratamiento, deben ser con la víctima de un delito, pero en la medida que se pueda también tenemos que trabajar con el victimario (en caso de ser posible como les dije). Por ejemplo tenemos muchos casos bastantes difíciles de abordar, ahora se da mucho lo de la pornografía infantil, que es mas difícil de contener que el narcotráfico de drogas, son temas muy complejos… y como les decía por ejemplo tenemos el caso de varios nenes que a su vez abusan de otros de igual edad o mas chicos, y desde acá tratamos de trabajar con el nene que abusa y el que es abusado, porque la idea es cortar con la cadena de abusos que se están dando por estas épocas. Ahora estoy haciendo un curso de Pornografía infantil con otros profesionales, porque me permite saber más del tema. Pero como les dije… tratamos dentro de lo que se puede de hacer el tratamiento con aquel que comete el abuso y el que es abusado, para tratar de parar con la cadena de abusos.

A: Bueno no queremos quitarte más tiempo, y muchas gracias por recibirnos y por brindarnos esta información.

P: Bueno, cualquier cosa que necesiten estoy de lunes a viernes de 14 a 20 hs.

Conclusión

Consideramos que el trabajo desarrollado a cerca de “Asistencia a la Victima del Delito”, nos permitió inmiscuirnos en un tema para nosotros poco desarrollado o pocas veces abordado a lo largo de la carrera. En este sentido creemos que es muy positiva la investigación sobre el mismo porque nos permitió conocer otras aristas del campo criminológico en el trabajo social. También nos permite visualizar que si bien en la década de los ´90 se profundizo la retirada del estado en temas como educación salud, trabajo, etc; actualmente a través de estos programas se hace cargo de los problemas emergentes en cuanto violencia por ejemplo, poniendo a disposición profesionales y recursos económicos para abordarlos.

Merece destacarse que la inserción del trabajo social en tratamiento de las victimas de delitos, a significado un cambio bastante importante en cuanto a la mirada de los problemas, ya que se entiende que los mismos no pueden ser vistos solo desde el punto de vista jurídico sino también, que los portadores de estas problemáticas son seres sociales que están insertos en un tejido social conflictivo, por lo tanto es aquí donde debe buscarse la solución, entendiendo además que los problemas no son simplemente carencias sino potencialidades que movilizan los recursos humanos.

También pudimos constatar al realizar este trabajo que existen recursos institucionales disponibles para atacar los conflictos emergentes, pero por lo general los mismos están solo al alcance de aquellas personas que son victimas de delitos, y por lo tanto no llegan a la sociedad en general, esto impide que circule la información sobre los mismos y que de esta manera se proteja a las potenciales victimas. En este sentido estamos convencidos que es importante hacer hincapié en el trabajo preventivo a través de la educación y capacitación a otros profesionales que están en contacto con sectores en riesgo por ejemplo mujeres y niños.

Consideramos optimo acercar herramientas teóricas metodológicas características del trabajo social a otras profesiones que permitan tener una mirada mas abarcativa y compleja de los conflictos que se generan al interior de la sociedad.

Es importante entender la asistencia, el asesoramiento a las victimas como un derecho que debe ser garantizado por el estado, entendiendo que el acceso a esta asistencia permite ejercer una ciudadanía plena.

Incluir a otras organizaciones no gubernamentales en la resolución de conflictos permite que todos tengan la posibilidad de participar en la resolución de los mismos.

BIBLIOGRAFIA

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2 Zaffaroni, Eugenio. “Criminología, aproximación desde un margen”. Editorial Temis. Colombia. 1993.

3 Programa Asistencia a la Victima de delito, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba.Victimología. Documento número 7. Año 1993.

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U.N.C. - Esc. de Trabajo Social - Sem. Anual de Criminología y Trabajo Social

“Victimología desde el abordaje del Trabajo Social”

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