Periodo de 1903-1910

El tratado Bunau Varilla-Hay o la Convención del Canal Istmico. (del 18 de noviembre de 1903).

El Tratado Bunau Varilla-Hay constituye la base de las intervenciones de los Estados Unidos de América en Panamá a partir de la época republicana y en él, “intereses que predominaron y que configuran el cuadro histórico del momento no fueron los de la nacionalidad panameña, sino los de Estados Unidos de América constituyéndose en la negación en un instante decisivo de lo que era el fondo del proceso histórico de nuestra nación”.

Lo anterior es compresible sobre todo cuando tomamos en cuenta las extrañas circunstancias en que Panamá nació a la vida independiente, en un período histórico en que la herencia transitista se había ligado indisolublemente a la política del Istmo, y el liberalismo panameño había fallado en la construcción del Estado Nacional.

“Es este contexto en que se inscribe la Independencia de 1903. Un liberalismo panameño aplastado en su lucha armada por conquistar la autonomía económica y política. Un Liberalismo colombiano que ya había fracasado en su misión nacional de estructurar un Estado económicamente independiente, y que había iniciado las primeras identificaciones con el conservatismo. Un liberalismo hispanoamericano que se negaba a sí mismo después del fracaso continental en hacer la revolución nacional democrática-burgesa. Un capitalismo norteamericano, cada vez más independiente de Inglaterra después de la Guerra Civil, y que se hacía también cada vez más imperialista desde finales del Siglo XIX. Tales son los marcos históricos de 1903. En estas circunstancias los individuos actuaron dentro de las posibilidades que ofrecían estas determinaciones históricas. Con el agravante de que las mejores posibilidades no fueron siempre realizadas.

La tardanza en la realización del Estado, tardanza que tiene sus raíces en la Colonia, conjuró en su contra todas las fuerzas negativas y mediatizadoras que hemos señalado. Es por ello que, y es indudable que, Manuel Amador Guerrero, Federico Boyd y José Agustín Arango proyectan una triste figura en la historia panameña. Sobre todo si se las compara con los próceres del periodo progresivo nacional panameño: Mariano Arosemena, Tomás Herrera, Santiago de la Guardia, Justo Arosemena. En esta afirmación queremos sólo dejar sentado que las actuaciones individuales están también sujetas a la explicación y juicio de la historia. Pero ese no es el objetivo que hoy nos hemos propuesto. Si Teodoro Roosevelt pudo firmar “Yo tomé a Panamá porque Bunau-Varilla me la ofreció en bandeja de plata”, hoy debemos pensar los panameños que al nivel individual no sólo Bunau Varilla firmó el famoso Tratado. Y hoy debemos pensar también, los panameños y los hispanoamericanos, que la historia y la sociedad, panameña e hispanoamericana, crearon las condiciones para el ejercicio efectivo del “Destino Manifiesto”. Hoy, el conocimiento científico de esta historia y sociedad hará posible su transformación progresiva”.

La firma del Tratado Bunau Varilla-Hay por parte de Phillippe Bunau Varilla como primer Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de la Nueva República de Panamá en Washington fue una de las más grandes pruebas de la imprevisión de los próceres según el Doctor Ernesto Castillero Pimentel en su obra “Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos”

“Pero la ascendencia de Bunau Varilla sobre los próceres se debía directamente al éxito de los arreglos que él realizó en Washington para que el movimiento separatista contara, si no de jure, en la práctica, con la protección del poderío norteamericano, la cual fue puesta de manifiesto con la presencia de los acorazados y destructores que en cantidad de 11 se presentaron en el Istmo a testificar el nacimiento del Nuevo Estado, y con el desembarco de la infantería de marina que obligó la retirada de las tropas colombianas de Colón. Y se debe también a la promesa que le hizo al Doctor Manuel Amador Guerrero de financiar la revolución”.

La República de Panamá nace a la vida internacional el 3 de noviembre de 1903 y quince días después, o sea el 18 de noviembre se firma la Convención del Canal Istmico en medio de tramas, irregularidades, chantajes e intrigas por parte del aventurero francés Phillippe Bunau Varilla, a quien tan solo le interesaba ubicar las acciones de la Compañía Francesa del Canal, en las manos norteamericanas.

“La cuestión de quién fue el autor del Tratado del Canal de 1903 no se ha logrado dilucidar. Se le atribuye a Bunau Varilla, al Secretario Hay, al presidente Rossevelt, a los señores Root, Knox y Shaw, al almirante Walker y al abogado consultor de Bunau Varilla, Frank Pavey”.

Con el Tratado de 1903, los Estados Unidos de América logran asegurarse las ventajas que no pudieron conseguir con el Tratado Herrán-Hay al no ser ratificado por el Senado Colombiano.

A continuación podemos observar un cuadro comparativo de ambos tratados, a saber:

Tratado Herrán-Hay	Tratado Bunau Varilla-Hay
	Los Estados Unidos garantizan y mantendrán la independencia de Panamá
Concesión por períodos renovables de 100 años	Concesión a perpetuidad
Se sede una zona de 10 kilómetros, o sean 6 millas de ancho más o menos	Zona de 10 millas de ancho
Se ceden, sin estar incluidas en la Zona, el uso y la ocupación de las estratégicas islas Naos, Perico, Flamenco y Culebra	Se ceden, como parte de la Zona y a perpetuidad las isla de Naos, Perico, Flamenco y Culebra
Los derechos y Privilegios concedidos no afectan “la soberanía de la República de Colombia…”	Se confieren “los Derechos, poder y autoridad que los Estados Unidos poseerían y ejercitarían si ellos fueran soberanos del territorio…”
Expropiación de tierras y de propiedades para el Canal, sin limitación en lo que respecta al avalúo de los valores, de acuerdo con las reglas generales de la ley colombiana para su aplicación	Expropiación de tierras y de propiedades para el Canal, avaluadas con base de sus valores en 1903
Expropiación de tierras para el canal… avaluadas conforme a las leyes de Colombia	Expropiación de tierras y propiedades para el Canal, avaluadas con base a su valor de 1903
Jurisdicción judicial en la Zona del Canal ejercida por tribunales mixtos colomboamericanos	Jurisdicción policiva y judicial ejercida exclusivamente por los Estados Unidos
Acueducto gratuito al cabo de 50 años, sin otra condición que el pago de una renta de agua razonable durante ese periodo	Acueducto cedido al cabo de 50 años mediante pago en ese periodo de su costo, más un 20% de interés
Se mantiene el principio de la neutralidad de los Canales	Se viola el principio de la neutralidad de los Canales

Ratificación del Tratado del Canal de 1903

Al día siguiente de la llegada al Istmo del Tratado, la Junta de Gobierno dictó el fatídico decreto de ratificación que dice así:

Decreto Número 24 de 1903

(de 2 de diciembre)

Por la cual se aprueba un Tratado con los Estados Unidos de Norteamérica.

La Junta de Gobierno Provisional de la República

Por cuanto se ha celebrado entre el enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de la República acreditado ante el gobierno de los Estados Unidos de América y el señor secretario de Estado de aquella nación un Tratado que copiado a la letra dice así:

Considerando:

Que en ese Tratado se ha obtenido para la República la garantiza de su independencia;

Que por razones de seguridad exterior es indispensable proceder con la mayor celeridad a la consideración del Tratado a efecto de que esa obligación principal por parte de los Estados Unidos principie a ser cumplida con eficacia;

Que con el Tratado se realiza la aspiración de los pueblos del istmo cual es la apertura del Canal y su servicio a favor del comercio de todas las naciones; y

Que la Junta de Gobierno Provisional, formando por voluntad unánime de los pueblos de la República, posee todos los poderes soberanos en el territorio;

Decreta:

Artículo único: Apruébese el Tratado celebrado en Washington, Distrito capital de la República de los Estados Unidos de América el día 18 de noviembre del presente año,

Publíquese,

Dado en Panamá, a 2 de noviembre de 1903.

J.A. Arango- Tomás Arias- Manuel Espinoza B. -Ministro de Gobierno: Eusebio A. Morales - El Ministro de Relaciones Exteriores: F.V. de la Espriella - El ministro de Justicia: Carlos A. Mendoza - El Ministro de Hacienda: Manuel E. Amador - El Ministro de Guerrera y Marina: Nicanor A. de Obarrio.

Por el ministro de Instrucción Pública, el subsecretario: Francisco Antonio Facio.

Según el Historiador, Diplomático y Abogado Doctor Ernesto Castillero Pimentel “es sorprendente que los próceres, que solo tenían ante sí un ejemplar y en idioma inglés del tratado, hubieran procedido a aprobarlo con tanto apresuramiento y que se podía presumir con facilidad que no llegaron ni siquiera a leerlo, por la imposibilidad física de traducirlo y copiarlo en términos tan perentorio.”

Esta ratificación por parte de la Junta de Gobierno hace recaer la responsabilidad de las consecuencias de tan fatídico Tratado en la figura de los próceres de la independencia. Desde el punto de vista estricto de la técnica jurídica internacional, con dicha ratificación, le impartieron validez y vigencia “ a perpetuidad” y con ello eternizaron un sistema de relaciones que a partir de esa fecha trajo consecuencias dolorosas para Panamá.

En síntesis, el Tratado Bunau Varilla-Hay del 18 de noviembre de 1903 inicia para Panamá una etapa de atropellos, ultrajes y humillaciones de diversas índoles por parte del gobierno de los Estados Unidos de América, que caracterizó sus actuaciones durante este período con su sello interventor que conllevó la implantación de un enclave tipo colonial en la antigua Zonal del Canal.

La Intervención de 1908

Durante las elecciones, los partidos políticos existentes, Coalición Republicana y Unión Patriótica se quejaron de la falta de garantías en los comicios, lo cual impulsó al gobierno panameño para que invitase al gobierno norteamericano a tomara parte en la Comisión Investigadora Electoral (nota del 15 de mayo de 1908 dirigida al señor Herbert G. Squiers, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos ante el gobierno de Panamá, J. C. S Clackburn, jefe del Departamento de Administración Civil de la Zona del Canal Istmico.

Esta comisión quedaba investida de plenos poderes con facultad para oír y examinar todas las quejas, examinar los archivos y procedimientos de las inscripciones que se hayan hecho o que hayan dejado de hacerse; las concesiones y los remedios que deben tomarse, llegado el caso, los procedimientos que deben adoptarse durante las elecciones, y finalmente, todos los detalles que se relacionan con la elección presidencial.

Como era lógico, los Estados Unidos de América aceptaron la invitación y procedieron a designar su comisión en los diferentes puntos de la República.

Los Comisionados fueron a saber:

Para la Chorrera, Chame y San Carlos:

Señores Hill y Panot

Para el Darién:

Señores Taylor y Carson

Para Chitré, Los Santos, Pesé y Parita:

Señores Rose y Owery

Para Penonomé, Aguadulce, Antón y la Pintada:

Señores Taber y Wilkins

Para David, Dolega y Gualaca:

Señores Robb y Brown

Para Bocas del Toro y Chiriquí Grande:

Señores Knapp y Quirin

Durante el proceso electoral uno de los candidatos se retiró dando lugar a que llegase a la presidencia Don José Domingo de Obaldía.

La intervención norteamericana en el proceso electoral fue repudiada por el pueblo panameño, mas no por la oligarquía criolla, que la vio con buenos ojos.

Período 1911 - 1920

La Intervención en las Elecciones Populares de 1912

Esta intervención fue solicitada formalmente por el presidente de turno, Dr. Pablo Arosemena, el día 9 de mayo de 1912, por medio de su representante en Washington. Las elecciones presidenciales municipales debían celebrarse el 30 de junio y el 4 de julio respectivamente.

Como era de esperarse, los Estados Unidos de América aceptaron la solicitud panameña y mediante nota de 10 de mayo del mismo año, dio instrucción a la Secretaria de Estado para que designara una Comisión integrada por H. Percival Dodge Ministro de Gobierno de los Estados Unidos en Panamá, el Conorel G. W. Goethals, Presidente e Ingeniero en Jefe de la Comunicación del Canal y el Conorel H. A., Greene, jefe de 10 Regimiento de Infantería estacionado en Las Cascadas.

Los partidos políticos, que también habían solicitado la intervención fueron informados. Estos acordaron nombrar inspectores para el Registro de votantes en los diferentes circuitos electorales, los cuales serían ayudados por agentes del orden público.

Según las memorias de Relaciones Exteriores de Panamá, “La intervención en las elecciones presidenciales en la República de Panamá, tenía el objeto de asegurar a todos los ciudadanos de Panamá el derecho del sufragio, de acuerdo con las leyes sustantivas del país; y la Comisión Interventora, al decidir cuestiones que afectaban los derechos de los sufragantes, se sometería esas leyes y a las de procedimiento en todo lo que éstas no estuvieran en desacuerdo con los fines de la intervención”.

No obstante, las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y por la Comisión Interventora, se produjeron desórdenes en las mencionadas elecciones y mucho votaron varias veces y otros se quedaron sin votar. Incluso se dieron casos de parcialización a favor de determinados partidos por parte de la Comisión Norteamericana. Testimonio de lo anterior son las palabras del Supervisor de las Elecciones de Bocas de Toro, en nota que dirigió al señor Percival Dodge; manifestando:

“Moralmente estoy seguro de que en ambos lados se perpetraron fraudes, pero no puedo probarlo. Sé que se intentaron fraudes, pero como ambos están complicados, no comprendo cómo pudo complicados, no comprendo cómo pudo ello afectar el resultado de las elecciones”.

Un gran sector del pueblo panameño se pronunció en contra de esta intervención, la cual, lejos de garantizar unos comicios serios y honrados estuvieron matizados por el fraude electoral, dando como resultado la elección del Doctor Belisario Porras. El siguiente telegrama sintetiza la realidad imperante frente a esta intervención:

“Intervenciones americanas, por lo que han practicado los comisionados en ésta (Los Santos) Las Minas, y Los Pozos, pone en manifiesto que lo que existe es una verdadera ocupación del país, puesto que han hecho poner en libertad criminal presos por orden de la autoridad judicial e infractores por faltas policivas no en el día de las votaciones. Espero que poniendo usted el conocimiento del ministro americano las irregularidades que comente los Comisionados en esta provincia , los cambie o les imparta órdenes severas para que sean neutrales. Siendo deber del gobierno de imponer su autoridad pues si no se harían cumplimiento de las anomalías”.

Vale anotar que la intervención norteamericana en estos comicios como en los anteriores, estuvo respaldada por la oligarquía criolla en un abierto desconocimiento de los principios que rigen los derechos internacional público.

El Desarme de la Policía Nacional en 1916

El 15 de octubre de 1915, mediante la nota No. 247, el gobierno de Los Estados Unidos de América pidió al de Panamá el desarme inmediato de la policía nacional en las Ciudades de Panamá y Colón, en virtud de los encuentros y trifulcas que se habían suscitado entre nacionales de ambos estados. La nota solo permitiría a la policía nacional el uso de armas pequeñas, tales como revólveres e igualmente se le pedía al gobierno nacional que tomara las medidas necesarios a fin de hacer necesario el mencionado desarme lo anterior se sustentaba en el contenido del artículo VII del tratado de 1903 que a la letra decía:

.. La República de Panamá concede a Los Estados Unidos dentro de los límites de las ciudades de Panamá y Colón y sus bahías adyacentes y dentro del territorio adyacente a ellas, el derecho de adquirir por compra o en ejercicio del derecho de dominio eminente, las tierras , edificios, derechos y agua u otras propiedades que sean necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento y protección del canal y para cualquiera obra de saneamiento, tales como la recogida y desagüe de inmundicias y la distribución de agua en las citadas ciudades de Panamá y Colón y que a juicio de Los Estados Unidos pueden ser necesarias y convenientes para la construcción, mantenimiento, funcionamiento y protección en el mencionado canal y ferrocarril. Todos los trabajos de saneamiento de recogida y desagüe de inmundicia y distribución de agua en las ciudades de Panamá y Colón serán ejecutadas por cuentas de los Estados Unidos y el gobierno de Los Estados Unidos, agentes tendrán facultad para establecer y cobrar las contribuciones de agua y de albañiles que sean suficientes para proveer al pago de los intereses y amortización del capital invertido en esas obras en un período de 50 años, y a la expiración de ese período de 50 años, y al espiración de ese período de 50 años el sistema de albañiles y acueducto vendrán hacer propiedad de las ciudades de Panamá y Colón respectivamente y el uso del agua será libre para los habitantes de Panamá y Colón, salvo a la contribución de agua que sea necesario establecer para el funcionamiento y mantenimiento del mencionado sistema de albañales y acueductos. La República de Panamá conviene en que las ciudades de Panamá y Colón cumplirán a perpetuidad, los reglamentos de carácter preventivo o curativo dictado por el gobierno de Los E.E.U.U. y en caso que el gobierno de Panamá no pudiere hacer efectivo o faltare a su obligación de hacer efectivo dicho reglamento sanitarios de los E.E.U. U. De Panamá y Colón, La República de Panamá concede el derecho de hacerlo efectivos. El mismo derecho y autoridad se le concede el mismo derecho a los E.E.U.U. para el mantenimiento del orden público de las ciudades de Panamá y Colón y los territorios y bahías adyacentes, en caso de que La República de Panamá a juicio de los E.E.U.U., no estuviere en capacidad de mantenerlo”.

El gobierno panameño accedió a la solicitud de contestando que únicamente podían usar armas de fuego personas de reconocida honorabilidad y reputación.

En relación al artículo VII del Tratado de 1903, el gobierno panameño contestó de la siguiente manera: “En cuanto a la referencia que hace vuestra excelencia los derechos que posee los E.E.U.U., de acuerdo con el artículo VII del tratado del canal de 1903, debo decir que mi gobierno no da a ese artículo la interpretación que vuestra excelencia puede darle”.

Envío de Tropas Norteamericanas a La Provincias de Chiriquí y Veraguas en 1918

En ese año y a solicitud del gobierno nacional fue enviado a la Provincia de Chirquí el 5° regimiento de infantería bajo las órdenes del mayor H.E. Page de las fuerzas armadas de Los Estados Unidos de América. La importancia de este suceso estriba en que dichas tropas permanecieron en la provincia de Chiriquí después de la terminación del proceso electoral, y en vista de los disturbios ocasionados en que perdiera la vida un norteamericano y se ocasionarán daños a los bienes de éstos, el encargado de negocios de Estados Unidos comunicó a la Cancillería panameña que enviaría 70 soldados para reforzar el regimiento que ya se encontraba allí con la condición de garantizar la protección de los conciudadanos.

El 12 de julio del mismo año fueron enviados 25 militares a la provincia de Veraguas sin que mediara algún motivo solicitud por parte de las autoridades panameñas.

Período de 1921 - 1930

Incursión de Tropas norteamericanas en La Chorrera en 1921

Desde 1912 el gobierno norteamericano a través de su legación solicito permiso al gobierno panameño para llevar a cabo investigaciones científicas y además con el propósito de levantar un mapa militar de la república, sin embargo, en año 1921, se suscitaron graves conflictos debido a las constantes enfrentamientos entre militares americanos y autoridades civiles locales en poblaciones de La Chorrera, Arraiján , Coclé y Ciruelito donde se produjeron allanamientos de domicilios por parte de la autoridad de Los Estados Unidos de América.

El Movimiento Inquilinario de 1925

En 1925, el aumento considerable de los alquileres y la docencia de una legislación inquilinaria que protegiera al inquilino moldeó las condiciones necesarias para realizar una huelga general en contra del aumento de los alquileres y el alto costo de la vida. Este fue encabezado por la "Liga Inquilinaria”, organismo popular que aglutinaba a las masas trabajadoras y a cierto sector de la clase media panameña.

Luego entonces, lo que parecía una simple lucha por la rebaja de los alquileres y por el establecimiento de las garantía inquilinarias, tomaba caracteres alarmantes, peligrando la estabilidad del gobierno, así lo comprendió la oligarquía panameña que decidió frustrar rápidamente y violentamente las aspiraciones del pueblo panameño; por ello ordenaron disolver el mitin pacífico que se iba a celebrar en el parque de Santa Ana. La oligarquía ordenó a la policía nacional que disparase contra la multitud pero esta se negó hacerlo puesto que en la manifestación se encontraban muchos de sus familiares que también sufrían las exigentes demandas del techo necesario para a cobijarse. Ante esta situación a la oligarquía no le quedó otra situación que enfrentarse y reprimir ella misma la manifestación, por lo que precedieron a disparar contra la multitud.

La oligarquía panameña, luego de enfrentar a tiros a los manifestantes en el parque de Santa Ana, en donde murieron grandes personas y resultaron heridas otras , solicito la intervención norteamericana. Los Estados Unidos de América entraron a la ciudad por la fuerza de las armas violentando una vez más la soberanía panameña y sembrando la muerte y el pánico en nuestro pueblo.

28 de Noviembre de 1821

¿Qué provocó la indiferencia del Istmo ante los estímulos internos y externos, que fueron en otras plazas Latinoamericanas resortes básicos del separatismo? ¿y cuáles fueron las causas del retraso de nuestra incorporación al movimiento general del continente? ¿Qué explicación dar a la anticipación precoz del Grito santeño el 10 de noviembre y la renuncia de los cabildantes santiagueños a unirse a la gesta separatista?

Razones políticas podrán aducirse para responder a las interrogantes, pero la respuesta podrá encontrarse en el análisis de las condiciones materiales de existencia en el Panamá prenovembrino, en el análisis de las motivaciones concretas fundamentales que presionaban la voluntad y acciones de nuestros antepasados. En el primer caso hay una estrecha relación con el cambio producido en la actividad comercial del Istmo, motivado por la ocupación napoleónica de España y por lo tanto su debilitamiento y los primeros intentos de rebeldía en América del Sur.

Esta coyuntura económica hace modificar la actividad inicial de las clases dirigentes del país por las ideas del separatismo.

“La independencia de 1821, se ofrece como una solución inmediata para superar la crisis coyuntural que modificará la situación de los que separan el movimiento”(6).

El Grito Santeño tiene orígenes más profundos. Señala la diferencia estructural ante las regiones de Azuero y Veraguas, opuestas social y económicamente desde sus orígenes históricos.

Coyuntura Económica.

El período galeonista se inicia en 1543, destacándose las ferias; éstas se constituían en vehículos en vehículos importantes en el comercio de España con sus colonias de Ultramar. Se extendió por cerca de dos siglos atrayendo capitales de más de 20 millones de pesos.

“En este tiempo se consolidó un poderoso grupo comercial, ubicado especialmente en las áreas terminales, paso obligado del comercio entre los océanos”(7).

A partir de finales del siglo XVII, una serie de derrotas militares, las paces de Westfalia en 1648 y la de los Pirineos arrebatan a España el liderazgo de los mares y traen por consiguiente la decadencia del “comercio galeonista”, situación que se acentúa con la pérdida de San Cristóbal, Tortuga, Belice, Jamaica y Panamá.

Francia e Inglaterra a través de negociaciones diplomáticas introducen sus tentáculos en el comercio que sostenía España con sus colonias. Entre los beneficios adquiridos por éstas potencias a través de las negociaciones podemos mencionar la posibilidad de que Francia llevara mercancías a las ferias de Portobelo y participara en la introducción de esclavos africanos en distintos puertos de América. Inglaterra se hizo de dos elementos importantes: el Asiento de Negros y el Navío de Permiso; ambos instrumentos facilitaron el contrabando el cual mermó considerablemente el comercio español en América.

Para la tercera década del siglo XVIII se hizo evidente el fracaso de las ferias de Portobelo. En parte por la cantidad de mercancías logradas mediante el contrabando lo que impidió la venta de las mercancías, celebrándose la última en 1736.

En 1748 España decreta cerrada la ruta de galeones y por consiguiente las Ferias de Portobelo; la ruta a seguir desde ese entonces es la que corre a través del Cabo de Hornos. El papel transitista del Istmo se viene al suelo, debilitando igualmente su economía.

La bancarrota del área transitista sume a la región en un gran despoblamiento, pasando al interior parte de esta población al igual que el liderazgo económico.

Desde 1809 a 1821 el comercio con algunas regiones suramericanas como Paita, Guayaquil, y el Chocó, así como el sur de México, se llevó a cabo a través del Istmo.

“Los controles que ejercían las fuerzas rebeldes en el Cabo de Hornos determinaron que la Corona permitiera a Panamá a comerciar a través de sus embarcaciones con las colonias inglesas, especialmente Jamaica, lo cual produjo gran abundancia”(8).

Esta situación de bonanza promovida por la Metrópoli, permitió la continuación de adhesión y fidelidad a la Corona.

“Cuando ésta pierde sus colonias, sólo la alta concentración de tropas en Panamá retardó el triunfo de la causa independentista”(9).

Los comerciantes panameños en razón de ampliar libertades concedidas por la Regencia Española y las promesas de restaurar las antiguas ferias, se mantuvieron fieles a la Corona y en actos diversos manifestaron su lealtad y apoyo al régimen, negándose a dar respaldo a los movimientos separatistas de Quito, Santa Fe y Cartagena.

No bastaba a los comerciantes istmeños con la sumisión a la Corona, sino que solicitaran establecer en el Istmo, el Tribunal de la Audiencia y el Virreinato

de Nueva Granada, instituciones echadas a un lado por los rebeldes santafereños. Si se lograban traer estas instituciones, Panamá ofrecía pagar la mitad de sus sueldos y contribuir con la Corona con miles de pesos, harinas, menesteres y tabacos requeridos para combatir a los revoltosos.

“Esta bonanza económica comienza a resquebrajarse cuando en 1814 se les arrebata a los comerciantes el Comercio Libre”(10).

Sin embargo, los evidentes logros alcanzados por las nuevas naciones al abrir su puerto y comerciar sin trabas ni sujeciones, dieron al traste con el comercio istmeño, retirándoles a la Corona por consiguiente, sus prerrogativas. El Istmo vuelve a sumirse en una gran depresión, la cual precipita la independencia.

“Siendo gobernador de Panamá el Brigadier Tomás de Cires, llegó a Panamá el nuevo Virrey designado Mariscal de Campo Juan de la Cruz Murgeon con fuerzas procedentes de Puerto Cabello, con designios además de fortalecer la guarnición del Istmo, de enviar tropas contra el ejército colombiano en Quito. con fondos adquiridos con la mayor brevedad, inició Murgeon la expedición, que dejaba exhausta y disminuidas las tropas del Istmo”.

En octubre de 1821, Juan de la Cruz Murgeon, zarpa al mando de una expedición compuesta por 1,400 unidades, con los cuales pretende retomar parte de Nueva Granada. Al frente del Istmo se destaca al militar panameño José de Fábrega. Coyuntura oportuna que aprovechan los gestores de la independencia para que sin poner en peligro vidas ni propiedades, enviaron rápidamente a Cuba, se produjera la independencia, producto del transitismo y motivaciones económicas.

“Cuando el general Montilla, encargado de preparar en el Magdalena una expedición militar para liberar al Istmo de la Corona, supo que los istmeños se habían adelantado, acto seguido exclamó: No puede negarse que Panamá es un país de comerciantes; ha sabido evitar los horrores de la guerra, especulando a buen ahora su independencia”(11).

“Bolívar tenía propósitos específicos para Panamá, aún a costa de nuevas escaramuzas bélicas, pero Bolívar desistió por el momento, por causas de fuerza mayor”(12).

La burguesía comercial sustituyó la casta peninsular y el republicanismo democrático ocupó el puesto de la monarquía, reemplazándose el centralismo jurídico y administrativo español por una nueva ideología progresista y liberal.

La historia, en su perenne devenir, anota un hecho acaecido el 28 de noviembre de 1821, que en forma sintética dice: “Panamá, espontáneamente, y conforme al voto general de los pueblos de su comprensión se declara libre e independiente del gobierno español”; pero, no termina allí la trascendencia histórica de tal hecho, puesto que casi seguidamente agrega, refiriéndose al mismo acontecimiento que comentamos: “El territorio de las provincias del Istmo pertenece al Estado Republicano de Colombia, a cuyo congreso irá a representarlo su diputado”(13).

Período 1931 - 1940

Acción Comunal y el Golpe de 1931

Este movimiento creado en 1923 por jóvenes profesionales de clase media proponía un nuevo modelo de nación basado en "orden, trabajo y economía".

Abogaba por el adecentamiento de la cosa pública, la transparencia de los políticos y un nacionalismo a ultranza que rechazaba cualquier modelo extranjerizante y sobre todo la ingerencia norteamericana. Además, de los miembros de Acción Comunal, secundaron el golpe elementos de la oligarquía que se oponían a Chiari y querían retomar el control político. Entre ellos, Francisco Arias Paredes quien financió la compra de armas. Habida cuenta que Acción Comunal no era un Partido político y, por lo tanto, carecía de la disciplina partidista no resultó difícil para la oligarquía permear el movimiento y, finalmente dividirlo. Sin olvidar también la activa participación de los Estados Unidos que desconfiaba de los miembros de Acción Comunal a quienes consideraba "irresponsables".

El 2 de enero de 1931, tres comandos de asalto controlaron las comunicaciones, se apoderaron de los cuarteles y asaltaron la Presidencia de la República. Este último estuvo a cargo de Arnulfo Arias. El saldo fue más de una decena de muertos. Aunque Acción Comunal quería que Harmodio Arias ocupara la presidencia, fue el Ministro de Estados Unidos Roy Tasco Davis quien impuso las condiciones para la sucesión presidencial. De manera que exigió el mantenimiento del orden constitucional para lo cual se llamó al Designado para ocupar la Presidencia. Pero la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales las elecciones para Designados de 1930 en las que habían resultado electos Tomás Gabriel Duque, Carlos L. López y Enrique Linares, y reconoció a los Designados de 1928, con lo cual la presidencia recayó en Ricardo J. Alfaro, a quien paradójicamente Acción Comunal consideraba "pro-yanqui".

En líneas generales, el golpe de Acción Comunal no cumplió sus objetivos. Si bien por una parte logró frenar las aspiraciones de Chiari, en realidad el grupo se dividió una vez que alcanzó el poder y tanto la oligarquía como los Estados Unidos terminaron imponiendo sus condiciones y candidatos. Aunque Harmodio Arias un activo miembro de la agrupación ocupó provisionalmente la presidencia, hasta la llegada de Alfaro que se encontraba en los Estados Unidos, Acción Comunal perdió el control de la situación. Prueba de ello es que apenas dos o tres miembros de este colectivo figuraron en el gabinete de Alfaro. Los postulados nacionalistas se diluyeron y hubo que esperar al gobierno de Arnulfo Arias para que se rescataran.

El Tratado General de Amistad y Cooperación o Arias-Roosevelt (1936)

A poco de asumir la presidencia Arias demostró su interés por reformar el Tratado Hay-Bunau Varilla, al tiempo que grupos nacionalistas, a lo interno del país, comenzaron a exigirle que reclamara al gobierno de los Estados Unidos la igualdad de trato para todos los trabajadores del Canal, la neutralidad de la vía y el reconocimiento de la soberanía nacional sobre la Zona del Canal. Pero eso no era todo. También se solicitaba que el pabellón nacional ondeara junto al estadounidense en la Zona, que se eliminaran los artículos I y VII del Tratado de 1903, por los cuales los Estados Unidos garantizaba la independencia de la República y podía intervenir en las ciudades terminales, respectivamente; que los panameños recibieran igual trato y oportunidades que los trabajdores gold, así como la devolución de tierras y el establecimiento de aduanas para controlar y evitar el contrabando procedente de la Zona del Canal.

En octubre de 1933, los Presidentes Arias y Franklin D. Roosevelt, en el contexto de la Política del Buen Vecino, realizaron una Declaración Conjunta en la que en líneas generales Estados Unidos se mostraba dispuesto a satisfacer las demandas económico-fiscales de la República de Panamá y aminorar la competencia perjudicial para el comercio nacional. pero nada se mencionaba sobre las reivindicaciones respecto a la soberanía.

En 1934, Roosevelt visitó Panamá y en noviembre de ese año se iniciaron las conversaciones y estudios para la firma de un Tratado. Después de año y medio de negociaciones, en marzo de 1936, se firmó el Tratado General de Amistad y Cooperación que reformaba algunas de las cláusulas de la Convención firmada 33 años antes.

Por el Tratado Arias-Roosevelt o Hull-Alfaro, se eliminaban los artículos I y VII del anterior Tratado y hasta cierto punto se ponía fin a las expropiaciones de tierras al declararse que ya Panamá había cumplido leal y satisfactoriamente en este sentido. La anualidad se aumentó a B/ 430.000 y se adoptaron medidas para controlar la competencia desleal de los comisariatos. Incluso, el Tratado le permitía a Panamá la construcción de edificios para aduanas.

Aunque en líneas generales el documento resultaba beneficioso para nuestro país en el aspecto económico-fiscal, al tiempo que se daban pasos importantes para la recuperación de la plena soberanía sobre el territorio nacional, lo cierto es que también entrañaba serios compromisos militares pues transformaba a Panamá en aliado incondicional de los Estados Unidos en caso de guerra para la defensa del Canal. El Tratado fue combatido por algunos sectores y grupos políticos, como el Partido Socialista, sobre todo por Demetrio Porras y Diógenes de la Rosa.

El Tratado Arias- Roosevelt recién fue ratificado en 1939 por el Congreso de los Estados Unidos, justo cuando el mundo entraba en guerra.

Período 1941 - 1950

La Asamblea Nacional Constituyente y la elección de Enrique A. Jiménez

El 15 de junio de 1945, Enrique A. Jiménez fue elegido como Presidente Provisional contra su contrincante Eduardo Chiari. Nueve meses después, el 1 de marzo de 1946, se promulgó la nueva Constitución momento a partir del cual cesó en sus funciones la Convención Constituyente. Jiménez gobernó hasta el 30 de septiembre de 1948 junto con la Asamblea Nacional.

Durante su mandato el nuevo Presidente tuvo que hacer frente a la crisis derivada del fin de la guerra, cuando Estados Unidos restringió su personal en la Zona del Canal lo que provocó un acentuado desempleo. Con ello, se puso fin a los años de bonanza económica. Pero en realidad, la crisis económico-fiscal no se dejó sentir con fuerza sino hasta 1948. Entretanto, Jiménez pudo acometer obras de magnitud, como la construcción del aeropuerto de Tocumen, para lo cual tuvo que gestionar nuevos empréstitos. Igualmente, se construyó la ciudad universitaria, en terrenos de El Cangrejo pertenecientes al gobierno nacional . Muy próximos al campus universitario, también se levantaron, por estos años, el Hotel El Panamá y el edificio del Colegio Artes y Oficios. Siguiendo los lineamientos del informe económico de Thomas Lyons se creó la Zona Libre de Colón.

La educación hizo notables progresos y se promulgó la ley N° 47 de 1946 Orgánica de Educación, gracias a la cual los docentes adquirieron estabilidad en sus puestos de trabajo. Cabe recordar también la ley N° 48 sobre Autonomía Universitaria.

Pero la gestión de Jiménez se recuerda principalmente por el rechazo del Convenio de Bases Filós-Hines. Aunque, como ya dijimos, el anterior acuerdo de 1942 establecía que las tierras serían devueltas a Panamá un año después de la entrada en vigencia del Tratado de Paz, Estados Unidos mostró interés en mantener más allá de esa fecha algunas de las bases en su poder. Después de un forcejeo de varios meses por el término de la ocupación de los sitios de defensa, en particular Río Hato, el 12 de diciembre de 1947 se firmó el Convenio de Bases Filós-Hines que perpetuaba la presencia norteamericana en territorio nacional en tiempos de paz. Ello se enmarcaba en el contexto de la Guerra Fría y en la Doctrina Truman de contención del comunismo. En cuanto se conocieron los términos del Convenio, se dejaron sentir en Panamá los primeros síntomas del rechazo que produciría en los meses subsiguientes. La Federación de Estudiantes de Panamá, así como el Frente Patriótico de la Juventud liderizaron la oposición, conjuntamente con el Magisterio Panameño Unido, la Asociación Nacional de Educadores, la Unión Nacional de Mujeres y otros.

Dentro de la Asamblea Nacional, tanto Ricardo J. Alfaro, como Harmodio Arias mostraron su oposición al pacto. Finalmente, el 22 de diciembre, la Asamblea Nacional rechazó por unanimidad el Convenio de Bases, pues consideró que no era equitativo ni se sujetaba al Derecho Internacional. El rechazo tuvo importantes consecuencias en el campo de la economía nacional, cuando los Estados Unidos estrechó aún más el cerco en torno a Panamá.

Un año de transformaciones: Arnulfo Arias en la presidencia

Como ya señalamos, entre 1936 y 1939, Arnulfo Arias vivió en Europa, donde tomó contacto con las doctrinas nacionalistas que imperaban en el Viejo continente en vísperas de la II Guerra Mundial. No era la primera vez que Arias se sentía atraído por esta línea de pensamiento. Ya en 1930, había actuado activamente en Acción Comunal y, el 2 de enero de 1931, había comandado el ataque a la presidencia de la República. De manera, que al llegar a Europa quedó impresionado con este despliegue de nacionalismo con un fuerte ingrediente de pureza racial. También tomó contacto con una legislación social de avanzada que se propuso implantar en Panamá, una vez que alcanzara el poder.

Cuando en octubre de 1940, Arias ocupó la presidencia tomó nuevo auge la modernización de la nación. Propuso, en primer lugar, fomentar una inmigración sana que fuera compatible con la naturaleza étnica de la población. En materia educativa se proponía formar buenos artesanos, en lugar de aquellos a quienes llamaba "medio cocidos" pues escribían y leían mal, pero se consideraban verdaderas autoridades por haber pasado por las aulas de la Universidad . Al mismo tiempo, consideraba que esta institución debía ser "templo de la nacionalidad panameña". Proponía, asimismo, estimular las labores agrícolas, desarrollar la industria y otorgarle mayores oportunidades a los panameños para el ejercicio del comercio , pues el 38% se encontraba en manos de extranjeros.

Denunció, al igual que su predecesor, que Estados Unidos había traído grandes contingentes de elementos de color para trabajar en el Canal que eran extraños a la cultura nacional ya que, al igual que los asiáticos, creaban un "problema étnico grave". Asimismo, propuso la inmediata reforma de la Constitución de 1904, que se materializó el 2 de enero de 1941 cuando fue promulgada la nueva Carta Magna. La fecha era simbólica, pues ese día se conmemoraban los 10 años del golpe de Acción Comunal, que había lanzado a Arias a la palestra de la política nacional.

Entre otras innovaciones, la nueva Constitución le reconocía a la Asamblea Nacional el derecho de investir al Presidente con facultades extraordinarias, bajo determinadas circunstancias. Aumentaba de cuatro a seis años el mandato presidencial y fortalecía al Ejecutivo. Se contemplaban normas precisas sobre la familia, la propiedad, el trabajo, la asistencia social, la educación y los bienes de dominio público, entre otros. Se le negaba la nacionalidad panameña a los hijos de antillanos nacidos en la República y se sindicaron como razas de inmigración prohibida a los asiáticos, hindúes y negros cuyo idioma no fuera el español. Pero en realidad, la ley no era nueva y el problema había sido ampliamente debatido desde 1904. Es más, la sexta ley de la República sancionada por la Convención Nacional Constituyente en 1904, declaró razas de inmigración prohibida a los chinos, sirios y turcos. De manera, que la novedad ahora no era la figura de razas de inmigración indeseable, sino negarle la nacionalidad a los hijos de antillanos nacidos en territorio nacional.

Entre 1940 y 1941, con una Asamblea Nacional mayoritariamente a su favor, Arias logró aprobar una cantidad impresionante de leyes , tales como : creación de la Caja del Seguro Social; del Banco Agropecuario e Industrial; del Patrimonio Familiar, reglamento para el ejercicio de las profesiones liberales; protección de la lengua castellana; otorgamiento del voto a la mujer, vacaciones pagas cada once meses de trabajo; preaviso para proceder a los despidos, entre otras. También se le cambió el lema al escudo nacional sustituyendo el Pro Mundi Beneficio, por "Honor, Justicia y Libertad".

En el plano internacional, llegó a un arreglo limítrofe con Costa Rica que puso fin al largo litigio fronterizo entre ambas naciones, gracias a la firma del Tratado Arias- Calderón, firmado el 1 de mayo de 1941.

El gobierno se caracterizó por exaltar los valores nacionales, así como rescatar la lengua castellana, por lo cual prohibió la propaganda en inglés. Fue, sin duda, un gobierno de corte populista para el cual los obreros y campesinos tenían un papel que desempeñar dentro de la sociedad.

Otras medidas adoptadas por el gobierno no fueron populares y despertaron oposición. Entre ellas, la nacionalización del comercio al por menor que estaba principalmente en manos de chinos. Hacia 1940, el 38% del comercio al por menor se encontraba en poder de extranjeros, situación que el gobierno se propuso revertir. Para ello, se les otorgó un plazo perentorio para deshacerse de sus negocios, muchos de los cuales fueron adquiridos por simpatizantes del régimen a precios irrisorios. Otra medida impopular fue la explotación de los juegos de azar , sobre todo las máquinas tragamonedas, negocio del que participaron miembros del gobierno. También, en septiembre de 1941, se creó el Banco Central de emisión de la República, con el objetivo de emitir papel moneda fiduciaria nacional de curso legal. Aunque antes del derrocamiento de Arias se realizaron emisiones de prueba, el papel moneda panameño circuló en forma restringida y el mismo fue retirado cuando cayó el régimen. Por último, debemos recordar el ataque a la colonia suizo-alemana de Cotito por parte de la Policía Nacional, que contribuyó a aumentar aún más la impopularidad del gobierno y sobre el cual se tejieron innumerables conjeturas.

Entretanto, el gobierno fue acusado de anti-democrático y simpatizar con los Países del Eje. Los servicios de Inteligencia de la Zona del Canal investigaron exhaustivamente a cada uno de los colaboradores y allegados del Presidente, sin llegar a conclusiones definitivas al respecto, pese a lo cual se siguió insistiendo en las tendencias pro-fascistas del Presidente, a quien la oposición a lo interno denominaba el “führer criollo”. Para Washington, la presencia de Arnulfo Arias en la presidencia de Panamá marcó el inicio de una nueva tendencia en las relaciones bilaterales. Arias exigía para Panamá el mismo tratamiento que Estados Unidos le concedía a Gran Bretaña para el arrendamiento de bases en las islas, de manera que no estaba dispuesto a sentarse en la mesa de negociaciones a menos que el Departamento de Estado cediera a sus demandas.

La negociación de Sitios de Defensa que Estados Unidos abordó al inicio del mandato de Arias, se transformó en una verdadera pesadilla. Por una parte, Panamá se opuso a negociar, a menos que existiera una real amenaza para la seguridad del Canal y de la República, a raíz de la conflagración mundial que estalló en Europa en septiembre de 1939. Sea como fuere, lo cierto es que después de un par de meses de dilaciones, en diciembre de 1940, Roosevelt tuvo que declarar en un Mensaje público la existencia de una situación de peligro para el Canal, recién después de lo cual, Panamá accedió a negociar el otorgamiento de bases, bajo ciertas condiciones. La agenda de Panamá coincidía en pocos puntos con la de Washington, pues mientras nuestro país exigía negociar dichas bases por un período constitucional, es decir 6 años, los Estados Unidos plantearon inicialmente 999 años, que después redujeron a 99. Otro punto, no menos escabroso, fue el de las compensaciones económicas que recibiría Panamá por transformarse en un bastión militar. Arias aspiraba a pagar la deuda externa de la República con los beneficios económicos obtenidos. Para ello, el canciller de Roux propuso arrendar cada hectárea de tierra particular en 4.000 dólares, que era lo que Estados Unidos le había pagado a Gran Bretaña por las bases en las Bermudas. Pero esto pareció una insensatez en Washington, que no estaba dispuesto a pagar más que $ 25.000 por todas las tierras. Es más, en su afán por liquidar los empréstitos adquiridos con la Banca norteamericana, Arias le propuso al Presidente Roosevelt, a través del Embajador Brid, el pago de 50 anualidades del Canal por adelantado. Finalmente, el gobierno panameño le presentó al Presidente norteamericano, el célebre Memorándum de los Doce Puntos en el que se plasmaban algunas de las reivindicaciones panameñas tales como la entrega del sistema de alcantarillado de las ciudades de Panamá y Colón; el pago del costo de la Carretera de Río Hato, para lo cual Panamá había tenido que contratar un empréstito; la construcción de un puente sobre el Canal; la devolución de las tierras del ferrocarril en la ciudad de Colón; la repatriación de los antillanos contratados para las obras del Canal, entre otros.

De todos modos, Panamá se vio obligado a ir entregando tierras para el establecimiento de los sitios de defensa, sin haber pactado las condiciones del arrendamiento. De manera que, incluso, desde antes de la firma del Contrato de Bases firmado por el sucesor de Arias, ya los estadounidenses ocupaban tierras para este fin en nuestro país.

Las negociaciones avanzaron lentamente y aunque se llegaron a discutir una o dos propuestas de Convenio, finalmente, Arias fue derrocado, el 9 de octubre, sin haber alcanzado un acuerdo definitivo. Es evidente que, de alguna manera, Estados Unidos estuvo mezclado en la caída del gobierno. Dos días después de haberse negado a la solicitud norteamericana de permitir el artillamiento de las naves con bandera panameña, Arias fue depuesto. Para entonces, ya se había tornado sumamente incómodo tanto para los Estados Unidos , como a lo interno del país, y muchos de los miembros de su gabinete se oponían a algunas de las decisiones que perjudicaban sus intereses personales.

El 8 de octubre, el Servicio de Inteligencia de la Zona le comunicó al jefe de la Policía Nacional que el Presidente había abandonado el territorio nacional sin la correspondiente autorización. De inmediato, se declaró en acefalía la presidencia. Se apresó al primer Designado José Pezet y se llamó al segundo Ernesto Jaén Guardia, quien renunció y, en su lugar, ocupó la presidencia el ex Ministro de Gobierno y Justicia de Arias, Ricardo Adolfo de la Guardia. Cuando Arias regresó e intentó retomar el poder fue deportado a Nicaragua.

Periodo 1951-1960

Un gobierno de transición: Ricardo Arias Espinosa

El 15 de enero de 1955, en medio de la crisis generada por la muerte de Remón, asumió la presidencia Ricardo Arias Espinosa. La nación se encontraba en estado de shock, mientras el exPresidente era juzgado por la muerte de su antecesor.

Durante este mandato que se extendió hasta octubre de 1956, el Presidente egipcio Nasser nacionalizó el Canal de Suez. De inmediato las naciones afectadas convocaron una reunión urgente en Londres a la que Panamá no fue invitada a participar. El gobierno presentó protestas diplomáticas formales por este desaire por el cual se ignoraban los derechos soberanos de nuestro país.

En julio de 1956, con el fin de conmemorar el Congreso Anfictiónico, se reunieron en Panamá los mandatarios de las naciones hispanoamericanas. En este encuentro surgió la Declaración de Panamá, documento que, en líneas generales recogía las ideas bolivarianas de unidad continental. Los más conspicuos dictadores del continente como Fulgencio Batista de Cuba, Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, Héctor Trujillo, hermano de Rafael Trujillo de República Dominicana, Anastasio Somoza de Nicaragua y Alfredo Stroessner de Paraguay se dieron cita en nuestro país para hablar de democracia y de una América unida, fuerte y generosa.

La operación soberanía y la siembra de banderas en la Zona del Canal

En abril de 1958, la Federación de Estudiantes de Panamá (FEP) le exigió al Presidente la adopción de medidas enérgicas respecto a los Estados Unidos. Se hablaba de actuar a imitación de Egipto que había nacionalizado el canal de Suez.

Sea como fuere, Panamá aún mantenía vigentes las reivindicaciones presentadas en ocasión de la negociación del Tratado Remón-Eisenhower, que los Estados Unidos no había atendido, sobre todo en lo referente al enarbolamiento de la bandera panameña en la Zona del Canal.

Al mes siguiente, en mayo, se realizó la llamada Operación Soberanía que consistió en plantar banderas panameñas en la Zona del Canal, principalmente en el edificio de la Administración. Simultáneamente otros estudiantes se dirigieron a la Rectoría, a la Asamblea y a la Presidencia, en tanto que un grupo desfilaba por la Avenida Central portando la enseña patria. Aunque el movimiento se llevó a cabo en forma pacífica, el Encargado de Negocios de los Estados Unidos protestó ante el gobierno nacional por la irrupción en la Zona.

Un año después, para conmemorar el 3 de noviembre, un grupo de ciudadanos, entre los que había diputados, profesores, profesionales y estudiantes, recorrió las calles de la Zona enarbolando la bandera panameña. Si bien el gobernador de la Zona no le prohibió el paso al primer grupo que ingresó en el área canalera, sí le impidió la entrada a los restantes panameños que intentaron penetrar.

Ello provocó que se produjeran algunos enfrentamientos con la policía zoneita. Impelidos de acceder a la Zona los estudiantes arremetieron contra las propiedades estadounidenses en la ciudad de Panamá, e incluso atacaron la Embajada , donde arriaron la bandera de los Estados Unidos para enarbolar la

panameña. Se registraron decenas de heridos por ambos bandos y varios panameños fueron detenidos.

El Embajador Harrington presentó una protesta formal ante el gobierno. Pese a ello la administración de la Guardia, continuó insistiendo en la presencia de la bandera nacional en la Zona. Finalmente, en septiembre de 1960, el Presidente Dwight Eisenhower accedió a que el pabellón nacional ondeara en el Triángulo Shaler. Ello no puso fin a las negociaciones ni satisfizo las demandas nacionales, pero al menos fue un comienzo. Como veremos, durante el gobierno de Roberto Chiari Panamá continuó insistiendo en el tema, hasta que se alcanzó la firma del acuerdo Kennedy-Chiari, en 1963.

José Antonio Remón Cantera: militarismo, oligarquía y Guerra Fría

Desde los años 40, es indiscutible, que Remón era la figura más poderosa del país. Instalaba y removía Presidentes según su conveniencia y nada escapaba a su control. Había asumido la Comandancia de la Policía Nacional después de la salida de Rogelio Fábrega y había creado un cuerpo homogéneo, con una unidad monolítica, cuyos efectivos hacían gala de una lealtad absoluta hacia sus jefes. Se trataba también de un cuerpo todopoderoso, por encima del poder civil. Pero había más aún. Remón era el hombre que Washington necesitaba en Panama para llevar adelante, con mano firme, los lineamientos de la Doctrina Truman. Era el hombre ideal para gobernar en el contexto de la Guerra Fría en América Latina y los Estados Unidos no lo iba a desaprovechar.

El extraordinario poder cimentado por Remón le había granjeado enemistades también poderosas a lo interno del territorio nacional.

Además de ello, el país, como ya señalamos, transitaba penosamente por estos años de la posguerra. En el aspecto económico-fiscal la situación era de depresión y estancamiento, lo que naturalmente repercutía en la sociedad. El desempleo provocaba insatisfacción y desmoralización. Las huelgas, manifestaciones, y concentraciones estaban a la orden del día, al tiempo que las tibias medidas económicas que se adoptaban no alcanzaban a solucionar los graves problemas. Entretanto, Washington que había cancelado la ayuda económica a Panamá después del rechazo del Convenio Filós-Hines, observaba con atención.

En esta coyuntura llegaron las elecciones presidenciales de 1952, en las que se presentaron como candidatos, por una parte José Antonio Remón, y por la otra su primo Roberto Chiari. Arnulfo Arias proscrito políticamente no pudo postularse, pero candidatizó primero a Rodolfo Herbruger y después a Carlos N. Brin, aunque finalmente dio la orden a sus copartidarios que no se presentaran a votar.

El 11 de mayo, se celebraron las elecciones en las que obtuvo una aplastante mayoría el ex Comandante Remón. Sus vicepresidentes fueron José Ramón Guizado y Ricardo Arias Espinosa. Se institucionalizaba, de esta manera, el poder policíaco, al tiempo que se iniciaba en Panamá la Guerra Fría.

Con mano férrea, amordazando la prensa sacrificando las libertades individuales, acallando a la oposición y subyugando a los Poderes del Estado Remón le imprimió orden y estabilidad a la nación. Rápidamente, se percibieron los resultados, cuando la economía mostró un comportamiento positivo después de muchos años de estancamiento. Ello, claro está, sin olvidar que los Estados Unidos le tendió la mano. Mientras, en 1952, la deuda flotante se elevaba a once millones de dólares, para junio del año siguiente se había reducido a cinco. Se aumentaron los impuestos, principalmente el de la renta, se reformó el sistema tributario, se eliminaron los favoristimos y los sobornos y ,como es natural, la hacienda pública mostró signos de mejoría. También se creó el Paz y Salvo Nacional con el fin de detectar a los evasores fiscales.

Enemigo acérrimo de los comunistas, Remón logró que la Asamblea aprobara

la ley de los 45.000 adherentes que establecía que no se reconocería ningún partido o grupo político que no hubiese tenido como mínimo esa cantidad de votos en las pasadas elecciones. De esta manera, se aseguraba la unidad de la Coalición Patriótica Nacional que lo había llevado al poder y eliminaba otros partidos de tendencia izquierdista. Igualmente, se aprobó una ley antitotalitaria por la cual se proscribía al Partido del Pueblo. Ello le permitió deshacerse de los empleados públicos que comulgaban con la izquierda.

Una ley de diciembre de 1953 transformó, según los lineamientos impartidos por Washington, a la Policía en Guardia Nacional. Se incrementó su número, comenzó a ser entrenada y Estados Unidos le otorgó préstamos blandos para equiparla de armamento y pertrechos.

Ya en marzo de 1953, Remón le había hecho saber al Presidente Eisenhower su interés por efectuar una nueva revisión del Tratado canalero. Al igual que las reformas anteriores se buscaban fundamentalmente reivindicaciones económico-fiscales, aunque también se insistía en las desventajosas condiciones que mantenían los trabajadores panameños respecto a los norteamericanos en la Zona del Canal. El 25 de enero de 1955, poco más de veinte días después del asesinato de Remón, ambas naciones firmaron el Tratado de Mutuo Entendimiento y Cooperación con el documento adicional denominado Memorándum de Entendimientos Acordados, mejor conocido como Tratado Remón-Eisenhower.

Por el mismo se aumentó la anualidad del Canal a 1.930.000 dólares; se estableció que los comisariatos ya no abastecerían a las naves en tránsito; que sólo los norteamericanos residentes en la Zona podrían comprar en dichos establecimientos comerciales; los ciudadanos panameños que residieran en la Zona debían pagar impuesto sobre la renta a la República de Panamá; se le entregarían terrenos y edificios a Panamá, así como las tierras de Paitilla y la estación del Ferrocarril. En el aspecto social se asumía el compromiso de establecer condiciones laborales igualitarias en la Zona del Canal. A cambio, los Estados Unidos recibió autorización para realizar maniobras militares en Río Hato durante 15 años, lo que encajaba perfectamente con la política de la Guerra Fría, sin olvidar que el control de este sitio había sido una vieja aspiración de Washington. Asímismo es estipuló la reducción del 75 % del derecho de importación de licores que se compraban en Panamá con destino a la Zona del Canal.

Pero Panamá también había realizado otras solicitudes que Washington no aceptó. Entre estas, cabe mencionar: que la bandera panameña ondeara junto a la norteamericana en la Zona del Canal; que se establecieran tribunales de justicia mixtos; la utilización de sellos postales panameños; el reconocimiento de los exequáturs otorgados por Panamá a los cónsules extranjeros; el cese de la concesión a perpetuidad de la Zona del Canal; el fin de una anualidad fija. Algunas de estas demandas adquirieron fuerza en los años subsiguientes y dieron origen a movimientos nacionalistas y estudiantiles que desembocarían en el 9 de enero de 1964.

Entretanto, como ya dijimos, Remón fue asesinado el 2 de enero a las 7 de la tarde en el Hipódromo Juan Franco. De inmediato, se ordenó la detención de sus enemigos políticos y se trató de incriminar a Arnulfo Arias. Igualmente, se detuvo al ciudadano norteamericano Irving Lipstein a quien se le realizó la prueba de la parafina con resultados positivos. Aunque en apariencia varias pruebas lo sindicaban como el autor material del hecho, diez días después quedó en libertad y abandonó Panamá. Después se comprobó que Lipstein había asesinado al gangster Bugsy Siegel.

La muerte de Remón llevó a la Presidencia al ingeniero José Ramón Guizado, quien a poco de asumir solicitó la colaboración de expertos extranjeros para resolver el magnicidio. A tal efecto, llegaron investigadores de Cuba, Venezuela y los Estados Unidos.

El 12, el abogado Rubén Miró Guardia confesó ser el asesino de Remón y dos días después, sindicó al Presidente Guizado como su cómplice y autor intelectual del crimen. Sin mayores pruebas en su poder, el gabinete en pleno le solicitó la renuncia al Presidente, pero Guizado no accedió. En su lugar solicitó una licencia para responder a las acusaciones. La Asamblea Nacional se opuso, asumió el control del caso y nombró una Comisión Investigadora. El Legislativo transformado, una vez más, en tribunal judicial halló culpable al Presidente Guizado y el 29 de marzo lo condenó a 6 años y 8 meses de cárcel. Sólo 8 de los 53 diputados encontraron que el Presidente era inocente. El tiempo demostró que Guizado no era culpable. Peor aún, nunca se encontró el arma asesina que era la clave para resolver el caso.

Sea como fuere, lo cierto es que desde varios meses antes del magnicidio corrían rumores por la capital que afirmaban que se estaba organizando un complot no sólo contra Remón, sino también contra Vallarino. Pero ninguno de los dos le dio mayor crédito. Después del asesinato se barajaron un sinnúmero de causas y posibles nombres de culpables, sin que nunca se llegara a demostrar nada en concreto. Se decía, por una parte, que el narcotráfico internacional estaba detrás de la muerte; también que la Guardia Nacional en combinación con un sector de la oligarquía había ordenado el asesinato, para impedir que Remón se reeligiera. Pero nunca dejaron de ser especulaciones. Entretanto, Miró quien, de alguna manera, estuvo mezclado en el magnicidio y, posiblemente, conocía a los culpables, se retractó durante el juicio de las acusaciones vertidas contra Guizado y denunció que había actuado bajo amenazas, pero la Asamblea se mostró reacia a investigar y por el contrario sí muy decidida a incriminar a Guizado.

Según el propio Guizado y sus abogados defensores Felipe Juan Escobar y Guillermo Márquez Briceño, se trató de un golpe de Estado a la panameña y reveló la profunda crisis de la oligarquía nacional.

Período 1961-1970

El 9 de enero de 1964

En las elecciones de 1960 Roberto F. Chiari fue elegido Presidente, contra los otros candidatos que fueron el ex Presidente Ricardo Arias Espinosa y Víctor F. Goytía. Las mismas dificultades económicas que tuvo que hacer frente su antecesor, debió superar el nuevo mandatario. El período estuvo dominando por los dos grandes fantasmas de la época: la crisis económica y el comunismo, y culminó con el movimiento del 9, 10 y 11 de enero de 1964.

Para entonces la deuda pública llegaba a los 82 millones de dólares, 30 de los cuales correspondían a la deuda interna. El déficit de 1959 superó los 8 millones y para agosto de 1960, era de 5. Pese a que los Ministros de Hacienda del período Gilberto Arias Guardia y Julio Linares adoptaron medidas enérgicas, la economía continuó mostrando signos de desaceleración. Esta situación de crisis que le impedía al gobierno dar respuestas a los graves problemas que aquejaban a la sociedad, llevó a que se produjeran movimientos de protesta de cierta envergadura. Entre ellos, cabe recordar el problema en las bananeras de Bocas del Toro y Puerto Armuelles en 1960 y 1961. También de importancia fue la huelga en la Universidad de Panamá, cuyos estudiantes exigían la renuncia del Rector Narciso Garay.

El gobierno de Chiari adoptó iniciativas importantes como fueron la reforma agraria y la siembra de escuelas. En el primer caso, se trató de frenar el acaparamiento de tierras, al tiempo que se distribuían parcelas a los agricultores. En Veraguas los campesinos se enfrentaron a los latifundistas y una vez más planeó el fantasma del comunismo detrás de las protestas campesinas. Respecto a la siembra de escuelas, se construyeron 1.300 aulas escolares en todo el país. El Presidente manifestó que cada día escolar le costaba al país 100.000 dólares. Pese a ello aún faltaban 3.000 aulas para hacer frente a la demanda y lo más grave era que el déficit de salones de clases se incrementaba en 700 por año para los 200.000 estudiantes. Sin embargo, aún 35.000 niños en edad escolar permanecían sin asistir a la escuela. También hubo acusaciones de corrupción en la siembra de escuelas.

Pero la administración de Chiari es recordada por los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964 que marcaron un hito en las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos y condensaron todas las luchas nacionalistas de los panameños por alcanzar la plena soberanía sobre el territorio nacional. En enero de 1963, los Presidente Kennedy y Chiari firmaron un acuerdo por el cual la bandera panameña debía ser izada en todos los sitios públicos de la Zona del Canal, junto al pabellón estadounidense, a partir de enero de 1964. Muchos zoneitas se resistieron a esta medida y se opusieron tenazmente a que la misma entrara en vigencia.

Para hacer cumplir el acuerdo, el 9 de enero de 1964, un grupo de 200 estudiantes del Instituto Nacional se encaminó en forma pacífica a la Escuela de Balboa con el propósito de enarbolar la bandera panameña. La policía de la Zona permitió que seis institutores izasen el pabellón nacional frente al edificio de la escuela, pero ello provocó una reacción hostil por parte de los estudiantes y sus padres, quienes agredieron a los institutores. Es más, la bandera panameña fue destruida por un policía norteamericano. Reprimidos por los policías zoneitas, los estudiantes tuvieron que retroceder a la ciudad de Panamá donde otros ciudadanos se les unieron a fin de hacer valer los derechos de la República. Al intentar entrar en la Zona fueron brutalmente reprimidos por la Policía zoneita y el ejército. El trágico saldo sumó decenas de muertos y cientos de heridos.

Frente a esta agresión injustificada el gobierno de Panamá decidió romper relaciones con los Estados Unidos y recurrir a la OEA que en un primer momento se mostró indiferente. En consecuencia, nuestro país convocó a una reunión de los Ministros de Relaciones Exteriores del continente. Finalmente, la OEA nombró una Comisión que debía trasladarse a nuestro país. Aunque no fue tarea fácil encontrar una fórmula conciliadora que satisfaciera a ambas partes, el 3 de abril se firmó la Declaración Conjunta Moreno-Bunker que acordaba restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones y negociar la eliminación de las causas de conflicto, sin limitaciones ni precondiciones. Ello abría las puertas para la firma de un nuevo tratado canalero que eliminara la perpetuidad impuesta en 1903.

El desgaste del modelo oligárquico y los Proyectos de Tratados Robles-Johnson

Los sucesos del 9 de enero de 1964, en el contexto de la Guerra Fría, llevaron a Estados Unidos, temeroso, ante el avance de las ideas comunistas en nuestro país, a reforzar la ayuda a través de la Alianza para el Progreso y los Cuerpos de Paz. En las elecciones realizadas en mayo de 1964 resultó electo Marco Robles, el candidato oficial, aunque una vez más quedaron flotando en el ambiente las denuncias de fraude realizadas por su contendiente Arnuflo Arias.

El impacto de los programas de la Alianza para el Progreso redundó en beneficio de la economía nacional, pero también propició la corrupción al más alto nivel, al tiempo que acrecentó aún más la dependencia. El producto interno bruto (PIB) creció a un ritmo del 8% durante el bienio 65-67, y se reflejó en la mayor inversión pública y privada. Esta bonanza económica le permitió al gobierno acometer algunos programas interesantes. Entre ellos, el llamado Plan Robles dirigido a elevar el nivel económico de los campesinos, así como las mejoras en el campo de la educación. En 1966, el Presidente declaró que 1 de cada 3 balboas del Tesoro se destinaban al servicio de la Educación. Para apoyar al estudiantado se creó el Ifarhu con el fin de conceder becas y préstamos para la realización de estudios a todos los niveles, tanto en el país como en el extranjero.

Durante este período se concluyeron los trabajos de las hidroeléctricas La Yeguada y de Bayano. Se amplió la Zona Libre, se construyeron más de 6.000 viviendas para gente de bajos recursos y se aumentaron los sueldos a los empleados públicos. Pero también hubo protestas estudiantiles y represión por parte de la Guardia Nacional. Asímismo, se produjeron enfrentamientos entre el gobierno y el Comité Pro-Mejoramiento económico de los empleados públicos que arrojaron muertos y heridos.

Teniendo como marco este clima de descontento social, se llevaron a cabo las negociaciones y la firma de los Proyectos de Tratados Tres en Uno o Robles-Johnson. El primer documento abrogaba todos los anteriores tratados y establecía una administración conjunta del Canal de Panamá, que sería definitivamente entregado a nuestro país el 31 de diciembre de 1999. El segundo documento establecía la construcción de un Canal a nivel por el Darién, que pasaría a manos panameñas en el año 2.067.

El tercer documento era un Tratado de defensa del canal y su neutralidad. Pero estos pactos despertaron tantas críticas que, finalmente, la Asamblea decidió no tomarlos en consiedración.

Las pugnas políticas partidistas llevaron al Presidente Robles al banquillo de los acusados a comienzos de 1968. Una vez más, la Asamblea se constituyó en Organo Judicial, pues la Corte Suprema se encontraba en receso. Robles fue acusado de coacción electoral y se llamó al vicepresidente Max Delvalle a ocupar la presidencia. En esta oportunidad, la Guardia Nacional apoyó el Presidente y no reconoció a Delvalle. Aunque Robles fue hallado culpable por el Legislativo, la Corte Suprema no aceptó este fallo y lo restituyó en el poder.

Estas pugnas partidistas hablaban a las claras de la crisis del modelo, que no había logrado superar problemas que se venían arrastrando desde inicios de la República como el de la Educación y la Vivienda y tampoco había logrado crear un plan operativo de desarrollo. Para colmo, tampoco había superado las taras de la politiquería criolla con los ingredientes de la corrupción administrativa y el fraude electoral.

Todo ello, con el trasfondo de una perenne crisis económico-fiscal que sólo cedía, temporalmente, cuando los Estados Unidos se mostraban generosos.

Los candidatos para las elecciones de 1968 fueron Arnulfo Arias, Antonio González Revilla y David Samudio. Como siempre, el favor de la Guardia Nacional resultaba decisivo para inclinar el resultado. En consecuencia, el Comandante Bolívar Vallarino y el candidato Arnulfo Arias acordaron un pacto por el cual, la Guardia apoyaría su candidatura a cambio de que, una vez en el poder, no adoptaría ninguna medida contra el cuerpo armado. Como era previsible Arnulfo Arias fue elegido Presidente . Este tercer mandato sería el más efímero y su liquidación marcaría el fin de una etapa y inicio de una larga dictadura en nuestro país.

Período 1981 - 1990

El gobierno de Royo y la muerte de Torrijos

Un año después de la firma de los Tratados, la Asamblea de Representantes de Corregimientos le ofreció la Presidencia de la República a Torrijos, pero éste declinó la postulación. En su lugar, impuso a Aristides Royo como Presidente y a Ricardo de la Espriella como Vicepresidente.

Durante este período comenzaron lentamente a verse los efectos de los abusos, errores y derroches anteriores. El crecimiento de la burocracia, así como la corrupción y las mejoras producidas en el país en educación, salud, vivienda, vías de comunicación y servicios públicos, llevaron al país a sus límites de endeudamiento.

En marzo de 1979, se fundó el Partido Revolucionario Democrático (PRD) soporte principal para la institucionalización del régimen durante la apertura política que siguió a la firma de los Tratados. Pese a ello, el poder real continuó estando en los cuarteles. Por esta época, algunos gestos de independencia de Torrijos y Royo que no se ajustaban a la política del Departamento de Estado no fueron vistos con buenos ojos en Washington. El apoyo brindado al Movimiento Sandinista; el acercamiento hacia Cuba, así como la identificación con la Argentina durante la Guerra de las Malvinas, hicieron que ambos fueran tachados de izquierdistas, pese a que Torrijos proclamaba: “Ni con la derecha, ni con la izquierda, con Panamá”.

También durante este período estallaron varios escándalos como el de la Caja del Seguro Social, Cerro Colorado, el proyecto Turístico de Contadora, en el que se comprobó que hubo malversación de fondos. Otro tanto ocurrió con los empréstitos obtenidos para la construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera, el puente Van Dam que nunca se construyó y el Aeropuerto de Tocumen.

En medio de este panorama de deterioro económico, desgaste político y corrupción, el 31 de julio de 1981 se produjo la muerte de Torrijos en un accidente de aviación. La desaparición del “Líder Máximo de la revolución” dejó un vacío de poder y en situación de debilidad al Presidente Royo, quien apenas se mantuvo un año más en el poder. Desde entonces, y hasta la invasión norteamericana de diciembre de 1989, se inauguró un período de gran inestabilidad que llevó al sillón presidencial a siete Presidentes en siete años.

Las elecciones de 1984 y el ascenso de Ardito Barletta

En febrero de 1984, Noriega sustituyó a De la Espriella por Jorge Illueca y se comenzó en firme a organizar el torneo electoral. El candidato oficial postulado por el PRD era paradójicamente un hombre sin afiliación política. Pero se trataba de un ex colaborador de Torrijos y un hombre agradable a los ojos de Washington. Nicolás Ardito Barletta fue traído desde su Oficina del Banco Mundial para ocupar la presidencia de la República. Sus vicepresidentes fueron el empresario Eric Arturo Delvalle y el doctor Roderick Esquivel. La Alianza Democrática de Oposición ADO, candidatizó al octogenario caudillo Arnulfo Arias y como vicepresidentes al banquero Carlos Rodríguez y al líder demócrata cristiano Ricardo Arias Calderón.

Las elecciones se realizaron el 6 de mayo y pese a las irregularidades que llevaron a la Junta de Escrutinios a declararse impedida para continuar con el conteo de votos, once días más tarde el Tribunal Electoral proclamó ganador al candidato del PRD. Los 1.713 votos que habían transformado a Ardito Barletta después de más de diez días de conteo en Presidente de Panamá, dejaron más que insatisfecha a la oposición. El Presidente del Tribunal Electoral César Quintero declaró que había habido “un pequeño fraude”.

Por su parte, los Estados Unidos permanecieron impasibles, Pese a que Reagan le había hecho saber sutilmente a los militares que debían respetar el resultado de las elecciones, y que el Secretario Adjunto Motley declaró que su país estaría muy preocupado si se trastocaba el proceso democrático en Panamá, lo cierto es que Washington reconoció sin contratiempos a Ardito Barletta. Aunque la oposición se lanzó a las calles y el Secretario de Estado George Schultz que llegó a Panamá para la toma de posesión del nuevo Presidente, fue testigo de ello, el gobierno de Reagan no se pronunció en contra del anómalo estado de cosas impuesto.

Una vez en el poder Ardito Barletta encontró una situación económico-fiscal y financiera desastrosa que intentó corregir mediante la adopción de una serie de medidas a las que llamó “ajustes estructurales” y que contemplaban sobre todo el aumento de la carga impositiva. El plan recibió el rechazo popular y se creó la Coordinadora Civil Nacionalista (COCINA), integrada por médicos, profesionales, educadores y estudiantes que se propuso como meta la derogación de la ley y el adecentamiento del sector público. Ello obligó al Presidente a reconsiderar su propuesta.

Período 1991 - 2000

Los retos de la nueva etapa democrática (1990-1999), Panamá resurge de las cenizas de la invasión

El Presidente Guillermo Endara heredó un país en ruinas, aislado internacionalmente, con una extraordinaria deuda externa, una elevadísima tasa de desempleo, masiva pobreza, concentración del ingreso en pocas manos y ocupado por el ejército de los Estados Unidos. Sus tareas inmediatas eran restaurar la democracia, restablecer el orden público y fortalecer la economía. Debía también obtener el reconocimiento internacional, lograr la desmilitarización del territorio y asegurar la evacuación de las tropas de intervención del país. Además, había prometido gobernar en favor del interés nacional y no de una camarilla como había sucedido en los años de la dictadura militar, en virtud de lo cual la tarea era titánica y se requería emprenderla con decisión y sin titubeos.

Aunque en líneas generales el gobierno cumplió la mayoría de los objetivos, también tuvo que hacer frente a graves dificultades que fueron surgiendo con el tiempo. En el aspecto económico-financiero, se dio la ansiada recuperación y se cubrieron los pagos adeudados a los organismos financieros internacionales desde 1987. Se adoptó el programa de Modernización Económica, con la expedición de la Ley Marco de Privatización; se creó la Autoridad de la Región Interoceánica y se eliminó el Ejército. Pero se hizo evidente que el gobierno aplicó una política económica impuesta por los organismos financieros internacionales. Entre las dificultades que tuvo que sortear el nuevo Presidente se destacaron las pugnas intestinas con el partido Demócrata Cristiano, que terminaron con el extrañamiento de este colectivo de la Coalición del gobierno; el intento de golpe de Estado fraguado por el Coronel Eduardo Herrera y merced al cual solicitó la intervención de las tropas norteamericanas, así como el escándalo del trasiego de armas con la ex Yugoslavia.

Este primer gobierno post invasión puso en ejecución una política fiscal férrea que afectó a los sectores populares, pero no produjo una verdadera transformación en la vida nacional como anhelaban las grandes mayorías nacionales. Por el contrario, volvieron a resurgir las reglas del juego de la vieja oligarquía con todas sus taras. Además, el liderazgo del Presidente se puso en entredicho por no haber adoptado las medidas enérgicas que requería y reclamaba el país en aquel momento. En algunas ocasiones, el timón del gobierno pareció marchar a la deriva en el manejo de la cosa pública , sin lograr la estabilidad social y política. Por momentos pareció también que el gobierno era un rehén del pueblo, que se lanzaba a las calles para protestar y aquél accedía, de inmediato, a sus demandas. De allí que la popularidad inicial de Endara desapareció rápidamente.

Además, algunas de las medidas neoliberales adoptadas por el gobierno tuvieron efectos sociales catastróficos. Se despidieron cientos de empleados públicos, se suspendió el pago del décimo tercer mes, se produjo en cifras reales el aumento del desempleo y la pobreza; se elevó el costo de la vida, y también campeó la corrupción en algunos sectores gubernamentales. La incapacidad del gobierno para dar soluciones efectivas a muchos de estos problemas fue creando frustración y descontento entre la población, al tiempo que la situación era capitalizada por el PRD. Este colectivo, desarticulado después de la invasión y completamente desacreditado demostró una gran capacidad de reorganización, que lo llevó a alzarse con la victoria en las elecciones de 1994.

Hacia las postrimerías del mandato de Endara el pueblo estaba ansioso por un cambio y reclamaba un gobierno enérgico y que aportara soluciones.

Pese a ser mayoría, la oposición no logró consenso para lanzar un único candidato y, por el contrario, se escindió en cuatro facciones, cuando el cantante Rubén Blades fue postulado por su partido Papa Egoró. La candidata oficial fue la viuda del tres veces Presidente Arnulfo Arias, Mireya Moscoso por la Alianza Democrática; Rubén Darío Carles el ex poderoso Contralor, por el Molirena, Eduardo Vallarino por la Democracia Cristiana. Ernesto Pérez Balladares fue postulado por el PRD que adoptó el slogan “el pueblo al poder” y resultó electo con el 33% de los votos del electorado. Tanto el Tribunal Electoral como el gobierno de Endara propiciaron la realización de un torneo electoral limpio y honesto, como pocos ha registrado nuestra historia republicana.

El regreso del Arnulfismo

Las elecciones de 1999 pusieron de manifiesto la insatisfacción popular, así como el esfuerzo realizado por la oposición, sobre todo por los partidos mayoritarios, como el Partido Arnulfista y el Molirena, por alcanzar un acuerdo duradero que les permitiera presentar un candidato único. De esta manera, Mireya Moscoso encabezó la nómina de una coalición de Partidos denominada Unión por Panamá entre los que estaban, además del Molirena y del Arnulfista, Morena y Cambio Democrático.

Por su parte, el PRD postuló a Martín Torrijos, hijo del General Omar Torrijos, para lo cual este colectivo mantuvo algunas de las alianzas políticas de 1994, sobre todo con Solidaridad y el Liberal Auténtico, a los que se unió en último momento el agonizante Papa Egoró de Rubén Blades.

Una tercera fuerza fue la que impulsó la Democracia Cristiana en la figura del banquero disidente del arnulfismo Alberto Vallarino. Esta candidatura provocó la escisión del ya menguado partido, cuando un grupo de copartidarios decidió no apoyar a Vallarino y pasarse a las filas del arnulfismo.

En líneas generales, fue una campaña deslucida por la falta de debates políticos que permitieran medir fuerzas y capacidades entre los contendientes. Las concentraciones realizadas por los tres candidatos, tampoco sirvieron para aquilatar fuerzas, pues en todas la afluencia de público fue masiva. Por su parte, las encuestas de opinión no reflejaron sino hasta la última semana que Moscoso se alzaría con el triunfo, como en efecto ocurrió.

Gracias a un programa populista y a su férrea decisión de ganar al electorado del interior del país y a los desposeidos, para quienes siempre representó la única opción real de cambio, la candidata arnulfista se alzó con la mayoría de los votos.

Pese al temor de la oposición, el gobierno de Pérez Balladares, al igual que su antecesor, respetó a rajatabla el resultado electoral, imponiendo una nueva modalidad en los torneos panameños que ya había iniciado la administración de Endara. Moscoso le ganó a Torrijos por más de cien mil votos e inauguró su gobierno el 1 de septiembre. Era la primera vez que una mujer alcanzaba la primera magistratura del país.

Las primeras acciones del gobierno han puesto de manifiesto el compromiso populista y la decisión de la mandataria de rever las políticas de su antecesor. Asimismo, una nueva modalidad impuesta por Moscoso es la del contacto directo con el pueblo. En los primeros días de su gestión la mandataria apareció reiteradamente barriendo las calles, aseando la ciudad o pintando escuelas en el interior del país, mezclada con el pueblo al que le prometió gobernar para su bienestar.

El reto que tiene por delante es enorme en un país cuyos índices de pobreza alcanzan casi el 50 % de la población y que ostenta el segundo lugar del continente en peor distribución de la riqueza. Con grandes sectores de la población sumidos en la miseria, la ignorancia y el abandono Moscoso se enfrenta a una ciclópea tarea. Por otra parte, la entrega del Canal a Panamá por los Estados Unidos, no significa tan sólo una fecha para festejar la recuperación de la soberanía sobre todo el territorio nacional, sino y sobre todo la posibilidad de que Panamá demuestre su capacidad para administrar la vía interoceánica sin la tutela de los Estados Unidos. Sin olvidar, claro está, el uso de las áreas revertidas de la ex Zona del Canal que constituyen uno de los activos más importantes de la República. Es indudable, que el gobierno tendrá que demostrar un alto grado de eficiencia y honestidad frente a estos desafíos que comprometen el futuro de la patria y su reputación a nivel internacional.

La transferencia del Canal

Pese a que la entrega del Canal a Panamá por parte de los Estados Unidos estaba pactada, según los Tratados Torrijos-Carter para el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, los actos protocolares se realizaron el 14 de diciembre. Los mismos dieron inicio en el Cementerio de Corozal donde se recordó a los trabajadores muertos durante la construcción de la vía interoceánica. A continuación se firmó el Acta de Transferencia en las esclusas de Miraflores , donde también se develó una placa conmemorativa. Mandatarios extranjeros, entre los que no figuró el Presidente de los Estados Unidos, se hicieron presentes en nuestro país para tan trascendental acontecimiento, al igual que el ex Presidente James Carter bajo cuya administración se firmaron los Tratados canaleros conjuntamente con Sol Linowitz uno de los negociadores norteamericanos. También S.M. el rey de España don Juan Carlos de Borbón y una nieta de Ferdinand de Lesseps participaron de estos actos. Más de 600 periodistas de todas partes del mundo arribaron a Panamá con el fin de darle cobertura a la histórica transferencia. La entrega se selló oficialmente el día 31 con una gran marcha popular hasta la ex Zona del Canal.

De esta manera la República de Panamá puso fin a 96 años de presencia norteamericana en su territorio, entró en posesión de su más preciado bien económico, logró unir “La Tierra Dividida” bajo una sola bandera y ejercer real y plena soberanía sobre todo el territorio nacional.

DE LEON, César A., “Significado Histórico de la Actual Crisis entre Panamá y los Estados Unidos”., Conferencia dictada en la Casa del Periodista, 26 de febrero de 1964. Pág. 13

SOLER, Ricauter., en Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos., Volumen 3, Biblioteca Nuevo Panamá, Ministerio de Educación, Panamá, 1974. Pág. 205-206.

CASTILLERO PIMENTEL, Ernesto., Ibíd., pág. 55

CASTILLERO, Reyes. Citado por Castillero Pimentel, Ernesto. En Ibíd., pág. 63

Ibíd., pág. 82

Ibíd., pág. 83

Secretaría de Relaciones Exteriores. Memoria, Panamá 1908, pág. 194.

“Secretaria de Relaciones Exteriores., Memoria., Panamá, 1912, pág 167.

Op. Cit., pág. 213

Ibíd., pági. 230

Secretaria de Relaciones Exteriores, Memoria. Panamá, de 1916, página 178

(7) Revista Lotería, Op. Cit., Pág.5.

(8) Revista Lotería, Op. Cit., Pág.7.

(9) Ídem.

(10) Ibid., Pág.10.

(11) Castillero C., Alfredo, La Independencia de Panamá de España, Revista Lotería N°172, 1971, Pág 15.

Revista Lotería N° 190, El Hispano Americanismo en la Independencia de1821, 1971, Pág.5.

(13) Revista Lotería N°168, Op. Cit., Pág. 60.