Historia


Terrorismo de Estado

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Alumno:

Espacio curricular: Proyecto y Metodología de la investigación

Profesora

TEMA

TERRORISMO

DE

ESTADO

HIPÓTESIS

“EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL IMPLEMENTÓ UNA ACCIÓN SISTEMÁTICA, QUE ORIGINÓ UNA POLÍTICA DE VIOLACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS”

DISPARADOR

CRONOLOGÍA

CRONOLOGÍA:

1973

MARZO

11/3/1973: se realizan elecciones presidenciales. EL Frente Justicialista de Liberación (FREJULI) triunfa con el 49,59% de los votos frente al 21% de la UCR.

ABRIL: la guerrilla mata al coronel Héctor Iribaren y al almirante Hermes Quijada.

MAYO

25/5/1973: Héctor J. Cámpora asume la Presidencia de la Nación y se produce una amnistía para los presos políticos.

20/6/1973: Perón regresa al país. En Ezeiza se producen graves enfrentamientos entre distintas facciones del peronismo produciendo numerosas víctimas.

JULIO

13/7/1973: Héctor J. Cámpora y el vicepresidente Vicente Solano Lima renuncian a sus cargos ejecutivos y asume la jefatura de Estado el Presidente de la Cámara de Diputados Raúl Lastiri.

20/7/1973: se convocan elecciones presidenciales para el 23 de septiembre.

AGOSTO

4/8/1973: El Partido Justicialista proclama la Fórmula Juan D. Perón, María Estela Martínez de Perón.

SEPTIEMBRE

11/9/1973: En Chile el general Augusto Pinochet derroca al presidente Salvador Allende, quien muere durante la resistencia al golpe.

23/9/1973: En las elecciones presidenciales la fórmula justicialista se impone por el 61,85% de los votos contra el 24,2% que obtiene la fórmula Balbín-De la Rúa.

25/9/1973: es asesinado José Ignacio Rucci, Secretario General de la CGT, al salir de su domicilio.

OCTUBRE

12/10/1973: Juan Domingo Perón asume por tercera vez la Presidencia de la Nación.

1974

ENERO

20/1/1974: El ERP (ejército revolucionario del pueblo) intenta copar una unidad del ejército en la ciudad de Azul dando como resultado la muerte del jefe de la unidad Camilo Gay.

22/1/1974: Renuncia el gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

FEBRERO

12/2/1974: Llega al país el Presidente de Uruguay, Juan María Bordaberry, la prensa denuncia un intento de atentado en su contra.

MARZO

2/3/1974: El gobierno dispone la intervención de la Provincia de Córdoba.

13/3/1974: La empresa ESSO informa que pagó al ERP 14,2 millones de dólares en concepto de rescate de uno de sus directivos Víctor Samuelson.

ABRIL: Se crea la Asociación Anticomunista Argentina (triple A) dirigida por José López Rega.

8/4/1974: Por orden del gobierno es clausurado el semanario “Descamisados” de la juventud peronista

MAYO

1/5/1974: El presidente Perón habla en Plaza de Mayo. En su discurso ataca duramente a sectores de la izquierda del justicialismo. La juventud peronista y montoneros se retiran del acto.

11/5/1974: Es asesinado el padre Carlos Mujica.

25/5/1974: Muere el escritor Arturo Jauretche.

JUNIO

12/6/1974: Perón se dirige al país en un mensaje transmitido por radio y televisión, amenaza con renunciar si no se dan las condiciones para que pueda cumplir su cometido. Por la tarde, una multitud se concentra en Plaza de Mayo para apoyar al gobierno.

29/6/1974: Gravemente enfermo Perón delega el mando a la vicepresidente Maria Estela Martínez de Perón.

JULIO

1/7/1974: Muere el presidente Juan D. Perón y asume la vicepresidenta.

4/7/1974: Se realiza un homenaje a Perón en el congreso.

8/7/1974: López Rega es nombrado Secretario de la presidencia.

24/7/1974: Por decreto del Poder Ejecutivo, es intervenida la Provincia de Mendoza

31/7/1974: La triple A asesina al diputado peronista Rodolfo Ortega Peña.

AGOSTO

11/8/1974: El ERP ataca diversas unidades militares de Córdoba y Catamarca.

SEPTIEMBRE

6/9/1974: Montoneros declara que vuelve a la clandestinidad y retorna a la lucha armada.

19/9/1974: Son secuestrados los empresarios Juan y Jorge Born. Montoneros se atribuye este hecho.

27/9/1974: Es asesinado el dirigente marxista Silvio Frondizi ex rector de la Universidad de La Plata.

NOVIEMBRE

1/11/1974: Un comando del ERP asesina al jefe de la policía, comisario Alberto Villar.

1975

ENERO

24/1/1975: L CGT condena la política del gobierno en materia de precios y la califica de “anárquica y unilateral”.

FEBRERO

11/2/1975: Se anuncia oficialmente que el Poder Ejecutivo ordenó a las Fuerzas Armadas intervenir en la lucha antisubversiva mediante el “operativo independencia”.

MARZO

1/3/1975: Aparece asesinado el dirigente sindical Adolfo Cervalli.

4/3/1975 a 11/3/1975: se realizan múltiples ataques contra puestos policiales.

ABRIL

4/4/1975: El Partido Justicialista expulsa de sus filas a Oscar Bidegain, Andrés Framini, y Alberto Martínez Baca de orientación izquierdista.

JUNIO

2/6/1975: Renuncia el Ministro de Economía, Alfredo Gómez Morales, lo reemplaza Celestino Rodrigo.

4/6/1975: El gobierno decreta duras medidas económicas conocidas como “rodrigazo”.

20/6/1975: Montoneros anuncia la liberación del empresario Jorge Born, luego del pago de su rescate de 60 millones de dólares.

JULIO

5/7/1975: La CGT anuncia un paro general por 48 horas prevista para los días 7 y 8. Entre sus exigencias los sindicatos plantean la homologación de los convenios colectivos de trabajo y renovación de gabinete.

6/7/1975: Renuncian todos los ministros para facilitar el acuerdo con los dirigentes sindicales.

7/7/1975: Se inicia un paro general en todo el país.

8/7/1975: El gobierno cede a las presiones y accede a los reclamos de la CGT. Ítalo Luder es elegido Presidente provisional del Senado.

11/7/1975: La presidente María Estela Martínez de Perón acepta la renuncia de todos los ministros y se da a conocer la constitución de un nuevo gabinete.

13/7/1975: Muere el ex presidente José María Guido.

18/7/1975: José López Rega abandona el país.

AGOSTO

14/8/1975: Antonio Cafiero asume como nuevo ministro de Economía en reemplazo de Celestino Rodrigo.

22/8/1975: Asume el nuevo comandante en jefe del ejército Jorge Rafael Videla.

SEPTIEMBRE

27/9/1975: Regresa al país el ex presidente Héctor J. Cámpora.

30/9/1975: Se inagura la Universidad Nacional de Mar del Plata.

NOVIEMBRE

6/11/1975: Muere Agustín Tosco, combativo sindicalista de luz y fuerza.

DICIEMBRE

17/12/1975: Se anuncian elecciones generales para el 17 de octubre de 1976.

18/12/1975: El Brigadier Orlando Capellini encabeza una rebelión contra el gobierno.

22/12/1975: Luego de largas negociaciones los sublevados deponen su actitud.

1976

ENERO

15/1/1976: Son relevados de sus funciones los ministros de Relaciones Exteriores Manuel Aráoz Castex, del Interior Ángel Federico Robledo, de Justicia Ernesto Corvalán, y de Defensa Tomás Vottero. Asumen en su reemplazo, Raúl Quijano, Roberto Ares, José Deheza y Ricardo César Guirdo, respectivamente.

FEBRERO

7/2/1976: La UCR advierte sobre la posibilidad de un golpe de estado ante el débil desempeño del Poder Ejecutivo.

16/2/1976: El Poder Ejecutivo dispone la clausura del período extraordinario de sesiones del congreso y retira todos los asuntos sometidos a consideración parlamentaria.

20/12/1976: Se anuncia la convocatoria a elecciones presidenciales para el 12 de diciembre próximo.

21/12/1976: Muere Domingo Mercante, ex gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

MARZO

5/3/1976: El Ministro de Economía Emilio Mondelli, declara que el país se encuentra en “estado de emergencia”.

15/3/1976: Estalla una bomba en el Estado Mayor del Ejército. El atentado provoca un muerto y 29 heridos.

24/3/1976: Un golpe militar depone al gobierno de Maria Estela Martínez de Perón la cual es arrestada y trasladada a Neuquén. Asume en su reemplazo una Junta Militar integrada por el Teniente General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Eduardo Massera y el Brigadier Orlando Ramón Agosti.

29/3/1976: Videla jura como Presidente de la Nación.

31/3/1976: El Poder Ejecutivo ordena la intervnción de trece sindicatos.

ABRIL

2/4/1976: EL Ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz anuncia su plan económico.

29/4/1976: En el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera, en Córdoba, se queman miles de revistas y libros marxistas junto con la “Biblia latinoamericana” editada por sacerdotes para el tercer mundo.

MAYO

15/5/1976: El general Videla se entrevista con los científicos Luis Federico Lloir y René Favaloro, quienes le piden mayor presupuesto para la investigación científica.

19/5/1976: Muere en un enfrentamiento Mario Roberto Santucho, líder del ERP.

SEPTIEMBRE

16/9/1976: En La Plata se produce la trágica “noche de los lápices”. La policía secuestra, tortura y asesina a un grupo de estudiantes secundarios que reclamaba tarifa especiales para los transportes públicos.

NOVIEMBRE

13/11/1976: EL general Videla y su par chileno Augusto Pinochet se reúnen en Santiago para firmar una declaración condenatoria a grupos armados de izquierdja.

1977

ENERO: numerosas organizaciones sindicales critican el accionar del gobierno.

FEBRERO

11/2/1977: Se denuncia la desaparición de Oscar Smith, dirigente del sindicato de luz y fuerza.

MAYO

22/5/1977: Se da a conocer el laudo británico sobre el Canal de Beagle que, de alguna manera, favorece a Chile.

JUNIO

4/6/1977: Es asesinado Julio Roque, el único jefe montonero que permanecía en el país.

25/6/1977: El gobierno interviene la empresa Aluar.

AGOSTO: Comienzan las rondas de las Madres de Plaza de Mayo. Entra en vigor un acuerdo comercial, científico y tecnológico con la Unión Soviética.

SEPTIEMBRE

9/9/1977: Se reúne en Washington con el presidente de Estados Unidos Jimmy Carter.

1978

ENERO

25/1/1978: El gobierno declara nulo el laudo arbitral de Gran Bretaña sobre la cuestión limítrofe con Chile.

FEBRERO

20/2/1978: El presidente Videla y su par chileno se reúnen en Puerto Montt para superar los problemas fronterizos. Pinochet ratifica la validez del laudo británico. Aumentan los aprestos bélicos de ambos países.

MARZO

24/3/1978: Un grupo de presos políticos se fuga de la mansión dere, el centro clandestino de torturas, a cargo de la armada.

MAYO

2/5/1978: La Junta Militar ratifica a Videla en el cargo de Presidente de la Nación.

JUNIO

25/6/1978: La Argentina se consagra campeón del mundial de Fútbol al vencer en la final a Holanda por 3 a 1.

AGOSTO: Videla renuncia a los cargos de jefe del ejército y miembro de la Junta Militar. Es reemplazado en ambos por el Teniente General Roberto Eduardo Viola.

DICIEMBRE

20/12/1978: Se denuncia el secuestro de la diplomática Helena Holmberg.

16/12/1978: Llega de Roma el cardenal Antonio Samoré, enviado por el Papa Juan Pablo II para mediar entre los gobiernos de Argentina y Chile.

1979

ENERO

8/1/1979: Los cancilleres de Argentina y Chile firman el acta de Montevideo, por la que solicitan la mediación papal por el conflicto del canal de Beagle.

JUNIO

29/6/1979: El Ministro del Interior Albano Harguin Deguy, informa que existen 1723 detenidos a disposición del Poder Ejecutivo y que otras 1077 personas se encuentran bajo libertad vigilada.

SEPTIEMBRE

6/9/1979: llega a la Argentina la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

26/9/1979: La Corte Suprema de Justicia le otorga un recurso de Habeas Corpus a Jacobo Timerman y ordena su liberación.

29/9/1979: El comandante del III cuerpo del ejército, General Luciano Benjamín Menéndez, encabeza una sublevación contra el jefe del ejército, General Roberto Eduardo Viola. El alzamiento fracasa y el Menéndez es relevado de sus funciones.

NOVIEMBRE

28/11/1979: El general Leopoldo Fortunato Galtieri asume el cargo de Comandante en Jefe del Ejército en reemplazo del general Eduardo Viola.

1980

MARZO

28/3/1980: En un acto celebrado en el Colegio Militar Galtieri afirma que “las urnas están bien guardadas”.

JUNIO

25/6/1980: El presidente Videla, visita la República Popular China y se reúne en Pekín con el primer ministro Hua Guofeng.

OCTUBRE

3/10/1980: La Junta Militar designa al teniente general Roberto Eduardo Viola para ejercer la Presidencia de la Nación en el período comprendido entre el 29 de marzo de 1981 y el 29 de marzo de 1984.

DICIEMBRE
12/12/1980: Los cancilleres de Argentina y Chile se reúnen en el Vaticano para recibir la propuesta preparada por el Papa Juan Pablo II, en calidad de mediador por el conflicto limítrofe entre ambos países.

1981

MARZO

29/3/1981: El teniente general Roberto Eduardo Viola asume la Presidencia de la Nación.

MAYO

28/5/1981: Un informe de Amnistía Internacional denuncia la desaparición de mas de 9000 personas en los últimos 5 años.

JULIO: La Conferencia Episcopal emite un documento en el que critica el accionar de la Junta Militar.

14/7/1981: Diversas fuerzas políticas constituyen la multipartidaria.

NOVIEMBRE

9/11/1981: Primera manifestación contra el gobierno militar.

DICIEMBRE

11/12/1981: La Junta Militar destituye al general Viola y nombra en su reemplazo al general Leopoldo Fortunato Galtieri.

22/12/1981: El general Galtieri asume la Presidencia de la Nación.

1982

FEBRERO: La multipartidaria, las madres de Plaza de Mayo y distintos gremios persisten en sus reclamos por el retorno de la democracia.

MARZO

19/3/1982: En la isla San Pedro, en las Georgias del Sur, operadores transportados por un buque de la armada que debían desmantelar viejas instalaciones balleneras, izan la Bandera Nacional.

22/3/1982: Margaret Thatcher primera ministra inglesa, envía una nota de protesta al gobierno argentino.

28/3/1982: La flota de mar zarpa de Puerto Belgrano. Tropas argentinas desembarcan en las Georgias del Sur.

ABRIL

2/4/1982: Tropas argentinas desembarcan en las Malvinas y toman Puerto Stanley, rebautizado Puerto Argentino.

3/4/1982: La ONU ordena “el retiro de todas las tropas argentinas de las islas”.

10/4/1982: El Secretario de Estado estadounidense se reúne en Casa de Gobierno con Galtieri. Fracasan las negociaciones.

25/4/1982: Gran Bretaña recupera las Georgias.

MAYO

1/5/1982: Comienzan los ataques aéreos británicos a las Malvinas.

2/5/1982: El Presidente de Perú, presenta una propuesta de paz. Un submarino nuclear inglés hunde el crucero argentino “General Belgrano”.

4/5/1982: Aviones argentinos bombardean el destructor “HMS Sheffield”.

18/5/1982: Gran Bretaña rechaza otra propuesta de paz de la ONU.

21/5/1982: Los “Royal Marines” desembarcan en Malvinas y establecen una “cabeza de playa” para recuperar las islas.

28/5/1982: se libra la batalla de Goose Green.

JUNIO

3/6/1982: El canciller Nicanor Costa Méndez consiguió en La Habana el apoyo de los no alineados.

11/6/1982: Llega a Buenos Aires el Papa.

14/6/1982: El general Mario B. Menéndez firma la rendición de las fuerzas nacionales ante el general Jeremy Moore, en Puerto Argentino.

17/6/1982: el teniente general Galtieri renuncia a la Presidencia de la Nación.

JULIO

1/7/1982: El general Reynaldo Benito Bignone asume la presidencia.

DICIEMBRE: Raúl Alfonsín congrega alrededor de 25000 personas en el Luna Park proclamando la fórmula Alfonsín-Martínez.

1983

ABRIL

28/4/1983: La Junta Militar da a conocer el Acta Institucional que declara “Muertos” a todos los desaparecidos y se consideran “actos de servicio” a todo lo actuado por las fuerzas de seguridad.

MAYO

20/5/1983: Se realiza una manifestación en repudio al acta sancionada por el gobierno militar.

SEPTIEMBRE: El gobierno sanciona la ley 22.294 denominada “Pacificación nacional” que exculpa a las Fuerzas Armadas de la represión ilegal ejercida desde el golpe militar de 1976.

OCTUBRE

30/10/1983: Se realizan elecciones generales y triunfa la fórmula Alfonsín-Martínez.

NOVIEMBRE

2/11/1983: vuelve a funcionar el Congreso Nacional.

DICIEMBRE

10/12/1983: Alfonsín asume la Presidencia de la Nación.

15/12/1983: Se dispone la creación de la CONADEP.

DESARROLLO

INTRODUCCIÓN

Antecedentes al golpe de estado del 24 de marzo de 1976:

La Triple A

La Alianza Anticomunista Argentina (AAA), conocida popularmente como Triple A, fue una organización de ultraderecha, que llevó a cabo numerosos atentados contra personalidades de izquierda durante la década de 1970 en Argentina. Aunque su liderazgo era encubierto en ese momento, hoy se sabe que estuvo bajo la dirección de José López Rega, secretario personal y ministro de Juan Domingo Perón, quien la empleó para combatir los sectores de izquierda del propio movimiento peronista. López Rega era miembro de la logia masónica Propaganda Due, dirigida por Licio Gelli, Un caso similar aconteció en Italia, que durante largos años debió sufrir la despiadada acción de las formaciones fascistas, de las Brigadas Rojas y de grupos similares.

López Rega y el entonces comisario general de la Policía Federal Argentina, Alberto Villar, organizaron la Triple A durante el gobierno interino de Raúl Lastiri, en 1973. López Rega estaba al frente del Ministerio de Bienestar Social, cuyos fondos desvió para financiar la organización y el armamento del grupo paramilitar; seguiría en ese cargo durante el gobierno de Perón y, a la muerte del mismo, en el de su mujer, Isabel Martínez, sobre la cual ejercía una extraordinaria influencia basada en una compartida devoción espiritista.

El primer atentado registrado de la Triple A tuvo lugar el 21 de noviembre de 1973, cuando —como represalia por el asesinato del sindicalista conservador José Ignacio Rucci a manos de los Montoneros un mes antes— colocó una bomba en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen. El artefacto explotó y mutiló al senador, pero no logró matarlo; dos años más tarde repetirían infructuosamente el intento.

Durante los dos años siguientes, la Triple A llevó a cabo múltiples atentados, incluyendo algunos contra figuras gubernamentales, judiciales y policiales consideradas permisivas o afines a las organizaciones armadas. La CONADEP(Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) ha probado la intervención de la Triple A en 19 homicidios en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975; se sospecha además de su participación en centenares de otros. Además, las amenazas de muerte entregadas por la misma llevaron al exilio a muchos otros, incluyendo científicos como Manuel Sadosky, artistas como Héctor Alterio y políticos como José Ber Gelbard.

El general Jorge Rafael Videla, que derrocaría a Martínez de Perón poco después de la caída en desfavor y exilio de López Rega, era un simpatizante de la organización. El 19 de julio de 1975, los Granaderos descubrieron, al desmontar la sede del renunciante López Rega en el Ministerio, un arsenal de armas de guerra, incluyendo ametralladoras, granadas y fusiles de francotirador. El escándalo consecuente lo implicó, así como a Isabel, en acusaciones de corrupción por malversar fondos del gobierno.

Para el inicio del Proceso de Reorganización Nacional, la Triple A ya había sido desmantelada, y las acciones terroristas fueron llevadas a cabo en lo sucesivo por el propio gobierno.

Operativo Independencia

(ver anexos 29, 37, 34)

Se denominó Operativo Independencia al accionar del Ejército Argentino en Tucumán para combatir a la guerrilla provincial y a militantes del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo), presentes en aquellas tierras buscando crear un 'foco revolucionario' en el monte tucumano.

El operativo fue autorizado por el presidente de la Cámara de Diputados en ejercicio del Poder Ejecutivo Nacional, Ítalo Luder, ante ausencia por licencia de la presidente María Estela Martínez de Perón y en virtud de la Ley de Acefalía, disponiendo —contra las estipulaciones de la Constitución Nacional— que el comando general del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar o aniquilar el accionar de los elementos subversivos que actúan en la provincia de Tucumán (decreto del Poder Ejecutivo Nacional 261/1975). El presidente de la Cámara de Diputados, Ítalo Luder, hizo extensivo el operativo a todo el país durante su breve interludio al frente del Poder Ejecutivo Nacional, mediante los decretos 2270/1975 y 2272/1975

El Ejército utilizó el territorio de la más pequeña de las provincias argentinas para aplicar, en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, la metodología de la llamada guerra contrarrevolucionaria que habían aprendido de los militares franceses primero y de los estadounidenses después. Sus ejes centrales fueron el terrorismo, el secuestro, la desaparición de personas y los campos de concentración donde se torturó y asesinó a miles de guerrilleros. La superioridad logística y operativa del ejército, al mando del general Acdel Vilas primero, reemplazado por Antonio Domingo Bussi en diciembre de 1975, logró diezmar en pocos meses a los combatientes y quebrar los vínculos entre el ERP y los tucumanos.

El golpe de Estado

(ver anexo 17,18, 20, 38, 41)

Una Junta Militar dirigida por el comandante en jefe del Ejército, teniente general Jorge Rafael Videla, tomó el poder el 24 de marzo de 1976. La Junta Militar disolvió el Congreso, impuso la ley marcial y gobernó por decreto.

Durante los primeros meses posteriores al golpe militar se mantuvo la actividad terrorista de algunos grupos de izquierda, pero se aplacó después de que el gobierno de Videla lanzara su propia campaña terrorista contra los opositores políticos. En 1977, la Comisión Argentina de Derechos Humanos denunció ante la ONU al régimen militar, acusándolo de cometer 2.300 asesinatos políticos, unos 10.000 arrestos por causas políticas y la desaparición de entre 20.000 y 30.000 personas, muchas de las cuales fueron asesinadas y sepultadas en tumbas anónimas.

En marzo de 1981, Videla fue sucedido en la presidencia por el teniente general Roberto Viola, sustituido en diciembre del mismo año por el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Leopoldo Galtieri, cuyo gobierno consiguió el apoyo casi unánime de la ciudadanía en abril de 1982 al ocupar por la fuerza las islas Malvinas, territorio reclamado por Argentina desde 1833.

Sacudida por la represión y el terrorismo de Estado, y con una deuda externa sin precedentes, Argentina celebró, después de una década, elecciones presidenciales en octubre de 1983. El ganador fue el candidato de la Unión Cívica-Radical- (UCR)-Raúl-Alfonsín.

La última dictadura militar fue la más sanguinaria de todas. El terrorismo de Estado significó el asesinato de miles de ciudadanos. La violación sistemática de los derechos humanos dejó heridas imborrables en la sociedad, que desde 1930 había acompañado, con mayor o menor entusiasmo, todas las aventuras militares.

El régimen violó la Constitución y afectó toda la estructura jurídica del Estado. El poder militar fue totalitario y anárquico a la vez. La lucha entre facciones internas generalizó la anomia social, es decir la ausencia de ley. La guerra de las Malvinas, seguida de la humillación de una derrota, fue el detonante que posibilitó la recuperación de la democracia.

La Dictadura

El Proceso

El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 se autodenominó Proceso de Reorganización Nacional. Ese día, la presidenta constitucional María Estela Martinez de Perón fue destituida por una Junta de Comandantes en Jefe, integrada por el general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Masera y el brigadier Orlando Ramón Agosti. Los integrantes de esta Junta fueron tristemente célebres por la violación sistemática de los derechos humanos.

El Proceso de Reorganización Nacional pretendió emular la etapa histórica que culminó en 1880 con la llamada Organización Nacional. Pero, en los hechos, siguió los pasos de la Revolución Argentina y profundizó sus alcances. El régimen de 1976 disolvió todos los cuerpos legislativos y removió a todos los funcionarios, prohibió la actividad de todas las asociaciones, partidos políticos y entidades gremiales, y asumió la totalidad del poder, sin plazos preestablecidos.

El general Jorge Rafael Videla presidió el gobierno desde el inicio del golpe en 1976 hasta el 29 de marzo de1981, fecha en que lo sucedió el general Roberto Viola. La lucha facciosa dentro del régimen militar culminó con el menguado poder del general Viola en un lapso de 11 meses. El 11 de diciembre de 1981 abandonó el cargo por enfermedad, y asumió el general Leopoldo Galtieri, quien gobernó hasta junio de 1982. El último presidente militar fue el general Reinaldo Bignone, quien gobernó desde junio

de 1982 hasta el 10 de diciembre de 1983. En septiembre de 1983, antes de entregar el poder, firmó una ley de autoamnistía que fue repudiada por la opinión pública y derogada por el gobierno democrático de Raúl Alfonsín.

Entre 1976 y 1980, miles de personas fueron asesinadas en las cárceles clandestinas que el régimen organizó en todo el país. Pese a que los jefes militares reconocían haber derrotado totalmente a las organizaciones guerrilleras, la represión contra la población civil no cesó.

Para ocultar las acciones de secuestro, tortura y asesinato de ciudadanos, el régimen inventó la figura de los desaparecidos. Con este perverso eufemismo sus ideólogos sostuvieron que en lugar de víctimas había gente que se esfumaba por propia voluntad. De este modo se ejerció el más cruel terrorismo de Estado que conociera hasta ese momento la Argentina.

El propósito de los golpistas de 1976 era fundar una nueva legalidad, una nueva escala de valores y de normas sociales que redujera el exterminio del disidente político a la categoría de procedimiento político rutinario, como método fundamental de ejercicio del poder en un nuevo orden que sustituyera la discusión y la crítica abierta de lo político y lo social por la obediencia ciega, en una nueva pirámide de rígidas jerarquías coronadas por una elite integrada pro los comandantes golpistas y sus socios civiles. La muerte del opositor se transformaba en un objetivo y un horizonte político definido consciente por los jefes militares, ya que eran el fundamento constitutivo de la sociedad en la que se había suprimido el disenso. Basta para ello como prueba las palabras de Videla justificando el secuestro y desaparición, la muerte clandestina de disidentes, para evitar el impacto emocional en la opinión pública de fusilamiento a la luz del día y masivos. Que la muerte era el objetivo, eso no se discutía.

Según éste nadie en la cúpula o los escalones subalternos de la dictadura dudaba sobre la decisión de asesinar. La discusión giraba sólo sobre si las ejecuciones de disidentes debían ser públicas o secretas.

La necesidad de buscar parámetros con que juzgar históricamente esta catástrofe nos obligan a mirar a los máximos exponentes de la barbarie en el siglo XX: los fascismos europeos de entreguerras y especialmente el fenómeno nazi. Existe un sobrecogedor paralelismo entre estos objetivos y características de la dictadura militar y los regímenes fascistas europeos, especialmente con la dictadura nazi, salvando las obvias distancias de contexto y período histórico (también llama la atención la extensión geográfica del terrorismo de estado en los años setenta en el sur de América Latina, similar a la proliferación de fascismos en la Europa de entreguerras), que es desde ya un calificativo de las cualidades letales del régimen inaugurado en Argentina con el golpe de estado de marzo de 1976. Tanto en el caso del fascismo alemán como de la dictadura militar argentina, regímenes análogos en muchos sentidos, pero especialmente por compartir el mismo objetivo de refundación e ingeniería social basada en la normalización del exterminio como mecanismo de mediación social y de regulación de las relaciones entre la sociedad política -el estado- y sociedad civil; pueden rastrearse en su propia historia

esos antecedentes que precipitaron a sus respectivos pueblos en un abismo de barbarie, y mediante el genocidio produjeron una fisura irreparable en el concepto del hombre y la humanidad.

Derechos humanos:

Se denomina así a aquellos derechos “iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana” (Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, promulgada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948), que estipulan la dignidad y el valor de la persona humana, así como la igualdad de derechos de todos los seres humanos.

El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos enuncia claramente: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes”.

Terrorismo de estado:

Terrorismo de Estado significa que el monopolio de la fuerza y la portación de armas que los ciudadanos consienten en un Estado de derecho, y sostienen mediante el pago de los impuestos, para que garantice la vigencia de sus derechos individuales, se vuelve en su contra, es decir, que el terrorismo de estado comienza cuando el estado utiliza sus Fuerzas Armadas contra los ciudadanos y, controlando la totalidad de las instituciones que dependen del gobierno, los despoja de todos sus derechos fundamentales y también de la vida. El Estado se convierte en un terrorista cuando hace uso de la tortura, oculta información, crea un clima de miedo, margina al Poder Judicial, produce incertidumbre en las familias y confunde deliberadamente a la opinión pública. Frente a este Estado, los ciudadanos se sienten y realmente están totalmente indefensos y sujetos al arbitrio de la voluntad de quienes se han arrogado la autoridad. En estas condiciones, ser testigo, víctima o afectado por una acción del terrorismo de Estado crea confusión y parálisis.

MECANISMOS DEL TERRORISMO DE ESTADO

El Terrorismo de Estado se da cuando el Estado mismo se convierte en agente de terror, ya sea porque conduce un conflicto, guerra o conmoción interna sin ceñirse a las normas del "Derecho en la Guerra",

ya sea porque a través de sus estructuras, instituciones, procedimientos o prácticas, coloca bajo amenaza los valores fundamentales: vida, integridad o libertad de sus ciudadanos, creando campos ambigüos donde la seguridad o el riesgo están sometidos a la arbitrariedad, o señalando campos de riesgo no ambigüos pero inspirándose en principios irracionales o anti-éticos.

Para poder visualizar mejor los mecanismos a través de los cuales se ejerce el Terrorismo de Estado, se pueden señalar primero aquellos que se refieren a la CONDUCCION DEL CONFLICTO y luego los que se refieren a las ESTRUCTURAS, INSTITUCIONES O PRACTICAS SISTEMATICAS.

A) En la CONDUCCION DEL CONFLICTO el Estado ejerce el terrorismo al violar las normas fundamentales del "Derecho en la Guerra". Las más recurrentes de esas violaciones suelen ser:

1) La no distinción entre combatientes y no combatientes: esto lleva a tomar como "objetivo militar" o blanco de ataque o de represión a población civil no combatiente, sus zonas de residencia o de trabajo o sus medios de subsistencia.

Ordinariamente se justifican estas prácticas aduciendo que los combatientes se camuflan como población civil y con tal explicación se justifica, de paso, toda la represión que se ejerce contra organizaciones comunitarias, sociales, humanitarias y políticas que se oponen al statu quo o que se posicionan como críticas frente al mismo. Tal indiscriminación se proyecta también al campo de lo judicial/penal, confundiendo la insurgencia armada con formas de militancia política de oposición, o dándoles el mismo tratamiento, estableciendo por este camino el "delito de opinión".

Otra forma de "justificar" dicha indiscriminación es el inaceptable "principio de la responsabilidad colectiva". Según éste, las comunidades son responsables por la presencia de la insurgencia en su territorio, pues el solo hecho de tolerarla equivale a militar a su lado y por lo tanto deben ser tratadas como "combatientes".

Pero cuando las mencionadas "justificaciones" se vuelven inconfesables, se recurre al método de camuflar "post mortem" a los no combatientes como combatientes: se visten sus cadáveres con uniformes de combatientes y se pone junto a ellos armas u otros signos que los "identifiquen" como tales.

2) El trato indigno o cruel al ser humano: aún suponiendo que la represión se ejerza contra verdaderos insurgentes, el "Derecho en la Guerra" se viola también por el exceso de fuerza contra el enemigo; por la crueldad; por las destrucciones inútiles (no necesarias para obtener una ventaja militar); por el desconocimiento de la dignidad humana. Las modalidades más recurrentes son: la tortura; los tratos crueles, inhumanos

y degradantes; la desaparición forzada de personas; las ejecuciones extrajudiciales; las agresiones sexuales o afrentas al pudor; la negación de juicios justos, del ejercicio de los derechos procesales y de condiciones carcelarias humanas, cuando todas estas prácticas se legitiman como acciones o procedimientos de guerra.

Las notas esenciales -objetivas y subjetivas- del terror y del terrorismo están presentes en estas modalidades de violaciones al “Derecho en la Guerra”. En efecto, de una parte son puestos en alto riesgo o son afectados profundamente los valores humanos más fundamentales: vida, integridad o libertad, amenaza que constituye el núcleo subjetivo del terror; de otra parte, las áreas de riesgo son ambiguas y/o arbitrarias, toda vez que dichas procedimientos se ilegitiman en los campos del discurso directo (teórico, político o jurídico) y se legitiman en un tejido de prácticas que alimentan o desarrollan discursos indirectos, simbólicos o implícitos, configurando un campo objetivo de indiscriminación.

B) Pero el terrorismo de Estado tiene también EXPRESIONES MAS ESTRUCTURALES, INSTITUCIONALES Y SISTEMATICAS. Aunque dichas expresiones conservan una referencia al conflicto o a la guerra interna, afectan las estructuras y las instituciones mismas del Estado en su funcionamiento ordinario, como por ejemplo el papel de la Fuerza Pública o de la Administración de Justicia. En este nivel estructural o institucional, el Estado ejerce el Terrorismo principalmente por estos medios:

  • Ideologías o doctrinas que no son aceptadas explícitamente por los funcionarios del Estado, pero cuya adopción como guía se demuestra principalmente en la sistematicidad de acciones y procedimientos que se acomodan a sus postulados.

    • Vale mencionar en primer lugar la "IDEOLOGÍA DE SEGURIDAD NACIONAL", como cuerpo de principios para la conducción de una guerra que se proyecta a todos los campos de la acción humana; donde no cabe la neutralidad; donde el enemigo es interno y omnipresente y donde los métodos para su destrucción no deben detenerse ante obstáculos éticos o humanitarios.

    Vale también mencionar aquí las estrategias de información y comunicación que se solidifican e institucionalizan como las más decisivas formas de control social. Dichas estrategias implican lenguajes calculados que satanizan o exaltan determinadas posiciones ideológicas, políticas o sociales y, por esa vía, legitiman las modalidades de represión contra ellas. Un patente ejemplo de esto es la misma utilización de la palabra "terrorista" para referirse a los insurgentes, con todos los implícitos que conlleva dicho lenguaje y con los mensajes subliminales que transmite en orden a la legitimación de acciones o procedimientos destructivos.

    Las notas esenciales del terrorismo se revelan aquí en la ambigüedad de los lenguajes (censurados por los discursos explícitos pero avalados por los lenguajes prácticos y simbólicos y por las estrategias comunicativas), ambigüedad que se proyecta sobre los verdaderos campos del riesgo que corren los valores fundamentales de vida, integridad o libertad.

    2) El Paramilitarismo, entendido como confusión e indefinición en las fronteras entro lo civil y lo militar, ya sea por la utilización de civiles en acciones militares, ya por el accionar de los militares sub specie civili (bajo apariencia civil).

    Cuando el Paramilitarismo se erige en política de Estado, ya no solo se crean campos ambiguos de riesgo para los valores humanos fundamentales de vida, integridad o libertad, sino que el Paramilitarismo responde justamente a la estrategia de agredir esos valores ocultando o encubriendo la responsabilidad del Estado y por lo tanto facilitando al máximo el ataque indiscriminado contra la vida, la integridad o la libertad.

    Todas las discriminaciones que podrían aminorar o restringir la ambigüedad o la arbitrariedad de las áreas de riesgo, son desconocidas para el Paramilitarismo: su fin es utilizar todo el poder de facto del Estado, incluidas las garantías de impunidad, para burlar toda norma, toda ley, todo principio, en la destrucción de un enemigo cuyos perfiles define en la oscuridad.

    3) La "Justicia Sin Rostro" es otra de las formas que asume el Terrorismo de Estado, afectando esta vez principalmente el valor de la libertad. El crear un campo institucional donde el valor de la libertad pueda ser agredido con tal contundencia, de modo que en cualquier momento pueda ser asaltado desde la sombra por agresores invisibles protegidos - y muchas veces pagados- por el Estado, y donde el agredido se vea privado de las garantías procesales, le abre un espacio extremadamente amplio a la arbitrariedad como amenaza permanente a este valor y derecho humano fundamental de la libertad, eliminando numerosas barreras protectoras con que la tradición jurídica universal había salvaguardado de la arbitrariedad dicho valor.

    4) La Impunidad, sobre todo cuando se apoya en mecanismos estructurales e institucionales de la administración de justicia, constituye otra de las modalidades que asume el Terrorismo de Estado.

    Si quienes ponen permanentemente en alto riesgo los valores fundamentales de vida, integridad o libertad, gozan de la garantía de la impunidad y ésta se arraiga en mecanismos institucionales, ello equivale a avalar desde el Estado la amenaza permanente contra esos valores y, por lo tanto, a mantenerlos sitiados por un alto riesgo.

    Mecanismos como el fuero militar; como el control político de la Justicia; como la concentración de poderes discrecionales en un Fiscal General que hace depender la administración de justicia de sus opciones, ideología, intereses, solidaridades o preferencias en la persecución de solo determinadas formas de criminalidad; como la no adopción en la legislación interna de tipos y procedimientos penales internacionales que miran a proteger el núcleo esencial de la dignidad humana; como la carencia de controles o veedurías en la conducción del conflicto interno, así como los numerosísimos mecanismos "de facto" que protegen a los victimarios de toda investigación y sanción, y que mantienen el nivel de impunidad de los Crímenes de Estado en tasas muy cercanas al 100%, constituyen en lo concreto ese campo institucional y estructural de alto riesgo permanente que cerca los valores humanos de vida, integridad o libertad.

    Todos estos mecanismos que moldean la estructura o el funcionamiento de las instituciones del Estado y que colocan o mantienen en alto riesgo los valores humanos fundamentales de vida, integridad o libertad, manteniéndolos encerrados en campos de alto riesgo circundados por cercos de ambigüedad o de arbitrariedad, constituyen las expresiones más acabadas del Terrorismo de Estado en sus dimensiones estructurales, institucionales o sistemáticas.

    Toda guerra o conflicto prolongado afecta necesariamente la ecología social, o sea, esas relaciones fundamentales del ser humano con su ambiente, con su contexto, necesarias para mantener un equilibrio básico de la vida en sociedad.

    Sin embargo, una guerra o conflicto no afectaría los pilares más fundamentales de esa ecología, en la medida en que los riesgos tuvieran delimitaciones precisas: en la medida en que la lucha armada se desarrollara exclusivamente entre combatientes de uno u otro bando; en la medida en que los derechos civiles y políticos de los no combatientes conservaran vigencia; en la medida en que la justicia actuara con autonomía e imparcialidad frente a las posiciones enfrentadas. Pero, como se ha visto, una de las notas específicas del terrorismo es justamente borrar los límites; difuminar las fronteras; indiscriminar el accionar bélico para proyectarlo más allá: a las personas, objetos, lugares, actividades y posiciones no militares, con el fin de subyugar, manipular y dominar mediante el miedo intenso al conjunto social.

    Toda forma de terrorismo -el de agitación y el de coerción- afecta de esa manera, destructiva y profunda, la ecología social. Sin embargo, ambas formas de terrorismo no pueden, en última instancia, ser colocadas en pié de igualdad. En efecto, uno de los pilares de esa ecología social es justamente la relación ciudadanos/Estado en cuanto éste signifique la instancia garante de los valores sociales y derechos humanos fundamentales: vida, integridad, libertad, justicia, solidaridad y paz. Pero cuando el Estado mismo, ya sea en la manera de conducir la guerra interna, ya sea en el moldeamiento de sus instituciones o en la sistematicidad fáctica de su accionar, se convierte en agente de terror , en cuanto somete a alto riesgo, en condiciones de ambigüedad, indiscriminación y arbitrariedad, los valores humanos y sociales fundamentales, la ecología social se destruye en sus estratos y fundamentos más profundos, lo que no ocurriría si el Estado permanece como puntal de lucha ( no terrorista ) contra el terrorismo de agitación

    Doctrina o Ideología de la Seguridad Nacional:

    La (DSN) Doctrina de Seguridad Nacional considera a los propios ciudadanos de un país como posibles amenazas a la seguridad. La doctrina fue un producto del pensamiento de la guerra fría, que mantuvo al mundo dividido en dos campos antagónicos. Fue ideada por los sucesivos gobiernos de los Estados Unidos y divulgada mediante el entrenamiento de los distintos ejércitos latinoamericanos, en Panamá.

    Existía la convicción, en ciertas áreas del gobierno estadounidense, de que el bloque comunista (surgido después de la segunda guerra mundial) tenía como principal objetivo el convertirse en la única potencia mundial y reorganizar la sociedad mediante la expansión del comunismo soviético. Sobre esta base se extendió el temor de que surgieran en los países 'subdesarrollados', especialmente en América Latina, focos de resistencia comunista. Los EE.UU. tenían sus intereses latinoamericanos bien protegidos por los gobiernos dictatoriales que habían instalado en épocas anteriores. Pero con la influencia de la revolución cubana en 1959 y el creciente pensamiento comunista o socialista entre los estudiantes, por primera vez surgía la idea de que el pueblo del propio país podía constituir una amenaza a la seguridad nacional.

    Empleando esta doctrina los Estados Unidos consiguen unificar el accionar de las distintas dictaduras genocidas latinoamericanas, instaladas por la CIA, como la de Augusto Pinochet (en Chile), Alfredo Stroessner en (Paraguay), Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri (en Argentina, 1976-1983, con 30.000 desaparecidos), el general Banzer (en Bolivia, 1971-1978), la dinastía de los Somozas (en Nicaragua), El Salvador durante sus más sangrientos años de guerra civil. Para implementar la doctrina, los Estados Unidos instalaron la Escuela de las Américas en Panamá. En esta escuela, eran instruidos oficiales latinoamericanos sobre las técnicas de tortura psicofísica para la obtención y elaboración de informes y para el control y la manipulación del comportamiento de los prisioneros y de la población. La idea fue de impulsar el equilibrio político en América Latina. Allí, durante casi cuarenta años, las técnicas más salvajes de interrogación fueron enseñadas a militares sudamericanos, quienes eran los encargados de efectuar el trabajo sucio de contrainsurrección.

    La doctrina llega a formar una parte importante de la ideología de las fuerzas armadas en América Latina, quienes por primera vez extienden su papel de defensores de las fronteras nacionales con la defensa contra el propio pueblo. Además la doctrina propaga una visión amplia del enemigo: no sólo se

    consideran terroristas insurgentes a las personas con armas como bombas o revólveres, sino también a las personas que propagan ideas en contra del concepto de la sociedad nacional que tiene el gobierno. Cuando se interpreta al enemigo insurgente de tal manera, se puede fácilmente ordenar a todo el mundo bajo esta definición, según conviene por otros motivos. Además, los insurgentes son considerados subversivos, traidores a la patria y por consiguiente no se los ve como sujetos de derecho sino como seres viles, animales o fuentes de maldad. Por esto la doctrina justifica utilizar los métodos más atroces para tratar y eliminar al enemigo.

    Tiene dos vertientes, la primera de origen norteamericano y la segunda, de origen francés con la lección aprendida por el General D'Allegret tras las derrotas en las guerras de independencia de Indochina y Argelia. Es conveniente añadir que en Argentina, uno de los precursores de la doctrina de la seguridad nacional fue el plan CONINTES, sancionado en 1954, y funcionando en el gobierno de Arturo Frondizi. La sigla significa CONMOCIÓN INTERNA DEL ESTADO y consistía en poner a las FF. AA y de seguridad a disposición de la represión interna. Durante la dictadura genocida de 1976-1983, los oficiales conocían dicha norma, pero paradójicamente "ignoraban" que fueran parte de la Doctrina de Seguridad Nacional.

    Operación Cóndor:

    En la década de 1970, los gobiernos militares de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil se unieron para desarrollar "una estrategia común frente al comunismo", y como parte de un plan continental que lideraba Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

    El programa de seguridad tenía como objetivo eliminar actividades de disidentes, centralizar información de inteligencia, coordinar la vigilancia de fronteras, y realizar operaciones conjuntas. En este sentido se crearon grupos de tareas que operaban dentro de todo el territorio del hemisferio Sur del continente con actividades tales como espionaje, secuestros, y asesinatos de activistas y opositores.

    La unión de las dictaduras de Sudamérica confeccionó así un plan militar secreto para globalizar su sistema punitorio con colaboración de agencias de inteligencia y seguridad de Estados Unidos. La globalización de aquel sistema de seguridad, en sintonía con la teoría contemporánea de la "guerra de baja intensidad" y la doctrina de Seguridad Nacional, devino en un terrorismo de Estado globalizado.

    El primer paso para lanzar el Plan Cóndor fue definir al enemigo interno: el comunismo. Sobre una estructura de seudo legalidad los dictadores sudamericanos relegaron las constituciones nacionales de sus respectivos países a los objetivos y fines de sus gobiernos autoritarios

    “MODUS OPERANDI” DEL TERRORISMO DE ESTADO EN ARGENTINA:

    A- EL SECUESTRO DE PERSONAS

    La metodología empleada fue ensayada por los militares desde antes de asumir el gobierno (Operativo «Independencia» en Tucumán). Se distingue de los métodos empleados en otros países por la total clandestinidad en que se obraba; la detención de personas seguida de su desaparición y la pertinaz negativa oficial a reconocer la responsabilidad de los organismos intervinientes. Su período de aplicación es prolongado, abarca a toda la Nación y no se limita a los grandes centros urbanos.

    Incursión de los secuestradores en los domicilios.
    (ver anexo 1 y 2)

    Con la intempestiva irrupción del grupo a cargo del secuestro comenzaba el primer acto del drama que envolvería tanto a las víctimas directas como a los familiares afectados. Dentro de la metodología del secuestro como forma de detención, los operativos se realizaban a altas horas de la noche o de la madrugada, generalmente en días cercanos al fin de semana, asegurándose así un lapso antes de que los familiares pudieran actuar.

    Generalmente, en el domicilio irrumpía un grupo de tareas integrado por cinco o seis individuos. A veces intervenían varios grupos, alcanzando hasta 50 personas en algunos casos especiales.**********

    Los integrantes del grupo de tareas iban siempre provistos de un voluminoso arsenal, absolutamente desproporcionado respecto de la supuesta peligrosidad de sus víctimas. Con armas cortas y largas amedrentaban tanto a éstas como a sus familiares y vecinos. Previo al arribo del grupo de tareas (o “patota”), solía producirse en algunos casos el “apagón” o corte del suministro eléctrico en la zona en que se iba a realizar el operativo. 

    La cantidad de vehículos que intervenían variaba, ya que en algunos casos empleaban varios autos particulares (generalmente sin chapa patente); en otros contaban con el apoyo de fuerzas regulares, las que podían estar uniformadas, en camiones o camionetas identificables como pertenecientes a alguna de las tres fuerzas y, en algunos casos, helicópteros que sobrevolaban la zona del domicilio de las víctimas.

    La intimidación y el terror no sólo apuntaban a inmovilizar a las víctimas en su capacidad de respuesta ante la agresión. Estaban dirigidos también a lograr el mismo propósito entre el vecindario. Así, en muchos casos, se interrumpió el tráfico, se cortó el suministro eléctrico, se utilizaron megáfonos, reflectores, bombas, granadas, en desproporción con las necesidades del operativo.

    Las “patotas” efectuaban los operativos de secuestro a cara descubierta. En la Capital Federal y en otros grandes centros urbanos, su anonimato estaba garantizado por los millones de rostros de la ciudad.

    En las provincias, donde su identificación era más probable dado que alguno de los secuestradores podía ser vecino de la víctima, debían disimular sus facciones. Es así que se presentaban usando pasamontañas, capuchas, pelucas, bigotes postizos, anteojos, etc.

    En el único lugar donde esta regla no se cumplió totalmente fue en la provincia de Tucumán, donde el aparato represor actuaba con la mayor impunidad, y la población se hallaba más indefensa y expuesta a su acción.

    Luz verde (o Area Liberada) (ver anexo3)

    Cuando la «patota» o «Grupo de Tareas» debía efectuar un operativo, llevaba el permiso de «LUZ VERDE». De esta manera, si algún vecino o encargado del edificio se ponía en contacto con la seccional de policía mas próxima o con el coman do radioeléctrico pidiendo su intervención se le informaba que estaban al tanto del mismo pero que no podían actuar.

    Para trasponer una jurisdicción policial, las fuerzas operantes debían pedir la «luz verde», lo cual hacían mediante el uso del radiotransmisor, o bien estacionando unos minutos frente a la respectiva comisaría o, incluso, al propio Departamento Central.

    Secuestros en presencia de niños
    (ver anexo 4)

    Cuando había niños en la familia que era “chupada”, la represión procedió de distintas maneras:

    1) Niños dejados en la casa de algún vecino para que éste se hiciera cargo, hasta tanto llegara algún familiar de la víctima.

    2) Niños derivados a Institutos de Menores, que los entregaban a familiares o los cedían en adopción.

    3) Secuestro de los niños para su posterior adopción por algún represor.

    4) Entrega directa del niño a familiares de la víctima, lo que en muchos casos se hizo con el mismo vehículo que transportaba a la madre.

    5) Dejarlo librado a su suerte, en el domicilio donde aprehendían ilegalmente a los padres.

    ó) Trasladarlos al mismo Centro Clandestino de Detención, donde presenciaban las torturas a que eran sometidos sus padres, o eran ellos mismos torturados en presencia de éstos.

    Rehenes y “ratonera”
    (ver Anexo 5 y 6)

    En los casos que los efectivos intervinientes no encontraban a la víctima en su domicilio se armaba lo que denominaban una «ratonera», permaneciendo en su casa hasta que éste cayera en la trampa.

    En tales situaciones, el operativo de secuestro o «chupada» se extendía varias horas o días, renovando las guardias. En todos los casos los familiares eran tomados como rehenes, siendo sometidos a brutales presiones y atropellos. Los secuestradores usaban todo lo que podían para proveerse de comidas y bebidas. A esto se sumaba naturalmente la requisa del inmueble y el posterior y casi seguro saqueo de los bienes

    Si accidentalmente alguien se hacía presente en el domicilio, era también retenido en calidad de rehén. En el caso de que la víctima principal no apareciera, los secuestradores podían llevarse a su objetivo secundario (parientes o moradores de la vivienda).

    El botín de guerra
    (ver anexo 7)

    Los robos perpetrados en los domicilios de los secuestrados eran considerados por las fuerzas intervinientes como “B0TÍN DE GUERRA”. Estos saqueos eran efectuados generalmente durante el operativo de secuestro, pero a menudo formaban parte de un operativo posterior, en el que otra “patota” se hacía cargo de los bienes de las víctimas. Esto configuraba un trabajo “en equipo”, con división de tareas bajo un mando unificado.

    También en estos casos la seccional de policía correspondiente había sido advertida para que no interviniera ni recibiera las correspondientes denuncias de secuestro y robo. Si bien el saqueo implica un beneficio económico para los integrantes de la “patota” y sus mandos superiores, otra de las motivaciones era el “castigar” a los familiares de los desaparecidos, extendiendo de esta manera el terror.

    Conclusión del operativo secuestro
    (ver anexo 8)

    Con el traslado del secuestrado al CCD finaliza el primer eslabón de un tenebroso periplo. Amenazados y maniatados, se los ubicaba en el piso del asiento posterior del vehículo o en el baúl, sumando al pánico la sensación de encierro y muerte. Se procuraba así que el terror no se extendiera más allá de la zona donde se desarrollaba el operativo. 

    B- LAS TORTURAS IMPLEMENTADAS

    (ver anexo 9)

    Los Centros Clandestinos de Detención fueron concebidos, entre otras cosas, para poder practicar la tortura impunemente.

    La existencia y generalización de las prácticas de tortura sobrecoge por la imaginación puesta en juego, por la personalidad de sus ejecutores y de quienes la avalaron y emplearon como medio.

    La tortura

    Los C.C.D. fueron ante todo centros de tortura, contando para ello con personal “especializado” y ámbitos acondicionados a tal fin, llamados eufemísticamente “quirófanos”, y toda una gama de implementos utilizados en las distintas técnicas de tormento.

    Las primeras sesiones de tortura tenían por objeto el “ablande” del recién llegado y estaban a cargo de personal indistinto.

    Una vez establecido que el detenido podía proporcionar alguna información de interés, comenzaban las sesiones a cargo de interrogadores especiales.

    Es decir, que ni siquiera se efectuaba una previa evaluación tendiente a merituar si la persona a secuestrarse poseía realmente elementos de alguna significación para sus captores.

    A causa de esta metodología indiscriminada, fueron aprehendidos y torturados tanto miembros de los grupos armados, como sus familiares, amigos o compañeros de estudio o trabajo, militantes de partidos políticos, sacerdotes o laicos comprometidos con los problemas de los humildes, activistas estudiantiles, sindicalistas, dirigentes barriales y - en un insólitamente elevado número de casos- personas sin ningún tipo de práctica gremial o política.

    Bastaba figurar en una agenda de teléfonos para pasar inmediatamente a ser blanco de los “Grupos de Trabajo”.

    C-CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN (C.C.D.)

    Los centros de detención, que en número aproximado de 340 existieron en toda la extensión de nuestro territorio, constituyeron el presupuesto material indispensable de la política de desaparición de personas. Por allí pasaron millares de hombres y mujeres, ilegítimamente privados de su libertad, en estadías que muchas veces se extendieron por años o de las que nunca retornaron. Allí vivieron su «desaparición» ; allí estaban cuando las autoridades respondían negativamente a los pedidos de informes en los recursos de habeas corpus; allí transcurrieron sus días a merced de otros hombres de mentes trastornadas por la práctica de la tortura y el exterminio, mientras las autoridades militares que frecuentaban esos centros respondían a la opinión publica nacional e internacional afirmando que los desaparecidos estaban en el exterior, o que habrían sido víctimas de ajustes de cuentas entre ellos. (Manifestaciones de este tenor se encuentran entre las respuestas del Gobierno de Facto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la O.E.A. -ver «Informe sobre la situación de los Derechos Humanas, en Argentina»1980.)

    Las características edilicias de estos centros, la vida cotidiana en su interior, revelan que fueron concebidos antes que para la lisa y llana supresión física de las víctimas para someterlas a un minucioso y planificado despojo de los atributos propios de cualquier ser humano.

    Poder ingresar a ellos significó en todos los casos DEJAR DE SER, para lo cual se intentó desestructurar la identidad de los cautivos, se alteraron sus referentes tiempo-espaciales. De esta forma se atormentaron sus cuerpos y espíritus más allá de lo imaginado.Estos centros sólo fueron clandestinos para la opinión pública y familiares o allegados de las víctimas, por cuanto las autoridades negaban sistemáticamente toda información sobre el destino de los secuestrados a los requerimientos judiciales y de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Pero va de suyo que su existencia y funcionamiento fueron sólo posibles merced al empleo de recursos financieros y humanos del Estado y que, desde las más altas autoridades militares hasta cada uno de los miembros de las Fuerzas de Seguridad que formó parte de este esquema represivo hicieron de estos centros su base fundamental de operaciones.************************************************************

    Esta realidad fue permanentemente negada, valiéndose el Gobierno Militar, también para ello, del control abusivo que ejercía sobre los medios de comunicación masiva, puestos al servicio de la confusión y desinformación de la opinión publica.*******************************************

    Posteriormente, durante las incidencias bélicas de la guerra austral, se advertiría - ya sin duda alguna - hasta qué punto el ocultamiento de la verdad y la falsedad informativa eran esenciales a los actos más trascendentes de la gestión militar y gubernamental desarrollada entre 1975 y 1983.

    Jorge Rafael Videla dijo al respecto el 22 de diciembre de 1977 a la revista “Gente”:

    «Yo niego rotundamente que existan en la Argentina campos de concentración o detenidos en establecimientos militares más allá del tiempo indispensable para indagar a una persona capturada en un procedimiento y antes de pasar a un establecimiento carcelario»**************************

    Roberto Viola referido al mismo tema el 7 de septiembre de 1978:*******************

    «No hay detenidos políticos en la República Argentina, excepto algunas personas que podrían estar involucradas en las actas institucionales, que están realmente detenidas por su labor política. No hay detenidos por ser meramente políticos o por no compartir las ideas que sustenta el Gobierno»


    Desde las más altas esferas del gobierno militar se intentaba presentar al mundo una situación de máxima legalidad. Desconociendo todo límite normativo - aun la excepcional legislación de facto - la dictadura mantuvo una estructura clandestina y paralela. Negada categóricamente al principio, luego - ante la masa de evidencias producto de denuncias realizadas por familiares y testimonios de secuestrados que recuperaron la libertad - debió ser admitida, aunque con argumentos mendaces.

    Luciano Benjamín Menéndez dijo al respecto el 15 de marzo de 1984 a la revista “Gente”:

    «...La Perla, ¿existió? Sí, era un lugar de reunión de detenidos, no una cárcel clandestina... los subversivos estaban ahí más al resguardo de sus pares...»

    Por un lado, las cárceles se poblaban de detenidos políticos, a quienes se intentaba presentar como delincuentes comunes, evitando reconocer que la persecución ideológica alcanzaba niveles inéditos hasta entonces en nuestro país. Esta estructura legal, no obstante, estaba íntimamente relacionada con la otra, la de la oscuridad y la muerte, donde miles de desaparecidos sufrían sin la menor posibilidad de protección.

    Así, después de transcurridos dilatados períodos en detenciones clandestinas, muchos liberados verían oficializados sus secuestros por el ingreso a establecimientos penales públicos o a comisarías.

    A la inversa, detenidos en establecimientos penales oficiales fueron secuestrados y muchos de ellos están desaparecidos a la fecha. 

    Emplazamiento de los centros clandestinos de detención.**********************************

    En cuanto a su construcción, fueron en algunos casos dependencias que ya funcionaban anteriormente como sitios de detención. En otros, se trato de locales civiles, dependencias policiales e, inclusive, asentamientos de las mismas Fuerzas Armadas, acondicionados ex profeso para funcionar como C.C.D. Todos ellos estaban supeditados a la autoridad militar con jurisdicción sobre cada área. ********

    Dependencias militares como la Escuela de Mecánica de la Armada, en Capital Federal; La Perla en Córdoba; Liceo Militar de Mendoza y Campo de Mayo son ejemplos al respecto. ****************

    Los que con mayor frecuencia fueron utilizados como campos de concentración fueron los destacamentos y comisarías. Es el caso del I Cuerpo de Ejército, dado que - a pesar de que existen**** testimonios de que por allí pasaron algunas personas desaparecidas - , en la mayoría de los casos mantuvo, entre 1976 y 1979, a sus detenidos en locales bajo control de la Policía Federal y de la Provincia de Buenos Aires. Estos centros son: COT I Martínez, Puesto Vasco, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Brigada de Investigaciones de La Plata, Arana, Atlético, Banco, Olimpo, Monte Pelone, El Vesubio o Automotores Orletti, todos dentro de su área operacional

    Los denominados LT (Lugar Transitorio de Detención) por las fuerzas armadas y de seguridad fueron centros que servían como primera instancia de interrogatorio, en los cuales se decidía si el secuestrado era liberado o trasladado a un LD (Lugar Definitivo).****************************************
    Cuando se trató de dependencias hasta entonces utilizadas para detenidos comunes, ante la brusca afluencia de personas llevadas por las patotas, las condiciones de encierro se vieron agravadas, transformándose así esos lugares en verdaderos infiernos.

    Condiciones de vida en los Centros de Detención

    La “desaparición” comenzaba con el ingreso a estos centros mediante la supresión de todo nexo con el exterior. De ahí la denominación de “Pozos” conferida a muchos de estos antros en la jerga represiva.

    No se trataba solamente de la privación de libertad no comunicada oficialmente, sino de una siniestra modalidad de cautiverio, que trasladaba la vida cotidiana a los confines más subterráneos de la crueldad y la locura.

    Tabicamiento
    (ver anexo 10)

    El secuestrado arribaba encapuchado -“tabicado” - , situación en la que permanecería durante toda su estadía en el lugar. Ello perseguía hacerle perder la noción de espacio, con lo que se lo privaba no solamente del mundo exterior al «Pozo» sino también de toda externidad inmediata, más allá de su propio cuerpo.***********************************************************************

    La víctima podía ser agredida en cualquier momento sin posibilidad alguna de defenderse. Debía aprender un nuevo código de señales, ruidos y olores para adivinar si estaba en peligro o si la situación se distendía.

    El "traslado" era considerado sinónimo de exterminio.

    A cada prisionero se le asignaba un número

    En los C.C.D. se utilizaron números para la identificación de los prisioneros. A veces precedidos de letras como otra forma de suprimir la identidad a los secuestrados. Se les ordenaba, ni bien ingresaban, que recordasen esa numeración porque con ella serían llamados de allí en adelante, sea para hacer uso del baño, para ser torturados o para trasladarlos. Esta mecánica obedecía, además de constituir una forma más de hacer perder la identidad al secuestrado, a la necesidad de que nadie - aun guardias o carceleros - conociera la identidad del prisionero, para evitar que trascendiera al exterior el nombre de los cautivos.

    Personal

    En la mayoría de los casos, los conscriptos eran mantenidos al margen de la actividad del C.C.D. Una excepción serían los Centros de Formosa y Base Aérea El Palomar, donde se obligó a algunos de ellos a integrarse al funcionamiento del campo. Tampoco participaba la totalidad del personal militar o de seguridad. La consigna fue mantener a los C.C.D. aislados, como estructura secreta. El personal destinado a efectuar guardias en tales centros estuvo compuesto por efectivos de la Gendarmería Nacional, del Sistema Penitenciario Federal o de la policía, siempre al mando de oficiales FF.AA. M. Este personal de guardia no era el que generalmente torturaba en los interrogatorios sistemáticos destinados a obtener información

    La alimentación

    La escasez y calidad de las comidas constituían otra forma de tormento. Se alimentaba a los detenidos - según el lugar - una o dos veces al día. En muchas ocasiones transcurrieron varios días sin que se les proporcionase alimento alguno. En otras se les sirvió agua con harina o con vísceras de animales crudas. Generalmente, las raciones apenas alcanzaban, y quienes pretendían dar parte de la suya a alguien en peor estado eran severamente castigados. La solidaridad estaba prohíbida.***************

    A pesar de esto, el momento de alimentarse era esperado con ansias, ya que significaba no sólo comer, sino también la posibilidad de levantarse la capucha y - eventualmente - ponerse en contacto con otra persona, aunque la conversación entre detenidos estaba penada con brutales castigos

    Estado sanitario

    El durísimo sistema empleado agravaba las enfermedades que se padecían con anterioridad al secuestro y agregaba otras como producto de las quemaduras, derrames e infecciones. A muchas mujeres se les suspendían los ciclos menstruales en razón de las condiciones de vida que se les imponía con propósito de destruir la individualidad de los secuestrados. La precariedad e indigencia sanitarias adquirían sus ribetes más dramáticos en el caso de las mujeres que dieron a luz en cautiverio

    La higiene

    Los detenidos debían solicitar permiso a los guardias, quienes esperaban que fuesen muchos los que levantaran la mano para permitirles ir al baño no más de dos veces al día. Eran conducidos en «trencito» , tomados de la cintura o los hombros del de adelante, ya que no les retiraban la capucha. Esto se repitió en casi todos los campos con mucha similitud, y era uno de los momentos en que los guardias aprovechaban para satisfacer impulsos sádicos, golpeando indiscriminadamente a los detenidos. Estos, fuesen hombres o mujeres, debían ducharse o atender sus necesidades fisiológicas a la vista de sus carceleros. En algunos campos se bañaban los detenidos en grupo con una manguera, siempre encapuchados.

    Traslados

    En un elevado número de centros de detención la palabra «traslado» era asociada a la idea de muerte. Los «traslados» eran vividos por los detenidos con horror y esperanza al mismo tiempo. Se les decía que serían llevados a otros centros o granjas de «recuperación», con la intención de evitar que se resistieran. Ignoraban hacia dónde serían conducidos, si a otro establecimiento o a la muerte, lo cual generaba un miedo continúo y profundo. Para los «traslados» , los detenidos eran generalmente despojados de sus ropas y escasas pertenencias, que luego eran incineradas. A veces se los inyectaba para adormecerlos. Se intentaba serenarlos dándoles esperanzas de una remota posibilidad de vida, sentimiento que asomaba con fuerza inusitada por el mismo hecho de estar rodeados de muerte y horror. 

    Estos detenidos, días antes de ser fusilados, recibían mejor alimentación, se los hacía higienizar y eran obligados a bañarse, porque hubiera sido difícil de explicar a la opinión pública la aparición de «extremistas abatidos en enfrentamientos» con cadáveres flacos, torturados, barbudos o andrajosos.

    Esto constituía una crueldad sin calificativos, ya que incrementaba las esperanzas de vida en el individuo, cuando el destino real era la muerte

    Antisemitismo

    En declaraciones a la prensa hechas en octubre de 1981, el entonces Ministro del Interior Albano Jorge Harguindeguy negó que el gobierno de la Junta Militar practicara el antisemitismo, aunque admitió que era «imposible controlar a todo el personal (refiriéndose a las fuerzas represivas) entre el cual puede haber; como en cualquier lugar del mundo; algún sádico o enfermo mental» (Crónica 10-1-1981).

    Según R. Peregrino Fernández, oficial de la Policía Federal y miembro del grupo de colaboradores del Ministro Harguindeguy, se conoce que:

    «Villar (Alberto, luego Jefe de la Policía Federal) y Veyra Jorge Mario, Principal de la Policía Federal) cumpían las funciones de ideólogos: indicaban literatura y comentaban obras de Adolf Hitler y otros autores nazis y fascistas».

    Esta ideología llevó a una especial brutalidad en el trato de los prisioneros de origen judío.

    El antisemitismo se presentaba como contrapartida de una deformación de «lo cristiano» en particular y de «lo religioso» en general. Esto no era otra cosa que una forma de encubrir la persecución política e ideológica.

    La defensa de Dios y los valores cristianos fue una motivación ideológica simple para que pueda ser entendida por los represores, hasta en sus más bajos niveles organizativos y culturales. Esta necesaria identificación se hacía para forjar en todo el personal represivo «una moral de combate» y un objetivo tranquilizador de sus conciencias, sin tener la obligación de profundizar las causas y los fines reales por los cuales se perseguía y castigaba, no só1o a una minoría terrorista, sino también a las distintas expresiones políticas, sociales, religiosas, económicas y culturales.

    El antisemitismo vino a ser una manifestación más de los grupos represores, dentro de toda una visión totalitaria que el régimen imperante tenía respecto de la sociedad.

    Colaboración de prisioneros

    En la mayoría de los grandes centros de detención las autoridades lograron obtener mediante la tortura, distintas formas de colaboración de parte de algunos detenidos. Crearon con ellos grupos que, a modo de cuerpos auxiliares, cumplieron actividades de mantenimiento y administración de los C.C.D., o bien, en mucho menor grado, participaron en tareas más directamente comprometidas con la represión. Así muchos de estos últimos salían a «lanchear» - que en jerga represiva significa recorrer la ciudad con sus captores para identificar en la vía pública a otros miembros de su grupo político, habiéndose denunciado casos de integrantes de dichos grupos que llegaron a intervenir directamente en la aplicación de tormentos a otros detenidos. El proceso de destrucción de la personalidad, uno de los grandes objetivos del sistema de los C.C.D., determinó que en algunos establecimientos (p. ej. C.C.D. Vesubio) sus autoridades denominaran a las dependencias destinadas al alojamiento de los pertenecientes al consejo, sala «Q» , es decir sala de «quebrados» , los que eran exhibidos ante sus superiores como verdaderos trofeos. Si bien «las víctimas recibían por lo general un mejor trato que el resto de la población de los C.C.D., permitiéndoseles a veces visitar a sus familiares y mantener contacto telefónico con ellos, son muchos de ellos los que engruesan en la actualidad las nóminas de personas desaparecidas.

    D. DESCRIPCIÓN DE LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN

    Se pueden establecer dos grandes categorías de centros clandestinos de detención que existieron durante la dictadura militar argentina.

    Según la clasificación utilizada por las Fuerzas Armadas, en la mayor parte de las zonas del país hubo:

    Lugar de Detención de Detenidos: (LRD). Centros donde los detenidos eran mantenidos en general por períodos considerables de tiempo hasta que se decidía su destino definitivo.**********************

    Lugar transitorio: (LT) El tiempo de detención era - salvo excepción - corto. A estos lugares el detenido llegaba inmediatamente después del secuestro o, así se determinaba, en el periodo previo a su liberación o a su puesta a disposición del Poder Ejecutivo Nacional.

    Listado de los Centros Clandestinos de Detención

    Alcaidía (Resistencia, Chaco)

    Arsenal Naval (Zárate, Bs.As.)

    Automotores Orletti (Capital Federal)

    Base Aérea Mar del Plata (Bs.As.)

    Base Aeronaval Cte. Espora (Bahía Blanca)

    Base Naval de Punta Indio (Magdalena, Bs.As.)

    Base Naval Mar del Plata (Bs.As.)

    Batallón Comunicaciones Comando 121 (Rosario, Santa Fe)

    Batallón de Infantería de Marina N° 3 (Ensenada, Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones 2da. (Lanús, Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones (San Justo, Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones (San Nicolás, Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones Policía de Buenos Aires (Las FLores, Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones de Resistencia (Chaco)

    Brigada de Investigaciones de San Justo (Bs.As.)

    Brigada de San Nicolás (Bs.As.)

    Brigada de Investigaciones Policía de Santa Fé (Santa Fé )

    Campo de Mayo (Bs.As.)

    Campo Hípico de Goya (Corrientes)

    Cárcel de Encausados (Córdoba)

    Cárcel Villa Floresta (Villa Floresta - Bahía Blanca)

    Casa de Hidráulica / Dique San Roque (Córdoba)

    Casa del Cilindro (Bs.As.)

    Club Atlético (Capital Federal)

    Comando Radioeléctrico Policía de Tucumán (San Miguel de Tucumán)

    Comisaría 1a. (Capital Federal)

    Comisaría 1a. (Posadas, Misiones) 

    Comisaría 1a. (Quilmes - Bs.As)

    Comisaría 1a. (San Martín, Bs.As.)

    Comisaría 2a. (La Matanza, Bs.As.)

    Comisaría 3a. (Castelar, Bs.As.)

    Comisaría 4a. (Avellaneda, Bs.As.)

    Comisaría 4a. (Mar del Plata, Bs.As.)

    Comisaría 4a (Santa Fé )

    Comisaría 5a. (La Plata, Bs.As.)

    Comisaría 6a. (Capital Federal)

    Comisaría 8a. (La Plata, Bs.As.)

    Comisaría 18a. (Capital Federal)

    Comisaría de Adrogué (Bs.As.)

    Comisaría de Burzaco (Bs.As.)

    Comisaría de Cañuelas (Bs.As.)

    Comisaría de Goya (Corrientes)

    Comisaría de Monte Grande (Bs.As.)

    Comisaría de Monteros (Tucumán)

    Comisaría de Tigre (Tigre, Bs.As.)

    Comisaría de Trenque Lauquen (Bs.As.)

    Comisaría de Villa Martelli (Bs.As.)

    Comisaría de Zárate (Bs.As.)

    Comisaría Unquillo (Córdoba)

    Compañía de Arsenales Miguel de Azcuénaga (Tucumán)

    Compañía de Comunicaciones de Montaña N° 8 (Mendoza)

    Conventillos de Fronterita (Tucumán)

    C.0.T. I Martínez / Centro de operaciones tácticas (Bs.As.)

    Cuartel Central de Bomberos (Mar del Plata, Bs.As.)

    Cuartel de Bomberos (San Miguel de Tucumán)

    D-2 Policía de Misiones (Posadas, Misiones)

    Delegación Policía Federal (Azul, Bs.As.)

    Delegación Policía Federal (Corrientes)

    Delegación Policía Federal (Posadas, Misiones)

    Delegación Policía Federal (Neuquen)

    Delegación Policía Federal (San Luis)

    Delegación Policía Federal (Santiago del Estero)

    Delegación SIDE (Santiago del Estero)

    Departamento de Policía de La Rioja (La Rioja)

    Destacamento Caminero (Pilar - Río Segundo, Córdoba)

    Destacamento Policía de Batán (Bs.As.)

    Destacamento Policial / La Escuelita (Formosa)

    División Informaciones (D2) Policía de Córdoba (Córdoba)

    El Atlético (Capital Federal) 

    El Banco (Bs.As.)

    El Campito / Los Tordos  (Bs.As.)

    El Chalecito (Mendoza) 

    El Embudo (Dique San Roque, Córdoba)

    El Motel (Tucumán)

    El Olimpo (Capital Federal)

    El Reformatorio  (Tucumán)

    El Refugio (Tunuyán, Mendoza)

    El Tolueno (Campana, Bs.As.)

    El Vesubio (Bs.As.)

    Escuadrón de Gendarmería Alto Uruguay (Posadas, Misiones)

    Escuela de Educación Física (San Miguel de Tucumán)

    Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (Mar del Plata, Bs.As.)

    Escuela República del Perú (San Miguel de Tucumán)

    Escuelita de Famaillá (Tucumán)

    Escuelita para mudos (Posadas, Misiones)

    ESMA - Escuela de Mecánica de la Armada (Capital Federal)

    Ex Ingenio Lules (Tucumán)

    Fábrica de Armas de Rosario (Santa Fé)

    Fábrica Militar de Armas "Domingo Matheu" (Rosario, Santa Fé)

    GADA E 101 - Ciudadela (Bs.As.)

    Garage Azopardo (Capital Federal)

    Grupo de Artillería Defensa Aérea 101 (Bs.As.)

    Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fé (Santa Fé )

    Guardia de Seguridad de Infantería (La Plata, Bs.As.)

    Guerrero (Jujuy)

    Hípico (Goya - Corrientes)

    Hospital Aeronáutico (Capital Federal)

    Hospital Militar (Córdoba)

    Hospital Militar Central (Capital Federal)

    Hospital Militar de Campo de Mayo (Bs.As.)

    Hospital Posadas (Bs.As.)

    Ingenio Bella Vista (Tucumán)

    Ingenio Nueva Baviera (Tucumán)

    Instituto Penal de las Fuerzas Armadas (Magdalena, Bs.As.)

    Jefatura Central de Policía (Tucumán)

    Jefatura de Policía (D2) (Mendoza)

    Jefatura de Policía (S.S. de Jujuy)

    Jefatura de Policía Tucumán (San Miguel de Tucumán)

    La Cacha (Bs.As.)

    La Calesita (Bs.As.)

    La Casita / Las Casitas (Campo de Mayo - Bs.As.)

    La Casona (Bs.As.)

    La Escuelita (Neuquén)

    La Escuelita (Villa Floresta - Bahía Blanca)

    La Huerta (Tandil - Bs.As.)

    La Penitenciaría (Mendoza)

    La Perla / La Universidad (Córdoba)

    La Ribera / Prisión Militar de Encausados (Córdoba)

    Liceo Militar General Espejo (Mendoza) 

    Logístico 10 (Bs.As.)

    Los Conventillos de Fronterita (Ingenio Fronterita)

    Los Plátanos (Bs.As.)

    Malagueño o Perla Chica (Córdoba) 

    Mansión Seré / Quinta Seré / Atila (Bs.As.)

    Matadero Municipal (Corrientes)

    Monte Pelone (Bs.As.)

    Palacio Policial (D-2) (Mendoza)

    Penitenciaría (S.S. de Jujuy) 

    Penitenciaría de Chimbas (Chimbas, San Juan)

    Penitenciaría de Mendoza (Mendoza)

    Pozo de Arana (Bs.As.)

    Pozo de Bánfield (Bs.As.)

    Pozo de Quilmes o Chupadero Malvinas (Bs.As.)

    Prefectura de Zárate (Zárate, Bs.As.)

    Prisión Militar de Encausados (Campo de Mayo, Buenos Aires)

    Puesto Vasco (Bs.As.)

    Regimiento de Caballería de Tanques 6 (Entre Ríos)

    Regimiento de Infantería 1 (Capital Federal) 

    Regimiento N° 29 de Infantería de Monte (Formosa)

    Regimiento de Infantería N° 9 (Corrientes)

    Sección E de la Penitenciaria de Villa Urquiza (San Miguel de Tucumán)

    Seccional de Policía N° 7 (Godoy Cruz, Mendoza)

    Seccional de Policía N° 25 (Villa Nueva Gaymallén, Mendoza)

    Servicio de Informaciones Policía de Santa Fé (Rosario, Santa Fe)

    VII Brigada Aérea de Castelar (Bs.As.)

    VII Brigada Aérea de Morón (Bs.As.)

    Sheraton (Bs.As.)

    Subcomisaría de Rafael Calzada (Bs.As.)

    Subcomisaría Salsipuedes (Córdoba)

    Subprefectura de Tigre (Bs.As.)

    Superintendencia de Seguridad Federal (Capital Federal)

    Unidad Penitenciaria Buen Pastor (Córdoba)

    Unidad Penitenciaria N° 1 (Córdoba)

    Unidad Penitenciaria N° 9 (La Plata, Bs.As.)

    Unión Docentes Argentinos (Santa Fé)

    (Fuente CONADEP)

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    La utilización de la pena de muerte como forma de pacificación política

    La muerte a consecuencia de la tortura, del shock eléctrico, de la inmersión, de la sofocación y también la muerte masiva, colectiva o individual, premeditada, por lanzamiento al mar, por fusilamiento.

    Es un tema que, por sus características, hiere profundamente nuestra conciencia. No es sólo por la tremenda magnitud de la cifra; sino también por las circunstancias que rodean tales muertes, que afectan el soporte ético y jurídico que nos define como sociedad civilizada.***********************

    Ha sido tradicional en nuestro país la exclusión sistemática de la pena de muerte del derecho positivo. Durante el gobierno militar, ello se dejó de lado y fue incorporada a la legislación penal. Se argumentó que era necesaria para prevenir los delitos más graves de la subversión.*************************

    Aun así, subsistió un instintivo rechazo a su aplicación. Se creyó que con su inclusión se preconizaba disuadir a sujetos antisociales de la consumación de los más graves delitos, o que el juicio previo de los Tribunales Militares reservaría su aplicación, para casos de excepción. Ningún Consejo de Guerra procesó formalmente a nadie que mereciera tan terrible sanción.*******************************

    Empero, la realidad fue otra. Hubo miles de muertos. Ninguno de los casos fatales tuvo su definición por vía judicial ordinaria o castrense, ninguno de ellos fue la derivación de una sentencia. Técnicamente expresado, son homicidios calificados. Homicidios respecto de los cuales nunca se llevó a cabo una investigación profunda y jamás se supo de sanción alguna aplicada a los responsables.

    El régimen que consideró indispensable alterar nuestra tradición jurídica, implantando en la legislación la pena capital, nunca la utilizó como tal. En lugar de ello, organizó el crimen colectivo, un verdadero exterminio masivo, patentizado hoy en el mórbido hallazgo de cientos de cadáveres sin nombre, y en el testimonio de los sobrevivientes dando cuenta de los que murieron en atroces suplicios.

    Muertos en «enfrentamiento armado»
    (ver anexos 11, 21, 23, 26, 28, 30)


    Fue otra de las técnicas utilizadas para enmascarar la muerte ilegal de prisioneros. Aquellos que al momento del golpe militar revistaban en las cárceles oficiales a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, no podían ser eliminados sin alegar «motivos». Lo mismo sucedía con los que, por alguna circunstancia fortuita, no ingresaron a las tinieblas de la desaparición. Si el destino que tenían asignado era la muerte, caían acribillados en un «intento de fuga» o aparecían abatidos en un «enfrentamiento armado». No se trata de aquellos casos en que las muertes aparentemente se producían en oportunidad en que las fuerzas de seguridad eran repelidas por los ocupantes de las viviendas que eran allanadas. Se trata en cambio de los casos en los que, habiendo sido hechos prisioneros, o estando desde tiempo atrás bajo el absoluto control de la autoridad, aparecían posteriormente muertos «en combate» o por la aplicación de la llamada «ley de la fuga».

    La coordinación represiva en Latinoamérica 

    Vinculada a la operatividad represiva ilegal realizada dentro de los límites del territorio nacional, debe ser destacado que las actividades de persecución se verificaron sin limitación de fronteras geográficas, contando para ello con la colaboración de los organismos de Seguridad de Estados limítrofes, los que con características de reciprocidad, procedían a la detención de personas sin respetar orden legal alguna, en franca violación de tratados y convenciones internacionales suscriptos por nuestro país sobre el derecho de asilo y refugio político. Incluso operaron dentro de nuestro territorio agentes represores extranjeros, que procedieron a la detención de ciudadanos uruguayos, paraguayos, bolivianos y de otras nacionalidades.

    Estos habitantes extranjeros fueron secuestrados dentro de la mayor clandestinidad e impunidad y entregados a las autoridades de los países de origen.**************************************

    Algunas de estas personas ostentaban el carácter de refugiados, algunos con su radicación legalizada, y otros bajo el amparo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.****************************

    Haberlos privado de tal condición demuestra una clara transgresión de derechos internacionalmente reconocidos, constituyendo un evidente desconocimiento de la constante histórica en materia de asilo político.

    La metodología empleada consistió, básicamente, en la interrelación de los grupos ilegales de represión, los que, en definitiva, actuaron como si se tratara de una misma y única fuerza, constituyendo tal operatoria, por aquella clandestinidad a la que se ha hecho referencia, una clara violación de la soberanía nacional.*******************************************************

    Lamentablemente lo que ha ocurrido es demostrativo de la existencia de un aparato represivo típicamente «multinacional». A su amparo, las fuerzas de represión extranjeras pasaron a integrar los llamados «grupos de tareas», dedicándose a secuestrar, interrogar bajo tortura, asesinar o a proceder al traslado de sus compatriotas a los centros clandestinos de detención ubicados en sus propios países.

    Si bien es cierto que el mayor número de extranjeros fueron de nacionalidad uruguaya, no pueden dejarse de lado los casos de asilados paraguayos, bolivianos e incluso chilenos que en similar modo debieron padecer las consecuencias de esa íntima afinidad de modelos políticos autoritarios que azotó a esta parte del continente.

    E- DESAPARECIDOS

    El registro de los detenidos desaparecidos


    Las personas detenidas y trasladadas a un centro clandestino de detención eran interrogadas, la mayoría de las veces bajo apremios ilegales, sobre sus datos filiatorios y acerca de las actividades políticas, gremiales o estudiantiles que desarrollaban.************************************************

    En todos los casos se confeccionaban «fichas» para cada detenido, asignándoseles un número por el cual serían identificados durante el cautiverio. En muchos centros de detención se fotografiaba a las personas, llegándose a grabar las declaraciones obtenidas

    Niños desaparecidos (ver anexo 25)

    Los represores que arrancaron a los niños desaparecidos de sus casas o de sus madres en el momento del parto, decidieron de la vida de aquellas .criaturas con la misma frialdad de quien dispone de un botín de guerra.**********************************************************************

    Despojados de su identidad y arrebatados a sus familiares, los niños desaparecidos constituyen y constituirán por largo tiempo, una profunda herida abierta en nuestra sociedad. En ellos se ha golpeado a lo indefenso, lo vulnerable, lo inocente y se ha dado forma a una nueva modalidad de tormento. Hay ciertos casos en que la agresión no discriminó entre niños y adultos, acometiendo contra todo el grupo familiar.

    Adolescentes desaparecidos

    Todavía no son maduros, pero ya no son niños. Aún no tomaron las decisiones fundamentales de la vida, pero están comenzando a trazar sus caminos.******************************************

    No saben mucho de los complejos vericuetos de la política ni han completado su formación cultural.

    Los guía su sensibilidad. No se resignan ante las imperfecciones de un inundo que han heredado de sus mayores.

    En algunos, aletea el ideal, incipiente rechazo de la injusticia y la hipocresía que a veces anatematizaron en forma tan enfática como ingenua. Quizá porque viven en sus propios cuerpos vertiginosos cambios, recelan de cuanto se les presenta como inmutable.*************************

    Casi 250 chicas y chicos que tenían entre 13 y 18 años desaparecieron, siendo secuestrados en sus hogares, en la vía pública o a la salida de los colegios. (fuente CONADEP)


    Finalmente, fueron muchos los adolescentes desaparecidos como consecuencia de la represión ejercida contra sus padres.

    Religiosos desaparecidos

    (ver anexo 12 y 14)

    Tanto la grey católica como las otras confesiones fueron también protagonistas, a través de sus miembros religiosos o laicos. ***********************************************************

    El terrorismo de Estado persiguió con significativo ensañamiento a los religiosos que estaban comprometidos con la causa de los más carenciados y con aquellos que sostenían una actitud de denuncia frente a la violación sistemática de los Derechos Humanos. Así fue como sacerdotes, religiosos y religiosas, seminaristas, catequistas, etc., y miembros de otras confesiones, sufrieron el azote del secuestro, vejaciones, torturas y en muchos casos, la muerte.

    El caso de los curas palotinos

    (Ver anexo 30, 33)

    En la madrugada del 4 de julio de 1976, fueron asesinados los sacerdotes de la comunidad palotina de San Patricio Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Los religiosos fueron muertos a tiros en la Parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano.

    El Padre Alfredo Leaden, de 57 años, era delegado de la Congregación de los Palotinos Irlandeses; el Padre Pedro Duffau, de 65 años, era profesor; el Padre Alfredo Kelly, de 40 años, era director del Seminario de Cataquesis en Belgrano y profesor en el Colegio de las Esclavas del Santísimo Sacramento; Salvador Barbeito, de 24 años, era seminarista, profesor de filosofía, psicología y catequista además de rector del Colegio San Marón; Emilio Barletti, de 25 años, era seminarista y profesor.

    Tanto amigos como feligreses de los religiosos asesinados coincidieron en que éstos habían predicado siempre la paz y condenaban la violencia.*************************************************

    La noche del crimen, personas del vecindario vieron un automóvil Peugeot negro largamente estacionado frente a la Parroquia, con cuatro hombres adentro, y también un patrullero que se detuvo

    junto a ellos y luego se alejó. Seguramente los asesinos aguardaban que se encontrasen en la parroquia todos sus moradores para entrar en acción.*************************************************

    Las primeras personas que a la mañana ingresaban a la Parroquia encontraron sobre las paredes y una alfombra leyendas que después fueron retiradas; las leyendas decían: «Así vengamos a nuestros compañeros de Coordinación Federal» (en cuyo comedor se había colocado hacía poco una bomba homicida) y «Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud».*****************************

    De la parroquia desaparecieron objetos y papeles.*******************************************


    El 7 de julio la Conferencia Episcopal elevó una nota a la Junta Militar donde, entre otras cosas, decía: "consideramos los graves hechos de violencia que han sacudido últimamente y en forma desconocida, al país, hiriendo íntimamente el corazón de la Iglesia. Nos referimos, naturalmente, al incalificable asesinato de una comunidad religiosa en la Parroquia de San Patricio en Buenos Aires...". Y el 5 de julio, en el sermón pronunciado durante el. oficio celebrado en San Patricio, el sacerdote asuncionista Roberto Favre decía: "Es necesario rogar a Dios no sólo por estas muertes sino por la innumerables desapariciones que ocurren cotidianamente ...".

    Conscriptos desparecidos

    Los conscriptos desaparecidos no superaban la edad de 18 años contando con los siguientes tres agravantes:

    1) En primer lugar habían sido confiados por sus progenitores en guarda de la máxima jerarquía del arma que se tratara.*******************************************************************

    2) A su vez entre los jóvenes soldados y el Estado se había formalizado, en el momento de su incorporación al servicio militar, una relación de carácter administrativo que generó derechos y obligaciones que debieron ser cumplidas por ambas partes: par el soldado y por cada una de las FF.AA. y sus respectivos Comandantes en Jefe. La obligación fundamental de estos últimos consiste en que nunca pueden estar ajenos o desinformados acerca de la suerte de los soldados colocados bajo su custodia.

    3) Por otra parte las actividades de los conscriptos se realizan y están bajo control total y permanente de sus superiores. Por ende, de haber sido considerados sospechosos de estar involucrados en acciones al margen de la ley, las FF.AA. contaban con todos los medios legales para sancionar legalmente al presunto infractor.

    Fuera de sus familias, en cuyo seno y hasta el momento de su incorporación los jóvenes habían gozado de la protección de sus padres, y a partir del momento en que la jerarquía de las FF.SA. es la encargada de su guarda, se produce el doble proceso que de manera similar se da en más de 135 denuncias de desaparición forzada de ciudadanos que cumplían el servicio militar: por el estado de indefensión de esos jóvenes, sus captores operaban con todas las facilidades que les ofrecía el dominio de la situación. Por otra parte, quienes ejercían el poder de mando, no se hacían responsables, o compartían la responsabilidad por las omisiones o por las presuntas órdenes que podrían haber impartido para hacer factible las detenciones ilegales. Estas detenciones se efectuaban dentro del mismo ámbito el que estaban destinados, como ocurrió en un 35 % de los casos. En el domicilio de los soldados (18 %); en un 29 % cuando el soldado salía de «franco» o en «Comisión»; un 7 % en la vía pública por personas vestidas de civil; un 4 % inmediatamente después de haber sido dados de baja; quedando un remanente de un 5 % de casos de desapariciones ocurridas en otro tipo de circunstancias.(fuente CONADEP)

    Desaparición de periodistas
    (ver Anexo 13)

    Si cabe señalar un estamento que notoriamente estuvo bajo la óptica preocupada del siniestro aparato de persecución y represión político-social montado por el gobierno militar, forzosamente habrá que mencionar a los periodistas argentinos. No fue a causa de la casualidad o por error que es tan alta la cantidad de víctimas en proporción a los profesionales que integran el sector: además de afectar con este ataque el vasto campo de la cultura, siempre vista con recelo por las dictaduras, es evidente que se apuntó a silenciar un grupo social de gran importancia para evitar de raíz todo tipo de cuestionamiento público. 

    Naturalmente, la actividad periodística siempre convocó la más diversa gama de intelectuales, personalidades del arte y de las letras, así como gente con alto grado de inquietud política y sociológica. Por añadidura, los organismos sindicales que agrupan a los periodistas se destacaron por su firme actitud de defensa de sus asociados, y en tal sentido lucían en el escenario de las luchas en pos de la vigencia de la libertad de pensamiento, con particular brillo.*********************************

    El mismo día 24 de marzo de 1976, la Junta de Comandantes en Jefe en su comunicado N° 19 hizo saber que sería «reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales».**********************

    El tiempo fue dando cuenta del significado y alcance de tal advertencia. Se intervino militarmente a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa; se expulsó a corresponsales de agencias extranjeras y se requisó haciendo incinerar numerosos libros de bibliotecas privadas y públicas. **************

    En «La Razón» del 29 de abril de 1976, se informaba que el Teniente Coronel Jorge Eduardo Gorleri, Jefe del Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada, dependiente del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba, había invitado a periodistas a presenciar una quema de libros de autores marxistas o afines, confiscados en diferentes librerías de esa ciudad, manifestando en esa oportunidad que se procedía a «incinerar esta documentación perniciosa que afecta el intelecto, a nuestra manera de ser cristiana... y en fin a nuestro más tradicional acerbo espiritual sintetizado en Dios, Patria y Hogar».

    Un gran número de periodistas sufrió la prisión, la desaparición o la muerte.**********************

    Los represores interpretaron que los periodistas ponían en riesgo el pretendido consenso que debía acompañar las muy polémicas y comprometedoras facetas de la acción de gobierno, así como el sigilo y secreto con el que operaba el aparato represivo ilegal que debía paralizar por el pánico a toda la Nación.

    La sola posibilidad de que se publicitaran eventuales denuncias o que se dieran a conocer noticias acerca de lo que estaba ocurriendo, fue vivido por el régimen como un peligro mayúsculo para la política de desaparición forzada que estaba en marcha. Había que hacer algo más que aplicar las insoslayables medidas de «control» sobre las voces opositoras o simplemente interesadas en transmitir con aproximación objetiva los sucesos de la realidad. Había que hacer sentir a quienes trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista, para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno, impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos secuestros.*********************************

    A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó al país, o quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo.*********************

    Así fue como los medios de comunicación social en general se abstuvieron de difundir el arresto de personas consideradas por las autoridades como elementos subversivos. Todo el país sabía que se practicaban detenciones, pero le estaba vedado conocer cuántos eran, quiénes eran y dónde eran llevados. En los primeros años los periódicos de mayor circulación hasta consideraron prudente evitar la publicación de «solicitadas» con las listas de las personas buscadas por sus familiares.
    Es sintomático en este sentido, el «Memorandum Interno N° 44», del diario cordobés «La Voz del Interior», fechado el 22/4/1976 y dirigido a la Secretaría de Redacción del matutino, que reza así: «Córdoba, 22/4/1976. Por disposición de ests Dirección, y con motivo de las directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se deberán publicar reclamos de familiares de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero».***************************************

    La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del problema o al enterarse de los casos concretos, incurrieron en incredulidad o, a lo sumo, le restaron importancia.

    Paralelamente, en el lapso circunscripto a los primeros meses de gobierno de facto, cuando éste instrumentó el basamento funcional para el cumplimiento de sus fines y objetivos, se produce la más alta proporción de secuestros de periodistas. Ciertamente, en el curso del año 1976 fueron privados irregularmente de su libertad, situación que se mantiene al presente sin reaparición de sus cuerpos, 45 profesionales de prensa. En los ocho meses siguientes, desaparecieron 30 más, estimándose que el guarismo total de «desaparecidos» de este gremio asciende a un centenar ************************
    Cabe agregar, para diseñar más propiamente el cuadro, que más de cien periodistas fueron encarcelados sin proceso judicial alguno a partir del 24/3/1976. Cifra por demás ilustrativa, a la cual deben añadirse el gran número que debió abandonar el territorio nacional, dado el grave peligro que corrían sus mismas vidas. (Fuente CONADEP)******************************************************



    Las consecuencias en el grupo familiar de los desaparecidos

    La metodología de la desaparición de personas afecta de manera especial la estructura y la estabilidad del núcleo familiar del desaparecido. El secuestro (efectuado por lo general en presencia de familiares y/o allegados), el peregrinaje angustioso en busca de noticias por oficinas públicas, juzgados, comisarías y cuarteles, la vigilia esperanzada ante la recepción de algún dato o trascendido, el fantasma de un duelo que no puede llegar a concretarse, son factores que juegan un papel desestabilizador en el grupo familiar, como un todo, y en la personalidad de cada uno de sus miembros. Detrás de cada desaparición hay a veces una familia destruida, otras veces una familia desmembrada, y siempre hay un núcleo familiar afectado en lo más íntimo y esencial: el derecho a la privacidad, a la seguridad de sus miembros, al respeto de las relaciones afectivas profundas que son su razón de ser. ****************

    Este ataque al núcleo familiar reviste una gravedad extrema. Sin embargo, es sólo una parte del problema. Al instrumentarse la metodología de la desaparición de personas, el ataque al núcleo familiar fue mucho más lejos y alcanzó formas crueles y despiadadas. Hay evidencia de que en numerosos casos se usaron como rehenes a familiares de personas buscadas, que a veces la presunta responsabilidad de la persona buscada se hizo recaer con saña en su familia a través de robos, violencias físicas y aun desapariciones y que otras veces la tortura fue compartida y/o presenciada por miembros de la familia del sospechoso. Tener en la familia un presunto subversivo fue motivo más que suficiente para recibir un castigo grupal o individual; llevar a cabo un gesto de solidaridad, por mínimo que fuera, fue causa de tortura, sufrimientos y aun de desaparición.

    F- La justicia durante la dictadura militar argentina

    A partir del pronunciamiento castrense del 24 de marzo de 1976, se introduce en la vida argentina una drástica subversión institucional. Es creada una suerte de «poder ejecutivo-legislativo-constituyente», que asume facultades extraordinarias de gobierno y, con ellas, la suma de poder público.************

    Así fue que, el mismo día del golpe de estado, se cambió la composición del Poder Judicial a nivel de la Corte Suprema, del Procurador General de la Nación y de los Tribunales Superiores de Provincia, al propio tiempo que se puso «en comisión» a la totalidad de sus otros miembros. Todo Juez, para ser designado o confirmado, debió previamente jurar fidelidad a las Actas y objetivos del «Proceso» liderado por la Junta Militar.************************************************************

    A partir de allí la actividad judicial adoptó un perfil harto singular. Señalada por la Ley Suprema de la Nación como amparo de los habitantes contra los desbordes autoritarios, cohonestó la usurpación del poder y posibilitó que un cúmulo de aberraciones jurídicas adquiriera visos de legalidad. Salvo excepciones, homologó la aplicación discrecional de las facultades de arresto que dimanan del estado de sitio, admitiendo la validez de informes secretos provenientes de los organismos de seguridad para justificar la detención de ciudadanos por tiempo indefinido. E, igualmente, le imprimió un trámite meramente formal al recurso de hábeas corpus, tomándolo totalmente ineficaz en orden a desalentar la política de desaparición forzada de personas.***********************************************

    El Poder Judicial, que debía erigirse en freno del absolutismo imperante, devino en los hechos en un simulacro de la función jurisdiccional para cobertura de su imagen externa. Frontalmente limitada la libre expresión de las ideas por la prensa, a través del control de los medios de difusión masiva y la imposición de la autocensura por el terrorismo estatal descargado sobre los periodistas disidentes. Seriamente afectada la asistencia jurídica por la prisión, extrañamiento o muerte de los abogados defensores; la reticencia, y aun la misma complacencia de gran parte de la judicatura, completó el cuadro de desamparo de los derechos humanos.*********************************************

    Hubo, sin embargo, Jueces que, dentro de las tremendas presiones sufridas por la situación reinante, cumplieron su función con la dignidad y el decoro que se esperaba de ellos. Pero también es real que hubo quienes; teniendo el deber jurídico de proteger a las personas y a sus bienes, dejaron de hacerlo; quienes pudiendo limitar el abuso de las det enciones arbitrarias avalaron la aplicación de verdaderas penas sin juicio previo; y quienes, por fin, con su indiferencia, exhibieron una conducta cómplice con los secuestros y las desapariciones. La población llegó a presentir que era inútil recurrir al amparo judicial para preservar sus derechos esenciales. La situación creada alcanzó tal notoriedad y difusión en la comunidad internacional, que un tribunal suizo negó la extradicción de cinco argentinos, a pesar de cumplirse todos los demás requisitos del respectivo tratado, fundando su decisión en razones de inseguridad para la vida de los delincuentes que debían extraditarse.

    El hábeas corpus

    No hubo trámite oficial o extraoficial que los familiares de las personas desaparecidas hayan dejado de realizar. Así, recurrieron a los gobernantes y a las personas más influyentes de la sociedad, cumplieron

    todas las gestiones administrativas a través de los trámites establecidos por el Ministerio del Interior, rogaron la intervención de las distintas Iglesias y denunciaron su drama ante los organismos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos. Sólo en contadas ocasiones estas gestiones dieron resultado positivo.**************************************************************

    Los familiares también apelaron a la Justicia. Recorrieron toda la gama de posibilidades que les permitió el procedimiento legal. En una abrumadora mayoría de casos, hicieron uso de lo más inmediato; interpusieron reiteradamente recursos de hábeas corpus para saber dónde habían sido llevados, quienes retenían a sus seres queridos.********************************************

    Fruto de una larga y muchas veces penosa evolución histórica, el hábeas corpus ha llegado a ser la garantía fundamental para proteger la libertad ambulatoria, habiendo sido señalada con razón como el mecanismo jurídico más odiado por el despotismo. Sin él, resulta prácticamente inimaginable una sociedad donde imperen la ley y la libertad.************************************************

    En nuestro país, siempre se ha entendido que es una de las garantías implícitas de la Constitución Nacional. Consiste en la facultad de peticionar al Juez para que, a través de un procedimiento rápido, de carácter sumario, haga cesar toda orden de un funcionario tendiente a restringir sin derecho la libertad personal, el Magistrado debe averiguar si el beneficiario del hábeas corpus se encuentra detenido, qué funcionario lo mantiene en tal situación, así como la legitimidad de la detención, e incluso cuando el arresto fuera dispuesto por el Poder Ejecutivo en virtud del estado de sitio, la razonabilidad del mismo.**************************************************************


    Entre los años 1976 y 1983 fueron presentados millares de recursos de hábeas corpus. No una vez, sino repetidamente en favor de cada desaparecido. Ello habla de la fe puesta por los familiares en la intervención judicial.******************************************************************

    Las estadísticas que brindan los registros de la Cámara Criminal y Correccional Federal son por demás elocuentes. Sin contar ninguna reiteración de pedido, la cantidad de presentaciones efectuadas en el período 1976/1979. Sólo en ese fuero de la Capital Federal, asciende a 5.487 recursos, contra 1.089 del período 1973/75 y 2.848 del período 1980/83. La misma proporción, aunque sean diferentes los guarismos, se repite en las principales ciudades del interior del país.

    Los resultados en ningún caso respondieron a tan grandes expectativas. Ya en el mes de febrero de 1976 se había introducido por decreto una reforma sustancial en el trámite sumario y ágil del recurso; luego la ley 21.312 del 18 de mayo del mismo año lo ratifica, modificando gravemente el artículo 639 del Código de Procedimientos Penal. En su origen esta norma prescribía que, si la sentencia fijaba la libertad de la persona amparada, ella se cumplía indefectiblemente mientras se diligenciaba la apelación ante el tribunal de segundo grado. La reforma vino a estipular en la práctica que si el beneficiario del recurso era individualizado, pero se encontraba arrestado a disposición del Poder Ejecutivo, la sentencia favorable a su libertad no se cumplía de inmediato, en caso que la misma fuera apelada por el Fiscal. Como ello pasó a ocurrir invariablemente, el amparado quedaba privado de su libertad mientras se tramitara la apelación. Así fue que a través de sucesivas apelaciones, la causa llegaba forzosamente a la Corte Suprema Nacional, ordinarizando el juicio, que pasaba a durar varios años con gravísimas consecuencias para quien necesitaba la urgencia del amparo. Para ejemplo de lo cual se encuentra lo acontecido en el caso de los jóvenes Capitman y Creatore. Asimismo, casi inexorablemente al llegar a la Corte Suprema, ésta fallaba en contra de la libertad. Las únicas excepciones conocidas en los primeros cinco años del gobierno de facto fueron los casos «Timerman»

    y «Moya» -aunque, respecto de este último, sin ordenar la libertad incondicionalmente ;así como otros pocos a partir del aho 1982, en que la Corte resolvió el confinamiento territorial en una ciudad o la expulsión del territorio nacional. De esa forma, todos los fallos favorables a la libertad -total o limitada- emanados de tribunales inferiores, no podían ejecutarse hasta que en la cúpula del Poder Judicial se resolviese en definitiva.

    El diseño de la técnica empleada para la desaparición forzada y sistemática de personas incluyó la eliminación del recurso de hábeas corpus del repertorio de las garantías constitucionales de nuestro país. De ahí el criterio de orientación gubernamental que surge de las declaraciones que le son atribuidas al general Tomas Sánchez de Bustamante por el diario «La Capital» de Rosario, en su edición del 14 de junio de 1980: «Hay normas y pautas jurídicas que no son de aplicación en este caso. Por ejemplo, el derecho al hábeas corpus. En este tipo de lucha el secreto que debe envolver las operaciones especiales hace que no se deba divulgar a quién se ha capturado y a quién se debe capturar; debe existir una nube de silencio que rodee todo».*******************************************

    Estos conceptos, tan explícitos, tan claros, tornan comprensible que, en la generalidad de los supuestos, cuando un magistrado oficiaba a la autoridad administrativa, policial, militar o penitenciaria, indagando el destino del beneficiario de la acción judicial, se conformara con la escueta fórmula de respuesta que le informaba que no estaba detenido. La misma autoridad contra quien se interponía el resurso era la que, con su negativa, determinaba la clausura de la investigación.****************************** 

    Sin embargo, esta intencionada retención de información se fue enfrentando cada vez más con las evidencias que día a día aportaban los familiares de las víctimas, tomando más dramático el cuadro de situación. Y aunque no se alterara en lo más mínimo la política gubernamental en la materia, fueron conociéndose los fallos de la Corte, que iluminan hasta qué punto en los hechos se había configurado una generalizada privación de justicia.****************************************************

    En este sentido, el desprecio al imperio judicial fue tan frontal, que se precisó instruir a los jueces para que extremen las investigaciones, adoptando por sí mismos las medidas necesarias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos denunciados. A tal fin, la Corte recordó que «el hábeas corpus exige que se agoten los trámites judiciales que razonablemente aconsejen las circunstancias del caso, a fin de hacer eficaz y expedita la finalidad del instituto, que es restituir la libertad en forma inmediata a a quien se halla ilegítimamente privado de ella» (Casos: Ollero, Inés; Giorgi, Osvaldo; Machado-Rébori, Zimerman de Herrera; Hidalgo Solá, etc.).*************************************************

    El sesgo que fueron tomando los acontecimientos motivó al gobierno a acuñar otras normas enderezadas a restringuir aún más la eficacia de las garantías consagradas para el amparo de la persona. Nos referimos a la reforma del art. 618 del Código de Procedimientos en lo Penal, modificado en su redacción clásica por la Ley 22.383 del 28 de enero de 1981.**********************************

    A partir de esa fecha, se establece como único fuero con competencia para tramitar recursos de hábeas corpus, el Federal en materia penal. De esta manera se impidió acudir a los magistrados ordinarios, justamente en tiempos signados por la frecuente «detención-desaparición» de personas y de arrestos sin proceso judicial incriminatorio. Asimismo, vulnerando la Constitución Nacional en punto a organización federativa de nuestro país, se veda de este modo acudir a los jueces provinciales en el interior del país. Tal situación legal se encuentra inalterada hasta el presente, y significa un óbice a la históricamente reconocida facultad de optar por introducir el recurso de hábeas corpus ante el juzgado

    de preferencia del presentante. **********************************************************


    Frente a ese panorama de generalizado estado de indefensión de las personas, no solo fue inútil la incitación a investigar que surgía como orientación en algunos fallos de la Corte, sino que también fueron desoladoramente magros los resultados obtenidos de los pocos Jueces que intentaron en desesperado esfuerzo otorgar el amparo jurisdiccional requerido.*******************************
    Incluso cuando se optó por remitir los casos para la instrucción de procesos ordinarios por privación ilegítima de la libertad, sin que ello trajera aparejado un avance sustancial

    en la solución del problema, en tanto la gran mayoría de las causas finalizaron con un sobreseimiento provisional, dado que, si bien se tuvo la convicción de estar ante la efectiva comisión de graves delitos, se careció de los medios para su esclarecimiento y de las condiciones mínimas para intentar sancionarlos.

    La gravedad institucional que reviste la cuestión, en un grado que no reconoce precedente histórico de similar magnitud, explica que nuestro Alto Tribunal se decidiera a señalar que los Jueces carecían de las condiciones necesarias para poder ejercer su imperio jurisdiccional, considerando que ello importa privación de justicia, por lo cual exhortaba al Poder Ejecutivo Nacional a urgir las medidas necesarias para remediar tal situación en salvaguarda de la libertad individual garantizada por la Constitución Nacional (caso «Pérez de Smith y otros» en varias presentaciones). ****************************

    Sin dejar de reconocer que la responsabilidad principal de lo que estuvo ocurriendo le cabe a los organismos que ejercieron el monopolio de la fuerza estatal, un imperativo de verdad nos mueve a señalar que el Poder Judicial no impulsó con la debida firmeza en todas sus instancias las medidas de excepción que aconsejaban las circunstancias para resolver la pérdida de jurisdicción que debió afrontar. En ningún caso los jueces se constituyeron en los lugares bajo control de los organismos que evacuaban los informes falsos, lo cual les hubiera permitido constatar la mendacidad con que se les respondía respecto de hechos que llegaron a ser públicos y notorios. No se dispusieron medidas especiales de investigación, a pesar de que en un momento dado existía una generalizada conciencia de la extraordinaria magnitud de los casos comprendidos. Y salvo tímidos avances impulsados por algunos en los momentos finales de la tragedia, no sometieron a juicio a quienes por su ubicación funcional en el organigrama represivo deieron necesariamente haber tenido directa participación en las desapariciones que fueron objeto de los procesos.*******************************************

    No es admisible -en realidad no debiera haberlo sido para los Jueces- que tantas familias hayan sido sumidas en una agobiante sensación de impotencia. Al miedo, al dolor, a la tristeza, debieron sumar la frustración de que no había camino legal idóneo para que los derechos fueran amparados. El recurso de hábeas corpus, este simple pero vital procedimiento que llegó a ser considerado el «paladium de las libertades», fue totalmente ineficaz para impedir las desapariciones forzadas.*********************

    Como quedó dicho, millares de recursos tuvieron un diligenciamiento inútil, sin mérito alguno para el hallazgo y liberación de la víctima privada ilegalmente de su libertad. En realidad, debería decirse que el hábeas corpus careció en absoluto de vigencia conforme su finalidad, ya que la formalidad de su implementación funcionó en la práctica como la contracara de la desaparición.

    La desaparición de abogados

    Es indudable que un pilar fundamental del sistema constitucional de derechos y garantías individuales lo constituye la prescripción que reconoce a todos los habitantes de la Nación la inviolabilidad de «la defensa en juicio de la persona y de los derechos» (Art. 18 C.N.). De nada vale la más perfecta atribución de libertades, ni el más exhaustivo catálogo de derechos, si no se garantiza el eficaz ejercicio de su defensa cuando son vulnerados.*****************************************************

    En ello cumple un papel indelegable la presencia del abogado defensor, el «abogado de confianza» de la jurisprudencia tradicional, cuya función esencial en la administración de justicia ha sido reconocida por la ley argentina al asimilarlo a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. Sin su patrocinio o representación, sin su asistencia técnica, el particular damnificado por los abusos del poder sufre un gravísimo detrimento en la obtención de protección jurídica.***********

    Ello es lo que sucedió. Como si fuera un resorte más de la maquinaria que ejecutó el terrorismo de estado, las más duras represalias cayeron sobre muchos abogados que asumieron la defensa de sus víctimas. Las detenciones arbitrarias, los agravios y malos tratos en los organismos de seguridad, la desaparición y hasta la muerte de los abogados defensores, fueron usos corrientes en los primeros años del régimen militar.*******************************************************************

    Se comenzó por identificar al defensor con su defendido: todo aquel que patrocinara o simplemente pidiera o preguntara por un presunto subversivo fue sospechado de connivencia con la subversión, y si asumía frontalmente la defensa de un perseguido fue considerado integrante de la asociación ilícita hasta que demostrara lo contrario, ocurriendo que la mayoría de las veces ni tiempo le dieron para ello.

    Tan aberrante criterio conduce necesariamente al absurdo de imputar propensiones homicidas al letrado que defienda a un acusado de matar a otro. Lo cual, por vía de su generalización, dejaría tan valiosa función profesional en manos de depravados e inescrupulosos y consecuentemente, al justiciable en total indefensión.*********************************************************************

    Los hechos señalan que durante los años gobernados por la dictadura militar fue alterado sustancialmente el precepto de la independencia del abogado en el ejercicio de su ministerio. Con las consecuencias que son de imaginar, se lo asoció a las ideas y motivaciones políticas de su defendido, pasando a revestir el carácter de cómplice o encubridor de gravísimos delitos.*********************

    En otros casos, se hizo uso del ejercicio absoluto y arbitrario del poder dejado en manos de ocasionales represores, para perseguir a dignos profesionales que no claudicaron en la defensa de los intereses que les fueron confiados por sus clientes, cuando no se castigó en base a falsas imputaciones a quienes fueron consecuentes en la defensa simplemente de los derechos laborales.*********************** 

    Los resultados están a la vista. Organizaciones gremiales de abogados estiman que se han sufrido 23 asesinatos de sus colegas por motivos políticos, a partir de 1975. Paralelamente a esta traumática situación, fueron secuestrados, con desaparición permanente y sin conocerse su suerte hasta hoy, no menos de 109 abogados, debiendo señalarse que el 90 % de estas "desapariciones" se consumaron entre los meses de marzo y diciembre del año 1976. Más de un centenar de abogados fueron llevados a prisión -la mayoría sin proceso judicial alguno- y un número mucho más elevado y difícil de precisar busco salvar la libertad, y quizás su misma vida, en el exilio en el extranjero.(fuente CONADEP)

    ANEXOS

    Anexo 1

    Testimonio1: sobre la desaparición de Alberto Santiago Burnichon (fuente CONADEP):

    «El 24 de marzo de 1976, a la 0.30 hs., penetraron por la fuerza en nuestro domicilio de Villa Rivera Indarte, en la provincia de Córdoba, personas uniformadas, con armas largas, quienes se identificaron como del Ejército junto con personas jóvenes vestidas con ropas deportivas. Nos encañonaron y comenzaron a robar libros, objetos de arte, vinos, etc., que fueron llevados al exterior por los hombres uniformados. No hablaban entre ellos sino que se conunicaban mediante chasquidos de los dedos. El saqueo duró más de dos horas; previamente se produjo un apagón en las calles cercanas a nuestro domicilio. Mi esposo, que era gremialista, mi hijo David y yo fuimos secuestrados. Yo fui liberada al día siguiente, luego lo fue mi hijo, quien estuvo detenido en el Campo "La Ribera". Nuestra casa quedó totalmente destruída. El cadáver de mi esposo fue hallado con siete impactos de bala en la garganta.»


    Anexo 2

    Testimonio 2: de Lucio Ramón Pérez, Temperley - Pcia. de Buenos Aires sobre el modo del secuestro de su hermano (fuente CONADEP) :

    «El 9 de noviembre de 1976 fue secuestrado mi hermano. Estaba descansando en compañía de su esposa y de su hijo de 5 años, cuando a las 2 de la madrugada fueron despertados por una fuerte explosión. Mi hermano se levantó, abrió la puerta y vio a cuatro sujetos que saltaban por el cerco.

    Vestían de civil, uno con bigotes y turbante (pullóver arrollado en la cabeza) y llevaban armas largas. Tres de ellos entraron al departamento y obligaron a mi cuñada a cubrirse los ojos y le dijeron al nene que cerrara los ojos. Los vecinos dicen que mi hermano fue alzado de los hombros por dos sujetos e introducido en un Ford Falcon. Eso es lo último que supe de él. También dicen que había varios coches y una camioneta; muchos sujetos estaban detrás de los árboles con armas largas. Habían interrumpido el tránsito y un helicóptero sobrevolaba la casa.»

    Anexo3

    Testimonio 3: de Adolfo T. Ocampo relata del siguiente modo el secuestro de su hija Selma Julia Ocampo (fuente CONADEP):

    «A las 2 de la madrugada del 11 de agosto de 1976, penetraron en el edificio y derribaron la puerta del departamento de mi hija y se introdujeron en éste. Otros hombres se quedaron vigilando el departamento. Este episodio fue presenciado desde el departamento de en frente por el Capitán de Navío Guillermo Andrew quien merced a un llamado telefónico logró que llegaran al lugar dos camiones del Ejército. Los dos grupos se trabaron en un intenso tiroteo (aún hoy pueden apreciarse los impactos en el frente). El tiroteo se detuvo cuando las fuerzas recién llegadas y a las órdenes del Capitán ya citado pudieron oir a los victimarios gritar: «TENEMOS ZONA LIBERADA», acorde a esto, se retiraron las fuerzas, dejando actuar a los victimarios, quienes después de destruir y robar, se llevaron a Selma y a una amiga, Inés Nocetti, ambas desaparecidas al día de la fecha...»

    Anexo 4

    Testimonio 4: de Simón Antonio Riquelo por parte de su madre (fuente CONADEP):

    «El 13 de julio de 1976, entre las 23 y 23.30 horas, golpearon fuertemente la puerta de mi domicilio en el Barrio de Belgrano, en esta Capital. En ese momento me encontraba terminándole de dar el pecho a mi hijo Simón. Forzaron la puerta y entraron entre 10 y 15 personas vestidas de civil, pero que se identificaron como miembros del Ejército Argentino y del Ejército Uruguayo. Uno de los oficiales se presentó como el mayor Gavazzo, del Ejército Uruguayo. Encontraron material escrito del cual surgió que yo trabajaba por la causa de la libertad en Uruguay; entonces comenzaron a torturarme y a interrogarme. Cuando me sacaron de la casa les pregunté qué iba a ocurrir con el niño. Me responden que no debía preocuparme, que el niño se iba a quedar con ellos, y que esta guerra no es contra los niños. Esa fue la última vez que vi a Simón y que tengo noticias de él.»

    Anexo 5

    Testimonio 5: sobre lo ocurrido en el hogar familiar por parte del señor Barroca (fuente CONADEP):

    «El viernes 15 de julio de 1977 a las 22.15 horas encontrándonos en nuestra casa mi esposa, mi hija Mirta Viviana y yo, escuchamos que desde afuera nos dicen por un megáfono que sabían que yo era suboficial de la Armada, y que debíamos salir con los brazos en alto, ya que habían dinamitado la casa en su frente. Asi lo hicimos, viendo que los "delincuentes" vestían de civil, eran ocho y estaban fuertemente armados con armas automáticas, típicas de las fuerzas "paramilitares".

    Luego dentro de la casa se dieron a la tarea de un interrogatorio exhaustivo sobre las actividades de la familia. Mi otra hija Graciela Mabel regresó a nuestra casa a las 23 horas procedente de la casa de una compañera donde había ido a estudiar, ya que al día siguiente tenía un examen en la Facultad de Ciencias Exactas. La detuvieron en el pasillo de la casa y no sabemos qué hicieron con ella ya que mi otra hija era interrogada con los ojos vendados en el comedor y mi esposa con los ojos también vendados estaba en el dormitorio. A la una de la mañana del sabado 16 de julio de 1977 antes de dar por concluído el operativo, el que parecía oficiar de 2° jefe me manifestó que se llevaban a Graciela para ser interrogada por un "capitán"; que no le había encontrado nada, pero que había pertenecido a la

    JUP Juventud Universitaria Peronista) y nosotros sabíamos lo que eso significaba. También indicó que rogaramos para que Graciela no tuviese nada y que si así era, sería liberada a los cinco o seis días. Cuando hice la denuncia en la Comisaría de Villa Martelli, para denunciar el secuestro de mi hija y el avasallamiento de mi domicilio, se me expresó confidencialmente, que no había tal secuestro porque la habían detenido fuerzas del Ejército y de Superinteridencia Federal.»

    Anexo 6

    Testimonio 6: sobre el secuestro de Roque Nuñez por parte de su hija (fuente CONADEP):

    «El día 21 de abril de 1976 a las cuatro de la mañana irrumpieron en mi domicilio varios hombresvestidos de civil; venían fuertemente armados y se identificaron como pertenecientes a la Marinay a la Policía Federal y cuyo jefe decía ser el Inspector Mayorga. Se llevan a mi papá, que tenía en ese momento 65 años. Al día siguiente mi hermano Miguel presentó un recurso de Habeas Corpus ante el Juzgado de San Isidro. Ese mismo día a las 21 volvieron a mi casa, llevándose detnida a mi madre, la encapucharon y trasladaron por cinco días a un lugar que no pudo identificar, donde la interrogaron con mucha violencia. Los integrantes de las Fuerzas Armadas permanecieron en la casa a partir de esa detención. El día 23, al entrar mi herrnano Miguel en el domicilio, también fue secuestrado. Durante el operativo que duró cuatro horas el día 21 y treinta y seis a partir del día 22, los responsables no permitieron que nadie me auxiliara, ya que soy cuadrapléjica (parálisis en los cuatro miembros) y debí permanecer en la misma posición sin comer ni ser atendida en mis neesidades fisiológicas, amenazada de continuo para que llamara por teléfono a mi hermana María del Carmen. En esas circunstancias cayó el teléfono al suelo, siendo cambiado por otro aparato, que aún esta en mi domicilio. Al retirarse los responsables de esta operación, se llevaron un auto Ford Falcon que yo había adquirido. Mi madre fue puesta en libertad, con los ojos vendados a dos cuadras de mi casa. Mi padre y mi hermano, permanecen desaparecidos. Posteriormente fui informada de que mi hermana María del Carmen Nuñez, su esposo Jorge Lizaso y un hermano de éste, Miguel Francisco Lizaso, fueron secuestrados, siendo su departamento totalmente saqueado. Ellos también siguen en la condición de desaparecidos.»

    Anexo 7

    Testimonio 7: sobre lo sucedido con los familiares de Rita Verónica Eroles Turucz (fuente CONADEP)«El 21 de mayo de 1978 a las 13.30 hs. a la quinta que tenemos en Hornos, PciaBuenos Aires, llegaron unos siete u ocho vehículos particulares y un furgón de productos alimenticios. Descendieron más de 30 personas que vestían de civil, aunque usaban camisas de fajina debajo de los sacos. Irrumpieron saltando cercos y forzando ventanas de nuestra casa. Mientras tanto habían obligado a todos los habitantes del pueblo a reunirse en la estación de ferrocarril. Todo lo hicieron por la fuerza. Los colocaron boca abajo no permitiéndoles mirar ni moverse. El trato fue brutal. Cuando se retiraron, se llevaron detenidos a mis hijos Ronaldo y Verónica, al esposo de mi hija, Daniel Bidón Chanal, y a un empleado nuestro de nacionalidad uruguaya, Luis Carvalho. Los cuatro siguen aún desaparecidos. Mientras estuvieron en nuestra casa, destruyeron montones de cosas y robaron una edición antigua del Quijote de la Mancha, una Biblia del año 1400 escrita en latín, restaurada, un diccionario bilingüe de 7000 páginas, una colección de «Caras y Caretas» del siglo XIX, una fusta inglesa antigua con virola de plata trabajada, un rifle Mauser de la Guerra Argentino-Paraguaya, articulos de electrónica como radios y grabadores y los marcos de plata de varios cuadros».

    Anexo 8

    Testimonio 8: sobre la desaparición de Juan Di Bernardo (fuente CONADEP):

    «Mi hijo estaba internado en el Hospital Alvear a consecuencia de haber sido atropellado por un automóvil. Tenía programada una intervención quirúrgica para el 15-5-78. La noche del día 12-5-78 se presentaron algunos sujetos con guardapolvos blancos. Iban armados. Obligaron a los pacientes internados en la sala 14 de traumatología a permanecer en sus camas y taparse las caras con las sábanas. Estos sujetos pasaron a Juan a una camilla, lo cubrieron y se lo llevaron en una ambulancia».

    Anexo 9

    Testimonio 9: de la Dra Hazurun sobre las torturas en un centro de detención de Santiago del Estero)

    «El 22 (lunes), a las 8 horas, llegaron dos personas que la condujeron al fondo de las oficinas, donde había una pieza. La introdujeron en ella y comenzaron a pegarle trompadas en el estómago y en el rostro. Era interrogada por Musa Assar (lo reconoció por la voz).******************************

    Le preguntan sobre su ex novio Hugo Libaak, a qué se dedicaba él, qué actividades, con quién se reunía. Luego, al no poder obtener respuesta, la acostaron en una cama, donde le aplicaron la picana en diferentes lugares del cuerpo.    ********************************************************

    Cuando las personas llegaban allí eran llevadas a fosos que cavaban en la tierra con anterioridad, enterraban allí a las personas hasta el cuello, a veces durante cuatro o más días, hasta que pedían que los sacaran, decididos a declarar. I.os tenían sin agua y sin comida al sol o bajo lluvia. Al desenterrarlos (los enterraban desnudos) salían con ronchas de las picaduras de insectos y hormigas. De allí los llevaban a la sala de tonuras (al lado había una habitación donde vivían los torturadores).    **

    Los detenidos-desaparecidos de allí decían que el torturador era el Capitán de la Compañía de Monte. Tenían un instrumento de tortura que era un teléfono (picana simultanea a los dientes y en la oreja)».

    Anexo 10

    Testimonio 10: de Liliana Callizo (fuente CONADEP):

    «Es muy difícil contar el terror de los minutos, horas, días, meses, años, vividos ahí...*****

    (................................)

    En el primer tiempo el secuestrado no tiene idea del lugar que lo rodea. Unos lo habíamos imaginado redondo; otros como una especie de estadio de fútbol, con la guardia girando sobre las cabezas.    *****

    (................................)

    No sabíamos en qué sentido estaban nuestros cuerpos, de qué lado estaba la cabeza y hacia dónde los pies. Recuerdo haberme aferrado a la colchoneta con todas mis fuerzas, para no caerme, a pesar de que sabía que estaba en el suelo    ********************************************************.

    (................................)

    Sentíamos ruidos, pisadas, ruidos de armas, y cuando abrían la reja nos preparábamos para el fusilamiento. Las botas militares giraban y giraban alrededor nuestro».

    Anexo 11

    Testimonio 11: de la madre de Mario José Miani (fuente CONADEP):

    «El día 9 de agosto de 1978, mi hijo se retiró de su hogar cuando eran las 17 horas a fin de realizar algunas compras. Quedó en regresar cerca de las 22 horas; sin embargo, no lo hizo, circunstancia que nos alarmó. Al día siguiente, a la hora 2, recibi una llamada telefónica de un familiar diciéndome que mi hijo estaba herido en una pierna y se encontraba siendo intervenido quirúrgicamente en el Hospital Municipal de San Isidro. Me dirigí con mi esposo hacia allí y al llegar nos enteramos que mi hijo se hallaba aún en el quirófano. La mañana del 10 de agosto de 1978 mi hijo, en nuestra presencia y la del médico y personal del hospital, fue retirado y alojado en la ambulancia militar... Al preguntar dónde lo llevaba, un soldado me condujo hasta un militar (sin insignias ni otras identificaciones) de más edad quien me dijo que mi hijo sería trasladado al Hospital Militar de Campo de Mayo. Cuando ese mismo día concurrí con mi esposo al Hospital Militar de Campo de Mayo, nos manifestaron que mi hijo no había ingresado a ese nosocomio.*******************************************************
    Alarmada ante los hechos, escribí al General Suárez Mason, en aquel momento Comandante del Primer Cuerpo con sede en Palermo, quien me contestó con una singular misiva escrita de su puño y letra que dice: Sra. María Elena B. De Miani, Buenos Aires, 14 de agosto de 1978: Acuso recibo de su carta del 10 de agosto referente al caso de su hijo José. Según nuestra información se corrobora la que usted dice. Le sugiero dirigirse al Comandante de Institutos Militares (Campo de Mayo) a fin de complementar información sobre este caso. Salúdala Atte.» Con esa carta obtuve una entrevista con el Comandante de Institutos Militares, General Santiago Omar Riveros, quien negó que tuviera detenido a mi hijo. El 8 de febrero de 1979, al ir a preguntar por el paradero de mi hijo al Ministerio del Interior, como lo hacía frecuentemente, se me dijo que "había muerto en un enfrentamiento producido en Chapadmalal, Mar del Plata, el 19 de diciembre de 1978"».

    Anexo 12

    Testimonio 12: Declaración prestada por el ex oficial de la Policía Federal argentina Peregrino Fernández, entre el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzadas en la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra:

    «El suceso narrado coincidió en el tiempo con la recepción de otra carpeta «confidencial» que contenía documentación perteneciente a los Padres Palotinos... el cura párroco Alfredo Leaden y Pedro Duffau y los seminaristas José Emilio Barletti y Salvador Barbeito. Agrega el declarante que entre la actividad ejercida por el Ministerio del Interior, estaba la vigilancia sobre aquellos sacerdotes denominados «tercermundistas» existiendo un archivo de 300 nombres con informaciones detalladas sobre la actividad de cada uno de ellos. En referencia al caso de los Padres Palotinos, el declarante posee en su poder una agenda telefónica de uno de los sacerdotes, que guardó como prueba de que dicha documentación se encontraba en dependencia del Ministerio del Interior en la época de referencia...»

    Anexo 13

    Desaparición de Rodolfo Walsh
    (fuente CONADEP)

    Segun la extensa y prolija narración brindada por la hija del escritor, Patricia Cecilia Walsh, su secuestro se produjo el día 25 de marzo de 1977 en la Capital Federal, en las cercanías de la Estación Constitución, donde había arribado desde su domicilio en la localidad de San Vicente -provincia de Buenos Aires- para realizar una diligencia. 

    El día anterior había instrumentado la circulación pública de una carta abierta a la Junta Militar de Gobierno, por la que diseñaba el cuadro de violación de los derechos humanos y de perjuicios a la economía nacional que caractetizaba al régimen.

    En la fecha de la desaparición, debía encontrarse en un departamento de la ciudad de Buenos Aires con su compañera con quien vivía desde años atrás, lo que no ocurrió, circunstancia que determinó que ésta se dirigiera a la casa de San Vicente, a la que encontró con incontables impactos de proyectiles balísticos de grueso calibre por sus cuatro paredes exteriores, absolutamente saqueada y hasta con señales de bombardeos con granadas estalladas en el terreno donde el inmueble se asienta. Por versión de los vecinos, llegaron por la noche alrededor de cuarenta hombres vigorosamente armados, quienes atacaron el lugar durante no menos de dos horas, estando desocupada la vivienda.

    A partir de hechos específicos, el periodista se encontraba alertado sobre las inseguridades de su situación. A raíz de la muerte, por fuerzas de seguridad, de su hija María Victoria Walsh y el allanamiento de su casa en el Delta del Tigre, con total saqueo de sus pertenencias.

    Cabe tener en consideración que entre los objetos de valor robados en su domicilio de San Vicente se encuentran los originales de toda su obra, incluso la inédita, de una larga vida de producción intelectual.

    Anexo 14

    Las religiosas francesas Sor Alice Domon y Sor Leonie Duquet

    Enseguida del operativo por el cual fueron privadas de su libertad las dos religiosas nombradas, ya citadas en otra parte de este informe, los días 8 y 10 de diciembre de 1977, respectivamente, el propio Presidente de Francia, Giscard D'Estaigne, se ocupó de reclamar la reaparición.******************

    Domon de 40 años, fue arrestada al salir de la iglesia de Santa Cruz, y Duquet, de 61 anos, fue extraída violentamente de la Parroquia de San Pablo************************************************

    Los autores de los procedimientos utilizaron sus vehículos a plena luz del día y hasta mostraron credenciales identificatorias************************************************************

    El 26 de diciembre de 1977, la Comisión Interamericana.de Derechos Humanos recibió la siguiente denuncia:

    «Ambas religiosas francesas pertenecen al Institute des Missions Etrangères, con sede en Toulouse, Francia, y prestaban asistencia espiritual a familiares de los desaparecidos... La prensa argentina -sometida a rigurosa censura- recién informó sucintamente de los hechos el día 13, aunque habló de «desaparición» y no de la detención que efectuaron integrantes del Primer Cuerpo de Ejército, que exhibieron credenciales policiales y que se movilizaban en automóviles sin placa, como ocurre siempre en esos procedimientos. El Gobierno argertino respondió a la Comisión: Personas sobre las que no se registran antecedentes de detención y son objeto de búsqueda policial centralizada por el Ministerio del Interior: Domon, Sor Alice; Duquet, Sor Leonie. La Comisión recibió información adicional del Gobierno mediante nota del 27 de marzo de 1980, la cual a su juicio esclarece los hechos denunciados continuando el caso su trámite reglamentario».


    Según informó la revista «Paz y Justicia» del Servicio de Paz y Justicia en América Latina (Año 1, N° 7, diciembre de 1983):

    «En el procedimiento tiene destacada actuación el, en ese entonces, Capitán Alfredo Astiz... Este siniestro personaje fue el responsable directo de la identificación de los participantes de la reunión en la Parroquia de Santa Cruz. Astiz, argumentando ser hermano de un detenido desaparecido, participó en la reunión bajo el nombre de Gustavo Niño y se dedicó a observar detenidamente las características físicas y la vestimenta de los concurrentes. En el momento en que se decidió levantar la reunión, Astiz se retiró rápidamente para indicarles a los encargados del operativo a quiénes debían secuestrar... Ante la magnitud de los hechos llega inmediatamente al país François Gadot-Clet, enviado apecial de Edgar Faure, presidente de la Asamblea Nacional Francesa, quien tiene por misión gestionar la aparición de las religiosas. Gadot-Clet se entrevista con el Gral. Harguindeguy y esgrime una serie de contrato s comerciales favorables a l a Argent ina como elemento de presión. El ministro no cede terreno, pero le da aentender que existen posibilidates de que aparezcan....»

    Anexo 15

    El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel


    Admirador y prosélito entusiasta de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King y del Obispo brasileño Helder Cámaara, Adolfo Pérez Esquivel, profesor de Bellas Artes, docente secundario de Filosofía, Historia y Literatura ex catedrático de la Facultad de Arquitectura y nombrado en 1974 Coordinador general para América Latina del Servicio Paz y Justicia, por cuya labor recibio el Premio Nobel de la Paz en 1980.************************************************************************

    El Servicio Paz y Justicia en América Latina es una organización ecuménica laica que tiene por objetivo trabajar para la promoción de los derechos humanos fundamentales, basándos exclusivamente en métodos no violentos. Según lo define el mismo Esquivel: «Somos un movimiento cristiano que tiene un compromiso asumido en todo el continente: vivir el Evangelio, con una opción preferencial por los pobres, por los más necesitados.»**************************************************

    El 4 de abril de 1977, se presentó al Departamento Central de Policía con el fin de retirar su pasaporte, con la finalidad de realizar un viaje a Colombia. Es conducido a la Superintendencia de Seguridad Feder al donde permanece 32 días dentro de un calabozo, sin ser interrogado y desconociendo la causa de su detención.*********************************************************************

    Trasladado en un celular a San Justo, Pcia. de Buenos Aires, fue introducido en una avioneta encadenado en el asiento trasero, hasta la base aérea de Morón, lo trasladaron al Penal de La Plata, lugar donde permaneció durante 14 meses, sin proceso alguno judicial, y prolongando su arresto bajo la forma de libertad vigilada otros 14 meses más.*********************************************

    Su permanencia en prisión es narrada por el mismo Esquivel (Revista «Búsqueda» - Año 3-n° 21, Junio-Julio de 1983), de este modo:

    «Me torturaron cinco días en la prisión de La Plata nunca me preguntaron nada... Una vez el Subjefe del Penal de La Plata me lleva a una oficina y comienza insultarme. Me dice: "A vos no te van a salvar ni De Nevares, ni Aramburu. Ni la Virgen te va a salvar..." Jamás, a pesar de la presentación de hábeas corpus, de la insistencia internacional, que era muchísima, dieron explicación alguna... Hubo también otras presiones físicas y psíquicas... a veces abrían la puerta del calabozo y recibía una trompada, amenazas de muerte... mucha presión psicológica, porque me aplicaban el régimen de máxima peligrosidad. Una situación denigrante. Estando en prisión fue cuando recibí el «Memorial JUAN XXXIII» de la Paz, dado por «Pax Christi Internacional», que aquí se ocultó totalmente. Es un organismo que pertenece directamente al Vaticano. Y estando preso yo ya era candidato al Premio Nobel de la Paz. Fui candidato durante tres años... Después que salí del régimen de libertad vigilada tuve invitaciones de muchos países, pro no me daban el pasaporte. Hasta cuando tuve que ir a recibir el Premio Nobel tuve problemas con el pasaporte... y siempre sin explicaciones: lo más que me dijeron en el Ministerio del Interior fue que era «disposición del Poder Ejecutivo».

     

    Anexo 16

    Anexo 17

    Anexo 18

    Anexo 19

    Anexo 20

    Anexo 21

    Anexo 22

    Anexo 23

    Anexo 24

    Anexo 25

    Anexo 26

    Anexo 27

    Anexo 28

    Anexo 29

    Anexo 30

    Anexo 31

    Anexo 32

    Anexo 33

    Anexo 34

    Anexo 35

    Anexo 36

    Anexo 37

    Anexo 38

    Anexo 39

    Anexo 40

    Anexo 41

    Anexo 42

    TÉCNICA UTILIZADA

    ENCUESTAS

    INSTITUTO PIO XII

    TRABAJO DE INVESTIGACIÓN “TERRORISMO DE ESTADO”

    ALUMNO: MAURO CACACE

    NOMBRE Y APELLIDO:

    EDAD: SEXO:

    PROFESIÓN-OCUPACION:

    ESTUDIOS CURSADOS: PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO UNIVERSITARIO

    LUGAR DE RESIDENCIA: CAPITAL PROVINCIA

    1-¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA VIOLACIÓN SISTEMÁTICA A LOS DERECHOS HUMANOS LLEVADA A CABO DURANTE EL PROCESO DE REORGANIZACIÓN NACIONAL?

    SI NO NS/NC

    2-¿ESTÁ USTED DE ACUERDO CON LA LUCHA ANTISUBVERSIVA LLEVADA ADELANTE DURANTE EL PROCESO DE REORGANIZACION NACIONAL?

    SI NO NS/NC

    3-¿CONSIDERA CORRECTO LA REAPERTURA DE LOS JUICIOS A MILITARES?

    SI NO NS/NC

    4-¿CONSIDERA QUE DICHOS JUICIOS TRAERIAN CONSECUENCIAS EN LA RELACION ENTRE LAS FUERZAS ARMADAS Y EL COMÚN DE LA GENTE?

    SI NO NS/NC

    5-¿CONSIDERA QUE UN PROCESO HISTÓRICO SIMILAR SE PODRÍA VOLVER A REPETIR?

    SI NO NS/NC

    Los resultados de las tabulaciones de las encuestas sobre un total de 30 fueron los siguientes:

    El 100% de los encuestados está en contra de la violación sistemática a los derechos humanos llevada a cabo durante el “Proceso de Reorganización Nacional” tal como lo muestra el siguiente gráfico:

    El 36,67% de los encuestados está de acuerdo con la lucha antisubversiva del “Proceso de Reorganización Nacional”, el 60% de los encuestados está en contra mientras que el 3,33% no sabe o no contesta, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

    En cuanto a si se consideraba correcto la reapertura de los juicios a militares el 50% se manifestó a favor mientras que el 50% restante se manifestó en contra tal como lo muestra el siguiente gráfico:

    EL 53,33% de los encuestados manifestó que la reapertura de los juicios a militares si traería consecuencias en la relación entre las fuerzas armadas y el común de la gente, el 40% manifestó que no mientras que el 6,66% de los encuestados no sabe o no contesta, tal como lo muestra el siguiente gráfico:

    El 43,33% de los encuestados manifestó que consideraba afirmativo que un proceso histórico similar se pudiera volver a repetir, el 13,33% que no, mientras que el 43.33% restante no sabe o no contesta., tal como lo muestra el gráfico a continuación:

    RELATOS DE VIDA

    De Marcelo Alberto Cacace:

    “En aquellos años en los que los militares tomaron el gobierno yo era sólo un joven. Tenía 14 años en ese 24 de marzo de 1976.

    Eran tiempos en los cuales, autos como el Chevrolet 400, el Peugeot 504, el Falcon o los Torinos tenían un gran auge. Yo trabajaba en un taller mecánico desde los 12 años ubicado en la Ciudad de Avellaneda.

    El dueño de ese taller era un hombre al que le decíamos “el gordo” y tenía un don especial para tratar con la gente. Había sido amigo personal del General Perón al punto de que lo fue a visitar estando este en el exilio en España y numerosos dirigentes sindicales y políticos.

    Mi jefe era además amigo del Coronel Camps, persona que hoy es tomada como un demonio en persona al igual que su subordinado en la policía bonaerense, el comisario Miguel Etchecolatz.

    Recuerdo que en esa época arreglábamos gran cantidad de falcones verdes ó celestes con chapas patentes encabezadas por el número 113, el cual, era utilizado por la jefatura de investigaciones de la policía. Mucha gente sabia lo que significaba este tipo de chapas patentes colocadas en aquéllos automóviles incluyéndome pero nunca me imaginé que podrían utilizarse para el secuestro de personas.

    En aquéllos años a los que muchos llaman de “plomo” yo podía transitar por la calle con documentos y pelo corto, sin miedo a que nada pudiera pasarme. Con mis amigos nos juntábamos en la puerta del club Campos o del Mitre y nunca ninguno de nosotros tuvo problemas de ningún tipo con las fuerzas armadas ó de seguridad.”

    De Leonor Rey

    “Me considero una persona tranquila, pacífica, que siempre me opuse a todo acto de violencia. El motivo, tal vez, es el hecho de que haya tenido que emigrar de España debido a la guerra civil cuando tenía 6 años de edad. En esa oportunidad, al venir en barco desde mi Galicia natal, podía ver las luces de los submarinos alemanes durante la noche.

    Viví la llegada de Perón al poder, su derrocamiento y la sucesión de gobiernos militares y democráticos. Doy gracias a Dios que nunca padecí ningún tipo de violencia política ni de grupos con ideas extremistas.

    Recuerdo la vuelta de Perón del poder, su fallecimiento y la violencia por parte de grupos terroristas que mataban a inocentes poniendo bombas o asesinando a sangre fría.

    Yo solía escuchar a Bernardo Neudstad en la radio todas las mañanas antes de levantar a los chicos para que fueran al colegio y me quedó grabado en mi memoria el pedido que este periodista hacía horas antes que tomaran el poder pidiéndoles que por favor interviniesen ya que la ciudadanía los necesitaba .

    En esa época mi hijos mayor había ingresado a estudiar ingeniería en la facultad y yo solía tener miedo a que fuera “chupado” como podría haber sentido cualquier madre que quiere a sus hijos aunque sabía plenamente que no andaba en nada “raro” y que sus amigos eran iguales a él.

    Creo desde mi humilde posición que los militares que tomaron el poder en el 76 fueron unos violentos que mataron chicos que podrían haber sido mis hijos pero también procuraron imponer el orden a su modo. Como cualquiera se podrá dar cuenta, no estoy de acuerdo con el accionar militar. Yo no concuerdo con aquellos que creen que el fin justifica los medios”.

    SOPORTE TÉCNICO

    VIDEO DOCUMENTAL:

    “La república perdida”Argentina-1983 Director: Miguel Pérez

    En este video documental se presentan cronológicamente y de una manera explícita y precisa los hechos que ocurrieron durante el “Proceso de Reorganización Nacional”.

    Permite el video visualizar al espectador como se vivía el poder desde la perspectiva militar y desde la perspectiva del pueblo. Brinda además, información muy útil sobre la lucha antisubversiva, la aplicación de un modelo económico neoliberal y los elementos utilizados por el gobierno militar para mantener a la población en orden. También desarrolla profundamente el mundial 78, el conlflicto con Chile por el canal de Beagle y la guerra de Malvinas hasta la reapertura democrática.

    VIDEO COMERCIAL:

    “Garage olimpo”Argentina-1999 Director: Marco Bechis

    Este film evoca el tiempo del “Proceso de Reorganización Nacional” a través de un integrante de un “grupo de tareas” y una mujer secuestrada y torturada en un centro de detención clandestino conociéndose estos dos previamente.

    Muestra el largometraje, la realidad del secuestro y la tortura, el modus operandi del terrorismo de estado y hace insinuaciones implícitas sobre la crueldad de los torturadores, la figura del Falcon como auto empleado por los grupos de tareas y los vuelos de la muerte. También hace referencia al accionar subversivo y la firmeza ideológica de terroristas como también de militares.

    BIBLIOGRAFÍA

    BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

    CONADEP “Nunca más”. Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, 1985

    ROMERO, Luis Alberto.”Breve historia argentina contemporánea”, Fondo de la cultura económica,

    Buenos Aires, 1999

    ROMERO, Luis Alberto “Argentina crónica total del siglo XXI”, Aguilar, Buenos Aires, 2002

    SEOANE, Marta y MULEIRO, Vicente.”El dictador. La historia secreta y pública de Jorge Rafael Videla”, Sudamericana, Buenos Aires, 2000

    SEOANE, María.”Todo o nada”, Planeta, Buenos Aires, 1992

    KAFTA Frank “El proceso”, 1999

    SITIOS WEB:

    http://www.javiergiraldo.org

    http://www.google.com.ar

    http://www.lafogata.org.ar

    http://www.desaparecidos.org

    BIBLIOTECAS VISITADAS:

    *Biblioteca Nacional

    *Biblioteca del Congreso de la Nación

    *Biblioteca de la Legislatura de Buenos Aires

    *Biblioteca popular “Zeballos”

    CONCLUSIÓN

    FINAL

    CONCLUSIÓN FINAL:

    Luego de más de un mes de recabar información en diversas fuentes, leer diarios de la época, tabular las encuestas pertenecientes a personas con distintas edades, niveles económicos y educacionales y redactar el presente informe pude llegar a validar mi hipótesis.

    “El Proceso de Reorganización Nacional” que ocupó el poder entre los años 1976-1983, implementó una acción sistemática que originó una política de violación a los derechos humanos. El emplazamiento por parte del gobierno militar de campos de detención clandestinos, la utilización de la tortura y el asesinato de personas, el arrojar personas desde los aviones al mar, la desaparición de cadáveres de las personas asesinadas y el hecho de fraguar su muerte como extremistas en supuestos enfrentamientos con las fuerzas del orden, son prácticas inmorales que van mas allá del fin al que se quiera llegar. Son actos que atentan contra la dignidad humana y un derecho tan elemental como es el de la vida.

    Los grupos extremistas que alteraban el orden público no fueron desbaratados conforme a las leyes de un estado de derecho. La irrupción de los militares en la vida gubernamental significó que utilizaran los elementos de un estado para sus acciones ilegítimas y que lo utilizaran como un auténtico terrorista que atenta contra su propio pueblo.

    ¿Qué me permitió conocer el trabajo de investigación?

    Me permitió conocer el modus operandi del terrorismo de estado ya sea a través de la lectura exhaustiva de diversos libros o textos de diferentes orientaciones, videos o relatos de personas. Sentí realmente como si hubiera vivido una época que no fui contemporáneo pero que mis padres y mi entorno cercano y lejano vivieron.

    Viví una situación insólita al realizar el trabajo al igual que cuando se lee un libro de gran interés que parece que uno mismo es participe inmediato de la historia.

    Parece mentira que luego de 30 años de que los militares tomaran el poder, siga estando tan latente en la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Es necesario conocer lo más que se pueda acerca de este tema ya que nuestra generación tendrá que dar las respuestas y las soluciones que las generaciones que nos precedieron no pudieron, no supieron o no quisieron dar.

    Una gran carga pesará sobre nuestros hombros, debemos procurar para que las heridas que nuestra patria sufre a causa de este pasado reciente, pero para que esto ocurra debamos conocer nuestro pasado. Por todo eso debemos decirle ya no más a un régimen político que no sea el democrático y ya no más al Estado en el papel de terrorista.

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    Enviado por:Maurito Cacace
    Idioma: castellano
    País: Argentina

    Palabras clave:
    HistoriaMetodologías de la investigación científicaReorganización NacionalPolítica de Violación de los Derechos Humanos
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