En la medida en que la intervención del Estado en la Economía fue en aumento, éste se valió de mayores recursos para desarrollar sus actividades y los impuestos constituyeron porcentajes crecientes del ingreso nacional.

El papel del Estado en las economías actuales es en alto grado una consecuencia de la creciente complejidad e interdependencias que presenta la sociedad moderna.

Gran parte de la actividad gubernamental se ocupa de determinar la provisión y financiación óptima de los bienes públicos.

La economía de mercado funciona para la provisión de bienes privados, en los que puede aplicarse el principio de exclusión donde el consumo de un agente económico depende de que éste pague el precio, en tanto que otro agente económico que no lo paga, queda excluido. El consumo de los bienes privados es rival, puesto que el consumo de un bien por un agente económico reduce los beneficios obtenidos por los demás.

A diferencia de los bienes privados, los bienes públicos tienen un consumo no rival y por lo tanto es inapropiado para ellos el principio de exclusión. Se ofrecen conjuntamente a la comunidad toda en el sentido que los beneficios se otorgan de forma colectiva a la sociedad.

Otra característica de los bienes públicos es que no son divisibles y por ende no pueden venderse en unidades por separado.

La empresa privada, por los motivos antes expuestos, no puede proveer estos bienes ya que no puede venderlos a los individuos y no puede excluirse a nadie de sus beneficios. El mejor ejemplo de un bien público lo constituye la defensa nacional, que recae en forma indivisible sobre toda la comunidad.

La decisión del sector gubernamental respecto a los bienes públicos difiere substancialmente del sector privado. La forma de resolver la provisión y financiación de los bienes públicos pertenece al terreno de la teoría de la elección pública. En el sector privado los individuos expresan sus opiniones por lo que Samuelson1 ha dado en llamar “votos monetarios” por los bienes que desean. En la esfera política emiten votos para elegir a sus representantes y la cuestión clave reside en cómo expresan los votantes sus preferencias por los bienes públicos, habida cuenta que su consumo individual se reduce en la medida que se producen transferencias al sector público.

El problema de la elección de los bienes públicos se simplifica si todo ciudadano tiene acceso al voto directo y derecho al uso de la palabra (democracia directa).

En grupos pequeños las decisiones se alcanzan con procesos de negociación y regateo, pues cada contribución individual es sumamente importante para el resto de los individuos.

Estas soluciones son incompatibles cuando la contribución individual es pequeña para ser decisiva y las decisiones individuales deben trasladarse a decisiones presupuestarias a través de un proceso político que represente dichas preferencias mediante un sistema de votación mediante la representación de los partidos políticos que adoptan la decisión final por delegación de los votantes.

En un extremo podemos ubicar la regla de la unanimidad o del consenso completo, aplicable solamente a aquella producción de bienes públicos sobre la que existe un acuerdo total.

Esta regla tienen mucha relación con el óptimo de Pareto respecto del bienestar económico, por lo que un comportamiento racional en la provisión de bienes públicos que beneficie a una o más personal y no perjudique a nadie, recibirá un apoyo unánime.

La regla de la unanimidad desarrollada por el economista sueco Wicksell evita un daño para quienes no deseen el cambio y ofrece una máxima protección a los intereses de la minoría. Puede aplicarse en grupos pequeños, que harán concesiones con respecto a algunas medidas con el fin de obtener la aprobación de otras que sean de su interés.

Como regla general, la unanimidad para la provisión de bienes públicos resulta inaceptable, debido a la complejidad de las actividades gubernamentales que harían intolerable el tiempo y el esfuerzo necesario para lograr el consenso completo. Inclusive es imposible en las funciones gubernamentales distributivas que implican la transferencia de riqueza de algunas personas a otras, cambio que algunos jamás admitirían.

En la visión moderna de la democracia, se acepta que a cada persona le corresponde un voto. La regla utilizada habitualmente es la de mayoría simple.

Un votante racional es consciente que la probabilidad de que su voto afecte al resultado final es prácticamente irrelevante. Puede decirse que los votantes lo hacen por un sentido de “responsabilidad” que aceptan como miembros de una sociedad democrática.

Para evaluar la calidad de las reglas de la votación, debe observarse:

a) que el resultado no sea arbitrario.

b) que sea representativo de las preferencias de los votantes.

c) que no sea distorsionado por el comportamiento estratégico.

La regla de la mayoría no debe conducir a resultados arbitrarios, situación que no se produce bajo otros sistemas de votación como el de pluralidad o votación por puntos. Existe la posibilidad que se produzcan inconsistencias, las que pueden resolverse con nuevas votaciones sobre las alternativas preferidas.

2. REGLAS ALTERNATIVAS DE VOTACIÓN

Es necesario por lo tanto una regla de votación que induzca a la relevación de las preferencias, para lograr un cierto grado de homogeneidad.

La regla de la mayoría no es tan sencilla en su aplicación ni tan conveniente en sus resultados como parece a primera vista. Kennet Arrow, refiriéndose al proceso político de los Estados Unidos, señala que los votos de la mayoría no siempre reflejan la voluntad de ésta; en circunstancias especiales, tal vez una pequeña minoría (o un solo votante) pueden imponer el resultado a la mayoría. Esto se conoce como paradoja de Arrow.

La paradoja de Arrow puede presentarse en las siguientes circunstancias:

a) debe haber por lo menos tres votantes.

b) debe haber por lo menos tres alternativas, que para nuestro análisis nombraremos como A, B y C.

c) el comportamiento del votante debe ser racional.

d) en la votación se cumple la condición de transitividad. Si el votante prefiere la alternativa A a la alternativa B, y ésta a la alternativa C, entonces prefiere A a C.

e) todos los ordenamientos posibles son aceptables, es decir, no hay restricciones a la gama de alternativas.

Supongamos la presencia de tres votantes: X, Y, Z, que expresan sus preferencias de la siguiente manera:

X: A p B p C

Y: B p C p A

Z: C p B p A

donde el símbolo p indica “prefiere”

Es incuestionable en este ejemplo, que la preferencia de la mayoría se vuelca hacia la alternativa B. Pero si Z es un votante que prefiere los extremos, su ordenamiento es: C p A p B. Si el voto es entre A y B, gana A; si el voto es entre C y B, gana B; si el voto es entre A y C, gana C. Esto significa que no existe ninguna solución estable de mayoría, puesto que el resultado depende del orden en que el voto se tome. Aunque Arrow ha demostrado la posibilidad de una votación cíclica, la posibilidad de que ello ocurra tal vez nunca lleve a la minoría a impedir un programa o actividad deseado por la mayoría.

Si se permitiese a los votantes elegir entre una escala continua de alternativas, podría llegarse a un consenso, mediante la votación por puntos en la que cada votante tiene un determinado número de puntos que asigna a las alternativas en orden a sus preferencias. En este caso el resultado depende de la intensidad de las preferencias. De no presentarse el denominado voto estratégico, cada votante reflejará sus verdaderas preferencias sin tener en cuenta la actitud de los otros, ganando la alternativa con mayor número de puntos.

En la realidad, el voto estratégico es muy importante, pues los votantes tienen en cuenta el voto de los otros ciudadanos y no despilfarran su voto en alternativas que no tienen posibilidad de vencer.

3. DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

Sin embargo el problema de la elección pública debe transitar caminos más realistas, pues las decisiones se delegan a los representantes.

En la determinación de las producción de los bienes públicos intervienen entonces tres grupos que actúan en el escenario político:

En resumen, podemos extraer dos conclusiones de la teoría de la elección pública:

Se puede establecer una analogía entre la competencia de los políticos por captar votos con la competencia de las empresas por captar consumidores. El objetivo del político es, en definitiva, maximizar votos para conseguir el poder y mantenerse en él.

En el juego de la política los votantes son los consumidores y los políticos desempeñan el papel de los empresarios que interpretan la demanda de los bienes públicos por parte del público y encuentra la forma de suministrarlos.

La teoría de la elección pública reduce las motivaciones a un simple supuesto: los políticos se comportan con vistas a maximizar sus posibilidades de ser elegidos.

Entre los votantes y los políticos hay grupos de interés que representan a personas o empresas que se han unido en favor de un conjunto específico de intereses, que muchas veces tienen un grado de poder político superior a su número de afiliados. Cuando estos grupos de interés capturan a los organismos reguladores o legislativos estamos ante la presencia de un gobierno no representativo.

Asimismo intervienen personas que dirigen organismos ejecutivos, los burócratas, que gozan de poder debido a su pericia y experiencia pero que en última instancia están sometidos a las decisiones de los líderes políticos.

4. LOS “CIUDADANOS-VOTANTES”

La decisión del “ciudadano-votante” respecto de la provisión de bienes públicos encuentra las siguientes limitaciones:

5. EL PAPEL DE LOS BURÓCRATAS

Los empleados y directivos del gobierno tienden a maximizar el tamaño de sus departamentos de manera que pueda incrementarse sus salarios o amplían sus poder. Según Musgrave5 cuando realiza una solicitud presupuestaria el burócrata de alto nivel:

a) pedirá una mayor cantidad de fondos de los que necesita para llevar a cabo la misión encomendada.

b) magnificará los beneficios del nivel de servicios que presta.

c) inflará el total anticipándose a los recortes presupuestarios.

Pocos pueden resistir a esta tentación de aumentar su influencia y poder. El único apoyo que necesitan es la aprobación del presupuesto por parte de los legisladores. Los programas suelen ser complejos, y a menudo se carece de tiempo para analizarlos, además suelen crear un electorado poderoso a partir de aquellos que se benefician con sus actividades.

Los gobiernos suelen tener dificultades para detener un proyecto una vez que ha comenzado.

Samuelson cita el ejemplo del programa de subvenciones al “mohair”, lana de angora que se declaró material estratégico en 1954 en los Estados Unidos, cuando los soldados utilizaban uniformes de lana. Los ganaderos que tenían cabras de angora se vieron beneficiados por esta subvención del gobierno federal. Treinta años más tarde la subvención alcanzó los 48 millones de dólares. Un presidente tras otro han intentado eliminar el programa que, aún hoy, sigue existiendo.

6. EL PAPEL DE LOS POLÍTICOS

Como hemos señalado, el político puede verse como un empresario que trata de maximizar votos para mantenerse en el poder.

Los políticos deben enfrentarse a elecciones frecuentemente (cada 2, 4 ó 6 años) y a menudo las presiones electorales suelen llevarlos a tomar decisiones basadas en su corto horizonte temporal.

En los Estados Unidos todo el mundo estaba de acuerdo que el déficit fiscal era perjudicial para el ahorro y la inversión. Sin embargo en la última década se ha ido posponiendo la adopción de medidas para eliminar el déficit y el conjunto de medidas del Presidente Clinton destinadas a tal fin ha sido aprobado por un escaso margen.

La adopción de medidas dolorosas (cirugía mayor) mejora los resultados económicos en el futuro, pero los políticos que se presentan a su reelección son contrarios a afectar su popularidad en el corto plazo. Les preocupa en general más la reelección que los problemas económicos futuros.

Esta tendencia puede llevar a presentar programas rentables a corto plazo y a evitar los que tienen horizontes futuros difusos.

Retomemos el tema de la opinión pública. El político mediocre, timorato y utilitario puede ocultar lo que sabe y para no ofender a la mayoría, calla o finge estar de acuerdo con la opinión dominante. El político convencido, audaz y visionario. Puede que el 92,5% de la población opine que la raíz cuadrada de nueve es seis. Un verdadero demócrata asumirá el riesgo de ser incomprendido (y por lo tanto, perder), pero proclamará que la raíz cuadrada de nueve es tres. La democracia no presupone que la mayoría siempre tenga razón, presupone que tiene derecho.

Al elitista le importan las “raíces cuadradas”, el demagogo sostiene que si la gente dice seis, es seis. El demócrata defiende la verdad pero se somete al veredicto de la mayoría. Más que vencer le importa convencer.

7. FINANCIACIÓN DE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES

La financiación de las campañas es otro factor distorsionante para el sistema. El crecimiento de las campañas y de la utilización de los medidos masivos de comunicación ha hecho crecer en forma espectacular el costo de las mismas.

A esto hay que añadir un nuevo factor de distorsión: los grupos de interés financian la campaña de los candidatos políticos, por lo que el liderazgo independiente se hace más difícil.

Se presentan presiones tanto en los impuestos como en el gasto público. Por lo tanto la reforma de la financiación de las campañas electorales es una cuestión prioritaria.

En 1907 Theodore Roosevelt “descubrió” la fórmula de la probidad política. Sostenía que había que prohibir el financiamiento privado de los partidos políticos. Los candidatos tenían que recibir dinero únicamente del Estado: sólo lo suficiente para informar a los votantes y permitirles una elección consciente. Las leyes debían asegurar que el dinero se distribuyera con equidad. Las auditorías contables verificarían que ningún centavo se perdiera en el camino.

En 1974, la Ley de Campañas Electorales, sancionada por el Congreso, tomó ingredientes de aquella “fórmula”.

En Estados Unidos las campañas las financia el Estado. Bill Clinton y George Bush recibieron cada uno algo más de 55 millones de dólares de la Comisión Federal Electoral. El financiamiento público tiene un precio: no se pueden aceptar contribuciones privadas (donaciones en dinero, donaciones en especie, “préstamos”, etc.). Inclusive los aportes personales de cada candidato a la campaña no pueden superar los 50.000 dólares.

El candidato Ross Perot financió su campaña con recursos propios pues los límites sólo rigen para los que se benefician con la financiación pública.

Sin embargo la Ley tiene lagunas, que son mayores cuando se trata no ya de la elección general, sino de las elecciones primarias.

Sería conveniente en nuestro país limitar las campañas electorales:

8. EL ESTADO MAXIMIZADOR DE GASTOS.

En nuestro país el gobierno es representativo y cada uno de los grupos actuantes en el escenario político son motivados por el deseo de satisfacer sus preferencias, ya sea que los individuos actúen como “ciudadanos-votantes”, representantes, funcionarios o burócratas.

Resulta difícil que el “ciudadano-votante” medio tenga en cuenta cuando emite su voto todos los problemas que implica la gestión financiera del Estado: la recaudación de tributos y la aplicación de los recursos a la provisión de bienes públicos.

Tradicionalmente el pensamiento de las Finanzas Públicas estuvo centrado en los problemas que planteaba la distribución equitativa del impuesto. El principio rector en esa materia es el de la capacidad contributiva para repartir dicha carga (basado en los principios de la utilidad marginal decreciente de la riqueza).

En la actualidad no se concibe medir el grado de progresividad o regresividad de un sistema exclusivamente a través de la estructura de los impuestos. Debe tenerse en cuenta correlativamente la aplicación del gasto o de los recursos.

A partir de la década del `50 la “búsqueda de la equidad” se complementa con la idea de la eficiencia en la aplicación de recursos por parte del Estado.

Buchanan, como forma aproximativa de medir los beneficios recibidos de la gestión del Estado bajo la forma de bienes públicos, desarrolla en concepto de carga excedente, en relación con la carga triburaria soportada por los contribuyentes.

En algunas zonas o regiones, la carga tributaria excede el valor de los bienes públicos recibidos por el contribuyente medio. En otras regiones sucede lo contrario (carga excedente negativa). La comparación interregional de cargas excedentes ofrece mayores distorsiones cuando en algunas zonas se aplican impuestos progresivos.

Los críticos han visto el crecimiento del sector público como el surgimiento de un moderno “Leviatán” que amenaza las instituciones libres. Este tema resulta de sumo interés en nuestro país, a la luz de la exigencia cada vez mayor de una eficiencia en la administración estatal.

Esta exigencia se ve plasmada en la actualidad en diversos textos constitucionales, los que establecen límites a la expansión del gasto público, como forma de impedir la omnipresencia del Estado.

Las mencionadas reformas constitucionales tuvieron su génesis en los Estados Unidos, con lo que dio en llamarse la revolución impositiva (Tax Revolt) que comienza en California con la limitación de la alícuota del impuesto municipal sobre propiedades urbanas al 1% (enmienda 13 introducida en la constitución del Estado).

Ya en 1988 veintidós estados de ese país habían introducido en sus constituciones enmiendas que limitan la expansión del gasto público mediante la utilización de diversos parámetros, siendo el de mayor utilización el referido al Producto Bruto Interno del Estado en el período precedente (el gasto público no puede exceder determinado porcentaje del mismo). En otros países se imponen pautas no sólo en cuanto al monto global del gasto, sino en cuanto a la aplicación del mismo, estableciendo montos mínimos a aplicar, por ejemplo, en materia de educación.

La tendencia orientada a lograr la eficiencia en el gasto público ha llevado a la formulación de una serie de principios que conforman las ideas del federalismo fiscal, que son aplicables no solo a países con estructura federal de gobierno sino a toda estructura política donde se descentralicen las funciones a cumplir por el Estado. Estas ideas de “descentralización fiscal” son desarrolladas en el punto 9 del presente trabajo.

Uno de los fundamentos de la sobre expansión del gasto público según Buchanan y Tullock6 es que la regla de la mayoría tiende a generar un exceso de oferta, ya que la mayoría tiende a subestimar el costo que el proyecto genera en los oponentes al mismo.

Otra causa adicional es que los votantes tienden a subestimar el costo de los impuestos que realmente soportan, en particular de los impuestos al consumo.

Este problema de ilusión fiscal tiene dos caras: por un lado si los contribuyentes subestiman la carga tributaria, también pueden subestimarse los beneficios del bien publico.

Asimismo hay que mencionar que si el incremento del gasto público se convierte en déficit público, los votantes suelen no percibir el incremento del gasto como algo costoso.

Resulta importante destacar asimismo que el énfasis puesto en la obtención de economías de escala en la prestación de servicios públicos, puede conspirar contra la calidad de los mismos. Esta dificultad en cuanto a la generación de economías de escala reconoce su origen en el hecho de que los procesos que generan bienes públicos son mano de obra intensivos, mientras que las economías de escala tienen una relación más directa con el uso de bienes de capital y la incorporación de nuevas tecnologías. Esta es la causa por la cual cuando se habla de reducir el gasto público y se reduce el número de empleados públicos, se empeora generalmente la calidad del servicio.

Resulta muy importante destacar que existen indivisibilidades en los bienes públicos, problema al que se refiere Buchanan denominándolo congestión. La característica de la mayoría de los bienes públicos consiste en que presentan un costo marginal igual a cero frente a un usuario adicional de los mismos. El hecho de que utilicen una plaza cien personas más no produce costos adicionales, pero si estas cien personas logran atiborrarla, el costo de construir una plaza adicional es grande. En definitiva, si se quiere satisfacer adecuadamente a todos los demandantes de bienes públicos, habrá una cierta “capacidad ociosa” que conspira contra la eficiencia y la reducción del gasto público.

Por último, debemos mencionar el voto de los empleados públicos que tienden a apoyar la expansión del gasto público pues genera producción de empleo público, mejores niveles de salario, etc.

9. DESCENTRALIZACIÓN FISCAL.

Una solución al problema de la elección de los bienes públicos se logra mediante la descentralización fiscal, que permite:

a) tomar las decisiones públicas en un nivel menor de gobierno, con lo que se logra estar más próximo a las preferencias de los ciudadanos, reducir el grado de discrecionalidad de los representantes, funcionarios o burócratas y aumentar su responsabilidad ante los votantes. Asimismo, desde el punto de vista económico contribuye a la eficiencia, facilitando la adaptación a los cambios y la innovación.

b) la descentralización debe abarcar las decisiones respecto al gasto y a la financiación, por lo que el gobernante facultado para gastar debe recaudar para afrontar el gasto y asumir los costos políticos de la imposición. Esto reduce el uso político-electoral de los fondos públicos7. Las personas deben determinar la actividad pública que desean y pagar por la misma. Los bienes y servicios públicos que no estén dispuestos a financiar no deberían suministrarse. Esto reduce la tendencia a la sobre-demanda de bienes públicos que tiene lugar cuando los contribuyentes soportan una carga menor que el costo de los bienes que reciben (hay exceso de gastos cuando lo que se gasta es dinero de otros). Esto constituye un incentivo para una conducta responsable de gobernantes y gobernados esencial para el buen funcionamiento del sistema político democrático.

c) la descentralización permite una mayor correspondencia entre el área territorial que recibe los beneficios del gasto público y la residencia de quienes pagan los impuestos que lo financian (se reducen las externalidades).

d) generaría una competencia fiscal entre las jurisdicciones constituyendo una limitación al poder discrecional monopólico de los gobiernos, ayudando a mantener bajos los costos de las actividades públicas y a garantizar que las mismas sean las que los contribuyentes desean. No obstante ello, no todas las jurisdicciones locales enfrentan a la competencia desde posiciones similares, por lo que pueden aparecer formas de “guerras tributarias”.

Desde el punto de vista económico, la competencia interjurisdiccional para la provisión y financiación de los bienes públicos locales ha sido propuesta sobre la base de dos argumentos distintos:

El primero, debido a Tiebout8 (1956) visualiza a la competencia interjurisdiccional como un mecanismo que promueve la asignación eficiente de los recursos, proveyendo la cantidad y la mezcla de bienes públicos eficiente, al mínimo costo.

Un segundo argumento a favor de la competencia interjurisdiccional se debe a Brennan y Buchanan9 (1978-80) y está vinculado a la expuesta visión del sector Público como un Leviatán, cuyo objeto es maximizar la recaudación tributaria y minimizar la fracción que se destina a bienes y servicios públicos que benefician a toda la comunidad. La competencia entre jurisdicciones en un contexto de movilidad de factores inducida por las variables fiscales constituye un freno o restricción significativa para el poder tributario. Esta restricción puede ser complementaria o substitutiva de las restricciones constitucionales propuestas por estos autores.

Horacio Nuñez Miñana10 señala que pueden presentarse tamaños óptimos en la prestación de servicios públicos para grupos más grandes que una familia pero más pequeños que la comunidad nacional (“clubes” según Buchanan).

Los gobiernos locales permiten ajustar la oferta de bienes públicos a los diferentes gustos (decisión entre bienes públicos y privados, decisión entre clases y cantidades de los bienes públicos). En este caso una comunidad local que prefiere una mayor cantidad de bienes públicos y consecuentemente una menor cantidad de bienes privados, podrá votar un presupuesto más alto, en tanto que otra comunidad que tenga preferencia hacia los bienes privados, podrá votar un presupuesto más reducido, con menores gastos públicos pero también menor presión tributaria.

Para el citado autor, la minoría que no esté satisfecha con el resultado de la votación puede migrar (“votar con los pies”) a otra comunidad más afín con sus gustos. El resultado final será la organización de comunidades locales con gustos relativamente homogéneos, con una mezcla bienes públicos-bienes privados y una estructura de bienes públicos mejor adaptada a las preferencias de los consumidores. Esto incentivará a los ciudadanos pobres a migrar hacia comunidades más ricas, mientras que éstas tratarán de restringir la admisión de personas con ingresos más reducidos que la media local.

10. CONCLUSIONES

a) La teoría de la elección pública (“Public Choise”) no ha tenido en Argentina la difusión de la que disfrutó en otros países, de allí que surjan como novedosas cuestiones que en otros países se consideran superadas. El tema es sumamente complejo, por la inexistencia de una solución de aplicación generalizada. A pesar de que hay ciertas coincidencias, la diversidad es la regla.

En nuestro país la cuestión se ve agravada por algunas circunstancias que conspiran contra la toma de decisiones entre las que podemos citar:

• Un alto porcentaje de “ciudadanos-votantes” que realizan voto estratégico, descartando las alternativas que no tienen posibilidad de vencer.

• La presencia de la lista completa (o “sábana”) condiciona la decisión de los “ciudadanos-votantes”. La abolición del sistema y apertura de los partidos políticos contribuiría a una elección más racional.

• La existencia entre los “ciudadanos-votantes” y los políticos de grupos de interés hacen que el ciudadano común advierta que su decisión no influye en el resultado final, absteniéndose de votar, haciéndolo en forma irresponsable o eligiendo a un candidato que responda a su ideología más que a un programa concreto.

• En nuestros días en Argentina hay un culto a la opinión pública en que influye en la decisión de los “ciudadanos-votantes”.

• Los políticos, “maximizadores de votos”, se preocupan más en su reelección que en los problemas económicos futuros, tratando de evitar la adopción de medidas que tiendan a afectar su popularidad en el corto plazo.

• La financiación de las campañas electorales es otro factor distorsionante del sistema. Los grupos de interés hacen que el liderazgo político independiente sea cada día más difícil. Sería conveniente un sistema que limitara las campañas electorales. En tal sentido nos remitimos a la propuesta señalada en el punto 7 del presente trabajo.

• Fernando Daniel García11 señala que también conspiran contra la toma de decisiones: la falta de transparencia y confiabilidad de las cuentas del sector público, la exagerada profusión de normas, la alta inestabilidad de las mismas, etc.

b) Compartimos la conveniencia de una descentralización fiscal, incrementando la autonomía y responsabilidad fiscal de los gobiernos locales y reduciendo la separación de las potestades de gastar e imponer. Sin embargo este claro aumento de las responsabilidades de las provincias no siempre ha implicado una reducción de la pobreza y una mejora de los servicios, debido a la existencia de un marcado desequilibrio vertical. El instrumento para corregir esta “falla” es el de transferencias de los niveles superiores de gobierno, mecanismo que no está exento de problemas:

• Su instrumentación separa las decisiones de gastar y recaudar y da lugar al fenómeno de “ilusión fiscal” que genera ineficiencias en los procesos de toma de decisiones. Si el financiamiento del gobierno local depende fundamentalmente del sistema de transferencias se produce una tendencia expansiva del gasto público (“Leviatán”), fenómeno que se ha presentado con frecuencia en nuestro país.

• Se producen distorsiones en algunos sistemas de decisión pública. Este fenómeno se conoce como “efecto papel matamoscas” (el dinero se pega donde se posa). Señala Gramlich12 que si la renta de la comunidad aumenta por las condiciones propias de la economía local, dedicará una parte de ese aumento a la producción de bienes públicos y otra parte a los bienes privados. En cambio si se produce por una transferencia del gobierno central, lo más probable es que se gaste totalmente en bienes públicos. Esto refleja que la voluntad del decisor político se aparta de las preferencias de las personas.

• Si los gobernantes locales dependen de la discrecionalidad de la autoridad central, deberán acatar sus objetivos políticos y no los de los ciudadanos de su jurisdicción.

• Se establece un inconveniente sistema de incentivos en los gobiernos locales: su éxito dependerá de su afinidad con el gobierno central más que de su eficacia como administradores.

c) El sistema de transferencias está plenamente justificado. No obstante ello, consideramos que requiere un perfeccionamiento, ante las dificultades expuestas. En tal sentido la exigencia constitucional de una distribución equitativa, solidaria y dando prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional deberá atender no solo al volumen de gastos sino también a su efectividad.

Asimismo debe incentivarse el incremento de la recaudación de las jurisdicciones locales para evitar su tendencia a obtener más fondos de las jurisdicciones de mayor nivel, mejorando la eficiencia de las administraciones fiscales de los niveles inferiores de gobierno.

d) La profunda reforma de las últimos años se ha orientado a darle al mercado un papel protagónico en la asignación de recursos, transformando al Sector Privado en el motor del crecimiento económico. Consideramos que, sin perjuicio de ello, deberá fortalecer sus acciones en aquellas áreas donde resulta indispensable para alcanzar el bien común o el máximo bienestar social posible.

Desafortunadamente en nuestro país la acción del estado se ha orientado a fines político-ideológicos no siempre coincidentes con los sociales, impulsando acciones que a menudo alejan a la economía del “optimo” e inclusive empeoran la distribución de la renta.

Una causa de ello es la exagerada influencia de los grupos de mayores ingresos, que intervienen en forma sustancial en la toma de decisiones, debido a que se hallan en mejores condiciones para adquirir información sobre actividades gubernamentales, de participar en el gobierno y de “comprar” influencias.

En síntesis, respecto al problema de la provisión de bienes públicos no existen soluciones de aplicación generalizada. La “solución” implica juicios de valor sobre el proceso político, las características de los representantes y de los burócratas, respecto a si el proceso político refleja o no las preferencias individuales, etc. El abastecimiento óptimo de bienes públicos será siempre un concepto sin demasiada utilidad práctica, siendo una cuestión conjetural si dichos bienes se producen en forma excesiva o en defecto.

BIBLIOGRAFÍA

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2 DUE, John - FRIEDLANDER, Ann - ANÁLISIS ECONÓMICO DE LOS IMPUESTOS Y DEL SECTOR PUBLICO - Ed.Mc Graw Hill, Madrid, 1995.

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4 BUCHANAN, James - BRENNAN, Geoffrey - INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LA HACIENDA - EDERSA, Madrid, 1982.

5 MUSGRAVE, Richard - MUSGRAVE, Peggy - HACIENDA PÚBLICA TEÓRICA Y APLICADA - Ed.Mc Graw-Hill, Madrid, 1992.

6 BUCHANAN, James - TULLOCK, Gordon - THE CALCULUS OF CONSENT - University of Michigan Press, 1962.

7 PROUD'HOMME Rémy - PUBLIC FINANCE WITH SEVERAL LEVELS OF GOVERNMENT - Fundation of Journal of Public Finance, La Haya, 1991.

8 TIEBOUT Ch., M. - A PURE THEORY OF EXPEDITURE - Journal of Political Economy, 1956

9 BUCHANAN, James - BRENNAN, Geoffrey (Op. Cit.)

10 NUÑEZ MIÑANA, Horacio - FINANZAS PUBLICAS - Ediciones macchi, Buenos Aires, 1994.

11 GARCÍA, Fernando Daniel - ALGUNOS APORTES TEÓRICOS PARA LA REFORMULACION DE LA DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS EN UN SISTEMA FEDERAL - Impuestos Tomo l-a - La Ley, 1992

12 GRAMLICH, Edward - SUBSIDIOS INTERGUBERNAMENTALES: UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA EMPÍRICA - Hacienda Publica Española, Madrid, Nº 63.

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El Estado maximizador de gastos y las teorías de la elección pública