SOCIOLOGIA INDUSTRIAL

TEMA 1 INTRODUCCIÓN A LA SOCIOLOGÍA.

El estudio científico de la sociedad cambia en el siglo XIX (antes se enseñaba filosofía y religión). El conocimiento científico es solo un tipo mas de conocimiento, junto a la ciencia, se encuentra la videncia, misticismo, religión, filosofía, etc.

El conocimiento de sentido común, el saber cotidiano que explica el comportamiento social (no profundiza), el saber que tenemos por haber nacido aquí y ahora y varia según la cultura, el sentido común cambia con el tiempo y se aprende socialmente.

Las relaciones entre culturas, sexos, religiones a veces chocan, lo cual es normal. Detrás del sentido común se esconden ideas conservadoras debido a que el grupo debe seguir existiendo.

Existen algunas afirmaciones de sentido común, que se diferencia de las afirmaciones científicas:

• La política de derechas es privatizadora, si hacemos un estudio científico no es así.

• Los sindicatos = trabajadores, aun sabiendo que hay sectores de los trabajadores que no se afilian

• - Etc.

Etnocentrismo: emitir juicios de valor de otras culturas, suele suceder en los medios de comunicación.

Diferencias entre saber cotidiano y científico:

-Cada tipo de saber responde a sus propias cuestiones.

-Saber cotidiano es superficial, el saber científico es profundo.

- El sentido común es asistemático desordenado frente al saber científico que sigue un método.

- El saber cotidiano es acrítico frente al saber científico que es autocorrectivo, corrige teorías anteriores.

- El sentido común se basa en la opinión y el saber científico se basa en la comprobación.

La evolución del concepto ciencia

Latín-ciencia= todo tipo de saber, acepción muy amplia. La acepción es un conocimiento sistemático de una disciplina. El concepto moderno de ciencia es desarrollo del saber experimental e insistencia en el método inductivo.

Inductivo o empirista- partir de la realidad social y proponer teorías. sistemático, o sea se lleva a cabo mediante un orden.

La ciencia en su contenido son las ideas, se hayan interrelacionadas entre si y forman las teorías.

El campo de actuación de la ciencia es la realidad observada, lo que queda fuera de nuestros sentidos no se puede observar. (empírico=lo observable).

El procedimiento científico o forma de actuación para conocer la realidad social, se sigue un camino para conocer el problema. Es esa forma ordenada de llevar a cabo el estudio de la realidad social.

El método consiste en formular cuestiones o problemas sobre la realidad del mundo con base en la observación de la realidad del mundo con base en la observación de la realidad y con base en teorías existente s y en anticipara soluciones, mediante la observación de los hechos y el análisis.

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Teoría (hipótesis) Realidad social

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Se habla de 3 métodos científicos:

• método inductivo, muy empirista, partir de la realidad social y elaborar teorías a partir de ahí.

• método deductivo, se establecen teorías y se pasa a contrastar con los hechos.

• método hipotético-deductivo: una conjunción de los anteriores, se siguen unos pasos:

formulación del problema

Formulación de la hipótesis, una solución a priori del problema.

Recogida de datos

Análisis de los datos y resultados, el análisis lo ha facilitado las técnicas informáticas.

Conclusiones y generalización de resultados, en las encuestas se termina con la generalización, en las entrevistas en profundidad no se generalizan.

Distintos tipos de ciencias.

Ciencias normativas y ciencias empíricas o positivas: El objeto de las ciencias normativas es el deber ser (¿Cómo deben ser las cosas?) frente a las empíricas, el ser. La metodología de las normativas, seria deductiva frente a las positivas inductivas e hipotético-deductivas. El resultado final de las ciencias normativas es llegar a normas y principios y el producto de las ciencias empíricas es llegar a medios. Ejemplo de ciencia normativa: derecho, ética, políticas. Ejemplos de ciencias positivas: ciencias social y ciencias naturales (matemáticas, física, etc)

Los orígenes de la sociología

Las ideas evolucionistas: Spencer traslada las ideas de Darwin al ámbito social, nos habla de la Ley de la evolución social. Nos habla de la evolución de la sociedad, las sociedades evolucionan de los simple a lo complejo, desde sociedades centras en las familias, Unión familiar Clanes TribusSociedades basadas en los estadosSociedad Global.

Las características de la evolución, desde las familias con variabilidad de funciones frente a sociedades mas complejas. Aparece la especialización y aparecen nuevas instituciones con funciones que pierden las familias, según surgen nuevas necesidades, se crean nuevas instituciones.

Arrancando de Spencer surge el Organicismo Los funcionalistas. El organicismo habla de la sociedad como el cuerpo humano, cada órgano cumple una función, para que sobreviva el cuerpo. Cada parte de la sociedad, cumple una función para que sobreviva la propia sociedad, el todo es mas que la suma de las partes.

Factores sociales-económicos-políticos.

Factores económicos

El hecho calve en el siglo XIX, fue la revolución industrial, sociedad agrícolaindustrial. Supone la nueva organización de la producción, es decir industrialmente. Las nuevas tecnologías que aumentan la producción como nunca en la historia de la humanidad.

Las implicaciones del nuevo modo de producción son: a) Se debilitan los vínculos con instituciones como la familia, el municipio b) Emerge una cultura obrera en los suburbios de las ciudades. c) Se activa la movilidad física y geográfica de los trabajadores a los centros de producción. D) Cambia el sentido del trabajo que pasa a ser una mercancía que es usada según le interese al empresario, el trabajo creativo se vacía.

Factores políticos

Se pone fin al antiguo régimen, con los nuevos ideales de la revolución Francesa, se supera el orden estamental por un orden mas democrático, aparecen nuevas clases sociales (Alexis de Tocqueville, La Democracia en América). Aunque no sea democracia real si no forma, influye en el desarrollo socioeconómico. La superación de los obstáculos y resistencias a la industrialización se logra en los países donde el desarrollo tecnológico encuentra el soporte de una revolución política.

para la Democracia real debe haber una unión entre igualdad y libertad.

Factores sociales

para la democracia real deben unirse libertad + igualdad. A la sociología se la denomina hija de la crisis, debido a la factura social que se produjo en el siglo XIX. aparecen nuevas clases sociales: burguesía y obreros. (Karl Marx) tenia una idea normativa y revolucionaria. Los capitalistas tienen la propiedad de los medios de producción y los obreros tienen su fuerza de trabajo y sujetos a un salario. El nuevo modo de producción se basa en la explotación de unos sobre otros, para justificar una idea revolucionaria, el capitalismo llevo a una factura social entre clase obrera y capitalista.

El objeto de la sociología

Distinguir la sociología y otras ciencias es difícil. Razones:

• El sujeto y objeto de la investigación sociológica coinciden.

• Los valores, pueden ser sesgados por el investigador, el sujeto y el objeto que es el mismo que el sujeto.

• El análisis sociológico se confunde a veces con el análisis del sentido común. así cuando están de acuerdo sentido común y sociología, se dice que es obvio. Y cuando se contradicen, en tal caso, es peligroso.

• Imprecisión con los limites de las distintas ciencias sociales

• La inmadurez, es una ciencia muy joven, que surge en el siglo XIX, respecto eral resto de ciencia.

El objeto material y formal.

El objeto material, se trata de definir el objeto por lo que han hecho los sociólogos para ver que campos de la realidad social le interesan. (Spencer, Durkheim, Marx).

A través del objeto forma: se trata de ver las perspectivas o enfoques teóricos del sociólogo para analizar la sociedad. Uno seria si es muy teórico o muy empirista. Otro enfoque: los que se dedican a teorías generales / específicas, los clásicos eran muy generalistas, frente a teorías especificas que es lo que se hace hoy en día. Por ultimo el modelo de consenso / conflicto. Si es consensual todo es armónico, el modelo del conflicto trata sobre eso mismo, Spencer veía la sociedad como un organismo integrado, el tenia una teoría consensual. Durkheim, analizaba los factores de la cohesión social. Marx la sociedad esta formada por clases y grupos antagónicos.

Definición de sociología

Es la ciencia que estudia los fenomenitos de la convivencia humana, de forma global, organizacional o de forma grupal, trata de analizar el comportamiento social de la gente, cada uno nos comportamos de forma distinta según el grupo en el que nos movemos.

Los roles son las conductas esperadas por los demás, la socialización es asumir el rol.

La sociología también estudia los comportamientos esperados o roles. Podemos decir que hay una regularidad en lo que esperan los hijos de las clases medias de sus padres, suelen parecerse.

Los miembros de una sociedad se relacionan o interaccionan de acuerdo con unas pautas de comportamiento, al mismo tiempo, los individuos y grupos no son actores pasivos, si no que ellos mismo interactuando, pueden modificar el medio social y pueden determinar los cambios en la sociedad. Las pautas de comportamiento y relaciones no se encuentran en una sociedad, el individuo las aceptan porque están sustentadas e inspiradas por Principios, valores, intereses que justifica ese comportamiento.

Hay que analizar el comportamiento distinguiendo el comportamiento guiado pro valores o el guiado por intereses.

Sociología industrial

En la Sociología americana surge la Sociología Industrial (Investigación y docencia) se especializa en problemas humanos en el interior de las fabricas con preocupación por la productividad. En buena mediad se olvidaron de la necesidad de tratar el impacto social de la industrialización, sobre todo en sus vertientes mas criticas y momentos conformistas.

La Sociología del Trabajo: hace referencia a problemas relativos del trabajo teniendo en cuenta el impacto, por ejemplo la alineación del trabajo, los conflictos, pro tanto tiene influencia marxista y teoría critica, tienen su origen en la Sociología del Trabajo de Francia.

Relaciones Industriales: trata de relaciones entre empleados y jefes, y mas concretamente la negociación de los convenios del trabajo.

Sociología de la Empresa: tradición alemana, se centra en todos los problemas sociales que plantea la empresa.

Sociología de las Organizaciones: se trata de estudiar empresas, grupos, instituciones sen función de su organización, esa organización seria un sistema de actividades conscientemente coordinadas para conseguir el obj, finalmente coincidimos en sus problemas de interés como son la comunicación, retroalimentación, la participación, las relaciones formales e informales( forma-definido pro la organización, informal surgido de manera cotidiana).

Organización de Empresas a lo largo de la industrialización.

En una 1ª etapa (final del sigo XIX, comienzos del siglo XX), el modelo organizativo básico, (Organización científica del Trabajo). Taylor anteriormente los estudios Weber en la administración publica. A partir de Taylor dio lugar a las organización científica del trabajo, era el modo de organización para producir mas porque todo lo absorbía el mercado. La producción tiraba del mercado se acentuaba la eficiencia.

Posteriormente el mercado tirara de la producción, se trataba de hacer los trabajadores sustituibles. Se crearon manuales de tareas, que se volvían repetitivas. Estaba comprobado que siguiendo el manual se producía mas. El modelo burocrático es adecuado para este momento (no hay competencia, el mercado absorbe todo etc), la naturaleza del mercado condiciona la organización mas adecuada.

Frente a este ultimo modelo, a partir de los 50, hablamos de sociedad postindustrial. Surgen unos anteriores que explican la Organización desde un modelo orgánico, empiezan a surgir competidores el centro se hace turbulento, todo cambia. Y la empresa debe adaptarse continuamente al entorno. Ya no vale un modelo de organización cerrado. La actividad dominante no es la producción de bienes, si no la producción de servicios, también el conocimiento mas bien que el capital y trabajo será el recurso clave, la exaltación de la razonen época industrial mutila al hombre y lo reduce a una sola dimensión, privándole del desarrollo de la creatividad, se veía al hombre en su dimensión únicamente económica convirtiéndole en un engranaje mas de la maquina y sin posibilidades de aportar su capacidad, personalidad, experiencia, intuición, sus ideas.

Daniel Bell estudia la sociedad de la información “E modo de vida basado en fabricación de bienes materiales centrado en el poder de la maquina y fabrica, esta siendo desplazado por otro modo de vida en la que la información se convierte en la forma de poder”. El grado de desarrollo de países y empresas en época industrial se media pro el grado de racionalización y burocratización de las sociedades. Aplicando estas nociones a la industria se identifica con la organización científica del trabajo, estructuras cerradas y rígidas. Esa estructura garantiza un buen funcionamiento de las empresas. Aspecto relevantes: control basado en las normas, autoridad jerárquica, los gestores técnicos tenían buena formación, capaces de planificar y fijar la evolución de la empresa, con separación de planificación/ejecución.

El postmodernismo: parte de una visión del mundo menos supeditada a la razón, a la ciencia y al calculo racional, aplicando estas nociones al mundo del trabajo, el postmodernismo se identifica por un nuevo modelo de organización caracterizado por:

• Las empresas abandona la rigidez estructural y buscan formas de organización flexibles. La flexibilidad como abandono de lo establecido y rígido, puesto que afectará a los procesos de producción, afectara al numero de trabajadores, afecta al tipo de vinculación de los empleados a las empresas, afecta a los productos o su naturaleza que se coloquen en el mercado.

• Los empresarios esperan de los empleados que sepan desempeñar una variación de funciones (movilidad funcional), espera también responsabilidad, capacidad de adaptación, iniciativa en le trabajo y creatividad, no se definen ya tareas si no puestos de trabajo abiertos y enriquecidos, y trabajadores están continuamente recualificados

• La autoridad jerárquica de la empresa tradicional, apoyada pro estrictas normas se diluye, el poder centralizado se reparte, otorgando autonomía a los grupos y se forman grupos autónomos de trabajo.

TEMA 2. LA DIVISIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

El concepto de división del trabajo se utiliza para englobar fenómenos de distinto alcance. Hablamos así de la división del trabajo domestico, la división sexual del trabajo, la división del trabajo en y entre empresas, la división sectorial, regional e internacional del trabajo. En esta sección se parte de un punto de vista global en el que se analiza la división internacional del trabajo entre distintos países y áreas. Por ello en vez de tomar como unidad de análisis una industria o un país concreto, la discusión que sigue se refiere a lo que Wallerstein denomina El Sistema Mundial. Sin embargo como veremos mas adelante esta macroperspectiva no debe impedir el análisis de las estructuras sociales y económicas de pises y regiones especificas.

Es la variedad de escuelas de pensamiento que intentan explicar la naturaleza de las relaciones entre distintos países porque, en definitiva, estas relaciones distan mucho de ser horizontales y, para utilizar una expresión neutra, mas bien cabe decir que predominan las relaciones asimétricas. Este es el nudo gordiano de las distintas teorías acerca de la división internacional del trabajo. Cómo se entiende el desarrollo en las teorías de la modernización de la dependencia y del sistema mundial.

Es preciso advertir acerca de la terminología utilizada en esta sección. A pesar de su generalización, casi todos los términos referidos a la posición relativa de países o regiones tienen una inevitable carga ideológica. Por ejemplo, cuando nos referimos a “países subdesarrollados” o “países atrasados” cabe preguntarse con respecto a que modelo de desarrollo o a que modelo de progreso se definen; ¿es el modelo occidental?, ¿es el anglosajón?, ¿es el único modelo valido o existen otras alternativas?, ¿es un modelo deseable? Otro tanto ocurre con la categoría de “Tercer Mundo” que puede tener tanto un uso peyorativo como de afirmación política, pero en ningún caso se le puede atribuir un valor descriptivo. El termino lo adopto el Movimiento de países No-alienados, pero, tanto por la inconsistencia política de ese agrupamiento como por las diferencias internas, nunca fue un referente claro y muco menos lo es hoy que ha desaparecido el ¡”segundo mundo” del bloque socialista. así pues, se respetara la terminología que utilizan los autores, pero en los otros casos, y a falta de una mejor clasificación, hablaremos de países ricos y países pobres.

Las relaciones entre los países ricos y pobres

Se asiste a un proceso de globalización en el cual las conexiones sociales, políticas y económicas sobrepasan las fronteras territoriales. La globalización de las relaciones sociales conlleva disparidades importantes de niveles de vida, como lo ilustran de forma contundente los datos del Anuario de 1992 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El 20 por 100 de los países mas ricos del planeta tienen una renta per capita cercan a los 23.000 dólares y concentra alrededor del 80 por 100 de la riqueza producida mundialmente. El 20 por 100 de los países mas pobres solo alcanza a 163 dólares de renta que equivalen en total a solo el 0,5 por 100 de la riqueza mundial. En suma, los países mas ricos tienen unos ingresos 140 veces superiores a los mas pobres.

Si esta situación ya es dramática, las previsiones resultan mucho peores; el Banco Mundial estima que la pobreza mundial continuará creciendo a lo largo de la presente década, alcanzando en el año 2000 a mas de 1.300 millones de seres humanos que vivirán en la total indigencia. Hay que recordar que el criterio de este organismo para definir la pobreza es de menos de un dólar de renta diaria por persona. Las soluciones no esta a la vista pero aconseja la liberalización del comercio mundial, el recorte de los gastos militares, un mayor rigor de las cuentas publicas que acabe con la corrupción en muchos países, y reformas institucionales en las naciones en vías de desarrollo, acompañadas de las recomendaciones tradicionales de impulsar el crecimiento económico y aumentar las inversiones en educación y salud. Las teorías que se presentan a continuación (modernización, dependencia y sistema mundial) intentan explicar, tanto teóricamente como a través de análisis empíricos el origen y consecuencias de las relaciones desiguales entre países. ¿Por qué algunas naciones están desarrolladas mientras que otras no lo están?.

teorías de la modernización

El desarrollo de forma teleológica, es decir, como un fin al que todas las naciones deben aspirar se traduce en, que pueden situar a lo largo de un continuum, cuyos polos están representados por la tradición y la modernidad. En un estadio atrasado todavía no han recorrido las distintas etapas que los conducirán a la modernidad y por tanto, al desarrollo. La continuidad con la herencia evolucionista se manifiesta en los siguientes aspectos:

La modernización se concibe como un proceso con fases claramente delimitadas. El mas claro representante en ese sentido es Rostow, quien en su célebre libro Las etapas del desarrollo económico distingue cinco fases, desde la tradicional a la del consumo de masas.

La modernización constituye un proceso homogeneizador, a través del cual las distintas sociedades tienden a converger. No obstante, cabe destacar que mientras en Europa y Estados Unidos la transición se produjo de forma endógena, el desarrollo en las áreas no occidentales obedece parcialmente a la acción de factores exógenos, cuya efectividad depende de las condiciones locales.

La fase final del proceso tiende a identificarse con el modelo europeo occidental o norteamericano de país moderno

Por ultimo, la modernización constituye un proceso prolongado, donde el cambio social se concibe de forma evolutiva y gradual, por lo que completar el proceso puede llevar siglos. Obviamente, la vía revolucionaria esta descartada

Por otro lado, la escuela de la modernización presenta una serie de características derivadas de la concepción funcionalista del cambio social. Básicamente se trata de un contraste entre los modelos de la sociedad tradicional y de la sociedad moderna, a través de una serie de indicadores representativos. Los supuestos mas importantes son:

La modernización se identifica con el cambio estructural y constituye un proceso sistemático, cuya nota mas distintiva es la diferenciación.

La diferenciación conduce, por una parte, a la autonomización de todas y cada una de las esferas sociales(economía, política, cultura, etc) y, por otra a una creciente especialización de funciones. Por ejemplo, la familia deja de ser una unidad económica y también pierde influencia en la socialización de las generaciones jóvenes, ya que otras agencias como la escuela asumen esas funciones. Como puede deducirse, es evidente la influencia de la conceptualización de Durkheim del paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica.

Se generan cambio sustantivos en el sistema de valores aumentando el énfasis en la secularización, en el logro individual, etc. Construyen un índice de valores y rasgos de modernidad, cuyo principal supuesto reside en la afirmación de que una nación no puede ser moderna a menos que sus hombres (curiosamente no se menciona a las mujeres) también lo sean.

Criticas a la teoría de la modernización.

Bendix o Eisendstadt objetan el carácter unidireccional que se atribuye al desarrollo. Al identificar la modernidad exclusivamente con los países avanzados, se pretendía justificar la superioridad del modelo occidental. Este enfoque puede ser calificado de etnocentrista, en tanto no considera la posibilidad de que existan otras rutas alternativas al desarrollo o que no atraviesen las mismas etapas seguidas por los países occidentales avanzados. El caso de algunos países del este asiático, como Corea del Sur y Taiwán, constituye un claro ejemplo de desarrollo económico sin precedentes por vías muy distintas a las occidentales.

Bendix y Eisenstadt también objetan la supuesta incompatibilidad entre tradición y modernidad, puesto que es erróneo pensar que los valores tradicionales y modernos sean mutuamente excluyentes; por el contrario, ambos existen y conviven en distintos tipos de sociedades. En países con un “moderno” sistema burocrático, por ejemplo, los valores tradicionales asignados a la edad, al género, etc., siguen jugando un importante papel a la hora de decidir promociones de personal. Se ven las teorías de la modernización como una ideología propia de la época de la guerra fría cuyo principal objetivo consistía en justificar la intervención americana en el tercer mundo.

Las teorías de la dependencia

Se habla de la teoría de la dependencia en singular, al menos en el ámbito latinoamericano que es donde se desarrollo. A pesar de que sus tesis se aplicaron posteriormente al estudio de casos en países africanos y asiáticos, es indudable que la teoría de la dependencia tiene una fuerte impronta latinoamericana.

A finales de la década de los sesenta comenzó a desarrollarse un nuevo eje de investigación en el ámbito de la comisión Económica para América Latina (CEPAL) especialmente en el Departamento de Estudios Sociales y en el Instituto Latinoamericano de Planificación (ILPES), donde trabajaban reconocidos economistas y sociólogos como Cardoso, Faletto, Solari, Quijano, Sunkel, autores de algunos de los trabajos más representativos de esta escuela. No es frecuente que la burocracia de un organismo de Naciones Unidas se dedique a realizar estudios críticos, opero a la peculiaridad de la CEPAL de aquellos años hay que unir la influencia de su primer secretario general, Raúl Prebisch, un brillante economista que desde 1948 venía impulsando un análisis heterodoxo y poco conformista del atraso de la región, posteriormente conocido como el “pensamientos de la CEPAL”.

Un análisis sistémico del comercio internacional, destacando las relaciones asimétricas entre los países del centro y la periferia. Según Prebisch, esta asimetría se manifestaba en el deterioro de los términos del intercambio porque mientras el progreso técnico en las industrias manufactureras de los países centrales conduce a una elevación de las rentas, el progreso técnico en la producción de alimentos y de materias primas en los países subdesarrollados se manifiesta en una baja en los precios de estos productos.

para superar esa división internacional del trabajo era menester impulsar una industrialización que sustituyera las importaciones, adoptar medidas proteccionistas de la industria local y lograr la activa participación de los gobiernos en el programa de industrialización..

Un programa para el desarrollo que va más allá de la industrialización sustitutiva. La temática de la dependencia va cobrando entidad y en poco tiempo satura el pensamiento social latinoamericano, extendiéndose posteriormente a los estudios sobre el desarrollo en otros países. La teoría de la dependencia ni es homogénea ni es esencialmente radical en sus planteamientos; analizada su variedad interna, encontramos que mientras algunos ignoran el tema del imperialismo, otros lo configuran como el eje central de la dependencia y, mientras algunos otorgan un papel central a la lucha y las alianzas de clases, otros consideran exclusivamente los factores externos.

En su versión más economicista y atendiendo fundamentalmente a la relación de subordinación con las potencias dominantes, la situación de dependencia se caracteriza como:

El resultado de un proceso general que se dio de manera comparable en todos los países del tercer mundo. Por ello se intenta delinear la historia de la dependencia a través de la historia del capitalismo desde el siglo XVI hasta la actualidad.

Una condición externa, impuesta desde fuera. La herencia histórica del colonialismo y la perpetuación de una desigual división internacional del trabajo son los grandes obstáculos para el desarrollo de los países del tercer mundo.

Un fenómeno predominantemente económico, puesto que es producto de la extracción del excedente económico del tercer mundo por parte de los países occidentales avanzados.

Una componente de la polarización regional de la economía mundial. Por una parte, el fuljo del excedente desde los países del tercer mundo contribuye a su subdesarrollo y, por otra parte, el desarrollo de los países occidentales se beneficia de estos flujos de excedente económicos. Por ello, el subdesarrollo de la periferia y el desarrollo del centro son las dos caras de la moneda del proceso de acumulación de capital. Este mismo proceso de acumulación causa una polarización regional de la economía mundial.

Por último, la situación de dependencia es concebida como incompatible con el desarrollo.

Según Samir Amin y André Gunder Frank, el sustento del desarrollo en las zonas desarrolladas implica objetivamente el mantenimiento del subdesarrollo. En caso de que se experimente desarrollo, dice Frank, éste siempre quedará reducido al “desarrollo del subdesarrollo que ni es autogenerado ni se perpetúa”. El subdesarrollo no es una condición natural, sino una circunstancia creada por una larga historia de dominación colonial en los países del tercer mundo. Lo más relevante de su teoría es quizá su modelo de metrópolis-satélite para explicar los mecanismos por los que se perpetúa el subdesarrollo. Las capitales de los países del tercer mundo se convierten en satélites de las metrópolis occidentales. De tal manera, las capitales satélites se convierten a su vez en metrópolis coloniales con respecto a otras ciudades o pueblos del mismo país, que actúan como satélites con relación a la capital. El mismo proceso que produce desarrollo en las metrópolis occidentales, al mismo tiempo genera subdesarrollo en las ciudades satélites del tercer mundo. Frank ha propuesto tres hipótesis principales sobre su modelo:

Hipótesis 1: “En contraste con el desarrollo de las metrópolis mundiales, que no son satélites de nadie, el desarrollo de las metrópolis nacionales (capitales) está limitado por su estatus de satélite”.

Hipótesis 2: “Los satélites experimentan su mayor desarrollo económico cuando sus lazos con la metrópolis son más débiles”. El caso de la industrialización de Japón después de la restauración Meiji confirma esta hipótesis, puesto que Japón experimentó un desarrollo económico autárquico sin participar en el sistema mundial capitalista.

Frank ofrece un corolario de esta segunda hipótesis: “Cuando la metrópolis se recupera de la crisis y restablece los lazos de comercio e inversión que vuelven a incorporar a los satélites al sistema, la industrialización previa de estas regiones se paraliza”.

Hipótesis 3: “Las regiones que actualmente son más subdesarrolladas y feudales son aquéllas cuyos lazos con la metrópolis fueron más fuetes en el pasado”.

Las sociedades subdesarrolladas son una parte integrante del sistema mundial global, pero al mismo tiempo insisten en la necesidad de estudiar las condiciones internas de los países. Se hace necesario definir una perspectiva de interpretación que destaque los vínculos estructurales entre la situación de subdesarrollo y los centros hegemónicos de las economías centrales, pero que no atribuya a estos últimos la determinación plena de la dinámica del desarrollo.

Sobre la base de estos supuestos Cardoso y Faletto identifican dos situaciones básicas; a) las de un primer grupo de países dependientes donde el sistema productivo está controlado por la burguesía local, y b) las de aquellos países cuya economía es de enclave y los grupos económicos locales no tienten control sobre el proceso productivo porque mayoritariamente el capital invertido se origina en el exterior.

Finalmente, Evans, en Desarrollo dependiente, explica el desarrollo experimentado en Brasil a finales de los sesenta y principios de los setenta por una “Triple alianza” entre el Estado y el capital multinacional y local. En primer lugar el hecho de que se sacrificaran los intereses de los asalariados para promover el crecimiento económico, mientras el PIB aumentaba enormemente, los salarios reales de los trabajadores decrecían; el favorable clima internacional facilitó la expansión económica ya que le posibilitó a Brasil la obtención de créditos para financiar las empresas estatales.

Estos autores conceptualizan la dependencia como un proceso sociopolítico interno e históricamente específico, que incluso puede llevar a un relativo crecimiento económico en determinadas circunstancias.

Críticas a las teorías clásicas de la dependencia.

Algunos teóricos de la dependencia concluyeron que era inevitable la revolución antiimperialista o que, desde la perspectiva funcionalista, los estudios sobre la dependencia fueran etiquetados como un elemento propagandístico de la revolución marxista...

La teoría de la dependencia puso un énfasis tan excesivo en los factores externos que terminó relegados a un segundo plano las dinámicas internas de cada país, subestimando así la importancia de la estructura de las clases sociales y el papel del Estado. Han caído en el error de conceptuar la periferia como una pasiva víctima del capitalismo. Ello tiende a desfigurar la imagen real del capitalismo periférico convierte un pensamiento presuntamente científico en ideológico.

Tampoco la relación causal entre dependencia y atraso y su contrapartida, la relación causal entre la riqueza de los países dominantes y la explotación de la periferia, parece tener solidez empírica como para plantearla como una tesis universal. Existen países verdaderamente atrasados que nunca fueron colonias como Yemen y Etiopía.

Puesto que se asimila la historia de la dependencia a la historia del capitalismo, no sabemos exactamente bajo qué formas de explotación o si en todas, se produce una situación de subordinación dependiente.

La teoría del sistema mundial

Una nueva escuela de pensamiento, cuyos antecedentes intelectuales se encuentran en la literatura neomarxista sobre el desarrollo y en la escuela francesa de los Annales. Comienza a cobrar importancia alrededor de la figura de Immanuel Wallerstein. Su tipo de análisis, centrado en las grandes comparaciones históricas, es afín a la tradición de la sociología histórica de autores como Barrington Moore o Theda Skocpol, los resultados a que llega su teoría son muy diferentes.

Wallerstein básicamente incorpora muchos conceptos de la escuela de la dependencia (centro, periferia, intercambio desigual, etc.) pero adopta una perspectiva total o global de la historia que intenta anular las fronteras artificiales entre distintas disciplinas. para Wallerstein la unidad de análisis debe ser el sistema mundial, no un estado, país o sociedad.

Las economías nacionales se clasifican de acuerdo con un esquema jerárquico de dominación: centro periferia y semiperiferia. Ello le permite tener en cuenta muchas situaciones que no encajan en la imagen polarizada de centro y periferia.

Las áreas periféricas pueden llega a formar parte de la semiperiferia y los Estados Centrales pueden convertirse en semiperiféricos:

La estrategia de aprovechar la oportunidad de desarrollar políticas claves, como, por ejemplo, la de industrialización vía sustitución de importaciones, en momentos en que los países centrales atraviesen una fase de debilidad.

La estrategia de invitación, que fundamentalmente consiste en atraer inversiones de corporaciones multinacionales.

La estrategia del desarrollo de la confianza en el propio país, con políticas claramente definidas, como ocurrió con Tanzania.

Críticas a la teoría del sistema mundial

Muchas de las críticas que se realizan a la teoría de la dependencia se pueden extender a la teoría del sistema mundial, la explicación delas dinámicas internas de cada país por la acción de fuerzas externas. Las formas de monopolio, considerándolo como el elemento clave en la desigual acumulación de capital en la economía mundial, pone en entredicho la teoría marxista clásica sobre la constitución del capitalismo.

La clasificación de países o áreas en centro, periferia y semiperiferia no deja de ser esquemática; como Zeitlin la consideran un mero “sistema de estratificación funcionalista”, al centrarse exclusivamente en las relaciones de mercado, la teoría oscurece en vez de revelar, las relaciones sociales internas que subyacen a la llamada “economía mundial capitalista”.

La división internacional del trabajo

Concepciones acerca de la división internacional del trabajo

La primera concepción de la división internacional del trabajo se identifica con la teoría de la dependencia clásica, encontramos países centrales que exportan productos manufacturados a los países periféricos, los cuales a su vez suplen de materias primas al centro en un esquema acode con las formulaciones de Frank.

La relación con las nuevas teorías de la dependencia que hemos caracterizado como enfoques más flexibles. Constatados los límites del modelo anterior, se modifican las posturas iniciales para incluir fenómenos de desarrollo dependiente, como el que analiza Evans en Brasil. Las relaciones entre los países centrales, los países periféricos y aquellos que experimentan un cierto desarrollo, aunque sea de carácter dependiente. La dicotomía centro-periferia que caracteriza a las teorías de la dependencia se expande para incluir situaciones que Wallerstein calificaría como semiperiféricas.

La nueva división internacional del trabajo, que se refiere como dice Chase-Dunn, a la globalización de la producción a través de las empresas trasnacionales. En la consideración de algunos problemas empíricos que emergen de la relación entre centro y periferia. Uno especialmente importante consiste en cómo distinguir las actividades concretas que caracterizan a países o áreas situadas en uno u otro extremo. Se entiende por actividades centrales y por actividades periféricas.

Hirschman argumenta que los bienes finales y la producción de materias primas y productos agrícolas. Los países del centro se dedican a la primera actividad, mientras que los países periféricos se concentran en la extracción de materias primas y productos agrícolas.

Wallerstein no está de acuerdo con la postura de Hirschman, puesto que para él lo importante no es el tipo de producción, sin las ganancias obtenidas en forma de beneficios y salarios. Las actividades centrales se caracterizan por un alto nivel de ganancias, mientras que las actividades de tipo periférico obtienen ganancias bajas. para Wallerstein, las actividades centrales se caracterizan por estar asociadas a un nivel relativamente alto de intensidad de capital en la producción.

Arrighi y Drangel critican la identificación que hace Wallerstein, para estos autores, las actividades centrales se caracterizan por la capacidad empresarial de innovación del que las lleva a cabo, lo cual implica obtener altas ganancias protegiéndose hasta cierto punto de la competencia. Las actividades periféricas, en cambio, se caracterizan por estar expuestas a una fuerte competencia, obteniéndose, como resultado, bajas tasas de ganancia.

La definición de Chase-Dunn de las actividades centrales parte de la de Wallerstein, puesto que las caracteriza por la producción de mercancías que requieren capital intensivo y emplean una fuerza de trabajo relativamente cualificada con altos salarios. Chase-Dunn se niega a establecer una separación entre actividades centrales, periféricas y semiperiféricas para favorecer, en cambio, la idea de un continuum entre centro y periferia, con multitud de posiciones intermedias, a la hora de definir analíticamente la jerarquía de centro y periferia.

La empresa trasnacional y la teoría de la nueva división internacional del trabajo

El punto de partida de esta teoría es que la vieja o clásica división del trabajo se está sustituyendo por un nueva distribución global de la producción. Algunos países en vías de desarrollo ofrecen ventajas competitivas para la radicación de industrias destinadas al mercado mundial. La confluencia de las siguientes precondiciones son decisivas para explicar este nuevo proceso:

Una reserva inagotable de mano de obra barata, en disponibilidad durante todos los días de todas las semanas del año y que, por otra parte, es capaz de alcanzar niveles de productividad similares a la de los países centrales. Esta sobreoferta permite a las empresas elegir a los trabajadores según sexo, edad, cualificación y disciplina laboral.

La división y subdivisión del proceso de trabajo está hoy en día tan avanzada que es posible llevar a cabo las operaciones fragmentadas con una mínima calificación que puede ser adquirida muy rápidamente.

El desarrollo de las técnicas de transporte y comunicación ha creado la posibilidad de producir bienes, parcial o totalmente, en cualquier parte del mundo.

Por primera vez en la historia, la coincidencia de estas tres precondiciones ha creado un mercado mundial del trabajo y un ejército mundial de reserva de trabajadores, puede deducirse que el ámbito nacional resultará cada vez más insuficiente para plantear tanto las políticas económicas como las estrategias sindicales.

Otro aspecto consiste en que los servicios avanzados y las funciones más complejas de las industrias de alta tecnóloga permanecerán en el centro, mientras que la producción que requiere personal no cualificado y, sobre todo, barato va a proliferar en una nueva periferia industrializada. Las nuevas tecnologías hacen posible, por una parte, la descentralización espacial y, por otra, permiten una elevada división del trabajo, que diferencia los centros de innovación, de fabricación cualificada y de ensamblaje.

Un incremento de la industrialización periférica, o al refuerzo de los complejos productivos existentes en la periferia, con la consiguiente elevación de sus niveles tecnológicos y la llegada de nuevas empresas extranjeras, como ha ocurrido en los llamados Países de Reciente Industrialización (PRI), Taiwán, Corea del Sur Singapur, Hong Kong y también Brasil. En este sentido, este nuevo fenómeno desafía a la teoría de la nueva división internacional del trabajo en varios aspectos:

Los países en los que se da una industrialización periférica no compiten exclusivamente sobre la base de una mano de obra barata que ahorra costes, sino por su infraestructura tecnológica, particularmente en lo referente a la calidad técnica de su fuerza de trabajo y al nivel educativo general. Cabría entonces preguntar si no estamos asistiendo a un proceso a través del cual, utilizando conceptos wallersteinianos, la semiperiferia explota a la nueva periferia.

La industrialización periférica no se deriva exclusivamente de la incorporación de empresas multinacionales, como supone la teoría de la nueva división internacional del trabajo, sino que también puede reforzarse a través de políticas gubernamentales y de la actuación de empresas locales.

El trabajo femenino y la división internacional del trabajo

La mano de obra femenina de las empresas multinacionales presenta rasgos comunes: por lo general, se trata de una fuerza de trabajo más joven, con un coste laboral menor que en los países centrales, con más altos niveles de productividad y no sindicalizada. El estereotipo de la trabajadora fabril típica o ideal del Tercer Mundo sería: a) de entre 18 y 21 años, b) soltera y sin hijos, c) no cualificada y d) sin experiencia formal de empleo asalariado en la fábrica.

Los datos empíricos sugieren que, a este respecto, las empresas multinacionales responden adaptándose al potencial de mano de obra disponible: en México, por ejemplo, es requisito indispensable no tener hijos para trabajar en ciertas empresas, las empresas multinacionales han tenido que adaptarse al entorno aceptando mujeres casadas y con hijos.

Ward argumenta que las multinacionales han contratado predominantemente mano de obra femenina para realizar trabajos informales, con lo cual las fronteras entre el trabajo formal, informal y doméstico se hacen más fluidas y permeables. Es importante destacar que los rasgos señalados no son exclusivos de las trabajadoras de los países periféricos, sino que aparecen también en los países desarrollados.

Las trabajadoras se encuentran mayoritariamente, realizando las tareas de menor prestigio y peor pagadas dentro de cada sector. Levi Strauss, en 1983 tenía 104 fábricas (66 en los Estados Unidos y 38 en el extranjero), presenta un claro ejemplo de segregación sexual en el trabajo: como suele ocurrir en el ramo de la confección en general, el diseño, marcado, cortado y planchado de la ropa lo realizan hombres, mientras que las mujeres se concentran en el cosido. Las tareas realizadas por los hombres no sólo están mucho mejor pagadas, sino que requieren el uso de una sofisticada maquinaria de diseño interactivo o control numérico.

La segregación sexual en el trabajo no ocurre exclusivamente en las empresas multinacionales. Las prácticas discriminatorias hacia las mujeres bien se a través de diferencias salariales, tipo de actividad o movilidad ocupacional es un fenómeno que no conoce límites organizativos ni territoriales.

Cuál es la principal razón que lleva a las empresas multinacionales a trasladar sus plantas de producción a otros países. Se ponía el énfasis en la búsqueda de bajos salarios, aunque también tiene importancia la infraestructura tecnológica. Las condiciones que ofrecen no resultan nada envidiables. Por otro lado, las maquiladoras han tenido que hacer frente al resentimiento y hostilidad provenientes de una sociedad machista que ha estigmatizado el trabajo en las mismas, calificándolo de inmoral y con mala reputación. De este modo, las trabajadoras de las empresas multinacionales, que han sido socializadas en valores “modernos” y distanciadas cada vez más de sus lugares de origen, encuentran muy pocas opciones cuando, después de un periodo medio de cinco años, se las despide de sus trabajos. Ello explica el origen de la emigración de mujeres asiáticas hacia los Estados Unidos.

TEMA 3. CENTRO Y PERIFERIA

Durante mucho tiempo las diferencias regionales han interesado a los sociólogos. La relación entre civilización y barbarie es tal vez la forma más antigua de comparación entre las regiones desarrolladas y las menos desarrolladas. Los teóricos de la modernización utilizaron la distinción entre modernidad y tradición para comparar sociedades.

Se ha descubierto que las llamadas regiones desarrolladas y subdesarrolladas a menudo mantienen una interacción entre ellas y que esta interacción frecuentemente altera las estructuras de ambos “socios”. La idea de jerarquía regional se ha aplicado por parte de teóricos de la dependencia que se ocupan de la dominación y la dependencia, por estudiosos de la política que estudian las interacciones entre los países del “Norte” y los del “Sur”, y por marxistas que estudian los países imperialistas y los explotados. Algunos autores como Raúl Prebisch han empleado los términos “centro” [center] y “periferia”, mientras que Andre Gunder Frank habló originariamente de “metrópolis” y “satélites”.

Los términos que emplearé han sido propuestos por Immanuel Wallerstain. Hablamos de una potencia hegemónica [hegemonic core power], otras potencias y potencias de segunda fila [second-tier core powers]. Hablamos de países semiperiféricos, incluidos aquellos que han bajado desde el centro [core] y aquellos que están subiendo desde la periferia. Hablamos de áreas periféricas, la periferia extrema y la arena externa [external arena], aquellas áreas que quedan fuera de los límites del sistema mundial. Como implica lo anterior, es posible la movilidad vertical dentro de esta estructura de desigualad, aunque se entiende que la jerarquía global queda reproducida por varios procesos que operan en el sistema mundial.

Centro y periferia en general

La economía mundial contemporánea no es el único sistema mundial que ha tenido una jerarquía centro / periferia. Kasja Ekholm y Jonathan Friedman (1982) han argumentado que todos los sistemas mundiales, pasados y presentes tienen jerarquías de centro / periferia y se basan en un modo de producción general semejante de tipo “capital-imperialista”. Señalan que todos los sistemas mundiales parecen atravesar periodos de concentración y dispersión del poder y la riqueza, experimentar un desarrollo desigual y exhibir la dominación y explotación de las áreas periféricas por las centrales. Es típico que un área central extraiga un superávit de producción de las áreas periféricas. parece probable, sin embargo, que haya habido importantes diferencias cualitativas en las formas en que se han organizado estas jerarquías de centro / periferia. Una diferencia interesante entre el sistema mundial moderno y la mayoría de los sistemas mundiales precapitalistas es el grado relativo de desigualdad que ha dentro de las sociedades centrales y periférica. En el sistema moderno los países centrales tienen relativamente menos desigualdad, mientras que en los sistemas precapitalistas las sociedades centrales tienden a estar más estratificadas. Definiremos aquí centro y periferia de una forma que es específica de nuestro sistema mundial contemporáneo.

Centro y periferia en un sistema mundial capitalista.

La cuestión analítica que ha de tratarse es la naturaleza esencial de la jerarquía centro / periferia en un sistema mundial en que el capitalismo es el modo de producción dominante. Los Estados centrales son fuertes interna y externamente, contienen naciones relativamente integradas, y tienen economías nacionales articuladas en las cuales el proceso productivo es relativamente intensivo en la utilización de capital y los sueldos son relativamente altos. Los estados centrales tienen relativamente menos desigualdades económicas y políticas internas que los Estados periféricos.

Estas generalizaciones son ciertas, pero no nos dicen cuál es la cualidad esencial de la jerarquía centro / periferia. Puede ocurrir que no haya una única dimensión subyacente de máxima importancia.

Por lo general la jerarquía centro / periferia es una estructura de dominio y explotación, como en todos los sistemas socio-económicos basados en la clase, el producto excedente -el producto material de los productores directos más allá del que se requiere para reproducir a dichos productores- se lo apropia una clase de no productores.

Lo más fácil es comenzar con las formas en que no se logra. En primer lugar, no se organiza primordialmente a través de mecanismos normativos. Esto no quiere decir que carezcan de importancia, pero, en comparación con la coacción política y el intercambio en el mercado, los mecanismo de apropiación y control normativos sólo juegan un papel de apoyo. En segundo lugar, la coacción política, aun siendo importante, es mucho menos fundamental para el proceso de apropiación que en anteriores imperios mundiales y economías mundiales en los que predominaban diversas formas de modos de producción tributarios. Los tributos no son las formas más fundamentales de apropiación en el sistema mundial moderno.

Discrepo de quines se centran en el poder político-militar como la dimensión principal de la relación “Norte / sur”. La coacción política opera más directamente en las áreas periféricas que en las centrales, y la coacción política(incluido el imperio de la ley y las fuerzas policiales dentro de las naciones Estado y la amenaza y empleo de la fuerza militar en las relaciones entre Estados) juega sin duda un papel importante en el mantenimiento de las relaciones de poder que son condiciones necesarias para el funcionamiento de la producción capitalista de mercancías. Este sistema mundial depende mucho menos de la coacción político-milita directa, y depende más de la explotación económica que se organiza a través de la producción y venta de mercancías. ¿Cómo podemos definir analíticamente la combinación tipo de coacción política y remuneración económica que permite a las áreas centrales dominar y explotar las áreas periféricas en el sistema mundial contemporáneo? Y, una vez que hemos medido la centralidad y la perifericidad, ¿cómo podemos medir esta dimensión?.

Surgen varios problemas a partir de la revisión de las definiciones y comentarios que encontramos en la bibliografía sobre las relaciones centro / periferia. Uno de estos problemas tiene que ver con las unidades o los actores que forman los nodos [nodes] de las relaciones centro / periferia. Otro problema es, la naturaleza de las cualidades relacionales supuestamente centrales. Y otro es de la hipotética forma de la distribución de las actividades centrales y periféricas.

Muchos autores han declarado o dado a entender que la principal dimensión económica de la jerarquía centro / periferia es la división del trabajo entre la producción industrial de mercancías elaboradas frente a la producción extractiva de materias primas o mercancías agrícolas. Se han efectuado varias investigaciones que examinan las diferencias en el “grado de elaboración” de las mercancías. Frecuentemente dan a entender que la distinción del grado de elaboración es la dimensión principal de la jerarquía centro / periferia. Hirschman, y más tarde Galtung (1971) razonaba que una economía nacional que produce principalmente mercancías muy elaboradas tendrá tasas de crecimiento más elevadas debido a vinculaciones más integradas hacia atrás y hacia delante dentro de la constelación de actividades económicas que hay en la economía nacional, y tendrá, pro tanto, mayores movimientos de capital y efectos multiplicadores causados por nuevas inversiones.

Otro argumento a favor del grado de elaboración sostiene que es más fácil aplicar innovaciones y tecnología nueva al sector industrial que al sector de las materias primas o productos agrícolas, debido a que el sector industrial es menos dependiente de factores “naturales” y es, por tanto, más susceptible a la reorganización. Stephen Bunker (1984) sostiene que las economías extractivas exportan grandes cantidades de energía derivada del medio ambiente, y, por ello, agotan rápidamente el ecosistema local, lo cual a su vez tiende a socavar la posibilidad de actividades económicas más diversificadas. Estos efectos negativos de las actividades extractivas pueden superarse mediante grandes inversiones para salvaguardar o reconstruir el ecosistema local.

Los investigadores del Centro Braudel tienen un enfoque algo diferente. Wallerstein define las actividades centrales y las actividades periféricas como características distintivas de nudos de las cadenas de mercancías. Las cadenas de mercancías son interconexiones, en forma de árbol, entre los procesos de producción, distribución y consumo, las cuales a menudo cruzan las lindes entre Estados. Cada producto final se puede analizar desde el punto de vista de los materiales, la mano de obra, el sustento de la mano de obra, el transporte, la elaboración intermedia, la elaboración final y el consumo final. Wallerstein argumenta que los nodos o lugares de actividad a lo largo de estas cadenas de mercancías se pueden distinguir en cuanto a los rendimientos que perciben. Las actividades centrales perciben rendimientos desproporcionadamente altos, mientras que las actividades periféricas perciben rendimientos bajos. Y esta distinción se concibe como una dicotomía de manera que toda actividad es o central o periférica. Un área central es aquélla en la que una proporción relativamente alta de las actividades económicas son actividades centrales, y ocurre lo contrario en las áreas periféricas. Un área semiperiféricas se define como una región que contiene una mezcla relativamente igual de actividades centrales y periféricas.

Giovanni Arrighi y Jessica Drangel (1986) han hecho un valioso esfuerzo para clarificar la definición analítica de actividades centrales y periféricas. Wallerstein y otros teóricos (por ejemplo, Chase-Dunn y Rubinson, 1977) han criticado la noción (comentada anteriormente) que equipara la dimensión centro / periferia con una división del trabajo entre manufacturas elaboradas y la producción de materias primas o mercancías agrícolas: el grado de elaboración. Se argumenta que tanto la producción de materias primas como la agrícola pueden realizarse como producción central si la tecnología intensiva en la utilización de capital se combina con una mano de obra capacitada y bien pagada. De este modo se hace posible la distinción entre agricultura central y agricultura periférica, y también entre industria central e industria periférica, donde las diferencias subyacentes tienen que ver con el nivel de ganancias y sueldos.

Mientras que Arrighi y Drangel (1986) están de acuerdo en que es una equivocación identificar simplemente la actividad central con el grado de elaboración, también cuestionan la identificación de actividad central con el proceso productivo relativamente intensivo en la utilización de capital. En cambio, definen la actividad central como aquella actividad económica (no necesariamente de producción) que percibe rendimientos relativamente altos independientemente de cuál sea la naturaleza sustantiva de la actividad. Schumpeter (1939) argumentaba que la fuerza impulsora detrás de la acumulación capitalista es la capacidad que tienen los emprendedores organizativos de desarrollar nuevas actividades que les permitan captar una cuota grande de los rendimientos de la actividad económica. Esto puede ocurrir en el ámbito de la producción y el desarrollo de productos, pero también puede ocurrir en las actividades financieras o comerciales. Arrighi y Drangel arguyen que la actividad central consiste en la capacidad que tienen algunos actores de captar rendimientos relativamente mayores al protegerse hasta cierto punto de las fuerzas de la competencia. La actividad periférica, por otro lado, está expuesta a una fuerte competencia y de ese modo el nivel de los rendimientos es bajo.

La definición de Arrighi y Drangel es provocadora, y guarda similitud con otros trabajos recientes sobre la naturaleza del capitalismo central. Bradudel (1984) se fija en las alta finanzas [haute finace], una combinación de fianzas y capital comercial respaldada por monopolios con apoyo estatal como esencia del capitalismo central. De forma parecida, esto diferencia la centralidad de cualquier tipo de producción particular. También se nos recuerda la noción del ciclo de producto de Raymond Vernon (1966), en el cual los innovadores centrales crean nuevos productos que pueden vender a precios elevados (rentas tecnológicas) hasta que los productos son copados por otros productores que recortan el precio y utilizan componentes más baratos, desplazando con ello la producción del producto (sic) hacia el sector competitivo (periférico). Además, el comentario de Arrighi y Drangel tiene reminiscencias de la distinción hecha por James O'Connor (1973) ente el sector del monopolio y el sector competitivo, y la distinción correlativa entre el mercado de trabajo primario y el mercado de trabajo secundario.

La idea del ciclo de producto implica que los costes de investigación y desarrollo para nuevos productos se recuperan a través de las rentas tecnológicas; la capacidad del innovador de percibir un precio elevado por un producto nuevo. Aquí no hay explotación. Quienes son capaces de crear nuevos productos para los cuales existan mercados potenciales reciben una ganancia equitativa por sus inversiones de investigación y desarrollo. Por otro lado las industrias monopolizadas y oligopolizadas pueden recibir un rendimiento explotativo debido a su capacidad de controlar los precios, lo que da como resultado “ganancias de superávit”. Queda hecha la implicación de que la protección frente a las fuerzas competitivas no se debe tanto a la innovación como a la capacidad de las empresas para conseguir protección política del Estado, o debido al coste prohibitivamente elevado de la entrada en la producción de mercancías que han alcanzado mucha intensidad en la utilización de capital y grandes rendimientos para la escala de producción.

El proceso productivos central.

La actividad central como un cierto tipo de proceso productivo, la producción de mercancías relativamente intensivas en la utilización de capital (mercancías centrales) que emplean una mano de obra relativamente capacitada y relativamente bien pagada. Ésta es una ida relacional porque el nivel de intensidad en la utilización de capital que constituye el proceso productivo central durante un período específico se define como relativo a un nivel medio de intensidad en la utilización de capital en el sistema mundial tomado en conjunto.

La intensidad en la utilización de capital tiene que ver con el uso de técnicas que faciliten una alta productividad por hora de trabajo. A este respecto un componente grande de la producción intensiva en la utilización de capital es el uso de maquinaria, o bienes de capital, en el proceso productivo. La intensidad en la utilización del capital es similar a la idea de Marx de la composición orgánica del capital; el cociente entre capital y mano de obra que se emplea en el proceso de producción. también está muy relacionada con la idea de la productividad de la mano de obra, aunque tanto la intensidad en la utilización de capital y la velocidad y capacidad del esfuerzo humano intervienen en la productividad de la mano de obra. Suelen combinarse la intensidad en la utilización de capital y el empleo de mano de obra capacitada.

Un área central es un área en la cual se concentra la producción relativamente intensiva en la utilización de capital. La producción intensiva en la utilización de capital frecuentemente está en el sector de manufacturas o industrial de una economía nacional, pero también puede estar en el sector servicios , el sector agrícola o en otros sectores. La definición de producción central no queda restringida a la “industria” aunque a menudo sea el sector mas intensivo en la utilización de capital.

No tiene ningún sentido convertir en dicotomía la distinción entre proceso productivo central y periférico. La dicotomía crea el falso problema de dónde situar el punto de corte. Ocurre más bien que la dimensión centro / periferia es una variable continua entre constelaciones de actividades económicas que varían en términos de sus niveles relativos medios de intensidad en la utilización de capital frente a la intensidad en la utilización de la mano de obra.

Wallerstein usa el término “nodo” para designar el lugar de la actividad central o periférica en una cadena de mercancías. Es un término intencionadamente vago porque todas las denominaciones más específicas tienen problemas. Una posibilidad es la empresa, la unidad de capital, la organización que se apropia de la ganancia. Pero algunas empresas son multinacionales y combinan a la vez tipos de producción central y periférica. Y algunos aspectos importantes del proceso productivo central, tales como vinculaciones hacia delante y hacia atrás, pueden no ser características de empresas centrales individuales. Las ciudades son una posibilidad porque son también lugares de acumulación, y pueden tener las características interempresariales frecuentemente asociadas con la producción central.

Una tercera posibilidad es la nación estado. El problema de fijarse en una economía nacional, definida como unidad jurídica, es que las redes económicas reales frecuentemente no coinciden con las fronteras entre Estados. Sin duda, en el sentido de sistemas económicos completamente autocontenidos, no hay economías nacionales en el sistema mundial. Pero las regiones y naciones estado sí difieren en cuanto a sus niveles relativos de integración económica, como han señalado teóricos de la dependencia y estudiosos marxistas como Amin y de Janvry. Amin (1974) y de Janvry (1981) definen el capitalismo central como un autorreproductor relativamente integrado de la acumulación capitalista, mientras que el capitalismo periférico se entiende como una economía regional desarticulada que depende en gran medida de las importaciones del centro y las exportaciones al centro. Conviene recordar que los Estados centrales también dependen de la existencia de la más amplia economía mundial.

La integración diferenciada de regiones y naciones estado ha sido durante mucho tiempo una característica importante de la jerarquía centro / periferia, y este aspecto de la jerarquía nos exige ocuparnos de regiones antes que de las actividades de empresas individuales a la hora de definir las formaciones centrales y periféricas.

La unidad de la centralidad o perifericidad será, pues, la “región”. Sigue siendo algo vago pero claramente no es la empresa, ni la nación estado. Las ciudades, pero también los sistemas de ciudades y zonas rurales, pueden ser regiones de producción relativamente intensiva en la utilización de capital o intensiva en la utilización de mano de obra.

Arrighi y Drangel (1986:54) muestran que la proporción media de la población activa que trabaja en el sector industrial ha disminuido en los países centrales mientras que ha aumentado en los países semiperiféricos y periféricos. Desde luego, ha habido industrialización en la semiperiferia y en gran parte de la periferia, pero yo sostengo que eso no ha disminuido el nivel de desigualad entre centro y periferia en cuanto a la intensidad en la utilización de capital en el proceso productivo. Si la distribución de la intensidad en la utilización de capital llegase a ser más igualad habría también una descentralización de poder económico que amenazaría la operativa del capitalismo.

En cuanto a la observación por parte de Arrighi y Drangel de que la producción intensiva en la utilización de capital no siempre produce los rendimientos más altos, esto es cierto, pero, una vez más, es necesario examinar las constelaciones económicas de actividades. Quienes especulan en el mercado de valores pueden percibir las tasas de ganancia más altas, y esta actividad puede incrementarse e un periodo de desarrollo desigual en el centro y crecimiento estancado en todo el sistema mundial, debido a que el capital líquido no puede encontrar inversiones rentables en el proceso productivo en un mundo en el que la capacidad productiva excede en mucho de la demanda efectiva. Pero esto no debe llevarnos a la conclusión de que estos “empresarios innovadores” han logrado pasase a una nueva forma de acumulación que tendrá éxito a largo plazo,. Más bien esta forma de actividad especulativa es antes una señal de crisis a escala mundial que una nueva forma de acumulación central.

Por otra parte, debe reconocerse que la asociación ente intensidad en la utilización de capital y el nivel de rendimientos no es exacta. La acumulación con éxito puede llevar o no a una economía regional diversificada y relativamente intensiva en la utilización de capital. Prueba de ello es esplendor y caída de ciudades de rápido desarrollo y enclaves extractores. El éxito en el desarrollo de una economía central implica todo tipo de inversiones que no son inmediatamente rentables. El hecho de que Arrighi y Drangel (1986:44) afirmen que Libia se ha pasado al centro ( basándose en su uso del PIB per cápita como medida de la centralidad) revela la debilidad de su identificación de actividad central con rendimientos de corta duración basados en cualquier tipo de actividad. Libia tiene una fortuna en petróleo pero, según cualquier otra medición aparate del PIB per cápita, Libia claramente no es un Estado central. Esto nos lleva al problema siguiente, el de hacer operativa la distinción centro-periferia.

La imbricación

La jerarquía centro-periferia es una dimensión de desigualdad estructurada que abarca todo el sistema, pero al mismo tiempo es además una jerarquía imbricada [nested] regionalmente. Evidentemente, los Estados del sistema estatal son unidades importantes dentro de esta jerarquía, pero los Estos no son homogéneos internamente. Como sugieren los términos de Galtung -“la periferia del centro” y “el centro de la periferia”- hay importantes desigualdades regionales dentro de los países. En los Estados Unidos la Guerra de Secesión transformó el sur del país desde un área periférica de la economía atlántica en un periferia interna de un Estado central ascendente. Y recientemente el sur y suroeste del país se han convertido en un nuevo centro de acumulación capitalista central que está ayudando a sostener la hegemonía menguante de los Estados Unidos.

Además el sistema mundial está imbricado en regiones internacionales así como en regiones dentro de países. El análisis de la jerarquía del sistema mundial no debe pasar por alto las formas imbricadas de desigualdad que tienen lugar en las subregiones continentales. La discusión sobre el subimperialismo sugiere que las potencias regionales, tales como Brasil en América del Sur o Nigeria en África, a veces hacen el papel de centro con respecto a los países periféricos contiguos.

Otra jerarquía imbricada es el sistema mundial de ciudades. Incluye a las redes urbanas, las grandes ciudades mundiales de los Estados centrales hegemónicos (Ámsterdam, Londres, Nueva York), las ciudades centrales importantes dentro de otros países centrales y las metrópolis de los países periféricos, las cuales frecuentemente son líderes dentro de sus redes urbanas nacionales. De este modo la imbricación se produce en varios niveles y este conjunto de límites cambiantes de la red lo que constituye el terreno institucional sobre el que tiene lugar la competencia en el sistema mundial.

Reorganizaciones de la jerarquía centro-periferia.

La jerarquía centro-periferia en conjunto es un sistema socialmente estructurado de desigualdad económica y político-militar. Las formas que ha adoptado esta jerarquía han cambiado mientras que la jerarquía misma se ha adoptado esta jerarquía han cambiado mientras que la jerarquía misma se ha conservado. Las primeras incursiones que iniciaron el proceso de periferización en muchas zonas implicaron pillaje y saqueo por parte de las potencias europeas.

Este uso directo de la fuerza coactiva se ha desplazado lentamente hacia un poder económico institucionalizado basado en la ley y en la propiedad privada, aunque el elemento de coacción en las relaciones centro-periferia y dentro de la periferia es aún mayor que en el centro. La esclavitud y la servidumbre [serfdom] han quedado en gran medida abolidas en la periferia. Y han disminuido otras formas de control del trabajo evidentemente coactivas, tales como la contratación de mano de obra extranjera, los contratos de servidumbre [indentured servitude] la remisión de deudas por trabajo, los trabajadores forzados que satisfacían tributos impuestos a una comunidad (mita), etc. Otros grupos han aumentado: los “semiproletarios” que viven en enclaves rurales y trabajan para ganarse un jornal como “temporeros” durante sus años más productivos, los proletarios rurales, aparceros y campesinos formalmente libres que poseen pequeños terrenos pero están obligados a vender sus cosechas a monopolios o a juntas de mercado estatales.

Las categorías de mano de obra libre y mano de obra coaccionada no captan plenamente los tipos de control del trabajo que tienen lugar en la jerarquía centro-periferia. Ocurre más bien que la mano de obra central está “protegida” en mayor medida por normativas estatales e instituciones de asistencia social, aunque esto parece menos evidente en el periodo actual de ataques a los salarios de los trabajadores tanto en el centro como en la periferia. No obstante sigue siendo el caso que la mano de obra central está más protegida que la periférica. El proceso desigual de formación de Estos y desarrollo económico permite a los trabajadores centrales acceder a los estados más fuertes y a los sectores más rentables e intensivos en la utilización de capital dentro del sistema mundial. El proceso de proletarización ha ocurrido tanto en el centro como en la periferia, con algún retraso en la periferia, y con la característica añadida de que los proletarios del centro pueden conseguir no sólo la condición de “libres”, sino además cierta cantidad de protección política con respecto al capital y con respecto a la competencia de otros trabajadores.

El colonialismo y la organización directa del control político-militar formal sobre las área periféricas por parte de los Estados centrales son una cosa del pasado. Esto desde luego no significa que las formas de poder político-militares hayan dejado de obrar en la jerarquía centro-periferia. Seguimos presenciando ejemplos de diplomacia de la cañonera”, el uso abierto y encubierto de la fuerza y la cesión de ayuda militar y económica a regímenes periféricos amigos que respaldan la jerarquía centro-periferia. El crecimiento de las corporaciones multinacionales ha desplazado el uso del poder estatal central hacia el respaldo de derechos de propiedad en la periferia, como queda demostrado por el estudio de Charles Lipson (1985) sobre el desarrollo de instituciones protectoras del capital extranjero.

Varios autores han citado la importancia de grandes reorganizaciones en la división centro-periferia del trabajo. John Walton (1985) habla de la tercera “nueva división internacional del trabajo”, y Dale Jonson (1985:22-8) hace un comentario similar sobra las fases de la dependencia. La primera división internacional del trabajo se corresponde con lo que otros han llamado “dependencia clásica”: la exportación de materias primas de la periferia al centro y la exportación de bienes manufacturados del centro a la periferia. Esto implicó la “desindustrialización” de aquellas áreas periféricas que producían productos competidores de las exportaciones centrales. Esta prima división internacional del trabajo evolucionó a lo largo de un extenso periodo de tiempo en el que varias rondas de grandes cosechas y auges en la minería generadores de dinero visitaron desigualmente las áreas periféricas, en olas cíclicas y en forma de flujo y reflujo.

La segunda “nueva” división internacional del trabajo, según Walton, comenzó en los años treinta, cuando algunos países periféricos iniciaron el proceso de industrialización dependiente. Respaldados por políticas estatales de sustitución de las importaciones, los capitalistas nacionales intentaron ganarse el mercado interior para los bienes manufacturados. Sin embargo, la movilidad ascendente hacia el centro no fue la pauta más típica. La mayoría de las áreas siguieron estando periferizadas. Hay dudas acerca de si muchos de los nuevos países industrializados serán capaces de lograr algo más que una industrialización dependiente. El análisis de Peter Evans (1979) sobre la competencia y negociadores entre burócratas estatales, capitalistas interiores y multinacionales para repartirse acciones del mercado nacional brasileño, demuestra que incluso en países en los que la sustitución de las importaciones ha tenido mucho éxito las multinacionales han logrado controlar muchos sectores del mercado interior.

La tercera división internacional del trabajo de John Walton es la dimensión mundial que ha adquirido el proceso productivo para las empresas multinacionales. Esto queda patente en el aprovisionamiento en todo el mundo y la producción de componentes industriales en la periferia para exportarlos al centro. Volker Bornschier (1976) aporta pruebas de que el grueso de las inversiones para fabricar en la periferia por parte de las multinacionales sigue centrada en la producción para el mercado interior, pero ha habido también una expansión de la producción multinacional en las “zonas de libre empresa” de la periferia. Esta es la “nueva división internacional del trabajo”.

Mientras que estas reorganizaciones de la jerarquía centro-periferia han alterado algunas de las formas organizativas y mecanismos institucionales que operan en el sistema mundial, no ha variado la dinámica más básica del sistema.

TEMA 4. LOS EFECTOS SOCIALES DE LA INDUSTRIALIZACIÓN EN ESPAÑA: EL MODELO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y LA ESTRATIFICACIÓN SOCIAL.

El cambio económico de la sociedad española ha seguido, con sus rasgos peculiares, el modelo evolutivo clásico de las sociedades industriales y se debate en las tensiones de ajuste y convergencia dentro del nuevo espacio económico y político europeo. La historia económica de España desde la segunda mitad del XIX es la de las transformaciones que acompañan la industrialización: primero, el tránsito paulatino de una economía agraria a una economía industrial, consumado en los años sesenta. Después, la transformación en una economía de servicios, donde la información y las nuevas tecnologías a su servicio tienen un papel estructurante fundamental. Este es el tipo de cambio de las últimas décadas del siglo. Final y simultáneamente, la economía española pasa por un periodo de ajustes y convergencia dentro de la Unión Europea, de cuyo desenlace dependerá la posición mundial de España en la primera mitad del siglo XXI.

El problema revela la importancia económica internacional de España al finalizar el siglo. El hecho es tanto más sobresaliente cuanto que veinticinco años antes la renta per cápita del país estaba en 500 dólares, que constituía el límite marcado por los organismos financieros internacionales para clasificar a una economía como subdesarrollada. A estas economías ya se les denominaba del “Tercer Mundo” en los medios intelectuales y políticos de la época.

Valoración general de un proceso histórico.

La moderna industria es un fenómeno europeo-occidental, caracterizado por la producción masiva sostenida y mecanizada de bienes en organizaciones de trabajo complejas. En este sentido, la industrialización de España, como en la mayor parte de Europa, es un fenómeno que se inicia en el XIX con posterioridad y muy condicionado por la Revolución Industrial en Inglaterra. Nuestras industrias del Medievo y el Renacimiento, algunas muy florecientes, pertenecen a otro orden tecnológico, económico y social que poco tiene que ver con la llamada civilización industrial. Y, como paso previo, parece oportuno señalar las principales etapas de nuestra historia industrial con sus concomitantes sociales y políticos en un proceso histórico que alguien ha valorado como de “fracaso de la revolución industrial en España”.

A mediados de los años sesenta y en pleno proceso de “despegue” económico, el sociólogo Amando de Miguel ofrecía un esquema de las etapas históricas de nuestra industrialización, avisando de que “aunque parezca ocioso, hay que tener constantemente en cuenta que nos vamos a referir a la situación social de un país europeo-mediterráneo, en desarrollo, que tras un lentísimo periodo de “despegue” - con altos y bajos- de casi un siglo, acaba de traspasar la barrera convencional de los 500 dólares de renta per cápita, por lo que deja de ser un país subdesarrollado (con la referencia mundial, no con la europea). Sólo así comenzaremos a entender la mezcal (ambivalencia, a veces) de elementos modernizantes y retardatarios en la estructura española.

La primera etapa, en el último cuarto del XIX, es la de la industrialización catalana centrada en Barcelona y con base en la industria textil. Tiene lugar la extensión del ferrocarril. El periodo transcurre bajo el régimen político de la Restauración, que a su vez duró de 1874 a 1924 (una democracia estable aunque limitada al uso de la época y en la forma de monarquía parlamentaria, que se inicia con el reinado de Alfonso XII y termina con la dictadura de Primo de Rivera). aparecen los sindicatos como organizaciones del proletariado industrial y protagonistas de las primeras luchas obreras. En la mayor parte de España se registran tensiones sociopolíticas, a medida que avanza el siglo XX, entre una estructura de gobierno caciquil y oligárquica y las expectativas crecientes de movilidad social y participación política de amplios sectores de la población y en parte como consecuencia del desarrollo económico.

La segunda etapa tiene como base el desarrollo de la industria siderúrgica en el País Vasco y la describe así De Miguel: “Coincide casi toda ella con la dictadura de Primo de Rivera y aprovecha un periodo de estabilización política y de coyuntura óptima en los mercados exteriores para industrializar nuevos centros: Vizcaya, Guipúzcoa y Madrid. El problema del analfabetismo adquiere predominancia, así como la depauperación de grandes sectores campesinos y obreros, en contraste con el constante aumento del nivel de vida de las clases media urbanas. Todavía la mayor parte de la población activa trabaja en el campo”.

En la etapa de 1955-1974 se produce el mayor salto industrializados, tras una década de bloqueo internacional y recuperación de una economía destruida por la guerra civil en un régimen de autarquía, que no tuvo más remedio que reconocer su fracaso y liberalizarse [“se extiende ahora la industria ligera y de consumo a diversas zonas repartidas por toda la Península y al mismo tiempo se intensifica la densidad industrial en las zonas tradicionales. Los problemas derivados del crecimiento urbano y de las migraciones interiores y exteriores acaparan la sensibilidad social: vivienda, transformación de la mano de obra, etc.”]. Es la etapa en que se producen las mayores transformaciones del siglo en nuestra estructura social, muchas de ellas irrepetibles por su clase y magnitud; casi todas ellas irreversibles porque abrieron caminos de difícil retorno en la dinámica social.

La cuarta etapa, entre los años setenta y noventa era denominada “próxima” por De Miguel, pero ya pertenece lógicamente al pasado. La denominación actual de “Transición democrática” responde al criterio de calificación por la especificad del régimen político bajo el que se produce. Durante esta etapa tuvo lugar la segunda expansión importante de la economía española en el siglo XX; exactamente durante la etapa expansiva entre 1986 y 1990. Dicha expansión no puede disociarse de la democratización del régimen político unos años antes, que permitió la incorporación a la Comunidad Europea.

Se hizo realidad el pronóstico de que al hacerse más compleja la estructura industrial y extenderse aún más el proceso de urbanización, los problemas sociales se complican y aparecen otros nuevos: delincuencia e inadaptación juvenil, inadaptación del papel social de los viejos, organización del tráfico y la vida urbana, etc. La primera parte del periodo es económicamente recesiva (entre 1974 y 1985) y agudiza la problemática mencionada con la desaceleración de la movilidad social a la que se habían acostumbrado los españoles en la década anterior y el proceso de consolidación de nuevas clases medias urbanas de profesionales, medianos y pequeños empresarios y empleados de los servicios.

La segunda parte del periodo, sin embargo, es fuertemente expansiva y en ella se ponen las bases para el desarrollo de una economía de servicios. Al iniciarse la década de 1990, mas del 60 por 100 del PIB aprecios corrientes y casi un porcentaje similar corresponden al sector terciario. En el sector industrial, tal vez lo más destacable es la ampliación de una política de reconversión industrial en los años ochenta, para elevar el nivel de competitividad de la economía nacional. Las transformaciones del sector primario pasan por el desarrollo de la “agroindustria” en los sectores más productivos del campo español ( cultivos de invernadero en enclaves como El Ejido). La generalidad de los agricultores comienzan a percibir un nuevo y sustancial componente de la renta agraria por la vía de las subvenciones de la Comunidad Europea.

En el ámbito de lo que algunos economistas de los años sesenta denominaron “el factor humano del desarrollo”, lo más destacable es la extensión de la educación superior hasta una de las cotas más altas del mundo.

Una quinta etapa, entre el pasado y el futuro inmediatos (1990-2000), ha sido definida en función del proceso político-económico más decisivo de nuestro futuro a largo plazo: la convergencia con las economías más competitivas de la Unión Europea hacia un modelo de economía europea con una moneda única. En la primera mitad de la década se asiste a un espectacular desarrollo de la infraestructura viaria, que no se renovaba con tanto alcance desde los tiempos de Primo de Rivera; del ferrocarril de cercanías y larga distancia, de las telecomunicaciones por la ampliación de la cobertura telefónica a las zonas rurales y el desarrollo de nuevas formas de comunicación (telefonía inalámbrica, televisión por cable, etc). Por último, uno de los mayores cambios del sistema económico en estos años es la expansión casi universal de la tecnología informática a través del sistema industrial y de prácticamente todos los servicios.

¿”Fracaso o “despegue” de la Revolución Industrial en España?

Los historiadores económicos mantienen posiciones encontradas sobre el dinamismo de los inicios de la industrialización española en el siglo XIX. Con el modelo de industrialización inglés como trasfondo, para unos la Revolución Industrial no habría llegado a cuajar en el XIX español mientras que para otros se habría producido un verdadero despegue de la misma, con independencia de las dificultades que mas tarde surgiría para el mantenimiento de un proceso sostenido de industrialización.

La historia de nuestra primera industrialización ha sido calificada como El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913. En este libro Nadal sostiene que la verdadera industrialización tiene lugar en España a partir de los años sesenta y que en siglo XIX constituyó un fracaso en el proceso industrializados. Cuatro serían las principales razones o factores explicativos de aquel fracaso. En primer lugar la falta de una “revolución agrícola”. En la España del XIX tiene lugar la Desamortización de Mendizábal, consistente en nacionalizar las poco productivas tierras de la nobleza y la Iglesia para vendérselas a bajo precio a una burguesía urbana en lugar de a los campesinos y pequeños agricultores. Y esto por necesidades financieras de la Hacienda Pública a corto y medio plazo.

En segundo lugar, las dificultades de nuestro comercio tras la emancipación de las colonias americanas durante la segunda década del siglo XIX. Así disminuyen drásticamente la actividad comercial y los ingresos de la Hacienda Pública que se endeuda cada vez más y no puede ejercer un papel activo en el desarrollo económico nacional.

En tercer lugar, una inadecuada ordenación de los transportes. Aparate del deterioro de nuestra flota como consecuencia de la Guerra de la Independencia y la caída del comercio colonial, las mayores inversiones se realizaron en el ferrocarril,. Y tal inversión superó siete veces la que tuvo lugar en la industria, de manera que su rentabilidad fue y sigue siendo aún escasa.

Por último, una cierta debilidad de la industria textil y siderúrgica. La producción de algodón y la industria textil catalanas autoabastecían al país y estuvieron protegidas, de forma que no creció la exportación textil y la capacidad competitiva aneja a la misma. Lo contrario sucedió con la industria siderúrgica, aunque se produjo el mismo efecto de falta de competitividad. Importaba España mucho más de lo que podía producir.

Estudiando el periodo entre 1827 y 1869, Juan Violar sostiene que “en el segundo tercio del siglo XIX tuvo lugar en España una magno esfuerzo de modernización, cuya manifestación más emergente fue, sin duda, el despegue de la Revolución Industrial. Ese marco cronológico coincide con la fase final del reinado Fernando VII a partir de 1827, fase aperturista en la doble dimensión económica y política, y con le largo reinado de Isabel II, de laboriosa y en ocasiones traumática consolidación de la revolución liberal.

Las primeras áreas industriales, de reducidas dimensiones estaban en Barcelona, Bilbao, Oviedo-Gijón y Málaga; la primera con industria textil, las demás con industrias siderúrgicas. Málaga, por ejemplo, comenzó siendo un importante centro siderúrgico, que no podrá mantenerse por falta de recursos energéticos (hulla); se reconvirtió al textil y acabó por extinguirse por falta de mercados. El desarrollo de la industria algodonera de Barcelona sitúa a España hacia 1860 como cuarta potencia textil del mundo, detrás de Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Especialmente dinámica sería la etapa 1844-75, mayoría de edad de Isabel II y sexenio democrático, que coincide con la fase ascendente de la segunda onda larga del siglo. Se registras una formidable expansión económica favorecida por los siguientes factores: fluidez monetaria tras la puesta en circulación del oro extraído de las nuevas minas de Rusia, California y Australia; incremento de la producción agrícola, minera industrial, que se beneficia de la inversión del capital acumulado anteriormente y de los nuevos capitales; desarrollo del comercio internacional, impulsado por el librecambismo, la abundancia de numerario y la mejora del transporte por la utilización de la máquina de vapor.

En el análisis precedente, el siglo XIX español no habría sido tan divergente de las corrientes de la industrialización europeas de la época como con frecuencia se piensa: “Los niveles alcanzados en 1870 quedaban todavía muy por detrás de países industriales punteros como Gran Bretaña, Bélgica, Estados Unidos y Francia, respecto de los cuales apenas se había logrado acortar distancias. España se situaban muy cerca, y en ocasiones a la para, de naciones o bloques de estados de más tardía incorporación a la Revolución Industrial como Austria, Suecia, Países Bajos o los estados alemanes o italianos en su conjunto, aunque no tardaría en dejar atrás a España a partir de 1870.

Estos y otros factores hacen que la sociedad española se adentre en el siglo XX con una base industrial relativamente débil y escasamente competitiva. Y, en consecuencia bastante dependiente de potencias industriales vecinas más sólidas especialmente Inglaterra y Francia. Aun después de los años 70, cuando España se sitúa entre los diez países más industrializados del mundo, subsisten problemas de competitividad con frecuencia enraizados en los orígenes de la industrialización. La incorporación formal de España al marco de la Comunidad Económica Europea por fuerza demanda reformas y acomodos en los distintos sectores de la producción, la distribución y el consumo.

Los orígenes del atraso económico español.

En los años ochenta, un grupo de historiadores franceses, bajo la coordinación de Bartolomé Bennassar, investigaron sobre los orígenes del atraso económico español con la inquietud de ir más allá de 1814 “para encontrar una explicación al fracaso de este cambio económico decisivo que marginaba evidentemente a España de la Europa occidental, mientras Inglaterra, Holanda, Francia, Alemania, Suiza y el norte de Italia lograban asegurar su despegue económico”. Estos investigadores se preguntan por la capacidad de la agricultura del siglo XVIII para producir una acumulación de capital suficiente; el papel de las inversiones extranjeras en dejar en el país parte de los beneficios obtenidos y producir transferencias de tecnología; y el nivel cultural de la sociedad española (grado de alfabetización y concepción del trabajo como forma de evaluar las resistencias mentales para la transformación económica).

Aunque las conclusiones de estos trabajos son parciales merece la pena tenerlas en cuenta. En primer lugar, por lo que hace al primer punto, la agricultura castellana habría producido una considerable acumulación de capital durante el siglo XVIII y lo mismo el comercio marítimo en Andalucía y Cataluña. Capital no habría faltado, aunque sí la presencia de técnicos artesanos en gran número y un mercado nacional en donde dar juego a los resultado de la inversión en nuevas formas de producción.

Pero este capital español se invirtió poco en la industria y una buena parte de los beneficios del comercio colonial volvieron al extranjero. El capital foráneo no tuvo preferencia por las inversiones de infraestructura y bienes de producción porque encontraba escaso apoyo en el capital local y lógicamente buscaba un beneficio seguro.

Por lo que hace a las resistencias mentales de los españoles para la transformación industrial, se concluye que la alfabetización desde el siglo XVI era similar a la de Inglaterra o Francia. El retraso se habría producido en una sola generación hacia mediados del siglo XIX con las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855), que desmantelaron el aparato de enseñanza elemental de las municipalidades y la Iglesia. Por otro lado, las cortapisas a la libertad de pensar y escribir (la Inquisición) no habría representado un obstáculo esencial para el cambio económico.

Y así sólo habrían resultado de importancia capital para frenar un desarrollo industrial contemporáneo al de la mayor parte del resto de Europa “la falta de una clase artesanal, de comerciantes y de un mercado nacional a la inglesa... El proceso catastrófico desencadenado por la guerra de 1808.. A las circunstancias en que fue destruido el Antiguo Régimen, a los efectos sociales y culturales resultantes de las transferencias de propiedades y capitales, así como a la pérdida del Imperio, mercado y fuente de equilibrio de balances y presupuestos.

La secuencia es que a partir de un siglo XVIII relativamente fecundo se produce un colapso político, social y económico (pérdida del Imperio, derrumbe de la Monarquía, guerras con Napoleón) del que España se recupera parcialmente en el último cuarto del siglo XIX, entrando en un largo período de incipiente industrialización y estabilidad social y política que termina en los años 20 y 30 colapsando de nuevo la nación con la Guerra Civil. Veinte años más tarde de su final se entra en una época de rápida expansión industrial, que nos sitúa a la altura relativa de las potencias industriales de segundo nivel. Nos pone en pie de igualdad con aquellos con quienes éramos competitivos hasta entrado el siglo XVII.

Los grandes cambios socioeconómicos.

Los cambios de la sociedad española a lo largo de las últimas décadas han sido más rápidos y profundos que en ningún otro momento de su historia. Si bien es verdad que los procesos de cambio característicos de las sociedades modernas se iniciaron en España en la segunda mitad del siglo XIX, por una serie de razones los cambios estructurales que corren parejos con la industrialización se detuvieron en nuestro país a finales de siglo y nuevamente en los años treinta del siglo XX. Sólo a la altura de los años cincuenta, el proceso de industrialización se reanima dando lugar la configuración de una estructura social semejante a la de las sociedades que se industrializaron antes que nosotros bajo un modelo económico de economía de mercado.

Estas transformaciones de la economía han llegado a configurar una estructura social que, vista desde los años noventa, tiene bien poco que ver con la que le precediera. Básicamente, la economía española ha dejado de estar basada en la agricultura para girar en torno al sistema industrial y de los servicios. Este proceso de cambio ha alterado sustancialmente la estructura ocupacional de la sociedad; tanto en términos del volumen de población activa en los distintos sectores de la economía como de la calificación laboral y profesional de esa población. También han cambiado las pautas de asentamiento de la población o, lo que es lo mismo, la configuración ecológica del país: de una sociedad rural hemos pasado a una sociedad urbana. Las transformaciones ocupacionales han cambiado la estructura de clases de esta sociedad: ampliación rápida del proletariado urbano-industrial, mayor complejidad de la gran y pequeña burguesía, y la aparición de una nueva clase media -producto de la movilidad social y la burocratización creciente de las actividades profesionales- que no tiene mucho que ver con la vieja clase media urbana de profesionales liberales y funcionarios públicos. Todo esto ha venido acompañado de una mejora generalizada del nivel de vida y de un mayor acceso a la educación primaria, media y universitaria por parte de los estratos medios y bajos de la sociedad. Curiosamente, y en contra de lo que postularan ciertos teóricos de la modernización en los años sesenta, muchos de estos cambios han tenido lugar en la última etapa de un sistema autoritario de gobierno que no sufrió modificaciones comparables a las de la estructura económica y social del país. Su modificación consistió en ser sustituido por otro entre 1975 y 1977.

Estos cambios han afectado profundamente a los estilos de vida y la mentalidad de los españoles. Pro desgracia, la investigación sociológica sobre la España preindustrial es muy escasa o casi inexistente en el ámbito de las actitudes y el comportamiento. Pero, sin embargo, a partir de 1960 se dispone de un buen número de estudios sobre la sociedad española: esto es, a partir de los años en que el proceso de industrialización y cambio social se reanima para generar y configurar la sociedad que hoy conocemos. Los problemas de definición y estructuración del modelo económico español a final de siglo pasan fundamentalmente por la consolidación de una economía de servicios, internacionalmente competitiva y convergente con las economías más dinámicas de la Unión Europea.

Aunque el proceso de industrialización y la industria hayan sido motor y columna vertebral de la moderna economía española, el sistema económico que se va configurando hacia el final del siglo gira cada vez más en torno a los servicios; el sector de los servicios proporciona de manera creciente la mayor porción de nuestro Producto Nacional Bruto así como el mayor número de empleos. Si en 1970 el sector industrial suponía un tercio del PIB y el 24 por 100 de la población ocupada, a mitad de los años noventa el componente industrial del PIB ascendía sólo a la quinta parte y un 20 por 100 de los ocupados trabajaban en la industria. Por el contrario, el componente del PIB en servicios pasaba del 47 al 70 por 100; y el empleo del 40 al 62 por 100 de los ocupados. Aunque la industria sigue constituyendo una estructura central de la economía española, tanto en términos de producto como de empleo, es la evolución de los servicios lo que marca el rumbo del cambio; mientras se reduce drásticamente el primer componente de la historia económica, que es la agricultura.

En la economía como en las demás áreas de la vida social, los cambios de la realidad material van por delante las conceptualizaciones que hacemos de ellas. Mientras tenían lugar los profundos cambios de la industrialización de los años sesenta, los analistas, gestores públicos y personal político seguían prestando una atención desproporcionada a la agricultura y al estilo de vida rural. Los programas de estudios superiores siguen centrando su atención en el estudio de la producción industrial; la definición sindical del empleo y sus condiciones sigue la pauta del empleo industrial; y los gobernantes hablan mucho más de industria, e incluso de agricultura, que del mundo omnipresente de los servicios.

En relación con la problemática de la competitividad, cabe resaltar que a mitad de los años noventa la economía española ocupaba, por el volumen de su PNB, el octavo puesto de la economía mundial; un ascenso facilitado por el colapso de la Unión soviética entre 1989 y 1992. No obstante, los expertos de todas las tendencias coinciden en afirmar que la principal debilidad de la economía española radica en su falta de competitividad respecto a las economías de las que en mayor medida se abastece y a las que más productos y servicios propios vende (Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos). Al final de la década de 1980 y principios de la siguiente la situación empeora. El excesivo déficit comercial (6,1 pro 100 del PIB en 1992) acarrea tres devaluaciones de la peseta entre 1992 y 1993. bien reputados analistas concluyen que “lo que el sector exterior español necesita, tanto en el ámbito importador como exportador, es alinearse con el crecimiento de costes y precios registrados por el resto de países comunitarios. De allí que las condiciones de Maastricht en cuanto a contención del alza de precios, del déficit público y del los tipos de interés sean el arma adecuada para mejorar nuestra balanza comercial”. “El dato más relevante de los desequilibrios básicos de la economía española es el desigual crecimiento de sus precios internos y el coste laboral unitario frente al de los países centrales de la Unión Europea (Alemania, Francia, Holanda, Bélgica, Luxemburgo y Dinamarca)... En relación a los precios de producción y el coste laboral unitario, el ajuste español, a consecuencia de las devaluaciones, ha sido muy intenso, lo que ha quedado reflejado en el crecimiento exportador. El problema que se plantea a la economía española, una vez restablecida la competitividad nomina, es mantenerla, para lo cual sería necesario que tanto los precios internos como los costes laborales no crecieran nominalmente más que en los países con los que España tiene que competir”.

El mayor reto de la economía española a finales de siglo radica en su convergencia con las economías más sólidas de Europa, según los criterios estipulados en el Tratado de Maastricht de 1991.

Las condiciones de convergencia de Maastricht son cinco: TIPO DE CAMBIO (situado en banda estrecha del Sistema Monetario Europeo, +/- 2,25, sin devaluar en dos años); INFLACIÓN (media anual IPC menor o igual a 1,5 puntos de los tres países con menor inflación); DÉFICIT PÚBLICO (igual o menor al 3 por 100 del PIB); DEUDA PÚBLICA (igual o menor al 60 por 100 del PIB); TIPOS DE INTERÉS a largo plazo (igual o menos de dos puntos más que en los tres países con menor inflación).

Por lo que se refiere al comportamiento histórico de la economía española, “El ciclo económico español, entendido como el espacio comprendido entre sus cotas más altas y más bajas de un periodo de tiempo suficientemente largo, viene durando unos catorce años. El ciclo económico que se inició a partir de la estabilización del año sesenta duró hasta 1974, a partir de cuyo año se inició la fase descendente del ciclo, que tuvo su punto más bajo en 1981, para recuperarse seguidamente hasta llegar a 1987-1988, en cuyos años se alcanza la cresta del nuevo periodo. Si se repite la historia, en 1994 se iniciará la nueva fase de recuperación.

Cuando se examina el perfil del ciclo económico, referido a un periodo suficientemente largo, y en este caso el periodo comprendido entre 1955 y 1993, se observa el paralelismo en la senda recorrida por la economía española y comunitaria. Un hecho que viene a confirmar la profunda interdependencia de la economía española y la del conjunto de países que hoy integran la Unión Europea... Por regla general la economía española se ha caracterizado por un crecimiento más intenso que la media comunitaria en los periodos expansivos y por tasas algo más bajas o decrecientes en las etapas deprimidas del ciclo... (Por otra parte), la coyuntura española suele mostrar algún retraso respecto a la comunitaria.

En cuanto al cumplimiento de las condiciones para la convergencia establecidas por el Tratado de Maastricht, a la altura de 1995 ninguno de los 15 países de la comunidad cumplía todas las condiciones establecidas. La condición que cumplía España era la relativa a la inflación. El mayor problema está en la corrección del déficit público, que se situaba en torno al 6 por 100 del PIB en 1995, el doble de la tasa máxima establecida. Los tipos de interés se acercaban al nivel convenido y podrían mantenerse bajo control siempre y cuando la inflación y el déficit público se comporten adecuadamente.

Las dimensiones básicas del cambio socioeconómico.

Lo que se sigue es una breve descripción de las principales dimensiones del cambio en las condiciones materiales de vida de la población española. En le capítulo siguiente se aborda el estudio de los cambios culturales y políticos, que se han producido en estrecha conexión con las transformaciones económicas.

Aunque la industrialización de la economía española se inicia en la segunda mitad del siglo XIX, las grandes transformaciones económicas sobre las que e ha construido la sociedad española de finales de siglo tienen lugar, sobre todo, entre 1957 y 1973, por un lado, y entre 1986 y 1991, por otro. Son los dos periodos de mayor crecimiento económico del siglo XX. En torno a la década de 1960 se produce el mayor impulso industrializador del país en todos los sectores de la producción. Algunas variables externas: el levantamiento previo del bloqueo internacional a España, consecuencia de la victoria de los aliados y la democracia en la Segunda Guerra Mundial; los acuerdos militares y económicos con los Estados Unidos a principios de la década de 1950; la necesidad de mano de obra de las economías en expansión de Europa Occidental y su absorción masiva de emigrantes españoles; el flujo creciente de inversiones extranjeras en España y el turismo internacional.

Por su parte, la etapa expansiva de 1986-1991 estuvo precedida de una política de reconversión industrial, que facilitó la onda expansiva, y se vio favorecida por dos factores externos fundamentales: la incorporación de España a la comunidad Económica Europea y la inversión extranjera. La política de reconversión industrial se concretó en los Decretos de 1980 y 1981 sobre reconversión de los sectores de electrodomésticos de línea blanca, aceros especiales, siderurgia integral y equipo técnico para la industria de la automoción; la Ley de 1982, que incluye a los sectores de construcción naval, semitransformados de cobre, componentes electrónicos, acero común, calzado y forja pesada, entre otras empresas. Adicionalmente en 1983 el Ministerio de Industria y Energía publicaba el Libo Blanco de la Reindustrialización, donde se plantea la evolución de la economía española hacia un modelo nuevo de empresa industrial y de economía de servicios.

Factores externos e internos favorables al desarrollo. El cambio operado en la segunda mitad de la década de 1980 habría sido la consecuencia de la combinación del crecimiento de la demanda nacional ante las favorables expectativas suscitadas por la incorporación a Europa, la reestructuración de productos y técnicas efectuada por los empresarios para afrontar los retos de mayor competencia en la nueva situación, las medidas fiscales incentivadoras de la inversión y la financiación procedente de las inversiones extranjeras.

La inversión extranjera en España era prácticamente inexistente a mediados de los años cincuenta. Aun en 1960, el volumen de capital extranjero invertido en proporción superior al 50 pro 100 del capital social autorizado ascendía sólo a 135 millones de pesetas. En 1970 había ascendido a más de 13,000 millones y en 1977 a más de 110.000. En los años 1986-1991, el volumen de las inversiones extranjeras superó con mucho las cotas de la etapa expansiva anterior. Ello fue efecto de la expansión española y europea en una época de mayor internacionalización de la economía en general. Los casi 300.000 millones de pesetas de 1985 se incrementaron casi hasta el billón de pesetas al final de los años ochenta.

En la industrialización de los años sesenta tuvieron un papel importante, como fuente de divisas, las remesas de los españoles emigrantes a los países del entonces Mercado común Europeo. Se trataba de una pauta migratoria nueva. El flujo migratorio hacia otros países de Europa alcanza su punto álgido en 1964 con más de 300.000 salidas. Al final de la década comienza a descender y aún lo hace más bruscamente a partir de la primera crisis del petróleo en 1973. Los ochenta, cuando se asiste a las migraciones de retorno de muchos de aquellos emigrantes. Con todo, al finalizar el siglo, el número de españoles residentes en otros países europeos está por debajo del millón de personas, en su mayoría trabajadores de las anteriores oleadas migratorias, ya que hoy el número de salidas por razón de trabajo es insignificante.

Como nuevo fenómeno migratorio en España, sobre todo a partir de los años ochenta, hay que señalar la creciente llegada de inmigrantes extranjeros. Se trata de inmigrantes en busca de trabajo, como normalmente sucede. Aunque sabemos que la presencia de inmigrantes extranjeros en España es mucho menor que en países como Inglaterra, Francia o Alemania, en 1994 se estimaba que de los 13 millones de inmigrantes legales que había en la Comunidad Europea, estarían en España unos 700.000. Si a ello se suman los ilegales, podría haber 800.000 en total, lo que equivaldría al 2 por 100 de la población nacional. La mitad de estos inmigrantes proceden de los países pobres de África y Latinoamérica. La otra mitad, de Europa. Sus características más visibles son: los inmigrantes de los países pobres son jóvenes, con predominio de los varones entre los africanos y de las mujeres entre los centroamericanos y asiáticos. Sus ocupaciones más frecuentes son el servicio doméstico, comercio, construcción, agricultura y hostería. La presencia de estos trabajadores extranjeros no sólo constituye una nueva realidad laboral en la sociedad española, sino que ha dado lugar también a incidentes de racismo y xenofobia.

En relación al fenómeno turístico, también hay que reconocerle efectos económicos tanto como culturales. Las masas de turistas extranjeros que, “in crescendo” acuden a España representan un factor de acumulación de divisas y también de difusión cultural. Las estadísticas del turismo son tan conocidas como infladas, y aun así significativas. Con pequeñas oscilaciones al filo de la coyuntura económica en los principales países de Europa, los flujos turísticos a España no han hecho sino crecer desde el levantamiento del bloqueo internacional en la década de 1950. Su importancia económica hasta el día de hoy, como fuente de divisas y factor clave en sectores como la construcción y los servicios, no debe subestimarse. En 1994 los turistas que atravesaban nuestras fronteras eran sesenta millones.

El turismo de españoles en el extranjero también se ha incrementado espectacularmente en las últimas décadas del siglo; fenómeno que constituye más un efecto que una causa del crecimiento económico del país. Sin embargo, este factor de movilización internacional de los españoles tiene su importancia como condicionante del cambio cultural, sobre todo en las décadas de 1960 y 1970. La evolución de esta estadística resulta tan espectacular como la del turismo de extranjeros a España. La progresión tuvo lugar paulatinamente, sobre todo a lo largo de los años setenta, hasta llegar a las citadas cotas, donde parece estabilizarse en la última década del siglo. A mitad de los años noventa y por lo que a turismo internacional se refiere, se puede concluir lo siguiente: España es un país cercano a los 40 millones de habitantes, que recibe anualmente un número de turistas superior a su población y donde uno de dos habitantes sale de turismo al extranjero.

La industrialización de España, fuertemente animada por los factores externos que se acaban de mencionar, queda reflejada en una serie de indicadores de desarrollo entre los que escogemos algunos de general aceptación entre economistas y sociólogos: consumo de energía; producción de acero y cemento; renta per cápita; y estructura ocupacional.

Sólo entre 1960 y 1970 el incremento del consumo de energía de todas clases fue superior al que había tenido lugar en los primeros sesenta años del siglo; y en la producción de acero y cemento los incrementos son aún mayores. Por lo que se refiere a la renta per cápita prácticamente se duplica entre 1963 y 1974 y, de nuevo, en la segunda mitad e los años ochenta.

Con todo, los mejore sindicadores de la industrialización de la economía y de la mayor complejidad de la estructura social son los relativos a las ocupaciones; esto es, la distribución sectorial de la población activa y su nivel de cualificación profesional. La tendencia es de disminución progresiva de la mano de obra ocupada en la agricultura que pasa a engrosar el sector industrial y el de los servicios; e incremento del número de titulados de todas clases, empleados de ofician y obreros cualificados.

Éramos una sociedad rural a primeros de siglo con un 70 por 100 de la población activa ocupada en la agricultura. En los años 90 -con un 10 por 100 en la agricultura, un 30 por 100 en la industria y un 60 por 100 en los servicios- los saltos más grandes se producen en los quince años anteriores a 1973. La expansión de las ocupaciones medias y de nivel profesional tiene lugar con tasas de crecimiento cinco veces superiores a las del conjunto de la población activa (aproximadamente de un 30 por 100 frente a un 5 por 100 del conjunto). Sólo entre 1963 y 1972, los técnicos titulados crecieron en un 79 por 100, los técnicos sin titular y los administrativos en un 35 por 100, mientras que los obreros cualificados crecían en sólo un 6 pro 100 y los no cualificados tenían crecimiento negativo de -22 por 100. Con todo, en la segunda mitad de la década de 1970 las únicas ocupaciones que mantienen un crecimiento relativo son los profesionales y técnicos con un 17 por 100, el personal administrativo (4 por 100), comerciantes y vendedores (6 por 100) y trabajadores de los servicios (10 por 100). Durante la década de los ochenta continúan las mismas tendencias.

Un indicador que resume de alguna manera las transformaciones producidas en la estructura del sistema de producción, la población activa y la cualificación profesional está constituido por los índices de movilidad social. O, lo que es lo mismo, por la medida de los ascensos y descensos en la escala ocupacional.

Por movilidad ascendente, a los efectos de este cuadro, debe entenderse el porcentaje de población activa que, siendo hijos de obreros o de personas ocupadas en la agricultura, tienen ocupaciones no manuales; así como aquellos obreros cuyos padres estaban ocupados en la agricultura. Quienes descienden socialmente son las personas ocupadas en la agricultura cuyos padres eran obreros o tenían una ocupación no manual y los obreros cuyos padres tenían este último tipo de ocupación (no manual).

La evolución en la sociedad española, a lo largo de los “años del desarrollo” es de un incremento gradual de la movilidad social ascendente. Se trata de una movilidad “bruta” en el sentido de que tiene lugar por la aparición de más y mejores puestos de trabajo y no porque unos individuos suban y otros bajen en la pirámide ocupacional. Los autores del Informe FOESSA de 1970 señalaban que las tasas de movilidad ascendente en España eran tan altas como las de Japón, Alemania o Francia, aunque más bajas que las de Estados Unidos. Con todo, no hay que olvidar dos datos importantes: en primer lugar, como se concluye en el Informe FOESSA de 1975, que la mayoría de la población no se mueve ocupacionalmente dado que “existe una marcada tendencia en todas las categorías ocupacionales a reproducirse a partir de miembros procedentes de ellas mismas... y se notan claramente varios conjuntos de categorías, dentro de cada uno de los cuales los intercambios entre categorías son más numerosos que los que éstas mantienen con categorías pertenecientes a otros conjuntos”. En segundo lugar, y se trata de un dato elaborado por este último Informa, cuando se clasifica a la población con un criterio diferente al utilizado anteriormente, el índice de movilidad ascendente es mucho más bajo.

El parao y la economía irregular.

Un efecto social “no deseado” y negativo en sí mismo y sus secuelas es el parao, que se incrementa sobre todo en los diez años de crisis, estancamiento o bajo crecimiento (1974-1984). Su descenso se inicia a partir de la recuperación, ya muy clara a la altura de 1987. La mayor incidencia del parao se da entre lo jóvenes, en parte dada la temprana edad laboral española. También se hace más incisivo entre la población femenina, cuya tasa de actividad prácticamente queda “congelada” con la primera crisis del petróleo en 1973 para empezar a desbloquearse en 1986.

Tratar a fondo la problemática social del parao o desempleo excede los limites de un capítulo como éste. No obstante, es de interés sociológico aclarar que los conceptos de “parao” o “desempleo” no son sinónimos del concepto de “falta de trabajo remunerado”. La estadística oficial de parao, siendo básicamente correcta, no se corresponde con el porcentaje de personas que declaran en otras encuestas percibir ingresos por actividades laborales, de tiempo total o parcial, realizadas en el hogar o en establecimientos laborales, aunque no sujetas a contrato laboral formalizado. Se trata de la denominada economía sumergida. De aquí que el porcentaje de personas sin trabajo resulte sensiblemente inferior al de personas sin contrato de trabajo o paradas. En España, cuando en 1986 la Encuesta de Población Activa del INE (con definición estricta de parao) arrojaba un 21 por 100 de parados, las encuestas de opinión del CIS, por ejemplo, sólo daban un 17 por 100.

Así pues, junto a la actividad laboral oficial o reconocida por los contratos de trabajo, el pago de impuestos y las cotizaciones a la Seguridad Social está la actividad económica “sumergida” y además los desempleados o “parados”. Ese estrato intermedio ha sido cuantificado en distintos estudios. En 1983, Joseph Picó, de la Universidad de Valencia, concluía que “La fuerza de trabajo española ocupada en la economía subterránea oscilaría aproximadamente entre uno y tres millones de personas, lo que representa de un 10 a un 25 por 100 de la población activa oficial”. Una forma de esta actividad es el trabajo a domicilio, una actividad laboral muy común en los primeros momentos de la industrialización de las hoy sociedades industriales. En el caso del País Valenciano, Enric Sanchis encontró en 1984 un tipo de mujer de mediana edad, casada con un obrero industrial que suele compaginar esta obligación remunerada con las actividades domésticas. Una minoría de las trabajadoras a domicilio realizan también trabajos en fábrica o estudian. En 1986, el mencionado estudio del CIS cuantifica el trabajo irregular en el 18,4 por 100 del total de personas con algún tipo de ocupación; el 66 por 100 de las cuales no tiene cartilla de la Seguridad Social y un 15 por 100 adicional tiene cartilla pero no cotizan. Amando de Miguel describe, en forma divulgativa, la estructura de la “economía oculta”, que no se reduce al trabajo irregular, sino que incluye también a las empresas totalmente “sumergidas”, el “dinero negro” que no procede de ingresos por trabajo asalariado e incluso aquella porción del dinero público o del Fisco no administrado con transparencia y que genera o alimenta prácticas de corrupción.

El V Informe FOESSA de 1994 cifró el empleo irregular en un 16 por 100 de la población ocupada, que estaría en situación de ocultación e incumplimiento de obligaciones fiscales. Esta situación “va acompañada de unas condiciones notables de debilidad en las relaciones laborales establecidas, ya que más del 50 por 100 de los trabajadores carecen de cartilla de la Seguridad Social y están, por tanto, al margen del conjunto de los beneficios sociales que constituyen la protección social del sistema”.

Desde 1980 hasta 1986 más de un millón de trabajadores fueron despedidos a través del IMAC y casi medio millón de despidos fueron resueltos por la Magistratura de Trabajo. El ajuste de plantillas durante estos cinco años de reorganización industrial ha costado cerca de seis billones de pesetas; cantidad que incluiría los pagos por despido así como los casi cuatro billones de pesetas abonados en desempleo. Entre 1980 y 1986, algo más de 90.000 empresas se declararon insolventes, en suspensión de pagos o en quiebra.

Dado que en la España de los años ochenta se han registrado las tasas de parao más elevadas de la Comunidad Europea, conviene ahondar algo sobre sus causas, que parecen sobrepasar los factores negativos de la coyuntura económica. Las altas tasas de parao españolas tienen unas causas estructurales. Luis Fina, tras analizar comparativamente la extraordinaria caída del nivel del empleo en España a partir de la segunda mitad de la década de los setenta, concluye: “Sobre esta cuestión, y en contraste con la explicación convencional que reduce las causas de dicha caída a los “excesivos” de los mercados de trabajo, se ha señalado que la raíz del actual problema de desempleo se encuentra en las limitaciones inherentes al modelo de crecimiento de los años sesenta y de los primeros años setenta: un modelo orientado hacia adentro, tecnológicamente dependiente, con un sistema fiscal extremadamente injusto, que sólo podía sobrevivir temporalmente mediante una elevada protección arancelaria y a través de la represión del sindicalismo libre. Este sistema estaba atravesando ya una crisis manifiesta cuando se produjo el primer shock del petróleo y la recesión mundial subsiguiente, dos factores que agravaron aún más la situación española.

“Se ha señalado que el problema del desempleo tiene, pues, un carácter básicamente estructural y que, para resolverlo, es necesario adoptar medidas estructurales. En un sistema político democrático, con un sindicalismo libre y tras la entrada de España en CEE, estas medidas deberían estar centradas en la modernización de la economía y en fomentar el crecimiento de una industria manufacturera realmente competitiva. Esto exige, sobre todo, la expansión y la mejor cualitativa del sistema educativo, políticas que estimule la I+D -Investigación y Desarrollo- y la difusión de las nuevas tecnologías, así como una política industrial positiva basada en nuevas formas de colaboración entre los sectores público y privado”.

“En lo referente al crecimiento salarial, desde luego, no quiere ello decir que los salarios no sean una variable importante ni que su crecimiento desmesurado (es decir, por encima de la productividad, que parece ser la norma generalmente aceptada, véase OCDE, 1986) no produzca efectos negativos en el empleo. Sí implica, sin embargo, que las partes negociadoras de los mismos en la sociedad española se han venido comportando de un modo que cabría calificar de “razonable” y que no parece necesario adoptar más medidas que las encaminadas a mantener dicha cordura.”

“En cuanto a la flexibilidad del mercado de trabajo, se trata de una cuestión bastante desvirtuada por las dispares interpretaciones de lo que significa dicho concepto. Lo que parece claro es que flexibilidad no debe significar facilidades de ajuste de plantillas para los empresarios.”

“En este contexto, parece que la política de empleo debe adoptar un papel subsidiario de otras medidas encaminadas a consolidar el crecimiento derivado de la expansión de la demanda, que es probablemente la principal causa de la recuperación de estos últimos dos años. Lo importante, pues, es adoptar una política industrial y tecnológica, política que el Estado franquista fue incapaz de elaborar, que dote a la estructura productiva de una mayor capacidad de reacción. Junta a ésta, la política de empleo debería poner su acento en la formación profesional ocupacional, en la línea que parece haber emprendido recientemente”.

En un análisis comparado de la evolución del parao en las principales economías del mundo, y tras diferenciar la incidencia que en el mismo tienen las características del ciclo y una serie de factores microeconómicos y de política de empleo, Richard Layard recomienda estudiar espacialmente la experiencia sueca de lucha eficaz contra el desempleo para contrarrestar los efectos de la coyuntura sobre el empleo. La evaluación de Layard se resume en estos términos: “Desde los años treinta, los suecos han estado comprometidos con lo que ellos llaman “el principio del empleo”, más que con “el principio del subsidio”. Así los subsidios de desempleo se terminan después de catorce meses, pero a continuación entran en acción una serie detallada de políticas laborales microeconómicas para asegura que encuentren trabajo productivo. La política de empleo total se basa en estas medidas, junto con una restricción salarial corporativista, más que en un expansión fiscal. El desempleo en Suecia nunca ha estado por encima del 3,5 por 100... La política de mercado laboral tiene cuatro elementos principales: a)Colocación y servicio de asesoramiento de los intercambios de empleo. b) Formación adulta. En aquellos lugares en los que se declare exceso de mano de obra, a los trabajadores de difícil colocación se les envía a cursos de formación de alto nivel... c) Subvenciones para contratación. Si los trabajadores no están colocados en un periodo de seis meses, a los empresarios que los contraten se les subvenciona con el 50 por 100 del salario durante seis meses... d) El empleo público temporal y el derecho al trabajo. Si todas estas medidas fallan, como último recurso, el sector público actúa como empresario. Proporciona trabajo al menos durante seis meses, principalmente en la construcción o en los servicios de asistencia... Si los países de la CEE desean volver al empleo total y mantenerse allí, probablemente pueden aprender más observando a Suecia que con otro tipo de estudios”.

En un ejercicio prospectivo sobre las posibilidades de mejora del empleo en España, Luis Toharia y sus colaboradores en la sección correspondiente del V Informe FOESSA 1994 llegaron a las siguientes conclusiones: “para mantener una tasa de parao del 20 por 100 (algo inferior a la de 1993), y suponiendo que la tasa de actividad femenina detiene su actual curso de crecimiento, o que dicho crecimiento se ve compensado por un descenso de la tasa de actividad masculina, la economía española debería generar unos 90.000 empleos netos al año. En el otro extremo, si queremos alcanzar el pleno empleo, admitiendo un cierto nivel de parao friccional, que podemos cifrar en el 5 por 100, y pensamos que el crecimiento económico que ello conllevaría aceleraría el crecimiento de la tasa de actividad femenina, entonces sería necesario crear un total de más de cinco millones de empleos en el transcurso del próximo decenio.

El trabajo de la mujer y su acceso a la educación superior.

Mención muy especial requieren los cambios que se han producido en el trabajo de la mujer, específicamente en la incorporación de ésta a la población activa o al trabajo fuera del hogar.

Son dos los problemas principales que hoy se plantean al analista en relación al trabajo de la mujer: los cambios en la división del trabajo y la organización general de la vida social que lleva consigo la incorporación masiva de la mujer al trabajo remunerado y fuera del hogar. Y en segundo término, el problema de realización personal o liberación de la mujer al compartir con el hombre cada vez más parecidas condiciones de vida dentro y fuera del hogar. Hay pues dos temas íntimamente unidos: los cambios en la división de roles masculinos y femeninos y cómo tales cambios afectan el sentido de la vida y felicidad de la mujer.

La situación del trabajo de la mujer en España ha cambiado mucho desde que se reiniciar a el proceso de industrialización en los años cincuenta y sesenta. Los cambios han seguido la pauta histórica esperable en un sociedad occidental: con la industrialización, una proporción cada vez mayor de mujeres se incorporan a la población activa y a todos los niveles ocupacionales. En España el proceso perdió velocidad con la recesión de los años setenta, estancándose la tasa de actividad femenina, para volver a cobrar dinamismo durante la segunda gran etapa expansiva de 1986-1991.

“En el cuarto trimestre de 1982 la población activa española ascendía a 13.101.000, siendo la tasa de participación de la mujer, respecto a la población activa total, del 30 por 100. Esta tasa que se ha mantenido prácticamente invariable desde 1974 a 1981, hay que considerarla como la más alta registrada, ya que en 1950 la participación de la mujer en las tareas productivas era del 15,8 por 100, en 1960 del 20,1 por 100, en 1970 del 24,4 por 100 y en 1980 del 29,1 por 100.

“Durante el periodo 1960-1974 se produjo un incremento en la población activa de más de millón y medio de mujeres. A partir de 1974 se registra un estancamiento, en 1982 la población activa femenina ha experimentado un fuerte incremento respecto a los años precedentes.

“La tasa de participación de la mujer en las tareas productivas no es uniforma en las distintas regiones españolas. En 1980, la tasa de actividad femenina alcanzaba valores superiores a la media nacional en Galicia y Asturias. Por el contrario, la tasa de actividad de la mujer era sensiblemente inferior a la media nacional en Andalucía y Extremadura.

“El análisis de las tasas de actividad femenina por grupos de edad señala que la etapa de su vida en que la mujer española accede a la actividad labora, de forma prioritaria, es la comprendida entre los 20 y 24 años (57 por 100 en 1982), descendiendo su tasa de actividad en los restantes grupos de edad. La tasa de actividad de hombres y mujeres es semejante en el grupo de edad e 20 a 24 años, si bien a partir de los 25 años se marca un claro desequilibrio entre la actividad masculina y femenina.

La tasa de actividad femenina española presenta grandes diferencias respecto a la tasa de actividad femenina del conjunto de países de la CEE. La tasa de actividad femenina presenta diferencias respecto a la tasa de actividad femenina del conjunto de países de la CEE. Ésta sería para la Comunidad de 38,6, mientras que en España del 26,5. Por el contrario, la tasa de actividad masculina era prácticamente igual en España y en el conjunto de los países de la CEE.

“En las edades centrales, de 25 hasta 59 años, las tasas de actividad femenina registradas en la CEE son muy superiores a las registradas en España, alcanzando 25 puntos de diferencia en el grupo de 30-40 años y 27 puntos en el grupo de 35-39 años. Por el contrario, en los grupos extremos de edad la tasa de actividad femenina en España es superior a la de la Comunidad Económica Europea”. A partir de 1985 se reinicia el aumento de la participación femenina en la población activa, “pasando en sólo un año del 30 al 35 por 100 aproximadamente, lo que significa un incremento del 17 por 100. Lógicamente ello implica un incremento de la tasa de actividad femenina o proporción de las mujeres en edad laboral que trabajan fuera del hogar”.

La distancia entre las tasas de actividad femenina de España y el conjunto de la Comunidad Europea ha seguido disminuyendo. En 1991, la tasa española ascendía al 35 por 100 frente a la media comunitaria del 40 por 100. El diferencial se ha reducido en más de la mitad en sólo 4 años, siendo la tasa de actividad femenina de España similar a la de Italia (35) e Irlanda (34) y sensiblemente inferior a la del Reino Unido (45) o Francia (43).

Luis Garrido distingue dos pautas netamente diferenciables de comportamiento social femenino: lo que denomina “incorporación del desarrollo” (1964-1974) e “incorporación de la recuperación” (1986-1990). Como rasgos característicos identifica los siguientes: “Durante el desarrollo, la proporción de mujeres que trabajan en la forma de producción familiar desciende de cerca de la mitad (44 por 100 en 1964) a algo más de un tercio (35 por 100 en 1974) de la ocupación total. Durante la crisis se mantiene alrededor de ese tercio (32 por 100 en 1984) para reducirse a menos de un cuarto (23 por 100 en 1990) a lo largo de la recuperación. La expansión del sector público y la integración de la mujer en la forma de producción estatal (los trabajos del sector público son mayoritariamente asalariados) dan lugar a la igualación de la tasa de asalarización de ambos sexos en la actualidad”.

El proceso de incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar tiene, entre otras características peculiares, una relación con la ruptura del modelo doméstico y de la relación maternidad-trabajo así como una especial vinculación con la educación de la mujer. “La diferencia estratégica que resume la distinción entre esas dos formas de incorporación se puede centrar en la manera biográfica de gestionar la secuencia maternidad-trabajo. Las mujeres del desarrollo incrementaron su participación laboral después de tener los hijos. Las de la recuperación están posponiendo los hijos hasta después de lograr su consolidación laboral, y esa estrategia puede suponer para algunas el abandono definitivo de la maternidad de forma más o menos voluntaria... Con esos antecedentes , las mujeres del desarrollo tardaron en incorporarse a la ola de crecimiento y cuando se incorporaron fue en forma de fuerza de trabajo secundaria, en los peores puestos y sin representar competencia alguna para la mitad masculina. Y lo hicieron descualificadas doblemente por una ausencia de formación inicial y por una larga quiebra de la trayectoria laboral en un periodo en el que esto era aún más grave de lo habitual”.

En cuanto a la importancia de la educación como factor elevador de la condición laboral femenina, el estudio de referencia concluye que “El aumento relativo del nivel de estudios sitúa con ventaja de cara al logro de un puesto de trabajo en las Administraciones Públicas, que es donde crece el empleo durante la crisis. Esto es así dada la utilización de su oferta por parte de los Gobiernos con un claro carácter contracíclico para atenuar la pérdida de puestos del sector privado. Las mujeres, obtienen dos resultados positivos distintos. En primer lugar, eso les ha impelido a aceptar trabajos que parecía estar por debajo del estándar. En segundo lugar, dada la carencia de demanda de trabajadores, la dedicación a autoproducirse mejorando las cualificaciones para el futuro empleo pasa a ser una alternativa más rentable que la de presionar infructuosamente sobre el mercado...

“Con respecto a la educación, las tasas de escolarización de la mujer son superiores a las de los varones a todas las edades y en casi todos los niveles del sistema educativo forma. A pesar del mayor rendimiento inicial de las niñas, persiste una tendencia a la especialización sexual de los estudios, sobre todo en su dimensión profesional.

Los cambios de la situación de la mujer en materia educativa son, naturalmente, parte de un proceso más amplio de acceso generalizado a la educación media y superior. En el ámbito educativo se producen algunas de las transformaciones más grandes del siglo. Prácticamente se pone fin al analfabetismo, ya reducido a pequeños sectores de personas en edades avanzadas. El proceso de alfabetización ha sido largo a partir del último cuarto del siglo XIX. Con la industrialización se produce la plena escolarización infantil.

Al iniciarse los años ochenta se logra la igualación de hombres y mujeres en el acceso a las enseñanzas media y superior. En el curso de 1979-1980 hay ya un porcentaje de mujeres estudiantes de BUP y COU superior al de hombres (53 frente a 47 por 100). Incluso puede hablarse de una sobrerrepresentación femenina, dado que el porcentaje de mujeres en conjunto de la población es sólo el 51 por 100. Lo mismo sucede en la enseñanza universitaria, donde la proporción de mujeres es superior a la que tienen en el conjunto de la población. En 1979, un 53 por 100 de las nuevas matrículas universitarias eran femeninas; en 1980 eran el 56 por 100.

Siendo hoy indiscutible la importancia de la educación como puerta hacia el empleo, lo es aún más en el caso de la mujer, que parte de una situación histórica desventajosa en comparación con el varón.

En un estudio en el ámbito de la Comunidad de Madrid en 1991, pudo constatarse que las mujeres con titulación superior encuentran menos dificultad para colocarse en las empresas pequeñas que en las grandes. Este tipo de empresas parecen más innovadoras en materia de política de personal. En general, en una de cada dos empresas manifestaban que en la contratación de personal cualificado no se tiene en cuenta si el aspirante es hombre o mujer. Por otra parte, se manifestó con frecuencia una opinión interesante sobre la rentabilidad del trabajo de la mujer titulada superior: que acorto plazo el hombre resulta más rentable, pero a largo plazo es la mujer.

Como puede esperarse, este acceso generalizado a la educación superior implica una extensión de la igualdad de oportunidades. Sin embargo la probabilidad de acceder a la Universidad no es exactamente la misma para todos los sectores sociales. La educación superior ya no es un privilegio de las clases alta y media alta; pero siguen estando más discriminados los hijos de los trabajadores manuales que los de los empleados de oficina y éstos más que los hijos de los profesionales. La nivelación de las oportunidades educativas es consecuencia de la mejora del nivel de vida, pero también constituye un efecto de la política social en materia de educación a través del sistema de becas y ayudas públicas.

Las grandes transformaciones del sistema productivo, que tienen lugar a partir de los años cincuenta, van acompañadas en relación de causas y efectos recíprocos de intensos procesos migratorios y de urbanización y, ciertamente, de una mejora general en el nivel de vida de la población, a la que se hará referencia al tratar del consumo. Por lo que hace al proceso de urbanización, desde la década del sesenta no ha dejado de concentrarse la población en los municipios con más de diez mil habitantes y las capitales de provincia en detrimento de los municipios pequeños y las áreas rurales. Durante la década de 1960, los grandes flujos migratorios internos ocasionaron un rapidísimo crecimiento de las áreas metropolitanas. En los años ochenta y noventa, puede decirse que el modelo de asentamiento de la población se ha consumado en una estructura multipolar, con Madrid y Barcelona como polos principales.

La estructura económica de la desigualdad.

El proceso general de nivelación social se refleja igualmente en indicadores como la estructura de la renta nacional y del consumo.

A lo largo de estos años se produce una transformación gradual en la distribución funcional de la renta nacional. Aumentan las rentas de trabajo y disminuyen las de capital. Aumentan los salarios medios al par que van disminuyendo las diferencias entre distintas categorías salariales. Ambas tendencias suponen una disminución considerable de las desigualdades relativas en la sociedad.

La desigualdad en la distribución de las rentas, que condiciona todas las pautas de desigualdad en la distribución de los demás recursos. Constituye un hecho central de ineludible referencia y que refleja cambios sustanciales hacia una mayor igualdad desde los años 60.

“El cambio introducido en el modelo de distribución personal de la renta española entre 1974 y 1980 ha sido enroma. La mejora del nivel relativo de renta de los tramos de renta baja resulta considerable. La decila de población con renta más baja, que en 1970 percibía sólo el 1,44 por 100 de la renta española, se ha alzado hasta el 2,41 por 100 en 1980.

“El cambio en la estructura de la distribución personal de la renta española constituye, a todas luces, el fenómeno sociológico más importante en los años de crisis económica, junto con la explosión del nivel de paro. Sus resultados, probablemente poco discutibles, constituirán un tema polémico, en el que difícilmente se pondrán de acuerdo las distintas tendencias políticas, al enjuiciar el efecto económico de dicho cambio en el modelo de distribución personal de la renta española. La caída de la inversión y del ahorro, el elevado déficit público, y el aumento del paro en los años en que precisamente se registró el cambio aludido son hechos económicos que parece no pueden desligarse e inducen a pensar sobre los efectos de una defensa a ultranza del modelo de distribución igualitaria y de sus efectos”.

La distribución personal de la renta se ha desconcentrado ligeramente entre 1980 y 1987, al haberse acrecentado la participación en la renta familiar de la decila más deprimida que, de percibir el 2,41 por 100 de la renta familiar en 1980, ha aumentado hasta el 2,64 por 100 en 1987. Por el contrario, el 10 por 100 de familias españolas con más alto nivel de renta que en 1980 absorbían el 29,23 por 100 de la renta familiar, se ha reducido al 28,85 por 100 en 1987. Cambio no muy importante que, en cualquier caso, invalida la impresión de que en los años de recuperación económica se haya producido algún retroceso en el esquema de reparto de la renta española. El mayor cambio se produjo entre 1974 y 1980, pero lo acontecido entre 1980 y 1987 también se encuadra en el proceso de menores diferencias relativas de renta entre los hogares españoles.

En un estudio reciente y comparativo de la distribución de la renta en siete países, y al que agregamos nosotros los datos de España, las sociedades más igualitarias serían Suecia y Noruega, seguidas de Inglaterra y Canadá. dentro de las menos igualitarias estarían Alemania, Estados Unidos e Israel. Los datos españoles de la misma época (1979-1981) se parecen más a los de estos últimos países que a los de los primeros. En otros términos, puede decirse que el proceso de igualación social en la España de las últimas décadas ha sido rápido y muy positivo, pero en términos relativos las distancias de clase social o el grado de desigualdad económica dentro de las sociedades industriales, nos sitúa en el grupo de países menos igualitarios.

Estos incrementos de los ingresos llevaron a modificaciones importantes en la estructura del gasto y el consumo privado. Fundamentalmente a una reducción del porcentaje del gasto en alimentación y a un aumento del porcentaje en vivienda y bienes de consumo duradero de todo tipo. Así como a una pauta de consumo alimentaria diferente.

La dieta española tradicional se ha caracterizado por un bajo nivel proteico sobre todo de proteínas animales, y un exceso de calorías procedentes del consumo de cereales y patatas. A lo largo de los años sesenta, y en la actualidad, aumenta el consumo de carne, huevos y productos lácteos; y disminuye el consumo de cereales, patatas y grasas animales. Todos estos cambios en las condiciones de vida han mejorado la esperanza de vida de los españoles e incluso su complexión física: tallas y pesos mediaos crecientemente más elevados.

Abundando sobre las pautas de desigualdad, también en este punto son ilustrativos los diferentes comportamientos en el consumo entre los más ricos y los más pobres. El 10 por 100 de los hogares con mayores ingresos del país gastan una proporción de su renta en coches, viajes, esparcimientos y cultura muchísimo mayor que el 10 por 100 de los hogares de menores ingresos. Estos últimos gastan relativamente casi el doble que los más ricos en alimentarse (casi la mitad de sus ingresos se van en comer). También gastan un poco más en enseres y servicios de hogar. Por último los hogares más ricos quedan un poco por encima de los más pobres en proporción del gasto en vestido y calzado, y servicios médicos.

Nos llevaría lejos ahondar en la problemática sobre la pobreza dado el carácter eminentemente polémico que el término pobreza tiene especialmente en los países que no son pobres, cual es el caso del nuestro. ¿Cómo responder a la pregunta de cuántos pobres hay en España?. En 1988 y 1989 años de fuerte crecimiento económico, ha habido cuando menos tres respuestas a la anterior pregunta; con diferente contenido pues se adoptaron criterios diferentes en la definición de pobreza. La organización CÁRITAS llevó a cabo en 1988 un estudio sobre la pobreza en España considerando como pobres aquellas personas cuyos ingresos anuales eran inferiores a la mitad de la renta per cápita. En tal condición estrían unos ocho millones de españoles, el 20 por 100 de los hogares.

Un segundo estudio, realizado por el sindicato Unión General de Trabajadores, UGT. Esta investigación bajó el listón definitorio de la pobreza respecto del estudio de CÁRITAS, considerando como pobres aquellos hogares con unos ingresos anuales hasta 500.000 pesetas. En tal circunstancia estarían tres millones de hogares o casi un 30 por 100 del total de hogares.

Los dos trabajos anteriores pecan de una misma debilidad en su consideración de la pobreza. A saber: un mismo nivel de ingresos no significa igual capacidad adquisitiva ni igual nivel de vida en los pueblos pequeños que en las ciudades, en unas regiones del país que en otras.

Muy diferente es el enfoque de un tercer estudio realizado en 1989 por un grupo de reconocidos sociólogos coordinados por José Mª Tortosa para la Dirección General V de la Comisión Europea de la CEE. Para definir pobreza han tomado en consideración los diagnósticos que sobre la misma han realizado los servicios sociales de las 17 Comunidades Autónomas del Estado Español. Naturalmente estos diagnósticos varía de una comunidad a otra dependiendo, entre otras razones, de la diferente realidad socioeconómica del medio. Con tal criterio los autores estiman que en España habría unos dos millones de “pobres reales”. El trabajo distingue entre pobreza rural o tradicional; la moderna con base en las migraciones a las grandes ciudades; la marginación y los pobres vergonzantes de estratos medios de la población a los que la década de crisis económica ha golpeado con especial fuerza. Estos últimos serían los que Francisco Murillo ha denominado los nuevos pobres”.

En el V informe FOESSA de 1994 se estimó en un 3,64 por 100 la población en estado de “pobreza severa” (la de quines tienen ingresos inferiores a la cuarta parte de los ingresos medios nacionales) y en un 16,52 por 100 la situación de “pobreza moderada” (perciben más de la cuarta parte pero menos de la mitad de los ingresos medios). En términos absolutos, habría cerca de un millón y medio de personas en la situación más desgraciada y otros seis millones y medio padeciendo condiciones de pobreza menos severa.

A la luz de estos y otros estudios puede concluirse que la sociedad española que entra en la década última del siglo XX con más de 10.000 dólares de renta por habitante, redistribuye su riqueza de manera más igualitaria que en décadas anteriores, pero aún tiene entre dos y cuatro millones de ciudadanos especialmente necesitados a los que podemos considerar “pobres”.

Resumiendo lo expuestos hasta aquí puede decirse que en la España de la década del sesenta tiene lugar un fenómeno de cambio rápido de la estructura del sistema productivo, acompañado por procesos de movilización física de importantes contingentes humanos en el interior del país y hacia el exterior; así como desde el exterior (turismo). Estos cambios ponen en marcha y están acompañados pro una transformación de la estructura ocupacional (distribución sectorial de la población activa), del nivel de cualificación de la misma y de las posibilidades de adquirir mayores conocimientos a través de la educación. Hay, en consecuencia, un proceso sostenido de movilidad social intergeneracional ascendente pro la creación de nuevos puestos de trabajo, de incrementos salariales y la posibilidad de adquirir más y nuevos bienes de consumo. Mejora la dieta de los españoles, su nivel de salud y sus probabilidades de vida. Hay más y más para todos, pero las desigualdades en cierta medida se perpetúan o se reproducen de forma más o menos tolerable, según los sectores sociales o las áreas-problema de que se trate.

La evolución en la distribución de la renta en España sigue claramente la misma pauta que en los demás países industriales de Occidente. A medida que avanza el proceso de industrialización se produce una tendencia igualatoria “relativa” cuyo techo o límite estructural, si es que tal límite puede determinarse dentro del modelo económico por el que España se rige, parece no haberse alcanzado todavía. Lo que es claro, en todo caso, es que -en términos relativos- los españoles más pobres están teniendo un poco más y los más ricos un poco menos; aunque en términos absolutos tanto los pobres como los ricos poseen hoy más que en 1960. Así nos encontramos en una situación objetiva de corrección de ciertas desigualdades.

La sociedad española actual es, como se ha descrito hasta ahora, de una complejidad estructural mucho mayor que la que tenía antes de iniciarse la década del sesenta. Los movimientos de población en el espacio y en la pirámide ocupacional, ambos producto de la industrialización, así como la disminución y persistencia de viejas desigualdades en un contexto de incremento general de recursos. Aún bajo el régimen político autoritario se fueron generando conflictos de todo tipo a los que las instancias de control social harán frente según su capacidad y circunstancias.

El desarrollo económico regional.

Al desarrollo comparado de las distintas regiones españolas en los últimos dos siglos, con sus altos y bajos en el proceso de industrialización, se ha dedicado un estudio en 1990 bajo la coordinación de J. Nadal y A. Carreras. En términos sintéticos, al introducir el volumen, la comparación ha sido establecida en los siguientes términos:

“Con el ánimo de simplificar el mosaico regional hispánico he reagrupado algunas regiones atendiendo a criterios territoriales, y sólo cuando las pautas de desarrollo parecían similares. Así, uno Aragón con Navarra y la Rioja, formando algo parecido a una región “ibérica”; Asturias y Cantabria también se refunden en una sola estimación; lo mismo sucede con Castilla-La Mancha y Extremadura y con los dos archipiélagos, el cario y el balear. Tales decisiones han implicado un juicio de valor por mi parte pues Navarra podría haber ido con el País Vasco o con La Rioja, Cantabria con Castilla-León, o Asturias con el País Vasco, y así sucesivamente. Con los datos disponibles cualquiera puede replicar y modificar los pequeños ejercicios cuantitativos que voy a desarrollar. Creo, eso sí, que la simplificación realizada es razonable, con la excepción, quizá de Baleares y Canarias. Pero considerarlas separadamente obligaba a perderse en detalles cuantitativamente poco significativos.

“Las tres variables seleccionadas se combinan ofreciendo una rica tipología. Madrid, pro ejemplo, es la comunidad autónoma que ha logrado un mayor crecimiento económico en los siglos XIX y XX. Cabe dudar seriamente del valor del PIB en 1800, que debe estar algo subestimado, pero el contraste con el porcentaje de población en ese mismo año es tranquilizador. El crecimiento de Madrid ha sido, en el muy largo plazo, compensado pro un aumento casi proporcional de su población. En conjunto, el PIB per cápita ha tendido a mejorar respecto del promedio español, pasando de 1,1 a 1,3 (España=1).

“En el muy largo plazo, tanto el País Vasco como Cataluña y la comunidad Valenciana han logrado aumentar su PIB regional en porcentajes significativamente superiores a los del conjunto español. Las tres han visto aumentar inequívocamente su peso demográfico y, como sucede para Madrid, han logrado mejorar simultáneamente su renta per cápita relativa. El País Vasco ha gozado del incremento mayor, superando incluso a Madrid, mientras que Valencia ha mejorado en tres décimas y Cataluña en dos su situación de partida.

“Los siguientes cuatro casos, correspondientes a la banda intermedia del crecimiento del PIB, muestran pautas más variadas. En los dos archipiélagos, el notable crecimiento del PIB ha sido más que compensado por el de la población, dando lugar a un deterioro de su PIB per cápita relativo. En cambio, Murcia y Galicia gozan de aumentos mucho más discretos del PIB que, contrastados con una población en relativo declive permiten mejorar los niveles de bienestar relativos, acercándolos al promedio español. La experiencia asturiana y cántabra se asemeja a la gallega y murcian en cuanto que la renta per cápita relativa mejora y que lo hace como fruto de la reducción de la parte de la población en el conjunto hispánico. Sin embargo, el PIB relativo astur y cántabro tiende a disminuir.

“Los último cuatro casos cubren un espacio muy homogéneo, y su experiencia es sustancialmente idéntica: tanto el PIB como la población pierden importancia comparados con el total español. Las regiones ibéricas (Aragón, Navarra y La Rioja) son las que sufren más suavemente este proceso, pues el declive relativo del PIB equivale al de la población y, por consiguiente, su nivel de bienestar comparativo no se ha visto alterado. Castilla y León, aun compartiendo lo esencial de la experiencia anterior, ha perdido aún más cuota del PIB español que la región ibérica, y ha visto deteriorarse su PIB per cápita relativo. Lo mismo cabe predicar de Castilla-La Mancha y Extremadura, pero aumentado en un grado. Las tres áreas partían de rentas per cápita similares y han evolucionado a ritmos distintos según haya sido su capacidad de aumentar el PIB y de reducir el crecimiento demográfico.

“La originalidad andaluza respecto de las regiones estrictamente interiores es la casi nula virtualidad del regulador demográfico. La cuota de la población andaluza en el total español apenas varía en dos siglos y alcanza su máximo en 1950, de modo que la espectacular decadencia de su nivel de bienestar relativo es consecuencia directa de la caída de su parte en el PIB español.

“He ahí un primer apunte de pautas regionales del desarrollo económico. Es muy significativo que todas las comunidades que empeoran relativamente su nivel de bienestar formen una masa de territorio muy homogénea: las dos Castillas (salvo Madrid), Extremadura y Andalucía. Un espacio con profundas raíces comunes, en lo institucional, en lo histórico y en lo geográfico. En un primer momento, para el siglo XIX, pudiera haberse argumentado la existencia de fuerzas que equilibraban la distribución de la renta per cápita entre las distintas regiones españolas, pero la experiencia del último siglo parece haber ido mucho más allá, creando nuevas, y profundas, desigualdades.

“Con todas las reservas pertinentes, el ejercicio no deja de tener su interés. De creernos los resultados, nos indicarían un aumento de la desigualdad ente 1800 y 1860 (siempre matizable por lo anómalo del dato correspondiente a Madrid) y entre 1900 y 1960 (con algunas interrupciones). Si el dato de 1860 estuviera algo exagerado -y yo creo que así es-, la tendencia a la mayor desigualdad sería una tendencia casi continua hasta llegar a u máximo que se hallaría en 1950 o 1960.

“El incremento de la desigualdad detectable desde 1900 sólo se interrumpe en 1940. La Guerra Civil afectó negativamente a varias de las regiones más desarrolladas de la España prebélica (Cataluña y Valencia) y favoreció a otras más atrasadas -y también a Madrid y al País Vasco-. Por el simple hecho de erosionar el liderazgo catalán, el índice de desigualdad ya disminuyó. Sin embargo una década después, otra región - el País Vasco- se había distanciado del promedio español en una medida idéntica a la de Cataluña en 1930, y Madrid había alcanzado niveles muy superiores al promedio y comparables a los de Cataluña”.

TEMA 5. EMPLEO Y PARO EN ESPAÑA: ALGUNAS CUESTIONES CANDENTES.

Introducción.

En primer lugar haremos un repaso de la evolución del empleo y el paro, centrando la atención en lo sucedido en los últimos años. Un segundo aspecto que se aborda en el artículo es el relativo a la temporalidad laboral. Al análisis de su evolución, así como su posible interpretación como un pacto intergeneracional implícito de reparto del empleo dedicamos el apartado 3 de este trabajo. Por último, una de las ideas más difundidas respecto al nivel de paro español, que duplica el nivel medio observado en la Unión Europea, es la de que dicho nivel necesariamente está hinchado, pues de lo contrario se observarían tensiones y convulsiones sociales. En el apartado 4 del artículo nos centramos en el estudio de la situación de carencia económica de los parados y, en especial, de sus relaciones de convivencia con personas preceptoras de rentas.

La evolución reciente del empleo y el paro.

La evolución del empleo y el paro en España a lo largo de los últimos veinte años es suficientemente conocida y no merece la pena analizarla en detalle. Baste señalar que, desde mediados de 1975, la economía española ha seguido cuatro claras fases de evolución cíclica: una primera de crisis, hasta 1985, una de fuerte recuperación entre 1985 y 1990-91, una segunda crisis más fuerte y breve que la anterior, entre 1991 y 1994, y una última fase de tímida recuperación a partir de esta última fecha.

Uno de los rasgos más notables de esta evolución es que los dos momentos de inversión positiva de la evolución cíclica, 1985 y 1994, han venido acompañados de reformas legislativas que pretendían representar cambios significativos del marco de relaciones laborales: la reforma de 1984, cuyo principal elemento fue la generalización del uso de los contratos temporales no causales, y la de 1993-94, que pretendió dar un vuelco sustancial al ordenamiento laboral inclinando la balanza hacia el lado patronal. No se puede negar que el entorno legislativo puede influir en la creación de empleo, tampoco puede considerarse que se el único factor determinante. Así lo expresó la llamada “Comisión Segura” al referirse a los efectos de la reforma de 1984, cuando afirmaba que dicha reforma había producido un efecto “pequeño aunque significativo” en el crecimiento posterior del empleo.

Por otra parte, sin embargo, puede argumentarse que los cambios legislativos pueden establecer condiciones previas necesarias para que sea posible la aparición de determinados empleos. Así, dado lo gravoso que resultaba realizar contratos indefinidos antes de 1984, sobre todo por la percepción empresarial de que los costes del despido eran extraordinariamente elevados. En esta interpretación, la reforma de 1984 no generó en sí misma empleo, aunque sentó las bases que permitieron la generación de muchos puestos de baja cualificación cuando la demanda empezó a repuntar a partir de 1985.

La situación resulta algo más compleja en lo referente a la reforma de 1993-94. A primera vista, parece que de nuevo la economía española inició una senda de crecimiento del empleo después de la reforma. Sin embargo, aunque la recuperación económica (desde el punto de vista del crecimiento del PIB) está clara, no lo está tanto la magnitud de la recuperación del empleo. Podemos observar que, en 1995 y 1996, la economía española creó empleo aparentemente al mismo ritmo de crecimiento de su PIB. Dicho con otras palabras, la productividad aparente (que no es sino el cociente entre el PIB y el empleo) habría sido al parecer nula o incluso negativa.

La cuestión es que existen razones para pensar que los datos recientes de empleo que se deducen de la Encuesta de Población Activa (EPA) tienen problemas. Es conocida la subestimación del empleo por parte de la EPA, debido a los problemas provenientes de su deficiente estimación de la estructura por edades de la población. Dado que la EPA obtiene sus estimaciones a partir de proyecciones exógenas de población por provincias, la estructura de edades resultante puede no ser la correcta si el procedimiento de muestreo efectivo no resulta totalmente aleatorio. Aunque teóricamente la muestra de la EPA se actualiza cada vez que se realiza una investigación censal de la población, el hecho es que el proceso de este tipo más llamativo ha tenido lugar en 1995, cuando el Instituto Nacional de Estadística inició una renovación del conjunto de las secciones que sirven de base para la elaboración de la encuesta. Esta renovación se ha hecho de forma paulatina, aprovechando la renovación de las viviendas entrevistadas que lleva a cabo la EPA todos los trimestres, y que afecta a un sexto de las secciones censales. Así, en el primer trimestre de 1995, las secciones que debían renovar su muestra de viviendas fueron sustituidas por otras correspondientes al nuevo seccionado, y así sucesivamente hasta completar la renovación de las secciones, proceso culminado en el segundo trimestre de 1996. Las razones que justifican este procedimiento de renovación paulatina son de doble naturaleza: por una parte se trataba de evitar una ruptura excesiva de la serie; por otra, y quizá sobre todo, se trataba de no romper la serie de datos longitudinales que se pueden derivar del estudio de la parte común de la muestra a lo largo del tiempo.

Esta actualización del seccionada ha producido efectos indudables en las estimaciones de la EPA. Para que los datos sean comparables, la edad se define en función del año de nacimiento, es decir, se compara a las personas que tienen en 1994, por ejemplo, entre 20 y 24 años con las que tienen en 1996 entre 22 y 26.

Pues bien, lo que se observa es que el cambio de seccionado ha rejuvenecido la estructura demográfica estimada por la EPA, pues las personas mayores de 65 años han perdido peso relativo. Dicho con otras palabras, se ha producido un “afloramiento” de personas en edades centrales, ente 35 y 55 años, que ha corregido, al menos parcialmente la sobreestimación anterior de las personas mayores. El INE en la publicación de los datos del tercer trimestre de 1995, realizó una comparación entre la mitad de la muestra renovada y la mitad no renovada, llegando a la conclusión de que en la muestra antigua el peso de la población de mayor edad era superior, la tasa de actividad era mayor en la parte renovada, el peso del sector servicios era mayor y el de la agricultura menor con el nuevo seccionado y los hogares de la muestra renovada tenían un mayor tamaño que los de la antigua.

¿Cómo estimar el efecto producido por el cambio de seccionado en la evolución del empleo y el paro? A falta de una realización simultánea de la encuesta en las secciones viejas y nuevas (que, por otra parte, seguramente resultaría muy costosa) no existe ningún método totalmente válido y aceptable. Eso explica que el INE no haya publicado ninguna corrección “oficial” de los datos publicados.

El problema de la temporalidad.

Una de las cuestiones de mayor trascendencia de la evolución del mercado de trabajo español en los últimos años ha sido la creciente importancia de la contratación temporal. La idea motriz de la reforma de 1984, fue precisamente la generalización de dichos contratos. Las dos reformas posteriores, la de 1992, ligada a los recortes en el sistema de protección por desempleo, y la reformad e 1994, han tendido a limitar, al menos formalmente, el auge de dicha contratación temporal. La reciente reforma de 1997, aprobada tras el acuerdo alcanzado entre la patronal y los sindicatos, ha dado un nuevo impulso a la limitación de la contratación temporal, ante el fracaso bastante evidente de las reformas anteriores.

Más específicamente, la estructura del apartado es la siguiente. En primer lugar, presentamos la evolución del empleo indefinido y temporal, utilizando la diferencia entre la temporalidad contractual y la empírica para definir dos fases claramente diferenciadas en la última década.

La evolución de la temporalidad.

La proporción de asalariados con contrato temporal ha aumentado de forma sustancial en los últimos años, en gran medida como consecuencia de la reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 y la posterior expansión del empleo. Éste es un aspecto en el que la economía española se destaca con respecto a las demás economías europeas, si bien es cierto que las comparaciones a este respecto deben hacerse con cautelas, pues las diferencias institucionales deben ser tenidas en cuenta, especialmente en lo que se refiere a la definición de los trabajadores indefinidos.

El porcentaje de trabajadores temporales creció de forma muy acusada hasta finales de 1988, entrando posteriormente en una senda de aumento más suave hasta el tercer trimestre de 1992, fecha a partir de la cual se produce un descenso durante dos trimestres para reiniciar la senda suavemente ascendente a partir del segundo trimestre de 1993, con una ligera aceleración a partir de mediados de 1994. Los descensos registrados a lo largo de 1995 y 1996 deben tomarse con cautela.

La desagregación por sexo introduce algunas matizaciones al análisis anterior. En primer lugar, la evolución del porcentaje masculino sigue bastante de cerca de la del total de asalariados. Por su parte, las mujeres registran una tasa mayor y más fuertemente creciente que los varones. Sin embargo, el tope máximo, cercano al 40%, lo alcanzan en el cuarto trimestre de 1991, para descender a continuación y no volver a llegar a esos niveles.

Los datos anteriores se refieren a lo que podríamos denominar temporalidad contractual. Frente a dicho concepto, cabe postular otro, el de temporalidad empírica, que correspondería a la antigüedad de los trabajadores en su puesto de trabajo. Una posible forma de medirla sería mediante el porcentaje de asalariados que lleva menos de doce meses en su actual puesto de trabajo. Mientras que la temporalidad contractual se refiere a la forma en la que se protege legalmente la estabilidad de los contratos, la temporalidad empírica se refiere a la conjunción que se ha dado en la realidad entre la continuidad del puesto de trabajo, del ocupante en él y, consecuentemente, del empleo.

Entre ambos tipos de temporalidad referida al colectivo de salariados del sector privado, se detectan dos etapas muy distintas. En la primera, en la que coinciden los efectos de la reforma de 1984 con el periodo de expansión de finales de los ochenta (1986-91), la temporalidad contractual se dispara, pasando del 18 al 37%, mientras que la temporalidad empírica crece de forma moderada, permaneciendo prácticamente estable entre el segundo trimestre de 1989 y el cuarto de 1991.

En la segunda etapa, en la que coinciden la casi total desaparición legal de los contratos de fomento del empleo con la recesión de principios de los noventa, la proporción de contratos temporales se estabiliza alrededor del 38%, al tiempo que la proporción de salariados de antigüedad inferior al año presenta una fuerte tendencia creciente, pasando del 27% en 1991 al 41% en 1995. De este modo, al final del periodo considerado ambas medidas de los dos tipos de temporalidad coinciden, mientras que, a finales de 1991, cuando estaba abierta la utilización de los contratos temporales de fomento del empleo, la temporalidad empírica era 10,4 puntos menor, lo que representaba un 27,5% menos que la contractual.

Si se supone relativamente constante la proporción destinada a la renovación, la cuantía del índice (y sobre todo, su variación) estará determinada en mayor medida por los contratados temporales, ya que son ellos los que tienen más probabilidades de no continuar en ese empleo. De este modo se puede aproximar que la temporalidad empírica es un índice de la rotación laboral de los últimos contratados.

Utilizando este índice, se puede afirmar que la desaparición del uso generalizado de los Contratos Temporales de Fomento del Empleo (CTFE) tuvo como efecto un importante incremento de la rotación laboral de los contratados temporales. Esto está relacionado con la posibilidad que tenían esos contratos de prorrogarse hasta cubrir tres años. La evolución de la temporalidad empírica deja en evidencia que la opción n sólo mayoritaria sino creciente ha sido la del despido. D este modo, la defensa de la contratación indefinida ha venido a convertir los contratos temporales en improrrogables, salvo pasándolos a indefinidos, lo cual a la vista de los hechos, no ha resultado rentable para la mayoría de los empleadores. Por tanto, la contratación temporal no sólo tiene un plazo inicial de caducidad sino que la mayoría de los empleadores ha interpretado ese plazo como de despido económicamente obligatorio.

La proporción de salariados privados que tienen una antigüedad de doce a veintitrés meses, significa que trata de la proporción de asalariados privados que logran superar el año de antigüedad. Como puede observarse, dicha proporción ha ido disminuyendo de forma regular desde el 46% en 1988 al 40% en 1991. A partir de entonces, el descenso se produce de forma acelerado, alcanzando el 16% en 1995.

En suma, la evolución de la temporalidad, que hemos analizado sugiere que desde 1992 se ha iniciado una nueva etapa caracterizada por una mayor intensidad de uso de los contratos temporales, ligados a una creciente rotación de la mano de obra. La evolución del número de contrataciones registradas en el INEM confirma esta idea. Para resumirla, se puede apuntar que entre 1981 y 1084 eran de 2 millones anuales. La expansión de la segunda mitad de los ochenta unida a la reforma de 1984 las elevó hasta los 5 millones en los seis años que van hasta 1991, y en sólo cuatro años, de 1993 a 1996, su cuantía anual se ha acelerado hasta alcanzar cerca de 10 millones, y manteniendo su tendencia creciente.

¿Se produce sustitución en las empresas de fijos por temporales?

Una de las cuestiones que siempre ha suscitado la existencia de trabajadores temporales es el posible uso de las empresas de ese tipo de contratos par deshacerse de sus trabajadores fijos y sustituirlos por trabajadores temporales. Es ésta una cuestión de muy difícil análisis empírico.

Según la Encuesta de Coyuntura Labora, se refiere a los centro de trabajo muy grandes (500 trabajadores o mas) que han cumplimentado el cuestionario de la ECL de forma continuada durante todos los trimestres de 1993 y 1994, supone contar con un panel de empresas durante dos años. En dicho cuestionario se formulan preguntas sobre el número y el tipo de altas y bajas de trabajadores durante el trimestre correspondiente. En cuanto a las altas, se distingue según el tipo de relación contractual establecida entre empresa y trabajador, las cuales pueden agruparse en indefinida o temporal. En cuanto a las bajas, también se distingue por el tipo de contrato. De más interés sin embargo, es la agrupación de las bajas según causa: finalización de contrato, despido individual, extinción de contrato, bajas voluntarias, jubilaciones y traslado a otro centro de trabajo de la misma empresa.

La información suministrada por la encuesta es muy rica y va a permitir analizar dos cuestiones de interés. En primer lugar, ¿Cuáles son las tasas de altas y bajas en las empresas grandes, definidas en relación con su empleo total y según el tipo de contrato? Esta cuestión resulta relevante pues puede dar una idea de la dinámica de los procesos de entrada y de salida de trabajadores fijos y temporales en las empresas españolas. En segundo lugar, se trata de analizar la posible existencia de simultaneidad en las altas y las bajas de trabajadores por parte de las empresas grandes, y si dicha simultaneidad ofrece algún sesgo atendiendo a los dos tipos distintos de contratos que se pueden utilizar.

Con respecto a la primera cuestión, es imprescindible distinguir los flujos netos (la variación neta del empleo) de los flujos brutos (altas y bajas). Así, se define y mide la variación neta de empleo (E) en una empresa como la diferencia entre le total de contrataciones (A) y el total de bajas (B) que han tenido lugar durante un periodo temporal dado (un trimestre). Del siguiente modo: A=AF+AT, y B=BF+BT. Además, con respecto a las bajas, éstas están formadas pro finalizaciones de contrato (Z), despidos individuales y colectivos (D), bajas voluntarias (Q), traslados a otros centros de trabajo de la misma empresa (T), y jubilaciones (J). Con estas definiciones, es posible establecer la siguiente relación entre los flujos netos y brutos de trabajadores a nivel de empresa:

E=A-B=(AF+AT)-(BF+BT)=(AF+AT)-(Z+D+Q+T+J)

La tasa trimestral de contratación de trabajadores es un 6,6% del empleo total, que se descompone en un 0,8% de empleo indefinido y un 5,7% de empleo temporal. La tasa trimestral de separación de trabajadores es un 7,1% del empleo total, descomponiéndose a su vez en un 1,4% de empleo indefinido y un 5,6% de empleo temporal. Por tanto, ambas tasas se encuentran estrechamente vinculadas a la utilización de contratos temporales por parte de las empresas.

Aprovechando la información sobre las tres categorías de empresas antes mencionadas, pueden observarse tres resultados de interés. En primer lugar, la tasa de contrataciones es mayor entre las empresas que ganan empleo que entre las que lo pierden siendo esto especialmente cierto en el caso de los contratos indefinidos. En segundo lugar, la tasa de bajas apenas difiere entre las empresas que ganan y pierden empleo, aunque se observa una especie de efecto composición: mientras la tasa de separación de los contratos temporales es mayor entre las empresas que ganan empleo con respecto a las que lo pierden, lo contrario es cierto en el caso de la tasa de separación de los contratos indefinidos. Ello se debe a que la tasa de despidos y jubilaciones son mayores en las empresas que reducen su empleo neto. En tercer lugar, comparando las tasas de contratación y de separación por tipo de contrato, las empresas que ganan empleo lo hacen en ambos tipos, mientras que las empresas que pierden empleo lo hacen también en ambos tipos.

Las cifras que se ofrecen son las proporciones del total de centros de trabajo considerados que se encuentran en los ocho posibles regímenes de contratación de trabajadores, despidos de fijos y finalizaciones de contratos temporales. Como puede observarse, en un trimestre medio el 15% de los centros de trabajo se encuentra contratando trabajadores sin utilizar despidos o finalizaciones de contratos, el 39% está contratando trabajadores y terminando contratos sin despedir, y el 33,5% contrata, termina contratos y despide simultáneamente.

El porcentaje de empresas que se encuentran en un régimen de contratación y separación simultánea de trabajadores es el 77% de las empresas. Es decir, tres de cada cuatro centros de trabajo contratan y se desprenden simultáneamente de trabajadores en un trimestre dado, con independencia de que éstos posean un contrato fijo o temporal. Más importante quizá es que en el 25,6% de los centros de trabajo están entrando y saliendo simultáneamente trabajadores con contratos indefinidos y temporales, y que en el 23% están entrando y saliendo temporales y entrando fijos, pero no se están produciendo despidos.

Esta información, aun siendo interesante, continúa siendo muy agregada. Sería necesario realizar un cálculo aún más particular y descender a la información de cada centro de trabajo con objeto de comprobar su comportamiento con respecto a la política de contrataciones y de bajas. Pues bien, los resultados obtenidos a partir de la información individualizada del panel de centros de trabajo grandes muestran que sólo el 8% de los centros que están simultáneamente contratando y desprendiéndose de trabajadores realizan una sustitución de trabajadores con contrato indefinido por otros con contrato temporal.

En suma, la información aportada por la Encuesta de Coyuntura Labora y, mas en particular, por el panel de centros de trabajo grandes durante el periodo 1993-94 sugiere que el comportamiento delas empresas va en la línea de simultanear diferentes tipos de flujos brutos de trabajadores, tanto de entrada en las empresas como de salida de las mismas, y que estos flujos superan con mucho la variación neta del empleo. Además, los flujos relacionados con los contratos temporales son mayoritarios aunque destaca el hallazgo de que una proporción no despreciable de empresas contratan fijos y temporales y, simultáneamente se desprenden de temporales, pero no realizan despidos. Por último, se ha detectado que un porcentaje muy pequeño de empresas se encuentra sustituyendo fijos por temporales.

La temporalidad como pacto generacional implícito.

Cuando se observa la notable diferencia de derechos en cuanto a la protección de la estabilidad en el puesto entre los trabajadores con contrato fijo y los que lo tienen temporal surge la pregunta ¿cómo puede ser que la sociedad soporte estas diferencias? Los efectos de esta desigualdad no son banales. Como los últimos contratados son los que sufren la temporalidad, los jóvenes -recién llegados al empleo debido a que están llevando a cabo su integración laboral- son los que la padecen en mayor medida. Como no tienen trabajo fijo y rotan frecuentemente entre el empleo y el paro, no pueden emanciparse de la dependencia económica de los padres y, menos aún, irse de casa. Por si esto fuera poco, tampoco resultan parejas solventes y no pueden establecer relaciones en serio y por ello cada vez se casan menos. Las mujeres más jóvenes (de 18 a 24 años) son las que menos se han emancipado del siglo. Como en España se siguen teniendo los hijos dentro del matrimonio (porque fuera es todavía más difícil), no tienen hijos. Por estos caminos este país ha alcanzado el récord de tener la fecundidad más baja del mundo.

Al mismo tiempo, los adultos tienen una estabilidad laboral y una defensa frente al despido superiores a la media de los países del entorno. Para poder entender cómo se ha llegado a esta situación de desigualdad conviene remontarse en el tiempo para revisar las inercias del pasado en el mercado laboral.

La extensión de la contratación temporal en la España actual hunde sus raíces en la estructura del sistema productivo español durante el franquismo. En la época del desarrollo, la población ocupada se caracterizaba por su escaso nivel de cualificación. Pero esa cuestión no pertenece únicamente al pasado. Los españoles que alcanzan hoy la edad oficial de jubilación (65 años) tenían 9 años en 1940 cuando empezó la larga noche cultural de la posguerra. En 1974, con 43 años estaban en el culmen de su biografía laboral. Por entonces, el 97,1% de los que tenían entre 31 y 43 años de edad estaban ocupados y les quedaban más de veinte años de vida laboral. Para muchos de ellos y dela generación anterior (que fue la que hizo la guerra), conseguir una formación profesional completa fue un objetivo inalcanzable. Estas carencias afectaron tanto a los empresarios como a los trabajadores de tal modo que, pro extensión, se podría deducir que una gran parte de las empresas de entonces estaban descualificadas.

Hoy en día, un cuarto de siglo más tarde, en lugar de ese 2,9% que no estaba ocupado, la no-ocupación en este grupo de edad ha alcanzado el 47,1%, de la que 7,5 puntos corresponden a paro mientras que el restante 39,6 ha pasado a la inactividad. Para los parados, su probabilidad de recolocación, sobre todo en el caso de haber cumplido los 60 años, resulta remota y la permanencia en el paro -en lugar de en la inactividad- es más formal que real. De hecho, entre las edades de 53-59 años la tasa absoluta de paro (con respecto a la población total de ese grupo) es del 10%, mientras que en el grupo de 60-64 desciende al 4%.

Pero este 47% de no-ocupación no se distribuye de manera homogénea entre todos los varones en función de su edad. Los que tienen más baja cualificación pierden antes su trabajo y lo recuperan con mayor dificultad que quienes están más preparados.

Se puede afirmar que la expulsión de los trabajadores mayores se ha producido asociada a su escasa cualificación. Con esta afirmación se pretende poner de relieve que el desarrollo tecnológico no destruye el trabajo, lo transforma al hacer desaparecer puestos obsoletos y propiciar la creación de otros más productivos o aflorar actividades de baja productividad que antes no contaban con demanda solvente. Pero el crecimiento (y la probable mejora) del empleo al que este proceso puede dar lugar se producirá siempre que el incremento de riqueza que se obtienen de la mayor productividad se dedique a la producción. Si ese incremento se asigna a otros destinos, no es la tecnología la que destruye el trabajo sino esa forma de asignación institucional de los recursos. En cualquier caso la disminución de los puestos de baja cualificación es uno de los rasgos distintivos de la evolución del sistema productivo español durante las dos últimas décadas.

Para los que ocupaban esos puestos, los conocimientos y los hábitos adquiridos no sirven de base (en ocasiones son casi un impedimento) para las nuevas cualificaciones necesarias. Por ello es mejor hablar de obsolescencia que de carencia. Esa obsolescencia es más una cuestión relacionada con las inercias vitales de los propios humanos, de la organización de sus formas de vida y del anclaje de sus concepciones del mundo, que del aprendizaje concreto de unas habilidades o conocimientos que parecerían estar al alcance de cualquiera.

El hecho de que la pérdida de ocupación de los mayores no tenga la presencia social que caracteriza al para juvenil se debe a que queda ocultada por la jubilación. Sin embargo ese 47% de los varones que no trabajan entre los 53 y 65 años de edad representa una pérdida de puestos de trabajo tanto o más intensa que la que han sufrido los jóvenes en las últimas dos décadas. Por lo tanto, esta relativa igualdad en la separación del trabajo entre las generaciones da una pista para aclarar buena parte de la extraña aquiescencia con la que la sociedad española ha aceptado la temporalidad.

Pero para saber cómo se ha llegado a ese reparto del trabajo que más valdría llamar reparto de la desocupación hay que fijarse en la enorme diferencia entre los niveles de formación de los jóvenes que entran en el mercado de trabajo y los mayores que lo abandonan.

Para tratar de equilibrar esas diferencias se reducen los derechos de estabilidad a los nuevos empleados. Así, ante un posible despido, la elección entre un trabajador mayor y uno joven no recae necesariamente sobre el mayor, como sería lo más probable si sólo se considerase la productividad. Aunque en el caso de los jóvenes, la suma de su mejor formación unida a su mayor flexibilidad vital les proporcionan una capacidad de adaptación muy superior a la de un trabajador mayor.

Como los despidos se plantean frecuentemente asociados a cambios en las condiciones de la demanda, e incluso a transformaciones en la propia naturaleza de esa demanda, la adaptabilidad será un elemento muy valioso. Cuanta más entidad tengan las diferencias entre unos y otros trabajadores mayores tendrán que ser las defensas con las que cuenten los desfavorecidos en la comparación. Y como la distancia entre los jóvenes y los mayores es muy grande, la desigualdad de derechos entre unos y otros tendrá que ser proporcional, es decir, muy importante.

Si en estas condiciones se ha producido un desplazamiento más cuantioso de los mayores que de los jóvenes... Se puede plantear la existencia de un pacto entre las generaciones que mantiene los derechos de estabilidad de los trabajadores mayores mientras se los niega a los jóvenes para aminorar el ritmo de desplazamiento de sus antecesores.

Pero la existencia de un pacto plantea una serie de interrogantes: ¿Quién pacta? ¿Quién prefiere? ¿Dónde se pacta? ¿Por qué prevalecen unas preferencias sobre otras?. La organización de la participación en la producción cuenta con tres ámbitos diferentes: el político, el de los agentes sociales y el familiar.

Respecto al primero, el campo preferente es el electoral y en él es posible defender intereses por agregación sin que sea imprescindible (aunque sí muy recomendable) la organización concreta de esos intereses mediante la articulación de colectivos instituidos. Los jubilados pueden hacer valer sus preferencias sin constituir un partido político. En su caso tienen la ventaja de que su opción por la defensa de las pensiones no es básicamente contradictoria con otros intereses de su grupo, por lo que se puede esperar que voten en respuesta a esas condiciones.

Otro elemento a su favor es que el pragmatismo es frecuentemente un producto de los años, por lo que será probable que su voto acompañe de manera más estrecha a sus intereses concretos.

Respecto a la presencia de los distintos colectivos parece claro que entre los empresarios, tanto en las bases como en las cúpulas, es minoritaria la presencia de los jóvenes en relación con sus mayores. Respecto a las organizaciones sindicales, y a pesar de sus últimas renovaciones, el peso del sector público, de los trabajadores fijos, de las grandes empresas y de los adultos es sobreproporcional a su distribución entre los asalariados.

El carácter inflacionista de la estructura de la negociación colectiva no es ajeno a esta configuración de la representación. En estas condiciones es difícil que los intereses de los jóvenes tengan una representación eficiente. Y una representación vicaria siempre corre el riesgo de elaborar una definición de la citación que no coincida con la de los interesados.

En estos términos, el gobierno, los empresarios y los sindicatos serían lo agentes de un pacto que no coincidiría con las metas de los contestatarios sino con los intereses de quienes negociaban. Pero, si a los jóvenes el pacto no les pertenece, ni les representa, ni les resuelve ¿por qué lo toleran? Dejando al margen algunas respuestas violentas que, auque minoritarias, son representativas de una sombría disconformidad social, la respuesta es probable que haya que encontrarla en el ámbito familiar.

La aceptación social de las decisiones públicas se produce a su vez mediante negociación en el seno de las familias, que además d ser las unidades de consumo, son el espacio en el que se dirime, no sin conflicto, la organización y la distribución de las dedicaciones vitales.

Y es en esa asignación del tiempo humano, en forma de posiciones y tareas que se cumplen en ese tiempo, donde se configuran las relaciones entre los miembros del hogar. La propia convivencia inclina hacia el apoyo mutuo o al menos a la retraducción y digestión de las condiciones vitales creadas pro los resultados de unos acuerdos que, tomados en el espacio exterior, se convierten en la definición de la realidad para todos los miembros de esas unidades familiares. En términos generales se podría admitir que la coexistencia familiar es la condición de posibilidad de la consolidación de esos supuestos pactos que se producen en el espacio público.

Aun cuando parecen darse las condiciones para un enfrentamiento generacional más intenso y justificado que el que se produjo en 1968, tanto las actitudes individuales como las colectivas se han adaptado al cambio de fase del ciclo aminorando las fricciones en el seno de la familia y resolviendo los previsibles contenciosos intergeneracionales con grave quebranto laboral para los jóvenes mientras que éstos, progresivamente desmovilizados políticamente y preocupados básicamente por sus estudios como vía a su integración laboral adulta, se aclimatan al espacio doméstico de unos progenitores cuya tolerancia ofrece el campo abonado a un armisticio o a un pacto familiar de no-agresión. Se puede postular por lo tanto una relativa digestión familiar de la imposición de los pactos exteriores.

La situación económica de los parados

Una de las razones por las cuales el nivel de paro en España resulta increíble es el escaso nivel de convulsiones sociales aparentes que provoca. Esa situación ha llevado a algunos a negar la mayor, a saber, a afirmar que realmente el paro no es tan alto como sugieren las estadísticas.

Para llevar a cabo este análisis, vamos a utilizar dos fuentes estadísticas. En primer lugar, estudiaremos los datos de la EPA, explotándolos desde la óptica familiar y aprovechando el hecho de que se trata de una encuesta a hogares. Para completar la EPA, que no contienen información sobre los ingresos del hogar, presentaremos los datos que se deducen del Panel de Hogares de la Unión Europea, cuyos resultados, en lo que se refiere al primer ciclo de dicho Panel, han sido recientemente divulgados por el INE.

En lo que se refiere a los datos de la EPA, cabe plantear dos tipos de análisis: en primer lugar, cabe plantearse la situación de los hogares con respecto a la actividad económica; y, en segundo lugar, puede darse la vuelta a esos datos y observarlos desde el punto de vista individual, analizando la situación de los parados desde el punto de vista de la situación de los demás miembros del hogar en el que vive.

En cuanto a la situación de los hogares con respecto a la actividad, cabe distinguir cuatro grandes situaciones:

-Todos los miembros del hogar son inactivos.

-Todos los miembros del hogar están ocupados.

-Existen en el hogar personas ocupadas y paradas.

-Todos los miembros activos del hogar están en paro.

Puede argumentarse que la primera de estas situaciones está muy ligada a los hogares formados por personas jubiladas. Considerando, pues, las otras tres situaciones, cabe plantear lo que podríamos denominar “tasas de par familiar”, que podríamos definir de dos posibles maneras; una amplia, como el porcentaje de todos los hogares activos (es decir, que tienen al menos una persona perteneciente a la población activa entre sus miembros) en cuyo seno existe al menos un parado, y otra estricta, como el porcentaje de todos los hogares activos cuyos miembros activos están todos en paro. Naturalmente, las dos tasas nos dan una información muy distinta: la amplia se refiere a la incidencia del paro en los hogares, mientras que la segunda se refiere a la situación de paro total en el hogar. En el caso de los hogares totalmente parados cabe distinguir entre aquellos en los que existe algún preceptor de ingresos procedentes del sistema de protección social (pensiones y/o prestaciones por desempleo) y aquellos en los que no existen preceptores de ingresos de ninguna clase.

El porcentaje de hogares afectados por el paro es siempre sensiblemente mayor que la tasa de paro individual mientras que la tasa de paro total es sensiblemente inferior, lo cual es lógico si pensamos que los hogares son conjuntos de individuos. Lo importante, sin embargo, es la notable diferencia que existe entre ambas, que indica que en aproximadamente dos tercios de los hogares afectados pro el problema del paro existe al menos una persona en el hogar que obtiene ingresos derivados del trabajo, siendo esta proporción relativamente constante a lo largo del tiempo.

Más relevante, si cabe, es el hecho de que la existencia de prestaciones por desempleo y pensiones de jubilación, no sólo reduce, sino que también alisa, las tasas de paro correspondientes a las situaciones de desprotección y carencia total de ingresos. Así, la existencia de preceptores de prestaciones por desempleo ha hecho que el porcentaje de hogares que no disponían de esta ayuda apenas superara el 6% de los hogares activos.

Por último, la existencia de preceptores de pensiones de jubilación en hogares carentes de otros recursos económicos ha sido otro estabilizador de la situación económica de los hogares parados, incluso más importante que el anterior. El porcentaje de hogares activos que no posee recursos económicos derivados directa o indirectamente del trabajo se sitúa en torno al 2% a lo largo de los 10 años considerados.

En torno al 65% de los parados españoles viven en hogares en los que existe al menos otra persona que tiene trabajo, siendo éste un porcentaje muy estable, sobre todo en comparación con la evolución de la tasa de paro, ligeramente superado en los años de bonanza económica de finales de la década de 1980 y algo inferior en los años de la crisis de los años noventa. Si tenemos en cuenta la incidencia de las prestaciones por desempleo, el porcentaje de parados protegidos por otros familiares o por el sistema de protección social se eleva al 80%.

En suma, aunque el paro tiene una notable incidencia en la sociedad española, ya sea considerándolo desde el punto de vista individual o desde el familiar, el análisis anterior implica que esa incidencia queda notablemente paliada por la convivencia bajo un mismo techo de personas que carecen de recursos económicos de cualquier naturaleza y otras que sí disponen de ellos, bien porque estén actualmente trabajando bien porque lo hayan hecho en el pasado. En torno al 2% de los hogares, que aglutina en torno al 10% de los parados, carece de este tipo de ingresos. Esta conclusión no implica naturalmente, que los parados, o los hogares en los que viven, tengan un nivel de vida boyante, ni mucho menos. Pero sí significa que su situación no se parece a la situación de carencia y desesperación que cabría pensar pudiera llevar a la aparición de tensiones sociales visibles.

Para profundizar en este último punto, el de los ingresos familiares de los parados, disponemos de datos recientemente publicados por el INE (1994), estos datos indican que pueden establecerse tres grandes grupos entre las personas activas: las que tienen empleo y viven en hogares no afectados por el paro, los parados en cuyo hogar no existen preceptores de ingresos laborales, y un tercer grupo formado por los ocupados que conviven con parados y los parados que conviven con ocupados. En relación con este último grupo, cabría pensar que deben necesariamente ser muy similares. De forma muy aproximada, diríamos que en los hogares en los que conviven ambas situaciones, hay en promedio 1,2 ocupados por cada parado.

Observemos tres tipos de concepto de renta: el volumen de ingresos mensuales regulares medios, el nivel de ingresos per cápita, y el nivel de ingresos expresados en unidades de consumo equivalente, según la escala de la OCDE, que pretende tener en cuenta la existencia de economías de escala conforma aumenta el tamaño del hogar, para cada uno de esos conceptos, se presenta el porcentaje de individuos que viven en hogares cuya renta (total, per cápita o equivalente) es inferior al 50% de la renta media del conjunto de los hogares.

En todos los casos, se aprecia que los ocupados que viven en hogares en los que no hay parados son los que tienen mejores niveles de ingresos, así como menores niveles de pobreza. A continuación figuran los grupos de ocupados que conviven con parados y de parados que conviven con ocupados, estos segundos con niveles algo peores. Los peor situados son los parados que no conviven con otros ocupados. Este grupo cuya edad media es sensiblemente inferior a la de los ocupados (34,3 frente a 38,4), representa algo más del 4% de la población, o, lo que es lo mismo, el 7,9% de la población activa, cifra totalmente en línea con la que se deducía de la EPA.

Deducir situaciones de pobreza de datos de ese tipo resulta algo arriesgado, pues puede suceder que estemos observando situaciones transitorias. A falta de datos dinámicos sobre la situación de pobreza (que sólo existirán conforme se vayan obteniendo los datos de los sucesivos ciclos del panel), una forma de analizar esta cuestión consiste en ver la situación de los hogares desde el punto de vista del equipamiento con el que cuenta, pues se trata de bienes más duraderos cuya posesión o carencia puede ser más indicativa de situaciones más prolongadas de falta de recursos.

Lo importante a los efectos del argumento que estamos presentando a lo largo que este apartado es que estos parados que viven en peor situación representan en torno al 35% de todos los parados. Si consideramos además que en torno al 60% de éstos viven en hogares cuyas rentas son inferiores al 50% de la renta media nacional, cabe afirmar que en torno al 20% de todos los parados vive en situación de pobreza relativa. Teniendo en cuenta, por otra parte que los demás grupos también cuentan con pobres, se puede calcular que de todos los individuos cuyos hogares tienen niveles de renta de pobreza, los parados que no conviven con otros ocupados representan el 13%, cifra que se eleva al 22% si excluimos del análisis los pobres que pertenecen al colectivo de inactivos.

EMPLEO Y PARO EN ESPAÑA, 1976-1990.

Introducción.

A modo de introducción general, señalemos que la economía española ha registrado en los últimos veinte años unos cambios espectaculares en su mercado de trabajo, cambios sin parangón en ninguno de los demás países europeos. Hemos incluido una estimación de lo que podría llamarse “población potencialmente activa (base 1974)”, que indica la evolución que habría seguido la población activa si hubiera crecido al mismo ritmo que la población en edad de trabajar. Esto sugiere la existencia de cinco subperiodos bien diferenciados y que pueden resumirse de la manera siguiente:

-Un primer periodo, que va de 1970 a 1974, en el que tanto la población activa como la ocupada crecen a buen ritmo, superando ampliamente la tasa de crecimiento de la población en edad de trabajar;

-Un segundo superyodo, 1974-77, en el que la población activa se estanca y la población ocupada empieza a disminuir levemente;

-Un tercer periodo, 1977-81, en el que se desploma el empleo, al tiempo que la población activa crece muy ligeramente;

-Un cuarto periodo, 1981-85, en el que el empleo sigue disminuyendo, si bien a un ritmo algo menor, al tiempo que se acelera el crecimiento de la población activa.

-Un último periodo, que va desde 1985 hasta la actualidad, en el que el empleo registra el mayor ritmo de crecimiento de los último veinte años, al tiempo que se produce una eclosión de la población activa.

Ponemos de manifiesto la fuerte incidencia que tuvo la crisis en los extremos de la distribución por edades, especialmente en el caso de las personas de edad avanzada de ambos sexos, pues en el caso de los jóvenes su menor ocupación debe ligarse a la extensión durante esa época del sistema educativo. Por otra parte, en las edades centrales se observa un aumento de la tasa de ocupación, de las mujeres adultas (entre 25 y 40 años). Sin embargo, en otros estudios anteriores (Garrido, 1988), hemos analizado los factores generacionales que explican esta aparente mejora: se trata de un efecto de sustitución de mujeres poco cualificadas por otras con un elevado nivel educativo, que no abandonan el mercado de trabajo para criar a los hijos.

También se pone de manifiesto estas tendencias. En primer lugar, se observa una disminución de las tasas de actividad de las personas de edad avanzada, tanto en la crisis como en la recuperación, si bien con menor intensidad en este último periodo y en edades algo superiores. En el otro extremo del espectro de edades, hay una continua disminución de las tasas de actividad de los jóvenes adolescentes (con la notable excepción de las mujeres durante la recuperación) que pone de manifiesto la extensión ya apuntada del sistema educativo, mientras que los jóvenes de 20-24 años registran aumentos en ambos periodos. Por su parte, las tasas de actividad de las mujeres adultas registran aumentos tanto durante la crisis como durante la recuperación. El desplazamiento hacia la derecha del punto máximo apunta nuevamente a los factores generacionales mencionados anteriormente, pues se trata de un cambio de comportamiento de las mujeres de las generaciones más jóvenes, que ya no abandonan el mercado de trabajo.

Las tasas absolutas de paro (es decir, el cociente entre el número de parados y la población total) de los distintos grupos demográficos en el segundo trimestre de 1990. Este índice es distinto del convencionalmente utilizado, que se calcula en función de la población activa; su principal interés radica precisamente en que permite hacer abstracción de las diferencias de conducta de las tasas de actividad. Por ejemplo, frente a la afirmación habitualmente escuchada de que la mitad de los jóvenes está en paro, las estadísticas indican que las proporciones son mucho mentores (naturalmente lo correcto sería decir que la mitad de los jóvenes activos está en paro). Los datos indican, por una parte, que las tasas de paro femeninas son mayores que las masculinas en las edades relativamente jóvenes (hasta 40 años) y menores en las más avanzadas (55 años o más); por otra, tanto las tasas masculinas como las femeninas muestran un perfil por edades similar, aumentando hasta los 22-24 años y disminuyendo a partir de esas edades, con la única salvedad del “abultamiento” que registran las tasas masculinas a partir de los 45 años.

El resultado de todo el proceso que acabamos de describir parece ser un movimiento de ida y vuelta del empleo entre 1976 y 1985, por una parte, y entre 1985 y 1990, por otra. Sin embargo, esta evolución agregada esconde cambios desagregados muy importantes. El análisis de estos cambios desagregados constituye el principal objeto de este trabajo. Más específicamente, abordaremos tres grandes aspectos, con sus correspondientes subdivisiones: la dinámica del marcado de trabajo, la evolución del empleo según diversas características (la situación profesional, las ramas de actividad, las ocupaciones) y algunos problemas a los que se ha prestado atención recientemente, como son el del trabajo temporal y el de la persistencia del paro.

La dinámica del mercado de trabajo.

Uno de los elementos de mayor interés en la evolución de cualquier mercado de trabajo es el conocimiento de los movimientos de entrada en el mismo y salida de él, así como los posibles cambios de situación de los individuos. Dicho con otras palabras, las cifras de evolución del empleo presentadas en el epígrafe anterior nos dicen cuántas personas hay ocupadas en dos momentos dados del tiempo, pero no nos informan acerca de los cambios de situación de dichas personas. El conocimiento de estos “flujos” del mercado de trabajo resulta de extraordinaria importancia para el mejor conocimiento del mismo, así como para poder pronunciarse sobre algunas cuestiones tan fundamentales como, pro ejemplo, qué sucede con los parados a lo largo del tiempo, cuánto tiempo tardan los trabajadores temporales en convertirse en fijos, etc. La inexistencia de este tipo de datos ha llevado con frecuencia a una visión excesivamente simplista de los procesos del mercado de trabajo y a la creencia, injustificada a nuestro juicio, de que el empleo y el paro se caracterizaban por una fuerte inercia o falta de movilidad.

A falta de datos directos los análisis que se hacían realizaban extrapolaciones a partir de los datos sobre algunos de los componentes de los flujos. Actualmente, sin embargo, existen dos nuevos tipos de datos, ambos procedentes de la EPA, que permiten obtener la misma información de manera más directa: por una parte, como han señalado diversos investigadores, incluidos los autores de este artículo, existe la posibilidad de explotar longitudinalmente la EPA, basándose en el hecho de que, al renovarse la muestra por sextos cada trimestre, cada una de las viviendas encuestadas permanece en ella durante seis trimestres consecutivos; pro otra parte, desde la última modificación metodológica de la EPA, el cuestionarios contiene, todos los segundos trimestres, algunas preguntas retrospectivas en las que se pide a los individuos que indiquen su situación un año antes del momento en que se está cumplimentando el cuestionario. La explotación de la primera de estas vías ha sido recientemente iniciada por el INE (1990), demostrándose su validez y su enrome potencial.

En conjunto, indican que existe una movilidad bastante acusada en el mercado de trabajo español. Especialmente importante resulta el hecho de que los parados no parecen verse atrapados de forma permanente en su situación, siendo “adelantados” por personas procedentes de la inactividad. Incluso parece que, con el paso del tiempo, su capacidad de entrada en el empleo ha ido mejorando. Los datos también indican la existencia de un flujo considerable de personas que salen de la ocupación y van al paro, con una ligera tendencia decreciente. Por último, los flujos de entrada en la población activa, especialmente hacia el paro, son muy acusados en 1986-87 y más limitados posteriormente, siendo este flujo predominantemente femenino, lo que tiende a confirmar la fuerte presión ejercida en esos años, y atemperada en años posteriores, de la población activa femenina. Parece claro que si el paro no ha disminuido más en los últimos años ha sido porque han entrado en la población activa importantes contingentes de personas que antes se encontraban al margen del mercado de trabajo. Lo que sí merece ser destacado es que esta entrada en la actividad se viene produciendo cada vez más directamente hacia el empleo en lugar de hacia el paro, si bien este proceso no ha dejado atascados en sus situación a los parados, que han mantenido unas entradas en la ocupación superiores.

Evolución de la población ocupada según la situación profesional.

Una característica importante del empleo que merece la pena considerar de manera específica es la llamada “situación profesional”, una forma indirecta e imperfecta de intentar aproximar la posición respecto a los medios de producción.

En efecto, una de las principales novedades de la década de 1970 y principios de la de 1980 parece ser la importancia cada vez mayor que se atribuye al empleo por cuanta propia, ahora llamado “autoempleo”. La cuestión que se plantea, sin embargo, es hasta qué punto la importancia del trabajo por cuenta propia responde a cambios importantes de la estructura productiva, que tendería hacia una mayor descentralización de la producción, o lo que algunos autores han llamado “especialización flexible” o si se trata simplemente de un refugio propiciado por la crisis económica. A este respecto, la evolución del empleo en nuestro país resulta muy ilustrativa, sobre todo a la vista de los sucedido en el periodo de recuperación y crecimiento, pues parece haber indicios de ambos tipos de fenómenos, aunque la dimensión de refugio parece prevalecer claramente.

La evolución de la población ocupada pro situación profesional en las fases de crisis y recuperación del empleo. Debido a los problemas que plantea el cambio metodológico introducido en la EPA en 1987, el periodo de recuperación se analiza a partir del segundo trimestres de 1987 y abarca hasta el mismo trimestre 1990. La suma de los dos subperiodos considerados no engloba, pues, el periodo completo. Hemos optado por asumir esta carencia por entender que los índices anuales así calculados son más fiables y porque los datos sobre el periodo de recuperación son suficientemente largos para considerarlos significativos.

Lo primero que se observa es que las categorías de “asalariados del sector público” y “autónomos no agrarios” son las únicas situaciones que experimentan una variación positiva del empleo en los diez años de destrucción de empleo. El número de asalariados del sector público aumentó en más de 500.000 en esos años y el de autónomos no agrarios en cerca de 200.000, lo que supone un crecimiento medio anual del 3,8 y 1,5%, respectivamente, cuando el empleo total disminuía al 1,8% anual. El crecimiento de los autónomos no agrarios resulta especialmente interesante, por los posibles procesos de cambio del tejido productivo que puede encerrar. En los que se refiere a los asalariados del sector privado, su pérdida global de casi 1,9 millones de personas, equivalente a un descenso medio anual del 3,2% resulta llamativa. A este respecto, merece la pena señalar que el descenso del número de empleadores es algo menor, lo que implicaría una disminución del número medio de salariados por empresario. Sin embargo, antes de concluir que esta evolución implica que las pequeñas empresas resultaron menos afectadas por la crisis, debe señalarse que muy bien podría suceder que las pérdidas de empleo en las grandes empresas fueran de mayor importancia, lo que explicaría el descenso del “tamaño medio” de las empresas.

En la fase de recuperación, la creación de empleo se producen en todas las categorías no agrarias, excluidas las ayudas familiares. Este proceso es especialmente notable entre los asalariados del sector privado, que aumentan en más de un millón de personas en los tres años considerados, a un ritmo medio del 5,5% anual, lo que supone una clara inversión de las tendencias anteriores.

La categoría de empleadores también crece de forma significativa en términos porcentuales (5,7%). Si bien, obviamente, su aportación al crecimiento absoluto es pequeña, la importancia de este dato estriba en la ligera disminución de la media de asalariados por empleador.

Los asalariados del sector público y los autónomos no agrarios, que habían constituido un cierto colchón de seguridad en los momentos peores del empleo, muestran un comportamiento divergente en el periodo de recuperación. Así, mientras que el empleo público intensifica su crecimiento, tanto en términos absolutos como porcentuales, los autónomos no agrarios disminuyen ligeramente en términos absolutos y relativos.

Si bien no existe de lo expuesto hasta aquí evidencia concluyente, no parece que pueda constatarse una tendencia hacia el trabajo pro cuenta propia en la línea de una creciente descentralización productiva que llevase a una cierta “personalización del empleo”. De ser así, este proceso socioeconómico se habría acelerado con la recuperación económica como ha sucedido con otros fenómenos sociales pendientes como la participación laboral de la mujer. En cualquier caso, el grupo “Empresarios sin asalariados y trabajadores autónomos” es quizá el que más heterogeneidad socioeconómica presenta, pues a la general derivada de las diferencias sectoriales, se unen las derivadas de los diversos volúmenes de capital asociado al puesto, y una variabilidad en la intensidad y frecuencia del trabajo realizado.

La evolución de la población ocupada por divisiones de actividad, considerando dos situaciones profesionales cuyo análisis sectorial resulta de especial interés: los asalariados del sector privado y los autónomos. Los datos muestran de forma más que evidente la importante y continua caída del empleo agrario, tanto durante el periodo de crisis como durante la recuperación y tanto en lo referente a los asalariados privados como a los autónomos.

dentro del sector no agrario, y refiriéndonos a los asalariados del sector privado destaca la pérdida general de empleo durante la crisis, con la única excepción del sector de instituciones financieras, servicios a las empresas y alquileres. Por otra parte, destaca la fuerte pérdida absoluta y relativa de empleo en la construcción, seguida de la industria manufacturera y los transportes y las comunicaciones, que registran pérdidas anuales medias del orden del 4%. En la recuperación, nuevamente destaca la construcción, con un aumento medio próximo al 13% anual, lo que casi le permite recuperar el nivel de empleo de 1976. Los servicios (excluidos los “otros servicios”) se configuran como el otro sector cuyo empleo crece más que la media. También merece la pena resaltar el nada desdeñable crecimiento del empleo privado en la industria, sobre todo teniendo en cuenta que la mayoría de los países europeos el empleo industrial ha seguido cayendo durante la reciente fase expansiva.

Si los datos relativos al periodo de crisis permiten poner en duda la existencia de un fuerte proceso de descentralización productiva, los datos relativos a la recuperación resultan más concluyentes. En efecto, el único sector en el que el número de autónomos crece de forma significativa es el sector de instituciones financieras, etc., debido a la aportación de los sectores de alquileres y servicios a las empresas. De todos modos, el crecimiento relativo de los autónomos en este sector es inferior al del empleo global y al del número de salariados privados. Otros tres sectores registran aumentos en el periodo de recuperación: “otros servicios”, “transportes y comunicaciones” y “construcción”. Por último todos los sectores industriales registran pérdidas, nuevamente en un contexto de aumento general del empleo.

En nuestra opinión, este análisis refuerza los comentarios anteriores sobre el carácter de refugio de las llamadas nuevas formas de autoempleo y contribuye a descartar la posibilidad señalada por algunos teóricos de un cambio cualitativo en las formas de inserción laboral de la población.

Análisis del empleo por ramas de actividad

Población ocupada.

En primer lugar, y en lo que se refiere al periodo de destrucción de empleo (1976-85), cabe señalar las tendencias siguientes:

-crece en términos absolutos y relativos la ocupación en la administración y servicios públicos, donde además el peso de las mujeres es creciente.

-también aumenta algo el empleo en los servicios empresariales y financieros, las comunicaciones y la hostelería;

-el sector primario no pesquero pierde casi 900.000 empleos, equivalentes al 38,5% de la destrucción total de puestos de trabajo:

-la construcción representa por sí sola el 30% del empleo destruido no agrario, perdiendo el 34,2% de sus efectivos y registrando una caída de 2,31 puntos en el peso del sector en la ocupación total,

-el comercio, muy importante en términos absolutos y en ocupación femenina, pierde más de 100.000 empleos, aunque como su caída relativa es inferior a la media, gana peso estructural en el total de la población ocupada;

-la pérdida de empleo también es evidente en los sectores industriales afectados por la reconversión.

En cuanto al subperiodo de recuperación y crecimiento (1985-89), cabe destacar las tendencias siguientes:

-crece el empleo en casi todas las ramas productivas no agrarias, con excepción de ciertas actividades relacionadas con el procesamiento de materias primas agrarias, minerales o energéticas y la industria textil;

-sin embargo, tan sólo dos ramas de actividad -construcción y comercio- explican el 46,3% del total del aumento total de ocupados en esos años (aproximadamente 1.500.000); la construcción casi multiplica por 1,5 sus efectivos en cuatro años y el comercio crece en un 21,3%;

-los sectores públicos, que habían servido de refugio en tiempos de crisis, continúan creciendo. Debido al cambio de fase del ciclo disminuye su importancia relativa en el aumento del empleo. De ser las tres primeras ramas en crecimiento absoluto en 1976-85 y estar entre las cinco primeras en términos porcentuales, pasan a situarse en una posición intermedia en el periodo 1985-89.

Merece la pena, señalar, por último, que si bien existen varias ramas productivas que no se benefician de la recuperación en términos de empleo, sólo una de ellas, “Electricidad, gas y agua” tiene un comportamiento claramente contracíclico, aumentando el empleo en la crisis y reduciéndolo en números absolutos durante la fase de auge.

Población asalariada.

El comportamiento de la población asalariada, si bien no es extraordinariamente diferente del de la ocupada, si introduce algunas matizaciones que es interesante poner de manifiesto. La tasa global de asalarización de la economía española ha aumentado cerca de cinco puntos porcentuales durante los quince años considerados, llegando al 72,9% en el cuarto trimestre de 1989. Dicho aumento se ha producido prácticamente en su totalidad en el periodo de recuperación. Sin embargo, este dato agregado es el resultado de un comportamiento claramente diferenciado por sexos; mientras que, en el caso de los varones, la tasa sigue una evolución cíclica, en el de las mujeres el crecimiento es continuado durante todo el periodo, haciéndose casi explosivo en 1985-89 (pasando del 65% al 72,4% en cuatro años, debido a la fuerte caída de las ayudas familiares y sus sustitución por asalariadas, como parte de la transformación del cambio de posición de la mujer en el espacio laboral).

El estudio desagregado por ramas productivas muestra que, en general, la sensibilidad de la población asalariada a la evolución económica general es superior a la de la población ocupada, siendo esto particularmente cierto para los periodos de destrucción de empleo y en el caso de las ramas de actividad más cíclicas como la construcción el comercio y alimentación, bebidas y tabaco.

De igual manera, en los años de recuperación (1985-89, la población asalariada aumenta más que la ocupada en sectores clave como comunicaciones, actividades financieras, administración pública, educación, industria química, etc. De manera indirecta y aproximada, este dato puede estar reflejando el proceso de concentración empresarial y pública que ha sido característico de la recuperación en algunos de estos sectores.

El análisis de los datos de estos cuadros sugiere que, durante el periodo de crisis, fueron las ocupaciones relativamente más cualificadas (profesionales y técnicos y altos directivos) las que más tendieron a aumentar su empleo, junto con algunas ocupaciones de servicios, en algunos casos (como el del personal administrativo) con fuerte componente femenino.

Durante la recuperación, en cambio, han sido las ocupaciones relativamente poco cualificadas las que más han aportado al crecimiento del empleo junto, bien es verdad, con los profesionales y técnicos que han mantenido su positivo comportamiento anterior. Así, de las siete ocupaciones cuyo empleo aumentó en más de 100.000 personas en 1985-89, cinco corresponden a ocupaciones cuya cualificación puede considerarse baja o nula y que, además, en casi todos los casos, se definen como categorías residuales o nula y que, además, en casi todos los casos, se definen como categorías residuales, lo cual puede tomarse precisamente como un indicador de la falta de cualificación.

Los datos anteriores sugieren que el tipo de empleo que se ha creado en España en los últimos años es bastante poco cualificado. Cabría argumentar, sin embargo, que este crecimiento se debe al cambio sectorial analizado en el epígrafe anterior y no a un proceso de “descualificación” interno de los sectores. Para comprobar esta hipótesis, el cuadro 8 presenta los resultados de un análisis shift-share de la evolución entre 1987 y 1989 de la participación relativa de las distintas ocupaciones en el empleo total no agrario. En el cuadro, las ocupaciones aparecen ordenadas en función del aumento de dicha participación relativa, que se incluye a modo de referencia junto con la variación absoluta del empleo en cada ocupación.

Los datos del cuadro 8 son muy interesantes: en el caso d la mayoría de las doce primeras ocupaciones del cuadro, el efecto interno es claramente dominante; sólo son dos los casos en los que es mayor el efecto sectorial y dos en los que los efectos son de magnitud similar (otros empleados administrativos y ATS y similares). Estos datos sugieren que el aumento del empleo no cualificado no puede atribuirse a los cambios en la composición sectorial del empleo, sino que responden a cambios internos de los sectores tendentes a una mayor utilización de este tipo de trabajo.

El problema del trabajo temporal.

Nos queda ahora por analizar dos problemas importantes a los que se ha prestado una atención especial en tiempos recientes. El primero de ellos se refiere a la llamada “precarización”. Este término suele referirse a la creciente importancia del empleo temporal en el conjunto del empleo asalariado. En efecto, como se sabe, el porcentaje de trabajadores por cuenta ajena con un contrato de tipo temporal ha crecido en España pasando del 15,6% en el segundo trimestre de 1987 a más del 30% tres años más tarde. No es nuestro propósito analizar aquí con amplitud los problemas que plantea la existencia de este elevado porcentaje de trabajadores temporales sino aportar algunos nuevos datos poco estudiados hasta ahora.

Antes de ello, de todas formas, conviene dejar claras algunas de nuestra opiniones, ya analizadas en trabajos anteriores.

Ante todo, la aplicación del término “trabajo precario” al trabajo temporal parece tener bastante fundamento, desde el momento en que, la diferencia de un trabajador con contrato indefinido, un trabajador temporal puede perder su empleo sin que medie el proceso de despido que debe seguirse en otros casos, situación que le obliga a mostrarse más precavido en sus reivindicaciones laborales y a no poder oponerse a posibles decisiones empresariales que considere indebidamente arbitrarias o sencillamente injustas. De todas formas, pensamos que no deben exagerarse estas diferencias, pues el proceso de despido tampoco es excesivamente costoso en le caso de trabajadores indefinidos con poca antigüedad en la empresa, por lo que el fuerte recurso a la contratación temporal puede deberse simplemente a que, en muchos supuestos, dicha contratación conlleva bonificaciones para el empresario. Dicho con otras palabras, la “precariedad” de un trabajador temporal no es mucho mayor que la de un indefinido. Naturalmente, basta con que la diferencia de coste de despido sea mínima para que, en igualdad de condiciones, resulte racional para un empresario acudir a la contratación temporal.

Una consecuencia inmediata del razonamiento anterior es que, si la contratación temporal sólo introduce ventajas relativamente limitadas para los empresarios, no puede achacarse a su introducción generalizada la totalidad del crecimiento del empleo registrado desde 1985. Pensamos que, sólo en la limitada medida en que los costes del trabajo se han visto reducidos (sobre todo, insistimos, por las bonificaciones en el pago de las cotizaciones sociales), ha aumentado la elasticidad del empleo con respecto a la producción.

Por otra parte, uno de los argumentos esgrimidos pro el gobierno en defensa de la contratación temporal es que la mayoría de los contratos temporales se convierten en fijos en un periodo de tiempo relativamente corto, afirmación que se basa en los resultados de la Encuesta sobre Política de Contratación y Formación de las Empresas Españolas (EPCF), realizada en 1987. Sin embargo, la información recogida en dicha encuesta no pasaba de indicar la “intención preferida” de las empresas. En los trabajos mencionados anteriormente, hemos intentado, a partir de un sencillo, modelo de stocks y flujos, estimar el número de temporales convertidos en fijos en un periodo de un año, hallando una cifra ligeramente inferior a los 300.000 al año en 1988-89. Aunque estas cifras no son desdeñables, están lejos de representar el 60% de los temporales que parecía deducirse de la EPCF.

Los recientes datos sobre flujos del mercado de trabajo publicados por el INE (1990) arrojan alguna luz más sobre esta cuestión. Refiriéndose al periodo 1987-88, el INE llega ala conclusión de que la conversión de trabajadores temporales en fijos es limitada en el transcurso de un año: de los trabajadores que tenían un contrato temporal en el segundo trimestre de 1987, sólo el 22% había pasado a tener un contrato indefinido un año después; otro 48,6% seguía con contrato temporal, 18% estaban en paro y el 5,6% había salido de la población activa. Debe añadirse que la conversión a indefinidos fue muy rápida, pues del 22% de los trabajadores convertidos en fijos, el 18 eran fijos sólo un trimestre después.

El INE sólo ha publicado datos completos para los trabajadores que tenían un contrato temporal el segundo trimestre de 1987. Para trimestres posteriores, los datos son más incompletos; sin embargo, parecen revelar una desaceleración del ritmo de conversión de temporales en fijos, si bien se mantiene la pauta de que ésta o se produce muy deprisa o no se produce.

Para completar este análisis, hemos realizado una serie de cálculos similares a los que acabamos de citar, basados en las preguntas retrospectivas que contiene la EPA desde el segundo trimestre de 1987 y que han proporcionado los datos de base para el análisis realizado en el epígrafe 2 de este artículo. Los resultados se presentan en el cuadro 9. en dicho cuadro, aparecen los porcentajes de “nuevos ocupados” con contrato indefinido. Estos porcentajes nos dan una idea del número de personas de cada colectivo que consiguen alcanzar la situación de estabilidad en el empleo al cabo de un año. Los datos indican que no todos los nuevos ocupados tienen la misma probabilidad de tener un contrato estable al cabo de una año: tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, los que proceden del paro o de los estudios muestran menores propensiones a estabilizarse al cabo de un año que los que proceden de otras situaciones de inactividad. Este último grupo es, por otra parte, el único en que existen diferencias de importancia entre los varones y las mujeres. Por último, destaca el hecho de que las probabilidades tienden a decrecer con el paso del tiempo en el caso de todos los grupos, con la única excepción de las mujeres procedentes de situaciones de inactividad diferentes de los estudios.

Dicho esto, pensamos que hay otros dos aspectos de la contratación temporal: en primer lugar, el proceso de sustitución de trabajo fijo pro trabajo temporal, que indudablemente ha tenido lugar, no ha sido en absoluto ni general ni homogéneo; en segundo lugar, la contratación temporal está muy relacionada con la edad y no tan claramente con otras variables.

Para analizar el primero de estos puntos, se pueden sacar dos conclusiones importantes:

• En primer lugar, parece claro que ha habido un proceso de sustitución de trabajadores fijos pro temporales en el caso de las mujeres jóvenes y en el de los varones adultos; así lo sugieren las fuertes disminuciones del número de personas con contrato indefinido. En el caso del grupo de varones adultos, esta disminución se ve compensada sólo en parte por el aumento del número de temporales; la disminución del número de activos (quizá por jubilaciones, muy anticipadas en algunos casos, o por desánimo), unida a este aumento de temporales es la que permite que disminuya el número de parados en estos grupos de edades. Naturalmente, el que aumente el número absoluto de personas con contrato indefinido no excluye el proceso de sustitución; sin embargo, lo que lo demuestra claramente es la disminución de dicho número. Se trata, pro otra parte, de un proceso de sustitución agregado, que no implica necesariamente que dicho proceso tenga necesariamente lugar dentro de las diferentes empresas.

• - En segundo lugar, y quizá esto sea lo más significativo, existen algunos grupos demográficos significativos cuyo número de trabajadores con contrato indefinido ha aumentado: se trata de los varones jóvenes (menores de 30 años) y las mujeres adultas (35-39 años y, en menor medida, 45-49 años). Estos datos sugieren que el proceso de “precarización” no es un fenómeno absoluto que obedece a la voracidad empresarial, sino que existen algunas matizaciones al mismo que pueden ser importantes.

En cuanto a la segunda cuestión, hemos estimado un modelo econométrico de elección discreta para explicar la probabilidad de tener un contrato temporal o uno indefinido, en función de las características personales y ocupacionales de los individuos. Aquí nos limitaremos a comentar algunos de sus resultados. Sólo la edad muestra una clara relación con la probabilidad de ser temporal, que es negativa, es decir, la probabilidad es claramente mayor en el caso de los jóvenes que en el de la s personas de mayor edad. En lo que se refiere a los estudios, no existen grandes diferencias entre las distintas categorías, si bien los analfabetos o parecen tener una clara mayor probabilidad seguidos, un tanto sorprendentemente, por los titulados universitarios superiores. En lo que se refiere a la ocupación, los “empleados” parecen tener una menor probabilidad que los obreros, pero las diferencias no son muy acusadas si se excluyen a los trabajadores agrarios. Por último, el trabajar en la agricultura y la construcción eleva claramente la probabilidad de que el trabajo realizado sea temporal.

El paro ha tenido una evolución mucho menos positiva de lo que cabría haber esperado dado el fuerte aumento del empleo. Con todo, puede hablarse de reducciones notables en algunos grupos demográficos. Especialmente en el caso de los jóvenes, las disminuciones han sido notables, especialmente en el caso de los varones mentores de 32 años en 1987. En el caso de las mujeres menores de 27 años también ha habido importantes disminuciones, aunque de menor cuantía que las observadas en el de los varones. Por lo que se refiere a los adultos, destaca la pequeña, aunque persistente, disminución observada en el caso de los varones, en contraste con el práctico estancamiento registrado en el de las mujeres. La interpretación en ambos casos es, sin embargo, diferente. Así, mientras que la disminución del paro masculino muy probablemente se debe a entradas en el empleo, el estancamiento del paro femenino probablemente oculta la existencia de efectos contrapuestos, por una parte de salida hacia el empleo (y, en algunos caos, hacia la inactividad) y, por otra, de entradas hacia el paro procedentes de la inactividad.

Sin embargo, pese a estas tendencias favorables, el problema de la duración del desempleo sigue siendo considerado uno de los problemas más graves de la situación actual del paro en España. Sin embargo, ha habido cambios drásticos en los últimos años. Las disminuciones pueden calificarse de espectaculares en el caso de los parados con experiencia laboral, tanto varones como mujeres, y sólo el caso de las mujeres sin experiencia laboral muestra una tendencia al estancamiento, aunque ello tampoco sea cierto en el caso de las paradas de muy larga duración.

Con todo, puede suceder que haya determinados grupos que tienen una mayor propensión a permanecer en situación de desempleo. Para analizar esta cuestión hemos intentado estimar la evolución de las probabilidades de permanencia en el paro. La idea es la siguiente: si todos los parados observados en un momento del tiempo permanecieran en situación de desempleo durante el año siguiente, en el segundo trimestre de 1988 aparecerían como “parados que llevan un año o más en situación de desempleo” y si siguieran parados otro año más, en el segundo trimestre de 1989 aparecerían como “parados que llevan dos años o más en situación de desempleo”. De esta manera, dividiendo los parados de larga duración en un momento dado por el total de parados un año antes, podemos calcular la probabilidad de permanencia en el paro. Y así sucesivamente.

Consideraciones finales.

En este artículo, hemos abordado la evolución general del mercado de trabajo español en los últimos quince años, analizando las características principales d la misma desde el punto de vista de las variables demográficas, la situación profesional, las ramas de actividad y las ocupaciones, para céntranos a continuación en dos de los aspectos más importantes de la situación actual, como son los contratos temporales y el problema de la persistencia del paro. Aunque muchos de los asuntos merecerían un análisis más detallado y hemos dejado apuntadas algunas cuestiones que no han quedado totalmente desarrolladas, pensamos que hemos cubierto el objetivo principal del artículo, que era aportar una serie de datos básicos que sirvan de marco de referencia para el resto de las colaboraciones contenidas en el libro.

TEMA 6. LA SEGMENTACIÓN DEL MERCADO LABORAL EN ESPAÑA.

Introducción.

La noción de segmentación laboral, de fragmentación del mercado laboral en espacios múltiples y no competitivos entre sí, ha sido aceptada de forma creciente con propósitos diversos. Desde el punto de vista de las relaciones laborales el estudio de la misma ha tenido como objeto detectarlas tendencias a una mayor o menor diferenciación de las clases asalariadas, y su influencia sobre los ámbitos y propuestas de acción colectiva. También ha constituido una de las bases sobre las que se han tratado de explicar las diferencias salariales y las discriminaciones laborales que afectan a determinados colectivos laborales. En los últimos tiempos, la idea ha sido retomada por los economistas neoclásicos como un elemento explicativo de la persistencia de los elevados niveles de desempleo que afectan al mundo laboral español desde finales de la década de los setenta. Analizar las dinámicas de segmentación del mercado laboral español tiene por tanto el doble interés de estudiar los procesos de diferenciación social, y de discutir en qué medida la misma puede constituir un factor crucial a la hora de explicar situaciones tan dramáticas como el paro masivo.

Segmentación e Instituciones.

Nuevos planteamientos sobre la segmentación laboral.

El meteórico aumento del empleo temporal en nuestro país ha conducido a muchos economistas a utilizar el tipo de contrato -fijo o temporal- como el principal factor de segmentación. Ciertamente, las normas de contratación constituyen uno de los principales mecanismos institucionales que ayudan a modelar el merado laboral. Pero tomar como único indicativo de la segmentación esta variable puede conducir a una interpretación errónea de las transformaciones y fuerzas que operan en el mercado laboral. El hecho de que el tipo de contrato tenga un registro estadístico facilita la elaboración de modelos cuantitativos, pero posiblemente conduce a confusiones.

Quizás el creciente uso de la diferenciación entre personas con contrato fijo y temporal como índice de segmentación se deba más al hecho de resultar adaptable a la visión convencional del mundo laboral, de la que participan muchos economistas formados en la tradición neoclásica. Según este enfoque el intercambio mercantil constituye una especie de actividad “natural” en la que entran los individuos de forma casi innata. Si bien se reconoce que el mercado no es en sí mismo un sistema autosuficiente, pues requiera la existencia de instituciones públicas que faciliten su funcionamiento, se recela de muchas de las instituciones no mercantiles que interactúan con el mercado. A menudo, éstas son vistas como un producto de coaliciones de intereses que tratan de imponer al resto de la sociedad unos resultados distintos de los del mercado competitivo, soluciones que resultarán favorables a un determinado sector social en función de las características de cada institución. Ésta es, por ejemplo, la visión que predomina sobre el papel de los sindicatos o la regulación estatal, la cual se aplica al análisis de la contratación laboral. Desde este enfoque el elemento fundamental de segmentación no lo constituirían tanto los contratos temporales como la excesiva protección a los contratos estables, que generaría una barrera entre distintos grupos de asalariados.

Si esta línea interpretativa fuera adecuada, se constataría que los mercados laborales estarían más segmentados allí donde existe más regulaciones formales, mientras que, en el límite, los mercados altamente competitivos tenderían a generar un bajo nivel de segmentación. Es destacable que los primeros análisis se centraran en el descubrimiento de los mercados internos de trabajo, especialmente los “seudomercados” que se encuentran en muchas grandes empresas, que ofrecían empleo estable, unas determinadas carreras de promoción y una serie de procedimientos formales para regular las relaciones laborales. Muchos de estos trabajos datan el origen de los mercados internos a principios del siglo actual, precisamente en el momento en el que se producía un considerable retroceso de la presencia sindical en el mundo laboral norteamericano.

Interpretaciones teóricas sobre la pluralidad de mercados laborales.

Los argumentos que se han dado para la existencia de mercados internos de empresa son múltiples. Variedad que en parte obedece a las diferentes concepciones ideológicas de los investigadores, a sus enfoques teóricos. Pero que en parte se deben a la propia complejidad de las relaciones laborales, a la multiplicidad de elementos que intervienen en las mismas. Unos autores destacan el interés empresarial por contar con una mano de obra bien formada, en un contexto en el que una parte de esta formación es específica a la propia empresa y en donde la costumbre y la implicación en un grupo colectivo resulta esencial para alcanzar este objetivo. En otros caos se subraya la importancia de la estabilidad como un medio para eludir prácticas “oportunistas” por parte de los trabajadores que pueden resultar dañinas a la empresa. En otros se analiza la creación de mercados como parte de las estrategias patronales para dividir a la clase obrera, generando la separación entre los de fuera” y l”los de dentro”: al primer grupo se le ofrecen mayores salarios y estabilidad en el empleo a cambio de lealtad y sumisión a los objetivos y dictados de la dirección empresarial. Por último, otro grupo de autores han subrayado que la formación de mercados internos de trabajo es el resultado del propio conflicto social, del complejo equilibrio que se crea entre las demandas de estabilidad laboral y reconocimiento profesional por parte obrera y las necesidades empresariales de conseguir un comportamiento cooperativo por parte de sus asalariados. En conjunto puede subrayarse que si las fuerzas que describen estos analistas son importantes, y creo que hay razones para reconocer su existencia, el desarrollo de mercados internos, de espacios laborales diferentes al mercado de alquiler puntual de fuerza de trabajo, van a desarrollarse con independencia de que existan leyes más o menos protectoras del empleo. En todo caso las instituciones particulares pueden influir en las formas concretas que adoptan estos mercados. En particular influyen en el hecho de que los mismos se construyan a partir de la negociación de las partes (empresas y sindicatos) o de estructuras jerárquicas impuestas por las empresas en las que predominan relaciones individualizadas o formas de representación con un fuerte control empresarial.

Los distintos trabajos de la segmentación laboral reconocían la existencia de múltiples formas de organización de la contratación laboral. Algunas muy diferentes de los mercados internos. En los mercados profesionales y de oficios por un lado, y en los llamados mercados secundarios, por otro. En ambos se percibía la existencia de una amplia movilidad entre empresas (aunque aquí se advierten grandes diferencias nacionales), pero ésta tiene lugar bajo situaciones muy diferentes. En los mercados profesionales la movilidad y las condiciones de trabajo están en cierta medida protegidos por una serie de instituciones profesionales que regulan el acceso de nuevos aspirantes y promueven el reconocimiento de prerrogativas particulares (sindicatos de oficio, colegios profesionales, titulaciones, etc.) Por el contrario, en los mercados secundarios esta movilidad se realiza en un contexto de baja protección (dependiendo en cada caso de las regulaciones estatales), de ausencia de reconocimiento profesional, de continuas entradas y salidas o de “aparcamiento” en áreas de empleo que ofrecen pocas alternativas a la mejora de la situación. Es incluso destacable la importancia de las regulaciones en los mercados secundarios. Algo que ponen en evidencia los análisis de los procesos de migración internacional, en los que es fácilmente detectable el papel que juegan las normas de residencia sobre las condiciones de trabajo de los inmigrantes. Normas que a menudo constituyen un mecanismo de presión sobre los salarios y las pautas laborales de estas personas. Las políticas de emigración no agotan sin embargo la regulación de los mercados secundarios, en ellos son también visibles otras muchas influencias, algo que han puesto de manifiesto los análisis de las políticas de bienestar y sostenimiento de la renta, o los referentes a las políticas de género.

Los tres tipos de mercados están influidos por las regulaciones públicas, por la existencia de organizaciones particulares: sindicatos, colegios, instituciones formativas, mafias organizadas, normas particulares, etc. Los resultados que se generan por el juego combinado de estas instituciones y las políticas patronales se traducen en la aparición de importantes desigualdades en materia de salario, estabilidad, carrera profesional, reconocimiento social, etcétera.

Asimismo se destaca que la adscripción de los individuos particulares a los distintos segmentos laborales, lejos de ser aleatoria, tiende a seguir pautas bastante regulares por razón de sexo, edad, nacionalidad y origen social. Una estratificación que resulta de las interrelaciones que se dan entre las políticas empresariales de contratación de personal, la intervención de las instituciones extramercantiles (familia, sistema educativo, códigos de nacionalidad, etc.) que condicionan que cada persona llegue al mundo laboral en situación diferente, y la intervención de las instituciones que intervienen en el mercado laboral (sindicatos, sector público, organizaciones patronales, instituciones de intermediación, etc.). Las diferencias personales extra-mercado y la propia experiencia laboral en un segmento particular del mundo laboral influyen de forma poderosa sobre la propia representación de la realidad que se hacen los individuos, lo que se traduce en un doble efecto: a nivel individual influyen en la configuración de las aspiraciones personales y la visión que cada uno tiene del mundo laboral, de su relación con las instituciones que actúan en el mismo. Desde un plano social, colabora a legitimar la segmentación, las diferencias en las condiciones de empleo, haciéndola aparecer más como el producto de las acciones e intereses individuales que como el resultado de las políticas patronales orientadas a dotarse, en dosis variables, de una fuerza de trabajo laboriosa, dócil, barata y flexible.

La dinámica de la segmentación laboral en el posfordismo.

Fuerzas dinámicas de la segmentación.

La existencia de distintos segmentos laborales puede encontrarse en todas las fases de la historia del capitalismo, pero sus características han ido cambiando con las transformaciones experimentadas por la estructura productiva. Estos cambios se explican en parte por la propia dinámica de la vida laboral. El carácter conflictivo de la misma se traduce en un continuo intento por redefinir el marco de las relaciones laborales, un terreno donde las empresas tienen un protagonismo principal gracias a las prerrogativas que les concede el marco institucional imperante en las economías capitalistas, aunque se trata de un protagonismo contestado por los trabajadores y en cuya resolución la simple fuerza no basta. Entre otras muchas razones porque el buen o mal resultado del proceso productivo depende, en gran medida, de la participación y cooperación activa de los trabajadores, lo que obliga a las empresas a obtener un cierto consenso de parte de los mismos.

En las formas de resolución de este conflicto juegan un papel crucial las políticas públicas, las cuales reducen o amplían el poder de empresarios y trabajadores, abren espacios de actuación o los limitan.

Pero el campo del conflicto y la gestión de la fuerza de trabajo no cierran por sí solos la cuestión. Está también influenciada por los cambios generales en la estructura productiva en campos tales como la composición y naturaleza de los procesos productivos, el grado de competencia entre empresas, la estructura empresarial, etc. Al fin y al cabo la vida empresarial navega entre dos espacios conflictivos, el de las relaciones laborales y el de la rivalidad empresarial. Por ello, la actividad laboral muestra situaciones muy diferenciadas según la naturaleza concreta de los procesos productivos y las características institucionales de cada contexto particular. De ello se deduce que las líneas potenciales de cambio se encuentran en planos diversos, entre los que destacaríamos el cambio tecnológico, los cambios organizativos, las transformaciones en la estructura del mercado y la composición de la producción, los cambios en las políticas públicas y las dinámicas del conflicto laboral, incluyendo las políticas sindicales.

Estos cambios se toman a menudo como meras transformaciones externas, a las que las empresas se adaptan pasivamente. La realidad parece más compleja, alguno de estos cambios se han producido como resultado de políticas empresariales claramente orientadas a producir cambios en el entorno institucional (como, por ejemplo, el apoyo financiero a opciones políticas favorables a la liberalización de las relaciones laborales), o son el resultado de sus propios procesos de aprendizaje y búsqueda de nuevas oportunidades de rentabilidad, pero conviene subrayar que las profundas transformaciones que están teniendo lugar en el mercado laboral son el resultado de una combinación de meras respuestas adaptativas al entorno y estrategias conscientes desarrolladas pro las empresas.

El debilitamiento de los mercados internos

En una primera aproximación, puede constatarse que en los mercados laborales la mayor parte de los países desarrollados, se ha producido un debilitamiento de los mercados internos, al tiempo que crecía la importancia de los mercados profesionales y especialmente , de los mercados secundarios. Un cambio que se traduce en una fuerte reducción de las expectativas de empleos estables, mejora sostenida de las condiciones de empleo y de marcos laborales altamente regulados que dominaron la fase anterior de desarrollo capitalista y sobre la que se cimentó la expansión de la afiliación sindical con un crecimiento continuado del bienestar y la reducción de las desigualdades sociales. No sólo se reduce el volumen de empleo en los mercados internos, sino también la importancia, en los mismos, de las pautas normalizadas que concedían un elevado margen de certeza y protección. La desregulación de los mercados laborales al calor de las políticas de flexibilización, a veces negociadas con los sindicatos y a veces impuestas sin ellos, conceden un mayor margen de discrecionalidad empresarial (en temas como la promoción, la movilidad o incluso la fijación de una parte del salario en función de la “productividad” individual) que se traducen en una mayor individualización de las relaciones laborales y una mayor relevancia de la “carrera” individual respecto a los sistemas de determinación colectiva de las condiciones de empleo.

La crisis de los mercados internos rompe las expectativas sociales sobre la paulatina extensión de los espacios laborales estables, una situación que permitía tratar las desigualdades laborales en términos de “cola”: el crecimiento económico permitiría generalizar a la mayoría de la población las buenas condiciones de los mercados internos. Esta imagen ha sido sustituida por una visión más competitiva de las relaciones laborales, más dominada por carreras individuales que al debilitar la acción colectiva refuerzan el espacio para la experimentación de sistemas de gestión individualizada de la fuerza de trabajo.

Podemos destacar tres conjuntos fundamentales de factores. En primer lugar los que influyen sobre la composición y las características de la producción. Destacan a este nivel: la internacionalización de la producción, con el consiguiente recrudecimiento de la rivalidad entre empresas; la introducción de nuevas tecnologías, especialmente el complejo microelectrónica-informática-telecomunicaciones, y su impacto sobre la práctica totalidad de parcelas productivas; y los cambios en la composición del producto final, caracterizados por una mayor diversificación de los productos materiales y un mayor peso de los servicios personalizados.

En segundo lugar las transformaciones en el papel y estructura de la intervención pública, debilitada frente al poder del capital privado, que afecta al mundo laboral desde dos ángulos diversos. En primer lugar un reducida capacidad de regulación macroeconómica, generada por las políticas de privatizaciones, la desregulación financiera y en el abandono del objetivo macroeconómico del pleno empleo. En segundo lugar, la creciente renuncia estatal a actuar como garante de derechos sociales o incluso la utilización de las políticas sociales como un mecanismo de configuración de una oferta de fuerza de trabajo con pocos derechos.

Por último destacan las transformaciones en el propio mercado laboral, que no sólo se limitan a los efectos provocados por los cambios ya citados (tales como la aparición de una nueva oferta planetaria de mano de obra barata o el recorte de muchos derechos laborales) sino que incluye también la presencia cada vez más masiva de una oferta permanente de fuerza de trabajo femenina adulta y de una amplia capa de personas con altos niveles de educación formal en la mayoría de los países desarrollados. Una nueva clase obrera que ha sido socializada de forma diferente a la clase obrera tradicional y que presenta, con respecto a la población asalariada del pasado, una mayor heterogeneidad en planos como los referentes culturales y en su composición de género.

La reorganización productiva y empresarial a que han dado lugar estos cambios han estado dominadas por una serie de ejes básicos: la búsqueda de respuestas poco costosas a las mayores cotas de incertidumbre que afectan al conjunto del sistema productivo, la reducción de costes como estrategia prioritaria para hacer frente tanto a las presiones competitivas como a las derivadas del sistema financiero, la búsqueda de una gran flexibilidad en la oferta de productos como un mecanismo crucial tanto para conseguir nichos de mercado como para reducir costes de capital (costes de almacenamiento, amortización del capital fijo invertido), y la reducción de los compromisos a largo plazo de la empresa para evitar situaciones sin salida en el futuro. A estas líneas de respuesta que obedecen fundamentalmente a los cambios en el “mercado” habría que sumar el objetivo de un marco de menores derechos laborales. Esta reducción de derechos laborales resulta en parte funcional a las demandas rentabilistas que pretenden hacer más variables los costes, entre ellos los laborales, más adaptable el trabajo, especialmente en su faceta cuantitativa, menos resistente a los cambios continuos. En parte son una respuesta “defensiva” a las demandas igualitarias y a la “crisis de disciplina” percibida por las empresas. Es posible incluso que el crecimiento de algunos mercados profesionales constituya una respuesta empresarial a los intentos de resolver el dilema que significa el querer contar con una mano de obra cualificada sin desarrollar, al mismo tiempo, una relación estrecha y estable con la misma.

Las políticas centradas en la flexibilidad y la reducción de costes laborales no se reducen el tamaño de los mercados internos, también provocan una mayor segmentación y variedad de los espacios laborales. Una segmentación que no se limita a la aparición de asalariados con diferentes tipos de contratos. En otros muchos casos el proceso tiene lugar a través de la subcontratación creciente de actividades, lo que se traduce en una fragmentación de las unidades de trabajo, aunque no en una descentralización del poder empresarial. Asociada a la fragmentación empresarial se encuentra el debilitamiento de las bases sindicales, la reducción de las posibilidades de carrera profesional y, hasta cierto punto, una renovada presión desde el mercado sobre las condiciones de trabajo. Cada vez más las grandes empresas tienden a adquirir la forma de núcleos coordinadores de una extensa red de empresas que operan en marcos laborales diferenciados (por ejemplo pertenecen a ramas de actividad con convenios laborales diferentes asociados a niveles retributivos diferenciados). En bastantes casos estas redes se diversifican en subredes en las que aparecen de forma paulatina peores condiciones de trabajo a medida que se desciende por las mismas. La combinación de esta estructura reticular en el seno de muchas empresas constituye el principal mecanismo para conseguir a la vez flexibilidad numérica y reducción de costes salariales.

En esta misma dirección operan las propuestas de diversificar las esferas de negociación salarial y aumentar las partes variables del salario, asociándolas a las citaciones particulares de cada empresa, centro de trabajo o sección. Su aplicación masiva conduce sin duda a una mayor diversificación de las condiciones de trabajo, en función de la situación específica de cada actividad o empresa, del papel que juega cada colectivo laboral en la estrategia empresarial. En definitiva aumenta la segmentación de la contratación y el empleo, no como producto circunstancial del intento empresarial de eludir una excesiva regulación pública sino como resultado de estrategias que desarrollan la segmentación como un medio para reducir costes y aumentar el control empresarial de la actividad laboral. Una estructura en red que permite un abaratamiento de los costes laborales mediante la introducción de diversas modalidades de destajo.

En esta misma dirección operan las propuestas de diversificar las esferas de negociación salarial y aumentar las partes variables del salario, asociándolas a las situaciones particulares de cada empresa, centro de trabajo o sección. Su aplicación masiva conduce sin duda a una mayor diversificación de las condiciones de trabajo, en función de la situación específica de cada actividad o empresa, del papel que juega cada colectivo laboral en la estrategia empresarial. En definitiva aumenta la segmentación de la contratación y el empleo, no como producto circunstancial del intento empresarial de eludir una excesiva regulación pública sino como resultado de estrategias que desarrollan la segmentación como un medio para reducir costes y aumentar el control empresarial de la actividad laboral. Una estructura en red que permite un abaratamiento de los costes laborales mediante la introducción de diversas modalidades de destajo.

El crecimiento a la vez de los segmentos extremos es en parte el resultado de estas políticas empresariales que tanto dan lugar al desarrollo de diversos tipos de empleos temporales y subcontratas en los niveles inferiores de la cadena laboral, como a la aparición de algunos mercados profesionales como resultado de la ruptura de los viejos mercados internos de empresa que incluían a parte de los empleados superiores. Aunque es, también en parte, el producto de los cambios en la estructura tecno-productiva que está produciendo al mismo tiempo una cierta polarización de las cualificaciones y la aparición de numerosas actividades con características temporales específicas. No puede perderse de vista que podemos estar ante un proceso que se autorrefuerza una vez alcanza cierto nivel: si la polarización de los empleos conduce a un aumento importante de las diferencias de renta es factible que los sectores favorecidos acaben pro generar una demanda de empleo de bajos salarios (fundamentalmente de servicios) que no aparecería con una distribución igualitaria de la renta. Algunos de los nuevos empleos que hoy proliferan en las economías anglosajonas son una reaparición, bajo nuevas formas, de este viejo modelo: guardias privados de seguridad, jardineros, chóferes...

El actual proceso de segmentación ha estado también influido por aspectos de oferta. El paro masivo, al reproducir un amplio ejército de reserva reduce el poder relativo de los salariados y los hace menos exigentes, no sólo individualmente: muchas de las medidas de subcontratación y reestructuración del colectivo laboral se han llevado a cabo bajo la amenaza de pérdidas masivas de empleos. Pero también por la llegada de nuevos colectivos laborales con una situación personal diversa. En unos casos con un escaso poder contractual: inmigrantes pobres , jóvenes y mujeres casadas... En otros con un bagaje educativo que les predispone a aceptar relaciones más personalizadas y a minusvalorar la importancia de la acción colectiva tradicional de muchos mercados internos. Diferenciación a la que contribuyen una amplia variedad de políticas públicas, especialmente importantes en el sector del empleo secundario: leyes de inmigración, normas específicas para el empleo a tiempo parcial, políticas de empleo para colectivos particulares, etcétera.

Cabría incluso investigar en qué medida está cambiando no sólo el peso de los mercados internos sino también sus características. Mientras en las épocas de pleno empleo y derechos sociales garantizados, los mercados internos de empresa se caracterizaron por un elevado nivel de negociación colectiva y de acuerdo social, la situación actual favorece la reaparición de situaciones de corte autoritario, paternalista o corporativo, en el que la negociación real es sustituida por una relación personalizada de la empresa con los trabajadores. No se trata de un fenómeno nuevo, de hecho éste fue el punto de partida de muchos mercados internos de empresa: el de articular un sistema de gestión laboral con alta integración de la plantilla y sin sindicatos. El posible renacimiento de este enfoque en el momento actual, sin duda bajo nuevas fórmulas, se ve favorecido por el nuevo contexto general y por las crecientes demandas empresariales de contar con una mano de obra adaptable, plástica y poco exigente.

Tendencias de la segmentación en España.

El mercado laboral español ha seguido, en líneas generales, la dinámica que acabamos de describir, aunque la misma ha tenido aspectos particulares, producto de la situación peculiar historia del país. Entre estas peculiaridades destacan la especial posición del capitalismo español en un economía mundializada, la estructura productiva del país y las tradiciones de gestión de las empresas españolas. A ello debe añadirse el proceso de cambio institucional iniciado en la transición política, y que en el plano laboral se ha traducido en importantes cambios en la regulación pública del mercado laboral.

Las dos graves crisis económicas (1977-84, 1991-94) y los subsiguientes periodos de expansión del empleo (1985-91, 1995-96) han significado cambios profundos en la estructura ocupacional. Los procesos de destrucción y creación de empleo no habían significado meros ajustes cuantitativos, sino que también han supuesto cambios estructurales que incluyen el cierre total o parcial de muchas empresas, la aparición de otras nuevas, a menudo en campos diferentes a las precedentes, y la reorganización de un gran número de las empresas que perviven. En este proceso una parte considerable de los expulsados del mundo laboral lo han sido de forma definitiva, mientras entraban en el mercado laboral nuevas cohortes de trabajadores con diferentes niveles de formación y actitudes vitales. Y estos procesos de entrada y salida se han producido en un marco institucional cambiante, en el que deben destacarse las reformas laborales realizadas en 1984, 1992, 1994 y 1997 que como hecho más significativo, han supuesto una importante apertura de las posibilidades de contratación atípica.

La extensión de la contratación laboral atípica y sus efectos segmentadores.

El imparable crecimiento de la contratación temporal constituye uno de los aspectos más conocidos de los cambios que han tenido lugar en el mercado laboral español.

La explicación dominante justifica la proliferación de contratos temporales por la existencia de unos elevados costes de despido de los empleados estables, sólo eludibles mediante el recurso a la contratación temporal. De ser cierta esta hipótesis aún podríamos considerar dos variantes. La primera supondría que el empleo temporal fuera un mero subterfugio legal para eludir los costes del despido, pero que bajo esta modalidad se esconderían muchos contratos estables (aunque obviamente con derechos reducidos). Es posible que algo de ello exista, especialmente en sectores en los que la estacionalidad de la actividad ha permitido a las empresas obviar los requisitos de una contratación estable mediante una hábil utilización de las posibilidades contractuales y los sistemas de protección al desempleo.

Una segunda variante es la de la utilización de los temporales como mero grupo de “colchón” frente a los avatares de la coyuntura económica. Su empleo variaría en el mismo sentido que la actividad económica, permaneciendo fijo el grupo de empleados estables. Sobre este presupuesto se ha elaborado un análisis del mercado español, basado en la hipótesis de los “insiders-outsiders”. Según este enfoque los trabajadores con contrato estable constituirían el grupo de los insiders, cuyo empleo sería indiferente a la coyuntura y que constituirían la práctica totalidad de la base sindical. Los segundos (outsiders) serían los contratados eventuales, cuyos puestos de trabajo desaparecerían cuando se redujera la demanda. El análisis concluye con dos corolarios fundamentales. El primero es que las demandas salariales establecidas pro los sindicatos no tienen en cuenta sus efectos sobre el empleo, puesto que su base social no se verá afectada por las malas coyunturas, serán los temporales quienes pagarán el pato” de las crisis provocadas por un excesivo crecimiento de las alzas salariales. El segundo que la flexibilización impuesta a través de los contratos temporales ha hecho más rígido” el mercado laboral español, al permitir a los empleados estables contar con un amortiguador de sus demandas.

La creciente aceptación de este argumento obliga a analizarlo con más detalle. La evolución del empleo temporal permite encontrar una serie de argumentos que contradicen esta visión y que no han sido tenidos en cuenta por los que defienden dichas tesis. En primer lugar se constata que el nivel de empleo temporal es muy diferente según los sectores económicos, no sólo porque la evolución del empleo desde 1984 ha sido muy desigual, sino también porque las características productivas y empresariales de cada uno de ellos son muy diferentes. Este diferente grado de temporalidad implicaría que el margen de maniobra de negociación de los empleados fijos es muy desigual según sectores. La temporalidad es claramente dominante en aquellos sectores donde siempre han sido importantes los mercados secundarios.

En segundo lugar, y éste es posiblemente el aspecto más relevante, el análisis de la última crisis del empleo (1991-94) muestra el efecto contrario al previsto por esta teoría: cayó más el empleo estable que el eventual, fundamentalmente porque fue en las actividades donde era predominante el empleo estable donde la crisis empresarial fue más profunda. Los datos sugieren que en el proceso de ajuste se realizó una verdadera sustitución de empleos fijos por temporales. El mismo crecimiento del área de servicios a las empresas, con altas cotas de empleo temporal, obliga a considerar que puede tratarse de un proceso de subcontratación de actividades auxiliares con el objeto de cambiar las condiciones contractuales de una parte de la fuerza de trabajo. Si, como pretende el modelo, las alzas salariales son las que provocan destrucción de empleo, en este caso estaríamos ante la paradoja de que los “insiders” hubieran sido tan miopes que habrían fijado demandas salariales que afectaban negativamente a su propia empleo.

En tercer lugar, si esta teoría fuera cierta las mayores alzas salariales deberían esperarse en los sectores donde predominan los “outsiders” y donde los estables se encuentran, por ello, más protegidos. No parece que exista evidencia de este fenómeno. Hay evidencias de que las alzas salariales que afectaron al sector de la construcción en el periodo 1989-91 fueron más el producto de las presiones de los empleados temporales para aprovecharse de una buena coyuntura. Y, en cuarto lugar, la constatación del creciente uso de los contratos de muy corta duración, que dan para España niveles de rotación laboral inauditos. seguramente en muchos casos se trata de relaciones laborales recurrentes que dan pie a un elevado número de contratos entre el mismo trabajador y la misma empresa a lo largo del año, pero en otros muchos se trata del predominio del empleo casual en una economía donde proliferan las actividades estacionales y los servicios, y donde algunos sectores, como la construcción, se han reestructurado en base a una gestión casual de la fuerza de trabajo. Para el sector de componentes de automoción, el recurso al empleo temporal constituye un recurso particular que aplican las empresas españolas a la hora de ajustar sus necesidades de fuerza de trabajo. Estrategia diferente a la aplicada en otros países con diferente marco institucional.

En términos generales debe considerarse que la extensión del empleo temporal en sus múltiples variantes constituye una tendencia hacia el desarrollo de un sistema de gestión laboral basado en el mercado secundario, en el que el contrato temporal juega el doble papel de permitir el desarrollo de actividades que requieren un rápido ajuste cuantitativo y favorecen una relación laboral personalizada en la que las empresas tienen un enorme poder. Como contrapartida, se trata de un modelo que no promueve la formación ni la cooperación a largo plazo, aunque la persistencia del desempleo y la recurrencia de muchas contrataciones puedan paliar parcialmente el problema. La legalización, en 1994, de las empresas de trabajo temporal y su rápida expansión ha supuesto un paso más en esta estrategia de utilizar la contratación temporal como un método para desarrollar una gestión laboral basada en la segmentación de la fuerza de trabajo. No sólo porque reduzca substancialmente los costes salariales, sino porque desplaza fuera de la empresa el control disciplinario de la fuerza de trabajo temporal. Introduce de hecho nuevos métodos de coerción sobre la fuerza de trabajo, derivados del interés de las empresas de trabajo temporal por ofrecer a sus clientes una mano de obra dócil y poco conflictiva.

Sin lugar a dudas la extensión del empleo temporal obedece a diversas razones. Algunas ya comentadas en el apartado anterior, como es el nuevo modelo de producción flexible e inestable. Un sistema que es posible implementar por la existencia de una abundante oferta de trabajo con conocimientos suficientes para desempeñar actividades relativamente sencillas. Otras pueden obedecer a aspectos particulares del mercado laboral español. Por una parte la especialización productiva en productos poco sofisticados y servicios de alta estacionalidad, que requieren el aporte de mano de obra estacional. Por otra las tradiciones de gestión autoritaria o paternalista de la fuerza de trabajo, generadas en una larga experiencia histórica de ausencia de libertades y que ahora pueden haberse mantenido apelando al nuevo marco contractual y al desempleo masivo. Se trata de una hipótesis despreciada por una academia económica que no tiene en cuenta la variable poder y que confunde las relaciones laborales con un mero mercadeo de productos donde simplemente se compra y se vende una mercancía.

El papel del sector público y el empleo primario.

La proliferación de empleo precario, y el consiguiente crecimiento del empleo secundario, no agota los cambios realizados en el mercado laboral español. El crecimiento de las ocupaciones profesionales obliga a considerar que ha tenido lugar también una expansión del empleo primario, pero en este proceso ha jugado un papel muy importante el sector público. El empleo público ha experimentado una notable expansión, sin que las políticas privatizadoras de la década de los noventa lo hayan parado por completo. El empleo público presenta notables diferencias con el sector privado, no sólo por las peculiares características institucionales del funcionariado sino también por la elevada concentración de empleos asociados a niveles elevados de educación formal. No se trata sólo de un empleo más protegido, en términos de estabilidad laboral, sino también de un espacio donde existe mayor protección en muchos aspectos de la vida laboral: existencia de procedimientos formales en materia disciplinaria y de carrera profesional, mayores garantías en el cumplimiento de normas laborales y en los incentivos salariales. El sector público presenta además una estructura salarial más igualitaria que el sector privado, lo que implica una menor diferenciación social de su fuerza de trabajo.

La expansión del empleo público a lo largo de la década de los ochenta y parte de los noventa ha supuesto la creación de un gran número de empleos primarios, muchos de ellos ofrecidos a personas con educación formal elevada. Algo que contrasta con la relativamente reducida capacidad del sector privado de crear este mismo tipo de empleos, explicable sin embargo por la situación particular del sector privado español, colonizado en parte por empresas multinacionales que tienen la mayor parte de empleos de alto contenido tecnológico en el exterior. De hecho el papel del sector público en la generación de puestos de trabajo para personas educadas ha sido posiblemente mayor, por la existencia de políticas de concertación con sectores privados en áreas como la educación o la sanidad, aquellas que precisamente han generado mayor empleo de este tipo.

Un papel que resulta especialmente crucial, cuando se tienen en cuenta los aspectos de género: el sector público ha sido el principal creador de empleos femeninos para personas con educación formal. En parte por que el “prototipo” de muchos empleos públicos sigue obedeciendo a las pautas sexistas tradicionales (maestras, etc.) en parte también pro la existencia de mentor discriminación por género aplicada por le sector público a la hora de contratar. Es posible, a modo de hipótesis, que esta diferenciación sea aún mayor si se atienen a la posición social real de una parte de estas empeladas públicas. Dada la diferenciación de género y cualificación que presentan el sector público y el sector privado, no parece descabellado esperar que sectores importantes de capas medias estén formados por matrimonios cuyos miembros adultos obedecen al prototipo de un empleo masculino en el sector privado y uno femenino en el público con niveles relativamente altos de ingresos y estabilidad, lo que contrasta con la situación imperante en otros sectores sociales.

La hipótesis de que el sector público ha jugado un papel crucial en la consolidación de un segmento de empleo primario, debe ser matizada en algunos aspectos. En primer lugar cabe destacar la propia transformación del empleo público, si bien éste ha crecido globalmente, su impacto sectorial ha sido desigual, puesto que en el mismo periodo se creaban miles de empleos en los diferentes servicios públicos, se reducía drásticamente el empleo industrial (a través de las reconversiones y en menor medida de las privatizaciones), que constituía uno de los grandes núcleos de empleo primario masculino, posiblemente uno de los nodos básicos de concentración obrera tradicional. En este sentido la transformación de las políticas públicas puede haber tenido una importancia crucial en la configuración de los distintos segmentos sociales, debilitando, a la clase obrera industrial y favoreciendo la emergencia de nuevas capas medias. En segundo lugar, las políticas de austeridad reforzadas a lo largo de los noventa han supuesto generar un volumen elevado de empleos primarios. Y en tercer lugar la paulatina aparición de políticas de subcontratación de actividades y de uso de nuevas modalidades de contratación temporal que han sido poco estudiadas, pero que pueden dar lugar a nuevos segmentos de asalariados públicos.

Nuevas líneas de segmentación: reorganización empresarial, políticas públicas y negociación colectiva.

El estatus contractual no constituye el único elemento de segmentación laboral. Bastantes estudios apuntan a la importancia del tamaño de las empresas en la configuración de diferentes condiciones de trabajo, tanto en el plano de la estabilidad en el empleo como en el de los niveles retributivos, el reconocimiento de cualificaciones o el sistema de relaciones entre empresarios y trabajadores. Por desgracia no contamos con buena información sobre la estructura ocupacional por tamaño de empresa. No parece descabellado esperar que los procesos de reorganización de la actividad productiva y su incidencia sobre la estructura empresarial, con el desarrollo de verdaderas cadenas, o racimos de empresas, está tendiendo a reforzar la fragmentación de las unidades de trabajo y favoreciendo el desarrollo de políticas que refuerzan la individualización y consiguiente diferenciación de las condiciones laborales. Incluso en grandes empresas, las tendencias a organizarse en pequeñas unidades de trabajo, con relativa autonomía, pero sujetas al control externo de la dirección, puede acabar por propiciar el crecimiento de diferencias laborales. Los estudios que han analizado algunas redes de producción muestran notables diferencias ente el núcleo central y la periferia, especialmente cuando ésta se sitúa en condiciones espaciales (áreas rurales) o sociales (empresas con mayoría de personal eventual) con menor resistencia social.

Algunos cambios en los comportamientos de las instituciones pueden agravar esta diferenciación. Por una parte destacan lo proyectos de reestructuración del sector público orientados a reducir la provisión pública de servicios y pensiones. El desarrollo de tales políticas puede generar la aparición de políticas de provisión por parte de las empresas (especialmente en el plano de los planes suplementarios de pensiones) que se convierten en un elemento de reforzamiento de las delimitaciones entre trabajadores “internos” y “externos”, y que puede aumentar la brecha existente entre los empleados de diferentes tipos de mercados laborales: De hecho esta situación tiene una larga tradición en algunas empresas públicas o de los sectores centrales como la banca, lógicos en un país donde el Estado del bienestar tiene una corta vida. La existencia de derechos diferenciados tiene un papel importante en las políticas de gestión de personal (algo que ya conocían los capitalistas de antaño al desarrollar el sistema de “colonias” fabriles), e influye tanto en la delimitación de las vías de acceso entre áreas laborales, como en el desarrollo de la propia subjetividad de los trabajadores. Hay que considerar también la incidencia de las políticas de inserción. Lejos de reducir la segmentación, las nuevas políticas pueden ayudar a profundizarla y puede incluso que se convierta en un nuevo incentivo para el uso del empleo temporal.

No está claro que la acción de los sindicatos y la negociación colectiva vaya a constituir por sí misma un contrapeso a estas tendencias. Especialmente si las presiones flexibilizadotas de las empresas se traducen en nuevas pautas de negociación en las que aumenta el peso de los componentes variables del salario y los derechos sociales se vinculan a la situación de cada empresa particular. Incluso puede ocurrir que los intentos de recuperar en la negociación colectiva lo que se puede en el plano macroeconómico, conduzcan a una creciente diferenciación entre distintos grupos de salariados, en función de su posición negociadora particular.

La nueva inmigración.

La internacionalización de la economía española también está generando la llegada de flujos inmigratorios bastante nuevos en el país. Hasta años recientes éstos se habían circunscrito a personas procedentes de países desarrollados y ocupaban empleos de alto nivel, a menudo relacionados con empresas multinacionales o con algunos mercados profesionales particulares. Se traba de una inmigración de “élite” cuya presencia es, en general, poco discutida en la medida que se trata de mercados crecientemente internacionalizados y en los que se acepta la existencia de una enorme competencia. La novedad se encuentra en la creciente llegada de inmigrantes extracomunitarios pobres.

Este colectivo tiende a ocupar algunos segmentos específicos de los mercados secundarios, a menudo siguiendo pautas de especialización bastante claras según género y nacionalidad de origen (mujeres filipinas o dominicanas en los servicios domésticos, hombres magrebíes en la construcción o la agricultura, jóvenes asiáticos en la hostelería, etc.). Se trata de submercados cuya operativa está influida por las mismas normas de inmigración, las cuales debilitan aún más el ya de por sí escaso poder negociador entre estos grupos sociales. Si bien en su mayoría ocupan espacios laborales marginales, no pueden despreciarse algunos efectos sobre el conjunto del mercado. Por un lado reforzando la competencia y la consiguiente degradación de las condiciones laborales de algunas áreas de empleo secundario. De otra el efecto simbólica que su presencia puede generar en determinados sectores asalariados, que los perciban como competidores directos y, consiguientemente desarrollen nuevas medidas que refuercen aún más la creación de verdaderos guetos laborales.

Segmentación y dinámicas personales.

A menudo juzgamos las situaciones en un memento dado del tiempo, sin caer en la cuenta de que muchas cuestiones importan más o menos en función del tiempo. Éste es el caso de la segmentación laboral. El que las condiciones de trabajo de las personas sean diferentes en un momento del tiempo es posiblemente menos significativo que su trayectoria tradicional. De hecho siempre han tenido una situación diferente los aprendices que los trabajadores adultos, sin que ello significara una pérdida de la cohesión social de la clase obrera. Los problemas de la segmentación son en este sentido más importantes cuando las diferencias se hacen permanentes, se bloquea la movilidad entre las diferentes categorías y aumenta la diferenciación entre grupos sociales.

No estoy en condiciones de dar respuestas completas, sino de apuntar vías de análisis. El punto de partida es que en cualquier momento del tiempo existen notables diferencias relacionadas con el ciclo vital de las personas. Las diferencias a corto plazo no tienen necesariamente que mantenerse para toda la vida. Las mutaciones del mercado laboral se advierten por tanto analizando el diferente recorrido de distintas cohortes de edad. Ello es especialmente importante en el análisis actual de las mutaciones del mercado laboral, en especial a lo que atañe a la precariedad y el paro.

Una vida laboral más sincopada.

Una primer perspectiva surge cuando se considera el paulatino estrechamiento de la vida laboral. Las personas se incorporan más tardíamente a un empleo regular y corren un mayor riesgo de una expulsión prematura del mismo. Ello puede afectar a la forma como las personas viven su relación con el trabajo en etapas diferentes de su vida.

El ingreso al mundo laboral no sólo se retrasa, sino que al mismo tiempo está asociado a un complejo proceso de inserción en el que se combinan en dosis variables experiencias de empleos temporales, asistencia a diversos cursos formativos, experiencias en prácticas laborales y realización de estudios superiores curriculares. Este largo y complicado proceso de inserción no sólo retrasa la consolidación de los estatus laborales, da lugar asimismo a la construcción de complejas culturas del trabajo, especialmente entre aquellos colectivos orientados hacia un claro proyecto profesional. Mientras en la fase central de la vida activa aumentan, paradójicamente, las presiones para mantener una dedicación absorbente al trabajo, relacionada con el peso creciente de los sistemas de carrera y con las exigencias del modelo de gestión flexible del tiempo de producción. Por último los trabajadores de edad avanzada están sujetos a menudo a presiones para el abandono prematuro del empleo.

La segmentación del desempleo.

Una segunda cuestión consiste en analizar el desempleo desde la óptica de la situación personal. Que el desempleo afecta con diferente intensidad a diferentes personas, según su edad, género, etc., es cuestión harto conocida. El punto sobre el que quiero llamar la atención es el hecho de que al mismo tiempo que se produce una segmentación de los puestos de trabajo, también es posible que exista una cierta segmentación en lo que respecta al desempleo, debido al contexto institucional que regula la situación de desempleo y a las políticas empresariales de contratación.

Un aspecto relevante lo constituye el modelo de cobertura del desempleo, con sus diferentes cribas de acceso. La más relevante es la que se establece al relacionar el tiempo y la cuantía de las percepciones con las cotizaciones realizadas anteriormente. Ello significa la exclusión de los parados de primer empleo y de una parte de las personas con empleo precario, como ha puesto de manifiesto la fuerte reducción de los niveles de cobertura de las prestaciones a partir de la aplicación de la reforma de 1992. Esta selección en el tramo contributivo de la prestación se mantiene en el acceso a la prestación asistencial, en la que se prima la situación familiar (básicamente la consideración de cabezas de familia) y la edad. Debe también considerarse que en muchos casos estas diferencias vienen reforzadas pro el nivel de las indemnizaciones de despido percibidas o incluso, por la participación en planes de prejubilación. En definitiva pro el lado de las prestaciones los hombres adultos tienen mayores probabilidades de percibir una pensión que las mujeres y los jóvenes de ambos sexos.

Al efecto de las pensiones se suma la diferente posición en el mercado laboral. Ello tiene que ver con la dotación de cualificaciones y las políticas empresariales. La complejidad y variedad de conocimientos necesarios para el desempeño laboral constituyen aspectos relevantes en el debate sobre el paro. Se trata sin embargo de una cuestión compleja. En primer lugar está la cuestión de los niveles educativos, en la que las diferencias entre parados jóvenes y adultos son muy grandes, aunque persistan niveles educativos diferentes entre los mismos jóvenes. En segundo lugar está la cuestión de la experiencia laboral, relacionada con la formación en le puesto de trabajo y la socialización labora. En este caso la situación tiende a ser inversa: los adultos tienen ventajas sobre los jóvenes. Ello debe matizarse por el cambio en el contenido de los empleos, que puede dar lugar a despreciar a trabajadores con experiencia por considerarla obsoleta respecto a las necesidades de los nuevos empleos. No se trata sólo de un problema de conocimientos y aprendizajes, el nuevo modelo productivo exige a menudo adaptación en aspectos no cognitivos: cambios en la jornada laboral, movilidad geográfica, en procedimientos y derechos. Demandas de adaptación a la que suelen ser más reacios las personas adultas con una personalidad más cristalizada y un entramado de relaciones sociales más rígido. Algo que afecta también a las mujeres casadas para quienes el mundo del empleo asalariado no puede diferenciarse del mundo del trabajo reproductivo. Ello da lugar a nuevas diferencias entre pardos y paradas adultos con escasísimas perspectivas de empleo, y que en gran parte constituyen un sector expulsado del mundo laboral y jóvenes parados, encerrados en un círculo de dependencia familiar, búsqueda de experiencias cualificantes y empleos precarios de corta duración.

Es posible que las diferencias en los dos campos, el de la cobertura de rentas y el de la empleabilidad conduzcan a comportamientos diferenciados a distintas personas desempleadas, lo que debe tomarse en cuenta a la hora de discutir intervenciones públicas al respecto.

¿La precarización sólo es un fenómeno juvenil?

La tercera cuestión a preguntarse es la persistencia en el tiempo de las diferencias que en cada momento podemos encontrar entre grupos de edad. Por desgracia no contamos en España con paneles que permitan seguir la trayectoria de una persona a través del tiempo. Para tratar de hallar algunas pistas de lo que está ocurriendo he optado por analizar lo que ha ocurrido con los grupos de edad más jóvenes en un periodo de nueve años. El supuesto es que las personas que en 1987 estaban en los grupos de edad menores de 25 años, estarán ahora en los grupos siguientes en 1996. Comparando la situación laboral de estos dos grupos de edad podemos tener alguna indicación de lo que puede haber ocurrido. Algunas tendencias resultan evidentes. Por una se observa que efectivamente la edad constituye un elemento importante de diferenciación, en la medida que las personas tienden a estabilizar su situación al entrar en la edad adulta. Pero por otro lado se observa que esta consolidación no es completa que aspectos como la precarización se han consolidado y afectan a mayores núcleos de población. Aunque puede decirse que empleo temporal es casi sinónimo de empleo juvenil, no puede asociarse estabilidad laboral con empleo adulto. La progresión del empleo temporal ha sido tan importante que alcanza de forma significativa a todos los grupos de edad. Visto este crecimiento es posible que exista un estrato de personas para las cuales el trabajo temporal constituya su forma habitual de vida, algo especialmente notorio para aquellos ubicados profesionalmente en actividades donde predomina la temporalidad.

La evolución por cohortes de edad del empleo público también resulta significativa. La concentración del mismo entre los trabajadores de edad mediana y su pérdida de peso en el sector juvenil, algo explicable por el hecho de la expansión del empleo público a finales de la década anterior y el paulatino cierre de nuevas incorporaciones. Si esta tendencia se mantiene, está por ver si el sector privado va a ser capaz de crear un volumen satisfactorio de empleos estables y que utilicen mano de obra educada. Si no es capaz de hacerlo asistiríamos a una pérdida de peso del segmento de empleo primario y una ampliación de la franja de empleos secundarios.

Novedades en la segmentación por género

En gran medida la separación entre hombres y mujeres en el plano profesional se mantiene intacta. A lo largo del presente trabajo he mostrado sin embargo que dentro del segmento femenino existe una notable diferenciación entre los empleos públicos y privados. En los primeros se concentra gran parte del empleo femenino primario, estable, con cualificación reconocida, mientras que en el segundo predominan los empleos de servicios, inestables y con escaso reconocimiento social y económico. Un área que muestra dos cuestiones cruciales en el análisis de la segmentación. En primer lugar muestra la influencia de las instituciones en la constitución de los segmentos laborales. En segundo lugar obliga a combinar el análisis de género con el análisis de clase y grupo social, espacios que demasiadas veces se ignoran mutuamente o compiten como enfoques rivales, cuando ambos contribuyen a la vez a la comprensión de una de las cuestiones cruciales del enfoque de la segmentación: el estudio de las desigualdades sociales.

A pesar de que las líneas generales siguen intactas, existe sin embargo un aspecto novedoso en el mercado laboral. Es la creciente aparición del empleo a tiempo parcial. Un empleo que tiene un matiz netamente femenino. Lo que resulta relevante no es sólo su importancia creciente, sino el hecho de que el mismo concentre en empleo privado femenino, y sectorialmente en el campo de los servicios. Aunque la valoración de su crecimiento puede resultar ambigua, lo que parece fuera de duda es que el desarrollo del empleo a tiempo parcial constituye claramente un proceso de segmentación laboral más. Un proceso que aumenta las diferencias sociales entre sectores de la población trabajadora y que amenaza con crear un nuevo gueto de empleo femenino, en el que la ausencia de alternativas predomina sobre el libre control del tiempo que debería ser la clave de los cambios en la jornada laboral.

Conclusión

En las páginas precedentes he tratado de aportar algunas perspectiva sobre los cambios habidos en los últimos años en el mercado laboral. Cambios complejos y en los que juegan muchos factores. Pero cambios que parecen dirigirse a la consolidación de una mayor diversidad de situaciones laborales, lo que puede tener efectos importantes sobre las desigualdades sociales, las subjetividades de distintos grupos sociales e incidir en un amplio espectro de cuestiones. He tratado de subrayar especialmente que las dinámicas de la segmentación no se pueden reducir al debate sobre las formas de contratación, sino que en ella juegan un papel importante otros factores, especialmente la evolución del empleo público, la estructura empresarial y aspectos derivados de las diferencias por género y nacionalidad. Elementos todos ellos que como ha analizado E. Cano (1996) contribuyen a generar áreas de empleo precario, en los que predominan bajos salarios, derechos sociales disminuidos y limitado reconocimiento social y profesional. Aspectos que a menudo se ignoran por corrientes académicas más atentas a producir visiones simplistas de la realidad en la que casi siempre subyace un prejuicio procapitalista.

Las dinámicas de segmentación que he tratado de discutir constituyen a mi modo de ver elementos a considerar no sólo a la hora de estudiar las diferencias de ingresos y estabilidad laboral, sino también en otros campos anexos. Entre ellos quisiera subrayar el impacto en el sistema de relaciones laborales, en la individualización de las relacione laborales y la erosión de derechos sociales. Campos todos ellos en los que estas dinámicas son importantes no sólo porque crean mecanismos de diferenciación social, también porque generan procesos subjetivos que dificultan el desarrollo de una conciencia colectiva capaz de generar fuerzas que contrarresten el pernicioso crecimiento de las desigualdades y la precariedad.

La segmentación del mercado de trabajo en España.

Introducción.

El estudio de las transformaciones de las relaciones laborales debe tener necesariamente en cuenta la base social sobre las que éstas tienen lugar, la estructuración del mercado de trabajo, de las relaciones entre distintos grupos de trabajadores y entre éstos y las empresas.

Perspectiva teórica.

La segmentación del mercado de trabajo constituye uno de los esfuerzos analíticos más importantes que ha tratado de formular una alternativa a la explicación neoclásica del funcionamiento del mercado de trabajo. Más que de una teoría acabada se trata de un conjunto de aportaciones coincidentes realizada por personas que provienen de tradiciones culturales diferenciadas: institucionalismo, escuela de Cambridge, marxismo e incluso neoclasicismo heterodoxo. Trataremos de presentar un balance sucinto de estas aportaciones aclarando de antemano que se trata de nuestra propia lectura particular de las mismas, sujeta por tanto a discusión.

En el enfoque económico dominante el mercado de trabajo es un mercado único en el que participan todas las personas que buscan empleo y todas las empresas que quieren contratar trabajadores. Las fluctuaciones de salarios constituyen el elemento básico que regula el mercado y que guía el comportamiento de trabajadores y empleadores. Se supone que unos y otros se comportan racionalmente, en el sentido de que toman decisiones basadas en la maximización de algún objetivo (la utilidad -los trabajadores-, los beneficios -los empresarios-) tomando como datos otras variables (las preferencias y las rentas no salariales, los oferentes de fuerza de trabajo; la tecnología y los precios, los empresarios). Cada individuo actúa libre e independiente y en el caso de los trabajadores se supone que su nivel educativo depende de que el proceso productivo es una mera aplicación de una tecnología determinada exógenamente y exenta de toda conflictividad intrínseca. Siempre que se den las condiciones de competencia perfecta y precios fluctuantes el mercado alcanzará el equilibrio. En situación de equilibrio las diferencias salariales reflejarán diferencias de productividad de las personas y no existirá paro. Si en el mundo real no se da esta situación se debe a la existencia de diferentes impedimentos al buen funcionamiento del mercado: barreras de entrada que producen oligopolios y especialmente la actuación del sector público y de los sindicatos.

Los estudios de la segmentación laboral han mostrado que no existe un único mercado de trabajo, sino que existe una pluralidad de marcos de contratación. Cada mercado específico se caracteriza pro la existencia de un conjunto de barreras que limitan el acceso a los mismos y les diferencian de otros mercados diferentes. La vida laboral de los trabajadores viene marcada por el mercado específico en el que se ubican, ya que éste determina sus posibilidades de movilidad y las condiciones de trabajo a que tienen acceso. El paso de un mercado a otro sólo puede realizarse cumpliendo las condiciones que determinan los “puertos de entrada” específicos de cada uno de ellos.

La existencia de tres grandes mercados: el primario superior (específico de los empleos profesionales muy cualificados y caracterizado por una enorme movilidad laboral como mecanismo de promoción individual), el primario inferior (característico de los empleos estables de la industria y los servicios de cualificación media y en la mayoría de los puestos de trabajo se cubren por promoción interna en las empresas, accediéndose a ellas por un número limitado de puntos: botones, especialista, etc.) y secundario (caracterizado por empleos inestables, mal considerados y de baja retribución; la enrome movilidad entre empresas no constituye aquí motivo de promoción, sino la forma habitual de “estar” en el mercado).

La existencia de mercados segmentados puede ser aceptada por los economistas convencionales como el resultado de barreras impuestas por las instituciones, aunque suelen confiar en que finalmente las fuerzas del mercado serán tan fuertes que acabarán restableciendo la competencia generalizada entre trabajadores. El enfoque que comentamos no se diferencia tan sólo por constatar la existencia de estas “imperfecciones” sino por ofrecer un marco explicativo alternativo del proceso de producción.

El punto de partida es la consideración de la producción como un proceso social en la que los individuos cooperan según pautas institucionales que determinan su posición en el mundo laboral y sus derechos a la obtención de una parte del producto. Estas normas institucionales varían en cada sociedad y en el mundo actual están determinadas por relaciones de producción capitalistas. Estas relaciones configuran un marco general dominado pro un reparto desigual del poder (en base a las prerrogativas de la propiedad privada de los medios de producción) y por una conflictividad estructural (entre trabajadores y capitalistas, entre empresas que compiten entre sí).

La formación de mercados segmentados de trabajo es uno de los resultados de este proceso contradictorio. En parte se desarrollan como respuestas espontáneas del funcionamiento de las economías capitalistas y en parte son un producto de las políticas laborales que conscientemente adoptan las empresas.

Las empresas deben resolver a la vez tres problemas: el de contener las retribuciones salariales a unos niveles que garanticen beneficios (problema distributivo), el de conseguir un comportamiento productivo adecuado de los trabajadores (problema de control) y el de conseguir una fuerza de trabajo adaptable a los cambios en el mercado de productos (problema de flexibilidad). El diseño de las políticas laborales debe permitir resolver a la vez estas tres problemáticas, pudiéndose adoptar diversas soluciones en la que estarán implicadas las posibilidades tecnológicas, las técnicas de organización, los sistemas de incentivos y castigos, las formas de contratación de la mano de obra. Las soluciones que se adopten en cada caso afectan a la estructura de trabajo. En general las empresas tienden a aplicar soluciones diferenciadas para puestos de trabajo orientados a cubrir distintas tareas. Se produce, al mismo tiempo, una segmentación entre trabajadores de diferentes empresas debida a que la situación de mercado de unas y otras les da una mayor o menor posibilidad de aplicar una determinada política empresarial. Una empresa con una fuerte posición de mercado está en mejor situación de ofrecer puestos de trabajo estables y promoción interna que una empresa subcontratista de la primera y otra que se mueve en un mercado muy competitivo.

Las políticas empresariales no actúan en el vacío. Se contraponen a otras fuerzas que también intervienen en la configuración de los segmentos. Entre estos elementos destacan la propia actuación colectiva de los trabajadores, la intervención estatal y el papel jugado por las instituciones que participan del proceso de reproducción de la fuerza de trabajo. Los trabajadores no son robots pasivos, sino que actúan, se organizan y luchan frente a aquellas políticas empresariales que juzgan lesivas a sus intereses. Los empresarios tienen mayor poder pero para imponer sus políticas de segmentación deben conseguir un cierto grado de legitimación frente a sus oponentes. De aquí que las diferencias entre trabajadores sean tanto más estables cuando puedan justificarse mediante algún dato “objetivo” que las haga aceptables entre los propios empleados.

Por su parte, la intervención estatal es importante a distintos niveles. En la medida en que las normas legales juegan un papel importante en la vida laboral, los cambios en las políticas estatales afectan directamente a las posibilidades de actuación empresarial, ampliando o disminuyendo su campo de opciones. La intervención pública en todo lo que supone reproducción de la fuerza de trajo: escolarización, seguridad social, etc., contribuye a ampliar o reducir las diferencias entre personas y con ello a favorecer o desalentar determinadas formas de diferenciación social. Por último, la actuación del sector público como contratante de fuerza de trabajo es importante no sólo por las condiciones que ofrece a sus empleados, sino también como referencia para el sector privado.

Otras instituciones, en especial la familia, participan también de este proceso al producir diferencias de roles y actitudes entre individuos, las cuales se reflejarán en su comportamiento laboral.

La segmentación resultante no es por tanto una mera respuesta a las políticas empresariales, sino que es el resultante de las interrelaciones entre éstas y el resto de los elementos que acabamos de señalar. Conviene subrayar que cuando un modelo de segmentación está consolidado, sus efectos van más allá de la mera diferenciación en las condiciones de trabajo. En la medida en que la experiencia laboral juega un papel importante en la vida de las personas, sus propios puntos de vista se ven afectados por la misma, y sus actitudes laborales tienen a adaptarse a su propia experiencia. Este proceso subjetivo refuerza la segmentación: los empresarios aducen que contratan bajo regímenes diferentes a personas con distintas actitudes y los propios trabajadores de los distintos segmentos tienden a verse diferentes de los otros.

Las dinámicas que estos procesos engendran permiten comprender no sólo la diferenciación laboral, sino fenómenos como la pobreza persistente de determinados sectores sociales y las discriminaciones padecidas por colectivos sociales concretos. Los procesos de segmentación tienden, en estos casos, a reproducir las desiguales condiciones de partida y en muchos casos las potencias. De aquí que resulten fallidos los intentos de romper la marginación con medidas simples. Es más, la investigación desarrollada hasta ahora ha permitido mostrar que la existencia de colectivos desfavorecidos resulta adecuada para dotar a las empresas de mayores márgenes de maniobra en los tres terrenos de conflicto que hemos señalado.

Queremos resaltar por último que la segmentación ha constituido una situación persistente en la historia del capitalismo. Lo que cambia en todo caso es la amplitud y naturaleza de los distintos segmentos en respuesta a los cambios en el plano productivo y en el del ambiente político. No se trata por tanto de considerar a la segmentación como un fenómeno nuevo, sino de analizar las orientaciones que adquiere este proceso en una coyuntura histórica concreta y en qué medida se convierte en un factor de reestructuración social.

La segmentación del mercado de trabajo en los ochenta.

Como es bien conocido, desde finales del os ochenta se producen cambios muy considerables en el mundo laboral español. Cambios que afectan directamente a la estructura de los empleos y que por tanto alteran la segmentación del mercado de trabajo. Debemos adelantar que el enfoque de la segmentación ha jugado un papel marginal en el análisis económico, a pesar de contarse con suficiente información sobre la misma. Posiblemente la falta de trabajos se debe tanto a las dificultades de realizar tests sencillos de la teoría, como muy especialmente al neto predominio de la tradición neoclásica que ha marginado al campo de lo sociológico cualquier enfoque que introdujera endógenamente variables institucionales. En los últimos años se han empezado a realizar trabajos que implícita o explícitamente parte de la perspectiva de la segmentación pero está aún pendiente n análisis de conjunto del que aquí trataremos de esbozar una primera aproximación, basada en el material aparecido.

Las fuerzas del cambio.

No cabe duda de que han sido los cambios en el ambiente económico los principales causantes de las transformaciones que vamos a analizar. Peor a menudo se confunde una vaga referencia a las fuerzas del mercado o a la crisis económica como un medio para eludir el análisis riguroso de lo que realmente ha sucedido. No es éste el lugar para discutir estos problemas en profundidad, pero es necesario destacar una serie de rasgos básicos de la situación económica que parecen estar en el origen de estos cambios y que permiten considerar que los mismos son algo más que respuestas a una coyuntura desfavorable.

Sin negar que en toda crisis pueden existir componentes de tipo cíclico, nos parece importante destacar aquellos factores que juegan un papel específico en el proceso que estamos analizando. Tres son los principales factores de cambio que se destacan de los estudios explicativos de la crisis: los aspectos distributivos, la internacionalización de la producción y las transformaciones en la estructura tecnológica y productiva.

Parece probado que a partir de la década de los sesenta tuvo lugar en la mayor parte de los países occidentales una enorme presión social que se manifestó tanto en el plano de la distribución (mayores salarios) como en el del control del proceso de trabajo. A pesar de que el éxito de estas presiones no fue radical, representaron una carga excesiva para la óptica empresarial y condujeron a considerar el aspecto laboral como uno de los temas estratégicos de las políticas empresariales. En España este hecho fue especialmente agudo, no tanto porque los trabajadores consiguieran cambios radicales en la distribución de la renta, como por que esta presión tuvo lugar en un contexto de cambios políticos bastante profundos. El nivel de movilización social fue impresionante y las empresas tuvieron que enfrentarse a un marco laboral al que no estaban acostumbradas. La legalización de los sindicatos no sólo suponía algunos costes a corto plazo, sino que provocaba una enorme incertidumbre sobre el uso que los trabajadores harían de este nuevo marco legal en materias tales como control del proceso de trabajo, seguridad e higiene, control de la información empresaria, etc.

Un segundo factor a considerar es el de la internacionalización del capital. Si bien es cierto que la economía capitalista siempre ha tenido una dimensión planetaria, nunca como en los últimos años se había alcanzado un grado tal de interpenetración territorial y de intervención empresarial a escala global. Tres parecen ser los factores que han conducido a esta situación: el desarrollo de grandes empresas que necesitan un espacio cada vez más amplio para colocar su producción y seguir creciendo. La existencia de tecnologías de la comunicación y del transporte que facilitan el control a larga distancia de una gran cantidad de flujos productivos. El avance de la electrónica, la informática, el transporte aéreo, etc., ha acelerado este proceso. Pero el factor crucial ha sido el de los cambios institucionales adoptados por la mayoría de los gobiernos tendentes a facilitar esta movilidad del capital bajo el supuesto de que la internacionalización es básicamente beneficiosa: la reducción de barreras arancelarias, la liberalización de los movimientos de capital, las políticas de integración económica siguen esta línea. Es indudable que, al menos acorto plazo, este proceso ha producido efectos importantes en, como mínimo, dos terrenos: ha cambiado las relaciones de poder entre grandes empresas, gobiernos y trabajadores a favor de las primeras (al facilitar los procesos de “huelga de inversiones” ante cambios que les desagradan(. Ha ampliado el tamaño del mercado para el conjunto de empresas (al menos en la producción de bienes, aunque algunos servicios también quedan afectados) lo que les obliga a enfrentarse a una competencia internacional y adaptarse a un mercado mundial, con el consiguiente aumento de incertidumbre. En el caso español este cambio es especialmente radical incluso había influido en las pautas de implantación de las empresas extranjeras. La paulatina liberalización, en un contexto general de recesión, y el proceso de integración a la CE provoca a la vez la búsqueda de nuevas fórmulas de intervención de las empresas locales, la irrupción masiva de empresas multinacionales en nuestro país y la adopción de una política económica de ajuste que trata de favorecer esta adaptación, pero que afecta directamente al mercado de trabajo.

El tercer factor era el cambio en la estructura de la demanda con una cierta tendencia hacia una mayor diferenciación y personalización de bienes y servicios. Este cambio parece ser resultado de un conjunto de fuerzas variadas. Por el lado de la demanda se observa un cierto agotamiento del modelo de producción estandarizada por parte de los segmentos de consumidores de mayor poder adquisitivo hacia los que se orienta prioritariamente la producción mundial. Por otra se destacan aspectos de oferta tanto de origen tecnológico como de orden organizativo: el acortamiento del ciclo de los productos y la mayor variabilidad se potencian con el objetivo de aumentar la tensión consumista. El crecimiento de las actividades de servicios, en las que producción y consumo tienen lugar simultáneamente, plantean una mayor exigencia de ajuste temporal de la actividad laboral.

El resultado de estas transformaciones se traduce en presión empresarial sobre las condiciones de trabajo y la búsqueda de una estructura laboral que permita al mismo tiempo un bajo coste laboral y una alta flexibilidad, sin poner en cuestión como veremos, los requisitos básicos de la producción.

Los agentes sociales.

En el caso de la Administración, su papel ha resultado muy importante a la hora de propiciar un marco institucional adecuado a las políticas empresariales. A partir del Pacto de la Moncloa y del Estatuto de los Trabajadores se potencian una variada gama de formas de contratación laboral que tendrán una importancia decisiva en la configuración de las políticas laborales de las empresas. El nuevo marco facilita la configuración de las políticas laborales de las empresas. El nuevo marco facilita la diferenciación de las condiciones de contratación y se convierten por tanto en uno de los puntos de apoyo, no el único, de la reorganización laboral. El hecho de que en muchos casos estos contratos sean subvencionados añade mayor atractivo a proceso. Al desarrollarse en un contexto de política económica “procapitalista” se acrecienta su impacto.

Hay que destacar además otra influencia de signo muy distinto que ha tenido el sector público sobre el mercado laboral. Durante bastantes años ha sido este sector el principal creador de empleo, acrecentando considerablemente el peso relativo del empleo público. Ello es bastante importante en la medida en que el sector público tienen unas características especiales. En parte constituye un mercado de trabajo primario. Pro al mismo tiempo cabe observar que también en este campo ha tenido lugar un crecimiento del empleo irregular por diversas vías: interinidad, contratos laborales, uso creciente de nuevas modalidades de empleo social. Para complicar aún más la situación, indicar que el empleo público en sentido amplio se ha visto al mismo tiempo afectado por las políticas de control del gasto y de racionalización de la empresa pública que han afectado al propio empleo.

Por su parte los trabajadores y especialmente su expresión organizada, los sindicatos, han tenido una débil intervención en el proceso. La razón principal es que el inicio de la reorganización se produce cuando aún existe un bajo nivel de organización y done los aspectos políticos de la transición democrática priman sobre otros imperativos. En un contexto de destrucción neta de empleo se aceptan muchas de la medidas aplicadas con tal de salvar o crear puesto de trabajo. El poco peso inicial de estas medidas facilita la mala comprensión de lo que está ocurriendo. Sólo cuando el crecimiento muestre un proceso de sustitución de unas formas de empleo por otras y los “costes” sindicales dela diferenciación queden más claros se empezará a reaccionar, pero la situación está ya más consolidada y es más difícil de cambiar.

Las dificultades objetivos no explican todo el proceso. En parte éste también se ha visto facilitado por el hecho de que no existe en nuestro país una tradición obrera de control de las condiciones de empleo. Si a ello se suma que los colectivos más afectados por las nuevas políticas tienen perfiles personales diferentes a los trabajadores organizados y las innovaciones se producen en el marco de una política de viabilidad empresarial, se comprenderá la facilidad con la que los empresarios acabarán imponiendo sus planes de reorganización.

El proceso.

El proceso que analizaremos transcurre fundamentalmente a través de dos fases: la de reconversión y ajuste del empleo, y la de crecimiento neto. En la primera se produce una fuerte reducción de personal y se sientan las bases para la recuperación bajo nuevas pautas. En la segunda es cuando efectivamente va tomando cuerpo el nuevo modelo laboral. Éste no habría podido desarrollarse, o habría encontrado mayores resistencias, de no haberse producido la enrome destrucción de empleo que tuvo lugar y que permitió presentar al nuevo sistema de segmentación como un mal menor y un coste a aceptar para generar empleo. Cabe señalar que aunque en términos globales estas dos fases están bien diferenciadas (crisis del empleo hasta 1985 y crecimiento posterior) a nivel “micro” las cosas son más complejas: ni la fase de crecimiento ha liquidado todas las necesidades de reconversión ni en la primera fase todos los sectores y empresas están en iguales condiciones. Lo que sí es significativo es que son las empresas más dinámicas, las que están creciendo o han superado una reestructuración las que en mayor medida desarrollan estas nuevas políticas laborales, sobre la base de una abundante fuerza de trabajo, dispuesta a trabajar sin importarle mucho las condiciones concretas.

Cabe señalar que la forma misma que adopta la reconversión muestra la existencia de una segmentación empresarial y laboral preexistente sobre la que se apoyan las políticas empresariales. Si bien la crisis industrial y la pérdida de puestos de trabajo fue generalizada, el tratamiento dado a los despedidos varió notablemente en función de su capacidad de crear conflictividad social y en función de la situación económica y política de la empresa. En los sectores “fuertes”, con amplia afiliación sindical y presencia masiva de trabajadores, el sector publico intervino abiertamente y se garantizaron unas condiciones de despido bastante aceptables. Pero estas mismas condiciones no existieron para los numerosos trabajadores de la pequeña empresa.

En la fase de recuperación, a pesar de las notables diferencias existentes entre empresas y sectores, se desarrollan líneas de actuación bastante comunes. Básicamente se observa el crecimiento de dos fenómenos paralelos: la externalización de actividades y el recurso al empleo temporal.

La externalización es un proceso múltiple por el cual la empresa saca fuera de sí actividades que siguen realizándose bajo su control. El objetivo de la misma puede ser variado, pero en el plano laboral la externalización persigue prioritariamente el acceso a una mano de obra más barata y más dócil en función de su menor poder de negociación. Ello se debe a que los trabajadores externos en unos caos trabajan en empresas pequeñas y marcadas por una fuerte competencia o en otros mantienen relaciones individuales con la empresa contratista. En el límite la externalización conduce a situaciones de ilegalidad, pero no siempre es así y no siempre lo legal significa una mejora ostensible en las condiciones de trabajo. En la práctica son visibles fórmulas diferentes de externalización; subcontratas de tareas auxiliares en el interior de la propia empresa, cuadrillas especializadas que trabajan para las grandes empresas de la construcción, talleres especializados en la producción de partes del proceso, trabajadores autónomos con una relación estable con la empresa (transportistas).

Podría considerarse que la contratación temporal se debe al simple aprovechamiento del marco legal existente, pero sin negar la importancia de este factor, su crecimiento está asociado a cambios más sustantivos. En especial está relacionado con un mayor crecimiento de actividades estacionales y temporales en los que el ajuste instantáneo del volumen de empleo constituye una de las vías de introducción de nuevas pautas de organización del trabajo, apoyándose en la nula capacidad de resistencia de estos trabajadores y una cierta colusión tácita con la plantilla estable. Los temporales no sólo son trabajadores más baratos sino más dóciles, aunque puede resultar inadecuado utilizarlos para actividades en las que se requiere más interacción con el colectivo o una alta identificación con la empresa.

Ambos procesos tienden a aumentar el empleo secundario, precario, poco protegido y constituyen el fenómeno más visible de la reestructuración del mercado de trabajo español.

La precarización sólo constituye una parte del proceso. La profesionalización y tecnificación de las empresas españolas, generadas en parte por el proceso de internacionalización en su doble vertiente de adaptación a un mercado más sofisticado y de intensificación de la presencia de multinacionales en el país, se ha traducido, en un fuerte crecimiento de los sectores de empleos altamente considerados, abiertos a carreras sustanciosas y, al menos aparentemente, muy cualificados. Este doble proceso de crecimiento de los extremos viene acompañado de un cierto retroceso de los empleos centrales, estables. En el contexto de crecimiento del empleo precario los trabajadores con empleo estable se reducen y viven de forma diferenciada su existencia con respecto a los eventuales.

Ya hemos indicado asimismo la incidencia del empleo público, con un crecimiento global de los puestos de trabajo protegidos por el sistema funcionarial, pero en el que también crecen una amplia franja de contrataciones peculiares (especialmente relacionadas con las políticas de fomento del empleo, tales como las iniciativas locales).

Los efectos de la segmentación.

El hecho más significativo parece ser el crecimiento del sector secundario (lo que a menudo se ha llamado como precarización), pero resulta evidente que también ha crecido el empleo en el sector primario superior y se ha debilitado, sin desaparecer, el segmento central.

Uno de los impactos directos que deben esperarse de una mayor segmentación es la apertura del abanico salarial.

Un segundo efecto a estudiar es el que afecta a las carreras profesionales de individuos distintos. En la medida en que crece la discriminación entre tipos de empleos es posible que algunos grupos padezcan una marginación mayor, esto ocurre con las mujeres. La preferencia empresarial por contratar jóvenes (en el caso del comercio, donde se ofrecen empleos a tiempo parcial) de los que se espera acepten esta situación, o despedir mujeres (en la industria textil, por ejemplo), en función de comportamientos que el empresario considera característicos de un determinado grupo social. Tal es el caso de los accidentes de trabajo y de la formación.

La división de los trabajadores en colectivos separados reduce el flujo de información que circula entre ellos y tiende a aislar a los menos protegidos (en este caso los eventuales y subcontratados). La temporalidad puede reducir el interés por el aprendizaje y, especialmente, conlleva una menor disponibilidad de los trabajadores formados en transmitir información.

Pero donde la segmentación tiene efectos más evidentes es en el campo de las relaciones industriales y en el de la propia cohesión cultural de los trabajadores. La división de los trabajadores en grupos diferenciados tiene un claro efecto de fragmentación y reduce los espacios comunes. La existencia de situaciones diferenciadas en materia de estabilidad, promoción y organización del trabajo, y la relación de competencia latente que se produce entre los distintos segmentos.

Cualquier dinámica colectiva requiere la creación de una conciencia común. A menudo las personas que ocupan los distintos espacios mantienen otras diferencias personales objetivables (sexo, edad, nivel de estudios, etc.) lo que refuerza más este extrañamiento colectivo. Las diferencias en el proceso de trabajo se combinan con las actitudes originadas en el exterior para reforzar la diferenciación. Cada grupo tiende espontáneamente a formular sus demandas en función de su situación particular, sin visión de conjunto.

Es el caso, pro ejemplo, de aquellas empresas donde hay trabajadores fijos y eventuales. El objetivo de estabilizar el empleo, unido a la ausencia de socialización laboral, conduce a los eventuales a adoptar actitudes (individualismo) y aceptar condiciones (ritmos, disciplina, etc.) que chocan con las prácticas tradicionales. Al mismo tiempo presienten la hostilidad de los “viejos” y tienen la sensación de que cargan con lo peor.

A otro nivel esta situación está presente entre los empleados del sector público y el privado. Estos últimos ven a los primeros como unos privilegiados que además organizan huelgas que les afectan directamente. Los segundos se sienten afectados pro una política de austeridad que les castiga salarialmente y por la incomprensión del resto de la población.

Al estudiar las bajas tasas de afiliación sindical es posible que la segmentación sea una variable a tener en cuenta, sin negar la importancia de otros factores (tradición histórica, coyuntura, etc.). La precarización y atomización del empleo dificultan enormemente la organización.

En nuestro país los sindicatos se han desarrollado mayoritariamente a nivel de gran empresa, con una cultura muy localista. La negociación ha tenido un pivotado casi exclusivamente sobre salarios, marginando los temas más cualitativos. Las empresas han tenido las manos libres para desarrollar sus políticas de segmentación. La negociación se ha seguido centrando en la plantilla interna y se ha mostrado poco sensible a los problemas de los colectivos externos, lo que no ha hecho sino aumentar los recelos y divergencias.

En los últimos años se perciben signos de cambio. También en el plano “micro” se observa un aumento de los conflictos en los que el tema de la precariedad o la discriminación sexual tienen una importancia central. Las tensiones competitivas que afectan a la economía española, las inercias adquiridas y el buen resultado obtenido desde la óptica empresarial animarán a mantener el proceso de fragmentación de los trabajadores.

La segmentación del mercado de trabajo influye en la distribución de la renta, en la constitución de colectivos sociales, en la discriminación de algunos colectivos, etc. Dinámicamente, influye en la reproducción de la estratificación y en la acción social.

TEMA 7. POLÍTICA DE EMPLEO EN ESPAÑA DESDE EL INGRESO EN LA UNIÓN EUROPEA.

Empleo y política de empleo.

El desempleo como desajuste de largo plazo.

El proceso de “modernización”, estrechamente vinculado al desarrollo de la industria, y más recientemente la incorporación masiva de las “nuevas tecnologías de la información y la comunicación” a toda clase de actividades productivas, implica un cambio radica en el concepto de empleo o trabajo. La constante mejora de la productividad, con importantes diferencias o desfases entre distintos secotes y empresas, supone continuas reestructuraciones y ajustes en el empleo.

Cualquier salida pasa por una modulación de los ritmos de modernización que impida tanto el estancamiento tecnológico como un ritmo de reestructuración excesivamente rápido en el que no de tiempo reajustar las cualificaciones de la fuerza de trabajo e incrementar la capacidad de innovación propia. Esto supone un esfuerzo por mejorar la cualificación de la competencia en los mercados. Esto supone un esfuerzo por mejorar la cualificación de la mano de obra, las actividades de investigación y desarrollo y el funcionamiento de la competencia en los mercados. Factores todos ellos asociados más directamente a la política industrial y tecnológica y a lo que la OCDE ha venido denominando medidas activas de empleo, que a la política laboral más convencional y las políticas pasivas.

A estas profundas transformaciones en el empleo se une la novedad relacionada con la intensa incorporación de la mujer al mercado de trabajo. La mayoría de las mujeres había permanecido durante mucho tiempo vinculada al “subempleo” o a actividades no remuneradas socialmente. A las dificultades derivadas de la constante y generalizada mejora de la productividad, que impone complejos y sucesivos procesos de ajuste con las consecuencias ya señaladas de precariedad y desempleo, se unen las asociadas al legítimo deseo de conseguir un empleo de aquellos que habían permanecido fuera del mercado de trabajo, principalmente mujeres.

La estrategia industrial y tecnológica como clave de la política de empleo.

El concepto de medidas “activas” de empleo, frente a medidas “pasivas”, proviene de los informes de la OCDE, y trata de distinguir los programas de empleo dirigidos de un modo u otro a favorecer la creación de empleo (incentivos para la creación de empleo, servicios de empleo y formación), de los destinados a paliar los efectos del desempleo (seguro de desempleo, jubilaciones anticipadas...)

Las posiciones oscilan entre los que la conciben como una política de planificación que desciende al nivel sectorial o de los mercados, y los que consideran que lo único que debe favorecerse es el libre funcionamiento de los mercados o la que se limita a la defensa de la competencia. Entre amos extremos, una concepción más integral de la política industrial entiende que, junto a la política de defensa de la competencia, debe haber un conjunto de medidas que fomenten la mejora de la competitividad. Para un más eficaz funcionamiento de los mercados la solución no es promover la rivalidad sin límite, sino la cooperación (una de las acepciones de la competencia entre los anglosajones es “seek together”, es decir, “buscar juntos”); y junto a ello desarrollar la competencia de los agentes (la formación y demás elementos que les ayuden a ser más competentes).

Los países que teniendo una estructura productiva más débil optan por apuntalarla mediante medidas pasivas basadas en la simple moderación de los costes laborales, la liberalización de los mercados y la incorporación masiva e indiscriminada de tecnologías del exterior, junto a paliativos para el desempleo, a duras penas logran contener el crecimiento del desempleo.

Sin esta capacidad de iniciativa empresarial, vertebración de la sociedad civil y funcionamiento de las distintas instancias que configuran el Estado, es imposible una adecuada instrumentación de la política industrial y tecnológica. La investigación y el desarrollo tecnológico, en ausencia de ese triple protagonismo, podría suponer un simple reforzamiento del poder de las grandes empresas que ya destinan una parte significativa de sus recursos a I+D, acciones aisladas que carecen de suficiente masa crítica o una reafirmación del poder burocrático y corporativo de los colectivos de trabajadores vinculados al Estado.

En lo que respecta al papel del Estado, debe quedar claro que éste no se puede limitar a ayudar a fijar las reglas de juego de los mercados, sino también de otros órdenes de la vida social, y a establecer cauces de corrección de las desigualdades y desequilibrios sociales. El Estado, por tanto, genera una parte del empleo asociada a la provisión de servicios públicos.

La elección de 1986 como año inicial de referencia, coincidente con el ingreso de España en la actual Unión Europea limita las posibilidades de un análisis de más largo plazo, pero tiene suficiente entidad y complejidad como para céntranos en dicho periodo. En ese corto espacio de tiempo, 1986-1997, se pueden distinguir tres fases o ciclos alternativos de recuperación-recesión-recuperación, correspondientes respectivamente a 1986-1990, 1990-1994 y 1994 en adelante, hasta 1997, aunque de este último año no contemos aún con cifras definitivas. La coyuntura cíclica condiciona decisivamente las posibilidades de generación de empleo. La primera fase de expansión permite que en 1990 el desempleo en Europa descienda, después de muchos años, por debajo de los 12 millones en cifras absolutas y del 9% en tasa respecto a la población activa. Sin embargo, en un tiempo aún más corto, no sólo se vuelve a la situación anterior, sino que se superan las cotas máximas de desempleo alcanzadas hasta ese momento en la reciente historia europea. En 1994 se superan con creces los 18 millones de parados y la tasa media de desempleo está en torno al 11%. A pesar de la nueva recuperación, al finalizar 1997, las cifras de desempleo siguen siendo semejantes a las de 1994.

La política de empleo en la unión europea

La Unión Europea (UE) nace en 1992 fundamentalmente como consecuencia de un proceso de liberalización e integración económica supranacional. Se trata de un proceso muy acelerado. En diez años se ha pasado de 10 a 15 Estados miembros y está en marcha la negociación para la entrada de otros diez países del Este de Europa. Pero, sobre todo, ha cambiado el panorama de Europa: lo que era casi una simple unión aduanera, el “mercado común”, se ha transformado en el “mercado único” con la perspectiva inmediata de la “unión económica y monetaria”.

Que las políticas de empleo sean competencia de los Estados miembros es de algún modo inevitable, al no existir políticas e instrumentos comunes en el ámbito sociolaboral, de la educación y de la investigación y el desarrollo tecnológico. La UE carece de una estructura institucional que le permita trazar un marco macroeconómico propio, como se hace en cada uno de los Estados miembros. No obstante, se han ido definiendo algunos grandes principios a escala comunitaria a través de las diferentes reformas de los tratados fundacionales y se tiene una cierta capacidad de orientación e influencia por la vía de los recursos financieros asociados a los fondos estructurales, el programa marco de I+D y algunas políticas sectoriales.

Del Acta Única Europea al Tratado de Maastricht.

Coincidiendo prácticamente con la entrada de España y Portugal en las Comunidades Europeas, se aprobó el Acta Única Europea (AUE)(febrero 1986) y se puso en marcha el “Proyecto del 92” que desembocaría en el Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht (febrero de 1992). El AUE incorporó a la tercera parte del Tratado de la CEE (Política de la Comunidad), un nuevo título con el nombre de “Cohesión económica y social”. En él se reconocía la necesidad de avanzar en la cohesión económica y social si se quiere culminar el proceso de integración europea. Para ello la CEE “se propondrá en particular, reducir las diferencias entre las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas”.

En la estela de esta disposición, en junio de 1988 se reforman profundamente los fondos estructurales y en diciembre de 1989 se aprueba la “Carta comunitaria de derechos sociales fundamentales de los trabajadores”. En esta Carta, adoptada por todos los Estados miembros menos el Ruino Unido, se incluye un capítulo sobre “empleo y retribución” que recoge tres derechos básicos: la libertad de escoger y ejercer una profesión, el de obtener una remuneración equitativa y el de disponer de servicios públicos de colocación gratuitos.

En el avance en el proceso de integración europea se irá reafirmando la necesidad de la cohesión económica y social y se irán definiendo una serie de derechos básicos que configuran la política social comunitaria. El Tratado de la Unión Europea (TUE) (aprobado en Maastricht en 1992), refuerza la importancia de la política social en el proceso de construcción europea, incluyendo entre sus objetivos básicos “promover un alto nivel de empleo” (Art. 2) y dedicando un anexo del TUE al “Acuerdo sobre la Política Social”.

El Libro Blanco. Crecimiento, competitividad y empleo.

El Libro Blanco sobre Crecimiento, competitividad y empleo (Comisión 1993), más conocido como el Libro Blanco de J. Delors, que se presentó en el consejo Europeo de Bruselas de diciembre de 1993, supuso un importante revulsivo. Reconocía la existencia de problemas estructurales que estaban en la base de la elevada tasa de desempleo de la UE y afirmaba que para hacerlos frente no bastaba con conseguir elevadas tasas de crecimiento, sino que hacía falta mejorar la competitividad invirtiendo en recursos humanos y desarrollando una política activa de empleo.

Tomando pie en el Libro Blanco de Delors, el Consejo Europeo de Essen (diciembre de 1994) invitó a los Ministros de Asuntos Sociales y de Trabajo y al Ecofin a que realizaran un atento seguimiento de la evolución del empleo y de las políticas de empleo de los Estados miembros y estableció cinco áreas de actuación prioritarias en el mercado de trabajo: refuerzo de las inversiones en formación profesional; aumento de la intensidad en empleo del crecimiento; reducción de los costes laborales indirectos; mejora de la efectividad de las políticas referidas al mercado de trabajo y, por último, medidas a favor de los grupos que sufren un riesgo de exclusión del mercado de trabajo. Los sucesivos Consejos Europeos han ido reiterando estas prioridades (poniendo el acento en alguno de sus puntos) y los Estados miembros han presentado al Consejo las políticas que llevaban a cabo para “fomentar el empleo” agrupándolas” en los cinco epígrafes de Essen pero sin que esto supusiera ningún esfuerzo adicional ni en las políticas emprendidas por los Estados miembros ni en su coordinación a nivel comunitario.

Las cumbres europeas de Ámsterdam y Luxemburgo.

El “Tratado de Ámsterdam” declara que los Estados miembros considerarán al empleo y al fomento del empleo como un asunto de interés común y coordinarán sus actuaciones (Art. 109N y 109º). Esto representa un nuevo punto de partida de las políticas europeas de empleo: si bien la responsabilidad principal de la decisión y la aplicación de las políticas de empleo sigue en manos de los Estados miembros, el nuevo Tratado insiste en la necesidad de una actuación conjunta y coordinada a escala de la UE. Este TUE reformado crea los siguientes instrumentos para estructurar el proceso de seguimiento de la nueva estrategia europea coordinada en materia de empleo:

• Los jefes de Estado y de Gobierno adoptarán cada año conclusiones sobre la situación del empleo en Europa

•El Consejo elaborará, por mayoría cualificada, orientaciones de empleo para los Estados miembros. Estas orientaciones serán propuestas por la Comisión, previa consulta al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y al comité de Empleo.

• El Consejo examinará cada año la puesta en práctica de las orientaciones y formulará recomendaciones a los distintos Estados miembros. El Consejo y la comisión prepararán cada año un informe conjunto sobre la situación del empleo en Europa.

• El Tratado contemplará la realización de programas para apoyar la innovación en las políticas de empleo a través de proyectos piloto (con una duración máxima de cinco años) que tengan por objeto el intercambio de información y de buenas prácticas.

• Un Comité de Empleo, compuesto por dos representantes de cada Estado miembro, colaborará en el proceso de supervisión de la situación del empleo y las políticas de empleo en Europa.

Como resultado del Consejo Europeo Extraordinario sobre el Empleo celebrado en Luxemburgo en noviembre de 1997, las Conclusiones de la Presidencia comienzan por reconocer que “la cuestión del empleo se encuentra en el centro de las preocupaciones del ciudadano europeo” y a continuación señalan la importancia que tiene mantener un entorno económico favorable, una estrategia coordinada de las políticas nacionales de empleo y que las políticas comunitarias estén también al servicio del empleo. La segunda parte de las Conclusiones recoge las “Directrices para 1998” aprobadas como “Directrices para la política de empleo de los Estados miembros para 1998”. Estas directrices se estructuran en cuatro partes: Mejorar la capacidad de inserción profesional; Desarrollar el espíritu de empresa; Fomentar la capacidad de adaptación de los trabajadores y de las empresas; y Reforzar la igualdad de oportunidades. Los principales acuerdos alcanzados en esta “Cumbre del Empleo” de Luxemburgo han sido los siguientes: 1 Los Estados miembros deben ofrecer una oportunidad de empleo, formación o cualquier otra medida que favorezca su inserción profesional a los jóvenes menores de 25 años y a los adultos antes de que superen, respectivamente, los seis o los doce meses de desempleo; 2. Cada Estado miembro incrementará el porcentaje de desempleados a los que ofrece formación hasta alcanzar la media de los tres Estados miembros que mejores resultados hayan obtenido en ese ámbito (un 25% al aprobarse la medida) con un mínimo del 20%; 3. Otros compromisos para ajustar las cualificaciones escolares a las necesidades del mercado de trabajo, favorecer las iniciativas locales, la economía social y los nuevos yacimientos de empleo, reducir progresivamente la carga fiscal sobre el trabajo, negociar acuerdos sobre fórmulas flexibles de trabajo que tiendan a reducir la jornada laboral, mejorar la igualdad de oportunidades y establecer una ampliación presupuestaria en la partida “iniciativa para el empleo” con objeto de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas.

La política de empleo en España desde 1986.

En la década inmediatamente anterior, España había seguido la tendencia de la mayor parte delos países de Europa occidental pero con mayor intensidad: destrucción neta de empleo y crecimiento más que proporcional del desempleo.

En el caso español confluyen elementos coyunturales de carácter demográfico (el “boom demográfico” de los años cincuenta y sesenta) o de recesión en el crecimiento económico (como ocurre en el periodo 1973-1986), con cuestiones estructurales relacionadas con las características del tejido productivo y del sistema de relaciones laborales. El principal factor diferencial residía en la distinta evolución de los costes laborales unitarios en España, que crecían por encima de la media de la UE. Y este hecho se asociaba fundamentalmente a las distorsiones que introducía en el mercado de trabajo un sistema de relaciones laborales que favorecía elevados crecimientos delos salarios nominales junto a un mantenimiento de unos altos costes laborales no salariales.

Esta interpretación considera dos hechos con una connotación más profunda, la estructura productiva. Uno es que los niveles salariales y de protección social de la fuerza de trabajo en España estaban muy por debajo de la media europea. El otro es que algo semejante ocurría con los niveles de productividad, notablemente inferiores a los de los demás países de la Comunidad Europea, con la sola excepción de Grecia y Portugal. Esto tenía su raíz en la trayectoria modernizadora que ha seguido el sistema productivo español cada vez más protegido y replegado sobre sí mismo desde finales del siglo XIX hasta el viraje liberalizador que se inicia en la década que comienza en 1951.

La OCDE (1997) y la Comisión Europea (en el grupo MISEP) ofrecen distintas clasificaciones de las políticas de empleo. Nosotros creemos que este conjunto de medidas se puede agrupar en cuatro grandes áreas: 1) los factores que influyen de forma más directa en la determinación de los costes laborales como son las modalidades de contratación laboral y de despido, la protección por desempleo, el sistema de negociación colectiva y las cotizaciones sociales; 2) el sistema de cualificación, reciclaje y movilidad profesional; 3) las fórmulas de incentivación de la creación de empleo no directamente relacionadas con la contratación; y 4) la gestión de intermediación laboral o sistemas de colocación.

Etapas de la política de empleo en España.

Se pueden diferenciar tres grandes etapas en el desarrollo de la política de empleo en España en las que superponen factores políticos y económicos: la primera, el “quinquenio centrista” entre 1977 y 1982; la que coincide con los “trece años socialistas” que van desde 1983 a 1996; y la más reciente, marcada por los acuerdos interconfederales de 1997 entre centrales sindicales y organizaciones patronales.

La subordinación de la resolución de los problemas más estrictamente económicos a cuestiones políticas asociadas a la “transición democrática”. Constituye un periodo decisivo de “normalización” y democratización de las relaciones laborales. En 1981 se firma el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE) que contempla la creación de un conjunto diversificado de programas de fomento del empleo y reparto de trabajo: contratos en prácticas, de formación, temporales, a tiempo parcial y jubilación anticipada a los 64 años.

Hasta 1986 la política de empleo en España se limita prácticamente a la incentivación selectiva de la contratación de determinados colectivos de trabajadores.

El “sistema de empleo” español en 1986.

En 1986, a la entrada de España en la Comunidad Europea, nos encontramos con una situación en la que los rasgos más destacables del “sistema de empleo” son los siguientes: 1. Existe una amplia variedad de modalidades de contratación por tiempo determinado, introducida a raíz de la reforma laboral de 1984; 2. Las indemnizaciones por despido son relativamente elevadas en comparación con otros países europeos; 3. La cobertura del desempleo es relativamente baja en cuanto al número de preceptores de prestaciones por desempleo, pero relativamente elevada en cuanto a la cuantía y la duración de las prestaciones de los que las percibe; 4. El sistema de negociación colectiva está poco articulado y hay un peso desproporcionado de los convenios de ámbito supraempresarial, excesivamente centradas en la fijación de los incrementos salariales; 5. La proporción que representan las cotizaciones en el coste laboral está en torno a la media europea pero supera a las de Estados Unidos y Japón y presenta además una asimetría entre las partes que corren a cargo de trabajadores y empresarios: mientras que la de los primeros está por debajo de la media europea, con la de los empresarios ocurre lo contrario; 6. La cualificación de la mano de obra presenta sesgos muy acusados: poco peso relativo de la formación profesional y desprestigio de la misma en el mercado, sistema universitario masificado y subvencionado públicamente en un porcentaje muy elevado que sobrepasa el 80%; 7. Las medidas de incentivación a la creación de empleo, no directamente relacionadas con la contratación, se refieren a medidas de fomento del empleo en el sector público que se implantan en ese mismo año, entre las que cabe distinguir los convenios INEM-Administraciones Públicas, los denominados trabajos de colaboración social y el Plan de Empleo Rural (PER); 8. Un sistema de intermediación monopolizado por el INEM como servicio público de empleo, con crecientes dificultades para hacer frente a la avalancha de desempleados y a la mayor complejidad del ajuste entre oferta y demanda, derivado de la gran heterogeneidad de perfiles profesionales requeridos por las empresas y su continuo y profundo cambio. Se puede afirmar que ha predominado una política “pasiva”, según la acepción que utiliza la OCDE.

El sistema de contratación laboral tras la reforma de 1984.

Tras el ingreso de España en la Comunidad Europea va a haber una continuidad en la política de empleo. Será precisamente en el periodo 1986-1994, como ya hemos señalado, cuando se desarrolle plenamente la reforma de 1984. Aquella reforma de 1984 se inscribía abiertamente en la tendencia flexibilizadora y se mueve a lo largo de tres ejes o directrices fundamentales: la ampliación del ámbito de la contratación temporal “normal”; la flexibilización al máximo de la contratación temporal “coyuntural”; y la “normalización” del juego de otras modalidades de contratación.

El análisis del sistema de contratación vigente en España en 1986 puede hacerse desde lo que hemos llamado la construcción jurídica de la precariedad en España. A la entrada de España en la CE, además de la contratación laboral indefinida, existían doce formas de contratos temporales que se pueden agrupar en “cinco series” distintas:

Los contratos temporales tradicionales u “objetivos”, que atienen a necesidades productivas temporales de las empresas (también conocidos como contratos temporales causales):

Contrato para la realización de obra o servicio determinado,

Contrato eventual pro circunstancias de la producción;

Contrato de interinidad o sustitución; y

Contrato para el lanzamiento de una nueva actividad.

El contrato temporal de fomento del empleo (“eje central de la política de empleo temporal española”).

Los contratos formativos (que tienen carácter temporal):

6. Contrato en prácticas y

7. Contrato para la formación.

Contratación temporal combinada con tiempo parcial:

8. Contratos de jubilación parcial y

9. Contratos de relevo.

contratación temporal combinada con otras técnicas de empleo asistido:

10. Contratos en convenios de colaboración de entidades públicas con el INEM;

11. Contratos de empleo rural en determinadas zonas geográficas; y

12. Trabajos de colaboración social.

En este periodo se llevan a cabo algunas (pequeñas) reformas adicionales, pero lo más significativo es quizás el fracaso en el intento de introducir una flexibilización adicional en la contratación de los jóvenes mediante el llamado “contrato de inserción para jóvenes”.

Segmentación del mercado de trabajo y giro rectificador de 1992-1996.

No se puede decir lo mismo en lo que se refiere a “disminuir las distorsiones y segmentaciones del mercado de trabajo”. La tasa de temporalidad en España en este corto periodo de tiempo pasa de ser ligeramente superior a la media de la UE a superarla en más de tres veces.

Estos resultados indican que en la expansión de 1986 a 1991, la aplicación de la reforma del mercado de trabajo refleja, ante todo, una continuidad de las políticas pasivas que se adaptan a las características del sistema productivo más que constituir un revulsivo que promueva su transformación.

Sin admitirse claramente los límites de esta política, lo que sí parece haber es un convencimiento creciente de que la contratación temporal está siendo utilizada de forma abusiva, generando una excesiva rotación en el empleo con efectos perversos no sólo a escala macroeconómica sino en la propia eficiencia de los trabajadores y la productividad de las empresas.

La reforma de 1994, que tiene ya algunos precedentes en 1993. Los elementos básicos de la reforma son la reintroducción parcial del principio de causalidad en la contratación temporal, el impulso de los contratos a tiempo parcial, la entrada en funcionamiento de las agencias privadas de colocación y un primer paso para fortalecer el papel de la negociación colectiva.

La supresión del contrato temporal de fomento del empleo y del contrato para la formación que se transforma y pasa a denominarse “contrato de aprendizaje”. La contratación temporal apenas pierde peso, el notable incremento desde 1994 de los contratos por obra y servicio determinado, eventual por circunstancias de la producción y de los contratos de aprendizaje. El “contrato de aprendizaje” vuelve a subordinar su finalidad eminentemente formativa, a lo que no es sino su objetivo encubierto, el de fomento del empleo.

Sistema educativo y formación profesional.

En paralelo a la reforma de 1994 se va a desarrollar la reforma del sistema educativo y muy particularmente de la formación profesional reglada y ocupacional. La reforma arranca de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), que supone un cambio radical en el marco normativo del sistema educativo en general, pero muy en particular en la formación profesional. Ese marco se va completando con las normas de desarrollo de la LOGSE y con los acuerdos entre los interlocutores sociales sobre la formación continua y el Acuerdo de Bases sobre la Política de formación profesional.

La LOGSE ha unificado en una sola vía formativa y en un modelo integrado los dos itinerarios formativos vigentes desde la Ley de Educación de 1970: el antiguo BUP que conducía a la universidad y la formación profesional que tenía un carácter claramente marginal y que estaba muy devaluada en el mercado laboral. La formación profesional ocupacional funcionaba al margen de este sistema y sin conexión con él. Los cambios introducidos en la LOGSE más relevantes para la política de empleo son los siguientes: Establece que la formación profesional comprenderá el conjunto de enseñanzas que capaciten para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y añade que “incluirá también aquellas otras acciones que, dirigidas a la formación continua en las empresas y a la inserción y reinserción laboral de los trabajadores, se desarrollen en la formación profesional ocupacional, que se regularán de manera específica”. Por tanto, el sistema de formación profesional se configura con tres subsistemas: la FP en el sistema educativo, la formación continua (de los trabajadores ocupados) y la formación profesional ocupacional (para trabajadores en paro o en reconversión profesional). Crea la distinción entre formación profesional de base y formación profesional específica e introduce en os currículos de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y de los bachilleratos áreas o materias de carácter profesionalizador.

En el Acuerdo de Bases sobre Política de Formación Profesional, el Gobierno, los sindicatos CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE y CEPYME establecen los objetivos generales y las grandes líneas de actuación para el II Programa Nacional de Formación Profesional que deberá concretarse en el Consejo General de formación Profesional. Los objetivos que el Acuerdo marca para este II Programa son los seis siguientes:

Vertebrar los tres subsistemas de formación profesional. El que éste sea el primer objetivo supone el reconocimiento implícito de que la vertebración buscada por la LOGSE dista de haberse conseguido. Los firmantes del Acuerdo señalan que “para que tal vertebración se produzca es necesario articular en un sistema las cualificaciones ofrecidas por dichos subsistemas, lo que serviría además como referencia para la orientación profesional y la calificación de los demandantes de empleo, así como para la homologación, en su caso, de la cualificación profesional derivada de la experiencia laboral.

propiciar la interrelación funcional entre los sistemas de clasificación profesional surgidos de una renovada negociación colectiva, y el sistema Nacional de Cualificaciones; para ello las diferentes ofertas de formación, públicas y privada, deberán ir adecuando sus repertorios de cursos a dicho Sistema Nacional.

contribuir a la transición escuela-empresa con el propósito de facilitar la primera inserción laboral, posibilitando la realización de prácticas en las empresas y “articulando un contrato formativo que permita compatibilizar la preparación profesional y la inserción de los jóvenes, modificando el actual contrato de aprendizaje”. Ésta es la intención que reiteran los interlocutores sociales, ya de un modo más articulada, en el AIEE.

Mejorar la eficiencia de los procesos de formación continua y ocupacional.

Garantizar la calidad de la oferta de los diferentes subsistemas en sus tres pilares: formación de formadores, dotación de infraestructuras y equipos y evaluación de los procesos de aprendizaje.

Contribuir a la transparencia de las cualificaciones profesionales en el marco de la Unión Europea.

Sin necesidad de entrar en el análisis de las líneas concretas de actuación que el Acuerdo se marca para cada uno de los subsistemas, se puede señalar que los cambios que se han producido en el sistema de formación profesional en España desde la entrada en vigor de la LOGSE son un elemento positivo de dinamización del mercado de trabajo que pueden contribuir a potenciar el componente más profesional de dicho mercado haciendo girar parte del mismo en torno a la competencia (desde la óptica formativa) y la cualificación (desde la perspectiva laboral).

Distinta es la situación de las enseñanzas superiores. La Ley de Reforma Universitaria (de 1983) supuso un importante paso adelante en la transformación y autonomía (estatutaria, académica y económica) de la universidad española. El crecimiento del número de estudiantes universitarios ha continuado (pasando de los 700.000 del curso 1982-83 al 1.500.000 en 1995-96); según la OCDE (1995) en 1992 España tenía la mayor tasa de matriculación en enseñanza universitaria entre las mujeres jóvenes de 18 a 21 años de toda la -UE (el 25,5% frente al 5% de Suecia o el 8% de Alemania), lo que refleja algunos rasgos preocupantes de nuestro sistema educativo y laboral. Y dentro de la universidad conviene recordar que el 66% de los estudiantes están matriculados en ciclos largos (un 58% en facultades y un 8% en escuelas técnicas superiores) y un 34% en titulaciones medias.

Los acuerdos interconfederales de 1997: una reforma laboral pactada.

Las sucesivas reformas laborales que tienen sus principales hitos en 1984 y 1992-94, y el esfuerzo por reconducir y reorganizar una de las bases de la política de empleo como es la política de formación que se acaba de describir, tienen un escaso efecto en desactivar el elevado nivel de desempleo de la economía española. En todos los indicadores, España presenta resultados peores que la media europea, pero resulta significativo que en donde supera prácticamente a todos los países sea en las tasas de paro total y juvenil.

La tercera gran reforma del mercado de trabajo, después de las de 1984 y 1994 y que es el hecho central de la tercera etapa de la política de empleo en España. El día 28 de abril de 1997, los sindicatos Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores y las organizaciones patronales confederación Española de Organizaciones Empresariales y Confederación Española par la Pequeña y Mediana Empresa firmaron los tres acuerdos interconfederales a los que habían llegado tras casi un año de negociaciones: el Acuerdo Interconfederal para la Estabilidad en el Empleo (AIEE), el Acuerdo Interconfederal sobre Negociación Colectiva (AINC) y el Acuerdo sobre cobertura de Vacíos (ACV).

De los tres acuerdos firmados, el “Acuerdo Interconfederal por la Estabilidad en el Empleo” (AIEE) tiene una especial relevancia desde la perspectiva de la política de empleo. En el AIEE se podrían distinguir cuatro aspectos: los dispositivos tendentes a reducir la temporalidad y la rotación del mercado labora, otras cuestiones del sistema normativo que regula los contratos y los despidos, los mecanismos de inserción de jóvenes en el mercado de trabajo y, pro último, el establecimiento de mecanismos de seguimiento del Acuerdo y la intervención de la negociación colectiva en su puesta en práctica. Intenta además reducir la temporalidad y la rotación del mercado laboral, es decir, tendentes a amortiguar la segmentación del mercado de trabajo.

El “contrato para el fomento de la contratación indefinida” se propone al amparo del Art. 17.3 que establece que “el Gobierno podrá regular medidas de reserva, duración o preferencia en el empleo que tengan por objeto facilitar la colocación de trabajadores demandantes de empleo”. Este contrato, que hay que efectuar por escrito, podrá hacerse a los siguientes grupos: desempleados jóvenes de 18 a 29 años, de larga duración (más de un año inscritos como demandantes de empleo), mayores de 45 años o minusválidos; y, en segundo lugar, a los trabajadores con contratos temporales. Quedan, por tanto, excluidos de esta medida los (parados) jóvenes menores de 18 años y los adultos de 430 a 44 años que no sean parados de larga duración o minusválidos.

Respecto a los contratos a tiempo parcial las principales modificaciones buscan equiparar a los trabajadores con contrato inferior a 12 horas a la semana o 48 al mes con el resto de los trabajadores en cuanto a las prestaciones sociales.

La “extinción del contrato por causas objetivas”. Se propone la modificación del Art. 52.c de la LET que establece esta causa de extinción por la “necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo”, añadiendo que “el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas o en causas técnicas, organizativas o de producción para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa”.

Los mecanismos de inserción de los jóvenes están especialmente vinculados a los contratos de aprendizaje y en práctica. El AIEE plantea el mantenimiento del segundo y la sustitución del primero por un nuevo contrato para la formación. Este contrato para la formación “tendrá por objeto la adquisición de formación teórica y práctica necesaria para el desempeño adecuado de un oficio o de un puesto de trabajo que requiera un determinado nivel de formación”. Los convenios colectivos (preferentemente de ámbito sectorial estatal) establecerán el número máximo de contratos para la formación que se pueden realizar en función del tamaño de la plantilla así como los puestos de trabajo objeto de este tipo de contrato ; la duración del contrato será de 6 meses a 2 años (o un máximo de tres, si así se establece en convenio); el salario se fijará en convenio y no puede ser inferior al SMI excepto para los menores de 18 años en que podrá ser del 85% del SMI. Se pretende que los trabajadores estén cubiertos contra la incapacidad temporal. Además el AIEE solicita al Gobierno que se establezcan los “oportunos incentivos” para apoyar la conversión de contratos formativos en contratos indefinidos.

Los aspectos más relevantes d la política de empleo, los temas formativos, tecnológicos y organizativos. En el AINC las partes firmantes se obligan a ajustar su comportamiento y acciones a lo previsto en dicho Acuerdo. Pretende ser un pacto que ordene la extraordinaria complejidad que tiene la negociación colectiva en España y propone los contenidos básicos que debería abordar “un posible convenio colectivo nacional de rama de actividad”. En estos apartados se señala explícitamente, entre otros aspectos, la conveniencia de revisar los ámbitos funcionales definidos por las antiguas ordenanzas laborales y sustituir las categorías profesionales por grupos profesionales que faciliten la movilidad funcional y los procesos de recalificación de los trabajadores; se da pie a una negociación sobre salarios que no está tan centrada en la determinación del porcentaje de incremento salaria; se reincide en la reducción de las horas extraordinarias dentro de la reordenación del tiempo de trabajo; se tratará de facilitar los procesos de readaptación y cambio en la organización, condiciones de trabajo y contratación laboral mediante una mayor información, consulta y negociación entre las partes.

Democracia industrial y desafíos.

Creemos que es importante apuntar la novedad radical de estos acuerdos y su posible influencia en el desarrollo de una política de empleo más eficaz. La primera novedad surge del consenso alcanzado entre las partes implicadas que se traduce no sólo en una posible mayor eficacia de los acuerdos, sino, sobre todo, en un claro avance en la autorregulación del mercado de trabajo. Este cambio representa una transformación institucional de largo alcance y si llegara a consolidarse “el sindicalismo sociopolítico sería objeto de una transformación de dimensiones históricas”, el desarrollo de la legislación laboral estaría basado en lo pactado entre organizaciones sindicales y patronales. En lo que representa de aspecto fortalecedor de la sociedad civil, profundiza el sentido de la democracia y exige, en consecuencia, una gran responsabilidad por parte de trabajadores y empresarios, principalmente a través de sus organizaciones más representativas.

Se da un paso en el abaratamiento del despido por causas objetivas, reivindicado reiteradamente por los empresarios. Lo relevante no es sólo la menor cuantía de la indemnización en sí, sino la mayor transparencia y agilidad en el proceso de negociación de los despidos a que estas normas dan lugar. En todo caso, el hecho de que exista la posibilidad legal de contratar de modo indefinido con un despido más barato llevará a medio plazo a una concentración de los contratos indefinidos en este tipo “especial” de contrato indefinido frente al contrato indefinido “normal”. Se producirá así un efecto sustitución a medio plazo del contrato indefinido “normal” pro el “especial” y lo “normal” u ordinario en la norma será extraordinario en el mercado. Los únicos mecanismos de ajuste y de flexibilización que se reformaban eran los de “entrada”; es decir, las contrataciones; los dispositivos de “salida” (es decir, los despidos) no habían sufrido cambios significativos y, hasta la fecha, parecían un terreno “intocable” para las organizaciones sindicales.

En la línea de lo aprobado en la cumbre de Luxemburgo sobre el empleo, medidas activas que garanticen que el paso al desempleo lleva consigo nuevas oportunidades de formación y reinserción profesional. El ahorro en indemnizaciones y protección al desempleo debería transformarse en gasto en esas medias activas.

El entramado de dispositivos de inserción de los jóvenes en el mercado laboral que queda definido tras el AIEE es más adecuado que los que han existido con anterioridad: las dos figuras contractuales se dotan de un alto contenido formativo y el contrato para la formación se concibe como un contrato laboral que sirve par adquirir una formación teórica y práctica, se estructura con ese fin y se da a la negociación colectiva un papel importante en la definición de sus contenidos. Al mismo tiempo se exige al Gobierno que establezca los mecanismos para poder reconocer (por medio de un diploma con valor formal en el mercado: el certificado de profesionalidad) la formación adquirida. Tres condiciones para que estos contratos acaben teniendo la aceptación que merecen en el mercado laboral son: su estabilidad a lo largo del tiempo, la asunción de los interlocutores sociales de la problemática de la formación de los trabajadores en estas dos fórmulas contractuales en la negociación colectiva y en la realidad cotidiana de las empresas, y la estructuración de la oferta formativa complementaria y de las certificaciones adecuadas por parte de las administraciones. Sin uno de estos tres requisitos, el uso que puede seguir haciendo el mercado laboral de las “novísimas” figuras contractuales formativas no se corresponderá con el diseño que les quiere dar en el AIEE.

Sólo la participación activa de los agentes sociales implicados directamente en la producción, a través de una estructura articulada en sus distintos niveles, puede permitir el desarrollo de una política industrial y tecnológica, que por definición ha de instrumentarse de forma coordinada pero descentralizada sectorial y geográficamente.

La política de empleo.

Transformaciones en la estructura de la población activa en Europa. El caso español.

El conjunto de medidas que convencionalmente se agrupan bajo la denominación de política de empleo ha de analizarse en relación a la realidad sobre la que pretenden incidir. Es necesario, por tanto, destacar algunas de las principales características de la estructura de la población activa y de la estructura productiva española.

Si examinamos la evolución de las economías occidentales en el periodo que va desde finales de la segunda guerra mundial hasta la crisis, encontramos una constante que se manifiesta por encima de oscilaciones de carácter coyuntural. España y, en mayor o menor medida, el conjunto de países de la Comunidad Económica Europea presentan incrementos den el empleo, en relación al crecimiento del Producto Interior Bruto, inferiores a los del resto de los países de la OCDE.

La persistencia de este comportamiento diferencial entre países no permite atribuir su origen a factores coyunturales o desajustes a corto plazo de carácter monetario. Su carácter tendencial parece indicar, por el contrario, que hay condicionantes enraizados en la estructura productiva de cada uno de los países y áreas que explican esa reproducción cíclica de tensiones más graves en España, y en distinto grado en el conjunto de la CEE, en comparación con el resto de los países de la OCDE.

Todo parece indicar, aunque no es fácil conseguir datos comparativos entre España y los demás países de la OCDE, que la intensidad del aumento de las diversas formas de contratación temporal y la reducción de salarios y otros costes laborales ha sido mayor en España que en el conjunto de la CEE o la OCDE, lo que implica una drástica reducción de costes laborales que permite elevar el coeficiente de empleos creados por unidad de crecimiento del PIB.

A pesar de ese fuerte incremento del empleo, la tasa de paro sigue siendo muy elevada. En el segundo trimestre de 1989 la tasa de paro es del 17,3% según datos de la EPA, casi el doble que la media de la CEE. Este dato es aún más significativo si consideramos que España sigue teniendo una de las tasas de actividad más bajas de la OCDE.

La frecuencia anual del desempleo (porcentaje de personas totalmente desempleadas durante el transcurso de todo un año) tiende a disminuir, pero la duración media de la inactividad (número de semanas, dentro de un año, en que una persona ha carecido de empleo) tiende a crecer. Tiende a disminuir el número de personas afectadas por el paro, pero las que no lo están tienden a permanecer más tiempo sin trabajo.

Hay por tanto una tendencia a la “reducción del sector primario de la fuerza de trabajo” y al aumento de segmentos secundarios con una integración débil en la actividad económica, “con la consiguiente pérdida de fuerza estructural de los grupos centrales de la clase obrera”. Estas situaciones de eventualidad se concentran sobre todo entre los ocupados más jóvenes y las mujeres.

La piedra angular de la debilidad de la estructura productiva de los países de la CEE, más en particular de España, frente a otros países de la OCDE se asienta en la persistencia de unos fuertes desniveles tecnológicos y de productividad entre sectores y entre empresas dentro de un mismo sector.

Objetivos y orientaciones fundamentales de la política de empleo.

El relativo aislamiento de la economía española y las circunstancias políticas y sociales que definen el periodo de transición de la dictadura hacia la democracia, retrasan el ajuste económico en España en relación a los demás países de la OCDE. Esto quizá explique que hasta 1978 España mantenga tasas de paro ligeramente inferiores a la media de los países de la CEE y la OCDE, y que hasta ese mismo año, en el marco de los Pactos de la Moncloa, no se instrumenten las primeras medidas específicas de política de empleo.

Desde entonces se pueden distinguir al menos tres etapas en el desarrollo de la política de empleo. La primera comprende el periodo 1978 a 1981 y se limita a la puesta en marcha del denominado “Programa experimental de empleo juvenil” y a la incentivación de la contratación de trabajadores preceptores del seguro de desempleo. Una segunda etapa se inaugura con la firma en 1981 del Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), en el que se contempla la creación de un conjunto diversificado de programas de fomento del empleo y reparto del trabajo: contratos en prácticas, de formación, temporales, a tiempo parcial y jubilación anticipada a los 64 años. En 1984 con la modificación del Estatuto de los Trabajadores por la Ley 32/1984 de 2 de agosto, se da paso a una nueva fase caracterizada por la diversificación de las formas de contratación, apareciendo nuevos tipos de contrato que se superponen o sustituyen a los vigentes hasta ese momento.

Esta política hay que analizarla en el contexto del conjunto de las políticas de empleo instrumentadas por los países de la OCDE. Por encima de las diferencias hay un denominador común, el Estado. Esa crisis del Estado es la crisis del Estado de bienestar keynesiano. La consecución del pleno empleo deja de ser el objetivo central de la política económica a la que se subordinan los demás objetivos. Lo esencial es el control de la inflación y la reducción de los desequilibrios básicos de la economía para lo cual la moderación salarial y la flexibilización del “mercado de trabajo” son requisitos imprescindibles. Este ajuste permitirá un crecimiento más intenso y estable, lo que se supone acabará repercutiendo en un mayor aumento del empleo, que finalmente situará las tasas de paro en niveles próximos a los de pleno empleo.

Estas políticas que en contraposición a las posiciones neokeynesianas se han denominado “neoliberales”, acaban imponiéndose.

En España, tal y como se ha señalado, hay una primera etapa que se abre con los Pactos de la Moncloa. Se toman dos tipos de medidas. El “programa experimental de empleo juvenil” está destinado a fomentar el empleo temporal de los jóvenes (de 16 a 25 años). Los contratos tienen una duración mínima de 6 meses y un máximo de 12 meses. Las empresas se benefician de una reducción de las cotizaciones de la Seguridad Social del 75% si los jóvenes contratados son de primer empleo y del 50% si ya han tenido un trabajo previo. El segundo grupo de medidas se dirige a los trabajadores preceptores del subsidio de desempleo.

En esta primera etapa se logra un aumento en el número de colocaciones registradas, en particular de las acogidas a contratos de fomento del empleo que pasan de representar el 10,6% en 1978 al 28,5% en 1980.

La segunda etapa en la política de empleo en España comienza con el desarrollo de los tipos de contratación previstos en el Estatuto de los Trabajadores de 1980, como consecuencia de la firma del Acuerdo nacional de Empleo (ANE) en junio de 1981. Se ponen en marcha un conjunto diversificado de programas destinados al fomento del empleo y reparto del trabajo. Los programas o medias aprobadas son: los contratos en prácticas y para la formación, para los que se establece una reducción de la cotización empresarial a la Seguridad Social del 45% y una bonificación del 30% de esa misma cuota con cargo al INEM, así como una subvención a la empresa del 30% del salario-hora por cada hora en prácticas que exceda a las treinta semanas, en el caso del contrato en prácticas.

Estas medidas no logran los efectos apetecidos. Hay un trasvase hacia nuevos tipos de contratación, espacialmente a las distintas modalidades de contratación temporal. Se va a producir incluso un paulatino descenso en el número de colocaciones registradas. La agudización de la crisis, acompañada de una nueva subida de los precios del petróleo y la inevitable reestructuración de la industria, mantienen una fuerte destrucción de empleos. El resultado es un nuevo salto en la tasa de desempleo que supera en 1984 el umbral del 20%, y supone pasar de una cifra de parados en media anual de 1.482.100 en 1980 a 2.768.500 en 1984. El mayor número de despidos se concentra durante esta etapa en la industria.

La reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1984 es el origen de la última etapa de desarrollo de la política de empleo. Con ella se abre paso a una multiplicidad de tipos de contratación y a una reordenación del conjunto de medidas de política de empleo y formación profesional ocupacional, en orden a conseguir que las perspectivas de un crecimiento económico futuro, más sustancial que el de los últimos años, se traduzcan en la creación del mayor número de empleos posibles, tal y como se plantea en la propia Ley.

Medidas de política de empleo.

El análisis e las medidas de política de empleo se va a centrar en aquellas medidas directamente dirigidas a la creación y fomento del empleo, incluida la formación profesional ocupacional. Se dejan al margen otros aspectos de la política de empleo como las prestaciones por desempleo, el funcionamiento de los servicios de empleo u otros cuestione conexas como las que se refieren al reparto del empleo o a la movilidad geográfica y funcional de las plantillas.

El conjunto de programas o medidas actualmente vigentes nacen fundamentalmente de la reforma del Estatuto de los trabajadores de 1984. Tal y como se destaca en el preámbulo de las leyes 31 y 32 de 2 de agosto de 1984, que modifican respectivamente la Ley Básica de Empleo y el Estatuto de los Trabajadores, se trata de eliminar rigideces en la regulación de la contratación para facilitar el acceso de los desempleados a nuevos puestos de trabajo, propiciando al mismo tiempo la utilización de mediadas para el fomento del empleo de colectivos específicos que encuentran dificultades particulares para acceder al empleo.

La gran variedad y dispersión de las medidas de política de empleo aconseja ordenarlas en cuatro apartados que se refieren, respectivamente, a los tipos de contratación, a la creación y fomento del empleo mediante ayudas o subvenciones, a la formación profesional ocupacional con especial incidencia en las “Escuelas-Taller” y las “Casas de Oficio” y a la utilización de los Fondos de promoción de Empleo y las Zonas de urgente Reindustrialización como mecanismos de creación de empleo.

Modalidades de contratación laboral.

Los tres grupos principales se refieren a contratos temporales de carácter estructural, contratos de inserción (en prácticas y para la formación) y contratos temporales para el fomento del empleo.

Contratos de duración determinados de carácter estructural.

Hay cuatro figuras reconocidas:

• contrato para la realización de una obra o servicio determinado,

• contrato eventual por circunstancias de la producción,

• contrato de interinidad y

• contrato pro lanzamiento de nueva actividad.

No existe ninguna restricción en estos contratos respecto al sujeto contratado y tan sólo se exige que tengan forma escrita, salvo que la duración sea inferior a cuatro semanas en el caso de los contratos por obra o servicio determinado.

Contratos de inserción.

Se trata de modalidades que van dirigidas a facilitar el proceso de inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo permitiendo de algún modo la combinación entre formación y trabajo. Los dos tipos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores y regulados son:

• Contratos con prácticas.

• Contrato para la formación.

Ambas modalidades de contrato tienen una duración comprendida entre los tres meses y los tres años y han de hacerse por escrito. En el caso del contrato en prácticas, existe una reducción del 75% de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes y en el de formación esa misma bonificación es del 90% si la empresa tiene 25 o más trabajadores, o del 100% si tiene menos de 25 trabajadores. Además, en el caso de que se transformen en indefinidos a su finalización, la cuota empresarial se reduce al 50%. Adicionalmente, la Orden Ministerial de 22 de enero de 1988 reguladora del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (Plan FIP) establece subvenciones de hasta 280.000 pesetas para los contratos en prácticas que se celebre con determinados colectivos de trabajadores (desempleados con titulación de Formación profesional de 2º grado o equivalente y demandantes de primer empleo, inscritos como parados al menos dos años) y en los contratos para la formación una subvención de 90 pesetas por trabajador y hora-día de formación.

Contratos temporales para el fomento del empleo

Tienen como finalidad estimular la contratación de trabajadores desempleados. Es necesario que los trabajadores estén inscritos como desempleados en las Oficinas de Empleo del INEM y que el contrato se haga por escrito. La duración no puede ser superior a tres años ni inferior a seis meses. A su término el trabajador tiene derecho a percibir una compensación equivalente a 12 días de salario por año de servicio.

Con objeto de evitar la sustitución de trabajadores fijos por trabajadores con contrato temporal y el encadenamiento de contratos temporales, se establecen determinadas limitaciones a este tipo de contratos. Así, no se podrá utilizar este tipo de contratación cuando: no haya transcurrido, al menos, doce meses desde que el mismo trabajador haya estado contratado temporalmente durante tres años; se trate de cubrir el mismo puesto de trabajo que ha ocupado temporalmente durante tres años otro trabajador; o la empresa hubiera amortizado puestos de trabajo pro despido declarado improcedente.

Otras modalidades de contratación.

A las siete modalidades de contratación que reúnen los tres grandes grupos citados hay que añadir otros seis tipos de contrato de fomento del empleo, que son:

• contratos a tiempo parcial

• contratos de relevo

• jubilación anticipada mediante sustitución por otro trabajador

• contrato de trabajadores minusválidos

• contrato de trabajadores mayores de 45 años

• contrato de mujeres en oficios en que se encuentran subrepresentadas

• contrato por tiempo indefinido de trabajadores jóvenes desempleados menores de 26 años y otros colectivos.

La mayor parte de estos contratos tienen carácter indefinido.

Otras medidas de creación y fomento del empleo.

Junto a la diversificación de los tipos de contratación se han establecido otras medias de creación y fomento del empleo. Se pueden agrupar en tres apartados: medidas de fomento del empleo en el sector público, ayudas públicas para el mantenimiento del empleo y medidas de apoyo a las iniciativas empresariales y a la creación de empleo.

Medidas de fomento del empleo en el sector público.

Dentro de este grupo se pueden distinguir los convenios INEM-Administraciones Públicas, el Plan de Empleo Rural y los denominados trabajos de colaboración social.

Ayudas públicas para el mantenimiento del empleo.

Entre estas ayudas se incluyen las destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo en cooperativas, las compensaciones económicas a centros especiales de empleo y los expedientes de regulación de empleo con suspensión temporal del empleo o reducción de jornada.

Medias de apoyo a las iniciativas empresariales y a la creación de empleo.

En este apartado se incluye una amplia variedad de medidas, como son: la capitalización de las prestaciones por desempleo, la promoción del empleo autónomo y en cooperativas y sociedades laborales, la promoción de iniciativas locales de empleo, la integración laboral del minusválido y otras medidas de incentivación fiscal a la creación de empleo.

Formación Profesional Ocupacional. Programa de Escuelas-Taller y Casas de Oficio.

Desde 1985 la formación profesional ocupacional está enmarcada en el denominado Plan Nacional de Inserción y Formación profesional (Plan FIP) que es actualizado anualmente. La puesta en marcha de esta nueva etapa en al formación profesional ocupacional está vinculada a la firma del Acuerdo Económico y social (AES) en 1984. El Plan FIP pretende cubrir los objetivos propios de la formación profesional ocupacional actualizando y modernizando el contenido de los cursos, estimulando y coordinando las acciones que en este sentido realicen las Administraciones Públicas, las instituciones privadas y los agentes sociales y estableciendo programas especialmente dirigidos a colectivos que tengan mayores dificultades para encontrar empleo.

Entre los programas fijados en el Plan destacan los dirigidos a jóvenes, parados de larga duración, mujeres y diversos colectivos que aparecen discriminados o marginados del mercado de trabajo.

Fondos de Promoción de Empleo y Zonas de urgente Reindustrialización.

Aunque se ha excluido del análisis la política de reconversión industrial, se citan en este apartado dos de los instrumentos de fomento a la creación de empleo previstos en los plantes de reconversión. El objetivo fundamental de las medidas de reestructuración industrial es facilitar el ajuste de empleo estableciendo una cobertura social para los afectados y procurando su recolocación mediante la creación de nuevas actividades industriales.

Principales resultados.

Los efectos de este amplio abanico de medidas que constituyen la política de empleo son muy diversos y con frecuencia de difícil evaluación.

En primer lugar, destaca el fuerte crecimiento del número de contratos. La diversificación de los tipos de contratación, ha conseguido que se produzca un salto en las demandas de empleo por parte de las empresas. Destacando los principales tipos de contratos. La inmensa mayoría siempre con porcentajes superiores al 90%, corresponde a contratos de carácter eventual. Esto corrobora la evolución del empleo que se examinaba en el primer apartado. La flexibilización en la contratación ha fomentado un mayor volumen de empleo, pro buena parte tiene un carácter precario, tanto en lo que se refiere a garantía de estabilidad en el empleo como a las demás condiciones de trabajo.

En la Encuesta sobre política de contratación y formación del Ministerio de Trabajo (ECF 1987), referida al año 1986, se detecta que el nivel de rotación de las plantillas es bastante más elevado en la pequeña y mediana empresa que en la grande. Llama la atención que sean las empresas más pequeñas ( de 6 a 10 trabajadores) y las más grandes (de más de 500 trabajadores) las que utilizan en mayor medida la contratación fija a tiempo completo y que las empresas de 51 a 100 trabajadores sean las que presentan un mayor porcentaje de contratación temporal a tiempo parcial y de b ajas por finalización de contrato. Por su parte, en las empresas más pequeñas, al predominar todavía una relación muy personalizada de carácter familiar o de amistad, se elude la contratación temporal, pero con frecuencia las dificultades de supervivencia de ese tipo de empresas fuerzan un mayor porcentaje de bajas voluntarias con o sin incentivo y de despidos por expediente de regulación de empleo.

El resto de las medidas de fomento del empleo son más difícilmente evaluables. Destaca el rápido incremento de la capitalización de las prestaciones por desempleo y la creación de cooperativas y sociedades anónimas laborales. La creciente utilización de la posibilidad de capitalización del seguro de desempleo como medio de establecerse por cuenta propia. Se observa que la creación de cooperativas y sociedades anónimas laborales ha alcanzado un cierto estancamiento tras los primeros años de impulso. Con toda probabilidad, el alto índice de fracaso de estas experiencias ha provocado un freno a su expansión.

En cuanto a la formación profesional ocupacional, ésta ha experimentado un fuerte impulso desde la puesta en marcha de los planes FIP. Los datos muestran el fuerte incremento en el número de cursos y alumnos desde 1986, aunque en 1988 se detecta un ligero descenso. En todo caso, una evaluación la calidad y los resultados de estos cursos queda fuera de los límites de este trabajo.

Después de este examen parcial de los resultados de los distintos tipos de medidas de política de empleo, se puede hacer una evaluación global de dicha política. Con todas las cautelas que impone una valoración conjunta de un abanico de medidas tan diverso, cabe concluir que las políticas de empleo han constituido un elemento más de la estrategia flexibilizadora tendente a rebajar los costes laborales y a conseguir una adaptación de la mano de obra a las exigencias derivadas de los cambios tecnológicos como medio de incrementar su rendimiento. En los países o zonas en las que ha predominado una política “activa” de ajuste industrial y tecnológico, y que en consecuencia tienden a hacer descender sus desniveles de productividad, la flexibilización ha tenido un carácter más activo encaminado a la mejora de la productividad y del potencial de desarrollo endógeno mediante cambios en la estructura productiva y en las formas de organización y gestión empresarial. Por el contrario, allí donde el ajuste se puede calificar como eminentemente “pasivo”, el descenso de los costes laborales unitarios y el reciclaje de la mano de obra se ha realizado primando la reducción de costes laborales en sí mismos y forzando la mejora de la productividad mediante la incorporación de tecnologías del exterior ante las que a la fuerza de trabajo se le exige una simple adaptación pasiva. No es extraño, por consiguiente, que si examinamos la política de empleo en distintos países o áreas sean justamente los países de la CEE los que por lo general presentan una mayor gasto público destinado a los programas relacionados con el mercado de trabajo. Es particularmente significativo que países como Suiza, Estado Unidos y Japón, que mantienen unas tasas más elevadas de creación de empleo, destinen una parte mucho más reducida a la promoción de empleo.

Dentro de la CEE el caso español vuelve a ser excepcional. España presenta un menor gasto en lo que la OCDE denomina convencionalmente “medidas activas”, mientras que los relacionados con el “mantenimiento de los ingresos” son más elevados pero, a pesar de todo, menores que los de otros países con tasas de desempleo inferiores a la española. Observando con mayor detalle el citado cuadro, se comprueba además que dentro de las llamadas “medidas activas” España es la que tiene junto a Bélgica e Irlanda, el porcentaje más alto destinado a la subvención a la creación directa de empleo y a la contratación.

Estos datos vuelven a resaltar que en el caso español la política de empleo ha primado el abaratamiento directo de los costes laborales, reforzando la política de reducción de costes laborales instrumentada a través de la política de rentas y de “flexibilización de la contratación”. En menor escala otros países de la CEE han descargado a las empresas de una parte sustancial de los costes empresariales, aunque referidos en mayor medida que en España a los gastos de formación y ajuste entre las ofertas y demandas de trabajo. Frente a ellos los otros países de la OCDE dedican un gasto muy inferior a la política de empleo, lo que indica un mayor protagonismo de la política industrial y tecnológica y de los agentes sociales encargados de llevarla a cabo.

Conclusiones y perspectivas de futuro.

El modelo de crecimiento que paulatinamente se ha impuesto en España desde 1979 encierra a los trabajadores en posiciones eminentemente pasivas o de carácter puramente defensivo. Con frecuencia esto se traduce en que la discusión en torno a los porcentajes de incremento salarial se convierte en el tema central de las negociaciones colectivas, marginando otras cuestiones y empobreciendo el contenido de la negociación. De este modo, se acaba generando un riesgo permanente de que los salarios se vean arrastrados en una espiral inflacionista que es fuente de otras tensiones y desequilibrios. Se elude abordar una reestructuración de fondo de la industria española. Más aún, se dificulta esa posibilidad en la medida en que o es posible llevar adelante un programa de reformas estructurales sin lograr una mínima estabilidad en los equilibrios básicos de la economía española. Los Pactos de la Moncloa siguen siendo desde este punto de vista una experiencia especialmente aleccionadora. En un modelo industrial y tecnológico alternativo la moderación salarial y el rigor en los mecanismos de política monetaria y fiscal siguen siendo imprescindibles. Un poner en peligro la viabilidad de cualquier opción que se quiera tomar. Del mismo modo es necesario desechar cualquier tentación proteccionista o de repliegue frente al exterior.

TEMA 8. PRESENTE Y FUTURO DEL SINDICALISMO EN ESPAÑA.

Introducción.

Puede ser complejo hablar del presente del sindicalismo español, dando de él una explicación que ayude a comprender su actual situación. Mucho más difícil aún resulta referirse a lo que serán esas formas organizativas a comienzos del siglo XXI.

Por ello no se trata de hacer prospectiva, sino de desentrañar qué tipo de transformaciones están teniendo unas organizaciones de indudable importancia en nuestra sociedad en los últimos 20 años, sobre todo si tenemos en cuenta los grandes cambios en las formas de trabajar y en el significado social del trabajo que están teniendo lugar en el último periodo y que, sin duda, se van a desarrollar aún más en las décadas venideras.

El debate de fondo no es sólo sobre la representatividad de los sindicatos. Los sindicatos son representativos, como cualquier otra forma asociativa, si hay una base social que acude a ellos para resolver sus problemas y si otros interlocutores sociales los admiten como tales en el entramado de las relaciones sociales que se articulan en torno al trabajo y a sus consecuencias en la vida cotidiana de las personas. Pero el debate es también sobre eficacia, es decir, sobre la capacidad de representar esas bases consiguiendo algo más de lo que cada individuo conseguiría por sí solo.

Con todo, es necesario comenzar por la cuestión de la representatividad, pues ése parece ser el eje fundamental para estudiar los posibles cambios que estén experimentando los sindicatos.

En torno a la posible crisis de representatividad de los sindicatos.

La representatividad institucional de los sindicatos.

Representatividad institucional (de mediación) es la que les pide la norma pública para representar establemente a los trabajadores en funciones específicas (negociar la condiciones de trabajo, principalmente) y con atribuciones específicas (horas, derecho de información, derecho de negociación). Esto les da legitimidad para negociar y concertar determinadas demandas.

Desde las primeras elecciones a representantes del personal, las de 1978, CCOO y UGT son los sindicatos hegemónicos. Si nos centramos en el último periodo, desde las elecciones de 1986 obtienen en torno al 70% de los delegados, bien a costa de algunos sindicatos menores que han ido perdiendo peso o desapareciendo.

Casi el 60% de los delegados, en las últimas elecciones, las de 1994, están en empresas de 50 o más trabajadores, es decir, forman Comité, lo que no quiere decir que en todas las empresas de ese tamaño se lleven a cabo elecciones. Según algunas investigaciones recientes (QUIT, 1997), a mayor tamaño de empresa más posibilidades hay de que ésta tenga representantes y, por tanto, Comité.

Si bien en las elecciones a representantes del personal participa en torno al 40-45% de los asalariados -porcentaje muy superior que lo que representa la afiliación, pro con un significado muy distinto- son muchos los trabajadores que quedan al margen de ese proceso, bien porque la norma no los incluye (personal de empresas menores de 6 trabajadores o una buena parte de los empleados temporales) bien porque los sindicatos no están presentes en las empresas y/o los empresarios se oponen a las elecciones.

Conviene, con todo, analizar brevemente las características de los delegados del personal que constituyen la base de esta representatividad institucional. Entre ellos siguen predominado los hombres más allá del porcentaje que en términos de estructura de la población por sexos les compete. La razón de esta desigualdad reside en la mayor precariedad del empleo femenino respecto al masculino. Pero aquí está una de las razones que explican no sólo la menor representación entre las mujeres, sino también la menor preocupación sindical por la problemática que el terreno laboral y social afecta a las mujeres.

También la estructura de edades de los delegados es significativa: un 65% de los delegados se hallan en la franja de edad de 30 a 49 años, en torno al 15% tienen entre 20 y 29 y un 12% están entre 50 y 59. Irrelevantes los porcentajes de delegados con menos de 20 años o con más de 59. Una vez más, estos porcentajes reflejan la estructura del empleo estable, puesto que los muy jóvenes y los muy viejos están o en situación de precariedad o en situación de prejubilación que difícilmente posibilitan o predisponen a la actividad de representación.

Por último, cabe decir que la inmensa mayoría de los delegados son trabajadores estables y que los inestables difícilmente pueden sentirse representados a pesar de que las organizaciones sindicales han hecho de la estabilidad en el empleo una de sus principales banderas. La razón es muy sencilla: si los comités están compuestos por trabajadores estables es fácil que se pueda dar, y de hecho se da, una clara tendencia a conceder menos importancia a intereses de los no fijos que son distintos de los que tienen los fijos: salarios, horarios, condiciones de seguridad e higiene, formación, promoción.

Si prescindimos de los inestables, de los sumergidos y de los parados (y en parte de los trabajadores de empresas muy pequeñas) podemos decir que una respetable mayoría de salariados ha delegado la mediación en al resolución de sus problemas a los representantes del personal y, por extensión, a los valedores de éstos que son los sindicatos.

Si de lo global vamos a lo particular, se registran algunas novedades que conviene reseñar. En el conjunto de España, el “mapa sindical” parece muy estable: CCOO y UGT cuentan con el 70% de los delegados; ELA y CIG son estables e importantes en Euskadi y Galicia; igualmente hay que hablar de una cierta estabilidad de sindicatos menores de carácter general (USO, CGT) o de carácter sectorial (CSIF y otros). Pero bajo esta aparente estabilidad hay fenómenos que no conviene perder de vista. Por ejemplo, que crecen los sindicatos de empresa en ciertos sectores como son Comercio, Transporte, Banca, y otros; que las grandes empresas (de 250 y más trabajadores) son cada vez menos y que, por tanto, los sindicatos ya no tienen tanta fuerza real a través de los Comités como tenían hace 10 años.

La representatividad de apoyo social: la afiliación.

La afiliación sigue siendo un buen indicador de la relevancia de una organización, puesto que expresa un acto de adhesión voluntaria y mantenida de los trabajadores con aquélla, ratificado con un apoyo económico estable. No quiere decir, a mi entender, que ello implique siempre un importante grado de acuerdo con la ideología ni con los objetivos al detalle ni con las formas de acción del sindicato.

La afiliación es un proceso de identificación complejo. La afiliación es el resultado de una serie de beneficios y de “sanciones”, que pueden ser diversos en cada país, que los trabajadores tienen para mantener ese vínculo estable con los sindicatos. Ello quiere decir que una primera razón de la afiliación es la eficacia puesto que colectivamente se obtienen más beneficios o se evitan más sanciones que individualmente. Partiendo de esta premisa, la baja afiliación que todavía hoy existe en España en comparación con otros países del entorno tiene que ver con factores como: la irrelevancia de la afiliación para obtener los beneficios de la negociación colectiva, la no incidencia que los sindicatos tienen en determinados beneficios sociales como pensiones, subsidios, acceso al mercado de trabajo (en comparación con lo que sucede en otros países). O por el contrario, con las sanciones patronales que se pueden temer, si uno está afiliado, cuando se tiene contrato temporal o bien cuando se trabaja en una empresa muy pequeña.

Pero, en segundo lugar, la afiliación expresa solidaridad. Muchos trabajadores podrían pensar que no “necesitan” sindicarse. Su afiliación es un acto de solidaridad con los que necesitan más los instrumentos colectivos. La “densidad sindical” ha evolucionado en el último periodo a compás de las coyunturas laborales, de las estrategias más institucionalistas o más perseguidoras de la mejora de condiciones de trabajo concretas pro parte de los propios sindicatos y, seguramente, en relación con la capacidad de unidad de acción de los mismos.

En 1995 los dos sindicatos mayoritarios tienen en torno a 700.000 afiliados cada uno, mientras que ninguno de los minoritarios supera los 80.000 Pero en la estructura interna de la afiliación sindical han tenido lugar cambios que conviene reseñar, porque nos dan pistas muy importantes sobre el futuro de las organizaciones. El metal sigue siendo la federación más importante numéricamente, así como aquella que más líderes produce. La construcción ha perdido el segundo puesto desde mediados de la década de los ochenta, lugar que ha sido conquistado por el sindicato del transporte. Desde principios de los noventa el tercer lugar es ocupado por el sindicato de la Administración pública.

Pero al mismo tiempo cabe señalar la baja afiliación del sindicato de pensionistas y jubilados -cuya posible base social supera ya los 5 millones de exasalariados- que es la primera en varios sindicatos europeos, y la inexistente federación de parados.

Por todo ello las características de los afiliados están cambiando radicalmente, como ya observaba alguna investigación hace pocos años. Disminuyen los trabajadores manuales, los menos cualificados y los de la empresa privada; aumentan los cualificados, no manuales y los de las empresas y servicios públicos.

La representatividad del conflicto social.

Los sindicatos españoles han mantenido la mayor representatividad del conflicto social. Han sido, sin duda, una de las claves de éste; de su incremento o disminución y, sobre todo, de su control dentro de ciertos límites. Ha bajado la afiliación, ha podido oscilar el grado de representatividad institucional o han quedado fuera de la misma algunos colectivos muy importantes de trabajadores. Pero los sindicatos han sido los máximos -con frecuencia los únicos- representantes del conflicto social por parte de los asalariados. No me refiero únicamente al conflicto abierto -huelgas y otras formas del mismo-, me refiero también a otros tipos de conflicto; al conflicto institucional, a través del cual los sindicatos han encabezado la lucha por ciertas reformas o por el cambio de leyes; al conflicto de opinión, en el que los sindicatos han mantenido las posiciones de la mayoría de los asalariados con propuestas de cambio o de progreso, enfrentados con frecuencia a los gobiernos y a las ideas dominantes sobre la política económica y laboral.

La verdadera crisis de los sindicatos: la crisis del empleo.

Desde el punto de vista institucional, de afiliación o de conflicto, hablar de crisis de los sindicatos es referirse a cambios que pueden ser hoy más acentuados que en el pasado y que lo serán en el futuro; que pueden manifestarse diversamente que en otros países.

Pero sí que hay, a mi entender, una verdadera crisis, que se puede entender de la manera siguiente. Desde el auge de la revolución industrial, la función primordial de los sindicatos ha sido mejorar las condiciones de vida de la población asalariada, con el objetivo de reducir las desigualdades sociales. Ésa era la cuestión social clave que los sindicatos -y otras formas organizativas de los trabajadores- lograron afrontar con un cierto éxito en los países centrales. El objetivo señalado se basaba en un crecimiento ilimitado de la economía que conllevaba, en los países centrales, un crecimiento ilimitado del empleo. Ambas cosas aparecían, una vez superada la crisis de los años treinta, elementos estables. Hoy la verdadera cuestión social es la crisis del empleo y no está claro que los sindicatos sean capaces de imaginar, desarrollar y llevar a término, una estrategia que garantice a todos el empleo. Con otras palabras, la verdadera crisis los sindicatos la llevan “dentro”. Si el trabajo deja de ser un elemento significante en la vida de las personas o si se reduce ostensiblemente el número de aquellos para quienes es eso, entonces si que los sindicatos pueden perder definitivamente puede en la historia del siglo XXI.

Cambios en el trabajo en el empleo.

Cambios en el trabajo.

Por ello interesa que tengamos en cuenta los cambios que están teniendo lugar en el trabajo y en el empleo, con el fin de entender mejor qué consecuencias ello puede tener sobre los procesos asociativos.

A lo largo de los últimos 30 años, y más pronunciadamente en la última década, asistimos a cambios espectaculares en le trabajo que están exigiendo a los representantes de los trabajadores un repensamiento de sus demandas colectivas y de sus formas organizativas.

La innovación tecnológica y sobre todo las nuevas estrategias empresariales de competitividad introducen cambios importantes en la naturaleza misma del trabajo. La división social del trabajo en las empresas se hace más compleja, incrementándose los niveles de técnicos y mandos intermedios tanto en las empresas públicas como en las privadas, lo cual lleva al decrecimiento de los trabajadores manuales de la industria y a un importante crecimiento de los empleados, tanto de baja cualificación como de cualificación media y alta. En general, desde 1980 se registra un impórtate crecimiento de los trabajadores manuales de los servicios lo que, unido a la destrucción de empleos industriales, cambia en manera notable la estructura del mercado de trabajo. Pero también de la base social y de las posibilidades de identificación con los sindicatos. Pero a pesar de tratarse de trabajadores manuales o en general con posiciones muy subordinadas en las empresas, en estos casos la inclinación hacia los sindicatos no es alta; las razones tienen que ver con la estructura de las empresas en las que trabajan que son pequeñas, de alta rotación según la coyuntura, sin tradición sindical o bien con características contractuales de los propios trabajadores, puesto que suelen ser temporales o eventuales o trabajan a tiempo parcial o entran en las empresas a través de las redes informales del parentesco o de la amistad que dificultan una posición reivindicadora.

Se diversifican los contenidos del trabajo: en algunos se incrementó la cualificación, mientras que muchos otros se descualifican, es decir, se desarrollan tendencias polarizadoras.

Algunas empresas incrementan fórmulas de participación directa para algunos de sus trabajadores, a través de los grupos de trabajo, los grupos de mejora, el debate sobre la calidad pero restringidamente a ciertos núcleos de trabajadores, los cualificados o los estratégicamente bien colocados, mientras que la no participación sigue siendo la tónica para la mayoría.

Para los sindicatos resulta difícil negociar esta diversidad, no sólo por la complejidad de la misma, sino también pro las tradiciones de homogeneidad a las que están habituados.

Cambios en el empleo.

A lo largo de los últimos 15 años han tenido lugar profundos cambios en el mercado de trabajo. El más importante, sin duda, el crecimiento y mantenimiento de altas tasas de desempleo, aunque con oscilaciones; estas tasas son resultado de un proceso muy importante de destrucción de empleos entre 1978 y 1985 en los sectores tradicionales y de una insuficiente creación de empleo en los nuevos sectores, en particular los servicios. Las razones de tal fenómeno han de ser buscadas tanto en el proteccionismo desarrollado durante el franquismo cuanto en la escasa competitividad de muchas empresas españolas.

El desempleo desplaza de sus trabajos a muchos trabajadores manuales de grandes empresas los cuales, por su bajo nivel de cualificación o edad avanzada, no vuelven a recolocarse o lo pueden hacer únicamente en manera precaria; pro ejemplo en pequeñas empresas poco consolidadas, en trabajos temporales o como trabajadores por cuenta propia. Pero también impide el acceso a la primera ocupación o bien a una ocupación estable a los jóvenes y a las mujeres.

Con todo, el fenómeno del desempleo convive con la creación de nuevo empleo que se acelera sobre todo desde 1985, se mantiene a ritmo alto hasta 1991 y se vuelve a acentuar desde 1995, tas 3 años de recesión. Pero el empleo que se crea en este periodo tiene características especiales: es temporal, con contratos cortos o muy cortos que obligan a los trabajadores a cambiar de ocupación, de empresa y hasta de ramo con mucha frecuencia. Los empleos inestables crecen espectacularmente: son el 14% en 1984 y se incrementan hasta el 33% de todos los asalariados en 1995. La inestabilidad se constituye así en la piedra angular del nuevo mercado de trabajo. Esta nueva condición asalariada precaria es la propia, sobre todo, de jóvenes, mujeres y en general de trabajadores bajamente cualificados. Podemos decir que se han roto las “garantías mínimas” para todos los que habían constituido la base del acuerdo social en el que participan los sindicatos en Europa en las últimas décadas y que, también en España, en el inicio de la nueva etapa política, se daban por supuestas.

Esta ruptura de las garantías mínimas -pleno empleo y estabilidad- no sólo abre nuevas condiciones de vida a aquellos a quienes afecta también suponen una concepción nueva del trabajo, más instrumental y coyuntural, menos vinculado al propio futuro. Por tanto, para mantenerla se echa mano de instrumentos más coyunturales, pero sobre todo, constituye una situación diferente para unos sindicatos que no tenían consolidada.

Las estrategias de los sindicatos en el último periodo

Sindicatos-Comités.

Los sindicatos españoles son relativamente fuertes en la sociedad, pero débiles en la empresa, se ha dicho con frecuencia. Como instituciones de la sociedad civil su presencia es notable y su influencia importante. Sobre todo en procesos institucionales. Pero en muchas empresas, particularmente en las pequeñas -que son la mayoría en la estructura empresarial española- no están presentes ni con afiliados ni a través de delegados o bien cuentan con delegados muy desvinculados de la organización. En aquellas en que sí existe un vínculo fuerte, las medianas y las grandes, los sindicatos tienen que realizar equilibrios entre la instancia unitaria en la que se hallan integrados, el comité, y la instancia propiamente sindical en la que suelen estar divididos. Equilibrio que es, en el fondo, un intento de conjugar los intereses de los trabajadores de la empresa, o de una parte de los (los estables) con los trabajadores del ramo al que pertenece la empresa o del territorio en el que está.

En cualquier caso se ha consolidado un dualismo de la representación de los trabajadores a nivel de empresa, puesto que los sindicatos, además de estar presentes en los comités también intentan estar directamente en las empresas a través de las secciones sindicales. Pero es un dualismo en el que la estrategia sindical con frecuencia se resiente.

Los sindicatos son conscientes de los riesgos de esa dualidad y por ello su estrategia ha tenido, al respecto, cambios de importancia en el último periodo. Quizá el más obvio tiene que ver con las nuevas formas de actuación conjunta -“unidad de acción”- entre los sindicatos, principalmente entre los dos más grandes. Desde 1987 estos sindicatos han abandonado las posiciones de confrontación que caracterizaban la diversidad sindical hasta entonces y han entrado en una estrategia de unidad.

Las razones de este acercamiento tienen que ser buscadas tanto en las bases sociales de los sindicatos como en las mismas estructuras. En las bases es cada vez más palpable el deseo de los trabajadores de que las organizaciones sindicales unifiquen sus formas de actuar y den pasos hacia una unidad estable y quizá hacia la unificación. Una prueba contundente de ello la tenemos en el indiscutible apoyo que los propias afiliados a los sindicatos dan a los comités, por encima del que dan los mismos sindicatos.

Este proceso de unidad de acción no está libre de peligros, el principal de los cuales se cierne sobre los sindicatos cada vez que se celebran elecciones a representantes del personal, porque entonces cada sindicato se siente obligado a obtener el máximo número de delgados, puesto que de ello depende la capacidad negociadora que la ley le otorga. Con todo, en los últimos años se han elevado ya algunas voces, todavía tímidas, pidiendo candidaturas conjuntas entre CCOO y UGT.

Descentralización política y centralismo sindical.

Un segundo aspecto importante en términos estratégicos se refiere a las estructuras centrales y regionales de los sindicatos, en relación con un mapa de fuerte descentralización política existente en España. Tanto en el País Vasco como en Cataluña y Galicia -menos en otras regiones, pero bastante radicalmente en el primer caso pro la existencia de un sindicato nacionalista- los sindicatos son favorables a algún tipo de marco de relaciones laborales propio que, sin romper la unidad básica entre todos los trabajadores españoles, refleje esas especifidades. De hecho existe ya Consejos Económicos y Sociales en algunas regiones, aunque sin mucha incidencia, así como procesos de concertación regional; por lo demás, la reforma laboral de principios de 1994 amplía las posibilidades de negociación regional.

Las organizaciones obreras a nivel central han de asumir esa descentralización que podría basarse en acuerdos intrasindicales explícitos, que garantizarían junto con la unidad y la solidaridad generales, formas organizativas y, sobre todo, de acción más cercanas a la realidad político-cultural en que viven los trabajadores.

No se trata, conviene aclararlo de ninguna veleidad nacionalista -el nacionalismo sindical ha fracasado excepto en Euskadi bien sea pro razones históricas bien por la tensión conflictiva que ha acompañado este problema en los últimos años- sino simplemente de acercar las organizaciones colectivas al punto en el que están los trabajadores y los problemas que les afectan.

Hacer frente a la crisis del empleo.

Pero la actuación frente a la crisis del empleo es, sin duda, el aspecto más novedoso aunque más complejo y difícil, de la nueva estrategia sindical. Los sindicatos españoles tienen, como muchos otros sindicatos en Europa -aunque con una propia especificad- que hacer frente, al respecto, a cambios y a problemas importantes de los que ya hemos hablado. De hecho los sindicatos han puesto desde hace varios años en el centro de su actuación la lucha por el empleo, a un doble nivel: en la empresa, en un intento de incrementar el empleo, y sobre todo el empleo estable.

Los resultados no son aún muy alentadores y las disensiones intrasindicales más importantes están hoy situadas en ese campo; seguramente es ahí donde ser requiere mas inventiva, arriesgarse más, buscar nuevas fórmulas. Por ello los sindicatos españoles están más interesados que nadie en desarrollar las bases que posibiliten un gran “acuerdo social para el empleo” que posibilite crear puestos de trabajo y mejorar los existentes, no meramente legitimar los gobiernos de turno. Se ha hablado de disminuir el tiempo de trabajo y para ello la cuestión clave puede estar en el debate sobre el coste del mismo, tanto directo como indirecto. Se vuelve una y otra vez sobre la cuestión de la flexibilización y hay, dentro de los sindicatos, personas convencidas de eso siempre que obedezca a procesos de negociación y no de imposición. Probablemente todo esto será poco efectivo si no tiene lugar una masiva creación de empleo en la que todo parece indicar que el Estado y la negociación entre Estado y sindicatos tendrían que volver a jugar un papel importante.

Muchos piensan que el único futro posible es un neokeynesianismo, pero sobre nuevas bases, donde el máximo crecimiento y el máximo consumo a cualquier costo no sean los principales objetivos, sino que lo sean en equilibrio con el medio ambiente. Todo ello requeriría una “revolución cultural” en la que los sindicatos tienen un papel importante que jugar como organizaciones de base, pero para la que aún les faltan nuevas perspectivas culturales. Hasta ahora se han basado en la “cultura del trabajo” -quizá habrán de pensar más en términos de “cultura del tiempo”-

Los sindicatos frente a los nuevos trabajadores.

Los sindicatos no plantean en abstracto las nuevas estrategias. Si están obligados a cambiar, y si lo quieren hacer, es porque sus bases han cambiado en manera notable en el último periodo.

Los trabajadores inestables.

Característica de los trabajadores, que son la mayoría de los que han accedido a la ocupación en la última década -bien sea por primera vez bien después de perder el empleo anterior- es que no suelen sindicarse. La razón fundamental está justamente en la precariedad de su situación contractual. La realidad es que prefieren una relación individual con sus patronos, porque suponen que eso les va a facilitar la renovación de sus contratos y la mejora de sus condiciones. Con frecuencia sindicalistas y estudiosos se han preguntado el por qué de este razonamiento y su fundamento. Hay estudios que señalan que la cultura antisindicalista existente en muchas empresas pequeñas -que es quizá de oposición a cualquier injerencia que se estime externa a la empresa- explica que la sindicación sea un riesgo para este tipo de trabajadores.

Hay un factor real que explica la no identificación de estos empleados con el resto de los trabajadores de la plantilla y, por tanto, de dificultad de identificación con las organizaciones sociales de los mismos. Con frecuencia dichos trabajadores están muy pocos meses en una empresa, para luego cambiar a otra, quizá de otro ramo o para pasar al paro y volver a trabajar muchos meses después. Esta inestabilidad acentúa la posición individualista y dificulta los lazos colectivos que, pro naturaleza, se tienen que dar sobre un cierto grado de comunidad de intereses concretos.

Aspectos normativos y de estrategia sindical influyen también en esta no sindicalización de los inestables. Las normas vigentes para la elección de los representantes del personal, vía a través de la cual, como ya he señalado, los sindicatos en España han consolidado su papel negociador, marginan fuertemente a los inestables, puesto que exigen un tiempo de permanencia mínima en la empresa antes de ser electores y elegible en ese proceso. Por tal razón son pocos los temporales que participan en la elección de representantes, ni siquiera como votantes. La situación en las empresas: en realidad los inestables han sido el grupo sobre el que se han descargado los turnos y las jornadas menos satisfactorios o las tareas menos apetecibles. Parece obvio que para atraer a los trabajadores inestables hacia los sindicatos, éstos deberían romper ese tipo de “dualización” existente en las empresas, defendiendo más decididamente las garantías que la ley da y la negociación podría dar a los inestables y ampliando dichas garantías en el lugar de trabajo.

Los parados

Desde los últimos años de la década de los setenta los sindicatos se han planteado el importante objetivo de atraer a los parados hacia la organización convirtiéndolos en la base social de la lucha por más puestos de trabajo. Pero entonces había movimientos asamblearios, las asambleas de parados, en las que militaban muchos trabajadores con experiencia de lucha social, que disputaban el liderazgo a los sindicatos. Con el tiempo las asambleas se disolvieron y los sindicatos confiaron los problemas de los parados a instancias más burocráticas de la organización. El paro se ha convertido en un problema social, en el primer problema social para la opinión pública, pero es un problema de los individuos que sindicatos y Estado, así como otras organizaciones ciudadanas, tienden a abordar en una relación individual. Con todo la realidad es que la permanencia de una tasa de paro entre el 18% y el 24% a lo largo de todos estos años implica una fuerte disminución de la base social potencial de los sindicatos. Es, por tanto, un fuerte reto para aquellos no sólo la creación de más empleo y el aumento de protección a los parados, sino también la organización social de éstos como la mejor vía para lograrlo. Los sindicatos deben asumir la solución del problema del paro desde presupuestos colectivos y con estrategias globales.

Las mujeres.

Un reciente estudio sobre sindicación (Rebollo 1993) muestra que la afiliación de las mujeres está subiendo, probablemente porque éstas han tenido un importante acceso a gran parte del empleo estable creado en la Administración pública en los años ochenta: sanidad, educación servicios sociales, administraciones locales y regionales. Con todo la diferencia entre hombres y mujeres sigue siendo muy alta tanto si lo miramos en términos de afiliación estricta como en lo que se refiere a presencia de las mujeres en la estructura de delegados y comités.

La razón de esto es doble: laboral y cultural. Desde un punto de vista laboral, la debilidad de la posición de la mujer dificulta su inserción sindical y el elevado ritmo de incorporación de la mujer en España al mercado de trabajo en los últimos años agrava aún más esta situación; el colectivo femenino es mayoritario en las listas del desempleo, así mismo entre los trabajadores inestables las mujeres ostentan la proporción más alta en términos relativos; la ocupación de las mujeres ha crecido sobre todo en ramos sindicalmente muy débiles como comercio, hostelería, limpieza y, en particular, en la empresa pequeña. Todo ello dificulta que las mujeres puedan tener una base mínima de estabilidad para dedicarse a la actividad de representación (como delegadas) o que puedan tener suficiente confianza en los sindicatos como para afiliarse o hasta que crean “necesitar” el apoyo colectivo.

Desde el punto de vista sociocultural -nos referimos a las consecuencias de la división sexual del trabajo- los sindicatos están realizando un importante esfuerzo para que la organización sea realmente un “sindicato de hombres y de mujeres”. Con todo, este esfuerzo no sólo tiene que vencer los obstáculos que dicha división ha ido consolidando en términos de pautas culturales; también tiene que superar las dificultades que provienen del mercado de trabajo; quizá la más importante de las mismas, que han materializado las recientes reformas, es la de la introducción del trabajo a tiempo parcial. El trabajo a tiempo parcial está incrementando la tasa de ocupación de las mujeres, pero no es evidente que vincule las mujeres a los sindicatos; la razón está en que el trabajo a tiempo parcial presupone la disponibilidad de la mujer para el trabajo reproductivo a tiempo total, entre otras cosas porque, contrariamente a lo que sucede en algunos otros países de la Unión, el tiempo efectivo de trabajo en el empleo a tiempo parcial en España tiende a ser muy corto.

Los jóvenes.

La afiliación de los trabajadores jóvenes, así como su vinculación con la representación colectiva a través de elecciones de representantes es extraordinariamente baja. Las altas tasas de desocupación de este colectivo así como la elevada precarización de sus empleos son los principales factores explicativos del fenómeno. Pero, posiblemente, no bastan para convencerlos de la necesidad de asociarse, propuestas de creación de empleo estable. Es necesario que los sindicatos entren más a fondo en el significado, la ordenación y la resolución del periodo de inserción o de tránsito de la adolescencia a la edad adulta, en términos laborales.

No es que los sindicatos hayan de hacer frente a todos estos problemas ni menos aún sustituir las organizaciones y movimientos juveniles al respecto. Pero quizá sí dar un fuerte apoyo a estos últimos y hacer entrar en el ámbito de sus preocupaciones problemas que tienen que ver con un periodo muy inestable de la vida de la gente como es la juventud.

Los técnicos.

Es necesario referirse a un colectivo que ha tenido un desarrollo extraordinario en el último periodo como consecuencia de la innovación tecnológica, del incremento de la ocupación en los servicios públicos y sociales y de los cambios en las formas de trabajar y en la organización del trabajo. Contra la opinión corriente, la tasa de sindicación de los técnicos está sólo ligeramente por debajo de la proporción que tienen en la estructura ocupacional por encima de la que registran lo administrativos o los ocupados en el comercio o los trabajadores de los servicios que son los colectivos menos sindicados. Con todo, la sindicación de los técnicos tiene dos características que al tiempo que señalan su naturaleza expresan sus limitaciones.

La primera de ellas es que se trata de técnicos principalmente de las empresas y organismos públicos; los niveles técnicos de la empresa privada suelen estar alejados de los sindicatos tradicionales. Esto se expresa en la existencia de sindicatos de categoría opositores con frecuencia de los sindicatos generales, fenómeno que también tiene lugar en el ámbito de al administración o bien de sindicatos de empresa; pero sobre todo se expresa en una cierta reticencia a la sindicación y a la actividad sindical. La segunda es que un proporción muy elevada de estos puestos están ocupados por mujeres las cuales tienen, para sindicarse y participar en las organizaciones, las dificultades que he señalado anteriormente.

Los empleados de la Administración pública.

Los sindicatos tienen hoy unos retos muy importantes que provienen de la diversificación del trabajo y de los trabajadores que rompen la relativa homogeneidad sobre la cual se había construido la sólida sindicación de los años cincuenta y sesenta en los países desarrollados. En el caso de España, sin embargo, cuentan con un ámbito, el público, donde las posibilidades son mejores que nunca en el pasado. Es el ámbito en el que ha crecido el empleo, en gran proporción estable y de una cierta calificación, donde más se ha incorporado la mujer, donde se están registrando cambios en la organización del trabajo en los que los representantes de los trabajadores pueden participar. Por todas estas razones es en ese ámbito donde más ha crecido la sindicación y más fuerte ha sido la actuación de los sindicatos en los últimos años. Aunque hay excepciones como la enseñanza donde la sindicación parece más difícil, es evidente que en la administración los sindicatos tienen un importante campo para experimentar nuevas estrategias, relacionadas con las nuevas formas de trabajar y con las nuevas formas de participación en la empresa.

Los retos de la participación.

Como toda forma asociativa, los sindicatos pueden tener ideales muy adecuados, objetivos muy atrayentes, método muy coherentes, etc... pero necesitan convencer para que la gente participe colectivamente en la resolución de sus problemas.

Sindicato de hombres y mujeres.

Un reto de la máxima importancia para las organizaciones sindicales hoy se refiere a la división sexual del trabajo. Los sindicatos están jugando, a mi entender, un cierto papel educativo en la superación de esa división. Hay esfuerzos, no sólo por parte de las sindicalistas mujeres, sino también por parte de muchos sindicalistas hombres de configurar “un sindicato de hombres y mujeres”, expresión que quiere subrayar, al mismo tiempo, las diferencias, pero también la igualdad de derechos y el objetivo de igualación de oportunidades. Con todo, más allá de los esfuerzos efectivos para dar cabida en el sindicato a hombres y a mujeres por igual, aquél debiera luchar por hacer realidad un significado distinto del trabajo que englobe, al mismo tiempo, el trabajo productivo y el reproductivo, en igualdad de prestigio y consideración. Aquí radica el verdadero cambio que no sólo puede hacer atractiva la actuación colectiva para las mujeres, sino que puede dar a los sindicatos un nuevo papel en un mundo en el que el trabajo significa algo distinto que en el pasado.

Está claro, por lo demás, que no son los sindicatos los que han de desarrollar esa nueva socialización de los roles de hombres y mujeres, sino el conjunto de la sociedad y, en primer lugar, las mujeres. Pero quienes han basado su prestigio y legitimidad históricamente en el control del trabajo “público” tienen la mejor baza para fortalecer la idea de que también el “privado” es trabajo necesario.

La actuación desde el territorio.

La empresa tradicional está llamada a desaparecer y su estructura destinada a se sustituida, lo está siendo ya, por una multiplicidad de formas: empresa red, empresa difusa, empresa nube de puntos, trabajo a domicilio, teletrabajo, etc... Pero también la rama de actividad está sufriendo una importantísima transformación que la convierte en un conjunto mucho más complejo y cambiante que en el pasado. Pero además, cabe subrayar que en las condiciones de vida de la gente ya no cuentan sólo las condiciones laborales, sino muchas otras que podríamos llamar de ciudadanía: educativas, sanitarias, residenciales, de consumo, de sexo, raza y origen geográfico, y un largo etcétera.

Es decir, característico de nuestra sociedad es la complejidad de las condiciones de vida, la diversidad entre los grupos, el intento de superar la división sexual del trabajo, la existencia de múltiples dimensiones en la vida, en una palabra. Todo ello nos lleva a pensar que los sindicatos tienen que jugar un papel importante, pero difícilmente será el de “organización hegemónica”.

La realidad es que los sindicatos en España empiezan a ver claro ese camino; lo están haciendo así y tienen excelentes relaciones con toda la rama asociativa en la que destacan los llamados nuevos movimientos: “ecologistas, feministas, pacifistas, antirracistas”. Quizá les viene facilitado pro el hecho de que son organizaciones de una relativa debilidad, lo que les lleva a participar en muchas iniciativas ciudadanas a la misma altura que muchas otras organizaciones.

Todo ello nos lleva a pensar que “el espacio natural” más adecuado para la acción sindical ya no es sólo la empresa y el sector, sino también el territorio. Quizá principalmente el territorio. La razón de fondo está en la importancia capital que hoy tienen el empleo. A este problema se puede hacer frente sólo con actuaciones políticas referidas a la Administración (a sus diversos niveles) y con presión y negociación con otros actores sociales territoriales. El cambio llevaría a captar para el asociacionismo a los trabajadores de la empresa pequeña, a los precarios y los parados. Puestos en esa perspectiva, parece obvio que se debería dar mucha más importancia a las actuales estructuras territoriales de los sindicatos.

La conciencia ecológica.

El problema ecológico está adquiriendo una gran trascendencia, porque a medida que pasan los años somos más conscientes de que los procesos productivos y de consumo dominantes van camino de llevarnos a una crisis medioambiental irreversible.

Seguramente los más interesados en que eso no se dé son los asalariados y, por tanto, la preocupación por un proceso productivo, una tecnología y unos productos respetuosos con el medio deberían ser primordiales en la estrategia sindical. Pero ahí los sindicatos se encuentran con una gran contradicción: que, aparentemente, muchas intervenciones tuteladoras del medioambiente pueden tener -parecen tener, a primera vista- una repercusión negativa sobre el empleo.

Una nueva solidaridad internacional.

El incremento en el ritmo de la llamada mundialización de la economía ha dado a muchas empresas -particularmente a las multinacionales, aunque no sólo a ellas- la capacidad de moverse de un país a otro con gran celeridad. Es un movimiento de tecnología, de inversiones, de capital financiero. Las organizaciones de los trabajadores no tienen, hoy por hoy, la posibilidad de responder globalmente. No sólo porque en términos organizativos ni existen las estructuras ni las conexiones para hacerlo. También porque las pautas de actuación son tradicional y profundamente nacionalistas. El internacionalismo se impone, no ya por utopía (que no estaría mal), sino por mera supervivencia.

La acción sindical en la empresa. Entre el desconcierto y la acción.

Desde los últimos años ochenta las organizaciones sindicales españolas han tendido a potenciar la acción sindical en los centros de trabajo. Sus esfuerzos en ese terreno han sido tan indudables como grandes las dificultades para lograrlo.

La dialéctica entre centralización / descentralización de la acción sindical es un problema permanentemente abierto para los sindicatos. Un problema que pocas veces se ha resuelto satisfactoriamente.

La negociación centralizada, ejemplificada en la concertación social constituyó el eje de las estrategias sindicales hasta bien entrados los años ochenta. El último gran acuerdo social, el AES, no tuvo ya ningún intento de continuidad posterior. Y las críticas de la misma UGT (su único valedor sindical) que acompañaron a su concreción, fueron un buen indicador (más lo fue, desde luego, la huelga general del 14 de diciembre de 1988) de que la interacción en forma de magnos acuerdos sociales entre los tres grandes actores que intervienen en el ámbito de las relaciones laborales había llegado a su fin.

Desde entonces, se evidencia el acercamiento de las posiciones entre las grandes organizaciones sindicales españolas y su creciente unidad de acción. Un acercamiento que, además, buscará potenciar una actuación más ligada a la base lo que constituye el eje de la relación entre sindicato y trabajadores: el centro de trabajo.

Eso no quiere decir que no se hayan producido desde entonces otras formas de negociación centralizada, de “intercambio político” entre las organizaciones sindicales y las empresariales y/o el Gobierno. Su relevancia ha sido diversa, tanto en lo que respecta a los acuerdos específicos alcanzados a nivel de toda España como los desarrollados en la comunidades Autónomas. Pero, lo que es claro es que en ningún caso han tenido una repercusión sobre el funcionamiento de las relaciones laborales y de la acción sindical como el que puede imputarse a la concertación social que, durante años, redujo significativamente el campo de la acción sindical en las empresas.

Con ello se truncaba el eje que había estructurado las relaciones entre los sindicatos y los trabajadores y que, al mismo tiempo, había constituido el núcleo de la actividad sindical en los últimos años del franquismo y en el inicio de la transición: la acción reivindicativa en la empresa. Una acción reivindicativa que, por otra parte, no se había limitado al plano estrictamente laboral, ya que había estado dotada de indudables contenidos de signo político y social.

Existen, desde luego, argumentos de diverso tipo que sirven para explicar o validar la opción sindical por una negociación centralizada. La necesidad de consolidar la democracia parlamentaria, la de afrontar la crisis económica o, incluso, la búsqueda de legitimación y reconocimiento social a través de los acuerdos sociales, son el núcleo de tales argumentos. No se trata aquí de efectuar una valoración global de esa etapa. Pero lo que es indudable, es que cuando se abandona dicha etapa y se pretende potenciar la acción sindical en la empresa los sindicatos se encuentran con unos centros de trabajo transformados y/o en proceso de cambio en los que la correlación de fuerzas entre capital y trabajo se ha decantado de modo considerable a favor del primero. De ahí las dificultades de aumentar la capacidad contractual de los sindicatos en los centros de trabajo.

Hay que tener presente que el cambio de orientación sindical tendente al abandono de la concertación y a aumentar el protagonismo de la acción colectiva en la empresa coincide con los momentos en que la afiliación sindical ha caído hasta sus cifras más bajas desde inicio de la transición. Sin duda, ése es un elemento que toman en consideración los sindicatos al optar por una actuación más ligada al ámbito de la empresa. Pero, en sí mismo, es un hecho que dificulta esa actuación y explica los límites de la acción sindical en sus pretensiones de adquirir mayor protagonismo en los centros de trabajo.

Desde el abandono de la negociación centralizada, se ha invertido el proceso de desafiliación que venía constatándose y, pro contra, los sindicatos han crecido considerablemente en este terreno. Se ha pasado, así, de poco más del 10% de afiliación sobre le conjunto de la población asalariada a cifras que se aproximan al 20% a mediadnos de la década de los noventa. En términos absolutos, tales porcentajes comportan que el conjunto de los sindicatos españoles cuenta con cerca de unos 2 millones de afiliados, concentrados en un 80% en CCOO y UGT, cuando no alcanzaban el millón a mitad de los años ochenta.

Transformaciones en la empresa y primacía de las estrategias empresariales en las relaciones de empleo.

La idea que conviene subrayar en este terreno es la de que mientras la negociación centralizada constituía el eje de las estrategias sindicales, en las empresas se aprecian considerables líneas de cambio que apuntan a una importante reordenación de las relaciones de trabajo, de las características de los colectivos implicados en ellas, de la organización empresarial, de las relaciones interempresariales e, incluso, de las formas en que se lleva a cabo el trabajo. Las estrategias y políticas de las direcciones empresariales son las conductoras de esos procesos. Cuando los sindicatos intentan abordarlos lo harán tardíamente.

El contexto económico, político y social como refuerzo a los criterios empresariales.

No es necesario subrayar, por sabido, las derivaciones negativas que constituye par la acción sindical la existencia de unas cotas de desempleo tan elevadas como las que existen en nuestro país. Paralelamente, el empresariado encuentra en este hecho un elemento que presiona a la baja al conjunto de los costos salariales, al tiempo que facilita el diseño de políticas de contratación y de uso de la fuerza de trabajo con un amplio margen de discrecionalidad.

Alguno de los resultados del elevado paro estructural español y de las mencionadas políticas empresariales, como la temporalidad y, más en general, la precariedad laboral, merman por sí mismo la capacidad de actuación de los sindicatos. merman también, el potencial de crecimiento de la afiliación.

Por otra parte, tanto las cotas de desempleo como las de precariedad laboral son aspectos propios del contexto económico en que se desenvuelven las actividades y estrategias empresariales, a las que condicionan de modo importante. Las decisiones empresariales también se ven influenciadas por un contexto político y social.

En este orden, vale la pena subrayar la deificación del término competitividad, en el que se reúnen y ejemplifican valores que adquieren el carácter de objetivo necesario y “natural”, y que se extienden en todos los órdenes sociales. A su alrededor se han venido desplegando políticas que, esquemáticamente y aun con diferencias por parte de gobiernos de corte derechista o socialdemócrata, pueden definirse como neoliberales.

El culto a la competitividad, en definitiva, ha convertido al beneficio, más aún al beneficio a corto plazo, en el eje de la actividad económica.

La competitividad alcanza, también y como valor, el terreno de los comportamientos personales. Cuando autores como Miguélez (1996) aluden al proceso de “empresarización” de las relaciones laborales, se refieren a la primacía de las iniciativas empresariales en ese orden. Pero también al avance entre la sociedad civil de valores microsociales y personales que fomentan la búsqueda de alternativas individuales.

El sentido que adquiere la globalización del funcionamiento económico supone, en este terreno, un refuerzo al culto a la competitividad y a las políticas desreguladoras. Por un lado, la internacionalización de la producción y de la distribución de bienes y servicios, justifica políticas económicas y sociales orientadas exclusivamente hacia la optimización inmediatista de los recursos. Por otro lado, actúa como elemento de legitimación de prácticas empresariales de localización.

La fragmentación de las condiciones de empleo de los asalariados, bien visible en nuestro país, conlleva que en las empresas se constate la presencia de colectivos diferenciados cuyos intereses resulta difícil de articular y de representar por parte de los sindicatos. La búsqueda de la flexibilidad por parte de las empresas, que se constituye en un eje básico de sus acciones en lo que se refiere al uso de la mano de obra, tiene una evidente incidencia sobre aquella fragmentación. El concepto de flexibilidad se utiliza desde el empresariado, como cajón de sastre en le que incluir cuestiones muy diversas y, hacia la discrecionalidad de las decisiones empresariales al respecto.

La flexibilidad y en general los cambios que se detectan en el mundo de la empresa, inciden de modo diverso sobre el funcionamiento de las relaciones laborales. Esas tendencias de cambio resultan de estrategias empresariales específicas y, de modo esquemático, cabe indicar que pueden presentarse entre dos vertientes extremas. Por un lado pueden potenciar una regulación unilateral por parte de la empresa de las relaciones de trabajo que favorezca la precarización de las condiciones de empleo y el relegamiento de la acción colectiva. Por otro lado, pueden favorecer una mayor participación de asalariados en cuestiones relativas a la producción y al propio trabajo.

Cambios organizativos y productivos y sus repercusiones sobre la acción sindical.

Desde entrados los setenta se viene produciendo una serie de cambios significativos en el mundo de la empresa y del trabajo que en España la acción sindical intenta abordar en la propia empresa desde la segunda mitad de los años ochenta.

Las transformaciones que se detectan afectan a todos los ámbitos del quehacer empresarial en un grado diverso. La organización de la producción y del trabajo, las relaciones interempresariales, la estructura organizativa de la empresa, el funcionamiento de las relaciones labores, los mecanismo de gestión del personal y, en fin, las formas de uso de la fuerza de trabajo, se ven modificados.

Una parte no desdeñable de tales cambios gira en torno a la sacralizada competitividad que, al fin y a la postre, en el terreno de la empresa se reconoce en unos términos bien conocidos desde el inicio del capitalismo: la maximización de beneficios.

En España, parece claro que la concreción de esos elementos se está dando de un modo tal que acrecienta la precarización de las condiciones de empleo. Las estrategias empresariales al respecto, la poca capacidad de la actuación sindical en las empresas y las posibilidades abiertas por la legislación labora, favorecen este tipo de opción.

De este modo, el empresariado opta por potenciar la flexibilidad en el uso de la fuerza de trabajo a través de mecanismo vinculados a la reducción de los costos que derivan del trabajo: el crecimiento del trajo a tiempo parcial y, sobre todo, la eventualidad y la subcontratación, son ejemplos obvios al respecto. Las horas extras son otro de los elementos profusamente utilizados.

La descentralización en la producción de bienes y servicios o la subcontratación de una amplia gama de actividades, proporciona flexibilidad a la empresa al tiempo que tiende a precarizar las condiciones de empleo. En efecto, son frecuentes los casos en que las actividades que se descentralizan o se subcontratan recaen sobre pequeñas empresas que asumen las fluctuaciones de la demanda que precisa afrontar la firma que las encarga.

Las estrategias de subcontratación muy extendidas en nuestro país, suele ir acompañadas de la reducción de plantilla en las empresas que flexibilizan de se modo su producción.

Hemos indicado que cuando los sindicatos optan por priorizar su actuación en el terreno de la empresa su debilidad y retraso al respecto es manifiesta. Allí donde tienen capacidad intentan, con éxito diverso, afrontar algunas de las tendencias de cambio que se presentan en las empresas: reestructuraciones, ajustes de plantilla o cambios en el trabajo derivado de las innovaciones en curso.

Cabe advertir, sin embargo, que, al menos en los primeros tiempos de aquella priorización, sus logros son limitados. Así, por ejemplo, en una encuesta realizada en 1990, se observa que sobre aspectos tan relevantes como la innovación tecnológica o los cambios en la organización del trabajo, las empresas donde los sindicatos conseguían entablar negociaciones al respecto eran escasas: sólo el 7% se había negociado. Por contra, un 27% de las empresas se limitaba a informar de los cambios que iba a introducir; mientras que en un 66% de los casos la dirección se limitaba a introducir los cambios que consideraba pertinentes.

En cualquier caso, y volviendo a las formas de flexibilidad que comentábamos, probablemente por sus limitadas fuerzas y pro la cantidad de frentes que debe cubrir, la acción sindical en la empresa apenas se ha ocupado de los efectos que presentan este tipo de políticas ni de las relaciones de empleo que se dan en empresas estrechamente vinculadas a la actividad de la propia.

En este orden, cabe indicar una de las cuestiones más problemáticas en lo que se refiere a acción sindical en tanto que elemento de defensa de los intereses del conjunto de los asalariados. En las empresas donde es fuerte, la acción sindical protege a sus representados más directos. Pero no se hace extensiva a colectivos cuyo trabajo es vital para el funcionamiento de la propia empresa y que, incluso, están presentes en el propio centro de trabajo.

En definitiva, la acción sindical se enfrenta al reto de afrontar las líneas de cambio que, en las políticas empresariales, tienden a fragmentar y precarizar las relaciones de empleo.

De este modo, desde hace unos años, los sindicatos españoles argumenta la necesidad de que las empresas cuenten con una mano de obra estable y crecientemente formada, a fin de obtener una producción de mayor calidad, y, por tanto, competitiva en esos términos.

Estos argumentos vienen reproduciéndose por parte sindical en congresos, medios de comunicación e incluso en los preámbulos de algunos convenios sectoriales, como los de químicas o, más recientemente, en le primero firmado para el sector de seguros. De hecho, intentan mejorar la situación de los asalariados a partir del propio discurso empresarial.

Bajo esa línea argumental, los sindicatos presionan para obtener recursos formativos que aumenten la cualificación de los salariados y les permitan adaptarse mejor a los cambios en el trabajo. Presionan en pro de la estabilidad en el empleo consiguiéndose, en algunas empresas, el compromiso de transformar paulatinamente el empleo temporal en indefinido.

Los sindicatos en la empresa: ¿negociación propositiva o capear el temporal?

El análisis de las principales características que presenta la acción sindical en la empresa española en la década de los noventa se aborda, en las líneas siguientes, desde tres perspectivas: en primer lugar, la de los actores, su implicación y formas organizativas adoptadas; en segundo lugar, se realzan los objetivos que definen la acción sindical en la empresa, lo cual nos conduce a tratar el carácter defensivo o bien propositivo en el que se enmarca dicha acción; y, finalmente, se destacan las cuestiones que, en los últimos tiempos, entran la mayor atención de la acción sindical en la empresa.

Cabe indicar, por otra parte, que la carencia de información y los pocos estudios disponibles sobre la materia, siempre referidos a aspectos particulares, suponen una enorme traba para el análisis. En general, se dispone de algún tipo de información referida a convenios colectivos, a la conflictividad y a la representación sindical.

Los actores: trabajadores, comités de empresa y sindicatos.

Ante todo, conviene aproximarnos al alcance de la acción sindical en la empresa española; esto es, dilucidar hasta qué punto los comportamientos sociales de los trabajadores en las empresas adoptan la expresión de acción sindical, con lo que ello significa de compromiso colectivo.

Existen varias razones que explican las limitaciones señaladas:

En primer lugar, la importancia de la pequeña y muy pequeña empresa en España. Si nos atentemos a los datos de la EPA, que elabora el INE, un 30% de los asalariados está empleado en establecimientos de menos de diez trabajadores, y sólo un tercio en los de más de 50 empleados. Esta realidad condiciona fuertemente las posibilidades de intervención sindical en los centros de trabajo.

Los relativamente bajos niveles de afiliación sindical, a los que ya hemos aludido, dan cuenta de actitudes de no compromiso por parte de muchos trabajadores en los términos en los que lo plantea la pertenencia a una organización sindical.

Sin embargo, se ha observado que la confianza que tienen en España los trabajadores hacia los sindicatos transciende los límites meramente afiliativos; la elevada participación en procesos electorales en las empresas o en diversos tipos de convocatorias sindicales, son hechos significativos al respecto.

Ya hemos indicado que las propias estrategias sindicales a lo largo de los años de concertación social pueden haber coadyuvado a la conformación de esas formas de participación, en la medida en que una negociación de tipo cupular mantiene al conjunto de la organización sindical y a los trabajadores en situación subordinada hasta conocer los resultados alcanzados en la negociación centralizada. Asimismo, también es posible que una insuficiente atención a la formación sindical por parte de los sindicatos haya incidido en los hábitos descritos.

Por otra parte, debe situarse también el papel del marco institucional español, por el cual el conjunto de asalariados resulta beneficiario de la actuación sindical: así sucede en convenios colectivos, acuerdos de empresa y en las distintas acciones emprendidas por los representantes de los trabajadores. En cualquier caso, esa actitud de los trabajadores “expectante” o “delegativa” hacia la acción sindical, se refleja también en una confianza en la fuerza de la ley o la justicia, en detrimento de los propios medios o auto-organización.

La cultura empresarial autoritaria, claramente extendida y dominante en nuestro país, en un contexto por lo demás de pequeños establecimientos, tampoco favorece la extensión de la acción sindical en la empresa.

d) La legislación laboral también debe ser reseñada por su particular contribución a la participación de los trabajadores en la acción sindical. Así cabe resaltar que establece un modelo de intervención, ciertamente limitado, de los trabajadores en los asuntos de la empresa, a través de su delegación en los representantes que eligen (Estatuto de los Trabajadores de 1980), de las organizaciones sindicales (Ley Orgánica de Libertad Sindical de 1985), o bien directa e individualmente por el propio trabajador, por medio del contrato de trabajo (Reforma del Estatuto de los Trabajadores de 1994).

Este modelo legal condiciona de modo importante los objetivos y contenidos que centran la acción sindical en la empresa. Por un lado, propicia la confianza en las reglamentaciones y las actuaciones a través de la legislación en detrimento de los esfuerzos organizativos y de la acción sindical autónoma. Por otro lado, favorece fórmulas de participación en la vida sindical poco activas, como las que describíamos con anterioridad.

e) Las importantes transformaciones en la realidad productiva y empresarial, a las que ya nos hemos referido, conducen a una muy acentuada segmentación del empleo en las empresas, lo que da pie a una gran diversidad de situaciones e intereses entre distintos colectivos de trabajadores que dificulta la acción colectiva.

Todo este conjunto de aspectos descritos incide en que la acción sindical alcance un espacio limitado, fundamentalmente centrado en grandes y medianas empresas, y aun a una parte de los trabajadores de las mismas. Es más, a los límites apuntados puede añadirse otro de carácter temporal, en tanto la acción sindical tiene lugar sobre todo en momentos puntuales de particular trascendencia.

Por su parte, la participación en los procesos de elección de representantes sindicales, en sus términos meramente cuantitativos presenta una doble lectura. Así, se observa que en aquellos centros de trabajo en los que se han realizado elecciones los índices de participación son notoriamente altos: el 74% de los trabajadores convocados votó en las elecciones sindicales de 1990; pero, al mismo tiempo, sólo tuvo oportunidad de participar en ellas el 57% de los asalariados.

Así pues, parece dibujarse un mapa que distingue un sector amplio de empresas que cuenta con representación sindical, y en el que dicha representación ha motivado una extensa participación (o muy baja abstención), frente a otro sector de empresas, mayoritariamente pequeñas, en las que ni siquiera se dispone de esa representación.

Organizativamente, la acción sindical en la empresa se desarrolla en España a través de dos instancias: los CE y las SSE. Es posible conocer el nivel de implantación cuantitativa de CE, así como la participación de los trabajadores en los procesos electorales; sin embargo, no se dispone de información fiable sobre el número y la realidad de la implantación de las SSE constituidas.

Las relaciones entre SSE y CE han sido un tema importante en el debate sobre las formas de organización y de acción sindical. En los últimos años, ese debate se mantiene más en las agendas de las organizaciones sindicales que en el nivel de la empresa. En pocas empresas parece reproducirse fielmente la pugna de planteamientos entre ambos organismos; más bien se observa la presencia dominante de uno u otro, en función de características muy diversas.

En cualquier caso, un aspecto de mayor importancia es la que se refiere a la capacidad de representación y de representatividad de CE y SSE. Ciertamente, existen pocas dudas acerca de la capacidad de representación “legal” que ostentan esos organismos. Peor otra cosa distinta es la posibilidad de ejercerla y, por ende, la representatividad de que disponen entre el conjunto de los asalariados.

En este sentido, cabe indicar que es claro que los sindicatos tienen problemas para representar al conjunto de los asalariados, al tiempo que para intentar defender los intereses específicos de los diversos y crecientemente heterogéneos colectivos de trabajadores. Esas dificultades nacen en el propio centro de trabajo y en los problemas de los sindicatos para adaptar su organización a los cambios en el trabajo y en la empresa.

Los objetivos de la acción sindical en la empresa.

Se han hecho ya algunas referencias genéricas a los objetivos que persiguen los actores de la acción sindical en el ámbito de la empresa. En este aspecto cabe distinguir entre dos grandes líneas: en un extremo se sitúa la acción colectiva enfocada a incidir en los aspectos estratégicos de las empresas; en el otro, aquella que se limita a las consecuencias o resultados de las decisiones empresariales. En consonancia con ello, resulta altamente decisivo el momento en el que se produce la intervención sindical, lo que permite considerarla bien preventiva u ofensiva, o en caso contrario, a posteriori o defensiva.

En general, existe un amplio consenso en catalogar como defensa la acción sindical que se produce en el seno de las empresas. Pocas son las excepciones a las que se puede hacer referencia por sus cualidades preventivas y propositivas. Ésta no es una caracterización exclusiva del modelo de relaciones laborales español. En efecto, los estudios sobre participación de la Fundación Europea par la Mejora de las Condiciones de Vida y de trabajo (1988) ponen de manifiesto que, pese a diferencias no desdeñables, se trata de un panorama bastante común en las empresas europeas; constatándose que la acción sindical se constriñe en límite muy definidos, impidiéndose que invada las prerrogativas de la dirección en materia de toma de decisiones.

En el caso español, contribuye a la caracterización descrita la propia concepción de la empresa. Debe recordarse que en los convenios colectivos se recoge que la organización del trabajo es facultad exclusiva del empresario. El Estatuto de los Trabajadores sitúa la participación sindical a posteriori, una vez consumada la decisión empresarial en aspectos tan relevantes como son: la movilidad funcional y geográfica, los cambios sustanciales de las condiciones de trabajo.

El modelo que configura la legislación, pro tanto, refuerza la cultura empresarial dominante, que reiteradamente muestra un muy elevado rechazo ante las posibilidades de ver reducida su capacidad de discrecionalidad; rechazo que se hace extensivo a aquellos aspectos que cabe considerar como básicos en los procesos de participación, como es proporcionar la debida información. Sólo recientemente se han introducido elementos que apuntan en otra dirección. Algunos de ellos son importantes, pero todavía es prematuro esperar que proporcionen cambios más o menos generalizados en la cultura empresarial.

En definitiva, la caracterización de los actores sociales (de los que hemos destacado sus problemas de representatividad, junto con la presencia dominante de una cultura de tipo delegativo entre los trabajadores) se convierte en otro elemento que explica el predominio de la acción sindical de tipo defensivo o reactivo.

Formas y contenidos de la acción sindical en la empresa.

Aunque es bastante habitual identificar acción sindical, negociación colectiva y convenio colectivo, conviene distinguir entre esos términos; aunque los convenios colectivos sean una parte sustancial de la acción sindical y, por supuesto, aquella de la que se tiene un mayor conocimiento.

De este modo, del estudio ya citado de Mígueles y otros (1991), deriva que en el 56% de las empresas encuestadas se habían formalizado acuerdos al margen del convenio colectivo entre dirección y representantes de los trabajadores; y en el 41% de los casos se habían alcanzado, además, acuerdos de tipo informal no recogidos por escrito.

Las estadísticas e informaciones acerca de las causas de conflictividad en las empresas, son también un indicador que nos aproxima a las materias objeto de la acción sindical aunque, ciertamente, de aquellas en las que existe menor consenso. Así, destaca como más de la mitad de las huelgas han tenido origen bien en el proceso de negociación del convenio, bien ante impago de salarios; en un segundo nivel, se relacionan con el incumplimiento de acuerdos o normas.

Por su parte, los análisis realizados sobre la negociación colectiva (Consejo Económico y Social, 1996 y Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, 1996), destacan su escaso contenido, en un contexto de continuismo o fuertes inercias, que se trasladan de año en año. En este sentido, y analizando los convenios de 1995, el informe del CES (1996:225) concluye que no puede deducirse que su contenido “haya mejorado o cambiado sustancialmente respecto a años anteriores. Las pautas y las materias objeto de negociación vienen siendo los mismos o muy similares”.

Los aspectos que mayormente centran la atención de convenios colectivos, al margen de fijación del salario y la jornada, son: cláusulas de garantía salaria, aspectos relativos a salud labora, actividad sindical, horas extraordinarias, complementos de prestaciones sociales, formación profesional, distribución anual de la jornada de trabajo, incentivos a la productividad y control y reducción del absentismo. Cabe decir, finalmente, que algunos convenios se limitan a reproducir textos de la legislación labora, por lo que los estudios basados en su simple observación pueden sobreestimar el alcance de la interacción negociadora.

Por otra parte, las relaciones entre la acción sindical en las empresas y las políticas sindicales confederales son un tema que ocupa una atención creciente en las agendas de los sindicatos. El recién firmado “Acuerdo Interconfederal sobre Negociación colectiva”, de abril de 1997, surge con la pretensión de impulsar una adecuada articulación entre los distintos ámbitos negociales, a los efectos de evitar la atomización vigente.

Pero el reparto de competencias no es una cuestión sencilla. En efecto, Krüger (1995) destaca cómo el poder negociador de los agentes sociales depende de recursos como son el conocimiento, las relaciones con el entorno, el control de los medios de comunicación y el uso de reglas organizativas. Y estos recursos son escasos en los sindicatos españoles, sobre todo en los niveles intermedios, lo cual repercute en un aislamiento de los dirigentes confederales de los representantes sindicales en la empresa y viceversa. No es ésta una cuestión baladí, pues un desplazamiento de la negociación colectiva hacia el centro de trabajo sin el necesario reforzamiento del poder negociador de la representación de los trabajadores, puede no significar otra cosa que una mayor libertad de actuación empresarial y una mayor discrecionalidad en la toma de decisiones.

Esta preocupación surge en un contexto en el que existe abundante teorización sobre un creciente protagonismo de la negociación descentralizada; esto es, un desplazamiento de la negociación desde los ámbitos centrales, nacionales o sectoriales, hacia las empresas, con lo que éstas se convierten en centros importantes de decisión en materia de relaciones laborales y de gestión de la mano de obra.

Respuestas propositivas y defensivas a los cambios en las empresas: los nuevos contenidos de la acción sindical.

Cabe advertir que no se dispone de información suficiente para apreciar tendencias novedosas claras respecto a la acción sindical en las empresas españolas. Sin embargo, también en nuestro caso, han llegado a adquirir una cierta carta de naturaleza las afirmaciones sobre el creciente protagonismo de la negociación en la empresa, tanto en el terreno colectivo como en el individual; aunque muchas de ellas parecen fruta más de intuiciones o deseos que de comprobaciones.

No parece que pueda afirmarse con rotundidad que ahora adquiera pleno protagonismo la acción sindical en la empresa. En todo caso, si hay indicios que permiten afirmar que se producen cambios que cabe considerar significativos: así, mientras en los años setenta y primeros ochenta la acción sindical en empresas era más visible allí donde se daban procesos de reconversión, en los años posteriores aparecen nuevos ámbitos de actuación.

Pero, en línea con lo que apuntábamos en apartados anteriores, esos nuevos ámbitos de actuación están sirviendo de modo muy limitado para aprovechar con propuestas propias los argumentos empresariales en pro de la implicación que podrían hacer avanzar la capacidad contractual de los sindicatos en las empresas.

Por un lado, los procesos de cambio en que se basan aquellas argumentaciones son netamente minoritarios. Elementos como el trabajo en grupo, el enriquecimiento de las tareas y, en general, cambios tendentes a utilizar en mayor medida el potencial de las personas, en absoluto están generalizados.

Lo mismo ocurre con la puesta en práctica de mecanismo de movilidad funcional o polivalencia. Sin duda éste es uno de los elementos de cambio más presentes en las empresas. Pero es la dirección la que asume su implementación cuando, en principio, en este aspecto existe un amplio campo para la acción sindical en los centros de trabajo.

En efecto, desde el de químicas al de banca, son muchos los convenios sectoriales donde la conversión de categorías a grupos profesionales tiene como uno de sus fines el potenciar la movilidad funcional.

En efecto, resulta significativo el número de empresas en las que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo sobre creación de empleo a cambio de inferiores salarios (que puede oscilar entre un 10 y un 30%) para los nuevos contratados o a cambio de flexibilidad externa e interna. Es significativo en este último aspecto el acuerdo alcanzado en la empresa ENHER, de la que es un significado directivo el máximo dirigente de la organización empresarial catalana Fomento del Trabajo Nacional. Destacan también en esta línea los acuerdos de Estampaciones Sabadell (febrero de 1996) y Stockauto (febrero de 1997), en los que, bajo la premisa de constituirse en empresas competitivas y ágiles en adecuarse a los mercados y a la satisfacción del cliente, se acuerda con la dirección de la empresa el pase a fijos de trabajadores con contrato temporal (75 a lo largo de tres años en el primer caso y 28 en el segundo), acompañado del compromiso del CE de emitir informe favorable en caso de despido colectivo si el nivel de actividad se reduce por debajo de ciertos límites.

Por lo que se refiere a las dobles escalas salariales, en algunos casos se considera a éstas como situaciones transitorias (las más de 2 a 5 años), hasta que los nuevos contratados se asimilen a las condiciones laborales de los trabajadores antiguos. Éste es el caso pionero (abril de 1995) de Pirelli-Manresa, por el que se estableció la creación de hasta cien nuevos contratos indefinidos.

Pero en otros casos se introduce una fisura entre plantilla nueva y vieja de carácter permanente. Este tipo de acuerdos puede asumir diversas formas. En un primer tipo, se establecen nuevas categorías laborales, para trabajadores recién contratados. En otros (Damn), se establece una doble escala salarial, una para trabajadores antiguos y otra para nuevos, sin previsión acera de su equiparación futura. También se ha acordado la eliminación de los complementos de antigüedad par a los trabajadores de nuevo ingreso o bien para toda la plantilla, si bien estableciendo un plus de antigüedad para los trabajadores ingresados antes de determinada fecha.

Por lo general, los acuerdos precedentes se dan en empresas con elevada contratación temporal y vinculados a compromisos de inversión y de mantenimiento o renovación y ampliación de las instalaciones existentes por parte de la dirección. En varios casos, ha bastado el recurso a la competencia y a la necesidad de mantener cuotas de mercado.

Finalmente, en lo que atañe a las políticas salariales de las empresas, cabe significar aquellas que tienden a aumentar la parte variable del salario. En gran medida, se justifican en orden a los criterios que rigen hoy la actuación empresarial: aumentar la flexibilidad y la calidad y, pro ende, la competitividad.

El movimiento obrero y la organización de los trabajadores.

Sindicalismo y sociedad industrial.

Por lo que hace a su origen y naturaleza histórica conviene tener presente dos características. Primero, que los sindicatos son un producto de la industrialización y el tipo de sociedad que con el desarrollo industrial se va estructurando. Y en segundo lugar, que en las sociedades industriales los sindicatos constituyen un poder o pilar básico de la organización socioeconómica y política, junto a las organizaciones empresariales, los partidos políticos y la administración del estado. Los sindicatos participan de manera esencial en la política económica en general (más especialmente la que atañe a sueldos y salarios, inversiones y fiscalidad) y la política social (sobre todo, legislación laboral y de la Seguridad Social -pensiones, asistencia médica y sanitaria, etc).

Los sindicatos nacen con la industrialización. Son, antes que nada, organizaciones de trabajadores asalariados de las fábricas. Son organizaciones de clase que nace con la industria, el proletariado. En la Roma del bajo imperio existieron corporaciones que eran organizaciones de los oficios urbanos con un carácter semipolítico o de representación de los oficios ante la administración imperial. También el sistema de castas hindú tiene rasgos ocupacionales, se pertenece a la casta de los sacerdotes, soldados, etc. Por otra parte están los gremios de la Europa medieval y máximo crecimiento en los siglos XIII y XIV. Ninguno de estos tipos de organización ocupacional debe considerarse antecedente de los sindicatos industriales. En todos los casos se trata de formas de organización social en sociedades con una estructura distinta a la de la sociedad industrial. El sindicalismo es un producto de condiciones económicas (producción masiva, creciente y mecanizada de bienes), sociales (movilización urbana generalizada) y políticas (demandas de igualación como problema básico del enfrentamiento político).

Los primeros sindicatos aparecen en Inglaterra en los años 30 del siglo pasado. Se trata de organizaciones que en la segunda mitad del siglo resurgen con fuerza hasta el actual Trade Union Congress, federación nacional que agrupa a unos 115 sindicatos. A primeros del siglo pasado vendrán los sindicatos americanos y que llegarán a convertirse en la actual federación AFL-CIO, que agrupa a 105 sindicatos nacionales, 51 federaciones de nivel de los estados y más de 700 sindicatos locales. En los países europeos el origen de los sindicatos está muy ligado al de los partidos políticos. Se puede decir que hasta la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los sindicatos están vinculados a partidos socialistas. Con posterioridad se han producido dos fenómenos nuevos. Por una parte, el desarrollo de los sindicatos de otro signo ideológico, muy especialmente comunistas y socialcristianos. Por otra, una mayor independencia de los sindicatos respecto a los partidos con los que tiene afinidad ideológica.

En el orden internacional existen tres confederaciones sindicales a las que están afiliadas las diferentes centrales a la mayoría de los países:

La Confederación Internacional de Sindicatos Libres CISL, La Confederación Internacional de Sindicatos Cristianos CISC, después transformada en la Confederación Mundial del Trabajo, y la Federación Sindical Mundial, FSM.

Los sindicatos en España: evolución histórica.

El movimiento obrero se inicia y organiza en España a partir de la segunda mitad del siglo XIX allí donde hay industrias. En nuestro caso, Cataluña. Se nutren en los planteamientos de la I Internacional: la Asociación Internacional de Trabajadores, AIT, creada en Londres en 1864 bajo la inspiración teórica de Karl Marx. De esta federación nacen unos años más tarde los dos sindicatos que más fuerza tuvieron en España hasta la Guerra civil: el sindicato anarquista Confederación Nacional de Trabajadores CNT, y el sindicato socialista Unión General de Trabajadores -UGT. También hubo, y sigue existiendo un sindicato regionalista vasco de inspiración socialcristiana ELA/STV (Solidaridad de Trabajadores Vascos), fundado en 1991.

Los dos grandes sindicatos de la primera parte de este siglo, CNT y UGT, proceden del enfrentamiento entre los partidarios de la corriente anarquista de Bakunin y la socialista de Marx y Engels. El sindicato CNT propugna la lucha de clases y la huelga revolucionaria para acabar con el capitalismo. Rechaza la acción política legal y el juego parlamentario como vías de defensa de los intereses del trabajador y aspira a un orden social sin propiedad privada ni estado. Hoy día en España, tiene un papel insignificante.

El desarrollo de los sindicatos españoles en la transición a la democracia en la segunda mitad de la década de 1970 fue extraordinariamente positivo. Robert Fishman, ha señalado cuatro factores que influyeron en la realización de aquel magno proceso político: los vínculos entre los sindicatos y los partidos políticos; las ideas políticas de los dirigentes sindicales en las empresas, aceptando sin discusión la legitimidad del Estado democrático; y la crisis económica favoreciendo la moderación del conjunto de los trabajadores. Fishbein destaca cómo el movimiento sindical fue capaz de perseguir simultáneamente dos objetivos, que demostraron ser complementarios: mejorar sustancialmente la organización de la clase trabajadora tras la muerte de Franco e impulsar la vía moderada hacia el cambio político.

Breve historia de los principales sindicatos españoles.

La UGT nace de la corriente socialista de la Internacional en 1888. Basado en la lucha de clases y con un objetivo final anticapitalista, su estrategia propugna el recurso a la huelga así como a la acción legal, la apelación a los poderes públicos y la concertación como recursos de defensa de los intereses de los trabajadores. En la actualidad es el segundo sindicato en número de afiliados después de CCOO y el primero en número de representantes en los Comités de Empresa.

El actual sindicato de orientación y vinculación comunista CCOO, nació en al clandestinidad durante el régimen de Franco, con ocasión de una huelga en las minas de Asturias. Con un fuerte apoyo en organizaciones católicas de trabajadores como JOC y otras. Se convirtió en un sindicato controlado por el Partido Comunista, mientras la USO seguía un camino de no vinculación política hasta que una fracción se integra en la UGT mientras el resto mantiene el actual sindicato de escasa representación. CCOO con una militancia superior a la de UGT hasta finales de los 80, ganaría la mayoría de representantes en las elecciones de 1978 y 1980, bajando a un segundo lugar en las de 1982.

El marco legal actual y la evolución de la opinión pública.

En el Estatuto de los Trabajadores se reconocen las figuras de los delegados y los comités de empresa así como de representaciones sindicales en la empresa.

Implantación y representatividad sindical.

En estudios del instituto IDES se puedo comprobar que las razones principales dadas pro los trabajadores para no estar afiliados a ningún sindicato fueron las siguientes: no simpatizar con sindicato alguno (18,2%), no estar de acuerdo en la “politización de los sindicatos o con su vinculación a partidos políticos” (12,4%), su falta de credibilidad u honradez (10,9%) y su falta de representatividad real (8,7%).

En las elecciones sindicales el número de representantes depende del tamaño de la plantilla: en empresas de 50 a 100 trabajadores se eligen cinco miembros para el comité de empresa; de 101 a 250, nueve; de 251 a 500, 13; de 501 a 750, 17; de 751 a 1.000, 21, y de esta cifra en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75.

Teorías del sindicato como fuerza equilibradora.

Han aparecido nuevas limitaciones al poder privado en sustitución de la competencia. Estas limitaciones no aparecen entre los competidores sino en el lado opuesto, entre clientes o abastecedores. A este mecanismo limitador del poder privado oligopolístico lo llama Galbraith poder compensatorio (el poder que se alza e invade las posiciones de un poder original consiguiendo participar en las recompensas). Los sindicatos son un poder compensador frente a los oligopolios del capitalismo avanzado; su acción debe interpretarse como el ejercicio de dicho poder para imponer a los empresarios unas condiciones de retribución del factor trabajo, que cada uno de los obreros no podría alcanzar por separado. Al concentrarse el poder empresarial privado los sindicatos se han hecho simultáneamente más fuertes para hacerse menos vulnerables al poder privado (en los Estados Unidos sólo existen sindicatos fuertes donde los mercados son servidos por empresas fuertes).

El concepto de “poder compensatorio” fue acuñado para explicar la incidencia del sindicalismo en la economía americana y no tanto como una explicación monolítica de la organización sindical. Según Galbraith, los sindicatos forman parte del sistema industrial, tienen una función de comunicación entre la empresa y los trabajadores así como de participación directa en la elaboración de las normas que regulan la vida en el trabajo y la administración o aplicación de dichas normas. Por otra parte, los sindicatos en Occidente son un factor importante de la planificación general y, en consecuencia, de las relaciones entre el sistema industrial y el Estado. Su principal servicio a la planificación consiste en tipificar los costes salariales para todo un conjunto de empresas industriales y asegurar que los cambios en estos costes se producirán aproximadamente al mismo tiempo en todas ellas. Así en la sociedad industrial avanzada el sindicato se convierte en uno de los tres pilares fundamentales del equilibrio económico, social y político; siendo los otros dos las grandes empresas y el Estado. Y el mecanismo fundamental de ajuste del equilibrio es la negociación colectiva pro la que se fijan las remuneraciones y demás condiciones de trabajo así como determinadas directrices de actuación económica que afectan a toda la sociedad.

El comportamiento sindica ha sido desarrollado por Hugh Clegg, la tesis central de Clegg es que el comportamiento de los sindicatos de un país viene determinado por la estructura de la negociación colectiva.