REVOLUCIÓN LIBERAL EN EL REINADO DE ISABEL II.

INTRODUCCIÓN.

Tras la muerte de Fernando VII, ocurrida el 29 de septiembre de 1833, heredó la corona su hija Isabel, con apenas tres años de edad, asumiendo la regencia su madre María Cristina. A los pocos días estalló la primera Guerra Carlista que enfrentó a los absolutistas tradicionalistas, partidarios del infante don Carlos Mª Isidro, hermano de Fernando VII, y a los liberales, partidarios del reinado de Isabel II. Es un largo periodo histórico (1833-1868) en el que poco a poco se consolidó en España el sistema político liberal. Se distinguen dos periodos: la etapa de las regencias que llega hasta 1843, y el reinado de Isabel II, que acabaría siendo derrocada en 1868. Durante el reinado se configuraron también los dos partidos básicos del siglo XIX: el partido moderado y el progresista.

LA ETAPA DE LAS REGENCIAS.

Regencia de María Cristina (1833-1840).

La regente, ante el estallido de la guerra carlista, se va a ver obligada a apoyarse constantemente en los liberales, teniendo que frenar sus deseos de conservar las prerrogativas del poder absoluto.

1) Primera Guerra Carlista. Este conflicto enfrentó a los partidarios del infante don Carlos, denominados carlistas, con los partidarios de la reina Isabel II. El infante don Carlos fue apoyado por absolutistas, parte de la nobleza y del ejército, bajo clero, mayoría del campesinado y sectores del artesanado; en general, son grupos sociales que veían atacados sus intereses por la política liberal de reforma fiscal, el ataque a los privilegios estamentales y la implantación de una economía industrial. La futura reina tuvo el apoyo de gran parte del ejército, la burguesía y las clases populares urbanas. Los carlistas tuvieron fuerza en el País Vasco y en Navarra donde había grupos antiliberales y ultracatólicos, que además defendían la permanencia de los fueros de estas regiones, así el lema carlista se resume en la expresión «Dios, patria, rey y fueros». La primera Guerra Carlista se desarrolló entre 1833 y 1839. Ese año los generales Espartero y Maroto firmaron el Convenio de Vergara que ponía fin a la guerra. Sin embargo, el fenómeno del carlismo reaparecía de nuevo a lo largo del siglo XIX en la vida política española.

2) Estatuto Real de 1834 y Constitución de 1837. Desde el punto de vista político, durante la regencia de María Cristina debemos destacar el Estatuto Real de 1834, una carta otorgada por la regente que pretendía aliarse con los sectores más moderados del liberalismo. Así, el Estatuto fue un texto muy conservador que, por ejemplo, negaba a las Cortes la iniciativa legisladora, y su convocatoria quedaba en manos de la reina. La inexistencia de reformas llevó a un clima de revueltas ciudadanas a partir de 1835 y es en este contexto de crisis en el que nace la Constitución de 1837, de carácter moderado, suprimía los señoríos y el diezmo, sin embargo establecía un poder legislativo compartido entre rey y Cortes, y un derecho a voto muy restringido.

3) Desamortización eclesiástica de Mendizábal. Desde el punto de vista económico, destaca el primer gran proceso desamortizador del siglo XIX que va a llevar a cabo el ministro de hacienda Mendizábal. Este proceso desamortizador abarcó a bienes raíces pertenecientes a la Iglesia. Entre los objetivos de la desamortización estaba paliar el enorme déficit de la hacienda pública, conseguir poner en cultivo nuevas tierras, y pagar a las tropas que luchaban contra los carlistas.

Regencia del general Espartero (1840-1843).

La falta de entendimiento con los diferentes sectores políticos, así como los continuos levantamientos populares llevarán a la regente María Cristina a renunciar y marchar al exilio. La regencia será ocupada por el general Espartero, miembro del partido progresista, que había ganado prestigio tras su victoria en la guerra carlista. El gobierno de Espartero se caracterizó por el autoritarismo y por una serie de conflictos políticos que fueron aislándole. Su política económica librecambista encontró una fuerte oposición en Cataluña, donde hubo levantamientos populares. La respuesta de Espartero fue desmedía, ya que bombardeó desde Montjuich la ciudad de Barcelona durante doce horas. Las sublevaciones fueron dominadas, pero Espartero perdió toda la confianza política tanto dentro como fuera de su partido. Así, en 1843 una coalición de moderados y progresistas se subleva contra el regente. El enfrentamiento acaba con la derrota de las tropas de Espartero, que se ve obligado a exiliarse a Inglaterra. La coalición decide entonces adelantar la mayoría de edad de Isabel, que comienza su reinado con 13 años.

EL REINADO DE ISABEL II (1843-1868).

Características del reinado.

Desde el punto de vista político, el reinado de Isabel II no se diferencia mucho de la etapa anterior de las regencias. De nuevo se observa una permanente presencia de militares entre los gobernantes del país, es decir, la vida política sufre una fuerte influencia de la clase militar, así las figuras más importantes del periodo fueron militares: Narváez, Espartero, O'Donnell, Serrano, etc. Este militarismo es una muestra de la debilidad del sistema parlamentario y de unos partidos políticos que sólo alcanzaban a representar sus propios intereses y su deseo de llegar al poder.

Otra característica del reinado es el apoyo invariable de la reina a los sectores más conservadores, así hay un predominio de gobiernos moderados lo que hizo que el sistema político instaurado fuese de un régimen liberal de tendencia conservadora, cuya plasmación más clara fue la Constitución de 1845. Esta constitución establecía unas Cortes bicamerales, teniendo la cámara alta, el senado, un claro carácter aristocrático, de tal manera que cualquier reforma veía frenada su aprobación. Si es cierto que se afianzó el constitucionalismo, ya que la Constitución de 1845 tuvo una vigencia de más de 20 años.

El reinado va a vivir el triunfo de la burguesía. Los dos partidos más importantes, el partido moderado y el partido progresista, son partidos burgueses que representaban los intereses de los grupos con mayor riqueza económica. Los terratenientes y grandes propietarios, empresarios y militares apoyaron fundamentalmente al partido moderado, mientras que las filas progresistas se apoyaron más en las clases medias urbanas: comerciantes, pequeños fabricantes, empleados públicos, oficiales del ejército, etc. Ambos partidos rechazaban los cambios revolucionarios y querían evitar verse mezclados con los trabajadores manuales y los campesinos, estableciendo ambos partidos un acceso al voto muy restringido. Relacionado con esto está el hecho de que la vida política española mantuvo al margen a la inmensa mayoría de la población, que jamás vio representado durante el reinado sus ideales e intereses en las Cortes, y fue precisamente la incapacidad de la reina y de los políticos moderados para ampliar la participación política la que provocaría la crisis del reinado y el derrocamiento de la monarquía isabelina en 1868.

En el reinado de Isabel II podemos distinguir varias etapas: la Década Moderada (1844-1854), el Bienio Progresista (1854-1856), los gobiernos moderados y la etapa de la Unión Liberal (1856-1863) y la crisis del reinado isabelino y su final (1863-868).

Década Moderada (1844-1854).

Comienza con un primer gobierno de Narváez, máximo representante del partido moderado. Bajo este gobierno se realizaron unas elecciones que tuvieron como resultado unas Cortes con una mayoría abrumadora de diputados moderados, así como algunos monárquicos absolutistas y carlistas. Se sucedieron más de cincuenta gobiernos diferentes en estos diez años. Los progresistas fueron sistemáticamente marginados de todos ellos, por lo que progresivamente confiaron cada vez más en la vía del pronunciamiento y la sublevación como único medio de acceder al poder.

Tanto la reina como otros sectores vieron necesario reformar la Constitución de 1837 teóricamente vigente, e inmediatamente se formó una comisión para ello. El resultado fue la Constitución de 1845. Esta constitución es fiel reflejo del liberalismo moderado imperante en todo el reinado de Isabel II. El texto establecía la soberanía compartida de las Cortes con el rey, atribuyendo a la corona mayores poderes, ya que tenía la iniciativa legislativa, podía disolver las Cortes y vetar sus decisiones. Establecía unas Cortes bicamerales. Los diputados del Congreso eran electos, pero sólo podían serlo aquellos que tuviesen una renta mínima de 12.000 reales anuales. Los miembros del Senado eran designados libremente por la reina, con carácter vitalicio, entre las altas jerarquías de la Iglesia, del ejército y de la nobleza. La ley electoral de 1846 planteó un sufragio muy restringido, reduciendo el número de electores a 97.000 varones mayores de 25 años, lo que suponía apenas el 0'8% del total de la población española. El texto constitucional afirmaba la confesionalidad católica del estado español.

La labor política de los moderados se caracterizó por la defensa de un modelo de Estado centralizado y jerarquizado, en el que las decisiones se ejecutaban de forma piramidal, de arriba hacia abajo. Crearon la provincia como nueva demarcación territorial, bajo la autoridad de un gobernador civil, y la Guardia Civil. La ley de Ayuntamientos de 1845 establecía que la corona elegiría los alcaldes de los municipios de más de 2.000 habitantes, y en los de menor población la elección correspondería a los gobernadores civiles. Desde el punto de vista socioeconómico, los moderados paralizaron la venta de los bienes nacionalizados de la Iglesia con el fin de mejorar las relaciones con ésta, objetivo cumplido con la firma del Concordato con la Santa Sede en 1851 por el que el Papa reconocía como legítimas las propiedades adquiridas en la desamortización, pero a su vez el gobierno español concedió el derecho a la enseñanza de la religión y la formación de escuelas católicas. Fundamental fue la implicación de la reforma tributaria con impuestos más uniformes y equitativos.

El monopolio del poder por parte de los moderados llevó a su desgaste político. La sucesión de gobiernos cada vez más ineficaces alimentaron la corrupción, las intrigas palaciegas por hacerse con el favor político de la reina y las conspiraciones de la oposición progresista. Así, en 1854 se produce un pronunciamiento militar por parte de sectores disidentes del partido moderado, dirigido por el general O'Donnell, en Vicálvaro, que fue secundado por sublevaciones populares en la mayoría de las ciudades. Aunque este pronunciamiento militar fracasó, la extensión de las Juntas revolucionarias por ciudades como Zaragoza, Barcelona, Valencia o Madrid, sentó las bases de una coalición de moderados disidentes, progresistas y sectores menos radicales del joven partido demócrata que consiguieron finalmente formar un gobierno progresista encabezado por Espartero.

Bienio Progresista (1854-1856).

El primer objetivo del nuevo gobierno progresista en coalición con los moderados sublevados en Vicálvaro, que expusieron su proyecto político en el Manifiesto de Manzanares, fue restaurar el orden público, desarmando a las Juntas revolucionarias y rechazando sus reivindicaciones. Esta política provocó la hostilidad de demócratas, republicanos y de amplios sectores sociales. El proyecto político progresista se centró en ampliar los derechos y libertades individuales, para lo que se le conoce como Constitución `non nata'. Este texto, de carácter progresista, establecía la soberanía nacional, un poder legislativo compartido por las Cortes y el rey, y la tolerancia religiosa.

Desde el punto de vista económico, destaca la apertura de un nuevo proceso desamortizador por parte del ministro de Hacienda, Pascual Madoz. La ley de Desamortización General de 1855 abarcó tierras pertenecientes a la nobleza, a la Iglesia, al Estado y a los municipios. Fundamental también fue la ley General de Ferrocarriles de 1855 que regulaba su construcción y ofrecía amplios incentivos a las empresas que intervinieron en ella, fundamentalmente extranjeras.

El gobierno progresista, sin embargo, no pudo hacer frente al enorme descontento social generado por la carestía de la vida, las pésimas condiciones de trabajo y el desempleo. La expresión más espectacular de este descontento fue la huelga general de Barcelona en julio de 1855, que marcó un hito fundamental en el desarrollo del movimiento obrero organizado. A partir de esta fecha los progresistas dejaron de ser el grupo político de referencia para las reivindicaciones populares y su lugar fue ocupado por demócratas y republicanos, y por los primeros adeptos al socialismo en España.

Los motines en el campo castellano y las sublevaciones urbanas se sucedían, con incendios y asaltos de fincas y fábricas, y cada vez la represión gubernamental se realizaba con mayor brutalidad por parte del ejército y la guardia civil. Esta situación provocó una grave crisis en el gobierno, que acabó con la dimisión de Espartero, recibiendo el encargo de formar gobierno en 1856 el general O'Donnell que acabó con las protestas mediante una dura represión.

Los gobiernos moderados y la etapa de la Unión Liberal (1856-1863).

Hasta 1858 de nuevo es Narváez quien preside el gobierno, sin embargo el estancamiento del proyecto político más moderado llevó a la reina a confiar en O'Donnell, que había fundado un partido: la Unión Liberal. Los unionistas lograron la estabilidad gubernamental más larga de todo el reinado de Isabel II.

Entre los objetivos de O'Donnell estuvo la recuperación del prestigio internacional español y con tal fin intervino en varios conflictos exteriores. La expedición a Indochina de 1858 dio apoyo al imperialismo francés en la zona, consiguiendo ciertos privilegios comerciales en la región para España; e inició la campaña en Marruecos en 1859 con el objetivo de proteger Ceuta y Melilla contra los ataques de las cabilas, con el resultado de la ampliación de la plaza de Ceuta y la incorporación de Sidi Ifni.

Este periodo unionista coincidió con una expansión económica que fue posible por diversos factores. La continuación del proceso desamortizador, el inicio de una ambiciosa política estatal de obras públicas, transportes y comunicaciones, la construcción del ferrocarril, la expansión industrial de áreas como la asturiana, la vasca o la catalana, y una paz interna que provocó una corriente de confianza en la inversión extranjera, se encuentran entre los factores que explican dicha expansión económica del periodo.

Sin embargo, el proyecto político unionista no atendió a solucionar los problemas reales de la ciudadanía; intentó convertirse en partido único, para lo cual no dudó en manipular los procesos electorales. La vía centrista propuesta no supo dar soluciones a la multitud de problemas que aquejaban al campo español, no amplió la participación política de la población y de nuevo respondió con represión a los diversos conflictos que fueron surgiendo. Finalmente, la reina retira su confianza en O'Donnell y se abre una nueva etapa en el reinado que quedará marcada por la crisis económica y la inestabilidad gubernamental.

El final del reinado de Isabel II (1863-1868).

Estos últimos cinco años del reinado vienen marcados por diversas crisis. A pesar de que O'Donnell quiso que le sustituyera un gobierno progresista, la reina de nuevo confió en los moderados. Así, desde 1863, de nuevo fueron continuos los cambios de gabinete ministerial, alternándose en el poder Narváez y O'Donnell generalmente. A esa inestabilidad política se unen las diversas crisis que se suceden en este periodo.

Se inició una crisis económica que tuvo diversas causas. Las líneas ferroviarias en funcionamiento dieron continuas pérdidas y se detuvo la construcción de nuevas líneas ante la falta de inversión extranjera. Las industrias siderometalúrgicas se resintieron y también entraron en crisis. Se produjo un alza en los precios del algodón y la producción textil catalana cayó en picado. La pérdida de capacidad adquisitiva se extendió e hizo entrar en crisis al resto de sectores económicos. Se unió la crisis financiera con el hundimiento de la Bolsa y la quiebra de sociedades inmobiliarias.

El clima de descontento político y social se hizo patente en una serie de hechos destacados. En primer lugar debemos destacar la sublevación universitaria de 1865 que acabaría en los sucesos de la noche de San Daniel en abril de 1865, en la que fueron duramente reprimidas unas manifestaciones universitarias a favor del profesor Emilio Castelar, que se había mostrado muy crítico con la reina y los gobiernos. El enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas de seguridad acabó con centenares de heridos y nueve muertos. Otro hecho fundamental que muestra la crisis final del reinado fue la sublevación de los Sargentos del Cuartel de San Gil en junio de 1866, que intentaron apoderarse del Ministerio de la Gobernación e instaurar un gobierno provisional. Este intento fue ilustrado por las tropas del general Serrano, ordenando el gobierno el fusilamiento de 66 de los insurrectos. De nuevo las críticas y las protestas en diversas ciudades españolas llevaron a la dimisión de O'Donnell. En la última etapa, bajo el gobierno de Narváez, se produce el Pacto de Ostende (agosto de 1866, Bélgica), que fue firmado por exiliados progresistas y demócratas. Con este pacto ambos grupos políticos se comprometían a derrocar a la reina y convocar elecciones constituyentes por sufragio universal masculino. Dichas Cortes tendrían que decidir la forma de gobierno del país: monarquía o república.

La revolución que derrocó a Isabel II se produciría en septiembre de 1868 y se inició como tantas otras sublevaciones en la historia de España del siglo XIX: a través de un pronunciamiento militar.