DERECHOS DE PROPIEDAD, NEGOCIACION Y TEOREMA DE COASE

INTRODUCCION

las relaciones entre el derecho y la economía se han ampliado desde lo que inicialmente fue un campo estrecho y más o menos esotérico, hacia un sustancial movimiento que ha contribuido no sólo a redefinir los fundamentos del estudio del derecho sino a decisivas implicaciones respecto de la consideración del ambiente legal en la construcción de la teoría económica.

Denominado en los términos de la cultura anglosajona como law and economics

el análisis económico del derecho define un campo de aplicación de la teoría económica al examen de la formación, estructura, procesos e impactos económicos de la ley y de las instituciones legales. De hecho, el surgimiento del análisis económico del derecho se sitúa tanto en el cuadro del llamado “imperialismo de la ciencia económica” cuyo representante más conocido es Gary Becker, como en el amplio proceso de hibridación de las ciencias sociales experimentadas en las últimas tres décadas, hibridación de la que surgen nuevas disciplinas como la elección pública y la socioeconomía, entre otras. El imperialismo al que acaba de aludirse se apoya siguiendo a Cossío Díaz en las siguientes causas:

- Un punto de partida común a las ciencias sociales (o al menos a varias de

ellas) en cuanto a la necesidad de fragmentar al individuo en ámbitos (homo

economicus, homo sociologicus) a fin de hacerlo comprensible.

- La común pretensión de esas ciencias, de explicar al individuo mediante la

asignación de un sentido a sus conductas.

- La formulación de un conjunto muy reducido de supuestos a fin de asignarle

sentido a un universo muy extenso de conductas.

- La progresiva formalización de los supuestos y de los medios para

comprender las conductas

- La fortaleza de esas disciplinas para la predicción de posibles conductas y

de los efectos de éstas.

Siguiendo esta línea del “imperialismo de la economía” es fácil advertir que

la aplicación de la teoría económica al ámbito del derecho tiene su origen en dos

trabajos aparecidos a principios de los años sesentas, uno de un economista,

Ronald Coase (Premio Nobel, 1991), y otro de un jurista, Guido Calabresi.

El trabajo de Coase gira en torno a un tema específicamente económico; la cuestión del

tratamiento del costo social o, en otros términos, los efectos externos producidos por las actividades económicas. Estos efectos o externalidades, en nuestro lenguaje económico, son las premisas fundamentales del acercamiento de la economía al derecho, poniendo de relieve, por un lado, el concepto de externalidad para una teoría económica de las instituciones, y de otro lado, el lugar central que ha de tener el problema del costo del derecho en el análisis de la realidad jurídica. Por otro lado, la introducción del análisis costo-beneficio en el proceso de toma de decisiones legales significa, para la teoría jurídica, la posibilidad de hablar en un lenguaje compatible con el de los economistas y de recurrir al aparato analítico de estos para examinar y cuantificar los efectos del derecho. En efecto, el artículo de Calabresi emplea la teoría económica para examinar el alcance que pueden tener los distintos significados implícitos en la noción de distribución del riesgo. Para Calabresi esta última noción es el criterio de imputación de responsabilidad que permite informar a todo el derecho de daños.

DERECHO DE PROPIEDAD, NEGOCIACION Y EL TEOREMA DE COASE

La base de la perspectiva del análisis económico del derecho y de la incorporación de las formas legales y las instituciones jurídicas a la ciencia económica está el revolucionario artículo de Coase publicado en 1960. Éste dio paso, como se señaló atrás, a un nuevo enfoque en el tratamiento tanto económico como jurídico del problema de las externalidades.

La tesis de Coase es que todo los agentes involucrados en un problema de externalidades que llegarán en un momento dado a negociar entre sí el efecto externo,

alcanzando una solución óptima que beneficie a las dos partes. Ahora bien, esa

solución negociada óptima sólo será posible cuando se den dos condiciones fundamentales (el enfoque básico de la negociación se extiende, por supuesto, a las transacciones de mercado).

• La primera de esas condiciones es que exista una precisa asignación de derechos sobre el uso de los recursos. Es decir, que exista una perfecta delimitación de derechos sobre los recursos escasos, tanto respecto a su titularidad como a su contenido. Para llegar a un acuerdo es necesario definir quiénes son los titulares de los derechos en conflicto y qué usos de estos derechos están o no permitidos.

• La segunda condición para una solución negociada óptima es que todos los costos de transacción sean nulos. Los costos de transacción son todos los costos necesarios a las partes para llegar a una reglamentación autónoma, es decir, no externa, de sus relaciones contractuales. Los costos de transacción serán los costos de saber con quién se va a contratar, de informar a las demás partes qué se quiere contratar, de conducir las negociaciones, delinear el contrato y exigir su cumplimiento.

Satisfaciendo estas dos condiciones, la externalidad se internalizaría a través

de una negociación que reasignará los derechos sobre los recursos de una forma

eficiente. Extendiendo esta proposición al análisis de mercado se concluye que

este asigna en forma óptima los recursos cuando los derechos de propiedad están

bien definidos y cuando los costos de transacción son cero.

Estas ideas de Coase apuntan a la afirmación de que el problema del costo

social es un mito, o una “panacea” -como la llama Steven S. Cheung- justificadora

de la intervención estatal en la corrección de las imperfecciones del mercado.

Frente a ello, Coase afirma que el mercado y las instituciones de derecho privado

que la sustentan son un instrumento eficaz para la resolución de conflictos. Pero

parte del problema está en que los mercados no pueden funcionar por la existencia

de costos de transacción derivados de intervenciones gubernamentales. No es el

mercado el que falla sino la estructura institucional del Estado la que provoca los

efectos externos.

La relación entre el derecho y la función económica de la ley respecto de la reducción de costos sociales y la maximización de producto es, como se advirtió, la que se recoge en lo que hoy se conoce como el teorema de Coase. Según éste, en una situación en que los costos de transacción son nulos o insignificantes, la solución de los problemas de externalidades será siempre eficiente a través de un proceso de negociaciones de todos los objetos implicados en ella. Cuando no existen costos de transacción la asignación lograda mediante el ordenamiento jurídico de los derechos sobre los recursos es indiferente para la consecución del objetivo de eficiencia. En esas condiciones es irrelevante puesto que siempre es posible “modificar mediante transacciones en el mercado la delimitación inicial de derechos. Y naturalmente si esas transacciones no engendran costos, esa reordenación tendría siempre lugar si conduce a un aumento del valor de la producción”. En el caso de que los costos de transacción sean positivos, lo que sucede en la mayoría de los casos reales, la solución eficiente no podría producirse con independencia de la norma jurídica elegida respecto de la delimitación de derechos establecidos. Esto implica entonces introducir en el análisis la utilización de las técnicas patrimoniales del derecho privado tradicional (propiedad, contrato, responsabilidad civil) con el objeto de diseñar una estructura de negociación y solución de conflictos que sea fiel traducción de la decisión del mercado y que tendría

como bases:

UN SISTEMA DE DERECHOS DE PROPIEDAD EFICIENTES

Un derecho de contratos con la función de facilitación del mercado debe establecer una disciplina para el intercambio de derechos de propiedad a fin de que éste consiga el resultado eficiente, que no es más que la asignación de la titularidad de los derechos a aquellos que más los valoren, a aquellos que están dispuestos a pagar más por su uso en un proceso de negociación. Un sistema de responsabilidad civil para los casos en los que el mercado no puede funcionar por la existencia de externalidades provocada por altos costos de transacción y a través del cual se resuelvan los conflictos de derechos que terminan adoptando una decisión en sustitución del mercado; Así, si el derecho de propiedad es el instrumento de constitución del mercado, el contrato, su mecanismo de facilitación y la responsabilidad civil el sustituto que garantiza su cumplimiento, no es de extrañar que el sistema jurídico se convierta en una especie de metamercado institucional con una función instrumental explícita de asignación y distribución de recursos de acuerdo con las exigencias de la eficiencia económica.

En la fase del Estado liberal la función del derecho en lo económico se concebía como una garantía autónoma externa. Esta idea se basaba en el presupuesto de que había zonas de la vida social independientes (en este último caso, el ámbito económico) respecto a las cuales el derecho sólo asumiría un papel de mero sostenimiento, asegurando las condiciones generales del ejercicio de las relaciones económico-sociales fundadas en la libertad individual. La tradicional interpretación de las relaciones entre sistema jurídico y sistema económico en la época del laissez faire, ponía el acento en una función del sistema jurídico donde éste aparecía como mecanismo de registro y sanción de los resultados del mercado, que por naturaleza es del ámbito privado. En esta visión, la propiedad privada es considerada una idea económica y no jurídica, y en ese contexto las normas de derecho privado son garantía de las apropiaciones y

distribuciones de la riqueza, determinadas externamente a la regla jurídica. El derecho de propiedad es así un conjunto de límites negativos a la posible intromisión de los poderes públicos en la esfera individual. Las relaciones entre derecho y economía planteadas de esa manera contribuyeron a que los estudios jurídicos se centraran predominantemente en la función protectora y represiva del derecho. Frente a ella, el análisis económico del derecho proclama la función directa de asignación y distribución de recursos por parte del sistema jurídico. En la realidad de un mundo complejo, donde los costos de transacción impiden el funcionamiento de los mercados de competencia perfecta, el sistema institucional asume un papel económico determinante en la asignación eficiente de los recursos.

DERECHOS DE PROPIEDAD

Los derechos de propiedad proveen el marco legal para la asignación de recursos

y la distribución de la riqueza. Las cuestiones fundamentales acerca de los derechos

de propiedad son:

- ¿Cómo se establecen los derechos de propiedad?

- ¿Qué puede ser objeto de la propiedad privada?

- ¿Qué pueden hacer los dueños con su propiedad?

- ¿Qué soluciones existen para la violación de los derechos de propiedad?

Desde el punto de vista legal, la propiedad es un conjunto de derechos los

cuales describen lo que los individuos pueden o no hacer con los recursos de su

propiedad. En principio, pueden proveer, usar, transformar, transferir o excluir a

otros de su propiedad. Esos derechos no son inmutables, por ejemplo pueden

cambiar de una generación a otra. Ahora bien, conforme al teorema de Coase, cuando los costos de transacción son nulos, para alcanzar la eficiencia en el intercambio no tenemos que preocuparnos por especificar las reglas legales referentes a la propiedad. La negociación privada se ocupará de cuestiones tales como las cosas que pueden ser objeto de la propiedad; lo que los propietarios pueden o no hacer con su propiedad, etc.

Al especificar las circunstancias en las cuales carecen de importancia los derechos

de propiedad para la asignación eficiente de los recursos el teorema de Coase

especifica implícitamente en qué condiciones es importante el derecho a la propiedad. De manera más precisa, del teorema de Coase se desprende que cuando los costos de transacción son los suficientemente elevados como para impedir la negociación, el uso eficiente de los recursos dependerá de la manera como se asignen los derechos de propiedad.

Para comprender esta proposición es necesario decir algo sobre la negociación y los costos de transacción.

El término negociación encierra una gran cantidad de definiciones que deben ser entendidas desde la perspectiva de quien la realiza. Podría decirse que la negociación es un conjunto de conceptos que permiten describir, predicar y predecir el comportamiento de las partes y los resultados de un proceso de interacción continua en donde las acciones de una dependen de lo que haga la otra, perfilando de esta manera tanto el resultado (acuerdo final) como el proceso a través del cual se llega a él, estableciendo de esta manera las reglas de juego para realizar un procedimiento o proceso que podría utilizarse en futuras interacciones entre las partes.

Los costos de transacción son los costos del intercambio y éste tiene tres pasos descritos de manera elemental:

• Debe localizarse un socio para el intercambio lo cual implica encontrar a alguien que desee comprar lo que se quiere vender o vender lo que se quiere comprar.

• Deberá llegarse a un arreglo entre las partes que intercambian. Este arreglo se logra mediante una negociación exitosa, lo que podría incluir la redacción de un contrato.

• Una vez realizado un contrato, éste deberá ejecutarse. La ejecución implica hacer el seguimiento del cumplimiento de las partes y castigar las violaciones al acuerdo.

A las tres formas de los costos de transacción, correspondientes con estos tres pasos de un intercambio, podemos definirlas como:

1. Costos de búsqueda

2. Costos de arreglo

3. Costos de la ejecución.

Aunque los costos de transacción pueden ser endógenos o exógenos en el sentido en que las reglas legales pueden disminuir los obstáculos existentes para la negociación privada, el teorema de Coase sugiere que la ley puede estimular la negociación, reduciendo los costos de transacción. Así la reducción de los costos de transacción lubrica la negociación; una forma muy importante en que la ley puede hacer esto es la definición de derechos de propiedad simples y claros; es más fácil negociar cuando los derechos legales son simples y claros que cuando son complicados e inciertos. De allí puede deducirse la formulación de un nuevo teorema, llamado por Cooter y Ulen “teorema normativo de Coase”, esto es, “estructurar la ley de tal modo que se eliminen los incentivos, los impedimentos para los acuerdos privados”. En principio este teorema es normativo porque ofrece una guía a los legisladores y se inspira en el teorema de Coase porque supone que el intercambio privado puede asignar eficientemente los derechos legales; Además de estimular la negociación, el sistema legal trata de minimizar los desacuerdos y la falta de cooperación, que son costos para la sociedad. Otro de los aspectos importantes se refiere a la manera como la ley puede proteger los derechos de propiedad, lo que remite a algunos aspectos eminentemente jurídicos como los pagos de daños y mandatos judiciales, los remedios eficientes, etc. Por otra parte, en tanto el derecho de propiedad es un instrumento para facilitar la negociación privada y minimizar el daño resultante de la incapacidad para llegar a acuerdos privados, el derecho a la propiedad crea, protege y fortalece la estructura transaccional de los intercambios voluntarios. El intercambio voluntario transfiere derechos de propiedad de una persona a otra de modo que los propietarios deberán ser protegidos mediante mandato judicial cuando ello genere bajos costos de transacción en la negociación privada, en tanto que deberían ser protegidos en la forma de pago de daños cuando los costos de transacción elevados impiden la negociación privada.

Por último, consideremos la teoría económica del contrato, La teoría del contrato remite a las siguientes cuestiones:

¿Qué promesas deberían ser legalmente exigibles?; Conforme a la teoría estándar de la negociación, una promesa es legalmente exigible cuando se formula como parte de una negociación, de modo que no todas las promesas son legalmente exigibles. En consecuencia, la teoría requiere una especificación exacta de las condiciones necesarias y suficientes para que pueda concluirse que hubo una negociación. La teoría del contrato, por el contrario, considera en general que la evidencia económica requiere el cumplimiento forzoso de una promesa si el promitente y el receptor deseaban ese cumplimiento cuando se hizo esa promesa. Por supuesto la mayoría de los intercambios ocurren de manera instantánea y simultánea, como cuando un comprador paga en efectivo los bienes que compra en la tienda y en un intercambio simultáneo instantáneo hay escasa razón para prometer nada. Por lo general la formulación de promesas hace referencia a los intercambios diferidos, es decir, a las transacciones que requieren el paso del tiempo para su terminación, circunstancia en la cual es relevante la teoría del contrato.

El paso del tiempo entre el intercambio de promesas y su cumplimiento crea incertidumbres y riesgos que generan obstáculos para el intercambio y la cooperación. El contrato promueve, pues, el intercambio y estimula la cooperación al reducir la incertidumbre y el riesgo. Para desarrollar esta idea los teóricos suelen describir una situación llamada el juego de la agencia, que surge a menudo en la actividad comercial. En este juego un jugador decide si pondrá un activo valioso bajo el control del segundo jugador y este último decidirá si coopera o se apropia del activo. Así, la cuestión del contrato remite a las condiciones para incentivar la cooperación, es decir, para convertir un juego de solución no cooperativa en un juego de solución cooperativa. En este sentido Cooter y Ulen enuncian y explican en detalle un conjunto de proposiciones que definen y resumen la teoría económica del contrato. Aquí se limitan a enunciar las proposiciones:

- El primer propósito del derecho de los contratos es permitir que los individuos cooperen, convirtiendo los juegos de solución no cooperativos en juego de soluciones cooperativas.

- El segundo propósito del derecho de los contratos es obtener el compromiso óptimo de cumplir. El promitente tiene incentivos eficientes para cumplir cuando la responsabilidad internaliza los costos de incumplimiento, así el pago perfecto del perjuicio (en función de las expectativas) crea incentivos para el cumplimiento y el incumplimiento eficientes.

- El tercer propósito del derecho de los contratos es asegurar una confianza óptima.

- El cuarto punto del derecho de los contratos es la minimización de los costos de transacción de la negociación contractual, mediante la provisión de términos de omisión eficientes.

- Finalmente el quinto propósito de derecho de los contratos es corregir las fallas del mercado mediante la regulación de los términos del contrato.

Desde esa perspectiva, el objetivo de la teoría del contrato es cumplir con los requisitos para la elaboración de un contrato perfecto, es decir, un contrato completo donde se prevean todas las contingencias sobre el riesgo asociado a la negociación, se asigne eficientemente entre las partes toda la información relevante y ésta se comunique, de modo que nada puede salir mal. Así, un contrato perfecto es también eficiente; esto es, cada recurso se asigna a la parte que lo valore más, cada riesgo se asigna a la parte que pueda asumirlo al menor costo y los términos del contrato maximizan las posibilidades de una ganancia mutua por cooperación entre las partes. Por supuesto, las partes de un contrato perfecto necesitan que el Estado haga cumplir el acuerdo en sus términos, pero nada más. Específicamente no es necesario, por su propia naturaleza, que el Estado prevea términos de omisión para subsanar lagunas o regular los términos explícitos de un contrato perfecto.

¿En que circunstancias entonces, pues, negociarán las partes un contrato perfecto?

De acuerdo con el teorema de Coase, las partes racionales elaborarán un contrato perfecto cuando los costos de transacción sean nulos. En este caso el contrato será completo porque la negociación de términos adicionales no cuesta nada. Cuando los costos de transacción son nulos el contrato será asignado a la parte que lo valore más y cada riesgo se asigna a la parte que puede asumirlo al menor costo. En el caso de un contrato perfecto la regulación estatal que descarte o modifique sus términos creará ineficiencias. Específicamente los tribunales reducen los costos de negociación de los contratos proveyendo términos de omisión eficientes. Al regular los contratos, los tribunales pueden corregir las fallas del mercado. Al corregir las fallas del mercado, el derecho reduce la amenaza del comportamiento oportunista, y favorece la disposición de los individuos a hacer compromisos recíprocos. Por último, el derecho a los contratos ayuda a resolver el problema de la cooperación con una utilización mínima del aparato estatal.

CONCLUSIONES

Las cuestiones abiertas al análisis económico del derecho en las dos direcciones

que se han señalado constituyen un programa de investigación que está proporcionando instrumentos analíticos de fundamentación al derecho y a la llamada

dogmática jurídica, y al mismo tiempo está proporcionando realismo a la economía y a la teoría de la asignación de recursos. Por supuesto que estos ámbitos del análisis están siendo desarrollados desde la perspectiva empírica. Sin embargo, debe reconocerse que todavía hay muchos aspectos nebulosos respecto del análisis de los derechos de propiedad y de las negociaciones y, en general, de todo el cuerpo de las relaciones entre lo económico y lo jurídico.

La evidencia es aún insuficiente para admitir o refutar muchos aspectos de la teoría; una de los mayores obstáculos, por supuesto, se refiere a las enormes dificultades de cuantificación. En esta área es necesario ahondar en metodologías apropiadas. Es aún muy pronto como para indicar la magnitud de los efectos de la economía sobre el derecho, Pese a todas las limitaciones, el análisis económico del derecho es un campo de trabajo novedoso para economistas y abogados.