ANTECEDENTES

La privatización de la Banca en México es la continuación de un proceso emprendido por el gobierno a partir de 1982. A finales de ese año, el número de paraestatales se consideraba cercano a 1,200, incluida la Banca. En septiembre la participación del Estado en la economía, a través de las empresas públicas, alcanzó su punto más elevado. Sin embargo, el universo de esas empresas aportaba el 15% del PIB y ocupaba el 5% de la población económicamente activa, pero una sola empresa pública, PEMEX, aportaba el 10% del PIB. Esto desmentía palmariamente la campaña permanente y sistemática que la burguesía sostuvo, sobre todo en los sexenios de 70-76 y 76-82, en la que acusaba al gobierno de intervenir en la vida económica e impedir el libre juego de las fuerzas productivas, las que, en manos de ella, supuestamente llevaría a los mexicanos por rumbos de desarrollo que satisficieran no sólo sus necesidades más elementales, sino también sus inclinaciones hedonistas. En este contexto, la burguesía sostenía que la nación -léase ella- había perdido la confianza en el equipo gobernante.

A partir de 1982, sin embargo, se dieron cambios y nuevas orientaciones en la política económica, de tal manera que lo que antes fue considerado por el gobierno como una virtud, ahora se convirtió en lo opuesto. El gobierno proclamó que el Estado padecía obesidad, lo que le impedía prestar atención a los problemas nacionales. Por otra parte, se le criticaba al gobierno la posesión de tantas empresas públicas, las que -se postulaba- deberían estar en manos de quienes las administraran adecuadamente, esto es, la iniciativa privada.

En el actual sexenio, el encargado del Poder Ejecutivo sostuvo: "Es inaceptable un Estado tan propietario, frente a un pueblo con tantas necesidades y carencias (...) El Estado vende sus bienes para resolver males sociales y canaliza sus energías para abrir espacios a los particulares, para que aumenten el empleo, la inversión y toda la patria florezca".Lo que en esa ocasión no se dijo es qué cantidad de esas empresas compradas a particulares estaban en quiebra por pésima administración, como tampoco se mencionó que las que está vendiendo son las empresas más rentables, las que le permitirían al Estado disponer de recursos para atender permanentemente las necesidades y carencias sociales de que se habla, contribuyendo de paso a reducir el déficit público. Los recursos que el Estado tiene podrían resolver algunos problemas, pero estos recursos no son inagotables. Como veremos más adelante, estos recursos se destinan, en parte, al pago de la deuda pública interna. Por supuesto, el acreedor es la propia iniciativa privada.

La creciente intervención estatal en la economía mexicana tuvo su razón de ser. No fue aleatoria ni anárquica. En nuestro país -y hasta el régimen de Porfirio Díaz- el desarrollo del capitalismo estaba volcado hacia el exterior, exportándose principalmente productos primarios. Con la revolución y la instauración de los gobiernos postrevolucionarios se dio un nuevo modelo de crecimiento y desarrollo, también capitalista, sólo que aprovechando los recursos internos.

Ante la debilidad del capital, el Estado se echó a cuestas la tarea de crear la infraestructura que permitiera su fortalecimiento, por lo que inició la creación de las empresas públicas básicas necesarias que permitieran ir apoyando ese desarrollo. Es así como surge, entre otras empresas, el Banco Central en los años veinte, para homogenizar y hacer más fáciles y expeditas las transacciones comerciales a lo largo y ancho del territorio nacional con una sola moneda de curso legal.

En la siguiente década se crean PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última para afrontar la producción de energéticos baratos. También en esta época se crea Ferrocarriles de México, concebidos para brindar transporte de mercancías, materias primas y pasajes con tarifas reducidas. Más tarde, en los cuarenta, se establece el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para atender las necesidades de una mano de obra cada vez más creciente. Y en la década de los cuenta -finalmente- se crean empresas públicas productoras de bienes de capital, etc.

Las empresas públicas ofrecían -y lo siguen haciendo- bienes y servicios subsidiados a la empresa privada, pero también atienden las necesidades de su fuerza de trabajo al subsidiarles bienes y servicios como ocurre en los casos del IMSS y CONASUPO, por ejemplo. Con estas últimas empresas se disminuían las presiones de los trabajadores por mayores salarios, por lo que abarataban, y en parte lo siguen haciendo, su valor.

Este modelo se agotó en la década de los setenta. Al haberse creado una industria protegida por el Estado que no tenía que renovar permanentemente su planta productiva y al no tener que competir con el exterior, la obsolescencia se hizo presente. Mientras tanto, enfrentadas a crisis de mercados o del petróleo, las naciones más desarrolladas del mundo capitalista se veían obligadas, como siempre, a renovar su tecnología. La ciencia jugó un papel básico en ese desarrollo, al mismo tiempo que nuestro país se fue rezagando. El desarrollo internacional fue entrelazando las economías de todos los países en los movimientos de capitales, mercancías y servicios. La globalización era ya una realidad.

La venta de empresas públicas en México obedece a la combinación de diversos factores, tanto internos como externos. No se da exclusivamente en el país, ya que la fiebre por privatizar ha afectado tanto a los países capitalistas como a los socialistas, por llamar a estos últimos de algún modo.

En el centro de ese proceso se encuentra la tendencia a la acumulación de capital a nivel mundial. El capital siempre buscará dónde obtener mayores tasas y masas de ganancia y recursos que explotar -sean éstos humanos, naturales o técnicos-, además de buscar las facilidades y perspectivas de ganancias cuantiosas. Por supuesto, entre esas facilidades se cuentan prioritariamente las alianzas con Estados que muestran fehacientemente que no impedirán el desarrollo de las fuerzas productivas y que intervendrán sólo lo estrictamente necesario e indispensable en la economía, además de que esté dispuesto a vender las empresas públicas de su ramo que les podrían hacer competencia. En suma, se necesita encontrar Estados que están ansiosos (¡y qué Estado no lo está hoy en día!) por recibir inversiones extranjeras.

Estas serían las condiciones externas. Las condiciones internas estarían dadas por el deterioro y el atraso del aparato productivo en México, que hace más costosas las relaciones de intercambio con el exterior. De no haberse modificado la política económica, el atraso y los problemas sociales se hubieran agudizado más de lo que están ahora.

La política neoliberal que actualmente predomina maneja la premisa -a nuestro juicio errónea- de que la economía debe orientarse a apoyar al capital privado sin restricciones, no importa su procedencia. Se piensa que sólo el capital es capaz de resolver -y para siempre- los problemas de las sociedades de nuestros días.

El enfoque neoliberal lo consideramos erróneo porque, aunque es evidente que traerá el desarrollo de las fuerzas productivas (mayor empleo, mayores satisfactores, etc.), no hay garantía de que proveerá un disfrute homogéneo de la riqueza; al contrario, la tendencia ha sido acentuar su concentración en pocas manos. Al mismo tiempo, creemos que no todos los sectores de la población gozarán de esos niveles de bienestar que se logren y que grandes sectores se verán marginados, a la vez que el deterioro de la naturaleza no se detendrá. Por otra parte, podríamos asegurar que se impondrá una cultura consumista -de derroche y desperdicio- incapaz, en ese proceso de enajenación mundial, de dar respuesta a las verdaderas necesidades materiales y espirituales del ser humano.

ALGUNOS ASPECTOS DE LA VENTA DE EMPRESA PÚBLICAS

A nivel mundial actualmente hay una lucha feroz por atraer capitales y México no es una excepción. En este sentido, y si es necesario, México modificará su ley de inversiones extranjeras para darle confianza al inversionista internacional. Por otra parte, nuestro país está avanzando en su integración con E. U. y Canadá a través del Tratado de Libre Comercio (TLC), el que, entre otras cosas, pretende, por parte de estos dos últimos países, trasladar empresas "buscando trabajo barato y sin combatividad (...) E.U. sabe que en América Latina existe la mano de obra más barata del mundo y que no puede enfrentar con éxito el mercado del sureste asiático sin esta mano de obra (...) [aunque] sí hay la tendencia a homogenizar la situación laboral, con el país más fuerte en el TLC".

A este respecto, lo que probablemente suceda es que la mano de obra, al hacerse más cara en México en las industrias punta (las de mayor tasa de ganancia), promoverá una élite de trabajadores y, con ello, la ventaja inicial con respecto al sureste asiático se reduciría.

Los elementos capital y trabajo determinarán, en gran medida, el futuro de la economía en México. Además, con el TLC, el proceso de fusión de los capitales nacionales con los internacionales se acentuará, con toda seguridad. El caso particular de Cementos Mexicanos -que ya es empresa transnacional- no será la excepción, sino la regla: se fusionó con cuatro empresas norteamericanas (entre ellas, la Gulf Cast Portland Cement Co. y la Houston Shell and Concret Co.). Así, la economía en México marcha inevitablemente hacia una mayor integración con los E.U. y Canadá, en donde su fuerza de trabajo barata es un incentivo para una inversión externa mayor. A pesar de todo, creemos que el entrelazamiento de capitales no estará exento de fricciones.

En relación al proceso de desincorporación de empresas públicas, en el actual sexenio se han vendido 138, entre las que destaca Teléfonos de México (TELMEX), que aportó el 51% de los 10 billones que se han obtenido. Para finales de este año se espera que la cifra llegue a 15 billones, con la venta de bancos y compañías acereras. Según el actual secretario de Hacienda, de las 1,155 empresas paraestatales que tenía el Estado, hoy en día sólo quedan 70, aproximadamente. Y continuaba -en un discurso ideo logizado- que la venta es una respuesta a "una promesa de justicia social (...) porque durante muchos años la población tuvo que pagar el alto costo del estatismo absurdo e inaceptable".

Por su parte, el secretario de Programación no se queda atrás, cuando afirma que "la reforma del Estado (...) está ampliando nuestra democracia (...) pues, además, la mayor disposición de recursos ha permitido reorientar el gasto público y destinar una mayor proporción de éste a los renglones de justicia social".De acuerdo a esto, hemos vivido muchas décadas en el absurdo por culpa de un gobierno que hizo que recayera en la población el peso de tal absurdo. Afortunadamente ya no es así.

Para la conservadora Fundación Heritage, de E.U., este esfuerzo reprivatizador todavía es insuficiente. En un igualmente ideo logizado discurso, sostiene: "La democracia económica y la soberanía del consumidor son necesarias, tanto para asegurar que México crezca y prospere, como para que alcance los beneficios sociales de la privatización". Esto se dijo en noviembre de 1990. Con las nuevas privatizaciones quizás el criterio de dicha Fundación haya variado ligeramente. No está por demás notar que, para ella, las privatizaciones coadyuvan a la democracia económica y a la soberanía del consumidor. A este respecto, creemos que sucederá exactamente lo contrario: a saber, que la democracia económica se aleja más y más y que la soberanía que supuestamente se afianzará es también un tema por discutirse. Si se trata del consumo, sólo lo gozará aquel que tenga capacidad de compra, quien, además, ve coartada su libertad por el bombardeo publicitario, el que le indica qué comprar y cómo consumirlo.

El proceso de desincorporación de paraestatales es una medida más dentro de la política de desregulación iniciada en 1989. Para el coordinador de la Unidad de Desregulación de la Presidencia de la República, este proceso "ha logrado eliminar privilegios indebidos en materia económica, deshacer monopolios y ocasionado cambios dramáticos en áreas como el transporte, las telecomunicaciones, la agricultura y la industria (...) Nos desregulamos -agregó- antes del Tratado de Libre Comercio, porque queremos ser más productivos liberando las fuerzas de la producción interna y la creatividad de la sociedad".

Esta declaración no es compartida -sobre todo en cuanto a la destrucción de monopolios- por el analista norteamericano Stephen Baker, de Business Week, revista especializada en E.U., quien ha escrito: "Carlos Salinas (...) reconoce que el sistema económico mexicano necesita rejuvenecerse y modernizarse, después de décadas de relativo aislamiento (...) [buscando] reconstruir la estructura de los negocios mexicanos (...) con grandes industriales mexicanos como socios de los poderosos actores extranjeros (...) Salinas, está claro, no se propone destruir a la élite de poder en México, es parte de ella (...) Para preparar el libre comercio (...) Salinas se vuelve a sus amigos de la infancia. Les pide que jueguen un papel más importante comprando partes de las compañías paraestatales, desde bancos comerciales hasta fábricas de acero. Esto asegura que la administración quede en manos mexicanas y recupere miles de millones de capital fugado (...) Salinas, al proyectar el enorme poder de la presidencia mexicana, está de hecho definiendo quién gana y quién pierde en el México nuevo. Pero corre sus riesgos. Al inclinarse por sus cuates, Salinas no está haciendo gran cosa por diversificar el control corporativo. Si el libre comercio empobrece la economía mexicana, Salinas será el culpable".8

Las dos posiciones son irreconciliables. Mientras que para el primero se deshacen monopolios, para el segundo ocurre todo lo contrario. Pero veamos mejor con hechos a quién asiste la razón. Tenemos el caso de la privatización de la Minera Cananea, empresa que en julio de 1988 pasó a manos de Nacional Financiera, pues Jorge Larrea, su dueño, se declaró en quiebra. Saneadas sus finanzas, Minera Cananea regresó 4 meses después a su antiguo dueño. Al ser propietario también de Minera Nacozari, Larrea "tiene ahora el control del 6% del cobre a nivel mundial". Al momento de su privatización, dicha empresa tenía ventas, ya acordadas, por 300 millones de dólares.

El caso de TELMEX es también ilustrativo: empresa con un valor de 3,900 millones de dólares y ganancias de 1,100 millones. Se vendió a Carlos Slim, apoyado en capitales de la South Western Bell y de la France Telecom (esta última, con capitales franceses y norteamericanos); con 400 millones de dólares, Slim compra el 5% de las acciones y logra el control efectivo de tan prometedora empresa. Para recuperar la inversión sólo le bastaba esperar tres años manteniendo las mismas tarifas; sin embargo, no quiso esperar tanto tiempo y optó por elevar significativamente el costo del servicio en proporción tal, que no sólo protestó el ciudadano común, sino que esta vez también se sumó la burguesía.

Es fácil observar que no hay tal destrucción de monopolios sino su consolidación y que las medidas que se toman no tienen ningún rasgo democrático, pues no hay consultas ciudadanas, ni mucho menos un referéndum que consulte a las grandes mayorías. ¿De qué patria hablan y en qué sentido entienden que florezca?

Sin ningún contrapeso real, el poder presidencial se impone y toma decisiones que, finalmente, buscan el beneficio de una élite, pretendiendo tal vez que esta élite se vea fortalecida para que así pueda enfrentar al invasor extranjero. Pero creemos que esto no se dará; lo que se dará, más bien, será la combinación de capitales, como ya hemos dicho.

Con respecto a la privatización de la Banca en México, ésta obedece, entre otras razones, a las transformaciones que se están dando en la intermediación bancaria en el país y a nivel mundial. Entre las más significativas figura el que la Banca deja de jugar únicamente el rol de recibir y prestar depósitos, pues ahora es también emisora de valores, en combinación con empresas privadas y el gobierno. Estas empresas "recurren cada vez más [para] financiar sus necesidades a la emisión de bonos y obligaciones y menos al crédito bancario". Por otra parte, los cambios que están buscando los gobiernos de Japón y E.U. levantarán las restricciones "que les impide funcionar como Banca universal en sus mercados domésticos (...) [Esto confirma] la tendencia mundial (...) hacia la homogenización de las instituciones financieras".

En tal sentido, las reformas del presidente Bush buscan otorgar mayores poderes a las grandes instituciones bancarias "para operar en la economía y el sistema financiero del país". Estos cambios, que se operan en E.U. y buscan imponer en las negociaciones del TLC, donde se discute la liberalización de los servicios financieros, obligan al Estado a pasar la Banca a los poderosos conglomerados, quienes deberán poner al día sus nuevas adquisiciones pues, en el momento actual, la Banca mexicana no estaría en capacidad de competir con los poderosos bancos norteamericanos y japoneses". Si en las negociaciones se acuerda la apertura financiera total, ésta no será fácil ni exenta de fricciones, aunque predominará la negociación y la combinación de capitales.

Como la apertura financiera es total, ya hay oficinas de 64 bancos extranjeros -como cabezas de playa- para iniciar operaciones en el mercado nacional. Por el momento, lo que quizás pueda denominarse como capital nacional, marcha y está en declarada armonía con el sector público, según palabras de Rolando Vega Iñiguez, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y la iniciativa privada. A ese capital nacional se le "ha dado un papel de protagonismo en el sector productivo". Pero claro, la iniciativa privada, ahora en vez de la COPARMEX, quiere más a pesar de estar "muy complacida con el régimen de Carlos Salinas de Gortari (...) [y demanda] privatizar más (...) [y establecer una] apertura de áreas reservadas y fin de monopolios estatales".

El fortalecimiento de las empresas mexicanas del que habla el articulista de Business Week, que traerá -decíamos- una mayor e injusta distribución de la riqueza, es toda una realidad. Tal como van las cosas, ya no son 300 hombres de negocios (ese grupo cómodo, del que habló un ex-banquero) los que democráticamente, junto con el presidente, toman las más importantes medidas de política económica, pues parece que ahora este grupo se reduce, como ha sido siempre así. Baste observar, según un estudio de Carlos Fernández Vega, que "el 22% del PIB está concentrado en manos de 37 empresarios, con utilidades netas para el año de 1989 de más de 5 billones de pesos. Estos son los integrantes de la élite de las élites. Estos 37 son las cabezas visibles de los 70 grupos económicos más poderosos de México". Tal parece, entonces, que las explicaciones reseñadas en párrafos anteriores de los actuales secretarios de Hacienda y de Programación y Presupuesto son palabras que no tienen ninguna base real en que sustentarse; más aún, apuntan a que el proceso camina en sentido inverso al que ellos señalan.

LA NACIONALIZACIÓN DE LA BANCA

Tenemos que hacer algunas reflexiones que nos permitan entender por qué lo que hoy se privatiza tiene que haber sido nacionalizado con anterioridad. ¿A qué se debe que de una medida se pase a otra totalmente radical?

Una breve síntesis nos lleva a señalar que fue el propio gobierno el que hizo posible, con la autorización para el establecimiento de la Banca múltiple en 1976, que los grupos financieros bancarios elevaran su importancia en la economía nacional al concentrar la expansión del sistema bancario. Esto a pesar de la ley elaborada por el entonces secretario de Hacienda, José López Portillo (el mismo que como presidente, nacionalizara más tarde la Banca, en 1982), que buscaba "frenar las tendencias monopólicas". Esto trajo como consecuencias que los banqueros acumularan un inmenso poder económico y político.

Así, la concentración bancaria se acentuó en México. "En 1981, dos instituciones bancarias - BANCOMER Y BANAMEX- reunían alrededor de la mitad de las sucursales, de los activos, de la captación bancaria (...) las que junto con otros tres grandes bancos menores en tamaño, reunían el 75% del total de activos, mucho más que países similares como Argentina y Brasil, e incluso de distinto nivel de desarrollo, como E.U. y Francia".Como veremos, esta tendencia no se revirtió con la Banca comercial en manos del Estado. En el caso de México, antes y después de la nacionalización subsiste una Banca en manos del Estado a la que se ha denominado "de desarrollo", la que no captaba, sin embargo, recursos públicos. Lo que hacía era acordar empréstitos externos, con los que otorgaba créditos que, a su vez, eran aprovechados por la Banca comercial.

Con el desplome de los precios del petróleo a nivel internacional, la marcha de la economía mexicana entró en su crisis más aguda de aquella época y alejó la utópica promesa de que debíamos prepararnos para administrar la riqueza. El desequilibrio externo quedó marcado por "una fuga creciente de capitales mexicanos hacia el exterior y por su magnitud sin precedentes: 2,958 millones de dólares en 1980 y 10,914 en 1981 (el 1.6% y el 3.4% del PIB, respectivamente)".

La política económica que se aplicó entonces -inmediatista y de apaga fuegos-, acentuó los problemas. Las devaluaciones del peso no se hicieron esperar y ya en 1981 "la expectativa de una fuerte devaluación (...) hace que los especuladores adquieran divisas para garantizar una ganancia cambiaria. En este proceso, la Banca privada desempeñó un papel preponderante y se benefició de forma importante (...) [pues] fomentaba, operaba e instrumentaba la especulación y la fuga de divisas. Ello le reportaba además considerables utilidades".

Carlos Tello señala que: "De una utilidad bruta de la Banca, al 31 de agosto de 1982 de cerca de 18,400 millones de pesos, más de 8,900 provenían de operaciones cambiarias".Si calculamos el porcentaje, resulta que por especulación se llevaron el 50%. La Banca, ante el creciente encaje legal, mediante el cual el gobierno sostenía su creciente gasto público (lo que, por otra parte, hizo escaso y caro el capital para financiamiento interno de las actividades productivas), recurrió a la especulación abierta; incluso, sus funcionarios de nivel medio especulaban con los propios clientes, en las sucursales.

Para protegerse de la hecatombe que se veía venir, una parte de la sociedad mexicana entró en un proceso de transacciones donde sólo el dólar daba seguridad. Venta de casas, automóviles, inscripciones escolares, etc., se hacían con divisa extranjera.

Por supuesto, esto no podía continuar indefinidamente. La situación se escapaba de las manos de la Banca Central, en cuanto al problema de la regulación financiera y el control del circulante. La amenaza al sistema comercial e industrial también se cernía sobre ellos como resultante de ese mismo proceso. Había que actuar con energía, para evitar quizás el aparatoso desplome y el caos de las finanzas, la industria y el comercio.

La nacionalización y el control de cambios fueron las medidas que se aplicaron como las salidas más viables. Las protestas, sobre todo las de los ahora ex-banqueros, no se hicieron esperar. Ciertos sectores de los industriales y comerciantes amenazaron con parar sus actividades, lo cual no tuvo éxito. Hoy en día todavía se recuerda la nacionalización de la Banca, en 1982, con cierto rencor. Por ejemplo, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio dice que "con la actual privatización, el presidente Carlos Salinas de Gortari ha hecho (...) oscilar la relación sociedad-gobierno desde una postura de agravio, separación y divorcio, hacia una nueva etapa de reconciliación".Se impone la pregunta: ¿A quiénes se refiere la expresión "sociedad agraviada"? ¿A todos los mexicanos o sólo a los banqueros?

Algunos autores -a nuestro juicio en forma correcta- señalan que lo que se nacionalizó fue la deuda privada de la oligarquía, pues cada mexicano debía, de un día para otro, tres millones de pesos de aquel entonces. Ese objetivo también se alcanzó, pero fundamentalmente -creemos- para evitar el desplome del sistema financiero y, consecuentemente, el del aparato industrial y comercial, con lo que probablemente se hubiera dado paso a otro tipo de problemas de honda repercusión política y social.

Pasado el golpe traumático, había que satisfacer, por lo menos en parte, a los ex-banqueros. Aunque mantenida en secreto, se calcula que la indemnización fue de 1,200 millones de dólares de aquel entonces. Se pagaron con una emisión de los denominados Bonos de Indemnización Bancaria, los que para 1984 ascendían en su valor a 1,453 millones de dólares. A ello había que agregar el pago de los intereses, que en 1987 eran ya de 160% al año. La suma de todo ello fue amortizada totalmente en 1989.

Para Carlos Tello, la indemnización, que debía ser a 10 años, se hizo sólo en uno. "En lugar -dice- de darle (en millones de pesos) 19,845.6 al ex-dueño de BANCOMER, 20,301.3 al ex-propietario de BANAMEX y por SERFIN 7,089.6, se dieron 52,724.9, 47,153.1 y 18,292.4, respectivamente". Textualmente anota: "una ganancia de capital de esa magnitud quedó exenta del pago de impuestos". Luis Soto, de El Financiero, su parte anota que a los ex- banqueros el gobierno les pagó "bastante bien y ellos estuvieron de acuerdo en ese precio".32

Sin embargo, el trato dado a los ex-banqueros no fue parejo, aunque en general a la mayoría (de un total de 49 bancos nacionalizados) se les pagó muy bien. Pese a lo dicho, todavía hoy, a 9 años de la nacionalización, hay dos bancos que no han sido indemnizados plenamente, como son los casos de ProBANCA del NORTE y Banca ABOUMRAD. No sabemos si aún prosiga el proceso indagatorio que, por supuestas irregularidades cuando eran privados, se les siguió.

Tenemos otros dos casos un poco especiales, los de Multibanco COMERMEX y Banca CREMI. En el caso del primero, a su dueño -Eloy S. Vallina- se le detectaron serias anomalías e irregularidades, por lo que sufrió fuertes descuentos al ser indemnizado; en tanto que al dueño de CREMI, Alberto Bailleres (quien no tuvo esos problemas) no se le permitió entrar a la reciente puja por adquirir el que fuera su banco, logrando sólo comprar un asiento en el Consejo de Administración de un banco ibérico. Pensamos que si se hubieran realizado auditorias de carácter exclusivamente técnico y sin implicaciones políticas, la mayoría de los ex- banqueros debieron de haber sido castigados, pues, amén de la especulación, la mayoría otorgaba, estando ello prohibido, créditos blandos a las empresas que formaban parte del banco, lo cual ponía en seria desventaja a aquellos empresarios ávidos de financiamiento que no disponían de asiento en los Consejos de Administración. Tal cosa no sucedió debido al manejo discrecional del poder presidencial, el que asumió posiciones paternalistas sólo con algunos ex-banqueros.

Con la llegada al poder de Miguel de la Madrid, el gobierno buscó congraciarse con la clase empresarial y, en mayo de 1984, informó que regresaba las acciones de las empresas que obraban en poder de los bancos por la vía de su venta. En esa situación se encontraban las compañías de seguros, de fianzas, arrendadoras, casas de bolsa, etc.

Dice Carlos Tello, en 1984: "La cantidad de recursos que estas instituciones manejan es mayor que el volumen de recursos que maneja la mayoría de los bancos que hoy en día operan en el país". Este autor seguramente sabe lo que dice, puesto que fue director del Banco de México en los 90 días que le quedaban al régimen de José López Portillo.

En cuanto a las indemnizaciones, pensamos que también es posible que se hayan pagado por encima de lo que realmente valían los bancos nacionalizados. De lo que antecede nos surge una inquietud: si es cierto que el gobierno representa los intereses de la clase poseedora de los medios de producción, que incluye a industriales, banqueros, comerciantes, etc., ¿por qué, si el gobierno afectó a los banqueros, los demás sectores no se opusieron a tal medida? El mismo Carlos Tello da elementos para la respuesta: "La participación de los bancos, en el capital social de las empresas, no era (...) mayoritario y en las relaciones financieras [que se intensificaron como resultado de esa participación] las empresas eran tratadas como clientes preferentes de los bancos".De este modo se comprende por qué no se hicieron efectivas las medidas drásticas publicitadas por el resto de los hombres de empresa, ya que la fusión del capital bancario con el industrial y comercial no era lo bastante profunda como para que se pudiera denominar capital financiero en sentido amplio. Si bien tenían un cierto grado de entrelazamiento, los intereses de los banqueros e industriales, cada uno por su cuenta, se dedicaron preferentemente a lo suyo, aunque los banqueros se dieran a la especulación. Así, lo que fue una promesa -la Banca al servicio del pueblo- al momento de la nacionalización, pronto fue desmentida. Las cosas seguirían otro rumbo y no el de apoyar una política económica que rectificara la creciente desigualdad en el ingreso, entre otros aspectos.

LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA Y LA BANCA NACIONALIZADA

Por principio de cuentas, y como la apertura financiera al exterior se ve próxima, conviene registrar algunos porcentajes de Canadá y de E.U. en cuanto a captación y financiamiento, como asimismo sus equivalentes de México. Según datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el primero de estos países captó en Banca, durante los años 1986-1989, en promedio el 58.1% del PIB. Con respecto a 1986, fue de 63.7%, pero en 1989 su captación bajó al 55.2%; E.U. por su parte, mantiene en esos mismos años un promedio de captación de 53% y destina al financiamiento 56 puntos, en promedio, del PIB; México, a su vez, en promedio capta el 28.3% del PIB y da en financiamiento, en 1987, por ejemplo, 33 puntos del PIB.

Si se establece el TLC -como creemos que sí sucederá sin lugar a dudas-, de los activos totales de los 3 países a la Banca norteamericana le corresponderá, en porcentaje, el 87%, a Canadá el 11% y a nuestro país el 1%. Como dijo Suárez Dávila, director de SOMEX: "Nuestro país afronta una amplia asimetría, frente a los activos totales de Norteamérica".Sin considerar el volumen de recursos (sólo los porcentajes), la Banca nacionalizada no tiene la importancia que tiene la Banca formada en los otros países del TLC.

En cuanto al nivel de captación entre los agentes bancarios y no bancarios, al interior del país, disponemos de algunos datos. A raíz de la nacionalización, el mercado de capitales en manos privadas creció vertiginosamente y desde un porcentaje inferior al 2% en 1982, en diciembre de 1989 ese porcentaje había subido al 17.1%, con un volumen de 35.2 billones de pesos, lo que representó una quinta parte de los fondos captados por todo el sistema financiero en México. A su vez, la Banca captó 136.8 billones de pesos, de los cuales 58.9 (37.7% de la captación de la Banca) se depositaron en los llamados fideicomisos, mezcla de instrumentos bancarios y bursátiles. Como se ve, la importancia de la Banca mexicana en materia de captación la hace una presa codiciada.

Hay otros datos relevantes. En manos de casas de bolsa "cuyos accionistas mayoritarios son ex- banqueros privados, [se encuentra] el 60% de los Certificados de Aportación Patrimonial (CAP), correspondientes a la serie B del capital de las sociedades nacionales de crédito, lo que en líquido representa más allá de 3 billones de pesos, a abril del presente año. (...) [Los ex-banqueros] son los potencialmente capacitados para adquirir las acciones de la serie A de las instituciones bancarias comerciales. Con ello, prácticamente queda cancelada la posibilidad de que se democratice el capital, como lo pretende el Ejecutivo Federal".En este mismo sentido, la Bolsa realiza el 75% de las transacciones con documentos de la deuda pública interna (CETES), mientras que "sólo el 2.7% del importe total de las operaciones realizadas en el mercado bursátil, durante el primer semestre de este año, correspondía a transacciones realizadas con acciones de empresas comerciales, industriales y de servicios (...) entre los títulos que se destacaron por su bursatilidad, con alzas en las que es difícil eliminar la sospecha especulativa, figuraron los Certificados de Aportación Patrimonial". Como se puede deducir, la Banca volverá a manos de aquellos que son profesionales de la especulación; eso es muy claro. Pedir su democratización y el alejamiento de prácticas añejas, parece ser sólo un sueño imposible.

Véase ahora la importancia de la Banca nacionalizada en cuanto a sus activos y ganancias. Para enero de 1991 los 18 bancos tenían activos por 159.9 billones de pesos; ganancias por 2.1 billones en 1989 y capital contable de 10.3 billones. Su cartera vencida había descendido en 57.9% en términos reales. Según la BMV, las utilidades durante el primer trimestre del 91 fueron de 664 mil millones de pesos, sólo superadas por TELMEX que logró ganancias por 786 mil millones de pesos.

Según la Comisión Nacional Bancaria, la cartera vencida de la Banca comercial fue, en números absolutos, de 4.5 billones de pesos, equivalente a 4.7 veces el monto de las utilidades de la Banca en los primeros cuatro meses de 1991. Es ilustrativo también anotar que, de los 18 bancos nacionalizados, para junio de 1990 cinco de ellos habían recibido recursos del Fondo de Apoyo Preventivo a las Instituciones de Banca Múltiple (FONAPRE); de ellos, tres siguen descapitalizándose por tener un bajo nivel de rentabilidad.43 A este respecto, conviene hacer presente que mientras la Banca está en manos del Estado, se evitan las pérdidas; si lo está en manos de particulares, se tendrán que diseñar nuevos mecanismos por parte del gobierno para evitar las quiebras, y el consiguiente desamparo de los ahorradores.

Hemos visto aspectos contables importantes. Examinemos ahora otras cifras, como el número de cuentas de cheques. En su conjunto, los 18 bancos tienen poco más de 2.640,000 contratos. Si se incluyen "cuentas maestras", las cifras suben 2.7 veces. Sin embargo, la cifra total no es alta (de acuerdo a la población de México, levemente superior a los 18 millones de habitantes), ya que no rebasa los 7 millones de contratos, poco menos del 10% de la población.

En otros aspectos, un reducido número de personas controla el 60% de los depósitos bancarios. Según el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria, su número es de 11,100 personas, quienes tenían depositados 122.7 billones de pesos hasta junio de 1990 y sus depósitos correspondían a 1,000 millones de pesos: "De manera similar a lo que acontece en la distribución del ingreso nacional, en la Banca hay muchos ahorradores que tienen poco dinero y pocos con recursos multimillonarios". En esa misma información se señala que, en los contratos con las casas de bolsa, de 420,000 personas que había en 1987, en abril de 1991 quedaban sólo 173,441, a pesar de la diferencia de rendimientos, siempre mayores en la Bolsa que en la Banca. La desconfianza creada por el manejo no sólo especulativo sino fraudulento de la Bolsa, alejó a más del 50% de su clientela. Ahora bien, se busca la democratización de la Banca cuando la estratificación de las cuentas y depósitos indica lo contrario. Con todo, el papel de la Banca en manos del Estado ha sido de apoyo al proceso de acumulación de capital, apoyo que se dio al otorgar créditos a empresarios mexicanos. En este sentido, las mismas casas de bolsa reconocen que los empresarios han sido "los principales beneficiados por los recursos intermediados por la Banca, donde tan sólo en los pasados años el crédito canalizado a los particulares aumentó en 100%, hasta representar 20 puntos porcentuales del PIB en 1990". Estos benefiaciarios no han sido los únicos y aquí podemos citar el caso de FORD, que recibió en 1984 un préstamo sindicado por 20 mil millones de pesos, como apoyo de la Banca Nacional (encabezada por BANAMEX y BANCOMER), para la instalación de una planta armadora en Hermosillo, Sonora, cuyo costo total era de 100 mil millones de pesos (el 20% de su inversión).

Con la venta de la Banca nacionalizada, se trata de absorber las deudas: la deuda externa se trata de cambiarla por inversión (swaps) en subasta. Esta deuda es de aproximadamente 5 mil millones de dólares, a julio de 1991, lo que da un total de 16.7 billones de pesos (considerando el dólar a 3,034 pesos), cifra cercana al valor que algunos dicen que tienen los 18 bancos. El monto de esta deuda se ofreció al exterior pero su compra no despertó mayor interés, a pesar de que existía el atractivo de cambiar los bonos por acciones de los bancos en proceso de desincorporación. El inversionista extranjero busca seguridad y, más que bonos de los bancos, le interesa aliarse con el capital nacional para obtener jugosas ganancias.

LOS ILÍCITOS DE LA BANCA

Algunos banqueros gubernamentales también fueron propensos a cometer ilícitos. Según un informe confidencial de la Comisión Nacional Bancaria, en el lapso 1982-1988, la Banca sufrió desfalcos por 45 mil millones de pesos, cantidad que se queda excesivamente corta si se compara con los 400 mil millones que el director de BANPESCA y 12 funcionarios defraudaron a esa institución. Asimismo, algunos empresarios privados cometieron irregularidades, como el caso de Isidoro Rodríguez Ruiz, dueño de Flota Pesquera Mexicana y accionista mayoritario de la casa de bolsa MEXINVAL. El asunto fue a parar a la Cámara de Diputados, donde los diputados priístas sostuvieron, en un principio, que los préstamos se hicieron conforme a derecho y luego rectificaron, ante la posición ambigua y mediatizada de la Secretaría de Hacienda (la que encubrió, según dijeron diputados del PAN y del PRD, a los 2 hijos del actual titular de la Secretaría del Trabajo). Finalmente, se decretó la quiebra de ese banco, banco no comercial, sino de desarrollo.

Los fraudes en BANAMEX, Multibanco COMERMEX, SERFIN,etc., fueron reporteados en su momento por la prensa especializada. De cualquier manera, son fraudes que todavía no alcanzan las cifras y notoriedad de los que ocurren en los países de desarrollo, como el recientemente publicitado fraude del Banco Internacional de Crédito y Comercio (BICC), o el del banco Fuj, uno de los más importantes a nivel mundial. También cabe consignar los fraudes del banco Saitama o el de las casas de bolsa japonesas (como la Nomura, la mayor a nivel internacional; Nikko, Daiwa y Yamaichi, etc.), en donde junto a intermediarios financieros están implicadas empresas de reconocido prestigio, como Hitachi, Toyota, Nissan, Sanyo, etc. Estos fraudes y escándalos se repiten y ya han hecho caer a gobernantes.

En este aspecto, lo más reciente que tenemos en México es que el nuevo dueño del Banco Mercantil de México y de Casa de Bolsa PROBURSA -asimismo presidente de la Bolsa Mexicana de Valores- está en investigación por parte de la Secretaría de Hacienda, pues se presume que al trabajar con la paraestatal AGROASEMEX obtuvo ganancias poco claras.

Los banqueros en casi todo el mundo son proclives al fraude; México no podría ser la excepción.

LA PRIVATIZACIÓN DE LA BANCA

Pasado el 1º de mayo de 1990, el presidente de la República anunció que privatizaría la Banca. Sin embargo, esta vez no se volvía a la situación que prevaleció hasta 1981, donde la Banca era una concesión del Estado. Ahora se iba más allá: se privatizaba.

Para el 17 de mayo del mismo año, el secretario de Hacienda, Pedro Aspe, anunció que el gobierno se desprendía de la Banca porque no se justificaba que el Estado poseyera esos cuantiosos recursos "mientras exista la incuestionable e impostergable obligación de dar respuesta positiva a las enormes necesidades sociales".55 Posteriormente, el subsecretario de esa misma dependencia, Guillermo Ortiz, declaró que la privatización no obedecía a presiones de ninguna índole y que seguiría siendo controlada por mexicanos,56 declaración esta que posteriormente sería desmentida por otro funcionario público, el director de SOMEX, quien dijo que la privatización era un proceso "íntimamente ligado" a la firma del Tratado de Libre Comercio.57

Se reconoció que la privatización "no se debió a ineficiencia durante la administración estatal (...) [pues] de 1986 a 1990 las utilidades aumentaron en 16.4%, según un estudio de la Bolsa Mexicana de Valores".58 A pesar de ello y para hacerla más codiciable, la Secretaría de Hacienda estableció un programa para elevar su capitalización, en 10 de los 18 bancos.59 Previamente, el Estado había alentado la conformación de grupos corporativos (también denominados controladores), aunque éstos no necesitaban mayormente de ese aliento. Así, se pondría a la venta el 70% de las acciones de la serie B, propiedad del Estado (pues recuérdese que con Miguel de la Madrid se vendió, en serie B, un 30% a la iniciativa privada). Los grupos corporativos en puja podrían acceder sólo al 30% de las acciones puestas a la venta, en tanto un 20% de las acciones se ofrecerían en subasta a los 900 empresarios del país aglutinados en los denominados consejeros regionales. Y aquí viene lo interesante: si los consejeros regionales no compraban todo ese 20%, lo podría adquirir el grupo controlador.

Se establecieron también medidas para evitar la concentración en pocas manos y para garantizar la participación de capitalistas grandes, pequeños y medianos. Como por ejemplo, prohibir a los grupos que se formen y que tengan integradas casas de bolsa, arrendadoras, casas de cambio, etc., "comprar más del 5% de las acciones de una empresa no filial, es decir, una industria, salvo autorización expresa de su Consejo de Administración, en cuyo caso la inversión no podrá exceder del 15% de la propiedad (...) Y sólo podrá comprar el 1% de otro banco. Ninguno de sus socios [¡del grupo controlador!] podrá tener más del 5% del total de sus acciones, salvo autorización expresa de la Secretaría de Hacienda, en cuyo caso podrá llegar a 10%. Y su Consejo de Administración deberá estar integrado por personas de reconocida honorabilidad, que cuenten con amplios conocimientos y experiencia en materia financiera y administrativa.

No vamos a hablar aquí sobre honorabilidad, pero si se busca evitar la concentración de la propiedad en pocas manos y permitir la participación de capitales modestos en los grupos corporativos (en suma, democratizar el capital), el afán paternalista del gobierno se observa hasta cuando se necesita autorización para que un grupo corporativo pueda aumentar su participación en las sociedades financieras que se formen.

A fin de que estas medidas no sean rápidamente desvirtuadas y se consoliden los bancos, se establecieron también prohibiciones para que, ya sea en dos o tres años, no se haga reparto de dividendos. Posteriormente, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las "Reglas para los requermientos de Capitalización de las Instituciones de Banca Múltiple", en donde se asienta que la Banca, con el fin de tener "un nivel más competitivo y respaldar su presencia en el exterior, deberá reinvertir la totalidad de sus utilidades (...) pasarán en forma gradual de un régimen de capitalización de 6% a uno que logre representar 8% a partir de 1993".

La privatización, en esos términos, mereció el beneplácito de los E.U. Carla Hill, representante comercial de ese gobierno, señala que es positiva y que se "abre la puerta del progreso a ese sector tan importante de la economía". El anuncio de la reprivatización de la Banca aceleró el flujo de la inversión "extranjera en México, si bien en el renglón especulativo. Así (...) la poderosa firma Salomon Brothers compró 54 millones de dólares en acciones de alta bursatilidad (TELMEX, CEMEX, Peñoles, etc.)". Mientras la privatización de la Banca en México causó alborozo entre los capitalistas nacionales e interés y aprobación de los representantes extranjeros, en México la sociedad en su conjunto fue ajena a tal medida, pues no fue consultada. Por ello mismo, tal vez, sólo se observaron manifestaciones aisladas contrarias de parte de pequeños grupos políticos organizados. En cambio, imposible olvidar el respaldo masivo, en gran parte espontáneo, que se le dio a la medida contraria impulsada por López Portillo en 1982. Ese año, el primero de septiembre y en clara alusión a los intermediarios financieros privados, el presidente dijo: "Ya nos saquearon. México no se ha acabado. No nos volverán a saquear". Al cabo de unos pocos años, tal medida da un giro de 180 grados.

La privatización mostró que el mundo de los funcionarios y políticos del régimen aplaude, sin ningún rubor, medidas de suyo contrapuestas. El propio encargado actual del Ejecutivo Federal decía en 1983 que el Estado, al mantener en su poder le petróleo, la energía eléctrica y la Banca, lo hacía para que pudieran cumplir eficientemente sus propósitos de desarrollo, por lo que reprivatizarlos no sería adecuado, pues no se alcanzarían tales propósitos ya que el sector privado "ha mostrado su ineficiencia". Siete años después resulta que este mismo sector ha adquirido la experiencia como para manejar eficientemente los teléfonos, las siderúrgicas, la Banca, etc. Diputados, senadores, funcionarios, ex-secretarios de Estado y ex-presidentes de la República elogian ahora la privatización, cuando en 1982 aplaudían y consideraban irreversible la nacionalización.

El poder legislativo, que es también representante del pueblo, aprobó desde luego la desnacionalización, después de 14 horas de estéril discusión en la Cámara de Diputados. Las fracciones del PRI, PAN y PFCRN dieron su respaldo, en tanto PPS, PRD y diputados independientes se manifestaron en contra. Sin embargo, fracciones del PRI, PAN, PRD y PPS externaron la preocupación de que se pudieran crear grupos financieros que "se convertirán en monstruos económicos y políticos que, a la vuelta de 4 años, serán incontrolables".

Un político e intelectual inteligente, Federico Reyes Heroles, en un lúcido artículo, ha calificado la privatización como una medida que muestra al presidente Salinas de Gortari como "un neoliberal congruente", que al regresar la Banca a la iniciativa privada inevitablemente reagrupará a los poderosos, pues "nada popular (...) puede haber en reincorporar a quien fuera identificado como victimario del país". Casi al terminar su artículo, desliza una esperanza. De los nuevamente banqueros, el presidente Salinas de Gortari "deberá esperar a que ellos actúen, como siempre, con sentido del negocio; ello es inevitable, pero quizá también con un poquito de sentido de patria". Nosotros somos escépticos. Si en el 82 demostraron que la patria no contaba, no vemos razón para que cambien. Recordemos que alguien dijo: "El capital no tiene patria".

EL VALOR DE LA BANCA

No hemos podido encontrar una declaración pública en donde los funcionarios responsables de la venta de la Banca precisen el precio de la misma. Sí lo han hecho, en cambio, los empresarios privados. Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Rolando Vega Iñíguez, la iniciativa privada estaría dispuesta a pagar, al 30 de mayo de 1991, 15 billones de pesos (5 mil millones de dólares). Por su parte, el presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Jaime Corredor, aseguraba un año antes que el valor de la Banca era de 18 billones de pesos, de los cuales el 70% de las acciones son del gobierno. Sin embargo, en julio de este año (1991) la Bolsa Mexicana de Valores consideraba que el valor actual de mercado superaba los 32 billones, esto es, unos 10 mil 650 millones de dólares al tipo de cambio actual.

Al cierre de abril de 1991, los activos de los bancos "ascendían a 285.2 billones de pesos, unos 85 mil 700 millones de dólares (...) [y los adquirientes de pagar los 32 billones de pesos] administrarían 15.6 pesos por cada peso pagado". Como se observa, estas cifras son mucho más elevadas que las que se dieron para enero del año en curso, pues, se mencionaba anteriormente, los 18 bancos tenían activos por 159.9 billones de pesos.

¿Cuál es el valor real de la Banca? Esta pregunta seguramente quedará sin respuesta. De todas formas, y calculando la cifra más baja, en cuanto a activos, por los 15 billones de pesos que valdría la Banca, se pagaría como máximo 32 billones y como mínimo 15, esta última cantidad ofrecida por Rolando Vega Iñíguez. Algunos analistas, como Alberto Barranco Chavarría, han calculado que si se pagaran los 5 mil millones de dólares por los 18 bancos "se estaría recuperando, en términos nominales, el costo de la cotización de 1982 (...) [por lo que] el gobierno hará un mal negocio con la privatización de la Banca". El mismo autor explica este absurdo porque "al gobierno le urge que todos sepan que está privatizando por privatizar (...) no por lucrar". Esto lo dijo en enero de este año, pero sólo unos pocos meses después, en junio, se considera lo contrario: "El gobierno estaría ganando (...) [en términos reales, es decir, deflacionando] al término de la venta al menos 100 a 1. Un magnífico negocio". ¿Cuál de estos dos cálculos es el correcto? ¿Por qué cambió de parecer?

Lo que sí se puede sostener es que los recursos que se obtengan se orientarán preferentemente a bajar la deuda en 51 billones de pesos "y reducir durante el primer semestre de 1991 la tasa inflacionaria anualizada, a un nivel inferior al 20%". Un círculo perfecto. Quien compre los bancos, pagará también con bonos de la deuda interbancaria, y el dinero que el Estado obtenga servirá para pagar en parte a los tenedores de la deuda pública interna, en su mayoría en manos de las casas de bolsa. El caso de la venta de Banca CONFÍA deja entrever eso, pues la convocatoria dice en el punto "6.2.- El participante a quien se asigne el paquete podrá utilizar, como medio de pago en la adquisición del mismo, los títulos que en su caso se emitan para intercambiarlos a cargo de instituciones de crédito mexicanas".

LOS BANCOS VENDIDOS

Hasta el día 18 de agosto de 1991, se han vendido cuatro bancos. El primero fue Multibanco Mercantil, el 10 de junio. El representante de la Casa de Bolsa PROBURSA (la sexta en importancia por el monto de sus operaciones y de empleados: cerca de 300 personas), José Madariaga Lomelín, pagó 611 mil 200 millones de pesos para quedarse con el 77.19% del capital social (el restante ya estaba en poder de Gastón Azcárraga, Jacobo Zaidenweber, Boris Sigal, etc., en la serie B). Se trata de un banco múltiple regional, con utilidades netas de enero a abril de 23 mil 51 millones de pesos. Sus activos, para finales de junio, fueron de 537 mil millones de pesos y su valor, a precio de mercado para abril del año que corre, fue de 406 mil 715 millones de pesos. Ocupa el lugar Nº. 25 entre los intermediarios.

Aquí hubo, según la información, una ganancia de cerca de 200 mil millones de pesos. La integración de los recursos de PROBURSA y el Multibanco suman 7.5 billones de pesos, lo que lo coloca en el 2º lugar en tamaño, después de BANAMEX. Por lo pronto, se nuevo dueño de inmediato dijo que buscaría la asociación de capitales, fundamentalmente extranjeros. Y para hacerlo más eficiente, reduciría el personal por considerar que hay demasiados empleados. Más aún, según Barranco Chavarría, este banco ya ofrece la posibilidad de abrir cuentas en dólares en todo el país.

El segundo banco vendido, también asignado a una Casa de Bolsa, fue BANPAIS. Al frente de 200 inversionistas se encuentra Julio César Villarreal, de la Casa de Bolsa INVERLAT y miembro del grupo financiero MEXINVAL. Este banco ocupa el lugar Nº. 33 entre los intermediarios financieros, por sus fondos (317 mil millones de pesos) y los recursos que maneja son del orden de los 142 mil millones de pesos. Por el banco ofrecieron 544 mil 989 millones de pesos, tres veces su valor en libros. Según el gobierno, su capital era, en abril, de 172 mil 300 millones. En los primeros 4 meses del año obtuvo 8 mil 171 millones de pesos, por concepto de utilidades.

BANPAIS es un Banco multirregional, pues tiene oficinas en 27 Estados de la República. Una vez privatizado, en su Consejo de Administración se encuentran "entre los 33 consejeros propietarios y 11 suplentes (...) representantes del Grupo Alfa, Grupo Cydsa, del Instituto Tecnológico de Monterrey, industriales de Jalisco, Puebla y venezolanos (...) además de miembros del Grupo Embotellador Pepsi-Cola".

El siguiente banco privatizado fue Banca CREMI, vendido a la Casa de Bolsa MULTIVALORES, representada por Hugo Villa Manzo. Su precio fue de 748 mil 291 millones, equivalente a 3.4 veces su valor en libros. Administra fondos cercanos a los 666 mil millones de pesos, lo que junto al billón de la Casa de Bolsa lo coloca, automáticamente, en el lugar decimotercero. Su matriz se instalará en Guadalajara, en donde cerca de 400 industriales del Estado de Jalisco son poseedores de parte de las acciones.85

Hasta el momento de escribir estas líneas, el último banco en privatizarse fue Banca CONFIA, asignado al Grupo ABACO. Este grupo está integrado por "ABA DIVISAS (casa de bolsa); ARRENDA (Arrendadora) y ABA FACTOR (empresas de factoraje), así como por SEGUROS DEL PAIS (...) El pago inicial (...) por CONFIA será de 267 mil millones de pesos, que representan el 30% del total (...) posteriormente, en un lapso de 30 días, liquidarán el 70% restante, es decir, 624 mil millones de pesos (...) [lo que representa] 3.7 veces su capital contable".

Al frente del grupo que compró Banca CONFIA se encuentra Lankenau Rocha, respaldado por las principales famillias de Monterrey, como son los Garza Sada, Canales Clairond, Sada Zambrano y Maíz Mier, entre otras. El representante dijo que Banca CONFIA la compraron barata, pues, aunque se pagó al 3.7 su capital contable, "sus utilidades son muy altas". Por eso no compartimos la opinión de Baranca Chavarría en el sentido de que el gobierno hace buenos negocios; en nuestras opinión, está vendiendo la gallina de los huevos de oro.

Próximamente se venderán los Bancos más importantes del país, los gigantes del sistema bancario: BANAMEX y BANCOMER. Entre los nuevos criterios que anunció la Secretaría de Hacienda para BANAMEX, está el de que se conformarán 7 Consejos Regionales (integrados por un total de 766 Consejeros), a los que se les venderá el 2.5% del total de acciones a cada Consejo. El grupo controlador tendrá que aceptar a esos consejeros y adquirir el 31% restante; el restante 20%, de la serie B, podrá también ser adquirido por el grupo controlador que gane la postura.

BANAMEX es el mayor banco del país. El número de sus cuenta habientes es de 195,355, seguido por BANCOMER con 151,694, SERFIN con 91,525, COMERMEX con 77,027 y SOMEX con 20,544.

BANAMEX tiene 746 sucursales en todo el país, con 6.5 millones de tarjeta habientes y "42 unidades bancarias móviles (...) 50 oficinas de Banca de Inversión , para atender a la clientela distinguida, una amplia cobertura internacional (...) tiene agencias en Nueva York, Los Angeles, Houston, Londres, Nassau (...) oficinas de representación en París, Madrid, Tokio, Singapur, Toronto, Chicago, Sao Paulo y Frankfort (...) [cuenta también con] empresas de apoyo: Aeropersonal (...) Inmuebles Banamex (...) Promociones Turísticas (...) dos grandes cadenas hoteleras: Sierra y Paraíso Radison (...) etc. Por otra parte, quien compre BANAMEX tendrá consejeros en las siguientes industrias: Grupo Industrial Atenquique, Corporación Industrial San Luis, Grupo Condumex, Kimberly Clark, Grupo Alfa, Celanese Mexicana," etc.

Ya en 1991, BANAMEX administra cerca de 10 billones de pesos y sus activos son de más de 23 billones. Durante el primer trimestre de 1990 obtuvo utilidades netas por 198 mil 93 millones de pesos; le siguió BANCOMER, con 142 mil 552 millones; SERFIN, con 116 mil 178 millones y COMERMEX, con 42 mil 534 millones. Al final de 1990, BANAMEX había ganado 1 billón 4 mil 862 millones de pesos. Quien lo quiera comprar deberá ofrecer entre 2.4 (802 millones de dólares) y 5.4 billones de pesos (1,800 millones de dólares), que representan de 2 a 4.5 veces su valor contable y el 31% de las acciones. Dos connotados hombres de negocios van por ese banco: por un lado, Roberto Hernández Ramírez, en sociedad con Alfredo Harp Helú; y por el otro, Manuel Senderos Irigoyen.

BANCOMER, que opera en todos los Estados y cuenta con 36 mil 700 empleados, 756 sucursales, 1,150 cajeros automáticos, 4 agencias y 5 firmas en el extranjero, además de utilidades en los 5 primeros meses del presente año por 399 mil millones de pesos, también ha sido puesto en venta. Para ello, ya desde octubre de 1990 se dijo que primero sería financieramente saneado. Su ex-dueño, Manuel Espinoza Yglesias, quiere volver a ocupar la presidencia del que fuera su banco. Declara que el gobierno no lo quiere dejar entrar en la puja "por razones políticas", sin aclarar cuáles serían esa razones.

A los dueños de los dos Bancos más poderosos del país, hasta antes de la nacionalización, parece que el Estado les está cerrando las puertas durante el actual proceso de privatización. A Espinoza Yglesias, por lo pronto, lo ha vetado y habrá que ver si regresa a BANCOMER. A Agustín Legorreta no le dan acceso a la puja por BANAMEX y tampoco lo dejaron que comprara Banca CONFIA, aunque su postura estuvo abajo de la oferta de Jorge Lankenau, por 0.70, menos del 1%. Recuérdese que Espinoza Yglesias y Legorreta Chauvet son los más grandes responsables públicos de lo que pasó en 1982. Además, a Legorreta y a Manuel Somoza Alonso se les considera responsables del crack de la Bolsa en 1987. Así, parece que ambos tendrán obstáculos para volver a ser banqueros.

Hasta ahora, la intermediación financiera extranjera no ha mostrado interés por incorporarse a la Banca mexicana. Declarativamente, los americanos han dicho que sólo BANAMEX, BANCOMER, SERFIN y COMERMEX, es decir, los bancos mexicanos más grandes, son atractivos para el City Bank, el Chase Manhattan Bank, el First International y Morgan. A su vez, la Banca canadiense no ha manifestado ningún interés, por lo menos declarativamente. Entre otras, una de las razones de todo esto parece que se debe al escaso volumen de los recursos manejados por la Banca comercial mexicana, si es que se comparan con E.U., en especial. Enrique Quintana dice: "Aun las mayores instituciones mexicanas no pasarían de ser bancos medianos en E.U., lo que limita su capacidad competitiva (...) muy poco puede hacerse en el corto plazo; es más bien cuestión de que en el mediano plazo se fortalezcan las instituciones". Los indicios más bien marchan no por la compra, sino por la combinación de capitales extranjeros con nacionales, como sucede en la industria y el comercio (TELMEX Y CEMEX).

Para el analista anteriormente citado, los bancos norteamericanos podrán "encontrar en el mercado mexicano un gran potencial (...) [además, quisieran] una apertura completa y rápida (...) [En México, sin embargo, son favorables en su mayoría] autoridades e intermediarios financieros a una apertura gradual y negociada, paso a paso. Los mexicanos estarían dispuestos a abrir más oportunidades a la intermediación bancaria, sólo en el caso de que se recibieran más concesiones en otras materias diferentes. Por esa razón, la negociación será en bloque (...) [Esta corriente plantea] la necesidad de que los grupos financieros se beneficien de un sistema parcialmente cerrado, por lo menos por siete años; y que, después de que hayan generado ganancias reinvertibles, para fortalecer la productividad entonces se sometan a la competencia internacional, particularmente de los E.U".

A la larga, dice Armando Cortés, "los bancos grandes se reorganizarán (...) y remontarán su actual baja productividad, para competir en el nuevo marco de apertura de los servicios financieros internacionales. Algunos bancos no podrán competir y tendrán que desaparecer (...) ¿Qué pasará con los recursos de los ahorradores de los bancos que quiebren o se liquiden? ¿Intervendrá el gobierno nuevamente para comprar ineficiencia y malos negocios?"

Por último, es difícil, aunque no imposible, que se vuelvan a dar las condiciones que prevalecieron antes de la nacionalización; otras son actualmente las condiciones y otro el país. El rumbo hacia la globalización y la marcha de la economía en México alejan al Estado de una intervención en la vida económica.