LAZARO CARDENAS DEL RIO

(1895-1970)

Nació en Jiquilpan, Michoacán, el 21 de mayo de 1895. Huérfano de padre, trabajó en una imprenta y la Oficina de Rentas de su pueblo natal. En 1913 se incorporó a la revolución en Apatzingán con las fuerzas del general Guillermo García. En 1914 alcanzó el grado de capitán y un año después, el de teniente coronel. Se volvió uno de los discípulos más allegados del sonorense Plutarco Elías Calles.

A su lado alcanzó los más altos puestos militares, llegando a general, y combatió en varias batallas. Apoyó el Plan de Agua Prieta, que desconocía al presidente Carranza. Alcanzó la gubertanura para el periodo de 1928 a 1930 en Michoacán, donde puso en marcha la estrategia política y social que realizaría posteriormente en toda la República Mexicana.

En 1934 llegó a la presidencia: "Estoy convencido (...) por mi experiencia como gobernador de Michoacán, que no basta la buena intención del mandatario (...) es indispensable el factor colectivo que representan los trabajadores (...) Al pueblo de México ya no lo sugestionan las frases huecas: libertad de conciencia (...) libertad económica(...)".

Cárdenas se encargó de llevar a la práctica las preocupaciones sociales de la Constitución de 1917. Esto quedaría claro al ser aplicados por primera vez hasta sus últimas consecuencias los artículos 27 y 127, referidos a la propiedad de la Nación sobre las tierras, minas y recursos naturales, y a lograr mejores condiciones para campesinos y obreros, lo cual se consiguió mediante la expropiación petrolera y la repartición de tierra, así como por medio de mejores legislaciones para que se respetaran los derechos obreros.

Cárdenas logró cambios bruscos y definitivos de los asuntos públicos. Para ello tuvo siempre el apoyo y sostén ideológico del radical Francisco J. Múgica.

Durante su gobierno, Cárdenas tocó aparte otros temas, como el religioso, porque "lo que me preocupa es la cuestión social". Sus dos preocupaciones básicas fueron la integración de los trabajadores y el reparto agrario, que hasta ese momento había sido escaso. En este último problema lo impulsaba el deseo de "remediar en lo posible las desigualdades", y quería libertad total para el campesino, así como darle independencia económica: "Por el

hecho de solicitar ejidos, el campesino rompe su liga económica con el patrón, y es estas condiciones, el papel del ejido no es el de producir el complemento económico de un salario (...) sino que el ejido, por su extensión, calidad y sistema de explotación debe bastar para la liberación económica absoluta del trabajador, creando un nuevo sistema económico-agrícola, en un todo diferente al régimen anterior (...) para sustituir al régimen de los asalariados del campo y liquidar el capitalismo agrario de la República".

Cárdenas efectuó una reforma agraria que eliminó el latifundismo, repartiendo cerca de 18 millones de hectáreas. Luego de un largo y sostenido conflicto con las compañías petroleras norteamericanas que explotaban el petróleo mexicano, expropió a estas compañías e hizo que la nación pasara a administrar el petróleo.

Cárdenas llevó a cabo profundas reformas en la educación, dio pruebas de tolerancia y capacidad de pluralidad al aceptar a Trotski como refugiado político y apoyar a la República española, canalizó el descontento campesino y organizó y unificó el movimiento campesino en una central oficial, la CNC.

Dejó la presidencia en 1940. Su sucesor fue Ávila Camacho. Ocupó después diversos cargos políticos; uno de ellos, el de Vocal de la Comisión de la Cuenca de Tapalcatepec, destinada a resolver los graves problemas de esa zona. Fue en este tiempo cuando resumió su pensamiento político político-social en diez puntos:

I.- La miseria, la ignorancia, las enfermedades y los vicios esclavizan a los pueblos.

II.- A cada quien en relación a su trabajo; a todos según sus necesidades de pan, casa vestido, salud, cultura y dignidades.

III.- Obtener la máxima eficiencia, con el mínimo de esfuerzo y la más equitativa distribución de la riqueza.

IV.- Sin gran producción no hay amplio consumo, ni gran industria, ni economía poderosa, ni bienestar colectivo, ni nación soberana.

V.- Todo Estado moderno exige una técnica dirigida hacia la abundancia de bienes esenciales y de equipos eficientes de cultivo, de transformación,

de comunicaciones, de cambio y de cultura.

VI.- Suprimir lo superfluo para que nadie carezca de lo necesario y se evite que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres.

VII.- Contra la patria, nadie. Por la patria, todos.

VIII.- Todos somos servidores de las causas de la libertad, la democracia y el progreso.

IX.- Las reformas avanzadas son victorias de las fuerzas del bien sobre el mal en sus luchas por la redención de los oprimidos.

X.- Sólo la justicia social garantiza la paz y la felicidad humana.

Enfermó de cáncer y murió en la ciudad de México el 19 de octubre de 1970.

Expropiación petrolera

El 18 de marzo de 1938, a las ocho de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas estaba reunido a puerta cerrada con su gabinete al que le anunció su decisión de expropiar la industria petrolera. Dos horas después, en todas las estaciones de radio de la República, la hizo pública al pueblo de México.

El acto produjo una honda impresión en todo el país; la expropiación se llevó a cabo un viernes, y rápidamente se fue advirtiendo el apoyo de la opinión pública. El 23 de marzo hubo en la ciudad de México una enorme manifestación de respaldo que, según citan las crónicas periodísticas, superaba las cien mil personas.

De igual forma, el 12 de abril hubo una manifestación muy peculiar frente al Palacio de las Bellas Artes. Millares de mujeres de todas las clases sociales llevaron su cooperación para pagar la deuda petrolera.

Las aportaciones iban desde gallinas hasta joyas valiosas.

La expropiación era resultado de una cadena de hechos que habían puesto en entredicho la soberanía del país y por ello esta decisión llenó de júbilo al pueblo de México.

Los antecedentes…

Todo comenzó en 1935 cuando las empresas petroleras, en manos de capital extranjero, trataron de impedir la formación de sindicatos y usaron para ello todos los medios que estuvieron a su alcance, tanto lícitos como ilícitos. Aun así, se logró, en cada compañía petrolera, crear sindicatos únicos, pero las condiciones de trabajo entre una y otra eran muy diferentes.

Finalmente, el 27 de diciembre de 1935 nació el Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros, no sin vencer una serie de trabas legales, particularmente en Tamaulipas y Veracruz. El 29 de enero de 1936, este sindicato se incorporó al Comité de Defensa Proletaria, del cual surgiría, al mes siguiente, la Confederación de Trabajadores de México (CTM).

El 20 de julio de ese año, el Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros llevó a cabo su primer convención, en la cual formuló un proyecto de contrato general con todas las compañías y emplazó a huelga para exigir su cumplimiento.

El presidente Lázaro Cárdenas intervino para mediar ante las compañías y así intentar lograr la firma de este contrato. Tras un acuerdo, se aplazó la huelga por cuatro meses, que se prolongaron aún dos más. Todo fue inútil, pues no se llegó a ningún acuerdo con las compañías petroleras y el 28 de mayo de 1937 estalló la huelga, lo que paralizó al país entero al no despacharse gasolina por doce días.

Ante tal conflicto, el presidente Cárdenas hizo un llamado a la cordura y la huelga se levantó en tanto no se emitiera un fallo. Las compañías declararon que se encontraban con problemas financieros y no podían cumplir con las demandas de los trabajadores.

Se decidió entonces investigar al respecto. El 3 de agosto, una comisión de peritos dio a conocer su conclusión: "la industria petrolera mexicana produce rendimientos muy superiores a la de Estados Unidos".

El conflicto legal…

Tal decisión molestó a los empresarios petroleros, quienes amenazaron con retirarse de México y llevarse todo su capital. Asimismo, las cosas se complicaban pues ante el emplazamiento a huelga, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no emitía su fallo y los meses seguían corriendo. Esto trajo como consecuencia un paro general de 24 horas, el 8 de diciembre, en protesta por el retraso.

Diez días después, la Junta emitió su fallo a favor de los trabajadores, lo cual significaba que las empresas petroleras deberían pagar 26 millones de pesos de salarios caídos de la huelga de mayo; hecho que no acataron, y se ampararon ante la Suprema Corte de Justicia.

El 3 de marzo de 1938 fue un mal día para los dueños de las compañías petroleras, pues la Suprema Corte de Justicia les negó el amparo, lo que además los obligaba a elevar los salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores.

Tras la molestia de los dueños de las compañías, el presidente Lázaro Cárdenas ofreció mediar ante el sindicato para que aceptaran el pago de los 26 millones de pesos y no de 40 millones, como lo exigían.

Según las narraciones de algunos testigos, el presidente ofreció a las compañías petroleras que si pagaban los 26 millones de pesos, la huelga se levantaría… "¿Y quién garantiza que así será?, se le preguntó; "Yo, el presidente de la República",contestó; y con sarcasmo, uno de los empresarios le cuestionó: "¿Usted?". Entonces, el presidente Cárdenas, de pie, cortó la plática secamente: "¡señores, hemos terminado!".

Ese acto de desconfianza fue lo que finalmente generó que el presidente Lázaro Cárdenas decidira poner fin a tan largo conflicto y anunciar la expropiación petrolera.

Fue así como el 18 de marzo el presidente Lázaro Cárdenas anunció al pueblo de México que esta industria era totalmente mexicana. La historia ya no podía detenerse y la única compañía petrolera mexicana, PETROMEX, fue absorbiendo paulatinamente las concesiones.

El 7 de junio de 1938 se publicó el decreto de creación de Petróleos Mexicanos…

CRONOLOGIA DE LA EXPROPIACION PETROLERA

1936, el principio de una historia…

3 de noviembre

El Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros envía a las compañías petroleras el Contrato Colectivo de Trabajo para su firma. En este contrato se estipula, entre otros puntos, la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, así como el pago de salario íntegro en caso de enfermedad.

1937, sin acuerdos concretos…

17 de mayo

El Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros emplaza a huelga a las compañías debido a que no aceptaron los términos del Contrato Colectivo que se les presentó.

28 de mayo

Al no llegar a ningún acuerdo, estalla una huelga que paraliza la industria y el tráfico de vehículos, al no surtirse gasolina.

3 de junio

El presidente Lázaro Cárdenas sugiere a los representantes de las compañías petroleras y del sindicato que establezcan en un término de 24 horas las propuestas que pudieran conducir a un acuerdo entre ambas partes.

7 de junio

El Sindicato Unico de Trabajadores Petroleros envía a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje una demanda en contra de las compañías petroleras. La Junta designa una Comisión Pericial para realizar un estudio que permita conocer la situación económica de las empresas y determinar si están en condiciones de elevar salarios y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores o no lo están.

9 de junio

Los trabajadores petroleros que estaban en huelga desde el 28 de mayo reanudan labores, a solicitud del presidente Cárdenas. A cambio, el Jefe del Ejecutivo se compromete a resolver con justicia el conflicto.

3 de agoto

La Comisión Pericial designada por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje presenta un Dictamen en el que señala que las compañías petroleras se encuentran en condiciones de aumentar los salarios de los trabajadores.

8 de diciembre

Los trabajadores petroleros realizan un paro de labores en protesta porque la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje no ha emitido su fallo en el litigio pendiente en contra de las empresas.

18 de diciembre

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emite su fallo a favor del sindicato, ya que considera que las compañías petroleras están en condiciones de pagar los 26 millones de

pesos de salarios caídos, correspondientes a la huelga del mes de mayo, aumentar las percepciones de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.

29 de diciembre

Las compañías petroleras presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un amparo contra el laudo del 18 de diciembre emitido por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

1938, los días difíciles…

3 de marzo

la Suprema Corte de Justicia niega el amparo que el 29 de diciembre interpusieran las compañías petroleras. Este dictamen favorece a los trabajadores, ya que obliga a las empresas a elevar los salarios y mejorar las condiciones de trabajo de los obreros.

3, 6 y 7 de marzo

El presidente Lázaro Cárdenas se entrevista con los representantes de las empresas petroleras inconformes por la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las pláticas no condujeron a ningún acuerdo.

18 de marzo, el histórico día…

la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emite el fallo que da por rescindido el Contrato de Colectivo de Trabajo, como medida extrema para solucionar el conflicto. Esta decisión libera a los trabajadores de sus obligaciones con las compañías.

A las 10 de la noche, el presidente Lázaro Cárdenas hace público, mediante un mensaje a toda la nación, el Decreto Expropiatorio.

19 de marzo, los hechos que siguieron…

Los trabajadores toman posesión de las instalaciones expropiadas. Se instituye el Fondo de Cooperación Nacional para canalizar las múltiples iniciativas, públicas y privadas, formuladas con el objeto de reunir fondos para el pago de las indemnizaciones a las compañías petroleras expropiadas.

23 de marzo

En la Ciudad de México se realiza una enorme

manifestación de respaldo al gobierno.

7 de junio

Se expide el Decreto que funda Petróleos Mexicanos, organismo al que se le dota de las facultades necesarias para realizar todos los trabajos relacionados con la exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo.

20 de julio

Inicia labores Petróleos Mexicanos.

LÁZARO CÁRDENAS, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede la Ley de Expropiación vigente; y

CONSIDERANDO que es dominio público que las empresas petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de diciembre último, expresaron su negativa a aceptar el laudo pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin aducir como razones de dicha negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de la República en el sentido de que la autoridad respectiva declara rotos los contratos de trabajo derivados del mencionado laudo.

CONSIDERANDO que este hecho trae como consecuencia inevitable la suspensión total de actividades de la industria petrolera y en tales condiciones es urgente que el poder público intervenga con medidas adecuadas para impedir que se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos de consumo necesario a todos los centros de población, debido a la consecuente paralización de los medios de transporte y de las industrias; así como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos petrolíferos, y para adoptar las medidas tendientes a impedir la consumación de daños que pudieran causarse a las propiedades en perjuicio de la colectividad, circunstancias todas éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera.

Por lo expuesto, y con fundamentos en el párrafo segundo de la fracción VI del artículo 27 Constitucional y en los artículos 1º., fracciones V, VII, y X, 4,8,10 y 20 de la Ley de Expropiación de 23 de noviembre de 1936, he tenido a bien expedir el siguiente:

DECRETO

Artículo 1º. Se declaran expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, edificios, oleoductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros-tanque, estaciones de distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila, S.A., Compañía Naviera de San Cristóbal, S.A., Compañía Naviera San Ricardo, S.A., Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, Mexican Sinclair Petroleum Corporation, Stanford y Compañía, S. en C. Peen Mex Fuel Company, Richmond Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of México, Compañía Mexicana el Agwi, S.A., Compañía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil Company of México, Compañía Mexicana de Vapores San Antonio, S.A., Sabalo Transportation Company, Clarita, S.A., y Cacalilao, S.A., en cuanto sean necesarios, a juicio de la Secretaría de Economía Nacional para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, refinación y distribución de los productos de la industria petrolera.

Artículo 2º. La Secretaría de la Economía Nacional, con intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la Nación, procederá a la inmediata ocupación de los bienes materia de la expropiación y a tramitar el expediente respectivo.

Artículo 3º. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la Constitución y 10 y 20 de la Ley de Expropiación, en efectivo y a un plazo que no excederá de diez años. Los fondos para hacer el pago los tomará la propia Secretaría de Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será depositado mientras se siguen los trámites legales, en la Tesorería de la Federación.

Artículo 4º. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y publíquese en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y ocho.

MANUEL AVILA CAMACHO

(1940-1946)

Manuel Ávila Camacho (1897-1955), político mexicano, presidente de la República (1940-1946). Nació en Teziutlán (estado de Puebla), y tuvo una formación autodidacta. Inició su carrera militar en 1914, en el Ejército constitucionalista. Fue nombrado subsecretario de Guerra y Marina en 1933, y secretario de Defensa en 1937. Elegido presidente de México en 1940 como candidato del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), siguió una política económica y religiosa más conservadora que la de su predecesor, Lázaro Cárdenas. Al final de su mandato, el PRM cambió de nombre y estructura, pasando a denominarse Partido Revolucionario Institucional (PRI). Durante la II Guerra Mundial, su gobierno colaboró con Estados Unidos y los demás países aliados contra las potencias del Eje. Ordenó la reanudación de las relaciones diplomáticas de México con Gran Bretaña, rotas desde la época de Cárdenas, y con la Unión Soviética. En 1946, Ávila Camacho terminó su periodo como presidente, pero siguió desempeñando una relativa influencia política durante el resto de su vida.

En 1934 fue elegido presidente de la República, mandato que comenzó a ejercer el 1 de diciembre de ese año y en el cual sustituyó a Abelardo Rodríguez. En 1936, el ex presidente Plutarco Elías Calles fue expulsado de México por su oposición a la política cardenista. Durante su administración, se puso en marcha un plan de reforma económica y social de seis años formulado por el PNR. Grandes parcelas de terreno de propiedad privada fueron divididas y distribuidas entre los campesinos y, con el apoyo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), cuya secretaría general desempeñaba desde 1936 Vicente Lombardo Toledano, numerosas industrias se transformaron en cooperativas. Se aceleró la transformación en propiedad comunal de los ejidos.

En abril de 1938 reorganizó el Partido de la Revolución Mexicana (PRM), la nueva denominación adoptada desde hacía un mes por el PNR (que, a su vez, transformaría definitivamente su nombre en 1946 por el de Partido Revolucionario Institucional), que se dotó de cuatro secciones, obrera, campesina, popular y militar, con un especial hincapié sobre las dos primeras. En ese mismo año, en medio de grandes tensiones internacionales, pero con el apoyo de todos los grupos sociales del país, llevó a cabo la nacionalización de las propiedades de las compañías petroleras extranjeras para crear la empresa nacional Petróleos Mexicanos (PEMEX). Aunque adoptó una actitud conciliatoria frente a la Iglesia católica, secularizó la enseñanza. Asimismo, impulsó la educación rural, especialmente a través de la creación del Departamento de Asuntos Indígenas.

Apoyó a la II República española durante la Guerra Civil que entre 1936 y 1939 tuvo lugar en ese país, y concedió asilo a numerosos refugiados españoles, a los que otorgó la nacionalidad mexicana. Cárdenas se granjeó el apoyo de las clases campesinas y obreras, y fue uno de los presidentes más populares de México. El 30 de noviembre de 1940 finalizó su mandato presidencial y fue sustituido por el también miembro del PRM Manuel Ávila Camacho.

El general Manuel Ávila Camacho nació en Teziutlán, Puebla, el 24 de abril de 1896. Hizo los primeros estudios en su ciudad natal y se dedicó al comercio hasta 1911 en que tomó las armas para incorporarse al maderismo. Una vez triunfante éste, volvió a sus antiguas ocupaciones. En 1914 se incorporó a la brigada Aquíles Serdán con el grado de subteniente, para combatir a la usurpación de Huerta en la sierra de Puebla. Fue secretario de don Ramón Cabral, jefe constitucional de gobierno, quien fue asesinado por un grupo de soldados del 29 batallón que se negaron a rendirse y a acatar los tratados de Teoloyucan, por lo que Ávila Camacho regresó a su brigada y tomó parte en las operaciones contra villistas y zapatistas, hasta la acción de Tecamachalco y la captura de la ciudad de México a principios de 1915.

Fue ascendido a teniente por méritos en acciones de armas; como capitán se le comisionó para llevar a cabo el reparto de tierras en algunos municipios de la sierra poblana. Fue comandante de escuadrón en la brigada Benito Juárez, al mando del general Lázaro Cárdenas; se encargó de la pagaduría de la corporación, con el grado de mayor. Estuvo en varias acciones en la Huasteca, en la campaña contra los rebeldes de Manuel Peláez. En 1920 ascendió a coronel y fue parte de las fuerzas enviadas para la pacificación del Yaqui. Después fue trasladado a Tehuantepec como comandante del 79 de caballería.

En enero de 1924 tuvo a su cargo la defensa de la ciudad de Morelia contra los delahuertistas encabezados por el general Rafael Buelna, quien murió en combate. El presidente Obregón lo ascendió a general brigadier y le dio el mando del 38 regimiento de caballería con el que actuó en la campaña contra los cristeros en Jalisco y Guanajuato. Es fama que se comportó magnánimo con las poblaciones cristeras rebeldes y con los prisioneros, cumpliendo sus deberes sin odio ni crueldad.

En 1929 formó parte de la columna que hizo la campaña contra los sublevados en Sonora, Manzo y Topete. Esas tropas del gobierno estuvieron al mando del general Lázaro Cárdenas. Ávila Camacho fue ascendido a general de brigada y se le nombró jefe de la zona de operaciones del estado de Tabasco. Cuando el general Cárdenas recibió la Presidencia nombró secretario de Guerra y Marina al general Andrés Figueroa y como subsecretario al general Ávila Camacho. Al morir el general Figueroa, quedó como titular del ramo Ávila Camacho, quien elevó la iniciativa de ley para que la Secretaría de la que era jefe cambiara su nombre por el de Defensa Nacional. Al general Ávila Camacho le tocó resolver un problema delicado en Tabasco, ya casi en rebelión y sofocar la sublevación encabezada por el general Saturnino Cedillo. Cárdenas lo ascendió a general de división.

Los representantes del Partido Nacional Revolucionario lo propusieron como su candidato en las elecciones presidenciales que se avecinaban. Al aceptar la candidatura renunció a su cargo y lo mismo hicieron los generales Francisco J. Mújica, que era secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y Rafael Sánchez Tapia, secretario de Economía. Cuando el Partido Nacional Revolucionario declaró candidato al general Ávila Camacho, Mújica y Sánchez Tapia retiraron sus candidaturas. El candidato opositor, muy fuerte era el general Juan Andrew Almazán, quien había hecho magnífico papel como jefe de operaciones del estado de Nuevo León. La lucha electoral fue prolongada y apasionante, con algunos hechos por demás graves. Efectuadas las elecciones en julio de 1940, resultó electo el general Ávila Camacho que llegó al poder el 1º de diciembre de ese año.

Ávila Camacho recibió al país con grandes problemas: la situación internacional muy tensa por la Segunda Guerra Mundial, el la que México tendría que tomar parte en cualquier forma. En el interior no había unidad por antiguos resentimientos, por la implantación de la educación socialista rechazada por la inmensa mayoría de la población y por las diferencias que surgieron durante la lucha electoral. Había problemas económicos por las carencias que originó la guerra y se palpaba un ambiente de malestar. La Política del general Ávila fue de acercamiento nacional, ante las amenazas externas y la intranquilidad interna.

El 15 de septiembre de 1942, en una significativa y noble ceremonia en la Plaza de la Constitución, el presidente Ávila Camacho estuvo acompañado por los expresidentes Lázaro Cárdenas, Plutarco Elías Calles, Pascual Ortíz Rubio, Abelardo L. Rodríguez, Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta, quienes olvidando sus viejas rencillas y diferencias estaban antes que nada con los intereses del país

Sacudió a México la noticia del hundimiento de dos barcos petroleros de su propiedad, el "Faja de Oro" y el "Potrero del Llano", por submarinos alemanes, en aguas del Golfo de México. El presidente Ávila Camacho declaró la existencia de un estado de guerra, a partir del 22 de mayo de 1942, entre México y las llamadas potencias del Eje. El Congreso de la Unión ratificó en todas sus partes la disposición del ejecutivo y lo autorizó a que tomara las medidas pertinentes para la defensa del territorio y a alistar a tropas.

Toda la legislación de emergencia tuvo vigencia hasta el 28 de diciembre de 1945, en que se volvió al estado de paz y a la observancia plena de los cauces constitucionales. La suspensión de las garantías individuales durante el tiempo de guerra, se manejó sin lastimar a la ciudadanía en sus personas ni en sus propiedades. Se firmó un acuerdo con los Estados Unidos, por el cual los ciudadanos de los dos países podían servir en las fuerzas armadas de uno y de otro. Quince mil mexicanos tomaron parte en la guerra, en todos los campos de batalla. Se mandó a un escuadrón aéreo, el 201, completo y con reemplazos, al Pacífico, para intervenir en las accioes finales contra los japoneses. México proporcionó 300 mil trabajadores para laborar en diversas actividades en los Estados Unidos, bajo muy buenas condiciones, sustituyendo a los norteamericanos que estaban en campaña. Probablemente lo que más valió en el esfuerzo bélico, fue la contribución con productos y materias primas estratégicas. Fue puesta en vigor la Ley del Servicio Militar y se movilizó equipo e instruyó a miles de jóvenes de dieciocho años, que estuvieron prestos a marchar a los frentes de batalla.

Los bienes de los ciudadanos del Eje fueron intervenidos y los sospechosos internados en campos de concentración. Se reanudaron relaciones con la Gran Bretaña, suspendidas desde 1938 con motivo de la expropiación petrolera y también con la Unión Soviética, cortadas por el licenciado Portes Gil. Se arreglaron poco a poco los adeudos contraídos con la nacionalización del petróleo. En mayo de 1944 México asistió a la conferencia de San Francisco y firmó su adhesión a la Carta de las Naciones Unidas y después la ciudad de

México fue sede de la Conferencia Interamericana sobre los problemas de la guerra y de la paz, en 1945. El 19 de enero de 1943 fue fundado el Seguro Social, no bien aceptado por la clase patronal aunque quedó establecido conforme a la ley.

El gobierno del general Ávila Camacho protegió a la clase obrera y llevó a cabo la campaña contra el analfabetismo con muy buenos frutos; fundó el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, el Instituto Nacional de Cardiología y el Colegio Nacional, con los mexicanos más descollantes en las ciencias y en las letras. Teniendo en cuenta la proximidad de los comicios en julio de 1946, estableció requisitos mínimos para el registro de partidos políticos, que ni el comunista ni el sinarquista lograron llenar; sin embargo se les dio registro y con esa medida y la reforma electoral hubo en el país una contienda pacífica, ordenada, sin violencias y el candidato derrotado, licenciado Ezequiel Padilla, dignamente reconoció el triunfo de su oponente el licenciado Miguel Alemán Valdés, quien tomó posesión de la presidencia el primero de diciembre de 1946. El general Ávila Camacho, quien gobernó con absoluto respeto a la dignidad, a la libertad y a la vida humana, se reintegró a la vida ciudadana dedicado a labores de campo y de cría de ganado en su rancho de Martínez de la Torre, Veracruz. Murió en la ciudad de México el 13 de septiembre de 1955.

Algunas de las cosas que sucedieron durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho fueron:

El Observatorio Meteorológico y Astronómico de México se creó por decreto presidencial, bajo iniciativa del Secretario de Fomento, Vicente Riva Palacios, el 6 de febrero de 1877 y dependiente de la Comisión Geográfica Exploradora del Territorio Nacional; fue inaugurado el 6 de marzo de ese mismo año, durante el gobierno de Porfirio Díaz y se instaló en la azotea del Palacio Nacional.

En 1878 el Observatorio Meteorológico y Astronómico se trasladó al Castillo de Chapultepec. Posteriormente, en el año de 1880, el Observatorio se independizó técnica y económicamente de la Comisión Geográfica Exploradora y se dictaminó una partida especial en el Presupuesto de Egresos Nacionales. A partir de ese momento, contó con un director que fue Mariano Bárcena, así mismo se le asignó una plantilla de 6 observadores. 

En 1883 se trasladó el Observatorio Astronómico que funcionó junto con el Meteorológico, al edificio del Ex-Arzobispado en Tacubaya. Mientras tanto, el Observatorio Meteorológico siguió funcionando en el Palacio Nacional, al mismo tiempo que se realizaban los trámites para construir un edificio especial que lo albergara, sin embargo esto nunca se llevó a cabo.

En 1889 se iniciaron las actividades del Observatorio Sismológico en el mismo edificio de Tacubaya donde se ubicaba el Observatorio Astronómico, bajo la dirección del Sr. Felipe Valle. Para esas fechas, Mariano Bárcena seguía como director y coordinaba las investigaciones sobre el clima y el tiempo atmosférico en el Servicio Meteorológico hasta su muerte en 1899.

En 1901 se forma el Servicio Meteorológico Nacional y de acuerdo a los informes del entonces director, Manuel E. Pastrana, ya se contaba con 31 secciones meteorológicas estatales, 18 observatorios y estaciones independientes, las cuales transmitían información al Observatorio Meteorológico de Tacubaya por vía telegráfica.

Debido a los acontecimientos sociales ocurridos entre 1910 y 1911, se dio la orden de que se trasladara el Observatorio Meteorológico a las oficinas de Geofísica, en el edificio del Ex-Arzobispado de México, donde todavía se encontraba el Observatorio Astronómico Nacional.

Para esas fechas, se terminó de construir el edificio del Observatorio Astronómico, junto al edificio del Ex-Arzobispado. El Observatorio Astronómico funcionó hasta 1942, año en que fue trasladado a Tonanzintla y décadas más tarde a San Pedro Mártir, en Baja California. En

el año de 1963, el edificio del Observatorio Astronómico es demolido para posteriormente, construir el actual plantel número 4 de la Escuela Nacional Preparatoria.

En junio de 1913, el Servicio y el Observatorio Meteorológico de la Ciudad de México reiniciaron sus labores en el edificio donde se localiza actualmente, en Tacubaya, D.F.

Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), se creó la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la cual incorporó al Servicio Meteorológico Nacional y lo denominó como Dirección de Geografía y Metereología. En 1947, México firmó el Convenio de la Organización Metereológica Mundial (OMM), Organismo especializado de las Naciones Unidas, encargado de la vigilancia del tiempo y del clima mundial. El Ingeniero Federico Peña, fungió como Director de Geografía y Meteorología de 1947 a 1960. Durante esos años, esa Dirección también se encargó de la cartografía del territorio nacional.

En 1972, durante el gobierno de Luis Echeverría Alvarez, las actividades geográficas de la Dirección de Geografía y Meteorología pasaron a la Dirección de Estudios del Territorio Nacional y la Dirección de Geografía y Meteorologia se transformó en la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional, dependiente de la Secretaría de Agricultura.

Para 1980, el Servicio Meteorológico Nacional contaba con una red de 72 observatorios, con 9 estaciones de radiosondeo, con más de 3000 estaciones climatológicas, 5 estaciones de radar meteorológico y un centro de Previsión del Golfo.

En 1989, al crearse la CNA, el Servicio Meteorológico se integró como una Subgerencia dependiente de la Subdirección General de Administración del Agua y, en 1990, se transformó en la actual Gerencia del Servicio Meteorológico Nacional pasando a formar parte de la Subdirección General Técnica de la CNA en 1995.

MIGUEL ALEMÁN VALDÉS

(1946-1952)

Miguel Alemán Valdés (1900-1983), político mexicano, presidente de la República (1946-1952). Nació en Sayula (Veracruz) y se licenció en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (1929). En 1930 fue elegido diputado por el estado de Veracruz y fue senador y gobernador en 1936. Secretario de Gobernación entre 1940 y 1945, año en que dimitió para presentarse a las elecciones presidenciales, como candidato del Partido de la Revolución Mexicana, rebautizado en enero de 1946 con el nombre de Partido Revolucionario Institucional (PRI). Elegido presidente de México en 1946, se rodeó de universitarios y abogados y se embarcó en un enérgico programa de industrialización, para el cual negoció un importante préstamo del Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos en 1947. Alemán también hizo planes a largo plazo para la industria petrolera estatal, presidió la expansión de la red de carreteras y ferrocarriles, mejoró el suministro de agua de Ciudad de México y, entre otros programas muy ambiciosos, constituyó en la capital una Ciudad Universitaria única en el mundo, por su estilo y dimensiones. Sin embargo, su administración fue acusada de corrupción, y aparecieron problemas económicos poco después de finalizar su mandato. En sus últimos años de vida, Alemán regresó a la política activa y se dedicó a promover el turismo (presidió a partir de 1961 el Consejo Nacional de Turismo) y apoyó la celebración de los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México (1968).

El licenciado Miguel Alemán nació en Sayutla, Veracruz, el 29 de septiembre de 1905. Fueron sus padres el general Miguel Alemán, muerto en la campaña de 1923 en las fuerzas del general Guadalupe Sánchez, de la revolución delahuertista sublevadas contra el gobierno y de la señora Tomasa Valdés. Estudió la primaria y la secundaria en el puerto de Veracruz y pasó a la ciudad de México donde cursó la preparatoria para ingresar en la Escuela de Jurisprudencia de la Universidad Nacional hasta obtener el título de licenciado en derecho, en 1928.

Representó los intereses de los sindicatos minero, petrolero y ferrocarrilero. Fue consultor de la Secretaría de Agricultura y magistrado en el Tribunal Superior de Justicia nombrado por el presidente Lázaro Cárdenas y en septiembre de 1935 resultó electo senador por el estado de Veracruz. En 1936, por muerte del gobernador electo de ese estado, licenciado Manlio Fabio Altamirano, recibió el gobierno de tal entidad federativa, puesto al que renunció para hacerse cargo de la dirección de la campaña presidencial del general Manuel Ávila Camacho, quien al triunfar lo nombró secretario de Gobernación, puesto que desempeñó hasta ser designado candidato a la Presidencia de la República por el Partido Nacional Revolucionario, en 1945.

En 1946, en las elecciones de julio, resultó electo contra su oponente el licenciado Ezequiel Padilla.

Durante el gobierno del licenciado Alemán se concedió el voto a la mujer en las elecciones municipales y se creó el Banco Nacional del Ejército y la Armada y las secretarías de Recursos Hidráulicos y Bienes Nacionales, las leyes General de Población, Forestal y de Caza y Pesca, de Derechos de Autor y Federal Sobre Impuestos Mercantiles. Se creó la Comisión Nacional de Turismo y el Premio Nacional de Ciencias y Artes, así como el Instituto Nacional Indigenista. En 1952 se elevó a la categoría de estado al antiguo territorio de Baja California Norte. Posteriormente nacieron la Comisión Nacional de Cinematografía, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el de la Juventud Mexicana y el de Caminos Vecinales. En el gobierno de Alemán empezaron a presentarse los problemas económicos de la postguerra, disminuyeron las exportaciones y aumentaron las importaciones.

Hubo necesidad de pedir un préstamo fuerte al Banco Internacional de Reconstrucción, aumentando la deuda a 225 millones de dólares y la ferrocarrilera a 233. El 22 de julio de 1948 el Banco de México se retiró del mercado de cambios y después se fijó la equivalencia de 8.50 pesos mexicanos por un dólar. Sin embargo el país avanzó en la industria siderúrgica y en la producción de energía eléctrica y se adquirieron las líneas de ferrocarriles del Pacífico y del Noreste; se terminó el de Sonora-Baja California y se inició el de Chihuahua al Pacífico. Fueron abiertas las carreteras México-Guadalajara-Nogales, Ciudad Cuauhtémoc (Chiapas), México-Ciudad Juárez y la transístmica de Coatzacoalcos a Salina Cruz. Se abrieron al cultivo nuevas tierras irrigadas por presas muy grandes en Sonora, Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, etc., y fueron creadas las comisiones del Papaloapan, del Tepalcatepec, de El Fuerte y del Grijalva, lográndose irrigar en total cuando menos un millón de hectáreas. Al término del sexenio se cubrió la demanda interna y se exportó arroz, azúcar, plátano, garbanzo, café, piña, avena, linaza y tomate.

Sin embargo, un terrible daño a la economía nacional fue la aparición de la fiebre aftosa, problema mal manejado que estuvo a punto de tener sangrientas consecuencias. Se sacrificaron inútilmente miles de cabezas de ganado y al final para mediados de 1950 se declaró erradicada la epizootia. Fueron construidas la Ciudad Politécnica, la Ciudad Universitaria, la Escuela Militar de Aviación de Zapopan, Jalisco. En París se construyó el Pabellón Mexicano en la Ciudad Universitaria de la capital francesa; se firmaron los tratados de paz y amistad con Alemania, Italia y el Japón. México participó en las comisiones de tregua entre la India y Pakistán; una comisión mexicana intervino en el arreglo de paz en Corea; se reconoció al Estado de Israel y se negoció un arreglo sobre braceros con el gobierno de los Estados Unidos.

El licenciado Miguel Alemán terminó su mandato presidencial el 30 de noviembre de 1952 y entregó el poder a don Adolfo Ruíz Cortines. En 1961 fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Turismo por el presidente Adolfo López Mateos, cargo en el que actuó con mucha eficiencia. El licenciado Alemán, alejado por completo de la política murió en la ciudad de México el 14 de mayo de 1983.

LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ

(1970-1976)

Nació en la Ciudad de México el 17 de Enero de 1922. Hizo sus estudios primarios y secundarios en diversos planteles del Distrito Federal y se doctoró en Licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en Agosto de 1945. En 1947 fue designado Profesor Adjunto de la Teoría General del Estado de la Facultad de Derecho de la propia Universidad. Dentro del Partido Revolucionario Institucional ha Desempeñado los cargos de Director de Prensa y Propaganda, oficial Mayor y Presidente de la comisión Federal Electoral. En Diciembre de 1952 fue Director General de Cuenta y Administración de la Secretaría de Marina y de Octubre de 1954 a Octubre de 1957 desempeño el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública. En 1958 fue nombrado Subsecretario de Gobernación hasta 1964 en que se le designó como Secretario del ramo. Recibió el poder el 1o. de Diciembre de 1970 y gobernó hasta ello. de Diciembre de 1976. Su convicción revolucionaria y su pasión por México garantizó al país un gobierno lleno de conquistas, paz y progreso.

El primero de diciembre de 1970, el Presidente Luis Echeverría ratificó al licenciado Julio Sánchez Vargas como Procurador General de la República, cargo que había desempeñado en la administración anterior. Con fecha 19 de agosto de 1971, el licenciado Sánchez Vargas presentó su renuncia al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que en el mismo día designó Procurador General de la República al licenciado Pedro Ojeda Paullada.

Emisión de la Ley de la Procuraduría de la República

En 1974, el Presidente Echeverría presentó una Iniciativa de Ley de la Procuraduría General de la República. Esta venía a substituir a la denominada Ley Orgánica del Ministerio Público Federal, y pretendía coordinar y armonizar las actividades del Procurador General y del Ministerio Público, con las unidades administrativas que, sin inmiscuirse en las atribuciones constitucionales y legales, significaban un importante apoyo para cumplir mejor con sus funciones.

Esta ley de 1974 comprendía, a grandes rasgos, los siguientes temas:

a) En el título primero se hablaba de las atribuciones, tanto del Procurador como del Ministerio Público. Cabe apuntar que, en términos generales, conservaba el estilo y la forma de las leyes anteriores. Podemos señalar entre otras atribuciones del Procurador, las siguientes: hacer del conocimiento del Presidente las leyes que resultaran violatorias de la Constitución; proponer reformas legislativas para la pronta administración de justicia; emitir consejo jurídico; intervenir en casos de extradición, de acuerdo con los tratados internacionales; resolver en definitiva el no ejercicio de la acción penal, el desistimiento de la acción penal y la formulación de conclusiones no acusatorias.

Por otra parte, las más destacadas atribuciones del Ministerio Público eran: ejercitar ante los tribunales la acción penal por delitos del orden federal; recibir las manifestaciones de bienes de los funcionarios; investigar casos de enriquecimiento inexplicable de los mismos funcionarios; representar a la Federación en todos los juicios en que fuese parte y, por último intervenir en los juicios de amparo.

b) La organización de la Procuraduría General de la República enunciaba las diversas dependencias que la integraban, así como las unidades administrativas de apoyo. Por un lado, la ley se refería a las ya existentes: en primer término, al Procurador General de la República; en seguida, a las dos Subprocuradurías; a la Visitaduría General; a las direcciones generales de Averiguaciones Previas y a la de Control de Procesos y Consulta en el Ejercicio de la Acción Penal, respectivamente; de igual forma, a los agentes del Ministerio Público y de la Policía Judicial Federal, y a la Dirección General Jurídica y Consultiva.

Para fines de 1976 la Procuraduría habría de contar con ochenta y seis agencias del Ministerio Público en todo el país.

Por otro lado, se crearon la Oficialía Mayor, la Comisión Interna de Administración, el Instituto Técnico, así como la Oficina de Registro de Manifestaciones de Bienes. Se formaron o consolidaron las unidades administrativas de Organización y Métodos, de Relaciones Públicas, de Prensa, de Control de Estupefacientes, de Estudios Sociales, de Servicios Periciales, de Documentación y de Planeación.

c) Al crearse la Oficialía Mayor, se le encargaba la atención de las necesidades administrativas de las unidades que integran la Procuraduría, tales como proponer las medidas técnicas y administrativas que estimara conveniente para la mejor organización y funcionamiento de la institución. La función de la Dirección General de Administración consistía en la tramitación de todo lo relativo a nombramientos, credenciales, ascensos, renuncias, destituciones y vacaciones. Y desde luego, el formular anualmente el anteproyecto de presupuesto de la Procuraduría.

d) El Instituto Técnico tenía como objetivos principales realizar investigaciones técnicas y científicas; llevar a cabo la selección y capacitación del personal administrativo, técnico y profesional; y estudios varios que determinara el Procurador. La creación del Instituto Técnico, que inició sus funciones en julio de 1974, permitió a la Procuraduría General de la República un mejor desenvolvimiento.

Se procuró mantener un alto rigor en los criterios de selección del personal. En ese período, de dos mil trescientas setenta y cuatro solicitudes presentadas por aspirantes a ingresar al cuerpo de la Policía Judicial federal, sólo se admitieron poco más de cuatrocientas. En cuanto a agentes del Ministerio Público Federal, sólo el veinte por ciento de los solicitantes aprobó los exámenes de admisión.

e) Otra innovación de la ley de 1974 fue la Oficina de Registro de Manifestaciones de bienes, que tuvo a su cargo realizar y registrar ordenadamente las manifestaciones de bienes que deben presentar determinados funcionarios y empleados públicos.

f) Dentro de las unidades administrativas podemos referirnos a la unidad de Relaciones Públicas, que efectuó en forma permanente una serie de ciclos de estudio jurídico, histórico, arte y cultura, con el fin de tratar de elevar los niveles de conocimiento de funcionarios y empleados de la institución.

Asuntos agrarios

Hasta antes del período que nos ocupa existía en la Procuraduría General de la República una Oficina de Asuntos Agrarios. No obstante, la reforma administrativa demostró que era más sencillo lograr los fines propuestos a través de los agentes del Ministerio Público Federal que actuaban en otras materias. En consecuencia, en marzo de 1976, se cerró la oficina especializada y los asuntos agrarios y forestales se integraron a las tareas regulares de los agentes.

Creación de la Unidad Técnica en Materia de Amparo

Hasta 1975, las atribuciones de la Procuraduría General de la República en materia de amparo se habían desahogado a través de un sector del Departamento de Control de Procesos. El 23 de abril de ese año, a fin de disponer de un sistema más eficaz que no sólo facilitara el ejercicio de las atribuciones del Ministerio Público Federal ante la Suprema Corte de Justicia o ante los Tribunales Colegiados, sino que sirviera como mecanismo de orientación, análisis y estudio de todos los criterios sustentados por la Institución, se creó la Unidad Técnica en Materia de Amparo.

El mismo año, entre el 15 y 16 de agosto, se organizó la primera Reunión Nacional Plenaria de Agentes del Ministerio Público Federal en Materia de Amparo en la ciudad de México, con el objeto de determinar un criterio unitario de la Institución ante los órganos judiciales.114

Modificaciones legislativas

Durante el período 1970-1976, se realizó una intensa actividad legislativa en la que participo la Procuraduría General de la República. Se sugirieron quince reformas a nuestra Constitución Política, que implicaron modificaciones o adiciones a cuarenta artículos. También se trabajó en ciento diecinueve reformas legales, setenta y seis reglamentarias y cuatrocientos sesenta y seis nuevos decretos.

A estos ha de añadirse la elaboración de numerosos reglamentos, entre los cuales destacan los reglamentos interiores de las diferentes Secretarías de Estado.

Legislación en materia de contaminación ambiental

La Procuraduría General de la República participó en los trabajos tendientes a legislar en materia de contaminación ambiental. El resultado fue la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de marzo de 1971. En el mes de mayo del mismo año el Presidente de la República encargó al Procurador General de la República integrar una comisión jurídica para estudiar los proyectos de reglamento derivados de dicha ley.

Reforma a la Ley de Nacionalización de Bienes

En 1974 se promovió, por parte de la Procuraduría General de la República, la reforma de la Ley de Nacionalización de Bienes reglamentaria de la fracción II del artículo 27 constitucional. Dicha reforma fue publicada en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974. Tenía por objeto darle más agilidad al trámite de los procedimientos judiciales de la nación y destinados al culto público.

Comité Técnico Consultivo de Normas Jurídicas

Durante el período estudiado se procuró avanzar en la consecución de un sistema jurídico coherente y armónico con los requerimientos del país. Para tal fin se creó un mecanismo de coordinación entre las dependencias centrales del Poder Ejecutivo Federal denominado Comité Técnico Consultivo de Normas Jurídicas, al que se integraron los directores jurídicos de las Secretarías, Departamentos de Estado, Procuradurías General de la República y General de Justicia del Distrito Federal. Presidía el Comité el Procurador General de la República y en su ausencia, el Director Jurídico y Consultivo de la Procuraduría General de la República.

Uno de los resultados importantes de este comité fue la publicación, en varios volúmenes de las “Leyes, Reglamentos, Decretos y Acuerdos del Gobierno Federal: 1970-1976”. A esta publicación se añadieron diversas guías técnicas, entre las que destacó la edición del prontuario de disposiciones jurídicas de las Secretarías y Departamentos de Estado.

En este mismo lapso se reformó el Título VII del Código Penal Federal dedicado a tipificar y sancionar los delitos contra la salud. La reforma modificó los artículos 193 a 199 de dicho ordenamiento; estableció penas severas para los narcotraficantes a fin de evitar que pudieran gozar del beneficio de la libertad bajo fianza. Con más depurada técnica legislativa, reunió bajo un solo ordenamiento aquellos delitos contemplados por el Código Sanitario y, reconociendo que hay por desgracia muchos jóvenes que sin ser adictos al consumo de drogas ni estar habituados a su empleo, se dejan llevar por una malsana curiosidad, estableció medidas preventivas con sanciones reducidas, aplicables cuando se les descubriera una sola vez en posesión de cantidades para su propio consumo.

Campaña contra el narcotráfico

Reuniones internacionales de procuradores

En el mes de marzo de 1971 y a raíz de varias conversaciones informales entre los Procuradores Generales de México y los Estados Unidos, se celebraron varias reuniones entre los miembros de una y otra instituciones. Estas juntas de trabajo, efectuadas primero en la ciudad de México y después en la de Washington, tenían por objeto lograr una mejor coordinación de las tareas que se llevaban a cabo en ambos países para combatir el narcotráfico.

Los resultados condujeron a una reunión tripartita celebrada el 27 de marzo de 1972, en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Participaron los Procuradores Generales y delegaciones de las Procuradurías de México, Canadá y Estados Unidos.

El intercambio de información y de experiencias permitió establecer políticas comunes en la lucha contra tales delitos en la totalidad del territorio norte de nuestro continente. Se establecieron medios más rápidos de comunicación.

En enero de 1973 se reunieron los Subprocuradores de los tres países mencionados en la capital canadiense.115

Incremento del aseguramiento de estupefacientes

Las cifras registradas por la Procuraduría durante estos años dan cuenta de un considerable incremento en los aseguramientos de estupefacientes entre 1971 y 1976, lo que también indica la intensificación del tráfico. La diferencia entre el primero y el último de estos años señala que, en el último, se aseguraron cantidades casi dos veces mayores de cocaína; ocho de marihuana; veintiuna de heroína; setenta de semillas de marihuana; diecisiete de semillas de adormidera y doscientas de opio.116

Defensa del patrimonio histórico y artístico

A través de una intensa campaña, prosiguió la defensa de las joyas de nuestro pasado precolombino y colonial.

El presidente de la República envió al Congreso de la Unión el proyecto de Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos para evitar la destrucción y el saqueo. Este ordenamiento fue promulgado el 6 de mayo de 1972.

Durante el lapso comprendido entre 1972 y 1976, la Procuraduría General de la República, con motivo de la citada campaña, pudo recuperar y reintegrar a nuestros museos poco más de cuarenta mil joyas de destacado mérito arqueológico, histórico o artístico. Solamente para dar una idea de la importancia del patrimonio recobrado se señala que el valor comercial estimado en 1976 superaba los ciento setenta y cinco millones de pesos. Se aclara que tal cifra es sólo un indicador, pues lo que importa al país no es su precio de mercado.117

La Procuraduría General de la República, el Instituto de Investigación y Defensa Social de las Naciones Unidas y el Instituto de Antropología e Historia, patrocinaron en agosto de 1976 una reunión a la que acudieron representantes de doce países en relación con la defensa de importantes bienes arqueológicos, históricos y artísticos, cuya protección se intensificó durante el período de noviembre de 1971 a 1976. En la mencionada reunión se declaró que la defensa del patrimonio arqueológico tiende a conservar nuestra identidad cultural y nuestra genuina personalidad histórica. En el documento final, conocido como Carta de México, se exaltó la defensa del patrimonio cultural como reencuentro con la solidaridad social y la unidad nacional.

Congreso sobre el Régimen Jurídico del Menor

Del 15 al 18 de agosto de 1973 se celebró el Congreso sobre el Régimen Jurídico del Menor promovido por la Universidad Nacional Autónoma de México y la Procuraduría General de la República. Sus trabajos fueron tomados en cuenta para la creación del Consejo Tutelar para Menores, que sustituyó al Tribunal de la materia, fundado casi cincuenta años antes.118

La ley respectiva fue preparada por una comisión constituida por la Secretaría de Gobernación.

Actividades internacionales

La Procuraduría patrocinó en marzo de 1975 la realización de un Congreso Internacional de Criminología, celebrado en la ciudad de Querétaro.119

En el mismo año, declarado Año Internacional de la Mujer, el Jefe del Ejecutivo Federal designó al Procurador General de la República coordinador del Programa de México. Los esfuerzos realizados por nuestro país para alentar la plena igualdad jurídica del hombre y de la mujer, así como la igualdad de oportunidades educativas y laborales, merecieron el aplauso y el reconocimiento de las delegaciones asistentes a la conferencia Mundial, que se celebró en la ciudad de México en el mes de julio. El Procurador General de la República fungió como Presidente de dicha Conferencia.

Mejoras materiales

Durante este sexenio fueron remodelados y adaptados todos los pisos del edificio principal de la Procuraduría General de la República, ubicado en San Juan de Letrán No. 9. También se acondicionaron veinte pisos del edifico que el Gobierno Federal proporcionó a la Institución en el Conjunto Pino Suárez (este edificio sufrió severos daños con el terremoto de 1985 y fue desalojado).

En el aeropuerto de la ciudad de México, se construyeron hangares especiales para la Unidad de Comunicaciones, Transportes e Informática de la Procuraduría con oficinas, talleres mecánicos, laboratorios, almacenes, bodegas y plataformas de estacionamiento. También se realizaron construcciones similares en el aeropuerto de la ciudad de Culiacán.

Se acondicionaron tres pisos y dos terrazas para el Centro Infantil de Desarrollo, a fin de dar un servicio más adecuado.

JOSE LOPEZ PORTILLO

(1976-1982)

Nació en la ciudad de México, D.F. Hizo sus estudios primarios en la Escuela "Benito Juárez" y los secundarios en la Escuela "Extensión Universitaria " de la cual fue miembro fundador, continuando en la Escuela Nacional Preparatoria y posteriormente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, todas ellas de esta capital, En 1941, fue becado por el Gobierno de la República de Chile para seguir un curso especial de Ciencias Políticas en la Universidad de Santiago. En 1946 obtuvo el grado de Licenciado en Derecho, iniciándose como catedrático Fundador de Teoría General del Estado en la Escuela de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y más tarde miembro del Consejo Técnico de la misma Escuela; Consejero de Planeación Económica y Social del Partido Revolucionario Institucional al que pertenece desde 1945, colaboró estrechamente con la Secretaría de Educación Pública y la Secretaria del Patrimonio Nacional elaborado diversos proyectos de ley siendo designado poco después Asesor Técnico de la oficialía Mayor de la Secretaría del Patrimonio Nacional; fungió como Director General de Las Juntas Federales de Mejoras Materiales de la SePaNal y poco después como Jefe de la oficina Jurídica Consultiva de la Secretaría de la Presidencia, elevada poco más tarde a la categoría de Dirección General; Presidente Coordinador de la Comisión de Administración Pública, de la Secretaría de la Presidencia; Miembro de la Comisión Intersecretarial (Hacienda-Presidencia), para la elaboración de Planes Nacionales de Desarrollo; Subsecretario de la Presidencia; Subsecretario del Ramo de la Secretaría del Patrimonio Nacional; Director General de la Comisión Federal de Electricidad y de la Cía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., y finalmente Secretario de Hacienda y Crédito Público. Recibió el Poder el 1o. de Diciembre de 1976 y gobernó hasta el 1o. de Diciembre de 1982. Su capacidad intelectual y trayectoria revolucionaria albergó esperanzas de un cambio radical en el status económico y social del país, fundamentalmente en lo concerniente a las masas populares, confiando plenamente en que encauzaría al país por el camino de la paz y el progreso.

En realidad, a partir del segundo año de gobierno del Presidente Echeverría la política gubernamental comenzó a dar un giro hacia la izquierda. En lugar de enfrentarse a los movimientos de las diversas tendencias socialistas, como lo había hecho su antecesor, el presidente los atrajo dando a muchos de sus líderes y principales pensadores puestos de responsabilidad en la administración pública; éstos a su vez ejercieron una influencia creciente en el pensamiento del presidente y en el diseño de las políticas de gobierno.

La nueva orientación de la política económica probablemente se basó en el siguiente razonamiento: la industria nacional cada vez crece menos en relación a las necesidades del país debido a la debilidad del mercado doméstico y a la extrema dificultad de competir en los mercados internacionales; la demanda interna es muy baja por la terrible inequidad en la distribución del ingreso, con el consiguiente escaso poder de compra de la mayoría del pueblo; para dinamizar la demanda interna es precisa la mejor distribución del ingreso, y para lograr ésta habrá que tomar medidas tales como:

a) una intervención más enérgica del gasto público para producir con sentido social los bienes que requería el pueblo;

b) un gasto público expansivo dirigido a mejorar las condiciones de vida de la mayoría;

c) un sistema más amplio de controles de precios y subsidios al consumo de los sectores menos favorecidos;

d) una política agraria que repartiera los “nuevos latifundios disfrazados, que propiciara la explotación colectiva de los ejidos y que les dotara de créditos y, en su caso de subsidios;

e) modificaciones a las leyes laborales para beneficiar más efectivamente a los trabajadores;

f) un mayor apoyo al movimiento obrero en los conflictos laborales y

g) una política exterior que alineara a México con los demás países subdesarrollados para reducir la explotación que sufrían a manos de las naciones imperialistas y desarrolladas.

Quienes sostenían estas propuestas seguramente no abrigaban temores de provocar una inflación porque suponían que la mayor demanda que generarían provocaría que se utilizara la capacidad instalada ociosa y, por tanto, un aumento en la producción de bienes y servicios que se equipararía al de la demanda. Tales expectativas no se realizaron, como se verá más adelante.

Ya el segundo informe del licenciado Echeverría contenía algunas señales encontradas del cambio de orientación del gobierno: por un lado reconocía “la necesidad de reducir el nivel general del gasto a fin de no acentuar en México los efectos de un proceso inflacionario mundial”, que además era necesario “adoptar una política económica restrictiva por tiempo limitado” a pesar de la decisión del gobierno de dar gran impulso a la actividad productiva y por último que había que superar “la etapa del crecimiento dirigido hacia el mercado doméstico”.

No obstante estas declaraciones ortodoxas y prudentes, poco después, en el mismo documento el presidente anunció triunfalmente que de enero a agosto de 1972 el gasto público había aumentado un 24.1% en relación al año anterior y que a este incremento habría que añadir el que experimentaron las erogaciones de los organismos y empresas descentralizados; dijo también que buena parte de este aumento se debió al de la inversión pública federal que superó en un 30% a la aprobada para 1971 y que se dividió casi a terceras partes entre las inversiones promotoras del desarrollo económico, las que incidían en el bienestar social y las destinadas a elevar el nivel de vida rural. En suma, el presidente declaró que la inversión pública alcanzaría “niveles nunca antes ejercidos”.

Se inició así una época de franca expansión del gasto público, de estatización creciente de la economía y de intentos de distribuir mejor el ingreso. Año con año durante el sexenio se escucharon afirmaciones del presidente como éstas: la participación directa del Estado en la producción garantiza el interés general; rechazamos un progreso reflejo de los países imperialistas, diseñado para consolidar privilegios; el control de los energéticos por el Estado racionaliza su producción; las empresas públicas responder al interés de la colectividad; la propiedad de las paraestatales no podrá revertirse por ningún concepto; las paraestatales aseguran el buen uso de los recursos naturales y mantienen bajos los precios; el gobierno impulsa el crecimiento de un sector paraestatal vigoroso; corresponde al Estado la responsabilidad de conducir la vida económica, etc.

Congruente con este pensamiento el gasto público se desbordó; en 1973 el Presidente de la República anuncio con gran satisfacción que en ese año los egresos del erario crecieron en un 28 % mientras que los ingresos sólo lo hicieron en 20 %, o que en 1975 el gasto público creció en un 25 % y en general que el gobierno promovía la actividad productiva aumentando consistentemente las erogaciones del erario. Entre 1970 y 1975 la inversión pública pasó de 30 a 100,000 millones de pesos, o sea creció a una tasa del 16 % anual.

El incremento del gasto público se dirigía en parte a las oficinas del gobierno federal como por ejemplo, triplicar en cuatro años la asignación de la Secretaría de Educación Pública o quintuplicar el del Instituto Nacional Indigenista; en otra parte, a adquirir empresas privadas mal manejadas para preservar las fuentes de trabajo; otra porción fue destinada a la adquisición de empresas rentables como la Azufrera Panamericana o las tabacaleras extranjeras; otros más en crear paraestatales como Peña Colorada, Las Truchas o la manejadora del puerto de Veracruz; o bien introducir nuevas líneas de producción en las paraestatales ya existentes como tractores agrícolas por la C.N.C.F. o alimentos industrializados por CONASUPO, otro destino del gasto público fue incrementar la participación accionaria en el capital de empresas privadas como Guerrero Negro, las mineras metalúrgicas entre ellas Autlàn, Ferroaleaciones Teziutlán y la Caridad; otra parte de las erogaciones se destinó a subsidios directos a los consumidores, como al establecer mas tiendas de CONASUPO, la que incrementó sus subsidios en un año en mil millones de pesos; en fin se crearon instituciones de beneficio colectivo que debieron ser autofinanciables, pero que no lo fueron en general por burocratismo, excesivo control gubernamental o frecuentemente corrupción. Entre ellas deben contarse INFONAVIT, el Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas, FONACOT, y multitud de fideicomisos. En resumen, Echeverría siempre defendió que “la inversión pública es el factor esencial del desarrollo”

Como es natural, el desbocamiento del gasto público condujo a un déficit hacendario cada vez mayor, como se muestra a continuación como porcentaje del Producto Interno Bruto:

1971 2.3 %

1972 4.5

1973 6.3

1974 6.7

1975 9.3

1976 9.1

Una porción de este déficit fue financiado por deuda pública interna y externa y otra buena parte por la emisión de billetes realizada por el banco central, todo lo cual desencadenó la inflación a niveles no vistos hasta entonces, como se ve a continuación

1971 5.0 %

1972 5.6

1973 21.4

1974 20.6

1975 11.3

1976 27.2

El Presidente Echeverría nunca aceptó que la inflación hubiera sido provocada por el inmoderado crecimiento del gasto público; cuando informó del extraordinario crecimiento del presupuesto destinado a la educación agregó “esto es lo que algunos llaman presupuesto inflacionario”; en vano el ameritado intelectual Daniel Cosío Villegas le explicó en un articulo periodístico que si el gasto era deficitario y su financiamiento causaba el incremento del circulante monetario por arriba del aumento de la producción, generaría alza de los precios, aunque las erogaciones se hubieran destinados a los propósitos más nobles.

Por el contrario, el presidente sostuvo una y otra vez que la inflación había sido desatada por los poderosos grupos financieros del mundo y que en América Latina se debía a tensiones sociales y a grupos con intereses encontrados por lo que México la sufrió porque le fue transmitido del exterior. Convencido de estas ideas, declaró que no reconocía pretendidas ortodoxias y que no oía el consejo de teóricos medrosos. Sólo casi al final del sexenio manifestó que había que moderar el déficit inflacionario, pero acto seguido agregó que para no parar el gasto público optaba por incrementar los impuestos y contraer deuda pública.

Para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios causada por la inflación, el gobierno impuso aumentos extraordinarios de los salarios mínimos, para finalmente cambiar la revisión de éstos a partir del 1º de mayo de 1975, a ser anual en vez de bienal; igualmente se dieron incrementos extraordinarios a la burocracia y a las fuerzas armadas y en cuanto a los salarios contractuales el presidente presionó a que se dieran incrementos de consideración ; por último, se indizaron los precios de los alimentos a la variación de costos. Todas estas medidas, justas e indispensables dada la inflación prevaleciente, presionaron a su vez los precios al alza. En la carrera precios - salarios, fueron éstos los que la perdieron.

Hay que reconocer que esta expansión del gasto produjo un considerable crecimiento del PIB, 5.97 % anual en promedio, como se puede ver en la siguiente serie:

1971 3.8 %

1972 8.2

1973 7.9

1974 5.8

1975 5.7

1976 4.4

Sin embargo, en buena medida estas cifras son engañosas y reflejan sólo un fenómeno estadístico. En primer lugar, el consumo del sector público, es decir los gastos administrativos del gobierno, se elevaron a una tasa del 10.13 % anual, lo que significó un aumento de la burocracia que no necesariamente se reflejó en el incremento de los servicios productivos. En cuanto al desmedido incremento de la inversión pública, en gran parte sirvió para compensar la caída de la inversión privada como se ve a continuación:

Años Total Privada Pública

1971 1.7 % 8.9 % 23.2 %

1972 12.2 2.5 40.2

1973 13.7 3.0 39.6

1974 7.9 11.4 2.4

1975 9.3 2.0 21.6

1976 0.4 6.1 7.6

Ahora bien, una gran parte de la inversión pública se destinó a proyectos no rentables, o en el mejor de los casos rentables a largo plazo o al pago de subsidios a empresas paraestatales ineficientes, todo lo cual si bien elevaba la demanda, también presionaba los costos y los precios al alza y no producía eficientemente bienes y servicios. El mismo Presidente Echeverría afirmó que las utilidades no son un buen criterio para evaluar la eficiencia de las paraestatales.

La inversión privada mexicana se retrajo porque advirtió la animadversión del Presidente hacía ella y hacia los empresarios a los que calificaba como “riquillos con mentalidad colonial” o “emboscados en la limitación moral de su egoísmo”. También eran disuasivos de la inversión sus declaraciones apoyando la semana laboral de 40 horas, la multiplicación de los contratos-ley o el establecimiento de los ejidos colectivos del tipo de los koljoses soviéticos. Igualmente preocupaba la simpatía manifiesta de Echeverría hacia los países de filiación marxista, o su obsesivo antagonismo hacia los países democráticos industrializados a los que siempre calificaba de colonialistas o imperialistas y a los que trataba de oponer el conjunto de países del tercer mundo; son notorias sus campañas para que la ONU aceptara la “Carta de los Deberes y Derechos de los Estados”, para la creación del SELA (organismo que proponía la creación de paraestatales latinoamericanos), o bien el Sistema para el Desarrollo del Tercer Mundo. Muchos atribuyeron su actividad a que deseaba el puesto de Secretora General de la Naciones Unidas y la obtención del Premio Nobel de la Paz, pero sea esto cierto o no, el hecho es que estas manifestaciones reflejaban su mas íntimo pensamiento. Todo esto sucedía cuando el régimen comunista de Cuba era un ejemplo a seguir por todos los izquierdistas latinoamericanos.

La inversión extranjera también se retrajo como consecuencia de la expedición de la “Ley para promover la inversión nacional y regular la extranjera” que le imponía fuertes limitaciones y engorrosos trámites.

La inflación rampante y la baja de la inversión privada hacían que el país fuera cada vez menos competitivo frente a los productos extranjeros. El Presidente Echeverría desde el principio de su gobierno fundó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), para fomentar las exportaciones y posteriormente, con el mismo propósito, estableció los Certificados de Devolución de Impuestos (CEDIS). El IMCE realizó un magnífico trabajo en materia de información de mercados, preparación de técnicos, subsidios a la presencia en ferias internacionales, etc., y los CEDIS fueron un fuerte estímulo a la exportación, pero se enfrentaron con la doble barrera de la creciente sobrevaluación del peso y de la anticuada planta productiva nacional, producto del proteccionismo cerrado. Aumentaron las exportaciones mexicanas pero éstas siguieron consistiendo fundamentalmente en productos agrícolas y mineros. El único gran éxito del gobierno de Echeverría en materia de comercio internacional fue el haber hecho en 1975 que México pasara a ser un exportador neto de petróleo crudo.

Simultáneamente, las importaciones crecían más rápidamente que las exportaciones como consecuencia de que el gran estímulo a la demanda dado por el gobierno se trasladaba automáticamente a dólares porque el gobierno se aferraba a la paridad fija del peso. Todavía tan tarde como 1874 y 1975, el presidente expresó que “se mantendrá invariablemente la paridad de 12.50 pesos “ y “se mantendrá la plena convertibilidad del peso a la paridad fija

de 12.50 pesos por dólar” respectivamente, así como “se sostendrá el apoyo a la política de sustitución de importaciones”

Sin embargo, la situación se fue haciendo cada vez mas insostenible como se muestra en el siguiente cuadro

(millones de dólares)

Año Exportaciones Importaciones Saldo Cuenta Corriente

1971 1,702 2,453 -751 -896

1972 2,163 3,076 -913 -1,022

1973 2,826 4,364 -1,538 -1,393

1974 4,051 6.900 -2,849 -3,221

1975 4,258 7,449 -3,191 -4,426

1976 4,981 7,228 -2,247 -3,578

El déficit de la cuenta corriente y los ambiciosos proyectos del régimen fueron financiados por la deuda externa que pasó de unos 3,000 millones de dólares a más de 20,000, lo que a su vez fue incrementando el servicio de la deuda y, por ende, el déficit en cuenta corriente. Finalmente se inició una fuga de “capitales medrosos” y el Presidente Echeverría no tuvo más remedio que anunciar en su último informe de gobierno que después de 22 años de paridad fija, se dejaba en libertad al tipo de cambio, el cual al final de 1976 ya se había colocado en 20.00 pesos por dólar.

Esta medida fue acompañada por la siguiente estrategia que buscó “preservar la competitividad de las exportaciones”, según el Presidente Echeverría, pero que en realidad hizo nugatorias las escasas ventajas de la devaluación.

a) un impuesto a la exportación, para que los exportadores compartieran con la colectividad sus ganancias cambiarías;

b) supresión de los CEDIS;

c) eliminación de controles y disminución de las tarifas arancelarias a las importaciones de insumos y bienes de capital;

d) ajuste de los salarios en la medida en que se incrementaran los precios;

e) extensión del sistema interno de controles de precios;

f) un impuesto adicional a las utilidades cambiarías;

g) subsidios a las empresas públicas y privadas afectadas por la devaluación,

h) ¡por fin! control del déficit público y regulación del crecimiento del crédito;

El impacto psicológico de la devaluación fue enorme, porque el pueblo, los ahorradores y los inversionistas se habían acostumbrado a la paridad fija por más de dos décadas, la cual había traído un freno a la inflación y un estímulo al ahorro y a la inversión. La confianza en el futuro económico del país que parecía inconmovible desde la II Guerra Mundial se fue minando en el sexenio echeverrista, para quedar quebrantada con la devaluación de 1976.

Para despedirse del poder, el 19 de noviembre de 1976, días antes de dejar la presidencia, el licenciado Echeverría expropio 37,000 hectáreas altamente productivas en el Estado de Sonora por razones difícilmente justificables, repartiéndolas no entre los campesinos que las trabajaban sino entre personas no necesariamente ligadas al campo y, con frecuencia, provenientes de otras regiones del país. Este acto acentuó la sensación de desastre que campeó al final de aquel sexenio.

MIGUEL DE LA MADRID

(1982-1988)

Nació en la Ciudad de Colima, capital del Estado del mismo nombre, el 12 de Diciembre de 1934. La familia a la que pertenece el Licenciado De la Madrid podría caracterizarse como de la clase media profesional de provincia, firmemente arraigada al suelo nativo; los miembros de esta familia desempeñaron en el curso de los años diversas actividades, entre las que predominan; el ejército, la abogacía y el servicio público. Entre sus antepasados hay varios gobernadores, alcaldes y militares que sirvieron a la República. El padre de Licenciado de la Madrid, Licenciado Miguel De la Madrid Castro, hizo sus estudios en Guadalajara y ejerció la abogacía en Colima; habiendo fallecido cuando el Lic. Miguel De la Madrid Hurtado contaba con 2 años de edad. Su madre, señora Alicia Hurtado De la Madrid, hubo de encargarse de la eduación de su hijo Miguel y de su hermana menor Alicia, pasando para ello a radicar a la ciudad de México. A la edad de 18 años Ingresó Miguel De la Madrid a la Facultad de Derecho de la UNAM, donde realizó un sólida carrera profesional. Su tesis de grado versó sobre el Pensamiento Económico en la Constitución de 1857. En su examen profesional obtuvo mención honorífica, estando presidido el jurado por el ameritado maestro universitario, Doctor Mario de la Cueva. como pasante de derecho ingresó a trabajar en el Banco Nacional de Comercio Exterior, por invitación de su entonces director, Licenciado Ricardo J. Zevada. Posteriormente colaboró en algunos proyectos orientados a la mexicanización de la minería, colaborando, con el Licenciado José Campillo Sáenz en los proyectos respectivos. Poco tiempo después ingresó en el Banco de México, institución gubernamental que en 1964 le otorgó una beca en el exterior para realizar estudios de maestría en administración pública durante un año. En 1964, ingresó como Subdirector Auxiliar de Crédito en la Secretaría de Hacienda, siendo promovido más tarde a Subdirector General. En el año de 1970, al iniciarse el período del Presidente Echeverría, fue nombrado Subdirector de PEMEX y en Mayo de 1972, Director General de Crédito de la Secretaría de Hacienda. En el desempeño de estos cargos tuvo ocasión de interiorizarse en el funcionamiento y en los problemas propios de las finanzas y de las empresas públicas, así como de adquirir una variada experiencia internacional, pues asistió, formando parte de las correspondientes delegaciones mexicanas, a muy diversas reuniones internacionales de la ONU y la OEA, en materia de desarrollo social, economía y finanzas. Cuando el entonces Secretario de Hacienda, Licenciado José López Portillo, fue designado candidato a la Presidencia de la República, en Septiembre de 1975, y el Licenciado Mario R. Beteta como Secretario de Hacienda, el Licenciado De la Madrid pasó a ocupar la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público. En este mismo puesto fue ratificado al iniciarse la actual administración y posteriormente, el 17 de Mayo de 1979, pasó a ocupar la cartera de la recientemente creada Secretaría de Programación y Presupuesto. A pesar del amplio trabajo realizado como funcionario público el Licenciado De la Madrid permaneció constantemente vinculado a las actividades académicas y políticas. En efecto, de 1959 a Febrero de 1968, ejerció como profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM y sus lecciones recogidas en forma de apuntes por un grupo de alumnos, son aún usadas en el curso por varios profesores. La realización de la Reforma Presupuestal, que entre otros aspectos, incluye los programas de Corresponsabilidad del Gasto Público, de Descentralización de Pagos al Personal Civil Federal y del Sistema Central del Gasto Público. La integración institucional del Plan de Desarrollo y la instrumentación del Sistema Nacional de Planeación. Los trabajos del X Censo General de Población y Vivienda de 1980 y de los Censos Económicos de 1981. La presentación, por primera vez en México, de un Sistema de Cuentas Nacionales consolidado. La creación de las unidades de Evaluación en las dependencias de la Administración Pública Federal, y, la presentación oportuna y perfeccionada de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de los años de 1979 y 1980, entre otros trabajos de significación. El Lic. De la Madrid se casó en 1957 con Paloma Cordero Tapia, originaria del Distrito Federal y tiene cinco hijos: Margarita, Miguel, Enrique, Federico y Gerardo. Recibió el Poder el 1o. de Diciembre de 1982 y gobernó hasta el 1o. de Diciembre de 1988. Su capacidad intelectual y trayectoria Revolucionaria hicieron se esperara de él un cambio radical en el status económico y social del país, fundamentalmente en lo concerniente a las masas populares, confiando plenamente en que encauzaría al país por el camino de la paz y del progreso. La situación económica era desesperada al momento de tomar posesión de la presidencia el licenciado Miguel de la Madrid Hurtado: en 1982 la inflación alcanzó prácticamente el 100 %; el dinero en circulación creció un poco más del 75 %; el déficit del sector público llegó al 16 % del PIB y el déficit primario, es decir sin considerar el pago de amortizaciones e intereses de la deuda pública, fue de 7.3 %; las erogaciones totales del erario significaron nada menos que el 27 % del Producto Interno Bruto; no había ya control sobre el presupuesto porque la desviación del gasto público fue del 66 % sobre lo presupuestado; en fin, el desempleo abierto en ese año alcanzó el 8 %, cifra que sólo es indicativa porque hay que agregarle más del 20 % por concepto de la subocupación.

A los problemas internos hay que agregar que la situación internacional era poco favorable a la economía mexicana: monedas inestables, costo alto del dinero y una baja importante de la demanda del petróleo y de otras materias primas, como consecuencia de la revolución tecnológica que entonces se iniciaba y que hoy ha permeado a todos los aspectos de la economía mundial. Ante estos factores negativos los países en vías de desarrollo encontraron que las estrategias que les habían permitido desarrollarse en el pasado inmediato estaban totalmente agotadas.

El problema más grave por lo urgente era el de la deuda externa, cuyo monto al dejar la presidencia el licenciado López Portillo era de 91,552 millones de dólares, lo que significaba el 53 % del PIB; de esta deuda 19,600 millones fueron contraídos en 1981 y 7,719 millones en 1982, lo que quiere decir que en los dos últimos años del gobierno lópez portillista el país incrementó su deuda con el exterior en 27,319 millones cuando en 1980 era de 64,233, o sea aumentó un 42 %.

Más que en su monto, lo verdaderamente dramático era que el 46 % de la deuda estaba contratada para ser pagada en tres años o menos y el 27 % para ese mismo año de 1983; era por tanto impagable y por ello su servicio quedó suspendido desde 1982 con el consiguiente descrédito de la nación. Como es lógico los acreedores extranjeros no renovaron sus créditos, lo que convertía en angustiosa la situación del gobierno porque en el último año los recursos provenientes de la deuda financiaron el 33 % del presupuesto.

No ayudaron nada para restablecer la confianza las reformas a la Constitución para introducir en ella conceptos tales como la rectoría del Estado en la vida económica, la planeación democrática y la definición de la economía mixta dividida en pública, privada y social. Pronto se aclaró que la planeación era obligatoria para el gobierno, inducida para los particulares y concertada entre el gobierno federal y las de los estados; por lo que respecta a la rectoría del Estado y la economía mixta se dieron todas las explicaciones tranquilizantes posibles; sin embargo nunca desapareció por completo el regusto de que sobrevivían las ideas estatistas de los dos regímenes anteriores.

La solución en el corto plazo era renegociar la deuda para extender plazos y, de ser posible, bajar intereses y lograr quitas; sin pero los acreedores no estaban dispuestos a negociar mientras el gobierno mexicano no demostrara con hechos que había suspendido el derroche y que hacía esfuerzos por equilibrar las finanzas públicas.

El primer paso que dio el gobierno fue un cambio en el discurso conceptual: que había que combatir la inflación, que era inaceptable convivir con ella, que el incremento general de los precios era la causa del descenso del consumo y del nivel de vida de los trabajadores, que para abatir el fenómeno inflacionario era indispensable el equilibrio de las finanzas públicas y que para superar la crisis era menester un ajuste drástico de la economía que implicaría inevitablemente medidas amargas pero necesarias y un fuerte costo social. Se instrumentaron así varias líneas de acción con el nombre de Programa Inmediato de Reordenación Económica ( PIRE ).

El gobierno se propuso en primer lugar disminuir el déficit público como proporción del PIB del 16 % al que llegó en 1982 al 8 % mediante el ajuste selectivo del gasto y el fortalecimiento de los ingresos. La reducción del gasto se fue haciendo con demasiada lentitud por las resistencias políticas que provoca; pero para aumentar los ingresos del erario se actuó con prontitud y firmeza.

Se estableció una sobretasa al Impuesto Sobre la Renta del 10 % a los contribuyentes con ingresos superiores a cinco veces el salario mínimo, al mismo tiempo que se concedieron desgravaciones a los de menores ingresos; para evitar la evasión de los impuestos en los ingresos del capital se eliminó el anonimato en la tenencia de acciones; se incrementó la tasa general del IVA del 10 al 15 %, se aumentó al 20 % la tasa sobre los bienes y servicios considerados de lujo y se elevaron los precios y tarifas del sector publico, sobre todo en los casos en que se suponía que eran de más consumo por los estratos de mayores ingresos. Con estas medidas, ya para junio de 1983 la recaudación fiscal había aumentado un 124 % en relación al mismo mes del año anterior, lográndose la meta de abatir el déficit público a la mitad como proporción del PIB (de 15.7 a 8.1 ).

La devaluación de febrero de 1982 y las que siguieron en ese año, provocaron que las importaciones de redujeran un 37 % en relación a 1981; los efectos de las devaluaciones del año anterior, más los que con menor intensidad se dieron en 1983 ( 8 % ) dieron lugar a otra baja de las compras al exterior, en esta ocasión de sólo 6.5 %, pero que acumulada a la del año anterior constituyó una corrección importante. Por otra parte, el impacto de las devaluaciones en estos dos años más la tendencia al alza de las exportaciones, hizo que éstas subieran 3.2 % en 82 y un 7.9 en 83. Ambos efectos combinados tuvieron como consecuencia que de un déficit en la balanza en cuenta corriente de 16,241 millones de dólares en 1981 y de 5,890 en 82, se pasara a un superávit de 5,860 millones de dólares en 1983.

Para lograr este resultado el gobierno simplificó el control de cambios, aunque conservándole todo su rigor: siguieron dentro del mercado controlado las divisas provenientes de las importaciones prioritarias, las exportaciones de mercancías y los pagos correspondientes a la deuda externa, pública y privada, quedando en el mercado libre todo lo demás (turismo y algunas otras migajas) . Igualmente se eliminó el requisito del permiso previo de exportación al 94 % de las fracciones arancelarias y se simplificó el sistema de importación temporal para la exportación, quedando únicamente sujetas a permiso 186 fracciones. Otra medida para corregir las cuentas externas fue abatir el contenido importado de la inversión pública a un 15 %, mientras que en 1982 éste había llegado en algunos sectores al 70 %; por ello, PEMEX recibió instrucciones precisas de reorientar hacia proveedores nacionales sus compras de bienes de capital e insumos.

Contribuyó a restablecer la confianza en el interior del país y entre los inversionistas extranjeros el que se iniciara el proceso de valuación de cada banco para acordar una indemnización justa a los antiguos accionistas de la banca. Este hecho, el inicio del arreglo de las finanzas públicas, el superávit de la balanza comercial y en cuenta corriente y la indudable potencialidad del país hicieron posible que se empezara a renegociar la deuda externa, de tal manera que al terminar 1983 se reestructuraron casi todos los vencimientos a corto plazo que un año antes equivalían a más de la quinta parte del servicio de la deuda; más aún, aunque los efectos de la crisis estaban todavía presentes, fue posible en 83 obtener créditos en el exterior por unos 1,300 millones de dólares adicionales, que contrastan muy favorablemente con el excesivo endeudamiento de los dos últimos años del sexenio anterior,

Hubo algunas otras medidas poco ortodoxas y nada efectivas para contener la inflación como mantener el control de precios de los productos básicos, indexar los aumentos a los costos de producción y “ajustar las modificaciones de salarios a las posibilidades de la planta productiva”, lo que si bien permitió detener la caída del empleo, difícilmente influyó sobre el nivel de inflación.

Todas estas medidas solo lograron la modesta meta de hacer descender la inflación de 98.9 % en que se situó en 1982 a 80.8 % en 1983, nivel que siguió siendo enorme; en cambio, el que el PIB hubiera caído sólo un 3.4 % debe considerarse más que un triunfo, un milagro que debe atribuirse a las políticas austeras del gobierno de de la Madrid.

Pasado el peor impacto de la crisis de 1982, el gobierno pudo ya en 1984, poner en práctica el Plan Nacional de Desarrollo que debía regir hasta el fin del sexenio y que se había centrado en dos grandes líneas: la reordenación de la economía y una política de cambios estructurales.

Durante los años de 1984 y 1985 siguió la tendencia de recuperación de la economía, aunque difícilmente se podría decir que se había superado la crisis; en el primero de esos años el PIB creció un 3.4 % y en el segundo un 2.2 %, tasa inferior a la del aumento de la población; sin embargo, hay que considerar como un logro el que dadas las circunstancias no se hayan producido quiebras masivas ni haya crecido el desempleo abierto.

La producción industrial iba aumentando: en 84 creció un 7 % sobre la de 83, la generación de energía eléctrica subió un 8.8 %, la construcción que fue el sector mas golpeado por la crisis, tuvo un aumento del 6.8 %, la producción de petroquímicos que en 83 fue superior un 6 % sobre 82, volvió a elevarse en 84; la capacidad instalada de electricidad en 1985 era ya mayor en un 13 % a la de 82.

En la agricultura se obtuvieron también relativamente buenos avances gracias a las buenas lluvias y a los precios de garantía. El año agrícola 1983-84 mostró un crecimiento en la producción del 4.8 %, con lo que el país fue autosuficiente en trigo, frijol, azúcar, café, hortalizas, frutas, ajonjolí y forrajes; en cambio se siguió siendo deficitario en maíz (un 25 %), sorgo, arroz y oleaginosas. En el año agrícola 84-85 la producción de maíz, trigo y arroz aumento un 2 % sobre la del año anterior, y la producción agrícola total se elevó un 4 %.

Se logró ahorrar recursos, divisas principalmente, incrementando la eficiencia de las paraestatales. La Comisión Federal de Electricidad aumentó la productividad por hombre ocupado de 927 a 998,000 kilowatts horas y la utilización de la capacidad instalada en las termoeléctricas subió de 64 a 72 %. PEMEX cubrió el 85 % de sus gastos totales con recursos propios, mientras que en 1982 esa proporción era del 61 %; para ahorrar energía, logró reducir en 10 % el consumo de hidrocarburos en sus procesos internos; además la quema de gas en la atmósfera bajó de 15 % de la producción en 1982 a sólo 6 % en 85. La siderurgia, por su parte, redujo en 25 % su uso del carbón por tonelada de acero. La CFE, redujo de sus compras provenientes de importaciones, del 59 % en el período 77-82 al 35 % en 1985; igualmente PEMEX sólo importó el 28 % de sus adquisiciones contra el 66 %, en los mismos años.

Estos modestos crecimientos de la producción tuvieron buena respuesta en la creación de plazas de trabajo, probablemente porque la política de empleo en parte se basaba en la moderación de los incrementos salariales, así por ejemplo, el aumento del salario mínimo en 1984 fue de 57 % mientras que la inflación de ese año fue de 59.2 % y la del año anterior de 81 %. En consecuencia, el número de afiliados permanentes al IMSS aumentó 141,000 en 1983 y medio millón en 1984, con lo que pasó de 5,800,000 en 1982 a 6,700,000 en 1984, esto es, hubo un incremento del 15 % y para julio de 1985 ya se habían registrado 202,000 afiliaciones más.

Los avances logrados se compensaron en gran parte porque los precios del petróleo siguieron bajando para pasar de 30.60 dólares el barril de la mezcla mexicana en 1980 a 28.00 en 1985, este descenso que parece pequeño era particularmente grave porque se adicionaba a los que ya habían acontecido en 1981 y 1982 y porque el petróleo significaba el 76 % de la exportaciones de México y más de la mitad de los ingresos del erario; en junio de 85 el país intentó mantener los precios y esto le costó la pérdida de la mitad de su mercado, por lo que en julio y agosto tuvo que recortar sus precios a niveles internacionales para poder recuperar lo perdido. Por la exportación del petróleo se obtuvieron 16,600 millones de dólares en 1983 y 16,000 en 84, mientras que en 1985 este ingreso bajó 800 millones por la baja del precio y otros 800 por la disminución del volumen vendido.

A la baja de los precios de los hidrocarburos siguió la de las materias primas minerales, agropecuarias, pesqueras y fibras textiles que, junto con el petróleo representaban casi la

totalidad de las exportaciones mexicanas. Fue necesario pues renovar las medidas de austeridad de 1983.

Los menores ingresos del gobierno hicieron indispensable reducir su tamaño, Se hicieron en 1984 profundos ajustes al gasto público, procurando no afectar los servicios fundamentales ni las inversiones indispensables y se definieron o cancelaron proyectos no prioritarios; se conservaron en cambio subsidios a los productos básicos por 375,000 millones de pesos que, aunque “manejados con austeridad y selectividad “ seguían pesando fuertemente sobre el gasto público. Como al año siguiente la situación no mejoraba se reestructuró nuevamente el presupuesto reduciendo fuertemente gastos superfluos y subsidios; se hicieron recortes subsecuentes al gasto en febrero, marzo, mayo y julio; y se llegó al extremo de disminuir a 187 los puestos de director general, oficial mayor y subsecretario que sumaban 690 en 1982. Todos estos recortes permitieron abatir el gasto corriente del gobierno en un 16 % y que la desviación de los egresos sobre lo presupuestado que en 1982 había sido del 66 %, en 83 bajara al 13 y en 84 a un 5 % sobre lo presupuestado.

Por el lado de los ingresos, si buen no se subieron los impuestos, sí se elevaron en varias ocasiones en 84 y 85 los precios y tarifas del sector público, lo que permitió a PEMEX sanear sus finanzas y reducir su deuda, pero que fue insuficiente para el sector eléctrico, que siguió teniendo un serio problema financiero.

No faltaron ilusos radicales que exigían que México declarara la suspensión de pagos o moratoria de la deuda externa para según ellos solucionar el problema financiero del país; afortunadamente el gobierno consideró que no cumplir los compromisos internacionales de crédito hubiera convertido al país en un paria de los mercados financieros del mundo y por tanto pagó escrupulosamente lo convenido, al mismo tiempo que seguía negociando la ampliación de los plazos. El éxito coronó estos esfuerzos, lográndose ampliar los plazos de vencimiento a 14 años. Fue también un indicador positivo el que la inversión privada que se derrumbó un 22.1 % en 1983, se incrementara en 7.9 y 12.2 % en 1984 y 1985, lo que sólo se puede explicar por la renovada confianza que suscitaron entre los inversionistas las políticas ortodoxas del gobierno.

Muy poco de los esfuerzos realizados se reflejó en las estadísticas: el déficit público que en 1984 había descendido al 7.2 % del PIB, en 1985 repuntó a 8.3 %; la inflación que había descendido a 59 % en 84 se elevó de nuevo a 64 % en 85; en fin, como consecuencia de una inflación muchas veces superior a la norteamericana, el tipo de cambio se desplomó de 162.10 pesos por dólar en 1983 a 450 en 1885.

Unas devaluaciones del tamaño mencionado, obviamente se reflejaron en las cuentas internas como puede verse a continuación:

( millones de dólares )

Año Exportaciones Importaciones Saldo Cuenta Corriente

1982 24,056 17,010 7,046 - 5,890

1983 25,953 15.916 10,037 5,860

1984 29,100 18,359 10,741 4,183

1985 26,757 16,784 9,973 800

Las exportaciones no petroleras y el turismo se vieron alentados por las devaluaciones del eso, pero finalmente descendieron en 1985 como resultado de la caída de las materias primas que México exportaba, muy principalmente el petróleo; igualmente el tipo de cambio depreciado encareció los productos extranjeros y por ello su importación mantuvo una tendencia a la baja, que fue interrumpida por el mayor dinamismo de la economía en 1984.

Es en extremo loable que en momentos como ese en que la inflación era altísima, el crecimiento del producto escaso y el del empleo insuficiente, el gobierno haya persistido en dos reformas estructurales profundas. La primera de ellas, la privatización, prosiguió sin descanso; de las 1,155 empresas paraestatales y fideicomisos gubernamentales existentes en 1982, ya habían sido “desincorporados”, como se decía con pudor entonces, 482 entidades públicas y quedaban otras tantas en proceso.

La segunda reforma estructural fue la apertura del comercio exterior. En 1984 se exceptuaron 2,849 fracciones del permiso previo de importación, correspondientes sobre todo a insumos, así como 2,713 fracciones del permiso de exportación; de esta manera quedaron buena parte de las importaciones liberadas del permiso, así como la casi totalidad de las exportaciones (un 88 %). Pasma imaginar la ignorancia abismal de la ciencia económica de quienes sometieron a permiso las ventas al exterior, suponiendo que así evitaban que hubiera desabasto en el mercado nacional. Al año siguiente se siguió sustituyendo el permiso por arancel, por lo que al 1º de septiembre de 1985 ya no requirieron del permiso 7,168 fracciones de las 8,977 fracciones que contenía la Tarifa General de Importación.

Las reformas y políticas del gobierno no solo estaban muy lejos de reflejarse positivamente en la vida cotidiana, sino que por el contrario su nivel había empeorado desde la crisis de 82, pero como muy bien dijo el Presidente de la Madrid “estoy convencido de que si no arreglamos los aspectos más generales de la economía no podemos recuperar el bienestar de las familias y la dinámica de las empresas”. De hecho, al término del tercer informe de gobierno del presidente, quedó la sensación de que no estaba lejano el momento de recoger el fruto de tantos esfuerzos y sacrificios. Unos cuantos días después lo que sobrevino fue el terrible terremoto del 19 de septiembre de 1985, que asoló a la ciudad de México y a extensas regiones del país.

Incontable fue el número de muertos que causó el sismo, nunca se sabrá con exactitud cuantas vidas se perdieron; los daños materiales fueron cuantiosísimos, la ciudad de México sufrió la pérdida del 30 % de su capacidad hospitalaria, 1,658 escuelas quedaron seriamente dañadas, el Distrito Federal dejó de recibir 7.6 metros cúbicos de agua por segundo para su abasto, se averiaron 1,280,000 servicios de energía eléctrica, 412 edificios fueron complemente destruidos y otros 5,728 fuertemente afectados y unas 37,000 personas quedaron sin hogar.

Otro daño de consecuencias económicas y sociales incalculables fue de carácter psicológico: mientras decenas de miles de personas dieron ejemplo de heroísmo y solidaridad, muchos otros se dejaron dominar por un estado de depresión y pesimismo, pensando que la Providencia había abandonado a este país; igualmente el gobierno perdió imagen y credibilidad porque por alguna razón misteriosa en las primeras 24 horas después del terremoto el ejército y los diferentes cuerpos gubernamentales se abstuvieron de rescatar a las víctimas de entre los escombros y ayudar a los damnificados, cuando espontáneamente se formaron grupos de voluntarios que eficazmente emprendieron las tareas de ayuda.

Una de las primeras reacciones del gobierno del Distrito Federal ante la tragedia fue la de expropiar sin razón aparente cientos de inmuebles entre los que se contaban edificios propiedad del gobierno desde tiempos de Juárez, casas y edificios que no habían sufrido daño alguno y predios baldíos en zonas residenciales; por lo que ante la protesta de los organismos empresariales dio marcha atrás. Pasado el choque traumático que lo inmovilizó, el gobierno se sumó con eficiencia a la labor de ayuda.

Un año después de la tragedia ya se habían destinado recursos para la reconstrucción y la asistencia de los damnificados por la cantidad de 340,438 millones de pesos en 1986 y de 485,000 millones en 1987, de los cuales 240,000 millones provinieron de adecuaciones tributarias de carácter temporal, 48,000 millones de donativos nacionales y 15 millones de dólares donados por el extranjero. Fue de gran ayuda el que en los últimos 17 meses se hubieran construido 48,400 viviendas.

El país estaba todavía lamiendo las heridas que le causó el terremoto, cuando se abatió sobre él una gran tragedia de tipo económico todavía peor que el sismo si no se toman en cuanta las vidas perdidas: en el primer semestre de 1986 el precio de petróleo se derrumbó estrepitosamente de 24 dólares el barril en 1985 y de 22.50 en que se había previsto en el presupuesto de 1986 a 12.00 y en algunos momentos a 8.30 por barril de mezcla mexicana. Este colapso del precio del hidrocarburo fue tres veces más grande que la baja que derrumbó a la economía lópezportillista; la pérdida de recursos equivalió a un tercio de las exportaciones totales, a un 20 % de los ingresos del erario, y a un 6 % del PIB (aunque con las medidas tomadas el PIB tuvo una caída más moderada); fue también equiparable a toda la nómina del gobierno federal y, en fin, la pérdida de ingresos fue superior a la inversión pública programada para ese año. No debe extrañar que durante 240 días se estuviera al borde de un colapso económico.

Durante ese período, el gobierno tuvo que de nuevo empezar por equilibrar las finanzas públicas, como si nada hubiera hecho en los anteriores tres años: por el lado de los ingresos incrementó los impuestos a las bebidas y al tabaco, redujo los plazos a los contribuyentes para que cumplieran sus obligaciones fiscales, fijó una carga adicional progresiva y transitoria al Impuesto sobre la Renta, aumentó de nuevo los precios y tarifas públicas y en el caso de la gasolina elevó su precio a pesar que en el resto del mundo estaba a la baja. En fin, para obtener más recursos el gobierno reemprendió la privatización de las paraestatales no estratégicas ni prioritarias, lográndose la desincorporación de 205 entidades en 1986, quedando en proceso otras 261.

Al mismo tiempo se recortó el gasto programable, esto es, exceptuando el servicio de la deuda, a un 22 % del PIB, cuando en 1981 era del 31 % y se eliminaron subsidios al consumo para sólo quedar los otorgados al maíz y a la harina de trigo; los destinados a las paraestatales experimentaron una reducción del 60 %. Igualmente las paraestatales redoblaron sus esfuerzos para mejorar su productividad y disminuir sus importaciones. PEMEX, por ejemplo, bajó sus compras al exterior a un 17 % de las totales y redujo la quema de gas a un 3 % ; CONASUPO importó casi la mitad de los que hacía tres años atrás.

Todos los esfuerzos por equilibrar las finanzas públicas resultaron en vano ante la brutal caída de los ingresos del erario por concepto del petróleo: a su vez, las inversiones públicas y privadas se desplomaron, la inflación repuntó verticalmente y el PIB tuvo en los tres años siguientes un crecimiento inferior al de la población, como se muestra en seguida:

Déficit Público Inversión Total Pública Privada Inflación PIB

Años ( % del PIB) v a r i a c i ó n p o r c e n t u a l a n u a l

1986 -15.0 -11.6 -14.2 -10.4 105.7 -3.11

1987 -16.0 0.4 -12.2 6.4 159.2 1.7

1988 -11.7 5.8 -4.3 10.2 51.7 1.3

A pesar de que en 1985 el Congreso de Cartagena, en que participó México con otros diez países latinoamericanos, urgió a los países desarrollados a activar su comercio y sus flujos financieros con América Latina, en 1986 nuestro país no recibió apoyos crediticios externos no obstante que cumplió escrupulosamente sus obligaciones; quedaron por tanto las exportaciones prácticamente como la única fuente de divisas.

Para promover las ventas al exterior se mantuvo subvaluada la paridad del peso con el dólar y muy principalmente se prosiguió con valentía la liberación del comercio exterior. En noviembre de 1985 se había firmado ya ad referendum, el protocolo de adhesión al GATT; para diciembre el 90 % de las fracciones arancelarias estaban exentas del permiso de importación quedando sólo en vigor 427; en abril de 1986 se redujo el arancel máximo del 100 % al 50 % ad valorem; unos meses después se suprimieron los precios oficiales y se ratificó el ingreso al Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT). Como resultado de estas políticas y a un superávit agropecuario favorable las exportaciones no petroleras crecieron un 26 % y las manufactureras un 46 %, lo que permitió mantener una balanza comercial positiva, pero no tanto como para compensar siempre las erogaciones por el servicio de la deuda externa. Las cifras se muestran a continuación:

Pesos por m i l l o n e s d e d ó l a r e s

Año dólar Exportaciones Importaciones Saldo Cuenta Corriente

1986 921 21,804 16,784 5,020 - 1,374

1987 2,260 27,600 18,812 8,788 4,239

1988 2,330 30,692 28,082 2,610 - 2,376

Como resultado del empecinamiento en seguir políticas prudentes y austeras, a mediados de 1987 parecía que la economía había superado la crisis, en el segundo semestre el PIB creció un 3.4 %, el superávit primario de la hacienda pública fue de 1.6 % del PIB, las exportaciones no petroleras se incrementaron un 24 % sobre 1985, año en que ya habían subido un 41 % y el número de asegurados en el IMSS creció un 3 % entre 87 y 86.

No obstante todo lo anterior, a finales del año las expectativas se revirtieron debido a la caída de las bolsas de valores del mundo, incluso la Bolsa Mexicana de Valores y por las elevadas tasas de inflación doméstica.

Ante el alza de los precios el movimiento obrero amenazó con una huelga general si no se daba una aumento fuerte a todas las remuneraciones laborales; pero éste no se podía conceder porque desataría una carrera de precios y salarios en que estos últimos la perderían como siempre.

Como la inflación no provenía ni del exceso de la demanda, ni del desbalance de las finanzas públicas, sino de los efectos retrasados de carácter psicológico de las crisis pasadas, no procedía en estas circunstancias contraer la demanda, sino ir a las causas de la desconfianza buscando una concertación entre el gobierno y los sectores productivos, para que cada uno adquiriera compromisos factibles para abatir la inflación y reanudar el crecimiento.

Después de varias semanas de arduas negociaciones se firmó el 15 de diciembre de 1987 por representantes obreros, empresariales y gubernamentales el que se llamó Pacto de Solidaridad Económica. Por él, el gobierno se comprometió a disminuir el gasto programable del 22 % del PIB en que se situaba en 1987 a 20.5 % en 1988; a elevar el superávit primario de 5.4 a 8.3 % entre esas mismas fechas; a reducir el arancel máximo de importación de 40 a 20 %, con una estructura tarifaría del 0 al 20 % y a prácticamente sustituir todos los permisos de importación por aranceles; a cambio de eso se devaluó la moneda un 22 %, se anunció que habría ajustes en el ISR y en otros gravámenes y que a partir del 1º de marzo los precios y tarifas del sector público se ajustarían de acuerdo con la inflación proyectada.

Los trabajadores obtuvieron un aumento del 15 % de los salarios mínimos del 16 al 31 de diciembre de 1987, otro del 20 % del 1º de enero al 29 de febrero de 1988, otro del 15 % a los salarios contractuales y un incremento mensual de los salarios mínimos a partir del 1º de febrero de acuerdo con la evolución de los precios de la canasta básica. Los empresarios se

obligaron a moderar los precios. El propósito de todo ello era llegar a una inflación máxima del 2 % a finales de 1988.

Con estos acuerdos se lograron sanear las finanzas públicas y se culminó el proceso de apertura unilateral del comercio exterior al costo de que la inflación subió verticalmente hasta casi el 180 % en el mes de febrero y de que permaneciera vivo el peligro de mayores incrementos de precios a causa de la indizacion del tipo de cambio así como de los salarios mínimos y de los precios y tarifas del sector público.

Se hacía pues indispensable una corrección al Pacto y ésta se logró en las sucesivas concertaciones de marzo, abril, junio y septiembre que extendieron su vigencia hasta noviembre de 1988. En estas negociaciones de tomó la trascendental decisión de mantener fijo el tipo de cambio del peso y de no incrementar los precios y tarifas del sector público durante el resto del gobierno del Presidente de la Madrid; en cuanto a los salarios, si bien se aumentaron un 1 % al mes de marzo, quedaron sin modificación desde el mes de abril hasta el 30 de noviembre de 1988.

Los resultados fueron espectaculares: la recaudación fiscal pasó de 28. % a 31.3 % del PIB, el déficit del sector público se redujo del 16 al 11.7 del producto, la inflación se desplomó del 180 al 51.7 % y el tipo de cambio se mantuvo prácticamente estable (un 3.1 % de devaluación ). Todo ello en el curso del año de 1988.

Además de lo anterior, en 1988 se negoció la deuda externa con tal éxito que se pudieron canjear bonos de la deuda mexicana por 3,365 millones de dólares por nuevos bonos a un precio promedio de 69.77 centavos por dólar de los antiguos, obteniéndose así una disminución de la deuda externa por 1,108 millones de dólares y ahorro por concepto de intereses de 1,537 millones durante 20 años. La deuda interna, por su parte, disminuyó en ese año un 10 % en términos reales en relación a 1987.

En resumen, el Presidente de la Madrid tuvo un pobre desempeño si se observa que el PIB sólo creció 2 % en seis años y que la devaluación del peso fue de 1,453 % en ese breve lapso, pero si se consideran los desastres físicos y económicos que ocurrieron durante su mandato habrá que reconocer que difícilmente pudo obtener mejores resultados. Al concluir su último informe al Congreso dijo “He dicho al pueblo lo que se podía y lo que no se podía hacer; he dicho lo que se ha logrado y lo que ha fallado”: pudo haber agregado: -he hecho todo lo que se pudo hacer-.

CARLOS SALINAS DE GORTARI

(1988-1994)

Nacio en la ciudad de México el 3 de Abril de 1948. Realizó estudios de primaria en la escuela "Abraham Lincoln", de la secundaria en el número 3 "Héroes de Chapultepec" y de preparatoria en el número 1 de San Idelfonso. Es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se tituló con mención honorífica en 1969. Cursó las maestrías en Administración Pública, en Economía Política y Gobierno en la Universidad de Harvard, institución en la que obtuvo también el doctorado en Economía Política y Gobierno en 1978. Durante varios años fue profesor de la UNAM, el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos y el ITAM. Dentro de la administración pública ha desempeñado diversos cargos desde 1970 en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que fue, entre otras cosas, Director General de Planeación Hacendaria en 1978-1979, y en la Secretaría de Programación y Presupuesto, dependencia en la que fungió como Director General de Política Económica y Social de 1979 a 1981 y, a partir del primero de Diciembre de 1982, fue titular de la misma. Inició sus actividades partidistas a los 18 años de edad, ingresado al Partido Revolucionario Institucional en 1966. En 1971 se incorporó al Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI y fue profesor en el Instituto de Capacitación Política del propio Partido. En 1979 fue Subdirector de Estudios Económicos de dicho Instituto y en 1981-1982. Durante la campaña política del Lic. Miguel De la Madrid, se desempeñó como Director General del IEPES. Desde 1982 es miembro de la Comisión Nacional de la Ideología del PRI. Es autor de varias publicaciones entre las que destaca su libro "Producción y participación política en el campo" (México, UNAM 1980), así como los ensayos: "La inducción en el sistema nacional de planeación en México", en Aspectos Jurídicos de la Planeación en México, ( México, Porrúa, 1981), "Consideraciones económicas acerca de la regulación de la empresa pública", "En Anuario Jurídico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM" (Agosto de 1981), "Rectoría del Estado, en la Constitución Mexicana, Rectoría del Estado y Economía Mixta (México, Porrúa, 1985). El Licenciado Salinas de Gortari pertenece a los órganos de gobierno de más de 18 entidades paraestatales y organismos descentralizados dedicados a la salud y seguridad social. La investigación, la educación y la económia. Así mismo, ha participado en varias ocasiones como jefe de la Delegación Mexicana correspondiente, en diversas reuniones internacionales en Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos, Guatemala, Japón y la República Popular de China. Hijo del servidor público neolonés Raúl Salinas Lozano y de la maestra Margarita de Gortari Carvajal, el Lic. Carlos Salinas de Gortari está casado con Cecilia Occeli González y tiene tres hijos: Cecilia, Emiliano y Juan Cristóbal. Recibió el Poder el 1o. de Diciembre de 1988 y gobernó hasta el 1o. de Diciembre de 1994

Cuando tomó posesión de la presidencia de la República el licenciado Carlos Salinas de Gortari, se puede decir que México ya había superado la crisis de la llamada “docena trágica” (1970-1982), así como las derivadas de los desastres ocurridos durante el anterior gobierno; en efecto, el PIB empezaba de nuevo a crecer, la inflación a ceder y el déficit público a disminuir e igualmente se habían iniciado por el Presidente de la Madrid dos transformaciones estructurales fundaménteles al sistema económico mexicano: la privatización, o desincorporacion si se prefiere, del enorme e ineficiente aparato paraestatal que competía deslealmente con las empresas privadas produciendo todo genero de mercancías y servicios y el sistema proteccionista a ultranza que había convertido a la industria nacional en obsoleta y no competitiva en los mercados internacionales; además el Pacto de Solidaridad había comprometido al gobierno a luchar contra la inflación por medio del saneamiento de las finanzas publicas.

El Presidente Salinas fue continuador de la política de de la Madrid pero más que eso la profundizó, la amplió y le dió un contenido doctrinario más claro; desde el principio de su mandato fustigó el modelo mercantilista-dirigista existente en México por décadas, atacando en especial al proteccionismo, al intervencionismo gubernamental en la vida económica y a la política expansionista basada en los déficit públicos y en la inflación.

El nuevo presidente precisó su pensamiento en términos no escuchados hasta entonces el un medio político y burocrático. Reconoció que México usó con éxito, aunque no siempre con acierto, de la protección y de los subsidios parra desarrollarse y que adquirió empresas quebradas para salvar las fuentes de trabajo, pero que eso no era en lo sucesivo posible porque las circunstancias habían cambiado; “el estatismo surgió por el fracaso del ultraindividualismo de los años '20 y de la gran recesión de 1929-1934 y fue válido en los dos decenios siguientes, pero en la actualidad solo defiende privilegios”; “el proteccionismo y la sobreregulación crean monopolios, abusos y subsidios indiscriminados, así como proteger a unos pocos productores contra la población consumidora”; “es necesaria la desregulación para bajar los costos y ser más competitivos”; “que el gobierno no gaste lo que no tiene, las finanzas públicas deficitarias producen inflación y ésta lastima más a los que menos tienen”; “un desarrollo permanente y justo requiere de la estabilidad de precios”; “un Estado más grande no es necesariamente más capaz ni uno mas propietario es más justo”; “el nacionalismo no está asociado a un Estado más propietario sino a uno más justo”; “un gobierno que no atiende a las necesidades del pueblo por estar ocupado administrando empresas no es justo ni revolucionario”; “un gobierno incapaz de atender a las necesidades sociales, tampoco puede defender la soberanía”; “no se trata de determinar si el sector privado es mejor administrador que el gobierno, sino que el dilema es entre propiedad que atender y justicia que dispensar”. En fin, ”la quiebra de los modelos de desarrollo sobreprotegido, de economías estatizadas y de regímenes políticos autoritarios nos dan la razón”.La primera tarea a la que se avocó el gobierno fue sanear las finanzas públicas. Entre 1987 y 1994 el número de contribuyentes no asalariados subió de 1,760,000 a 5,660,000, es decir un 222 % y en ese mismo período la recaudación del gobierno federal creció un 32 % en términos reales, no obstante que se redujo la tasa marginal del ISR a personas físicas del 50 % al 35 %, el impuesto a la renta de las empresas del 40 al 34 % y el IVA del 20 y 15 % al 10 %; en el último año del gobierno de Salinas se otorgó un subsidio fiscal a los trabajadores que recibían un salario mínimo para elevar sus ingresos entre 7.5 y un 10.8 %, así como la exención del ISR a los que ganaban hasta dos salarios mínimos.

Estas reducciones a los impuestos no compensaron el establecimiento del Impuesto Sobre Activos, gravamen que si bien evita la evasión principalmente de empresas internacionales y no afecta a los causantes que cubren el ISR, es eminentemente injusto con las empresas que efectivamente sufren pérdidas. Por su parte, los precios y tarifas públicos experimentaron los siguientes incrementos por los acuerdos del Pacto del 10 de noviembre de 1991: el diesel un 9.7 % y durante 1992 a razón de diez pesos mensuales; el gas licuado un 2.4 % y durante 92 un incremento mensual de 2.5 %; la energía eléctrica para uso residencial un 15.3 % y para industrias un 14.5 % en promedio. El aumento a las gasolinas fue mayor para disuadir el consumo y su precio se debía ir adecuando al de los precios internacionales. En la concertación del Pacto de octubre de 93 se atenuaron estos aumentos al especificarse que los precios se alinearían a los internacionales y que el deslizamiento de las tarifas eléctricas y de las gasolinas no rebasaran el 5 % anual.

Durante el gobierno del Presidente Salinas el gasto publico disminuyó un 25 % en términos reales, mientras que el gasto social pasó a ser del 54 % del gasto programable (esto es sin considerar el servicio de la deuda), cuando en 89 era del 32 %; este resultado se obtuvo, por supuesto por una estricta disciplina fiscal, pero el factor más importante fue el arreglo de la deuda externa. En 1989 el gobierno propuso a los más de 500 bancos acreedores que representaban la casi totalidad de los créditos contra México, cualquiera de estas tres fórmulas: o bien una reducción del 35 % del saldo de la deuda, equivalente al precio al que se cotizaban lo papeles mexicanos en el mercado internacional, o bien una tasa de interés fija del 6.25 %, o bien recursos frescos por cuatro años. La mayoría optó por la primera opción, una importante minoría por la segunda y unos cuantos por proporcionar recursos frescos.

Los acreedores aceptaron la oferta mexicana, porque consideraron que el país estaba siguiendo una política económica que garantizaba el pago de sus obligaciones, siempre y cuando se le liberara de una carga insoportable; por otra parte el descuento que aceptaban era el mismo que hubieran tenido que conceder si quisieran vender sus créditos en el mercado secundario. De esta manera la deuda externa pasó del 50 % del PIB en 1988 al 17 % y México pudo liberar recursos que le permitieron crecer.

Al mismo tiempo la deuda interna disminuyó del 20 % del PIB en 1988 al 5 % en 1994, gracias a la caída espectacular de las tasas de interés entre estos mismos años; los CETES a 28 días, por ejemplo bajaron su rendimiento de 52.3 % en diciembre de 88 a 13.6 en octubre de 1994 y el pago que tenía que realizar el erario por este concepto bajó del 18 al 2.5 % del PIB, o si se prefiere del 44 al 10 % del gasto público debido también a que disminuyó a algo más de la quinta parte el vencimiento promedio delos créditos La fuerte reducción del servicio de la deuda permitió incrementar el gasto social en más del 85 % durante la administración salinista.

El arreglo de la deuda pública, sobretodo la interna, se realizó principalmente con los recursos provenientes del alza de los precios del petróleo y los de la privatización. La intranquilidad que causó la Guerra del Golfo hizo que subieran los precios del petróleo considerablemente, con la consiguiente utilidad de los países productores. El gobierno mexicano consideró atinadamente que en un tiempo relativamente breve concluiría el conflicto bélico y volverían a su nivel normal los precios y por ello tomó tres medidas precautorias: en primer término en el presupuesto solo se calculó la mitad del precio prevaleciente durante el tiempo de guerra; en segundo lugar, adquirió opciones a futuros por si la baja prevista fuera menor que la que se diera en la realidad y, por último, las utilidades petroleras por este concepto pasaron a formar un fondo de contingencia que en 1994 se aplicó a cancelar pasivos con el Banco de México por 20 billones de pesos (20,000 millones de nuevos pesos)

Igualmente pasaron a formar parte del Fondo de contingencia los recursos provenientes de la desincorporación durante el sexenio de 415 entidades paraestatales (el 67 % de las existentes en 1988, entre ellas Teléfonos de México y las compañías de aviación), y de los 18 bancos estatizados por López Portillo, que se vendieron en licitación a tres veces su valor en libros y a 15 veces la relación precio-utilidad. En ambos casos el gobierno consideró con acierto que no era prudente aplicar ingresos que se percibían por una sola vez al financiamiento de gastos permanentes.

Todo hacía pensar que con el aumento de los ingresos, la contracción de los gastos y el arreglo de la deuda pública permitirían que las finanzas públicas pasaran de un déficit a un superávit con el consiguiente abatimiento.

Déficit Público Inflación

Años (% del PIB) (Variación % Anual)

1989 -5.2 19.7

1990 -3.6 29.9

1991 -1.4 18.8

1992 0.4 11.9

1993 0.7 8.0

1994 -0.1 7.1

De las anteriores cifras llaman la atención dos cosas: el repunte inflacionario en 1990 que el mismo Presidente Salinas explicó por la necesidad de aumentar los precios y servicios públicos para corregir sus rezagos, pero que impidió que al final del sexenio se llegara a la ansiada meta de alcanzar una inflación similar a la de los estados Unidos. El segundo caso es la magra reducción en 1994 de la inflación en sólo nueve décimas de punto en ese año que no corresponde a un presupuesto prácticamente en equilibrio porque una décima de punto no debiera tener mayor influencia. La verdadera explicación reside en que las cifras de 93 y 94 estuvieron maquilladas; en efecto, a partir de 1992 se dejó de incluir en los egresos del erario al déficit por la intermediación financiera, es decir la diferencia entre el costo de captación de recursos por la banca de desarrollo y el interés al que presta. Este déficit en 1994 llegó casi al 5 % del PIB, lo que provocó una considerable liquidez en poder del público y ésta se tradujo en una presión que impidió que bajara la inflación.

La explicación del considerable déficit por la intermediación financiera debe encontrarse en parte en operaciones poco juiciosas de la banca de desarrollo, pero quizá también en el deseo de compensar la pequeña recesión de 1992 y en el intento de captar las simpatías electorales de los 415,000 micro, pequeños y medianos empresarios a los que apoyó Nacional Financiera, a los miembros de las 350 uniones de crédito que se crearon y financiaron y a la multitud de deudores a quienes se les concedieron préstamos blandísimos y a menudo irrecuperables por parte del Banco de Comercio Interior, Banrural y Banobras. Este hecho se transformó en un importante factor negativo al principio del gobierno del Presidente Zedillo como se verá posteriormente.

No obstante lo anterior, la administración del licenciado Salinas estableció un mecanismo eficaz para controlar en lo sucesivo al dotar de autonomía al Banco de México para impedirle financiar con dinero fresco el déficit hacendario.

Una reforma estructural que podrá transformar en el futuro la agricultura de México, fue la modificación al artículo 27 de la Constitución y a la Ley Agraria. El presidente declaró desde principios de su régimen que el reparto de la tierra había concluido porque ya no había más tierras que repartir y que si bien antes el reparto respondía a razones de justicia, ya para entonces era improductivo y empobrecedor; de hecho la prevalencia del minifundio era un factor de pobreza de los campesinos tan grave como en su tiempo había sido el latifundio. Ahora reforma agraria ya no debía querer decir reparto sino aumento de la producción.

De acuerdo con estas ideas las reformas a la legislación agraria promovidas por el Presidente Salinas dieron certeza jurídica a los agricultores, confirmaron las tres formas de tenencia de la tierra existentes , o se la pequeña propiedad, la ejidal y la comunal, dieron libertad a los ejidatarios para disponer de su tierra, ya sea rentándola, hipotecándola o vendiéndola y permitieron la asociación de ejidos con pequeños propietarios o empresas. Esta reforma ha dado lugar a inversiones importantes en la agricultura comercial tecnificada de las regiones del Norte, pero desgraciadamente no ha sido debidamente aprovechada, principalmente en el sur por razones culturales y por la presión política de grupos ideológicos y de comisariados ejidales.

Otra modificación importante fue el cambio de régimen del subsidios agrícolas; se estableció el Programa de Apoyo Directo al Campo, PROCAMPO, por el cual se dan a los campesinos apoyos directos por hectárea que sustituyen gradualmente el subsidio implícito en los precios de garantía: de esta manera se benefició a más de dos millones de campesinos que no gozaban de precios de garantía por producir fundamentalmente para el autoconsumo. Por las mayores inversiones, la seguridad jurídica, los créditos y un buen régimen de lluvias desde 1992 el país fue autosuficiente en maíz y frijol; aun cuando la productividad agrícola siguió siendo muy baja.

De gran trascendencia para el futuro fue la creación del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) consistente en una prestación a los asalariados, a cargo de los patrones, por el 2% del salario integral, para formar fondos para los casos de jubilación, incapacidad, desempleo o fallecimiento. La gran innovación del SAR es que los recursos captados van a cuentas individuales con un rendimiento garantizado, de cuyo monto es informado periódicamente cada cuentahabiente. El sistema de AFORES, sucesor del SAR, está destinado con el tiempo a convertirse en la principal fuente de ahorro doméstico y de inversiones a largo plazo. En 1994 el SAR contaba con aportaciones para 12 millones de trabajadores por la cantidad de 24,000 millones de nuevos pesos.

También fueron medidas de gran trascendencia: el nuevo reglamento a la Ley de Inversiones Extranjeras que eliminó la discrecionalidad en las resoluciones, redujo los trámites y requisitos y dio seguridad jurídica a los inversionistas; la reclasificación de muchos productos petroquímicos de básicos a secundarios, que permitió que las empresas privadas invirtieran en ellos y aumentaron su producción; la autorización a las empresas privadas para generar la energía eléctrica que consuman, vendiendo sus excedentes a la Comisión Federal de Electricidad y, sobre todo, la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.

Desde el primer año de su gobierno el Presidente Salinas anunció su intención de negociar acuerdos bilaterales de libre comercio que proporcionaran a México una adecuada reciprocidad a la apertura unilateral que México había venido haciendo de su comercio exterior. El primer tratado que se firmó fue con Chile en septiembre de 91 y posteriormente se negoció otro con Colombia y Venezuela que entró en vigor en 1994. Las negociaciones del tratado con Estados Unidos y Canadá, por razón de su misma importancia, fueron mucho más largas y complicadas.

El Senado de la República organizó en 1990 un foro Nacional de Consulta par determinar si había un consenso sobre la conveniencia del TLC; logrado éste, de inmediato se movilizó el sector empresarial para presentar a los negociadores del gobierno cuales eran las posiciones de cada sector y subsector de la industria mexicana y ya para 1991 se habían formado 18 grupos de trabajo integrados por representantes fundamentalmente del gobierno y del empresariado para analizar conjuntamente cada uno de los aspectos del tratado y así presentar un frente común ante los negociadores norteamericanos y canadienses.

Las negociaciones de gobierno a gobierno no se concluyeron sino hasta finales de 1992 porque por presiones políticas fue necesario incluir en el texto adiciones sobre los temas laboral y ambiental. El resultado fue realmente excelente. México no contrajo ninguna obligación en materia petrolera; los Estados Unidos y Canadá, reconociendo el menor grado de desarrollo de México, abrirían de inmediato su mercado al 84 % de las exportaciones mexicanas y México sólo el 41 % correspondiente a bienes de capital e insumos que no producía; el resto se iría desgravando gradualmente en plazos de 5 a 15 años. El TLC incluyó provisiones para sancionas prácticas desleales y salvaguardas, así como procedimientos para resolver equitativamente las diferencias. No fue sino hasta finales de 1993 que el Congreso de los Estados Unidos, después de muchos debates, aprobó el tratado; este hecho tuvo consecuencias negativas para México porque muchas inversiones se detuvieron en ese año hasta ver si finalmente se aprobaba o no.

La enorme importancia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte no puede ser minimizada. Para México significa la apertura del mercado más grande del mundo a sus exportaciones, principalmente de manufacturas, así como un factor fundamental para la atracción de inversiones y la creación de empleos; para Estados Unidos y Canadá representa la adición de un mercado dinámico y creciente y una mayor competitividad sobre los productos del resto del mundo.

No era necesario el TLC, con todas las ventajas que significó, para acelerar las exportaciones, sobre todo las de manufacturas, bastaron la apertura del comercio exterior que obligó a la planta productiva mexicana a ser competitiva, y las legislaciones mexicana y norteamericana que propiciaron el desarrollo de la industria maquiladora. El siguiente cuadro ilustra este dinamismo:

Exportaciones Importaciones Saldo Cuenta Corriente

Años M i l l o n e s d e d ó l a r e s

1982 24,056 17,010 7,046 -5,890

1988 30,669 28,082 2,610 -2,376

1989 35,171 34,766 405 -5,821

1990 40,711 41,593 -882 -7,451

1991 42,688 49,967 -7,279 -14,647

1992 46,196 62,129 -15,933 -24,438

1993 51,886 65,367 -13,481 -23,399

1994 60,882 79,346 -18,464 -29,662

Al mismo tiempo que la exportaciones crecían, también lo hacían las importaciones debido a que el desarrollo económico del país requería del exterior más y más bienes de capital e insumos indispensables para el progreso de la industria nacional; pero también hay que reconocer que a medida que aumentaba el ingreso de la población se incrementaba su apetencia por los productos importados de consumo que se iban haciendo más baratos conforme la diferencia entre las inflaciones mexicana y estadounidense era superior a las devaluaciones que experimentaba el peso.

El primer Pacto de Solidaridad en diciembre de 1987 estipuló que el tipo de cambio se deslizaría conforme a la inflación, pero en la concertación de marzo de 88 y en las siguientes, se convino en mantener fija la paridad hasta diciembre de 1988; en enero de 1989 se acordó un deslizamiento de un peso diario que se mantuvo hasta mayo de 90, en que se redujo a 80 centavos por día, por considerarse que así se abatiría más rápidamente la inflación: en noviembre de ese año y por las mismas razones se bajó el deslizamiento a 40 centavos diarios, para todavía un año después (noviembre de 1991) reducirlo de nuevo a 20 centavos al mismo tiempo que se abrogaba el control de cambios. Este régimen continuó hasta que finalmente en octubre de 1992 se creó una banda de flotación de la paridad en la que el precio de venta del dólar se deslizaría a razón de 40 centavos por día y el de compra se mantendría fijo. Estos deslizamientos llevaron el tipo de cambio frente al dólar a los siguientes niveles:

Tipo de cambio

Años Promedio Fin del período

1988 2.29 2.33

1989 2.48 2.69

1990 2.84 2.96

1991 3.02 3.10

1992 3.09 3.18

1993 3.16 3.33

1994 3.28

La relativa estabilidad del peso (43% de devaluación en siete años) y los crecientes déficit en las balanzas comercial y en cuenta corriente hicieron temer a muchos de que el peso estaba sobrevaluado y que era necesaria una devaluación más acentuada; de hecho algunos analistas calcularon la sobrevaluación en aproximadamente un 15 %.

El Presidente Salinas y las autoridades hacendarias y crediticias desecharon estos temores y cálculos argumentando que la planta productiva seguía siendo competitiva como lo demostraba el que las exportaciones a los Estados Unidos en 1994, compradas con las del año anterior, hubieran crecido un 22 %, las no petroleras un 25 y las manufactureras un 27 %, aumento éste que duplicaba las del resto del mundo a los Estados Unidos. Por otra parte, el incremento de las importaciones no debía preocupar porque los bienes de capital y los insumos representaban casi el 90 % de las totales, lo que debía atribuirse al desarrollo mismo de la economía del país.

Por lo que respecta al déficit en la cuenta corriente, el presidente argüía que México había dejado de transferir recursos al exterior equivalentes al 6 % anual del PIB, para recibirlos a razón de un 3.2 % anual entre 1990 y 1993, mientras que en el primer semestre de 94 el flujo de recursos foráneos había ascendido a 12,000 millones de dólares. “Si tuviéramos superávit en cuenta corriente seríamos exportadores de capital”. Estos razonamientos teóricamente válidos convencieron a los expertos, pero no tranquilizaron del todo a los legos en economía.

El arreglo de la deuda pública, las finanzas del gobierno equilibradas, la inflación a la baja, la apertura del comercio exterior, el dinamismo consiguiente de las exportaciones y las políticas modernizadoras y liberadoras de la pesada carga neomercantilista e intervencionista prevaleciente en las décadas anteriores crearon un ambiente propicio para las inversiones privadas nacionales y extranjeras que dio por resultado un crecimiento constante del PIB, como lo muestras las cifras siguientes:

Variación Porcentual Anual

Inversión

Años Total Privada Pública PIB

1989 5.8 5.3 7.1 4.2

1990 13.1 13.8 11.2 5.1

1991 11.0 14.5 0.6 4.2

1992 10.8 15.0 -3.3 3.6

1993 -2.5 -3.2 0.4 2.0

1994 8.4 9.8 2.9 4.5

En todos los años el crecimiento del producto interno bruto fue superior al de la población excepto en el año de 1993, lo que debe atribuirse a la disminución de la actividad económica en el resto del mundo, a la baja de la inversión pública en 1992 y a la de la inversión privada, ésta última atribuible en buena parte a las dudas que surgieron sobre si el TLC de América del Norte iría a ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos o no.

El crecimiento económico fue acompañado por un mejoramiento de las condiciones de vida: el empleo se elevó considerablemente como lo muestra que el número de afiliados al IMSS haya aumentado un 26 % entre 1988 y 1994; el índice de desempleo abierto descendió cada año excepto en '93; el salario promedio se elevó en el sexenio un 22 % en términos reales y el de la industria manufacturera creció a una tasa del 6.3 % anual; por el Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) en octubre de 93 se acordó que los salarios mínimos aumentaran conforme la inflación y los incrementos de la productividad, a lo cual deben agregarse los bonos fiscales a quienes ganaran menos de 2 salarios mínimos; las pensiones otorgadas por el IMSS que en 1988 apenas llegaban al 35 % del salario mínimo, en 1994 ya significaban un 95 %; en fin, el Programa Nacional de Solidaridad erogó recursos por 52,000 millones de nuevos pesos, para llevar a cabo más de 523,000 obras que resolvieron carencias de miles de poblados rurales y colonias populares. Estos avances, indudablemente importantes deben colocarse en su justo término al recordar que el Presidente Salinas se enorgulleció que durante su mandato el número de mexicanos víctimas de un extrema pobreza pasó de 15 millones a la también escalofriante cifra de 13.5 millones.

Aún tomando en cuenta todas sus fallas, el gobierno salinista parecía todo un éxito y así lo reconocían las instituciones financiera uy la prensa especializada internacionales. A mediados de 1994 México ingresó al “club de los países ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por lo que parecía que estaba a punto de concluirse el deseo del Presidente Salinas expresado en 1990: “Queremos que México sea parte del primer mundo y no del tercero”.

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN

(1994-2000)

Nacido en la Ciudad de México el 27 de Diciembre de 1951. Compañero y amigo de Luis Donaldo Colosio y uno de los más estrechos colaboradores del Presidente Carlos Salinas de Gortari.Ernesto Zedillo está casado con Nilda Patricia Velasco Núñez y son padres de 5 hijos: Ernesto de 18, Emiliano de 13, Carlos de 11, Nilda Patricia de 8 y Rodrigo de 6.El joven Zedillo fue un estudiante brillante, lo que le ayudó a llegar a la Capital a estudiar en el Instituto Politécnico Nacional. Para finalizar sus estudios en 1969. Estudia la Licenciatura en la Escuela de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Fue uno de los alumnos más brillantes y la carrera de cinco años la terminó en tres.-1969. Auxiliar de auditoría en el Banco Nacional del Ejército y la Armada.-1971. Ingresó en el PRI en 1971, donde desempeño diversos cargos en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales. (IEPES).-1973. Recibió una Beca para estudiar en la Universidad de Bradford, Inglaterra.-1974. Recibe una Beca para la Universidad de Yale, Estados Unidos, donde permaneció cuatro años, obtuvo dos grados de maestría y el doctorado en economía.-1983. Es Nombrado director del Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios. (Ficorca).-1987. Pasa a ser subsecretario de la desaparecida Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP), hasta el término del sexenio de Miguel de la Madrid.-1988. Inicia el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y es nombrado Titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto.-1992. Ante la desaparición de dicha dependencia, es designado Titular de la Secretaría de Educación Pública. (SEP).-1992. En noviembre de este año renuncia a la SEP y es nombrado por Luis Donaldo Colosio como coordinador de su campaña política.

En 1971, un año antes de licenciarse, ingresó en el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y comenzó a trabajar en la Dirección de Política Económica, adjunta a la Presidencia de la República, lo que estimuló su interés por la política. Impartió docencia en el Instituto de Estudios Políticos, Económicos y Sociales (IEPES) del PRI bajo el auspicio de Leopoldo Solís y a continuación desempeñó diversos puestos de responsabilidad en el aparato económico y financiero de la administración. En estos años, Zedillo cimentó su reputación de economista y su perfil de tecnócrata, partidario de modernizar las estructuras económicas y alejado de los sectores tradicionalistas del PRI.

Desde 1978 y a lo largo de las administraciones de José López Portillo y Miguel de la Madrid Hurtado, Zedillo se desempeñó sucesivamente como: analista y subgerente de investigación económica del Banco central de México, BANXICO; responsable de la puesta en marcha del Fondo de Intercambio, Cobertura de Riesgos y Confianza (FICORCA), un órgano gubernamental, también conocido como Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios, que permitió reestructurar la deuda de muchas empresas mexicanas; y, desde 1987, subsecretario de Planeación y Control Presupuestal en la Secretaría de Programación y Presupuesto del Gobierno federal.

En de 1988 el nuevo mandatario priísta, Carlos Salinas de Gortari, también economista de formación, le nombró secretario, esto es, ministro, de Programación y Presupuesto. Como tal, Zedillo se encargó de ejecutar las directrices de austeridad en los gastos del Estado prescritas por el FMI y asumidas por Salinas como parte de su ambicioso programa de reformas liberales en la estructura de la economía, y también participó en el diseño de las políticas de desarrollo y del Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), encaminado a paliar el coste de las reconversiones en el terreno social.

En enero de 1992 Salinas le puso al frente de la Secretaría de Educación Pública, donde emprendió una profunda reforma de la educación preescolar, primaria y secundaria, que se plasmó en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En noviembre de 1993 el designado candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, a quien le unía una visión democratizadora del sistema político, le nombró coordinador general de su campaña.

Colosio fue asesinado el 23 de marzo de 1994 durante un mítin en Tijuana y seis días después, con el país conmocionado por el magnicidio, el PRI se decantó por Zedillo como nuevo postulante del oficialismo. Hombre con una imagen de servidor público competente, inteligente y honesto, pero un tanto gris y sin gancho, su ubicación en los círculos de Colosio y Salinas se interpretó entonces como una garantía para la continuidad de las reformas impulsadas durante el sexenio que tocaba a su fin.

En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Cevallos, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN), y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD). Aunque su 50,2% de votos era el más bajo porcentaje nunca recibido por un candidato priísta, los comicios registraron una participación también excepcional, del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988.

En las legislativas, el PRI pagó, entre otras razones, por la creencia generalizada de que sus poderosos sectores conservadores estaban detrás del asesinato de Colosio y perdió 20 de sus 320 escaños en la Cámara de Diputados (sobre 500), un descenso al que también contribuyó la inusual limpieza del escrutinio, fruto del pacto alcanzado por Salinas y los principales partidos. Las elecciones fueron celebradas bajo el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), aprobado por el Congreso en 1990, y organizadas y supervisadas por sus organismos asociados, el Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Federal Electoral (TFE).

El 1 de diciembre de Zedillo tomó posesión de su mandato sexenal como, según los observadores, el primer presidente del PRI elegido sin el decisivo concurso de los procedimientos tradicionales de fraude, no obstante la detección del largo brazo de la maquinaria priísta, como el uso proselitista de recursos públicos, el empleo abusivo de los medios de comunicación y la inducción al voto a cambio de emolumentos en los ámbitos clientelistas. Ahora bien, el PRI de 1994 ya no era el partido hegemónico que durante más de medio siglo había empleado los mecanismos representativos de la democracia formal a su capricho; tal condición había

empezado a cambiar en las elecciones de 1988 y ahora el PRI se presentaba como un partido simplemente predominante o mayoritario.

El 19 de diciembre Zedillo topó con una de las sorpresas más desagradables nunca encontradas por un mandatario recién inaugurado: advertido por BANXICO de que las reservas de dólares se estaban agotando en el intento de sostener al sobrevalorado peso, el presidente aprobó una devaluación del 15%, que fue invalidada de inmediato por la dinámica del mercado libre.

Lo que se reveló, en toda su crudeza, fue una gravísima crisis financiera provocada por el embarque masivo de capitales especulativos, iniciado tras el asesinato de Colosio y acelerado en las últimas semanas, que totalizó los 24.000 millones de dólares. El peso, puesto en flotación el día 22, cayó en barrena y hasta el final de año perdió el 60% de su valor, convulsionando los mercados internacionales -el popularmente conocido como efecto tequila- y situando al sistema financiero del país al borde de la quiebra.

La catástrofe pudo evitarse gracias a un apresurado plan de socorro internacional, el 21 de febrero, que, coordinado por el FMI y encabezado por el Tesoro de Estados Unidos, inyectó 51.000 millones de dólares a cambio de un drástico plan de austeridad, consistente en la subida de los impuestos indirectos y las tarifas de los servicios públicos, y la contención de los salarios por debajo de los nuevos precios.

La condición más extrema y dolorosa que le impuso Washington al Estado mexicano fue el depósito de los 7.000 millones de dólares anuales provenientes de la venta del petróleo en un banco estadounidense como garantía de pago, toda una hipoteca sobre el florón de la producción nacional. El mercado financiero volvió a estabilizarse, pero 1995 lo cerró México con una recesión económica del 6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%.

Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otro 25% en sus límites, México acentuó su condición de uno de los países con más desigualdades de toda América Latina.

Superada la tormenta monetaria, y con inusitado vigor, pues 1996 iba a registrar un 28% de inflación y una tasa de crecimiento del 5,1%, Zedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad sin poner en peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a librarse de obsolescencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública, celosamente salvaguardados con vocación patrimonial.

Al llegar a la Presidencia, Zedillo se había comprometido a continuar las reformas electorales, y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los comicios y la completa imparcialidad del IFE. La primera concreción de este objetivo fue el pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por las tres fuerzas políticas citadas más el Partido del Trabajo, esto es, todos los partidos representados en el Congreso, a fin de promover el diálogo para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema de los frecuentes conflictos poselectorales.

Esta modernización decisiva de las reglas de participación política fue consagrada, en una manifestación de consenso sin precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996 con la aprobación unánime por las dos cámaras del Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución. El PRI asumió la reforma en su XVII Asamblea Nacional celebrada del 20 al 22 de septiembre siguiente, ocasión en que además ratificó su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio "en el asfixiante modelo económico neoliberal", el mismo que, empero, venía aplicando Zedillo por motivos coyunturales. Con todo, la doctrina de "liberalismo social" acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas, fue removida de la declaración ideológica del partido.

La crisis interna del partido fundado en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario, iniciada con las convulsiones del período salinista (debate ideológico en torno al modelo económico liberal, resistencias de los sectores tradicionalistas, alzamiento indígena en Chiapas, magnicidios de Colosio y del secretario general del partido, José Francisco Ruiz Massieu) y continuada desde que Zedillo dejó claro que no estaba dispuesto a gobernar bajo presiones, se vio agravada con motivo de las elecciones legislativas federales y estatales del 6 de julio de 1997, primeras celebradas bajo la nueva normativa.

En aquella ocasión, por primera vez en su historia el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados con el 38,8% de los votos y 239 escaños, 59 menos que en la legislatura anterior, así como las gobernadurías de Querétaro y Nuevo León, que pasaron a manos del PAN y que se sumaron a las que ya poseía en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua y Baja California, siendo éste en 1989 el primer estado que perdió el PRI.

El oficialismo aseguró, con 76 escaños, la mayoría absoluta en el Senado, pero perdió la mayoría de dos tercios necesaria para aprobar modificaciones constitucionales sin apoyos externos. El gran vencedor de la jornada fue el PRD, cuyo líder, Cárdenas, arrasó con el 47,6% de los votos en las primeras elecciones a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, centro de poder muy importante dado el peso demográfico y político de la capital. Zedillo, confrontado a esta insólita cohabitación, se apresuró a felicitar a Cárdenas y añadió que en lo sucesivo "ya nadie podrá tachar al PRI de ser un partido de Estado". Ciertamente, los comicios de 1997 permitieron apreciar la articulación de un nuevo sistema en el que la competitividad partidista era real y lo que antaño era inimaginable, la alternancia en el poder federal, un supuesto posible.

La delicada situación social en algunos estados, alimentada por los abusos de los gobernantes locales del PRI, obligó a intervenir a Zedillo. Así, en 1996 forzó las dimisiones de los gobernadores de Nuevo León, tras protagonizar un escándalo de corrupción, y de Guerrero, por intentar ocultar el asesinato de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad.

Pero fue el heredado conflicto en Chiapas, ahora extendido a otros estados del sur, con su complejo cuadro de insurgencia armada, reivindicaciones indígenas de autogestión y reparación socioeconómica, y monopolio de las estructuras productivas y de poder por la oligarquía priísta, el problema más acuciante, que Zedillo trató con la política del palo y la zanahoria.

Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, ordenó al Ejército cercar la selva Lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático Subcomandante Marcos (al que de paso intentó desacreditar revelando su supuesta identidad), pero cinco días después mandó detener las operaciones.

El 21 de abril representantes del Gobierno y la guerrilla reanudaron las conversaciones en el pueblo de San Andrés Larráinzar sobre la base de las demandas de la última, las cuales condujeron desde septiembre de ese año hasta febrero de 1996 a una serie de compromisos puntuales de aplicación incierta. Los denominados Acuerdos de San Andrés sobre Derechos y Cultura Indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996, quedaron en papel mojado cuando la guerrilla acusó al Gobierno de hacer del texto una interpretación unilateral y no ajustada al espíritu que lo impulsó.

El rechazo del Gobierno federal a la iniciativa de ley de la Comisión parlamentaria de Concordia y Pacificación (COCOPA), relativa justamente a los derechos de los indígenas, más la negativa de Zedillo a cualquier menoscabo del Estado de derecho en el territorio controlado por el EZLN, el cual se aprestaba a crear instituciones autónomas, propiciaron la reproducción de los enfrentamientos. Se configuró así una dinámica alternante entre diálogo y represión que dejó en suspenso cualquier desenlace negociado.

Zedillo fundamentó su reluctancia a los Acuerdos de San Andrés en la posibilidad de que las reformas legales se tradujeran en enmiendas constitucionales, lo que podría dar pie, en su opinión, a reivindicaciones de tipo independentista, pero siempre se tuvo la sensación de que el mandatario no tenía ninguna voluntad de reconocer las verdaderas raíces del conflicto ni de terminar con los atropellos de los caciques locales.

A la presión policial contra los conatos de autogobierno indígena siguieron el asesinato, el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal de 45 indios tzotziles pertenecientes a un grupo pacifista católico simpatizante del EZLN por paramilitares a las órdenes del PRI local, y en junio de 1998 nuevos combates entre Ejército y los zapatistas, con el saldo de una decena de muertos, que obligaron a Zedillo a realizar el día 13 una visita de inspección. La matanza de Acteal, concretamente, levantó una polvareda de críticas contra Zedillo, cuya autoridad sobre los sectores más reaccionarios de su partido quedó en entredicho.

En añadidura, en Guerrero y otros estados del sur comenzó sus actividades en agosto de 1996 un Ejército Popular Revolucionario (EPR), insurgencia de menor entidad pero de discurso más radical que para unos tenía inspiración maoísta y para otros se trataba de una creación de elementos del partido del poder interesados en desestabilizar el orden público.

Las dinámicas de integración económica guiaron, como en la mayoría de los países latinoamericanos, el hacer exterior de Zedillo, que se caracterizó por un equilibrio entre el pragmatismo liberal y la continuación de una línea diplomática nacional que durante décadas enarbolaron las administraciones priístas, sustentada en principios como el respeto a la soberanía nacional de los estados y la independencia de tender puentes de cooperación con cualquiera de ellos, si bien esta última característica había tenido más relevancia en el pasado, cuando el sistema internacional se movía por la lógica de los bloques ideológicos y cobraba plena significación la vía tercerista de los países no alineados.

Por un lado, Zedillo alentó el buen entendimiento con el Gobierno de Estados Unidos, país socio dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y que concentraba él solo las tres cuartas partes de todas las transacciones comerciales de México. En 1998 el 76% de las exportaciones y el 70% de las importaciones mexicanas se hicieron con Estados Unidos; su valor sumó los 187.000 millones de dólares, nada menos que un 120% de incremento con respecto a 1993, el año previo a la entrada en vigor del TLCAN. La tendencia siguió creciendo con rapidez hasta el final del período presidencial de Zedillo, sobre todo en las exportaciones, consolidando a México, ya muy por delante de Japón y China, como el segundo socio comercial de Estados Unidos después de Canadá.

Los bajos costes salariales de México iban a traer fuertes inversiones empresariales de los socios del norte, fundamentalmente en el sector de las maquiladoras o empresas de ensamblaje de productos destinados a la exportación, pero los críticos de la integración comercial apuntaron los riesgos que supondría para la economía nacional una recesión en Estados Unidos.

Zedillo realizó allí su primera visita al exterior como presidente titular el 10 de diciembre de 1994, con motivo de la I Cumbre de Las Américas que se celebraba en Miami, y su homólogo Bill Clinton hizo lo propio a México el 7 de mayo de 1997. En este encuentro los mandatarios firmaron un pacto de cooperación para la lucha contra el narcotráfico, compromiso sin precedentes que apaciguó sólo parcialmente las desconfianzas en el Congreso de Estados Unidos hacia la capacidad del Estado mexicano para combatir esta industria delictiva, pese a las espectaculares detenciones de capos y su extradición a la justicia estadounidense.

Estas exigencias persistentes, más el endurecimiento de la legislación inmigratoria, dieron ocasión para las recriminaciones mutuas y algunos desencuentros. Zedillo no perdió oportunidad para criticar el endurecimiento del embargo a Cuba, pero por otro se aplicó en la devolución del préstamo de emergencia de 1994, cuyo último tramo fue reembolsado el 15 de enero de 1997, tres años antes del plazo establecido e intereses incluidos.

Precisamente con respecto a Cuba, la administración de Zedillo alteró la tradicional política mexicana de "entendimiento" que durante muchos años supuso un alivio al régimen de Fidel Castro, acosado por Estados Unidos y boicoteado por casi todos los países de América Latina. Zedillo reaccionó con desagrado a determinados comentarios irónicos del presidente cubano sobre el acercamiento de México al Norte rico, a costa, supuestamente, de los lazos tradicionales con los países pobres del Sur. En los últimos años noventa el Gobierno mexicano instó a su homólogo cubano a introducir mayores cotas de democracia y libertad en la isla.

Para compensar la creciente dependencia de Estados Unidos, el Gobierno de Zedillo prosiguió el hilvanado de una red de tratados de libre comercio (TLC) bilaterales. El Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Chile en septiembre de 1991 dio paso a un TLC el 1 de octubre de 1998 que entró en vigor el 1 de agosto de 1999; el 1 de enero de 1995 entraron en vigor los TLC adoptados con Costa Rica el 5 de abril de 1994 y con Bolivia el 10 de septiembre siguiente, y el 1 de julio de 1998 lo hizo el establecido con Nicaragua; mientras, prosiguieron las negociaciones con Panamá, Perú, Ecuador y, ya en el plano multilateral, con Honduras, Guatemala y El Salvador. Con estos tres países, que forman el denominado Triángulo Norte Centroamericano, México adoptó el consiguiente TLC el 29 de junio de 2000, que para él no entró en vigor hasta el 14 de marzo de 2001.

Estos tratados, que se sumaron al adoptado en el seno del G-3 (con Colombia y Venezuela) en septiembre de 1990 y cuya aplicación comenzó el 1 de enero de 1995, subrayaron la pluralidad de los tratos mexicanos, si bien su importancia real era relativa (menos, tal vez, con Chile y el G-3), dado que el volumen del comercio del país con el conjunto de América Latina era mínimo y se situaba en torno al 5%. Además, sus ventajas arancelarias iban a ser englobadas cuando entraran en servicio el área de libre comercio del G-3 con Centroamérica en 2003, y el Área de Libre Comercio de Las Américas (ALCA), que afecta a todo el continente y cuya fecha de arranque es 2005.

En una línea de verdadero diálogo político se inscribió el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea (UE) firmado por Zedillo en Lisboa el 23 de marzo de 2000. Decidido el 24 de noviembre de 1999 y de hecho el capítulo comercial del más ambicioso Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación -firmado el 8 de diciembre de 1997 y en vigor el 1 de octubre de 2000-, el documento de Lisboa pronosticaba una década hasta completar el desarme arancelario a partir del 1 de julio de 2000 y con fechas de culminación en 2003, por lo que respecta a la UE, y en 2007 en el caso de México.

Ahora bien, a nadie escapaba que el comercio de la UE con el país azteca había crecido desde 1993 a menos de la mitad de la velocidad con que lo había hecho el comercio con el TLCAN. Además, se trataba de volúmenes muy reducidos: en 1998 el comercio con todos los países de la UE suponía el 4% de las exportaciones y el 8% de las importaciones, esto es, el doble del comercio registrado sólo con Canadá.

La voluntad de México de acercarse al viejo continente durante los años de Zedillo, incluyendo la cooperación en temas tan extraeconómicos como los Derechos Humanos y la democracia, quedó suficientemente expresada con la entrada en el Consejo de Europa como observador permanente, el 1 de diciembre de 1999, compartiendo este estatus de excepción con Estados Unidos, Canadá y Japón.

Zedillo fue también el inspirador de la cumbre internacional especial contra la droga, que del 8 al 10 de junio de 1998 reunió a una treintena de jefes de Estado y de Gobierno en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, y participó en las cumbres anuales de la Cooperación Económica Asia-Pacifico (APEC), la Comunidad Iberoamericana y el Grupo de Río, cuya decimotercera edición auspició en México D.F. el 28 y 29 de mayo de 1999.

De cara a las elecciones presidenciales de 2000, que se anticipaban como las más trascendentes en la historia reciente de México, el 4 de marzo de 1999, en el 70º aniversario del partido, Zedillo anunció un proceso de primarias en el PRI para la designación del candidato a la Presidencia, que ponía fin al histórico dedazo, la designación inapelable por el presidente saliente del aspirante a sucederle.

En esta línea, el Consejo Político Nacional el 30 de abril eligió por sufragio secreto a José Antonio González Fernández (era el único candidato, pues los demás aspirantes se retiraron alegando falta de equidad en el proceso de selección) y Dulce María Sauri Riancho como respectivos presidente y secretaria general del partido, y el 17 de mayo definió las bases para el proceso interno de selección de precandidatos.

El 7 de noviembre de 1999 el vencedor por rotunda diferencia fue Francisco Labastida Ochoa, antiguo gobernador de Sinaloa y hasta fecha reciente secretario del Interior del Gobierno federal, puesto que suele considerarse el más importante del Ejecutivo luego del propio presidente. Aunque Zedillo había asegurado que se mantendría neutral y que no apostaría por ningún candidato, se hizo notar que Labastida era su hombre de confianza. De hecho, sus rivales en las primarias no dudaron en acusarle de ser el "elegido" del aparato presidencial y, por tanto, beneficiario de múltiples recursos de partida. En cualquier caso, la campaña, muy disputada y bronca, exteriorizó con crudeza la lucha de banderías en el seno del PRI.

Zedillo esperaba con este ejemplo de democracia interna convencer al electorado de que el PRI seguía siendo la fuerza política más capacitada del país para sacarlo de sus problemas, teniendo además presente que la economía proseguía su buen rumbo. Sin embargo, pesaron más el profundo deseo de cambio del electorado y la escasa convicción del propio Labastida, considerado el perfecto oficial reformista del PRI pero escaso de carisma y presuntamente débil ante las presiones de los conservadores. En la jornada del 2 de julio de 2000 el candidato priísta cayó derrotado con el 35,3% de los votos ante el hombre del PAN, Vicente Fox Quesada, que obtuvo el 42,9%.

El sensacional resultado fue rápidamente reconocido por Zedillo, que llamó a una transición ordenada y ofreció su colaboración al presidente electo, con el que se reunió a las pocas horas. Las felicitaciones internacionales se dirigieron a Fox, pero también a Zedillo, por haber hecho posible un proceso electoral transparente y libre de los habituales episodios de fraude institucional. En opinión del ex presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, observador del proceso, las elecciones fueron "casi perfectas". Las consecuencias de la debacle no se hicieron esperar.

Los dinosaurios de la vieja guardia del PRI, cuyo ascendiente había decrecido por las medidas aperturistas, arremetieron contra Zedillo, al que responsabilizaron de un "error histórico" que, no obstante, remontaron hasta comienzos de los años noventa, cuando Salinas de Gortari introdujo el liberalismo económico. La celeridad con que el presidente había concedido la victoria a Fox produjo un malestar añadido.

El 4 de julio dimitieron la presidenta Dulce María Sauri y la Comisión Directiva en pleno "por dignidad", renuncia que fue rechazada al día siguiente por el Consejo Ejecutivo Nacional reunido en sesión de urgencia. El día 6 de julio Zedillo, saliendo al paso de las numerosas voces que le exigían la asunción de responsabilidad por lo sucedido, emitió un comunicado por el que se desvinculaba del conflicto interno del partido, a cuyos miembros instaba a reconocer la derrota y animaba a hacer una importante "introspección" para sacar lecciones por lo sucedido y encarar positivamente el futuro. Un segundo aldabonazo para el tambaleante partido fue la victoria en Chiapas del candidato conjunto de la oposición, Pablo Salazar Mendiguchía, en las elecciones gubernamentales del 20 de agosto.

El 1 de septiembre siguiente Zedillo, en su último discurso a la nación, declaró sentirse satisfecho por que bajo su mandato México había "completado su viaje hacia la democracia". El 1 de diciembre hizo cesión de la banda presidencial a Fox en una ceremonia que contó con una nutrida representación internacional.

Por otra parte, la situación económica de México no podía ser más disímil de la que le estalló en las manos a Zedillo nada más asumir seis años atrás: 2000 registró un crecimiento del PIB del 7%, exactamente el doble que el año anterior, y una inflación del 9,5%, el índice más bajo de todo el sexenio. El peso estaba estabilizado frente al dólar, BANXICO había aumentado sus reservas monetarias y el descenso de los ingresos del petróleo por los bajos precios internacionales se había compensado en parte con el relanzamiento de las exportaciones no petroleras. A modo de balance, en el sexenio de Zedillo la economía creció una media del 3,4% anual, la inflación media fue del 23% y, dato revelador de la apertura de la economía, el comercio exterior pasó de representar el 12% del PIB a comienzos de 1994 al 42% a finales de 2000.

La satisfacción general por el pacífico cambio de régimen se reflejaba en las encuestas de opinión, que concedían al presidente saliente un índice de popularidad del 60%. Ahora bien, abrumadores déficits sociales quedaban en el tintero, siendo flagrante la asimetría entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Zedillo también se despidió con la mácula de determinadas operaciones financieras irregulares, como la montada para rescatar de la quiebra al Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA) y el presunto flujo de dinero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) a la campaña electoral de Labastida. Las sospechas apuntaron incluso a un enriquecimiento ilícito en el entorno familiar del propio mandatario.

El anterior presidente mexicano mantiene en la actualidad una agenda internacional muy rica. Es miembro de los consejos de administración de las corporaciones Procter & Gamble, Union Pacific y ALCOA, y asesor de Daimler-Chrysler y Coca-Cola; columnista regular en la revista Forbes, además ha adquirido el perfil de experto colaborador en altos organismos internacionales.

Así, poco después de dejar la Presidencia, el secretario general de la ONU le nombró para encabezar el panel sobre Financiación y Desarrollo, el cual elaboró un documento, el denominado informe Zedillo, que brindó el marco político de discusión a la Conferencia Internacional sobre Financiación al Desarrollo que se celebró en Monterrey del 18 al 22 de febrero de 2002, y que previamente fue analizado en la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) que tuvo lugar en Doha, Bahrein, del 9 al 14 de noviembre de 2001.

En este informe presentado el 28 de junio de 2001, Zedillo y sus diez colegas sostienen la necesidad de avanzar en la liberalización de los mercados mundiales, pero teniendo presente los intereses y necesidades de los países menos desarrollados, una "Ronda de Desarrollo" que, a diferencia de anteriores rondas de desarme arancelario, habrá de poner el énfasis en los productos agrícolas y manufacturados (textiles en particular) que exportan estos países.

Profesor visitante del London School of Economics y, desde abril de 2002, director del Centro para el Estudio de la Globalización de la Universidad de Yale, Zedillo es un economista tan solicitado que días después de aquel su último nombramiento no tuvo ambages en descartarse para suceder en 2005 al tailandés Supachai Panitchpakdi al frente de la OMC, La postulación, fomentada por altos ejecutivos del organismo, parece no interesar a Zedillo, que se encuentra cómodo en el equipo de asesores personales del todavía director general, el neozelandés Mike Moore.

Ernesto Zedillo fue el Candidato suplente del PRI debido al cobarde homicidio de Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994.

Detrás de conceptos democratizadores y de autonomía, en México se está regresando al caciquismo regional que propició en el país millones de muertos en la Revolución.

La opinión popular duda de la capacidad política del Presidente para afrontar los graves problemas políticos, sociales y económicos.

La prensa ha detectado que Zedillo adquirió una casa en la lujosa y exclusiva colonia Jardines del Pedregal cuyo valor asciende a $6´000,000.00 (aprox. 625,000 dólares). La oficina de la Presidencia justifica la compra; sin embargo, más de 40 millones de mexicanos viven en la miseria, la gente piensa que cualquier asesor debió recomendarle que no es el mejor momento para hacer ese ostentoso gasto (a los ojos de la pobreza es una bofetada a los más necesitados).