CONSTRUIR UN PAIS SEGURO

(Propuesta del partido acción nacional y V.F.Q.)

 

¿Qué vamos a hacer?

• Llevar a cabo la reforma integral del sistema de seguridad pública y justicia, a fin de incrementar la eficacia de sus instituciones

• Atacar con firmeza la inseguridad y solucionar sus causas

• Garantizar el pleno respeto a las garantías individuales

• Terminar con la impunidad

• Combatir el narcotráfico y el crimen organizado

• Promover el respeto a los derechos humanos

• Democratizar el acceso a la justicia

 

Durante los últimos años, los niveles de inseguridad han ido en constante aumento. La delincuencia y el crimen organizado se han adueñado de calles y ciudades, por la ineptitud e incapacidad de las autoridades, la corrupción policiaca y del sistema judicial y la existencia de penas leves para delitos graves. Los ciudadanos han llegado al punto límite de tolerancia sobre la inseguridad en que viven.

Derecho elemental de todo ciudadano y deber fundamental del Estado es el de dar seguridad a sus ciudadanos. En cumplimiento a dicho deber, nuestro compromiso es construir un país seguro, en donde se proteja la vida, la salud, la integridad y los bienes de todos. De esta manera, los ciudadanos podrán, de nuevo, caminar por las calles y estar seguros de que todos los miembros de la familia llegarán con bien a sus hogares.

Estamos dispuestos a atacar con firmeza al crimen y resolver con inteligencia sus causas, esto incluye medidas preventivas y punitivas. Nuestro gobierno aplicará la ley con todo rigor y sin discrecionalidad.

 

¿Cómo lo vamos a lograr?

• Aplicando en forma estricta la ley a los delincuentes y promoviendo el aumento de la penalización en los delitos de violación, robo, secuestro, homicidio, delincuencia organizada, así como en delitos cometidos contra la infancia, entre otros.

• Se reforzaran todos los elementos para una mejor procuración de justicia, que tiendan a darle al ministerio público federal un carácter más técnico y no político, impulsando el servicio civil de carrera en este ámbito.

• Modernizar la administración de justicia colaborando con el Poder Judicial para proporcionarle el mayor número de medios legales y tecnológicos.

• Aumentando los recursos destinados a la seguridad pública y que éstos sean ejercidos por las autoridades municipales y estatales, como principales responsables de prevenir y castigar los delitos.

• Modernización de las fuerzas policiacas. Haremos una revisión integral de todo el sistema policiaco del país, a fin de contar con elementos de alta moralidad personal y dotarlo de las herramientas necesarias para que tengan éxito en su misión: las condiciones de trabajo y la tecnología disponible. Habrá cuerpos de seguridad dignificados y profesionalizados, para lo cual se establecerán programas de reclutamiento, estímulos y reconocimientos, así como de un sistema integral de prestaciones y seguridad social. Se elevarán las penas para los policías que traicionen la confianza que la sociedad depositó en ellos.

• Protegeremos y apoyaremos a las víctimas. Seguiremos impulsando la legislación y programas gubernamentales de apoyo a las víctimas de delitos, así como la transparencia en sus procesos judiciales.

• Auténtica readaptación social de los sentenciados. Necesitamos que las cárceles dejen de ser escuelas de crimen y regeneren a los delincuentes, por lo que se reordenará, modernizará y mejorará nuestro sistema penitenciario.

• Combatir el círculo vicioso de las drogas y el crimen. Promoveremos programas de desarrollo rural para desincentivar el cultivo de estupefacientes, medidas que eviten el lavado de dinero y campañas publicitarias que desalienten el consumo. Endureceremos el marco legal para dificultar su venta e impulsaremos la cooperación internacional para combatir este tipo de delincuencia.

• Fortaleceremos la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que pueda cumplir a cabalidad su misión, ampliando sus facultades y respetando su autonomía. Además, el gobierno impulsará una gran campaña de conocimiento, promoción y respeto de todos los derechos humanos, particularmente entre los empleados de la administración pública.

FUENTE:

http://www.vicentefox.org.mx/pag_campana/

México, D.F., a 3 de mayo de 2000.

• Las autoridades gubernamentales no han sabido cumplir con su más elemental obligación, la seguridad. VICENTE FOX.

• Los que han estado en el poder por 70 años no podrán resolver los problemas que tenemos así tengan 70 años más. VICENTE FOX.

• Tengan la seguridad de que haremos una reforma de toda la cadena de la seguridad pública y la justicia. VICENTE FOX.

En un evento ante más de 5 mil miembros de la fundación México Contra la Delincuencia reunidos en el Auditorio Nacional, el candidato de la Alianza por el Cambio a la Presidencia de la República, Vicente Fox Quesada, aseveró que hoy día existe un debilitamiento del Estado de Derecho, producto de la incompetencia que han mostrado las autoridades gubernamentales que no han sabido cumplir con su más elemental obligación

En su discurso, Vicente Fox afirmó que los mexicanos estamos hambrientos de respeto a la ley: "nos molesta la incompetencia de las autoridades; nos enoja la corrupción; nos decepcionan los resultados de las políticas contra el crimen y la delincuencia; hemos perdido confianza en la procuración de justicia".

Asimismo, el abanderado de la Alianza por el Cambio puntualizó que los que han estado 70 años en el poder, no podrán resolver los problemas que tenemos así tengan 70 años más para hacerlo; por ello: "tengan la plena seguridad de que de que llevaremos a cabo una reforma de toda la cadena de la seguridad pública y la justicia, a fin de acabar con la corrupción, enfrentar las impunidad y restablecer la confianza de los ciudadanos en su gobierno", concluyó.

PROPUESTA   Edificar un Estado de Derecho en el que ya no sean las personas sino las leyes y las instituciones, las que determinen las respuestas. La administración no puede regatearse. Sanear las instituciones de la República en el marco de un desarrollo institucional moderno y eficiente, que asegure la aplicación de criterios técnicos y no políticos en materia de justicia y seguridad pública. Despojaremos a la Secretarían de Gobernación de toda función policiaca. Combatiremos el narcotráfico reduciendo los espacios de operación para la producción, distribución y consumo, aprovechando al máximo la tecnología de información y los sistemas de comunicación. Estableceremos estrategias conjuntas entre los tres niveles de gobierno. Enfrentaremos a la impunidad profesionalizando y modernizando a las instituciones públicas, introduciendo sistemas modernos de información, procesos de calidad y rendición de cuentas. No hay otro camino que transformar a los cuerpos policiacos. Abatiremos a la corrupción con prudencia, justicia e inteligencia, que permita desmantelar los cotos de poder y llevar el ajuste de cuentas hasta donde sea necesario. La erradicación de la corrupción debe ser materia de una política de Estado libre de la competencia partidaria.

FUENTE:

http://www.vicentefox.org.mx/index_debate.htm

INSEGURIDAD PÚBLICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Gabriel Sánchez Díaz, Presencia Ciudadana

En los últimos años la ciudadanía no ha podido dejar de convertir el tema de la inseguridad pública en el tema privilegiado que preside, como un fantasma sin recato, las reuniones y las pláticas en las que todo mundo tiene algo que contar; tema central, en tanto que los actos delictivos se entreveraron en la vida cotidiana y el imago colectivo de nuestra sociedad. El estallamiento del tema del crimen en la cotidianidad, es verdad, deriva de un cambio de condición: la delincuencia común se transformó en crimen organizado, sistemático, y con esa calidad, se fue tejiendo a la forma y el fondo de instituciones dedicadas precisamente al combate del crimen, asentándose en los espacios del Estado mismo, como deplorable pero didácticamente nos lo muestra la complicidad de los personeros principales del gobierno de Morelos con la delincuencia.

El caso de Morelos, donde delincuencia y gobernantes parecían fraguarse en el mismo perol, nos expone además que los ciudadanos no somos simples turistas de nuestros males, que la imagen de que "el país cada día está peor y la gente no hace nada", debiera reconsiderarse: porque en Morelos, como desde hace tiempo en prácticamente cualquier lugar del país, una franja activa de la ciudadanía se hace presente en la sociedad para oponerse y proponer, para movilizarse y proponerse como creadora de espacios de dignidad y seguridad, en un contexto en el que algunos, de buena o mala fe, abogan por legitimidades imposibles en favor de la mano dura, el acotamiento de los derechos humanos, o la implantación de la pena de muerte.

 

¿Y dónde quedó el Estado?

Sin entrar en un análisis estadístico del aumento de la criminalidad en México, nos interesa destacar un hecho: el cambio de calidad y extensión de la criminalidad que se ha experimentado nacionalmente en el último decenio. Un cambio de condición que tiene que ver no sólo con el crecimiento exponencial de los pobres, sino fundamentalmente, como resultado de la asociación de organizaciones del crimen con determinadas autoridades. El incremento de la pobreza en el país es sin duda un elemento detonante del incremento delincuencial. Sin embargo, lo fundamental del nuevo fenómeno no encuentra una explicación cabal en la ecuación determinista: a mayor pobreza - mayor delincuencia.

El incremento de la cantidad y calidad del delito que se comete, la impunidad con la que se actúa, el despliegue técnico que se observa en determinados secuestros, asesinatos o robos, nos hablan de un crimen que rebasó la esfera del individuo o del grupo, desesperados por sobrevivir, para entrar en el terreno de organizaciones criminales claramente profesionalizadas en su actividad y tecnificadas en sus instrumentos. Pero eso ocurre prácticamente en todo el mundo. La novedad mexicana radica en la articulación de los grupos organizados para delinquir con algunas esferas del aparato estatal con las que configuran una suerte de magma desde donde se organizan, promueven y protegen dichas actividades.

Un libro recientemente editado sobre el tema, que documenta con alarma lo anterior, sostiene que "la especificidad fundamental del crimen organizado en México es que se origina, se sostiene y nutre desde las estructuras del Estado, en particular de aquéllas que teóricamente existen para combatir, precisamente, a la delincuencia" ** Si esta idea fuera una hipótesis de trabajo, el anterior gobierno de Morelos y el criminal Arizmendi, se estarían encargando de confirmarla. Estaríamos en un mundo bizarro, donde la distinción entre la ley y el delincuente no habría sido borrada sino puesta de cabeza. No se trataría solo de un fenómeno de corrupción, de suyo grave, sino de una ominosa alteración del sentido y razón de ser del Estado.

No considero, sin embargo, que la criminalidad organizada gobierne a la nación. Ni las exigencias democráticas que involucran a la mayoría ciudadana, ni el perfil de lo más selecto de la clase gobernante, atenta a las exigencias de transparencia de la globalización, hacen viable este sueño perverso. Lo que resalta, sin embargo, es que el crimen organizado se ha ubicado en el tablero del ajedrez del poder con cada vez mejores piezas. Se lo posibilita el tablero, donde el rey de nuestro ajedrez es un rey asediado, sin piezas suficientes y de peso que mover. Es el contexto de un sistema político que carece ya de la técnica y la sabiduría institucionales para desalojar de raíz al crimen de aquellas habitaciones de autoridad en las que goza de impunidad. El problema de la criminalidad en México es, finalmente, un destacadísimo problema tanto político como de seguridad nacional.

La criminalidad organizada plantea, en efecto, no sólo un desafío a la seguridad de los ciudadanos, sino que emblematiza ya, junto con la narco- política, el mayor reto para la seguridad nacional y, por tanto, para la articulación y despliegue eficientes del Estado. Los Estados, en general, se han construido como soportes de la convivencia social civilizada. Ninguna otra entidad dentro de la sociedad tiene los instrumentos judiciales, la fuerza, o el estatuto legal para rearmar la convivencia segura que la delincuencia organizada se encarga de volver un rompecabezas. Pero si los ciudadanos no cuentan con la instrumentalidad para hacer valer de manera definitiva sus expectativas, si cuentan con ideas, organizaciones y con una posibilidad de organización y movilización que ha hecho necesario renombrar el carácter de su participación en los espacios públicos mexicanos: de la ausencia, dependencia, y heteronomía de la sociedad al poder, se ha transitado a una sociedad cada vez más autónoma en el ejercicio de hacer oír su voz y hacer visible su presencia, como actor y sujeto de la regeneración social.

 

¿Para qué sirven las organizaciones ciudadanas?

El último testimonio de la acción ciudadana, en efecto, lo tenemos en Morelos, donde las marchas, protestas y resistencias de los ciudadanos morelenses propiciaron, junto a la acción de los partidos de oposición, que se diera punto final a una leyenda, aquella que nos decía que Carrillo Olea era uno de los tres especialistas en seguridad nacional en el país. Quizás lo fue, y quizás desde ahí, convirtió los lazos de la seguridad en los nudos de la inseguridad. Con certeza legal no lo sabemos. Lo que si conocemos es que, en su desalojo del poder, volvió a emerger la figura de las muy mentadas aunque poco comprendidas organizaciones no gubernamentales (ONGs).

Estas organizaciones de ciudadanos se multiplican en México a partir de mediados de la década de los ochenta, ubicándose como entidades diferenciadas de los partidos políticos y el gobierno. Son resultado de causas múltiples: el retraimiento del Estado de sus funciones asistenciales, el derrumbe de los parámetros tradicionales bipolíticos de socialismo - capitalismo, la complejización de la demanda social que no podía tramitarse toda por las vías partidarias, parlamentarias y gubernamentales, la cerrazón de un sistema político autoritario. Estas organizaciones ciudadanas que fueron bautizadas como ONGs desde los ochenta por la ONU son un fenómeno internacional expresivo de cuán compleja es la construcción política del poder en nuestros días, antes coto exclusivo de gobierno y partidos. Participación ciudadana, en suma, que al hacerse concepto se le designa como "sociedad civil", organizaciones no gubernamentales, tercer sector, etc. Sin que aún exista una valoración estricta de su significado y el lugar que ocupan en la arquitectura de la cosa pública estas organizaciones actúan por los diferentes andamios de la construcción de lo social: desde la demanda del medio ambiente a la cultura política; de la defensa de los derechos humanos a las reivindicaciones de género; de la filantropía a las acciones en pro de la seguridad pública.

Por sus estructuras organizativas así como por el carácter de sus demandas estas organizaciones se distinguen netamente de los partidos políticos, pues los partidos se estructuran para la disputa y el ejercicio del poder político de Estado, mientras que las organizaciones ciudadanas lo hacen para atender misiones específicas, que si bien pueden tener una resonancia global, como por ejemplo las causas de la seguridad pública o de la cultura democrática, su referente principal continúa siendo la ganancia social que de ello derive, y no la conquista del poder. Lo que para los partidos es regularmente un medio, para las organizaciones ciudadanas es un fin.

Las organizaciones ciudadanas pretenden hacer valer, por ejemplo, las jerarquías y preeminencias del ciudadano en el mundo de la cosa pública, dado que no siempre coinciden expectativa ciudadana con prioridad partidaria o gubernamental. La seguridad pública, por ejemplo, es preponderante para la ciudadanía, tema puntero de cualquier encuesta o sondeo de opinión. Un asunto que, si bien es tema significativo para quienes se desenvuelven en la sociedad política (Estado y partidos), el tratamiento que le otorgan en términos normativos y presupuestales sigue en espera, haciendo cola, después de los temas que los partidos consideran de emergencia.

Por otro lado, el combate a la delincuencia organizada, a sus mafias, a sus articulaciones con las autoridades, no se gana con rosarios de declaraciones o con profesiones de buena voluntad, con ganas, e incluso, no sólo con honradez de parte de los gobernantes. Si no, que nos lo diga Cuauhtémoc Cárdenas..., si algún día le regresa al rostro la sonrisa y la voz de los logros, y no sólo el habla de las excusas.

 

Proceso civilizatorio y pena de muerte

No pueden ya omitirse, entonces, de los procesos de construcción del poder, ni a las organizaciones cívicas, ni las expectativas y prioridades del ciudadano considerado singularmente. Pero glorificar cada acto, declaración, o posición ciudadanas, puede resultar un descarrío mayor. Para no ir demasiado lejos: ¿cuántos pronunciamientos no ha habido en favor de la pena de muerte? Seguramente muchos más de los que se han hecho públicos. ¿Quién no ha escuchado en plática de amigos, en el trabajo, en la familia, los argumentos del endurecimiento de la ley, o de la restricción de las libertades básicas como única salida garante de la seguridad?.

Probablemente la primera reacción emocional ante el sadismo de algunos delincuentes y la impunidad de la que gozan sea la venganza, la aplicación de una pena simétrica a su violencia. El odio y la rabia que generan la impotencia ante el victimario y su impunidad hacen comprensible el discurso de quienes abogan por la pena de muerte. Comprensible psicológicamente pero no justificable socialmente. Como Freud lo entendió, todas las civilizaciones se construyeron a contracorriente de pulsiones inmediatas destructivas del ser humano. Los procesos civilizatorios de las sociedades instituyeron procedimientos, en efecto, que desplazaron como respuesta ante el delito el "ojo por ojo" o "el poner la otra mejilla" por mecanismos racionales de tratamiento de la violencia criminal. Esos mecanismos suponen una sublimación social que no es fácil de aceptar por nuestras psicologías mucho más propensas a la revancha o la venganza cuando hemos sido víctimas. Por ello, las racionalizaciones que abogan por la pena de muerte me parecen, en realidad, enmascaramientos de una revancha psicológica ante el delito, pero no una propuesta eficaz y, sobre todo, socialmente civilizatoria.

Si el asunto lo viéramos pragmáticamente, en efecto, la pena de muerte es ineficaz. En los países donde se encuentra instituida no disminuye la incidencia del delito. Si lo viéramos a la luz del análisis sociológico podría ser monstruoso: si la idea del maridaje entre delincuentes y autoridades en nuestro país es de fondo, ¿quiénes estarían aplicando la pena de muerte?. Pero, con todo, el argumento decisivo, y que simplemente consigno, es de orden ético- político. Ético, porque ningún hombre tiene el derecho de disponer de la vida de otro. Político, porque el Estado se construye para sostener y alentar el proceso civilizatorio no para gozar de fuero institucional sobre la vida de los particulares.

El combate al crimen organizado supone, de entrada, (desde luego hay muchísimas cosas más) dos prioridades: una, un despliegue estratégico formidable al interior del mismo Estado para trazar una frontera infranqueable entre quienes procuran y administran justicia, por un lado, y delincuentes por el otro. Segunda, que la sociedad continúe alerta y movilizada en torno de las acciones que fortalezcan el combate a la delincuencia, no desde la tentación de la barbarie que busca el "ojo por ojo", sino desde las fortalezas de la ley racional que indican el grado civilizatorio de una sociedad.

* Artículo aparecido en la sección "Cultura" del Periódico Reforma el 26 de junio de 1998.

Fuente:

http://www.presenciaciudadana.org.mx/seguridad.html

Los militares, sólo para erradicación e intercepción aérea

Diagnóstico del equipo de Fox: la PGR, descompuesta

Ricardo Ravelo /

Igual que sus antecesores, Jorge Madrazo, el procurador número 37 en la historia de la Procuraduría General de la República, terminó devorado por la corrupción del sistema: entregará una institución descompuesta por dentro y desprestigiada por fuera, penetrada por el narcotráfico, con elevados índices de ineficiencia y sumida en una aguda crisis política.Este es el diagnóstico que la coordinación de Seguridad y Justicia, encabezada José Luis Reyes y Francisco Molina Ruiz —exdelegado de la PGR en Guanajuato y exsenador y excomisionado del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), respectivamente— presentó al presidente electo Vicente Fox.

Con base en ese estudio, Reyes y Molina proponen la desaparición de la PGR y la creación de una Fiscalía General de la Federación (FGF), "con un esquema eficiente, transparente y apoyado con trabajo de investigación científica, que permita abandonar las viejas prácticas y vicios como la prefabricación de pruebas".

El proyecto contempla la transformación de la Policía Judicial Federal (PJF), pues muchos de sus integrantes son vistos como "socios de los narcos" que se han enriquecido a la sombra de la institución.

En la nueva estructura, dice Molina Ruiz, a los militares no se les otorgarán cargos de mando, como ahora los tienen en las policías Judicial Federal y Federal Preventiva. Explica:

"El Ejército funciona bien como auxiliar en tareas de erradicación de cultivos e intercepción aérea, pero no desarrollan una capacidad de criminología. El soldado sólo está preparado para obedecer."

Considera que en el combate a la delincuencia hay dos grandes fortalezas: "El Ejército, por su cultura, educación y disciplina, y la otra, los policías judiciales federales, que tienen como capital la astucia para llegar a una conclusión, muchas veces basados sólo en sus corazonadas. El policía husmea, busca respuestas en los pequeños detalles, en un lápiz labial, en un cabello de mujer, sospecha del criminal, saca conclusiones... El militar sólo obedece.

"Por eso es importante tener esta mezcla, pero uno auxiliado por el otro, no uno sustituyendo al otro, porque entonces trastocamos los fenómenos intrínsecos del origen de cada quien."

Molina recuerda que cuando estuvo al frente del INCD consignó a varios policías por estar asociados con algunos capos en negocios como los taxis aéreos, entre otros.

"Ese perfil de policía es el que no necesitamos, requerimos policías que sean verdaderos servidores públicos."

—¿Usted ya tiene la lista de los policías corruptos o de los que están ligados con el narco?

—No la tenemos porque no se ha iniciado el proceso de entrega-recepción, ahora estamos trabajando como equipo de transición, diseñando la estructura para su ejecución posterior.

Al entrar en los detalles de lo que sería la estructura de la FGF, propone la unificación de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Salud y la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada, "las cuales erróneamente operan separadas con un mismo fin: combatir el crimen organizado".

Insiste en que en los principales mandos no habrá militares, porque como órgano encargado de investigar los delitos, y por su propia naturaleza, al frente del Ministerio Público debe estar un abogado.

—¿Regresará el Ejército a sus cuarteles o seguirá siendo pilar en la lucha contra el narcotráfico?

—Eso lo decidirá el próximo presidente de la República. Creo que el Ejército ha sido exitoso en algunas áreas, ha sufrido lesiones en su prestigio, pero le sigo teniendo mucho respeto a la institución. "Pero creo que los soldados serán buenos auxiliares en la erradicación de plantíos de droga y en la intercepción aérea, que es donde realmente funcionan.

Plantea dos opciones para que en el próximo sexenio el Ejército pueda tener en sus manos los cargos de mando en la lucha contra el narcotráfico:

"Una opción es convertir al narcotráfico en delito de guerra o mantener a los soldados como están ahora hasta que se restablezca una policía eficaz y digna. Lo que no podemos hacer es quitar al Ejército, pues siempre será el gran auxiliador de la seguridad y la tranquilidad nacional."

Los otros cambios

Las propuestas que Vicente Fox ha recibido de la coordinación de Seguridad y Justicia, señalan que es necesario hacer un replanteamiento de la política criminal, pues con el presidente Zedillo se privilegió erróneamente la aplicación de sanciones más severas a los delincuentes, se aumentó el catálogo de delitos graves y se eliminó el principio de preliberación.

Molina dice: "Si privilegiamos, como sucede en otros países, la prevención del delito, entonces tenemos que aplicarnos más en el desarrollo social, en los problemas de la pobreza, en la preparación de la inteligencia preventiva en la seguridad pública. Esto formará otro sistema de política criminal, aunque todo depende de lo que decida el presidente".

Otras propuestas son las siguientes:

—Revisión a fondo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la figura del testigo protegido.

—Que el Ministerio Público no se utilice como instrumento político, sino que sea conciliador y árbitro.

—Que el Ministerio Público retome el proceso penal y aplique bien el conocimiento científico, sin desahogar en sí mismo sus propias pruebas y que deje el resto al juez de la causa.

—Que se privilegie a la víctima y que coadyuve con el Ministerio Público, pues hasta hoy está abandonada.

—Que se abogue por la reparación del daño, punto final de un juicio, el cual no se toma en cuenta.

—Que haya juicios cortos, expeditos, para evitar el largo peregrinar en busca de justicia.

—Aplicar con mayor eficacia los programas de readaptación social. Hasta hoy no existen indicadores que revelen su eficacia, pero existe la sospecha de que no funcionan y por ello hay muchas personas que son reincidentes.

La PGR por dentro

También exprocurador de Justicia de Chihuahua, Molina echa una mirada a la PGR y afirma que en los dos últimos sexenios se contaminó "al pervertirse sus estrategias y convertirse en una fuerza política".

Expone que la descomposición comenzó a agravarse en el sexenio de Carlos Salinas, primero por el nombramiento de cinco procuradores, lo cual generó grandes "oleadas de cambios sin resultados".

Después vino el nombramiento de Mario Ruiz Massieu como subprocurador, con lo cual "se pervirtió totalmente a la institución al brindarse protección a las organizaciones criminales, pues tenía control y poder absoluto en la PGR".

Explica: "Como estaba impedido legalmente para ser procurador, Carlos Salinas nombró subprocurador a Mario Ruiz Massieu y le asignó una cauda de fuerza enorme: controlaba la subprocuraduría de procesos, las investigaciones, el narcotráfico y la Policía Judicial Federal, el área administrativa, la Oficialía Mayor y los bienes asegurados. Era una procuraduría de orden horizontal, pero verticalmente el poder estaba concentrado en una sola persona. Así, Salinas hereda a Zedillo una PGR degenerada, plagada de vicios y fallas".

En esas condiciones la recibió el panista Lozano Gracia, de quien Molina opina:

"Lozano trató de reivindicarla mediante modificaciones legales e institucionales, pero esta circunstancia duró poco tiempo, ya con Zedillo la política de procuración de justicia se volvió errática."

Según Ignacio Morales Lechuga, segundo procurador en el sexenio de Salinas, con Lozano la PGR cayó en picada: brotaron los escándalos de la supuesta siembra de osamentas para incriminar a Raúl Salinas, se recurrió a videntes como La Paca para hallar el cuerpo de Manuel Muñoz Rocha en la finca El Encanto, pero que resultó el padre del yerno de Francisca Zetina.

De la gestión de Lozano —su compañero en el PAN— Molina dice que no contó con los instrumentos necesarios para poder actuar.

Agrega que aunque con buenas intenciones, Jorge Madrazo también sucumbió en su intento por transformar a la PGR. "Lo más grave es que al procurador Madrazo lo despojaron de los mecanismos de control, que pasaron a la Secretaría de Gobernación y al Ejército".

Expone algunos ejemplos:

"Le quitaron el mando de la Policía Judicial Federal y del Centro de Planeación para el Control de Drogas, el Cendro: se los asignaron al Ejército. También le quitaron el control de la lucha contra el narcotráfico. Madrazo terminó convirtiéndose en un procurador maniatado, en un trapecista sin red."

Considera que "lo más grave es que la Secretaría de Gobernación se apoderó de la lucha contra el crimen organizado y del más alto presupuesto que se haya dispuesto en la historia: 23 mil millones de pesos contra 4 mil de la PGR".

Piensa que el presidente Zedillo se equivocó al otorgarle tanto poder a Gobernación, "todo en aras de que los reflectores apuntaran hacia Francisco Labastida, a quien ya había escogido como su relevo en la Presidencia de la República. Pero todo le salió mal".

Los bienes asegurados

Aunque con aciertos y errores, a Madrazo se le descompuso su gestión con la traición y el suicidio de su mejor amigo y oficial mayor de la PGR, Juan Manuel Izábal Villicaña, y la fuga de Francisco Miranda Noricumbo, encargado de administrar los bienes asegurados.

Según las investigaciones de la Procuraduría capitalina, al primero se le encontraron cinco cajas de seguridad con cerca de medio millón de dólares. Seis días después del suicidio de Izábal Villicaña, desapareció Miranda Noricumbo, señalado por la PGJDF como el principal comprador de los dólares que Izábal guardó en las cajas de seguridad, cuyo origen se atribuye al desvío de recursos del área de bienes asegurados.

A pesar de la creación del Servicio de Administración de Bienes Asegurados (SERA), aún prevalecen dudas sobre el manejo transparente de las propiedades aseguradas a la delincuencia organizada.

Entrevistado por el reportero Agustín Vargas, el jefe de ese organismo, Santiago Sánchez Herrero, reconoció que existen algunos retrasos en la entrega de los bienes:

"El inventario que tenemos es de los bienes que se han asegurado a partir de que entró en vigor la nueva ley, es decir, el inventario sólo comprende lo asegurado entre el 14 de agosto de 1999 y el 14 de mayo de este año. No le puedo dar la cifra exacta. En ese lapso fueron aseguradas 2 mil 500 joyas, casi 100 vehículos, alrededor de 10 aeronaves. Esto se mueve todos los días, no es una cifra que esté estática, pues también hay devoluciones..."

A finales de agosto, la PGJDF extrañamente se declaró incompetente para seguir investigando el suicidio de Izábal, por lo que el caso pasó a la PGR. Hasta la fecha, sigue sin aclararse el origen del dinero que escondía en las cajas de seguridad.

Los exprocuradores

Sergio García Ramírez e Ignacio Morales Lechuga, procuradores en los sexenios de Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente, coinciden en que el cambio de nombre de la PGR es lo menos importante: lo que interesa es la estructura.

Dice el primero: "Lo que vale la pena que nos preguntemos, no es tanto por la PGR como por lo que está dentro de ella: su alma, su entraña, por su contenido que se llama Ministerio Público. Eso es lo relevante. Lo demás es la envoltura".

Artífice de los programas penitenciarios en los años setenta, impulsor de la figura de las cárceles abiertas, García Ramírez señala que el MP nació en 1850 y cumplió su primera etapa en 1900. Y ya llegó el momento de replantearlo de nuevo.

Y uno de los pasos importantes, dice, será independizarlo del Poder Ejecutivo, a fin de darle mayor credibilidad a su funcionamiento, como ha ocurrido en otros países.

En estricto sentido, dice, el Ministerio Público está subordinado a la ley, "pero no solamente es importante que lo seamos, sino que se crea que lo somos , ser y parecer, como la mujer del César, honesta".

Añade: "El momento ha llegado: que la figura del Ministerio Público se autonomice, se independice y ya no sea una dependencia del Poder Ejecutivo".

Al analizar las fallas del MP, García Ramírez señala que lo grave ha sido la discontinuidad en los programas, el trasiego de funcionarios y proyectos. En este caso, el mejor ejemplo se dio en el sexenio de Salinas: hubo cinco procuradores.

En materia penal, dice, también ha habido cambios excesivos, lo cual ha derivado "en desaciertos enormes, destazamos códigos para hacer otros, cambiamos las leyes. Otro ejemplo ocurrió en 1993, cuando se cambiaron los elementos del tipo penal y en 1999 se tuvo que rectificar. Se ha estado jugando con los conceptos".

También exprocurador de Justicia del Distrito Federal, Morales Lechuga dice que hasta el momento no conoce el diagnóstico que en materia de seguridad debe tener el equipo de Vicente Fox, y cuestiona que el presidente electo "no convoque a los exprocuradores para que contemos nuestros fracasos, el mejor ejemplo para aprender".

Dice que actualmente la PGR está desbordada, pues el gobierno "no tiene capacidad de respuesta para controlar ni el crimen común. La PGR ha tenido modificaciones frecuentes: de ser el abogado de la nación, el procurador terminó convertido en un ministro del narcotráfico: dejó de representar al gobierno federal, no interviene en asuntos internacionales... A la PGR se le identifica ahora por el tema del narco, la violación de derechos humanos y la corrupción".

Fuente:

http://www.proceso.com.mx/1247/1247n07.html

DE LA INSEGURIDAD A LA SEGURIDAD
Lic. Jaime Garreta


Al plantearse el debate de los diferentes problemas que plantea el abordaje del concepto de seguridad, su redefinición, su aplicación en los niveles internacional, regional, nacional o interno, le plantea la decisor político, al analista y hasta al investigador una situación paradojal inmediata.

Por un momento daría la impresión de que sabemos exactamente cuál es el objeto de nuestro análisis, cuáles sus características, -la multidimensionalidad por ejemplo-, las herramientas más adecuadas a utilizar en cada una de sus dimensiones, los niveles, asi como también sus límites y limitaciones.

Al momento siguiente somos presas de la impresión contraria y sentimos que entramos de lleno en un laberinto analítico, conceptual y práctico, donde todo se torna ambiguo y resbaladizo. La seguridad aparece como un concepto que abarca y contacta muchas cosas y planos pero que su comprensión no nos devela ni su esencia, ni la red de relaciones que subyace entre el concepto y las cosas a las cuales remite, contacta o para las que tiene que ser operativa.

De este modo, el tema de la seguridad, su definición conceptual, su organización para operar en la realidad se torna caprichoso, inconexo, por fin : INASIBLE.

A modo de ratificación de lo dicho: ¿Qué sucede cuando uno se propone, con la mejor intención, buscar una definición clara, concisa y práctica del concepto de seguridad? La mayoría de las veces no nos podemos poner de acuerdo en que hemos hallado alguna. De todos modos, cuando la hallamos y aún reconociendo que la definición bien puede ser provisoria, ésta casi siempre resulta : Poco operativa, demasiado generalizante, escasamente abarcativa de la realidad que pretende definir, anticuada, demasiado específica o bien muy superficial. Sin duda, un tema complejo...

Por ello, y sin desmedro de aceptar que la provisionalidad en materia de definiciones conceptuales no es "pecado capital" o sin dejar de valorar adecuadamente la importancia de los planos técnicos y teóricos, hemos preferido aquí, abordar el tema de la seguridad desde un ángulo diferente que nos permita otra comodidad y flexibilidad para analizar la ecuación hombre-seguridad.

Pero antes de abordar la temática en sí, desearíamos destacar algo en lo que, a nuestro juicio, hay que ser categóricos: permanentemente oímos hablar de los "PROBLEMAS DE LA SEGURIDAD" o de los "PROBLEMAS DEL CONCEPTO DE SEGURIDAD".

Admitimos que este tipo de afirmaciones tiene una capacidad simbolizante real en quien la piensa y para quien la escucha. El problema es que lo que denota la idea de "que la seguridad tiene problemas", es precisamente lo que nos conduce al marasmo de la confusión, al mismo tiempo que nos impulsa al retoque y ajuste permanente del concepto, para ponerlo supuestamente así, en armonía con las cuestiones que teóricamente debería resolver.

A nuestro entender, no deberíamos aceptar para nada la idea de que el "concepto de seguridad tiene ¿padece? de problemas" y que por lo tanto debemos rápidamente correr a revisarlo, renovarlo o agiornarlo para hacerlo funcional a los nuevos tiempos que corren. No ! El concepto de seguridad no tiene problemas. El aspecto problemático, entonces, debe residir en algún otro lado.

Deseamos aclarar antes de seguir que lo dicho no nos impide poder reconocer que es aceptable hablar de que pueden existir "problemas" en el plano del modo en que se aplica o despliega operativamente el concepto de seguridad.

Afirmamos entonces que el problema en esta cuestión no está donde generalmente se piensa que es en : el nivel de la conceptualización de la seguridad.

El problema, a nuestro juicio, reside en la manera cambiante en que se expresan los temores y las amenazas en la conciencia del hombre.

Podríamos, por contraposición, decir que el problema permanente está en la INSEGURIDAD DEL SER HUMANO, y más aún, en la cambiante percepción que de esa inseguridad éste tiene.

Finalmente nos parece más adecuado abordar el concepto de seguridad como la respuesta que el hombre procura para resolver esa percepción cambiante de su inseguridad, sea en el plano de lo individual, de lo ciudadano, de lo estatal, de lo regional, de lo internacional, o bien que lo tomemos en el continuo de la evolución histórica del hombre desde los albores de la civilización hasta nuestros días.

El objetivo de la idea de seguridad para el hombre es, a nuestro juicio, la búsqueda permanente de modos concretos que le permiten achicar la distancia permanente que siempre existe, en cada momento y en cada plano, entre la inseguridad objetiva y la percepción que de ella éste tiene. Ello con la misión, a su vez, de restablecer el equilibrio entre esas dos variables para que el nivel de incertidumbre al que el ser humano se ve sometido se torne tolerable.

De esta idea se deriva que el concepto de seguridad será siempre provisional, debido a su estrecha vinculación con la tan dinámica percepción que de las amenazas que el hombre, o si se quiere la sociedad, van teniendo en cada momento histórico.

Es dentro de los límites de este enfoque que debemos procurar colocar el debate más puntual sobre la supuesta controversia entre seguridad pública y seguridad privada, que por otra parte es el eje temático de este número de la revista.

Al respecto de este debate, lo primero que deseamos consignar es que, aún cuando aceptamos que existe una diferencia entre el sujeto que brinda la seguridad pública y el que brinda la seguridad privada, ninguno lo hace en desmedro del otro. Ello, independientemente de la calidad del servicio que unos y otros realmente brinden. Seguramente siempre será atinado analizar y evaluar los niveles de eficiencia de la operativización del concepto de seguridad, para corregir y mejorar el servicio que tanto la seguridad pública o la privada brindan (ello ayudaría a reducir en todo caso el nivel de percepción de inseguridad del ciudadano) pero claro, esto no es el motivo que nos preocupa hoy aquí.


Lo que en verdad nos importa discernir aquí, es que así como la seguridad pública procura dar respuesta desde el Estado y en un nivel mínimo suficiente a la percepción de inseguridad que el hombre tiene en tanto ciudadano de un país, la seguridad privada propende a dar respuestas, desde aquellas empresas privadas, habilitadas legalmente y que operan dentro del marco normativo jurídico que hoy prevé el Estado, a las nuevas percepciones de inseguridad del hombre, ya no tanto en su calidad de ciudadano, cuanto en su rol de actor social de esa cada vez más compleja red que tanto el desarrollo de las nuevas tendencias internacionales y su reflejo en lo nacional han ido generando. Red que constituye el tejido de lo más sofisticado de nuestra sociedad moderna y que está constituído, entre otras cosas, por la aparición de nuevas elites, nuevas formas de agrupamientos urbanos, por complejos emprendimientos industriales y de servicios de todo tipo, que requieren una presencia diferente del factor seguridad en el sentido de más amplia, más permanente e infinitamente más diversificada.

Es evidente que tanto la revolución científico tecnológica, la globalización, las modificaciones producidas en el mundo tras la caída del muro y la implosión de la ex URSS, ha traído aparejado profundos cambios para los hombres en todas las latitudes, al tiempo que también les ha producido cambios en los esquemas sobre los que tenían planteada su red de relaciones en los diferentes niveles y dimensiones. Todo esto, claro está, ha generado rupturas de los antiguos equilibrios existentes a todo nivel entre la inseguridad y las percepciones que de ésta tenían los hombres.

Por ello, el ser humano comienza a desarrollar, al mismo tiempo que aparecen nuevas amenazas y desaparecen otras, nuevas maneras y combinaciones de respuesta a todos los niveles para restablecer ese "umbral de incertidumbre tolerable" dentro del que puede seguir siendo productivo, creativo y transformador de su mundo circundante que, admitámoslo, desde siempre, le ha planteado más interrogantes e incertidumbres de las que está en condiciones de resolver.

Los cambios, al generar nuevas incertidumbres, plantean, entonces, nuevas demandas de seguridad. Ello es así tanto en lo que concierne a la seguridad internacional, a la seguridad regional, a la seguridad nacional y a la seguridad pública ciudadana, como así también a ese nuevo tipo de seguridad que denominamos la seguridad privada, que nace no tanto de las deficiencias de la seguridad pública como se ha venido planteando, como de la irrupción de nuevos actores demandantes de este servicio como lo son los ejemplos antes dados y otros tales como: la informática como fenómeno omnipresente en la vida cotidiana, la necesidad de un espectro radioeléctrico que garantice no sólo comunicaciones seguras sino un flujo permanente de éstas, el tránsito de mercancias a nivel nacional o regional, la protección del flujo permanente de ciertos recursos energéticos de quien el Estado se ha desligado para su obtención, producción o comercialización, etc.

Del mismo modo, debemos consignar aquí la aparición de nuevas formas delictivas que requieren complejos sistemas de seguridad para conjurarlas que el Estado no posee ni está en condiciones presupuestarias de poseer en lo inmediato y que, por lo tanto, lo resuelve subcontratando los servicios de empresas privadas -quienes trabajan por propia cuenta y riesgo- para que sean éstas las que provean los tipos puntales de seguridad requeridos.

En síntesis, así como la sociedad actual nos va planteando en su compleja riqueza nuevos problemas y por tanto, nuevas incertidumbres, nuestra respuesta humana a ellos, dentro de esta idea de restablecer permanentemente el equilibro de "incertidumbre tolerable", debe basarse en principio en la idea de cambio de respuesta permanente a cada dimensión y nivel en que se ve modificada la "percepción de inseguridad de la sociedad".

Al mismo tiempo y a modo de eliminar el riesgo de los errores que por exceso o por defecto genere esta dinámica de cambio permanente en la respuesta de seguridad, es que debemos recostarnos en la confianza de nuestra riqueza institucional, que con una adecuada conducción política, con una participación activa de las instituciones del Estado, sociales, no gubernamentales, pero también del ciudadano mismo ejerciendo sus derechos constitucionales, permitirá ir construyendo una realidad que abra el camino a nuestra comunidad para que alcance los objetivos de una mejor calidad de vida en un marco de progreso y paz.

Es indudable también que para que ésto sea posible debemos vivir como sociedad en el espíritu y bajo el principio que dice :"TODOS Y SIEMPRE ESCLAVOS DE LA LEY".

Fuente:

http://www.ser2000.org.ar/articulos-revista-ser/revista-10/edito.htm

La propuesta al nuevo gobierno, lista

Habrá nueva Constitución antes de dos años, reta Muñoz Ledo

Rodolfo Montes

La confección de una nueva Constitución deberá consumarse en los dos primeros años del gobierno de Vicente Fox, de lo contrario "se perdería el momento", porque después de este tiempo "prevalecería el consejo del Banco Mundial, que es hacer cambios en la administración pero no en las leyes", y porque "se ajustan de modo distinto las fuerzas del poder", advierte Porfirio Muñoz Ledo.Por ello, el coordinador del equipo foxista de la mesa de estudios para la reforma del Estado afirma que el Congreso de la Unión "está obligado" a decidir si se va a elaborar una nueva Constitución, convocando para ello a un Congreso Constituyente, o si se realiza mediante un Congreso ordinario.

"Éste es el verdadero fondo del problema y no el estar discutiendo quién lanzó primero la pelota, quién lleva la batuta en la discusión de este tema, eso es irrelevante; el hecho es que la nueva Constitución es una bola de nieve y la reforma del Estado es una manera piadosa de llamarle al nuevo texto constitucional", comenta.

Indiferente a las críticas que reducen su participación en esta etapa de transición, Muñoz Ledo adelanta a Proceso la propuesta que habrá de presentar la mesa a su cargo, con el visto bueno de Vicente Fox, al Congreso de la Unión para modificar la estructura de la Carta Magna y, en consecuencia, del régimen político mexicano.

Este documento, en el que según Muñoz Ledo "está la clave", fue presentado por Francisco Valdés Ugalde, director de Flacso; César Cansino, del CIDE, y por Hugo Concha, del ITAM, quienes participan en el subgrupo de trabajo de la mesa de Representación Política y Democracia Participativa.

"La mejor opción para el cambio constitucional no es la del Constituyente, sino un mecanismo diferente", se establece en el texto titulado La Reformabilidad de la Constitución y el Régimen Político, y en consecuencia se propone adicionar los artículos 39 y 135 de la Constitución para quedar como sigue:

Artículo 39.- La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno y de cambiar su Constitución Política. Este derecho se ejercerá por la vía del Congreso de la Unión, mediante la integración en su seno de una comisión constituyente de 25 diputados y 10 senadores designada por dos tercios de los miembros presentes de cada Cámara. Dicha comisión tendrá por único encargo la presentación de un proyecto de cambio constitucional que deberá elaborar en un período de no más de 10 meses. Una vez redactado, el Congreso convocará a un período extraordinario de sesiones para someter dicho proyecto al debate del pleno de ambas cámaras, las cuales lo procesarán en los términos del artículo 135.

Artículo 135.- La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos puede ser adicionada, reformada o sustituida en los términos señalados en el artículo 39. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas, adiciones o, en su caso, la sustitución, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los Estados. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas (...), luego de lo cual llamarán a un referéndum popular. Si en éste resultaran aprobadas las adiciones o reformas, o la sustitución de la Constitución, expedirán la declaratoria de aprobación.

"Las ventajas de este procedimiento de cambio constitucional sobre las de convocar a un Congreso Constituyente, son: A) Introduce en la Constitución el procedimiento para el cambio constitucional que puede ejercerse 'en todo tiempo' y no solamente en forma ocasional, como comúnmente ocurre en los constituyentes. De este modo se garantizaría que la Constitución mexicana contuviera: A.1) las reglas que definen las relaciones básicas entre el gobierno y la sociedad, A.2) las reglas que definen la estructura y las facultades de las partes componentes del régimen político (que regula a A.1), y A.3) las reglas que determinan quiénes y bajo qué circunstancias controlan y/o cambian la operación del régimen político (es decir, A.2).

"B) Conserva y acumula, pero también supera la experiencia constitucional histórica de México.

"C) Permite que la concentración de la representación política ya lograda en el Congreso se plasme en un mejor equilibrio político, al ser elaborados los proyectos de cambio constitucional por una comisión surgida de su seno. Este equilibrio será más balanceado que el que resulte de una elección general de Congreso Constituyente (que por definición deberá ser estrictamente proporcional).

"D) Incluye a las legislaturas estatales (requiere aprobación de la mayoría de las mismas) y al electorado (referéndum).

"E) En la medida en que el equilibrio representativo de la democracia perdure como resultado de la madurez ciudadana y de los partidos políticos, las reglas establecidas para el cambio constitucional harán que éste solamente sea posible en condiciones de muy alto consenso político nacional

"La propuesta arriba formulada deberá complementarse con la introducción de algún tipo de facultad de iniciativa social en la formulación de leyes, del referéndum y de la reglamentación de éste por la ley electoral, y de su justiciabilidad por los tribunales competentes (TEPJF y, eventualmente, la Corte Suprema)."

Los dos Congresos

Si bien se esgrimen los beneficios y el lado positivo para arribar a una nueva Constitución mediante un Congreso ordinario y no con uno extraordinario, el documento también menciona los argumentos contrarios más importantes, tales como el que la promulgación de una nueva Carta Magna en una legislatura ordinaria "es refutada con el argumento de que sus integrantes han sido electos para desempeñar tareas de legislación ordinaria y no constituyente, además de que los legisladores de un Congreso ordinario pueden representar intereses particulares y espurios".

Sin embargo, Concha, Valdés y Cansino argumentan en su propuesta que "si asumimos que se ha llegado a la alternancia en el poder sin ruptura constitucional, las perspectivas de la transición democrática pueden abordarse bajo el marco constitucional vigente", además de que "la capacidad que han mostrado los actores políticos para llegar a acuerdos de base en la actual estructura constitucional permite pensar que ésta y no un Congreso Constituyente puede establecer los procedimientos para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales se conviertan, durante un lapso perentorio, en Congreso Constituyente sin detrimento de sus funciones regulares".

Y enfatizan: "La representatividad política de la nación expresada en la composición actual del Congreso de la Unión y de las legislaturas de los estados hace posible que sean estos órganos legislativos, con la concurrencia de los demás poderes y de las organizaciones sociales, los que se encarguen de llevar a cabo, dentro de sus esferas de competencia, la reforma que requiere el pacto Constitucional y sin necesidad de recurrir a un Congreso extraordinario".

En entrevista con Proceso, Muñoz Ledo sostiene que es ésta la propuesta que, una vez aprobada en su totalidad por las mesas que preside, habrán de presentar a Fox, y posteriormente "nosotros buscaremos la manera de presentar nuestra propuesta" al Poder Legislativo y éste "deberá fallar sobre este proyecto y sobre el de Pablo Gómez", quien en su calidad de coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura presentó ante la Comisión Permanente el proyecto de adición del título décimo y artículo 137 de la Constitución para convocar a un Congreso Constituyente.

La propuesta del perredista, que presentó el 9 de agosto en la LVII Legislatura, recuerda Muñoz Ledo, sugiere la iniciativa para que el Congreso de la Unión tenga la capacidad de expedir una ley de convocatoria al Congreso Constituyente que se integraría en una sola asamblea y cuyos diputados constituyentes serían elegidos mediante las normas constitucionales y legales actualmente en vigor.

Ese proyecto también condiciona la aprobación definitiva de la nueva Constitución al refrendo popular con la participación de la mayoría definitiva de los ciudadanos enlistados, pero ya no considera necesario que las legislaturas de los estados voten la creación de la nueva carta magna.

"Éstas son las dos propuestas que en realidad van a estar en el centro del debate, por lo que no se debe andar viendo quién lleva la batuta, si Dulce María Sauri Riancho, si Amalia García o Luis Felipe Bravo, o quién de los diputados y de los senadores", reta Muñoz Ledo.

Adiós a las fracciones

—¿Cuál debe ser la postura de Acción Nacional, toda vez que el proyecto que presentará usted se espera que lo haga suyo Vicente Fox y él es panista?

—Cada uno de los partidos tiene su propia fracción y su propia autonomía, pero creo que ya debemos dejar de hablar de fracciones parlamentarias por bloque.

Muñoz Ledo recuerda que en la última legislatura ya hubo voto diferenciado. "Desde luego, fue menos notable y menos extendido en el PRI, pues mantuvo normas de disciplina en 1.2%, seguido por el PAN con 8.5 y finalmente el PRD con 12.7%. Las disidencias en los dos primeros grupos se dieron más en iniciativas de tipo económico, y en el tercero, además, en materia política".

Con base en ese comportamiento que observaron los grupos parlamentarios en la pasada legislatura, Muñoz Ledo confía en que cada uno de los diputados y senadores asuma una actitud más de compromiso con el país que con el partido político que lo postuló como legislador, y en razón de ello se abran y flexibilicen las partes para dialogar y lograr acuerdos y consensos para alcanzar la reforma del Estado, que "no es otra cosa sino una manera piadosa de llamarle a la nueva Constitución, pues todos sabemos que cualquier reforma del Estado medianamente profunda que se haga, va a implicar cuando menos una modificación de entre 40 y 50 artículos de la Carta Magna".

Como ejemplo de lo que asegura, citó el balance final del foro de estudios de la Constitución, organizado por la Comisión de Estudios Legislativos de la LVII Legislatura.

"En ese balance se realizaron 32 encuentros plurales en igual número de entidades federativas y el Distrito Federal, y cinco encuentros de carácter regional, en las ciudades de Torreón, Villahermosa, San Luis Potosí, Hermosillo y en la capital del país.

"En conjunto, 758 ciudadanos elaboraron 703 trabajos escritos que la Comisión recibió, de éstos se derivan mil 216 propuestas que inciden en 124 artículos constitucionales; 45 propuestas se refieren de manera específica a la convocatoria a un Congreso Constituyente que expida una nueva Constitución; 47 propuestas lo hacen en el sentido de preservar la norma fundamental de 1917, bajo el requerimiento de formular nuevas modificaciones; 28 se encaminan a la preservación de los términos de la carta magna de Querétaro.

"Los artículos que registraron un mayor número de propuestas fueron: el 115, que recibió 52; el 3, que recibió 50; el 4, que recibió 47; el 27, con 41; el 20, con 39; el 73, con 36; el 116, con 29; el 22, con 28; el 89 con 28; el 16, con 26; el 135, que recibió 26, y el 123 que recibió 25.

"Finalmente, 12 artículos no recibieron ninguna propuesta, siendo éstos el 32, 37, 68, 81, 85, 86, 88, 91, 106, 113, 126 y el 128. El hecho es que la nueva Constitución es una bola de nieve."

Por lo pronto, dice, a más tardar el 15 de octubre le entregarán a Vicente Fox un paquete de casi un centenar de propuestas básicas.

—¿Esta reforma sale en este sexenio?

—Claro, esto va a ocurrir y se va a desatar la discusión a partir del próximo año y puede durar un año o seis meses, hay quienes pensamos durante la campaña presidencial que la nueva Constitución debería llevarse a cabo en dos años, de lo contrario sería difícil porque se perdería el momento porque se ajustan de modo distinto las fuerzas de poder, prevalece el consejo del Banco Mundial, que es hacer cambios en la administración pero no en las leyes, que es un método pragmático, lo que no creo que convenga en el caso de México, pero si no hay reforma lo que se acabará es en hacer cambios prácticos y no alcanzar una modificación de fondo. Por eso mi opinión, y la opinión predominante en la mesa, es que esta reforma tiene que hacerse en los próximos dos años. —¿Cómo y de qué manera seguirá participando Muñoz Ledo en la siguiente etapa?

—Como intelectual. Y quiero decirte que en estas mesas me abstengo de opinar, y sí trato de ordenar. Mi papel es hacer que los demás se pronuncien sobre este tema y promover que la sociedad y los especialistas propongan sobre este rubro.

Fuente:

http://www.proceso.com.mx/1247/1247n08.html

A partir de una serie de estudios relacionados con las preferencias electorales y otros temas de carácter político, realizados durante 1998 y 1999, nos percatamos de que a pesar de la grave crisis económica y de desempleo que ha enfrentado el país en los últimos años, los principales motivos de preocupación de la población urbana estaban relacionados con la inseguridad, la delincuencia y la violencia que azota hoy en día a las ciudades mexicanas; el problema se nos mostró en toda su gravedad en los estudios que realizamos durante la campaña a la gubernatura del Estado de México, en la primavera de 1999.

Por este motivo decidimos hacer un estudio más detallado del problema, en las 26 ciudades del país, mayores a 500 000 habitantes*, de las cuales finalmente pudimos cubrir sólo 16, que son las que aparecen en este reporte. Aunque para un estudio de esta naturaleza, pudiera ser recomendable recurrir a información de los ministerios públicos y organismos de seguridad, preferimos recurrir directamente a la población de esas ciudades por dos razones principales: Lo que nos interesaba conocer era precisamente, la visión que la sociedad tiene del problema, por otra parte, la información registrada en los ministerios públicos corresponde presumiblemente sólo a una porción pequeña de todos los actos delictivos que se cometen en esas ciudades.

Los resultado que obtuvimos rebasaron nuestras expectativas; las encuestas aplicadas en las 16 ciudades durante los meses de noviembre, diciembre de 1999 y enero del 2000, nos parecieron de la mayor relevancia y nos llevaron a pensar en la posibilidad de repetir el estudio cada 6 meses y cubrir a las 100 ciudades más pobladas del país, de manera que el reporte actual sea el primero de una serie, que dure mientras los niveles de gravedad del problema se mantengan como hasta hoy.

Queremos agradecer a los municipios de Querétaro, Acapulco y Mérida así como a las delegaciones de Benito Juárez e Iztapalapa, su apoyo al proyecto.

* Las otras ciudades: de más de 500 000 habitantes: Mexicali, Chihuahua, Torreón, Durango, Toluca, Culiacán, San Luis Potosí, Hermosillo, Villahermosa y Veracruz, han quedado pendientes para un ejercicio posterior.

 LAS CIUDADES CONSIDERADAS.

En este primer reporte pudimos cubrir 16 ciudades, aunque una de ellas, no es una ciudad, sino parte de ella: Se trata de los municipios conurbados de la Ciudad de México, zona que separamos del DF no sólo por su pertenencia a una entidad política distinta, sino por las diferencias en las características sociales y en las mecánicas de crecimiento. La lista completa de las ciudades aparecen en la figura 1.

 LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD.

En esta primera figura es posible observar como el tema de la inseguridad, presenta diversos niveles de aprensión directa, al igual que los de delincuencia y violencia; observándose al DF, Saltillo, Tijuana, Juárez y Guadalajara como las ciudades de mayor riesgo para la población.

Siendo la drogadicción un tema relativamente reciente para nuestra sociedad, no deja de llamar la atención el nivel de preocupación que manifiesta la población de algunas ciudades como Juárez, Saltillo, León y en menor grado en la zona conurbada de la Ciudad de México, donde 20 de cada 100 adultos lo consideran el problema más grave de su comunidad.

La información de la figura 2 nos indica que la percepción de la sociedad es en general que los problemas relacionados con la inseguridad y la delincuencia van en aumento, especialmente en Tijuana, León, Guadalajara, el DF, Monterrey y Cancún. En Aguascaliente, Querétaro, Matamoros y Saltillo, la percepción de crecimiento de los problemas es significativamente menor.

 

El término inseguridad es desde luego ambiguo porque la gente lo asocia no sólo al riesgo de ser víctima de la violencia y de la delincuenca, sino a los riesgos que existen de desastres naturales sobre todo sismos, inundaciones, ciclones, etc. Pero también a accidentes e incluso a la pérdida del empleo y las crisis económicas, por ello indagamos que sentido le da la población a este término, y aunque encontramos respuestas diversas y diferenciadas en las diferentes ciudades, el denominador común es el temor a ser victimas de algún tipo de asalto.

 LA DESCONFIANZA A LAS AUTORIDADES.

Uno de los motivos de inseguridad de la sociedad es el saberse desprotegida, ante la desconfiaza que le producen la policía y las autoridades. Este rechazo parece ser especialmente grave en el Distrito Federal, la zona conurbada del Estado de México, Puebla y Cancún, de muy antiguas raíces en las tres primeras y de agravios recientes la última. Contrasta su situación con las de Tijuana, Saltillo, León y Querétaro, donde la confianza hacia polícias y autoridades existe entre la mayoría de la población, tal como se observa en las figuras 3 y 4.

 

Otro aspecto de la sensación de inseguraid tiene que ver con la visión de impunidad de que gozan los delincuentes en diferentes ciudades, principalmente el Distrito Federal, Acapulco, Monterrey y León, en donde la gente nos informó que en caso de ser víctima de un delito no acudiría a denunciarlo porque no sirve para nada, o por que no se tiene confianza en el ministerio público.

 LA POBLACIÓN VICTIMADA

Las resupuestas que recibimos a la pregunta ¿Ha sido usted victima de algún delito durante el último año? Constituye un indicador de la graveda del problema al que hoy se enfrenta la sociedad mexicana. Imaginar siquiera que la mitad de los

adultos que habitan en los municipios conurbados del área metropolitana han sido victimas de un delito resulta aberrante, pero aún si pensamos que nuestros interlocutores tuviesen alguna confusión en la fecha de esos sucesos y se hubiesen equivocado por un año o dos, seguiríamos hablando de millones de delitos cada año.

 

Pero tal como se observa en la figura 5, el problema no es exclusivo de la zona metropolitana del Estado de México, cifras similares se dan en el Distrito Federal y en Morelia, y ligeramente menores en Tijuana, en Cd Juárez y en Acapulco, De hecho aún en las ciudades que se reportan menos delitos, como es el caso de León, Querétaro, Matamoros y Mérida, estamos hablando de un adulto de cada cinco ha sido vícitma de un delito, o puesto de otro modo, cada mexicano o mexicana que vive en una ciudad debe hacerse a la idea de que en los próximos cinco años seguramente será víctima de al menos un asalto, y sólo debe tener esperanza de no sea muy grave. Es claro que constituimos una sociedad en crisis, y que muy probablemente esta crisis no se resolverá con más policías, ni mejor alumbrado público.

 LOS DELITOS MÁS FRECUENTES.

Cuando hablamos de la totalidad de delitos cometidos contra la sociedad, nos queda claro que hablamos de un espectro muy amplio de hechos, de mucho mayor gravedad algunos que otros, no sólo por el tipo de delito, sino por el lugar donde se cometió, las armas usadas, el nivel de violencia generado y el tipo de asociación delictiva; así por ejemplo no podemos pensar igual de el despojo de una cartera en la vía pública o en un transporte, a un asalto dentro de una vivienda, aunque el botín resultara similar.

Nuestro estudio fue diseñado y preparado en base a una tipificación de los delitos, que si bien es limitada nos ha permitido asociar a cada ciudad niveles de inseguridad mejor fundamentados que el reportado en la figura 7. Así en cuanto a los tipos de delitos más frecuentes: Los asaltos en la vía pública y dentro de los medios de transporte, su incidencia se observa en la figura 6.

Las mayores incidencias de asalto en la vía pública se dan en la zona conurbada del Estado de México, seguido del DF, Acapulco, Juárez, Morelia y Puebla, mientras que en el asalto en transporte las ciudades con mayores índices son el Distrito Federal, la zona conurbada y Acapulco en ese orden. Por otra parte los menores niveles de incidencia de estos delitos se dieron en Saltillo, Matamoros, Querétaro y Mérida.

Con una incidencia menor y menos homogénea, los asaltos a comercios y los actos vandálicos nos parecen también preocupantes en número, destacando Aguascalientes y Morelia en el caso del asalto a comercios y Saltillo, el Distrito Federal, Monterrey y Cancún en cuanto a actos vandálicos.

De mayor gravedad probablemente resultan los asaltos a los hogares y el robo total de vehículos, que si bien son actos de naturales distinta, requiren en ambos casos de organizaciones delictivas y de actividades de planeación. En cuanto al robo de viviendas, las mayores incidencias se dan en Cancún, Cd. Juárez, Monterrey, Morelia, Matamoros, Acapulco y Mérida en ese orden.

En cuanto al robo de autos (total) cos mayores niveles de actividad se dan en Tijuana, Guadalajara, Aguascalientes y Cd. Juárez, correspondiendo los niveles más bajos de incidencia a Saltillo, Acapulco, Puebla, Cancún y Mérida. Una diferenciación que por ahora no podemos hacer, es la referente a la presencia o ausencia de las víctimas en el momento del despojo, con lo que se tipifican delitos distintos y de mayor o menor gravedad según el caso.

Tanto el secuentro como la violación son considerados por la sociedad como delitos de la mayor gravedad. Casos de secuestro fueron detectados en 14 de las 16 ciudades y con incidencias relativamente pequeñas. Los mayores niveles detectados se ubican en Cancún, el DF, Guadalajara y Puebla.

En relación a los delitos de carácter sexual, los mayores niveles de incidencia se ubican en la zona conurbada del Estado de México, Saltillo, Cancún y León.

Como puede verse de la serie de figuras anteriores, las conductas criminales varían mucho de unas ciudades a otras, aunque algunas de ellas aparecen más veces en los primeros lugares: tales son los casos del DF, Zona Conurbada, Morelia, Acapulco, Cancún y Tijuana, por lo que podemos adelantar que es en ellas donde la sociedad enfrenta los mayores niveles de inseguridad.

LAS CAUSAS.

Pensar en eliminar la delincuencia que azota hoy a las ciudades mexicanas, o intentar siquiera su disminución significativa y permanente, nos parecería imposible si antes no entendemos sus causas, y los factores sociales que la nutren.

El problema no es sencillo, la sociedad tiene sus ideas tal como lo hemos podido constatar a través del mismo estudio de opinión que realizamos en las 16 ciudades señaladas en este reporte:

La falta de empleos, índice desde luego en el problema sin lugar a dudas, su crecimiento esta estrechamente relacionado con la aplicación del modelo económico neoliberal, causante indiscutible de la generación de pobreza y desempleo por más que sus defensores lo soslayen y minimicen, sin embargo, como hemos visto el crecimiento y las pautas delictivas defieren mucho de unas ciudades a otras, mientras las políticas neoliberales han sido aplicadas en el país completo. Por otra parte, el hecho de que en la inmensa mayoría de los casos los delitos sean cometidos por jóvenes, sí nos da un indicio de que el desempleo es importante; el déficit de 800 mil empleos anuales, se ha traducido en la imposibilidad que enfrentan los jóvenes a su primera oportunidad de trabajo, cuando sus inquietudes y facultades físicas son más intensas.

Se indican también las fallas en la educación, pensando en que esta no ha sido capaz de sembrar con firmeza los principios de la ética, que toda sociedad requiere para su sano desarrollo, pero aquí vale la pena preguntarse si en este aspecto la educación ha variado o se ha deteriorado tanto en las dos últimas décadas, como para generar esta debacle.

Para muchos ciudadanos y ciudadanas el origen de la crisis tiene que ver con la corrupción policiaca y los niveles de impunidad que el sistema de justicia otorga a los delincuentes. La idea tiene sentido, pues si bien la corrupción es un vicio viejo entre las fuerzas de seguridad, y las fallas del aparato de justicia que protegía a los delincuentes han sido conocidas a lo largo de todo el siglo XX, también es un hecho que la descomposición policiaca alcanzó sus niveles históricos más altos a partir de la administración de López Portillo, a partir de la cual muchos de los altos mandos policiacos fueron comprados y operaron como parte de las redes de crimen organizado. Incluso es sólo en este sentido que se puede explicar el crecimiento desmedido de la delincuencia en lugares como Cancún, con un altísimo grado de desarrollo económico y un índice de escolaridad media de 8.7 años, que si bien no esta entre los más altos del país, tampoco se ubica en los de escolaridad reducida

Resulta imposible negar el impacto negativo que el sistema educativo nacional, en su sentido más amplio que incluye en primer lugar a la Televisión, han tenido en la promoción de la delincuencia, como tampoco podemos hacer a un lado los aspectos negativos que la corrupción policiaca, la impunidad y el deterioro del sistema de justicia han tenido ante la sociedad mexicana y ante los habitantes de cada una de las ciudades en particular, pero sería igualmente equivocado minimizar los graves desequilibrios sociales y económicos que experimentan las sociedades mexicanas tal como lo hemos tratado de presentar en este documento.

Fuente:

http://comdemoc.rosenblueth.mx/inseguridad/default.asp.html

PRESENTAN PROPUESTAS A FOX

El Secretario Ejecutivo del SNSP, propuso una serie de medidas al Coordinador de Seguridad y Justicia del equipo de transición de Vicente Fox.

Por: Luis Alegre Fuente: Reforma | 14:13 Hrs México, D.F.- El Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Mayolo Medina, propuso una serie de medidas a José Luis Reyes, Coordinador de Seguridad y Justicia del equipo de transición del Presidente electo, Vicente Fox. Entre las medidas propuestas se incluye "despolitizar" los recursos económicos para combatir a la delincuencia y el crimen organizado, destinando un porcentaje fijo del presupuesto federal para la Seguridad Pública. También planteó que el Secretario Ejecutivo del SNSP permanezca en el seno de la Secretaría de Gobernación "porque ante todo demanda la voluntad política de los tres Poderes de la Unión y de los tres niveles de Gobierno", y que se asegure la continuidad de las políticas y proyectos de infraestructura y equipamiento que en este sexenio se pusieron en marcha. En el marco de la reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, celebrada el miércoles pasado, Mayolo Medina recomendó destinar un porcentaje mínimo fijo anual del Producto Interno Bruto (PIB) o del Presupuesto federal para el Programa Nacional de Seguridad Pública. "Es decir, despolitizar esos recursos presupuestales", señala en su texto el titular del SNSP. Esta propuesta es similar a la que presentaron hace un mes las autoridades del Poder Judicial ante el equipo de transición de Vicente Fox. Mayolo Medina dijo a los Procuradores y al representante del equipo foxista que estas propuestas servirán "para amalgamar el cambio y la continuidad, entender el verdadero propósito de la descentralización de atribuciones y programas locales, sin descuidar y dañar el espíritu de coordinación que demanda la eficiencia en contra del enemigo común: la delincuencia, especialmente el crimen organizado". El documento, dividido en 9 propuestas, pide concluir el Registro Nacional de Huellas Dactilares, terminar las centrales de telecomunicaciones que se construyen en los estados y poner en marcha en todo el país el Servicio Telefónico de Emergencia 066. Otra propuesta es destinar recursos suficientes para atender los demás requerimientos de infraestructura básica, "como la construcción, amplificación y dignificación de Procuradurías Estatales, Agencias del Ministerio Público, Laboratorios Certificados de Servicios Periciales y por supuesto los Centros de Reclusión". Asimismo, Mayolo Medina promueve que se mantengan los Programas de Evaluación, Capacitación y Certificación de todos los elementos que componen la procuración de Justicia. Otros dos apartados de las propuestas se refieren a la necesidad de actualizar la fórmula de distribución de recursos aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, para atender, vía el Ramo 33, las presiones de gasto corriente y destinar al menos una cuarta parte de esos recursos económicos para apoyar las tareas de Seguridad Pública en el ámbito municipal. El SNSP es la instancia que coordina las acciones de Seguridad Pública de las dependencias federales y de los tres niveles de Gobierno y es el encargado de proporcionar los recursos tecnológicos y financieros para las tareas de prevención, procuración y administración de justicia, así como para la readaptación social. Sin embargo, el SNSP no interviene en operaciones policíacas, no tiene fuerzas de seguridad y tampoco suple a ninguna autoridad.

Fuente:

http://www.terra.com.mx/noticias/nota/20000908/107420.htm