I PARTE. Medio ambiente y sociedad: retos para el futuro

Algunos autores consideran que en los países ricos, el crecimiento del ambientalismo se explica principalmente por un cambio post 1968 hacia los valores culturales “postmaterialistas”. Esta posición optimista considera la desmaterialización como nada, y se conoce como “tesis post materialista” de Inglehart. No obstante, aparte de los impactos y costos “objetivos” ambientales, Inglehart sostiene que el cambio cultural hacia valores “subjetivos” pos materialistas está volviendo más sensible a algunas sociedades con los temas del medio ambiente.

En países pobres, a veces, el ambientalismo se supone importado y organizado por el ambientalismo post materialista del norte, inspirado por personas de ingresos altos que les permite una preocupación por temas post materiales de calidad de vida, más que una preocupación por el sometimiento de la propia vida.

A primera vista, los ecologistas o conservacionistas son unos tipos un poco locos que luchan porque los osos pandas o las ballenas azules no desaparezcan. Por muy simpáticos que les parezcan a la gente común, esta considera que hay cosas más importantes x las cuales preocuparse, por ejemplo, como conseguir el pan de cada día.

Algunos no los toman como tan locos, sino como vivos que, con el cuento de velar por las supervivencia de algunas especies, han formado “organizaciones no gubernamentales” para recibir jugosas cantidades de dinero del exterior. Pueden ser verdaderas hasta cierto punto estas afirmaciones, sin embargo, en el Perú, existen grandes masas que son ecologistas activas.

Confiar en el nacimiento de movimiento ambientalista como una señal de conflicto entre la economía y el medio ambiente, perece fuera de lugar cuando los temas son globales. Hay casos en los que, a pesar de la existencia de una externalidad conocida (calentamiento global, destrucción de la capa de ozono, la pérdida de biodiversidad silvestre…), no ha habido muchos movimiento populares espontáneos.

Se podría preguntar por qué hay tantos índices, cuando podría haber un índice físico único, del impacto humano sobre el ambiente, utilizando el concepto de capacidad de carga, como se define en la ecología: la población máxima de una especie que puede mantenerse sustentablemente en un territorio dado sin deteriorar su base de recursos. La respuesta es que la capacidad de carga es irrelevante para los humanos, por varias razones, entre ellas, la aptitud humana de establecer grandes diferencias en el uso exosomático de la energía y materiales.

Hay otra razón para que la noción de la capacidad de carga no sea aplicable directamente a los humanos: el comercio internacional. El comercio puede verse como una apropiación de la capacidad de carga de otros territorios.

En el cruce entre dos milenios, la mirada de los hombres y mujeres de nuestro tiempo se vuelve hacia atrás, observa, reconstruye y descubre grandes desequilibrios, promesas incumplidas… la destrucción de múltiples ecosistemas, la contaminación creciente de aire, agua y suelos, las demandas de quienes no tienen acceso a los recursos, nos hablan de necesarias y urgentes soluciones para los problemas pendientes. Entre tanto, un ejercicio de reflexión resulta indispensable para seguir caminando.

Una mirada retrospectiva nos muestra, en el plano científico, varios siglos de dominio del viejo paradigma mecanicista, cientos de años de pretendida separación total entre el sujeto, el objeto y su contexto. Sus efectos son evidentes, la necesidad de un cambio de rumbo también. Hoy comprendemos, al fin, la tarea diseccionadota de los procesos científicos de corte reduccionista, si bien se mostró útil para resolver problemas concretos (comunicaciones a distancia, poner un avión en vuelo…) ha resultado infecundaza para interpretar toda la complejidad del entramado que envuelve nuestra presencia en la Tierra. En efecto, esta ciencia positivista no ha podido explicar el funcionamiento de tres grandes sistemas que más nos preocupan: lo infinitamente grande (el universo), lo infinitamente pequeño (el mundo subatómico) y el ámbito de la vida.

Adentrándonos en el terreno económico-social, tal vez lo primero que debamos decir sobre el desarrollo sostenible, es que este no es un modelo acabado y generalizable a cualquier ámbito. Es, más bien, un proceso dinámico de construcción de un modelo. Ello significa que sabemos mucho más lo que no es sostenible que lo que lo es y que, hoy por hoy, podemos simplemente avanzar algunos criterios, identificar algunas características de la sustentabilidad, proyectos y prácticas que se aproximen a ella.

La ilusión ambiental se sostiene sobre la complejidad administrativa y el elefantismo burocrático. Administraciones, normas, programas, proyectos se interponen entre los impactos físicos reales y la ciudadanía y los agentes sociales; distorsionando la percepción social sobre los mismos y produciendo la invisibilidad administrativa de la situación ambiental. Tal distorsión en ocasiones actúa incluso contra la percepción más directa y común, contra los sentidos mismos. Este es el caso del polo químico de Huelva, donde el sentido del olfato, de la vista, la respiración o la sensibilidad cutánea nos advierten de la toxicidad y de la agresividad de un ambiente que según los informes oficiales de la administración ambiental se encuentra en magníficas condiciones.

En el caso de Doñana, esta complejidad se ha convertido en una expresión del caos, que provoca la irrupción de un tipo de riesgo y catástrofes como la ecología que desborda por completo el riesgo calculado sobre el que se fundamenta todo nuestro sistema económico y político.

Los cambios de siglo suelen despertar abundantes procesos de reflexión. El actual, que es además cambio de milenio, no es ajeno a ello. Los múltiples avances del siglo XXI han sido sin duda extraordinariamente interesantes, especialmente para la quinta parte de la humanidad que ha visto aumentar su bienestar, su salud, su acceso a la educación y duplicar su esperanza de vida. El indudable avance que se ha producido en este siglo, ha desencadenado un optimismo tecnológico de largo alcance que frecuentemente enmascara la realidad.

II PARTE. Políticas públicas y legislación ambiental.

Las normas internacionales sobre medio ambiente han venido impulsadas por una fuerte concienciación mundial sobre los riesgos que la actividad humana podría producir sobre el medio humano. Las actividades económicas industriales, tecnológicas, etc., no comportan hoy riesgos potenciales para la atmósfera, biosfera, recursos naturales e incluso para el equilibrio de los ecosistemas. Riesgos de alcance global para la humanidad y de consecuencias conexas y desencadenantes de daños irreversibles y no cuantificables comercialmente.

El medio ambiente ha venido evidenciando las necesidades de protección jurídica internacional, para garantizar la salvaguarda de un bien esencial y de interés colectivo.

No obstante, el Derecho internacional del medio ambiente profundiza más en su dimensión preventiva que represora, porque si se llegan a producir daños, los mecanismos de satisfacción y reparación son en sí mismo insuficientes por la propia naturaleza del bien dañado.

En el Derecho internacional general no existen normas relativas a una responsabilidad objetiva por daños, ni tan si quiera puede hablarse de una práctica generalizada que pueda estar generando una costumbre en tal sentido.

El principio de quien contamina paga expresa de forma económica el carácter absoluto e inevitable de resarcimiento de un daño ecológico. La doctrina advierte que no se trata de una autorización por vía económica para contaminar mediante pago, sino que por el contrario pretende desalentar ala contaminación fomentando hábitos de consumo limpios y desarrollos tecnológicos respetuosos con los índices de calidad de a vida humana. Por tanto debe entenderse a dos niveles: como pauta preventiva y disuasoria de conducta y como instrumento económico de política ambiental.

A modo de conclusión se podría afirmar que, el desarrollo de regímenes de responsabilidad internacional diversificados supone un perfeccionamiento del sistema jurídico internacional.

En los ámbitos científicos, el medio ambiente es incluido de nuevo como tema de interés y objeto de debate. Economistas, biólogos, sociólogos, geógrafos y planificadores urbanos comienzan a elegir con frecuencia, bien de forma directa o indirecta, el medio ambiente como tema de sus estudios y proyectos de investigación.

Resultado de los debates en torno a estos temas, en donde se han vertido críticas al modelo de desarrollo productivista y se ha tratado de buscar nuevas formas de desarrollo que tuvieran más en cuenta la conservación de los recursos naturales y la preservación del medio ambiente, ha sido la generalización de términos como la sustentabilidad o sostenibilidad, desarrollo sostenible o sustentable, términos que han sido adoptados prácticamente a nivel mundial como principios directores de las futuras políticas.

En 1987 la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (WCED), define por primera vez el Informe Brundtland que se entiende por desarrollo sostenible: “desarrollo sostenible es el desarrollo que asegura las necesidades del presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para resolver sus propias necesidades”.

En el informe se precisa que el desarrollo sostenible implica una transformación progresiva de la economía y de la sociedad.

El texto del informe recoge una lista de los objetivos que deben tener las políticas para el medio ambiente y el desarrollo. Estos objetivos a grandes rasgos son: se tiene que pasar revista al crecimiento, se ha de cambiar la calidad del crecimiento, conservar y aumentar los recursos básicos y fusionar el medio ambiente y la economía en la toma de decisiones.

El principio de desarrollo sostenible lleva consigo una serie de efectos y consecuencias que se derivan de este. Algunos con los mismos que acarrean todos los principios en general y otros son el resultado de aplicar el principio de desarrollo sostenible en concreto.

Los principios contienen además auténticos mandatos al legislador y al resto de poderes públicos y cumplen una función interpretativa esencial. También lleva a término una función integradora del ordenamiento y a partir de esta permite la creación y fundamentación de nuevas reglas.

III PARTE. Medio ambiente, políticas y sociedad.

El huracán Match de noviembre de 1998 y sus devastadores efectos sobre la región centroamericana pusieron en evidencia los intensos lazos que unen la pobreza y el medio ambiente, el desarrollo humano y el desarrollo sostenible. El impacto del poder destructivo de los huracanes se multiplicó en la vulnerable Centroamérica causando miles de víctimas y millones de daños en una región castigada por la naturaleza, el conflicto y la pobreza.

El desastre fue contemplado con angustia desde los países del Norte y en España, la reacción social fue, como otras veces, poco reflexiva. Pero Mitch es una excelente oportunidad para que aprendamos a relacionar los desastres naturales con la devastación de la naturaleza y los efectos de la pobreza y la desigualdad.

La lógica destructiva de a naturaleza tiene también con la crisis del mundo rural en Centroamérica, con la incapacidad de las capitales de la región para recibir a la población expulsada de él por la pobreza y con la presencia de asentamientos poblacionales en zonas de riesgo (cauces, laderas no asentadas…) como nos mostró el huracán Mitch en su paseo de ida y vuelta por Tegucigalpa.

La región centroamericana es un ejemplo evidente de la relación directa que existe entre la pobreza masiva, la destrucción medioambiental y la vulnerabilidad ante los desastres naturales, económicos y socio-políticos. Esa relación surge de la dificultad de encontrar un equilibrio entre el sustento y la sustentabilidad. En los acuerdos centroamericanos han asumido un protagonismo especial los conceptos de desarrollo humano y desarrollo sostenible.

La formulación y aplicación de nuevas políticas provoca diversos efectos de vertebración social en el área de la sociedad civil a la que van destinadas. Se produce un fenómeno de corporatización inducido desde el Estado, proceso que, si bien ya fue objeto de análisis desde la perspectiva corporatista al comienzo de los años 80, puede también explicarse desde los más recientes enfoques neoinstitucionalistas. El Estado, a través de sus políticas y las instituciones que crea para desarrollarlas, induce procesos de vertebración de la sociedad civil, favoreciendo la emergencia de los actores colectivos organizados para representar los distintos grupos de intereses y participar en la formulación y aplicación de dichas políticas.

Para llegar a una mejor explicación del comportamiento proambiental, sería necesario atender conjuntamente a tres factores: recursos, actitudes y costes; pudiéndose incluso delimitar un menor o mayor grado de importancia para cada uno de ellos en función del tipo de comportamiento que se trate.

A pesar de los numerosos y nada claros resultados sobre la relación entre actitudes y comportamientos, existen algunos estudios sobre los que se pueden realizar un acercamiento analítico a esta cuestión teniendo en cuenta dos factores además de los anteriores: los recursos y las oportunidades.

En concreto, los estudios sobre cultura política y opinión pública, aportan resultados consistentes acerca de la influencia de determinadas características sociales sobre el desarrollo de actitudes hacia asuntos públicos, tal y como la preocupación sobre el medio ambiente.

Los análisis previos han puesto de manifiesto que no puede negarse el papel que juegan las actitudes, los sistemas de creencias, en la construcción y desarrollo de estrategias de acción por parte de los actores sociales en relación a la protección y defensa del medio ambiente. De formas más específica, se ha podido determinar que cuanto mayor es el proambientalismo, mayor es la conducta proambiental; lo que se acentúa cuando este se presenta en formas más cercanas a un sistema de creencia de corte ideológico, y por tanto, en contextos de mayor competencia cultural.

Una vieja máxima del movimiento ecologista es “pensar globalmente, actuar localmente” aunque los problemas mundiales que se vienen mostrando en los últimos años: cambio climático, capa de ozono, transgénicos, etc., y los encuentros internacionales para abordarlos nos están obligando a actuar también globalmente.

La cercanía del poder municipal a la ciudadanía lo convierte en una herramienta sumamente eficaz para la educación ambiental y la modificación de comportamientos negativos social y ambientalmente, esa cercanía, por tanto, posibilita también la búsqueda y puesta en práctica de las soluciones.

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