Política Española II

Introducción

“España es un país dramático, casi por antonomasia el país dramático, el país de “Sangre y arena”, “Bodas de sangre”, “Carmen” y ”Por quién doblan las campanas”. Son estereotipos que forman parte de la cultura popular y literaria para explicar la visión dramática y pesimista de España como un país triste que tiene como idiosincrasia del carácter nacional: religiosidad intensa e intolerante, preocupación por el honor y el prestigio, estilo de vida austero, cierto menosprecio por los negocios, propensión a las actitudes violentas y crueles, así como redes clientelares -amiguismo- en las relaciones sociales.

La raíces de esta visión dramática tiene su origen en el S. 19 que lo dejó como herencia al S. 20 hasta incluso después de la transición. El S. 19 se caracteriza por la discontinuidad, las convulsiones y la inestabilidad que hace imposible la existencia de un concurso básico para establecer un conjunto de pautas democráticas, unas reglas de juego. El S. 19 verá la existencia de 13 textos constitucionales de los cuales solo 7 tuvieron vigencia (ley del péndulo: ahora constitución democrática conservadora, ahora más progresista), inestabilidad constitucional que imposibilita la constitución de un Estado plenamente moderno. Además eso comportó la alternancia de partidos en los años de la Restauración entre conservadores y liberales que produjo el caciquismo y las redes clientelares sobre las cuales se consolidó el sistema que enmascara la situación inestable en la que se vive.

Existe una muy frágil vigencia de las libertades democráticas entre lo que es la oligarquía y la clase gobernante no profesionalizada. Caciquismo y analfabetismo acompañan a una sociedad fundamentalmente rural y serán los pilares en los que se sustentan la visión trágica del país.

La religión junto con la Iglesia es también (en su papel institucionalizador), un factor incidente y definitorio en un contexto de oscilaciones y discontinuidades. Con la II República esto se rompe y aflora un fuerte resentimiento ante la intolerancia de la Iglesia que genera el pensamiento anticlerical (la sociedad se fragmenta a partir del eje económico y el religioso).

Otro de los debates es el de la monarquía y sobre la necesidad de esa institución lo que genera discontinuidad y oscilaciones también en este tema. Por otra parte los sentimiento diferenciales de determinados territorios del Estado y la necesidad de su reconocimiento, juntamente con el desarrollo social, son líneas que agravarán con la llegada de la II República. Las líneas divisorias que conforman nuestro carácter explota con la II República provocando la guerra civil y los 40 años de dictadura franquista

Los años 60's serán de cambio -revolución- transformación de la sociedad española: tecnocracia (planes de estabilización -opus-); turismo y emigración (entrada de divisas, apertura al exterior irá dejando atrás a la sociedad rural subdesarrollada); tímida apertura (se dejará la autarquía). Como crítica explícita a todo ello tenemos películas como “El Verdugo”; “Bienvenido Mister Marshall”. La sociedad española está cambiando (“la nova canço”), etc. da las pautas de la evolución del Estado (huelgas obreras, protesta estudiantiles, creación de la Asamblea de Catalunya, represiones, cárceles, muertes, etc. ), muestran el deseo de abolir la dictadura.

Se hace necesario la creación de un consenso básico alrededor de una reglas de juego que permitan la creación de un Estado democrático (pero era el tiempo de las dos españas enfrentadas desde el S. 19 con sus oscilaciones y discontinuidades). En los 60's comenzará a cambiar el sistema pero poco a poco. La transición se hará desde el interior del propio sistema (Franco murió en la cama, no se derrocó la dictadura). No se realizó una revolución. Así, las reglas de juego se irán fijando desde dentro del propio sistema. La transición española no es equiparable a la de los grandes momentos de creación de las constituciones (como en América o Francia donde si que se llevaron a cabo revoluciones populares desde abajo).

En cierta manera habría que distinguir entre los numerosos “alzamientos” (liberales y conservadores) que se produjeron a lo largo del S. 19 con el alzamiento del general Franco en el 36. En los primeros casos la situación política española era muy diferente ya que en general se había establecido un sistema político basado en la alternancia en el poder por parte de los partidos principales en un contexto de sufragio censatario. Es decir, los alzamiento del S. 19 se producen en una situación de arbitraje frente a un camino en las esferas del poder político en favor de uno u otro partido.

En general, las principales cuestiones que formaban parte del debate político y parlamentario consistían en la discusión de la soberanía (popular o parlamentaria), la responsabilidad del monarca y su sometimiento a la constitución, las libertades individuales sacadas del liberalismo y poca cosa mas. Pero en los años 30, la situación es absolutamente diferente. El tema de la monarquía y el religioso (confesionalidad del Estado) se habían agravado hasta el extremo de que con la proclamación de la II República desaparece la monarquía en España y la Iglesia, perdió su poder político y de dominación cultural (::::), en unos momentos en los que surgía nuevos valores procedentes de las ideología sobreras. A todo ello se debe añadir la situación social a la que se había llegado en España con la pérdida de las colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas -1898-) y el desastre de Annual de 1902 en un contexto de fuertes convulsiones sociales y laborales.

Por tanto, la situación política española es muy diferente en los 30's, a todo o sucedido en el S. 19, dado que con la llegada de las nuevas ideologías obreras y su lucha (política y violenta), hacia creen en la posibilidad real de una revolución anarquista en España a imagen de la revolución rusa de 1917.

Tocados todos los valores propios de las constituciones castrenses (monarquía, unidad nacional etc.) se inició una nueva revuelta militar protagonizada por Franco que es conocedor de esta nueva situación y que por tanto entendía su empresa de manera distinta a como la habían entendido otros generales del S. 19.

Por otra parte, cuando hablamos de la decadencia de la España de principios de siglo y su importancia en el arte y la literatura, debe tenerse en cuenta que los grandes literatos españoles, formaban parte en general de la burguesía intelectual de la época. Conjuntamente con los militares, sus valores fueron completamente hundidos por los nuevos valores obreros. El sentimiento de decadencia poco a poco fue impregnando a todas las capas sociales bienestantes. Pero eso no quiere decir que ese sentimiento los compartiese toda la sociedad ni tan solo todo el mundo se podría identificar dado que en el discurso de la clase obrera (comunista, anarquista, socialista), así como en los grupos socialistas no se respiraba tanto ese sentimiento de decadencia sino que predominaba la ilusión y esperanza de su propio convencimiento. En definitiva, que la decadencia del país se refería exclusivamente a la decadencia de su clase dominante existente hasta entonces no en la mayoría del los sectores sociales populares que estaban viviendo sus mejores momentos.

La transición.

La revolución en España debe entenderse como un cambio de las estructuras/reglas de juego del propio sistema, si bien, la transición será el punto de inflexión. Pero el momento histórico será valorado de forma diferente: ¿fue la transición una verdadera revolución hacia la democracia?.

En el momento de la transición, las redes clientelares (caciquismo-amiguismo) habían desaparecido. También la austeridad y religiosidad desaparecieron con el proceso de democratización social que se estaba estableciendo (aumenta la gente que se declara atea pero no aumenta la gente que se declara anticlerical lo que si sucedía en el momento de la guerra civil). El comportamiento de las élites políticas hicieron diluirse en buen grado el cleavage religioso.

Con los pactos característicos de la transición, consenso necesario para negociar al texto constitucional (búsqueda del consenso a partir de la élites). Finales del franquismo (1966-76), actitudes autoritarias y democráticas. La gente estaba predispuesta a aceptar el sistema político. Pero existía una fuerte preocupación hacia el proceso de adopción de la democracia (años después los estudios demostraron que las cosas funcionaron mejor de lo que se esperaba). Preocupación por el cambio que supone la transición hacia la democracia.

La aceptación y legitimidad del sistema democrático es aceptada en gran parte por la ciudadanía española en el periodo 1980-84: la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno (la aceptación de las reglas de juego no presupone la aceptación de las instituciones o una valoración positiva del funcionamiento del sistema). Incrementa poco a poco el sentimiento de aprobación de la democracia como forma legítima de gobierno mientras que en ns/nc tiende a desminuir (se reduce la indiferencia hacia la política de años anteriores).

1985-98, la búsqueda de consenso político como forma de llevar a cabo la transición fue un motivo de orgullo, eso no quiere decir que se acepte el funcionamiento del sistema o las actitudes de las élites.

Sentimiento producidos por la política según estudios realizados en los años 90's sobre grupos ocupacionales donde los políticos estaban en la cola (4 sobre 10). Actitudes respectos:

Los inicios de todo sistema democrático ya de entrada tiene un apoyo importante independientemente de cual sea la forma de gobierno. Se ha incrementado la pauta de aceptación de la democracia en los últimos años.

Coincidiendo con el hundimiento de la UCD y las crisis económica, la coyuntura afecta a la valoración satisfactoria o no de las instituciones democráticas.

Sentimientos de lejanía respecto a la política y mantenimiento de opiniones estables a lo largo del tiempo de desconfianza respecto a los políticos. Gran desafección importantísimo acompañado de un porcentaje mínimo de gente identificada con los partidos, asociaciones ciudadanas, etc, debido al retardo de la modernización económica de España y al bajo nivel educativo.

La aparición de los partidos de masas dará preeminencia a los líderes sobre el propio partido que hace que al cesar del cargo se produzca un hundimiento importante del partido.

Juicio sobre los partidos políticos (1992-96). Son necesarios para el funcionamiento del sistema pero perviven sentimientos de cierto rechazo e indiferencia de los años de la postguerra española.

La búsqueda del pacto (consenso) político fue una buena manera de llevar a cabo la transición pero para el normal funcionamiento de la democracia esa vía es difícil de utilizar.

Moderación ideológica. Los españoles se sitúan en el centro-izquierda del eje ideológico. La opinión pública española demanda: la necesidad de reformas sociales profundas para acabar con la pobreza y la desigualdad social (tanto en sectores de izquierda como derecha); la escasa confianza en la iniciativa privada y en la capacidad individual para alcanzar el éxito (no se cree en el éxito de la responsabilidad individual); fuerte estatismo. Es el Estado el responsable de responder a las necesidades sociales.

La necesidad de llegar a un cambio/transición hacia la democracia ¿cómo? con la búsqueda del consenso a la hora de adoptar el texto constitucional y evitar la segregación/división de la sociedad. Pacto/acuerdo/consenso porque para llevar a cabo la gran revolución era preciso aprobar políticas que requerían mayorías absolutas.

El estilo de la transición se puede concretar en la búsqueda de consenso y moderación progresiva que se alejan de los cambios radicales. La política que pasa a ser una actividad interna del gobierno, poco movilizadora y aburrida y la mayoría de la población poco o nada dice. Fue una transición hecha desde arriba por las grandes élites políticas sin movilizar a la gente. Poco a poco se eliminan cuestiones que aún hoy quedan sin resolver. Se excluye la posibilidad de participación política de la población (bagajes y herencias que aún hoy perduran), herencia del franquismo y la transición . La política actual, nuestra democracia, pese que está legitimada por los ciudadanos es moderada, aburrida poco movilizadora y con temas irresueltos.

Cultura política: aceptación general del régimen y ciertas herencias que son manifiestas en la política actual y que se reflejan en una manera determinada de actuar.

Política y Gobierno en España. La transición política (1975-1982). Cesáreo R. Aguilera de Prat

Se trató de una transición política sin ruptura de los aparatos del Estado, pero con una profunda transformación de la legalidad, las instituciones y las prácticas políticas. Las tareas que tuvo que abordar la transición fueron: desvinculación del régimen autoritario; creación de un nuevo ordenamiento jurídico-político; control civil de las FFAA; reformas económicas y consolidación de las instituciones democráticas.

El proceso se vio favorecido por cambios socioeconómicos y culturales, y el comportamiento negociador de las elites y el apoyo social masivo. Es decir, coincidieron varios factores: el contexto internacional favorable, el nivel de desarrollo, la difusión de una mentalidad abierta y la predisposición de las élites. Pero todo eso valorado relativamente dado que la presión internacional fue limitada, la modernización económica no determinó directamente los cambios políticos, la cultura cívica pluralista era muy reducida y la pugna por el liderazgo (reforma/ruptura) intensa.

La transición no se produjo ni a través de un proceso de autotransformación del régimen ni por la vía de la ruptura, sino que fue fruto de una serie de negociaciones y pactos entre los actores políticos, para, mediante un procedimiento reformista, alcanzar el objetivo de cambio de régimen. Las políticas de ruptura pactada o reforma pactada expresan la ambigüedad, dado que se pasó de la polémica ruptura/reforma al consenso y de ahí la originalidad: en haberse conducido políticamente mediante negociaciones dirigidas por el gobierno con diversos sectores del régimen y de la oposición y en haber usado los propios mecanismo de la Leyes Fundamentales para superarlas.

Si bien el proceso de cambio fue controlado desde arriba, éste no se limitó a remodelar la fachada política. El proceso exigió varias negociaciones: interna del poder (Suárez/Fraga); interna da la oposición para autolimitar su política; conjunta del gobierno y la oposición antes de las primeras elecciones libres y acuerdo constitucional global posterior.

Desde mediados de 1976 resultó constatable tanto la inviabilidad de la ruptura (por falta de capacidad movilizadora de la oposición), como el continuismo superficialmente remodelado. El referéndum de la reforma política en diciembre de 1976, mostró la debilidad de la oposición y la decidida opción del Estado de superar el régimen autoritario y quedó claro que el gobierno Suárez tenía la iniciativa política y que la oposición iría a remolque, de ahí que todos los actores aceptaron acuerdos consociativos y que la negociación se centrase en la legalización de los partidos (con el tema comunista encima de la mesa) y el sistema electoral.

Las carencias de la oposición resultaron visibles no sólo en sus errores estratégicos, sino en la debilidad de los partidos que la integraban y en la despolitización de la gran mayoría de los ciudadanos. Su pérdida de protagonismo era palpable en la ausencia de gobierno provisional y en la no inicial previsión de convocar una Asamblea Constituyente, si bien los resultados electorales de 1977, convertirían de hecho las Cortes en constituyentes.

Sobre la teorías que intentan explicar la transición española (funcionalista, estructuralista, de la movilización), el autor defiende el modelo de Rustow de evolución de un régimen a otro por gradualidad, instauración consensual y rápida consolidación y habituación general a los nuevos principios, reglas e instituciones.

I. El agotamiento del franquismo.

La dictadura franquista controló férreamente a la sociedad civil española sobre todo durante sus primeros años pues con el desarrollismo de los años 60/70, cambiaron las relaciones entre el poder y sus súbditos. Se pasó de una sociedad rural/agraria a otra urbano/industrial y surgieron nuevos movimientos autónomos. Los cambios socioeconómicos y la difusión de una mentalidad predispuesta a incorporarse a los parámetros europeos (sin conocerlos bien), facilitaron la posterior transición política.

A principios de los años 70, era evidente el contraste entre una sociedad y un economía bastante modernizadas y un régimen político autoritario arcaico. El agotamiento de la dictadura se produjo en su fase final (1973-1975), tras el asesinato de Carrero Blanco (principal valedor del inmovilismo) y la caída de los autoritarismos en Portugal y Grecia. La limitada oferta de liberalización interna de Arias Navarro en 1974, plasmada en un vago asociacionismo dentro del Movimiento no cuajó.

II. Estrategias y actores políticos.

La transición estrictamente jurídico-institucional fue breve: de la aprobación de la Ley para la Reforma Política por las Cortes orgánicas, al referéndum constitucional, es decir desde noviembre de 1976 a diciembre de 1978. Pero el proceso político completo fue más amplio: desde la muerte de dictador a la alternancia (desde noviembre de 1975 hasta octubre 1982). Entre 1975 y 1978, cambió la legalidad y la legitimidad: se apartó pacíficamente el grueso del personal político dirigente de la dictadura; se estableció un acuerdo tácito entre gobierno y la oposición sobre el pasado (nos robaron la memoria), esto es, no exigencia de responsabilidades ni depuraciones y se pactaron las nuevas reglas del juego político.

La fase más densa de innovaciones fue la del primer año del gobierno Suárez: desmantelamiento del Movimiento, primera amnistía limitada, Ley para la Reforma Política, legalización de los partidos y primeras elecciones libres. El periodo constituyente presidido por la política del consenso, se cerró con la moción de censura del PSOE contra Suárez en mayo de 1980. A partir de ahí se abrió un periodo inestable, con la dimisión de Suárez, el intento de golpe de Estado de Tejero y la debilidad de Calvo Sotelo hasta la alternancia de 1982.

Tras la aprobación de la CE y los Estatutos de Autonomía del País Vasco y Catalunya, la consolidación sólo se produciría a lo largo de la década de los años 80 en la que los sucesivos gobiernos del PSOE culminaron las tareas que UCD dejó inconclusas: control civil de las FFAA, plena autonomización territorial, reformas económicas estructurales e incorporación a la Comunidad Europea.

Según el autor (con un punto de vista absolutamente discutible e incluso tendencioso, como en general todo lo que dice), en cuanto a las estrategia de los principales actores políticos, la de Arias/Fraga resultó demasiado limitada, unilateral y fue percibida como continuista. Suárez cambió el escenario al conseguir la iniciativa con el triunfo de la Ley para la Reforma Política en las Cortes orgánicas y tendió puentes a la oposición (de ahí que el boicot de ésta al referéndum de 1976 fuese tibio). Por otra parte, la presión desde abajo (las movilizaciones) fueron importantes pero no decisivas: hizo inviable la estrategia de la reforma otorgada, pero no pudo imponer la ruptura liderada por la oposición. La fuerza autónoma organizada del Movimiento Obrero resultó ser bastante limitada.

La transición por tanto fue liderada por Suárez y como no, auspiciada por el borbón, que si bien en un principio solo contaba como legitimación el apoyo de las Leyes Fundamentales franquistas, poco después haciendo una ficción histórica legalista y, por arte de magia, se convirtió en monarquía legítima. Suárez ganó las primeras elecciones pero la izquierda obtuvieron sólidos resultados lo que favoreció a la apertura de un genuino (y pintoresco) proceso constituyente.

III. De la reforma otorgada a las elecciones fundacionales.

Entre noviembre de 1975 y julio de 1976 se dio un período preparatorio en el que los diversos actores tantearon el terreno, cada uno con sus estrategia. Arias y Fraga apostando por una reforma política limitada y otorgada “desde arriba”. La oposición promulgaba la ruptura. Ambas estrategias fracasaron. Al compás de la permisibilidad oficial, s configuraron las diferentes opciones políticas (Junta Democrática y Plataforma Democrática) que posteriormente se unificaron en la Platajunta, pero pese a su teórica suma, siguió siendo débil debido a la escasa implantación de los partidos excepto el PCE.

Por su parte, Suarez, desplazó a Arias y apostó por la sustitución completa del régimen. Neutralizó a los ultras, consiguió el apoyo tácito de Fraga y aceptó diversas reivindicaciones de la oposición. La Ley para la Reforma Política fue su gran triunfo. Se trató de una ley que alteraba estructuralmente la normativa franquista que, sin romper las formas, modificaba la Ley de Principios Fundamentales del Movimiento definidos como”permanentes e inalterables por su propia naturaleza”, introduciendo un cambio radical en el criterio de representación política con el paso de la orgánica a la individual. La política de pactos consiguió el fin perseguido por la oposición (la democracia), pero con otro protagonista (Suárez) y otros medios (ausencia de Gobierno Provisional y de acción cívica democrática). El único problema que produjo gran tensión fue la legalización del PCE mediante decreto-ley a principios de 1977.

Las normas electorales, condicionadas pro la Ley para la Reforma Política, establecieron la representación proporcional corregida y el sistema mayoritario limitado en una y otra cámara, además de algunas cláusulas restrictivas. Muchas de sus disposiciones serían constitucionalizadas posteriormente.

En las primeras elecciones no aparecieron algunos de los cleavages históricos (clericalismo/anticlericalismo; monarquía/república), centrándose en los ejes izquierda/derecha y centro/periferia. La oferta partidista fue vaga y moderada. Fue intensa la personalización de los partidos y el pragmatismo de las grades opciones por encima de rígidas divisorias ideológicas. El sistema de partidos surgidos en 1977 determinó en buena medida, las características del proceso posterior de transición y perdurarán en lo esencial hasta 1982. La aparición de la UCD resolvió los problemas de articulación competitiva del centro-derecha moderno y desplazó a AP, el PSOE se impuso sobre el PCE y otras familias socialistas, a nivel periférico, el PNV y Pacte Democrátic per Catalunya.

En suma, los principales problemas de los partidos fueron: la tendencia a la oligarquizaciòn; el discurso público retórico que no se corresponde con su práctica; el aislamiento con relación a la opinión pública; el neoclientelismo; la escasa afiliación pues los aparatos partidistas no incentivaron la incorporación de militantes; el predominio de líderes “carismáticos”; la disolución programática de tipo catch-all y las distorsiones varias como tráfico de influencias, financiación irregular y transfugismo.

IV. El consenso constitucional y los Pactos de la Moncloa.

Tras las primera elecciones se produjo un clima de desmovilización cívica favorecida por la negociación reservada de las élites políticas. El proceso constituyente se hizo sin Gobierno de Concentración y, formalmente, sin específica Asamblea Constituyente, si bien ambos factores fueron sustituidos por la política de consenso entre el gobierno de la UCD y la oposición. Este desenlace se impuso sin dificultades pues los partidos optaron por el acomodo mutuo favorecido por los resultados electorales.

La CE fue elaborada por las nuevas Cortes entre agosto de 1977 y octubre de 1978 y aprobada por amplísima mayoría parlamentaria (95%) y sólida mayoría popular (87,8% de votantes), salvo en el País Vasco.

La decisión de hacer una Constitución fue un logro democrático y que de esta tarea se encargara el Parlamento una victoria de la oposición que rechazó que el gobierno pudiera presentar unilateralmente su propio proyecto, de ahí la creación de una Comisión parlamentaria específica. Tras la filtración del borrador, se incrementaron las presiones de diversos grupos de interés, reflejado en anteproyecto y la avalancha de enmiendas. Los principales problemas de procedimiento fueron la no inclusión en la Ponencia del PSP y el PNV, la confidencialidad y la lentitud excesiva y las ambigüedades y contradicciones del texto pactado. Pese a tropezar con importantes problemas en temas delicados (aborto, relaciones laborales, educación, autonomías), el consenso se impuso gracias a la negociación privada, extraparlamentaria entre la UCD, PSOE, PCE y la Minoría Catalana. Más difícil fue incorporar a AP y al PNV que se abstuvo.

La política de consenso tuvo algunos inconvenientes como la devaluación de los debates parlamentarios por el secretismo de las negociaciones clave, la exclusión de algunas minoráis políticas importantes y la desmovilización cívica, al margen de no aclarar el alcance de muchas disposiciones constitucionales genéricas. La moderación de las élites políticas tuvo un doble coste: apatía social y crisis internas en casi todos los partidos.

La política de consenso supuso también un acuerdo sobre el pasado para evitar tensiones, la superación práctica y a todos los efectos de la dictadura. Los partidos inventaron una España democrática con una cultura integradora mediante la coexistencia de símbolos tradicionales (estatuas de Franco a caballo por ejemplo) y nuevos. La Constitución fue la expresión de transacciones múltiples entre derecha/izquierda, centro/periferia, clericales/láicos, empresarios/sindicatos y otros, en particular se resolvió el contencioso histórico de la monarquía, o la legalización del pluripartidismo y un amplio reconocimiento de derechos y libertades garantizados. El consenso se convirtió en el elemento general de legitimación del proceso de transición y tuvo escasos costes y buenos resultados en términos de eficacia, si bien no hay que olvidar la existencia de ciertos límites políticos derivados de la dificultad de transformar democráticamente los aparatos del Estado, así como la extensión de un desencanto social que se reflejó en un creciente y alto abstencionismo electoral.

La transición política coincidió con una fase de progresiva crisis económica, resultado de factores internos y externos que provocó una fuerte inflación y el crecimiento del paro y cerraba la fase de desarrollismo. Esta realidad exigió una negociación suplementaria y paralela de los actores sociales para regular los problemas empresariales, profesionales y laborales. Además de un gran pacto socioeconómico suscrito por los partidos (los Pactos de la Moncloa en octubre de 1977), se iniciaría una política de concertación neocorporatista tanto local como general mediante los acuerdos tripartitos empresarios/sindicatos/gobierno.

Los Pactos de la Moncloa aplicaron un programa político de saneamiento, de estabilización económica, de reformas fiscales, financieras y sectoriales diversas, además de cambios políticos y administrativos. Uno de sus objetivos fue el de liberalizar la economía e introducir políticas de austeridad con contrapartidas sociales como el Estatuto de los Trabajadores y el subsidio de desempleo. Las metas buscadas fueron el control de la inflación, la reducción del gasto público, el control monetario, la moderación salarial, la restricción de créditos y el aumento de la presión fiscal.

Lo singular de estos pactos es que por primera y última vez fueron suscritos por los partidos en un contexto económico internacional crítico y que fueron la extensión de la política de consenso al ámbito socio-económico, lo que reforzó la estabilidad y puso las bases para una política económica ortodoxas, aperturistas y desreguladoras, todo ello para amoldar España a la entrada a la CEE. En 1979 una nueva crisis energética provocó otra subida de precios y más paro.

V. Los inicios del proceso autonómico.

Con intensidades y niveles diferentes en élites y sociedad cabe sistematizar las principales visiones de España y el Estado español en cuatro tipos:

• España como Estado opresor, punto de vista de los independentistas periféricos.

• España como Estado plurinacional pendiente de que se reconozca plenamente como tal, criterios de grupos federalistas y de nacionalistas autonomistas.

• España como Estado-nación a todos los efectos, visión propia de unitaristas, tanto conservadores como liberales.

• España como conjunto heterogéneo en trance de superación como tal por su integración en unidades superiores, opción de los reducidos círculos cosmopolitas y nacionalistas europeístas.

La fórmula política para abordar satisfactoriamente el cleavage centro/periferia fue complicada. La CE optó por la “nación de nacionalidades y regiones”. Se evitó el federalismo, pero se puede decir que es un modelo flexible y abierto. El proyecto fue el de reconocer autonomía política para las tres nacionalidades históricas y descentralización administrativa para las regiones, pero Andalucía rompió esa previsión lo que obligó a generalizar el principio y se generalizó las preautonomías hasta crear trece, base para el futuro mapa que acabaría creando excesivas CCAA uniprovinciales (7 sobre las 17 definitivas).

Tras el fracaso del golpe de estado (Tejero) en 1981, la UCD y el PSOE suscribieron unos importantes Pactos Autonómicos homogeneizadores con objeto de evitar usar la cuestión como elemento de presión y desgaste político. Los uniformistas y restrictivos Informes de los expertos se concretaron jurídicamente en la LOAPA, con la oposición frontal de los partidos nacionalistas periféricos y de los comunistas. Tras su impugnación ante el TC, y mediante sentencia en 1983, tachó de inconstitucional aspectos esenciales del texto, con lo que quedó cerrada la fase constituyente del proceso autonómico.

La cultura política. Santiago Minguez

I. La cultura política al final del franquismo.

Cuando se inició el proceso de transición la cultura política era un terreno prácticamente inexplorado. A partir de 1975, los estudios de opinión relevaron que no existía una cultura política uniforme entre los españoles sino al menos tres subculturas diferentes:

Era la de los sectores más distanciados del régimen y era compartida por un 25% de la población

Correspondía a un 15-20% de la misma.

Era un síndrome de actitudes muy elementales hacia la política y se caracterizaba por las siguientes notas:

Conviene recordar que las bases históricas de la cultura política de la mayoría de los españoles se remonta a la Restauración (en concreto a la política canovista del turno pacífico), basado en mecanismo corruptos ara formar mayorías parlamentarias siendo su resultado la extensión de sentimientos muy negativos hacia los partidos, la clase política y la política misma (actividad en muchos casos asociada a la compra de voluntades y el fraude electoral). El franquismo también jugó un papel trascendente sobre la cultura política al suprimir las libertades públicas y prohibir los partidos durante cuatro décadas.

La eclosión del nuevo sistema de valores fue debido al intenso y acelerado proceso de desarrollo económico de los años 60 que dio lugar a nuevas clases sociales y a una mejora del nivel de vida, pero no se vio acompañado de una política educativa adecuada, así que, al comienzo de la transición, las generaciones adultas mostraban unos niveles muy bajo de información política y una disposición poco adecuada para participar en las instituciones democráticas. Ambos rasgos (escaso interés por la política y predominio de valores de moderación), se interpretan como una singular disposición para el cambio en general y en concreto para un cambio político controlado.

II. La cultura política de la democracia.

1. El proceso de secularización y la cultura política.

Algunas de las transformaciones más importantes de la cultura política de los españoles han sido la consecuencia de la pérdida del papel tradicional que venía desempeñando la Iglesia católica, como agencia conformadora de los valores y actitudes de muchos españoles. El intenso proceso de secularización iniciado en los años sesenta dio lugar a una situación caracterizada por un mayor pluralismo cultural y una progresiva sustitución de las actitudes dogmáticas y excluyentes del pasado por otras más racionales y tolerantes. Este proceso se vio facilitado por la propia actitud de la jerarquía eclesiástica por la definitiva aplicación del Concilio Vaticano II.

El proceso secularizador se ha venido observando a través de la frecuencia de práctica religiosa. Los porcentajes de asistencia a misa al menos una vez al mes se han reducido del 75 % en 1973 a un 42 % en 1989. Entre los jóvenes el porcentaje es aún más bajo.

El proceso secularizador ha dado lugar a un debilitamiento del cleavage religioso. No obstante, hay que tener en cuenta que los niveles de religiosidad siguen mostrando fuertes correlaciones con las actitudes políticas. Los que defienden regímenes autoritarios son mas religiosos que los democráticos. A más, las dos terceras partes de los que se definen católicos practicantes se sitúan en posiciones de derecha, mientras que la mitad de los que se sitúan en posiciones de izquierda se declaran no practicantes, indiferentes o ateos

2. Moderación política e ideológica. Las dimensiones izquierda-derecha y nacionalismo-centralismo.

Tal vez, el rasgo que mejor caracteriza la cultura política española es su moderación política e ideológica lo que se traduce en un apoyo fundamental para el establecimiento de soluciones consensuadas.

Esta moderación se manifiesta en las posiciones ideológicas que los españoles ocupan en el eje izquierda-derecha, que es un eje fundamental para la estructuración de las actitudes políticas, al simplificar la realidad y facilitar la adopción de posiciones ante un gran número de issues. Se ha dicho que en España “por tosca e imperfecta que resulte la escala izquierda-derecha, saber la posición de una persona en el continuo supone disponer de un conocimiento bastante bueno de sus opiniones respectos de las tres principales tensiones (clase social, religión y región), así como de las dimensiones de conflicto más explícitamente políticas o partidistas”.

Del Cuadro II se desprende que en 1977, la distribución modal era claramente centrista (con una media de 5,6 en una escala de 1 -izquierda- a 10 -derecha-). En 1982 se produce un desplazamiento hacia la izquierda pero la posición media apenas ha variado (4,8) y se ha mantenido prácticamente sin modificaciones desde entonces. Así, las posiciones de extrema izquierda y derecha siempre ha sido minoritario(más la derecha que la izquierda).

En España, los elementos que tradicionalmente caracterizaban las posiciones de izquierda y derecha han sido en parte modificados, como consecuencia de la aparición de nuevos valores de carácter no-económico y que han dado lugar aun incipiente eje de polarización política en base a la dimensión materialismo-postmaterialismo.

Pese a esos cambios, todo indica que los cleavages tradicionales (izquierda-derecha), seguirán siendo la fuerza principal de la polarización política todavía durante bastante tiempo. Es cierto que las variables postmaterialistas se producen esencialmente entre sectores jóvenes, pero incluso así, tienen una correlación con las actitudes de reforma social y económica sociotrópics que, en otros contextos aparecen asociadas a variables específicamente materialistas. No obstante puede intuirse que como consecuencia del reemplazo generacional y de la importancia que estos sectores tendrán, parece indudable que la evolución posterior tenderá hacia unos cleavages orientados más por valores e ideologías que por causas económicas.

Por tanto, la dimensión izquierda-derecha sigue teniendo en España una importancia fundamental para analizar la cultura política.

En relación con la identificación partidista decir que sobre el 70% se autoubica en las escalas izquierda-derecha pero quien se identifica con algún partido apenas alcazaba el 40%.

La moderación ideológica se muestra también en el comportamiento electoral lo que ha conducido a un sistema de clara competencia centrípeta, así lo demuestra la lucha entre UCD y el PSOE par atraerse a los electores que se autoubicaban en el centro den las elecciones de 1977 y 1979 y la evolución posterior en la lucha entre el PSOE y el PP sobre todo desde 1986. Es un modelo que ha hecho que los partidos radicales hayan sido prácticamente eliminados (salvo EH -antes HB- por la situación del País Vasco).

Otra singularidad de la transición fue la confluencia de aspiraciones democráticas con reivindicaciones de autonomía regional. También aquí prevalecen las actitudes moderadas en favor del modelo autonómico vigente contra soluciones centralistas o independentistas. Al inicio de la transición los españoles estaban muy divididos entre continuar con el modelo centralista y los autonomistas, pero los partidarios centristas se han ido paulatinamente reduciéndose (29% en 1984 frente 19% en 1995). La opción independentista representa el 10% si bien en Catalunya alcanza el 19% y el Euskadi el 27% (de todas formas esto nunca lo sabremos si no se consigue el derecho a la autodeterminación y los pueblos puedan votar libremente sobre su futuro).

3. Reformismo social y económico.

Entre los españoles predomina los valores materialistas que se resumen en la preocupación prioritaria por el orden y la seguridad económica. Junto a ello y en lugar destacado, existe una fuerte expresión de actitudes reformistas. España es el país de la UE con mayo proporción de ciudadanos que muestra una preferencia por las reformas paulatinas (82%) y que reúne la menor proporción de quienes sostienen actitudes claramente conservadoras (10%). Entre los países del Sur, es también la que aporta las proporciones más bajas de partidarios de los cambios revolucionarios (8%).

La presencia de actitudes reformistas registra los mayores índices de correlación con la consolidación de la democracia. Frente a las soluciones mas radicales (conservadoras o revolucionarias), el predominio de la orientación reformista puede considerarse como una manifestación más de la referida moderación, mas aún si tenemos en cuenta que el contexto no es nada favorable (fuertes desigualdades en la distribución de la renta, altos índices de precariedad en el empleo etc.), por lo que no es de extrañar que la actitudes reformistas se complementen con una opiniones críticas hacia el orden social vigente y el funcionamiento del capitalismo y que afecta a prácticamente todos los grupos sociales, incluso a quienes se autoubican en posiciones de centro-derecha y votan a partidos de este tipo.

No obstante debe señalarse que las opiniones criticas predominaron en la transición, ya que desde los 80, ha tenido lugar una expansión de los principios de competencia y libre empresa disminuyendo los partidarios de la propiedad pública y las nacionalizaciones. Así, en los 90 no existe una opinión mayoritaria sobre estos temas sino tres grupos de opiniones muy similares:

Pese a todo, sigue siendo mayoritaria la opinión que atribuye al Estado las mas importantes responsabilidades o para la solución de los problemas, así casi la mitad de los españoles sigue considerando que el Estado debe asumir más responsabilidad para proporcionar un medio de vida para todo el mundo frente a menos del 25% que piensa que eso es una responsabilidad de tipo individual. Tampoco debe pasarse por alto, el apoyo de la opinión pública a los pactos sociales y a las soluciones negociadas.

4. La democracia.

Una democracia consolidada supone la existencia de un amplio consenso sobre su aceptación como la forma de gobierno más adecuada para el país. Se trata por tanto de determinar:

Ha registrado en todos los ámbitos sociales una progresión.

En 1974 el 60% opinaba que la democracia era la mejor forma de gobierno. En 1995 se acerca al 80%.

Los sectores que apoyan fórmulas de autoritarismo políticos no superan el 9% (en general personas mayores y con bajos niveles de estudio)

La mayoría desea olvidar esa página del pasado, es decir, la posible influencia negativa de la guerra ha sido nula. En todo caso, el miedo difuso al rebrote de conflictos del pasado fue un elemento funcional para la consolidación de la democracia.

En cuanto a la valoración sobre el franquismo decir que en los años 80 la posición era muy equilibrada (un 50% a favor y en contra) pero en los 90 la respuesta se ha decantado en valoraciones negativas o no respuestas. Los nostálgicos representaban en los 80 un 4%.

La valoración negativa del franquismo aumenta notablemente en los jóvenes y es también entre ellos en los que se produce mayores porcentajes de no respuesta. En los 90 casi un tercio de los jóvenes valoraba muy negativamente el franquismo y en los mayores de 65 años estas posiciones eran minoritarias.

Es decir, el rebrote de las tendencia autoritarias, como consecuencia de un posible recuerdo positivo del franquismo, no parece que haya supuesto una amenaza real para la consolidación de la democracia.

Existe una valoración crítica, si bien debe tenerse en cuenta la posible influencia de la situación económica y política que puede hacer que, lo que parece una actitud política consolidada relativamente, no sea mas que el resultado de un clima de opinión. Pero en cualquier caso, las opiniones sobre el funcionamiento de nuestra democracia son críticas.

En los 90, el 55% mantienen actitudes equilibradas (funciona pero con problemas) frente al 10% que opinan que funciona bien y el 25% que opina que cada vez va peor.

Si pasamos a aspectos mas concretos de la democracia, las críticas más frecuentes se refieren:

Lo que puede interpretarse como una consecuencia del funcionamiento de los partidos (que son los principales protagonistas de la vida política). Esto puede ser debido a:

• La propia juventud del sistema de partidos que apenas han podido desarrollar sentimientos positivos entre la población, tras cuatro décadas de prohibición y de propaganda negativa contra ellos.

• Los bajos niveles de asociacionismo y la generalizada actitud de desconfianza que preside nuestras relaciones interpersonales.

En los 90, solo el 5% formaba parte de algún partido y solo 3 de cada 10 españoles mostraban algún grado de confianza en su funcionamiento

Pese a todo parecen extenderse las actitudes positivas respecto de su necesidad para el funcionamiento de la democracia.

En los 90, 3 de cada 4 españoles opinaban que era un problema y el 50% afirmaba que la situación había empeorado desde los últimos 10 años, solo un 5% creía que casi ningún cargo público estaba afectado por la corrupción mientras que el 85% opinaba que España había mucha o bastante corrupción.

Por todo ello, existen serias dificultades para configurar una imagen relativamente favorable de las élites políticas, aportando en cambio elementos de crítica y negación a una concepción de la política que ya de por si se asentada sobre la no implicación efectiva.

5. Información, interés y participación política.

El predominio de valores secularizantes y de moderación, junto con el exitoso proceso de adaptación a las nuevas instituciones democráticas, han sido factores fundamentales para el proceso de consolidación democrática. Pero existe el contrapunto de la persistencia de unos niveles de competencia política personal muy deficientes.

En 1980 quienes afirmaban comprender la vida política y poder influir en el Gobierno por formas diferentes del voto en elecciones era el 22-25%, porcentaje similar al de quienes consideraban que el sistema político era suficientemente receptivo a sus demandas y al de quienes afirmaban tener algún interés pos la política.

La evolución ha sido diferente encada caso. Entre 1980 y 1989, los niveles de competencia cognitiva han aumentado en unos 14 puntos porcentuales de quienes creían comprender la política nacional, destacando que esa mejora afectó a todos los grupos sociales (incluida las generaciones mas adultas que anteriormente habían mostrado los niveles de receptividad mas bajos). Es un claro ejemplo de la importancia de dos factores estratégicos para la consolidación democrática: el incremento de los niveles de educación formal en las generaciones más jóvenes y el proceso de resocialización llevado a cabo en las más adultas.

En cuanto a los niveles de eficacia política, su evolución ha sido peor. En el caso de la eficacia personal, entre 1980-89, el porcentaje de quienes creía influir en el Gobierno por medios diferentes al del voto ha pasado del 24 al 19%. En cuanto a la eficacia del propio sistema, los que se mostraban en desacuerdo con la frase “los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo”, ha descendido del 24 al 17%.

Por otra parte, los indicadores usados para analizar el interés por la política muestran una realidad similar a la anterior, así durante el periodo 1976-96, los que afirmaron tener mucho o bastante interés apenas llegan al 30%: el interés fue creciente hasta 1978 (coincidiendo con la aprobación de la CE que alcanzó la cota máxima del 38%); fueron relativamente elevados en 1981 (35% y en 1982 (33%) como respuesta al ambiente que provocó el intento del golpe de Estado de Tejero, la crisis del la UCD y el acceso del PSOE al Gobierno y a partir de 1982 comienza a descender con su punto mas bajo en 1989 cuando un 78% declaraba estar poco o nada interesado por la política. Desde entonces poco ha variado. Ni los cambios de Gobierno, ni los escándalos políticos consiguieron aumentar el interés de los españoles por la política.

Los débiles sentimientos de interés y eficacia política se corresponde a la vez con un bajo nivel de activismo político en todas sus modalidades. Junto a la crítica a las formas convencionales de participación (funcionamiento de los partidos), deben tenerse en cuenta las relativamentes altas cifras de abstención electoral (sobre todo en las grandes ciudades, los jóvenes, etc) y el las elecciones de segundo orden (autonómicas, locales y europeas).

La baja efectividad atribuida a las formas convencionales de participación tienen su contrapunto en la creciente aceptación de formas legales no-convencionales (protestas, huelgas, etc), consideradas más idóneas para expresar demandas e influir en las autoridades, así entre un 35-50% afirman haber realizado o estar dispuesto a participar en actividades como manifestaciones o apoyar manifiestos con su firma.

III. Conclusiones

La actitud de moderación sobre casi todas las dimensiones de nuestra cultura política que se traduce en la pérdida de los tradicionales efectos polarizadores de los cleavages que, en el pasado fueron fuente de graves conflictos sociales y políticos.

El resultado es una cultura que se corresponde poco con el paradigma de la cultura cívica y más con la de unos ciudadanos que defiende sus libertades pero que no la ejercitan.

Esto se ha querido explicar destacando los bajos niveles educativos de partida y las circunstancias en las que tuvo lugar la socialización primaria de muchos españoles. Pero también es cierto que nos encontramos ante una respuesta racional a un sistema político que es percibido como muy poco receptivo por los ciudadanos y que les reserva a estos un papel muy alejado del modelo de ciudadano responsable y participante.

Llevar a cabo un estudio profundo sobre la dinámica de los procesos de socialización política en la España de los 90 (particularmente el papel de los medios de comunicación, la familia y la escuela), podría ser útil para explicar las diferentes subculturas que hoy se manifiestan en España y sobre la que existen un enorme vacío de análisis o los mecanismo que conducen a una gran mayoría de jóvenes a desentenderse de los asuntos públicos.

Participación política.

Las consultas que han hecho las elecciones mas votadas con mayor participación fueron la de los años 1977, 1982, 1993 y 1996, con un alto volumen de participación electora (entre un 75-85%) de participación que responde a la percepción de la población que su participación es calve para poder llevar a cabo un cambio político, cambo que presupone una modificación respecto del régimen anterior. Cuando los niveles de participación son bajos se debe a que se consideran las elecciones de continuidad. Así tenemos:

• Elecciones municipales.

En general mantienen un nivel de participación similar o un poco mas bajos (60-65% del electorado).

• Elecciones autonómicas.

Se deben diferenciar entre la CCAA en las que se llevan a cabo al mismo tiempo las autonómicas y las municipales (en estos casos la participación alcanza el 65-75%, de las que se realizan separadas como en el caso de Catalunya, Euskadi, Galicia y Andalucía.

Los porcentajes de participación electoral nos muestran que en España es relativamente baja en comparación con otros países (la más baja de Europa junto con Reino Unido e Irlanda y claramente por debajo de Grecia, Portugal e Italia).

Falta de calidad del proceso electoral (cuestionable). La participación electoral no ha ido ligada al grado de intensidad polémica que han presidido algunas elecciones, así en 1986 con el referéndum de Andalucía, el tema OTAN. La participación no va ligada a la intensidad que puede causar cualquiera de estas consultas. Participación es baja y homogénea en España. El grado de oscilación mínimo de unas elecciones a otras en cifras de participación es baja (comparativamente con otros países europeos).

En cuanto a las variaciones internas (territoriales), Galizia y Canarias han incrementado el nivel de participación y se están aproximando a otros territorios. La vivienda, la densidad de la población son factores incidentes sobre la participación. La distribución geográfica es diferentes como pauta, así, existen niveles mas grandes de abstención en la periferia (archipiélagos, y zonas de costa con las excepciones del Levante y Cantabria. En la periferia predomina la abstención urbana y eso va en aumento (en España, al igual que en Francia o el Japón se produce cada vez mas una abstención mas elevada en las zonas urbanas que en las rurales)

Los déficits relativos de modernidad sirven cada vez menos como pauta de explicación del déficit democrático y de abstención. Tampoco sirve como factor explicativo el déficit de integración social de los individuos, muchas veces se ha demostrado que son los grupos sociales mas modernos los que se abstienen. Así, la abstención ya no se relaciona con el nivel educativo dado que muchas veces cuanto mas educación mas inhibición electoral. El estatus oposición social no incide tampoco,

La abstención tiene una composición muy plural y en muchos casos ha existido una carga típica sobre el electorado culpando de la abstención típicamente a los sectores sociales marginales (jóvenes, estudiantes, parados, mujeres, gente mayo, etc.). Cuando hablan los autores de la abstención como fenómeno plural se sobrecarga la atención en esos grupos sociales cuando en realidad no es así. Estos colectivos no han desaparecido del todo pero ya no sirven como pauta explicativa general del abstencionismo electoral, sino que se detecta que actualmente son los individuos mas modernos y mas educados los que se inhiben. Existen muchos factores que juegan en la abstención pero solo son los de tipo individuales y sociológicos los que explican la abstención porque afectan individualmente la decisión de ir o no a votar.

En todo caso la abstención debería ser un punto de encuentro entre diferentes disciplinas y métodos de análisis para no caer en visiones deterministas como las citadas anteriormente.

La inhibición electoral por falta ce recursos ya no explica la abstención en este Estado. Las fluctuaciones que se detectan en cuanto a la participación política en general responden a las reacciones de la gente como respuesta a temperaturas actitudinales respecto al momento en el que están viviendo. La participación electoral varía en el momento de percibir cada elección (según que cosas se están jugando y las motivaciones que existen).

Como consecuencias política de la participación electoral tenemos que una democracia precisa para desarrollarse un volumen de participación mas o menos elevado. Con un 60%, el sistema ya se cuestiona: ¿refleja consenso?, ¿refleja indiferencia?.

Las elecciones: ¿quién vota y quien no vota?. Lipset

La participación de una organización de los ciudadanos de una sociedad en los asuntos políticos, no constituye una condición necesaria ni suficiente para la influencia de la masa sobre la política de la organización o del gobierno. Los miembros pueden presentar un bajo nivel de participación política en una organización o sociedad, pero sin embargo influir en la política por su capacidad de retirar o apoyar electoralmente a uno u otro partido que luchan por el poder. Una sociedad o ciudadanía puede asistir regularmente a reuniones, pertenecer en gran número a varias organizaciones políticas y hasta poseer un elevada proporción de votantes que concurran a las urnas y, tener poca o ninguna influencia en la política.

Algunos retóricos indican que apatía malsana y el debilitamiento de la democracia, pero es posible que la no emisión del voto constituya actualmente, al menos en las democracias, un reflejo de la estabilidad del sistema, una reacción al debilitamiento de los grandes conflictos sociales y un aumento de las presiones múltiples, particularmente las que afectan a la clase trabajadora.

Las normas de participación electoral son muy similares en varios países: Votan más los hombres que las mujeres: los de una alta educación que los menos instruidos; los habitantes de las ciudades que los del campo; los de 33-35 años que los más jóvenes o más viejos; los casados que los solteros; los de status más alto que los mas bajo; lo organizados que los que no lo están. No obstante las diferencias se están reduciendo sobre todo en los casos de edad y sexo.

Un grupo registrará mayor proporción de votos si:

Aunque todo el mundo esta influencia por la actuación del gobierno, unos grupos sienten más la influencia que otros y cabe esperar que registren una mayor concurrencia a las urnas que el público en general.

Si bien los grandes problemas sociales pueden conducir a una alta participación en las elecciones, de ninguna manera lo hacen siempre. Los que están sujetos a la angustia mas extrema (obreros pobres, parados, etc.), registran proporciones mas bajas de votos, si bien ello puede ser el resultado de la incapacidad del grupo afectado para dar con un partido que los represente.

Una explicación parcial son las dificultades de percepción y comunicación. Dos grupos pueden poseer el mismo interés en la política del gobierno, pero uno de ellos puede tener acceso más fácil a la información sobre lo que le interesa que el otro.

Además, el impacto de las actuaciones del gobierno (aranceles, controles, etc.) puede ser muy grande para un obrero pero es encubierto e indirecto. Es decir, algunas políticas requieren un adiestramiento profesional especializado para señalar sus efectos.

Si bien, la baja concurrencia electoral de los obreros y de otra gente de bajos ingresos puede también reflejar los relativamente indirecto e invisible de las relaciones económicas fundamentales.

Donde las relaciones económicas no son fácilmente perceptibles para los que están afectados, se hacen importantes una captación y un refinamiento

La gente puede ser inducida a votar por las presiones sociales y los sentimiento íntimos de obligación social.

Las variaciones del comportamiento electoral que se correlacionan con la clase socioeconómica pueden también relacionarse con los diferentes grados de conformidad con las normas dominantes en diversas sociedades. La conformidad con estas normas se relacionan con el status social.

En general la gente de clase media tiende a conformarse mas con los valores dominantes de la sociedad y a aceptar la noción de que esta conformidad será recompensada mediante la consecución de los propios fines personales.

Por tanto, debe esperarse que el ser un buen ciudadano y el ejercer el deber de votar, estén asociados con el punto de vista de la clase media y que la apatía con respecto a la política se relacionen con el disconformismo, dado que es probable que, el trabajador que no confía en ser remunerado por un buen trabajo, tampoco en ser recompensado por ser un buen ciudadano.

A parte de la norma social general de votar como buen ciudadano, existen grupos de intereses que exigen que sus miembros voten en beneficio de ellos (obreros sindicados en Europa).

Tales presiones a favor de la conformidad dependen, del mayor o menor contacto que un individuo mantiene con los grupos sociales dominantes (si el ingreso en una comunidad es reciente votará menos que alguien que ya lleve tiempo, la propia gente joven “primeriza”, los ancianos que están perdiendo contactos sociales).

La mayoría de presión a favor de la votación como símbolo de conformidad ocurre cuando la significación objetiva de la votación es menor: las elecciones espectáculos (Alemania nazi).

Existen caso que las presiones de grupos se dirigen contra la votación (grupos radicales contra la democracia burguesa)

En general, cuanto más presiones recaigan sobre los individuos o los grupos que operen en direcciones opuestas, mas probable será que los futuros votantes se abstengan.

Los trabajadores suelen votar menos que las clases altas y ello puede deberse en parte, al hecho que los estratos inferiores se hallan influidos por las experiencias de sus vidas y sus organizaciones de clase (para favorecer a los partidos de clase), pero también a enormes influencias de la clase alta (radio, prensa, escuela, iglesia, etc.) y, aunque interiormente social y económicamente los predispone contra el status quo del sistema, tienen pretensiones de ascender, por lo que se encuentran en una situación no ya tan solo de que están menos informados sino con una información conflictual y de presiones de grupo opuestas.

Por el contrario las clases más acomodadas no están expuestos a esas presiones múltiples, todo su medio político es homogéneo.

Por otra parte, cuanto mas abierta sea la estructura de clase de cualquier sociedad, tanto más apática políticamente será su clase trabajadora y viceversa. Es más probable que los trabajadores en una sociedad estratificada rígidamente sena más activos políticamente, mientras quienes se halla mas expuestos a contactos con las varias clases, serán los menos activos.

En otro nivel, el tema de las mujeres de trabajadores es paradigmático.

La movilidad residencial o laboral (hacia arriba o hacia abajo) también reduce la participación política.

La esperanza en cambiar hacia arriba es mas fuerte en los jóvenes de ahí su mayo abstención, si bien en ellos también existen presiones múltiples (familia o historia versus deseo de movilidad social).

Las sociedades democráticas pueden existir distintos grados de participación y en función de ello hay quienes mantienen que la democracia se halla mejor servida por un alto nivel de participación dado que el Estado debe depender del consenso de sus ciudadanos, por el contrario si su población es apática, la aprobación no puede darse por supuesta.

Por otra parte, si la concurrencia a las urnas es débil, casi siempre significa que los grupos que se hallan social y económicamente en desventaja, se encuentran insuficientemente representados en el gobierno por lo que sufrirán las indiferencia del gobierno que se mostrará mas receptivos a los estratos mas privilegiados, participante y organizados.

La falta de participación y representación refleja también la carencia de una ciudadanía efectiva y la consecuente falta de lealtad hacia el sistema como un todo.

Una escuela acoge favorablemente el bajo nivel de participación como una evidencia de la satisfacción básica. Por el contrario, en la medida que crece la participación, es evidente que las tensiones de lucha política extienden hacia el límite el deseo de constitucionalidad (Alemania y Austria cuando sus democracias comenzaron a derrumbarse, surge una alta participación como muestra de a ruptura del consenso)

Por otra parte, la apatía puede demostrar que la gente tenga otras cosas mas interesantes que hacer que entregarse a la política sugiriendo que los organismo gubernamentales funciona bien a pesar de la apatía.

Otras conclusiones apuntan que el aumento de la participación puede amenazar el funcionamiento de la democracia dado que en general quienes se abstienen es el sector mas ignorante y estos de distinguen de los votantes en que poseen actitudes autoritarias, ideas cínicas a cerca de la democracia y los partidos, sentimiento intolerantes (xenofobia) y que prefieren líderes fuertes en el gobierno, por loo que un súbdito aumento en la magnitud del electorado votante refleja probablemente una tensión y un serio fallo gubernamental e inicia como votantes a individuos cuyas actitudes sociales son perniciosas para el sistema democrático.

Pero la alta participación no es necesariamente negativa (si ello se hace asumiendo el ser un buen ciudadano).

Así, ni los altos niveles de participación ni los bajos, son buenos ni malos para la democracia. El grado y la naturaleza de esa participación reflejan otros factores que determinan más decisivamente las posibilidades para que el sistema se desarrollo o sobreviva, sin perjuicio de concluir que, el grado de apatía y los varios niveles de participación de los distintos sectores de la población, aclaran realmente el consenso y el conflicto subyacente del proceso político.

Comportamiento electoral de los españoles.

En el año 75 se puso en marcha el periodo mas largo de estabilidad política. Durante los últimos 20 años se han celebrado mas de 30 elecciones junto con 8 referéndum (3 estatales y 5 regionales). La democracia y la estabilidad de este tiempo está ligada a la participación por medio del voto de los ciudadanos. Atendiendo al orden de importancia de las elecciones se pueden distinguir entre las de primer grado (elecciones generales) y las de segundo grado (elecciones autonómicas y municipales).

Dimensión del voto. Cuales la tendencia observada durante unos años para valorar las posibles tendencias que se puedan dar (orientación, fragmentación del voto y distinción ideológica).

Factores del comportamiento electoral español.

Sistema electoral como rendimiento

La orientación del voto en las 8 elecciones celebradas hasta ahora podemos observar tres periodos diferenciados, es decir, la existencia de tres cambios de tendencia:

• Primer periodo. Elecciones de junio del 77 y marzo del 79.

• UCD y el PSOE concentran la mayoría de votos (mas a la derecha AP y mas a la izquierda el PCE).

• Pluralismo moderado de partidos caracterizados por la fuerte competencia entre los dos mayoritarios (UCD y PSOE).

• Dificultades de la UCD para establecer pactos.

• Reparto de la gente casi bien al 50% entre votantes de derecha e izquierda (división electoral).

Partido	1977 %	1979 %
PC	4,9	10,8
PSOE	29,3	30,5
UCD	34,6	35,0
AP	8,8	6,1
PNV	1,7	1,5
CiU	2,8	2,7
Otros	13,2	13,2

• Segundo periodo. Elecciones del 82, 86 y 89. Hegemonía del PSOE

• Las elecciones del 82 suponen un realineamiento del sistema de partidos debido a la ruptura de UCD (que no tiene precedente en Europa).

• Pro primera vez, el PSOE toma el Gobierno (dobla el numero de votos), la primera vez que tiene mayoría absoluta y la primea vez que tras la dictadura franquista un Gobierno de izquierdas se instaura n el poder.

• El PCE se sitúa en clara recesión (escisión en tres partidos).

• AP ocupará el espacio de centro-derecha que ha dejado la UCD.

• Se vota en un 50% a partidos de izquierdas y en un 30% a partidos de derecha.

• Se rompe el sistema de pluralismo moderado y se pasa a un sistema de partido predominante.

• Durante los 80's existe un predominio socialista y una oposición débil, esto cambiará en los 90's.

Partido	1982 %	1986 %	1989 %
IU	4	4,5	9,3
PSOE	58,4	44,6	39,9
UDC	6,5
CDS	2,9	9,2	7,9
AP	26,5	26,3	25,9
PNV	1,9	1,6	1,2
CiU	3,7	5,1	5,1
Otros	6,1	8,7	11,0

• Tercer periodo. Elecciones de junio del 93, marzo del 96 y marzo del 2000.

• Primera etapa. Elecciones de junio del 93.

• El PSOE pierde la mayoría absoluta y comienza a preverse un futuro cercano de cambio (el PSOE pierde 16 escaños y el PP gana 32, reduce la distancia que tenía con el PSOE).

• IU experimenta un registro inferior a lo esperado con la previsible caída del PSOE (no recupera los votos perdidos por los socialistas).

• El CDS parece haber llegado al fin de sus días y su electorado es absorbido por el PP.

• Pese a todo, los votos de izquierda aún superan a los de la derecha

• Existe una creciente competitividad en los dos bandos (en la derecha con la lucha entre PP y PSOE y en la izquierda en la lucha entre PSOE e IU).

• Se retorna al pluralismo moderado (de abandona el de partido predominante). Los resultados ya preveían quien podría ganar las lecciones de 1996.

• La ruptura del CDS provocará que al PSOE le fuese mas fácil establecer pactos y coaliciones con partidos nacionalistas.

• Segunda etapa. Elecciones del 12 de marzo del 1996.

• La campaña electoral viene precedida por una fuerte crisis económica, escándalos electorales, GAL, corrupción, etc. No obstante, la caída esperada del PSOE no fue tan grande como se esperaba y el triunfo del PP fue mas limitado de lo que los indicios marcaban: “la amarga victoria y la dulce derrota”.

• El PP obtiene 340.000 votos mas que le PSOE lo que le permitirá formar Gobierno y que le permite al PSOE estar en la oposición cómodamente.

• Las predicciones del año 96 apuntaba que el PP solo volvería a ganar si era capaz de modificar su situación de partido de derecha conservadora y aumentar su apoyo popular (que la gente se lo creyera) y mantener el apoyo de los partidos nacionalistas de derechas.

• Era preciso que las fuerzas de izquierdas establecieran pactos entre ellos y que el PSOE llevara a cabo un examen de conciencia (reestructurarse).

Partido	1993 %	1996 %
IU	9,6	10,6
PSOE	38,8	37,5
CDS	1,8
PP	34,8	38,8
PNV	1,2	1,3
CiU	4,9	4,6
Otros	8,9	7,2

• Tercera etapa. Elecciones de marzo del 2000.

• Mayoría absoluta del PP.

• El PSOE con el efecto de las primarias (Borrell y Almunia), rompieron con el momento de cambio que parecía se había iniciado. El 35 Congreso del PSOE nos vuelve a situar en un clima de disputas internas (Chaves-Bono-Almunia). Ahora con Zapatero parece que se ha cerrado esta etapa de inestabilidad, si bien siempre queda la sombra de González

• Los votos se han concentrado sobre pocos partidos y sobre opciones sustancialmente moderadas durante este periodo. Las preferencias de los electores se ha visto sujetas a procesos de cambios en los partidos.

Partido	2000 %
IU	5,46
PSOE	34,8
PP	44,5
PNV	1,53
CiU	4,2

La fragmentación electoral y parlamentaria se refiere al número de partidos que se sitúan en competición dentro del sistema y a la fuerza electoral de cada uno de esos partidos que se traduce en fuerza parlamentaria (cuantos partidos tienen un peso y una representación parlamentaria efectiva y número de partidos en lucha, los que compiten). Bipartidismo, multipartidismo, pero también la capacidad de movilización “chantaje”, capacidad de mediación y consenso.

• Características del sistema español se pueden señalar las siguientes:

• Fragmentación relativamente baja.

Sistema de partidos. Baja fragmentación pese a al oferta electoral los españoles concretan sus votos en un número reducido de partidos (aspecto novedoso en relación con lo que sucedía en la II República).

• Diferencia que se da entre la arena electoral y la arena parlamentaria (los votos y la traducción en escaños).

Efecto reductor de nuestro sistema electoral

• Es compatibiliza una baja fragmentación con la entrada al Congreso de un número relativamente alto de partidos y coaliciones.

Vascos y catalanes siempre han tenido una presencia permanente en el Congreso.

La concentración del voto es desigual. España ocupa el sexto lugar a nivel europeo por lo que respecta a la concentración del voto sobre los dos primeros partidos. Pese al efecto reductor de nuestro sistema electoral ha sido capaz de mantener una cierta estabilidad parlamentaria (consecución de mayorías absolutas), estabilidad institucional del sistema nunca conocida en el sistema parlamentario español (esto se romperá en el 93 cuando el PSOE no consiga una mayoría absoluta).

Una cosa es la oferta electoral de partido y otra como por el efecto reductor del sistema electoral se acaban distribuyendo los votos de los electores (se amplifica la victoria del primer partido y favorece la formación de gobierno homogéneos pero efectivos).

• Polarización ideológica.

Hace referencia a la distancia ideológica entre los bloques de izquierda y derecha, entre aquellos partidos con peso efectivo.

Desde los 70's, el comportamiento electoral de los españoles se caracteriza por la moderación canalizando sus opciones por primera vez hacia un partido de centro-derecha como la UCD y posteriormente hacia el centro-izquierda (PSOE) para finalizar sus opciones hacia un partido de centro-derecha (PP). Es decir, ha abarcado todo el arco parlamentario si bien el voto se ha concentrado (3/4 parte de los votos y 4/5 parte de los escaños) en los partidos de centro-derecha y centro-izquierda.

Los partidos situados en los extremos se han mantenido al margen durante mucho tiempo, con la excepción a nivel de elecciones generales y de las CCAA, la moderación no es tan clara en Euskadi donde los partidos nacionalistas si han conseguido mas mayorías parlamentarias con mayorías estables (PNV y EH).

A partir del 82 se deja de hablar de polarización o bipartidismo para llamarlo configuración bipolar del sistema (existen dos partidos en competición electoral con carácter centrípeta y el electorado se concentra en el centro). No existe un gran partido de centro y la distribución electoral de los españoles es hacia el centro y un poco escorado hacia la izquierda.

La estrategia del PP a partir del 93 se centra en obtener el espacio del centro (en el 96 lo conseguirá). Si la moderación ideológica de los españoles se mantiene, si existe todavía una falta de un gran partido de centro y que los incentivos electorales siguen moviéndose por el centro, si todo eso se mantiene, entonces nada afectará la tendencia del PP como partido consolidado en el poder.

• Factores que intervienen en el comportamiento electoral.

• Identificación partidista.

Existe un ligazón psicológico entre un partido y sus electores. Las posibilidades electorales de un partido van en proporción a la capacidad de mantener durante un cierto tiempo esta identificación partidista. Según los estudios, durante la transición, el supuesto de identificación partidista fue muy bébil.

• Raíces organizativas del voto.

Hace referencia a la existencia y fuerza de asociaciones que pueden hacer de mediadores entre los electores y los candidatos como por ejemplo el partido, el sindicato, entidades religiosas, etc. La afiliación a partidos debido al desalineamiento electoral es muy baja. Además, las relaciones entre partido y sindicatos durante los 80's fueron poco fructíferas (el PSOE tuvo que soportar varias huelgas generales debido entre otras cosas a su prepotente intransigencia), lo que unido a un escaso desarrollo de las asociaciones secundarias (se aplica también a las religiosas), dificulta a los partidos para anclarse en determinados sectores sociales con un electorado fiel y constante a partir del aumento de entidades mediadoras.

Por tanto se puede decir que existe una ausencia de vínculos psicológicos con los partidos y la debilidad de estas instituciones como asociaciones vehiculares que tuvieron fuerza durante un periodo muy concreto de tiempo si bien ahora no cuentan tanto pese a seguir existiendo.

• Cleavages.

Explican el comportamiento electoral. Se tratan de conflictos de fondo que dividen la sociedad y que en el caso español son tres: el territorial-nacional, el socioeconómico y el religioso.

La importancia de cada uno de los tres cleavages en cuanto a su incidencia en el voto, depende. Se puede decir que el socioeconómico se sitúa como el mas importante y marca el eje derecha-izquierda (si bien de detecta un descenso en cuanto a su importancia como factor explicativo del voto), lo mismo puede decirse del religioso cuya incidencia es menor que la que hubiera sido previsible en España, debido al papel de las élites políticas durante la transición. En cuanto al nacional, en nuestro Estado, debido a la pluralidad cultural, lingüística y nacional tienen un gran peso sobre todo en determinadas CCAA.

Los cleavages socioeconómico y religioso ya no polarizan tanto al electorado, no son factores claves para explicar el voto de los partidos, no son determinantes en las preferencias del electorado debido a la reducción de la conflictividad política.

Actualmente, el electorado encuentra el espacio político entre derecha e izquierda lo que comporta un efecto reductor de la complejidad política (percepción que tienen los votantes). Los españoles se han comportado moderadamente. La estrategia “catch all party” mediante la cual los partidos intentan llegar al electorado de centro (ahora centro-derecha)

La capacidad de lideraje también tiene su incidencia para los electores en el momento de votar, que puede ayudar a decantar el voto en función del líder mas que del partido. La importancia del líder político consiste en que puede arrastrar el voto inter-bloque (por ejemplo en la izquierda los de IU al PSOE), pero no tanto entre opciones ideológicas diferentes como PSOE y PP.

• El fenómeno del voto dual en Catalunya

Se trata de responde sobre el por qué la gente vota de manera diferente en las elecciones generales y en las autonómica. No se trata de un fenómeno exclusivo del electorado catalán pero si es en Catalunya donde tienen importancia. Afecta al PSC-PSOE/CiU de tal manera que el PSC pierde una parte sustancial de sus electores en las autonómicas y CiU en las generales. Es decir, existe una transferencia sistemática de votos contra determinados partidos y según la naturaleza de la elección. En Catalunya, esta dualidad se produce debido a: el cleavage ideológico nacionalista; los diferentes niveles de participación/abstención electoral y el diferente comportamiento de un sector social.

La dualidad del voto nace en las elecciones autonómicas de 1980. Los partidos autonómicos incrementan sus votos y los estatales los reducen. Es la primera constatación de la dualidad. La predisposición clara del voto dual se convierte en una característica de la cultura electoral catalana (electorado tiene asumido esta percepción de dos realidades diferentes, por tanto, no existe improvisación). Se han realizado estudios que demuestran que existen electores que no tienen definido una opción política (no tienen una identificación partidista sólida). Tienen claro que el PSC es mejor opción para las generales y CiU para las autonómicas. Es decir, se ratifica que no es un comportamiento imprevisible, que no actúan con celeridad sino que se trata de un comportamiento estable.

Esta compatibilidad entre líderes y partidos se traslada también a las elecciones municipales (si bien en las últimas esto se ha difuminado algo). En todo caso debe valorarse si el desgaste en el gobierno de la Generalitat o en el Ajuntament de Barcelona ha tenido alguna incidencia en el cierto debilitamiento del voto dual. La percepción de esta competitividad define en cierta manera el voto dual. Esta percepción parece positiva para la ciudadanía.

• Factores que influyen sobre el voto dual

• Lideraje.

La percepción de la gestión, la ideología y la variable nacionalista. Se hace referencia a la influencia de un líder determinado a la hora de decantar el voto de los electores (contrapunto que hace valorar con cautela el hecho de si la gente tiene identificación partidista propia), así el peso de Jordi Pujol es extraordinariamente importante a la hora de decantar el voto no definido hacia CiU. Felipe González, jugó el mismo papel en el PSOE a nivel estatal.

• Gestión gubernamental.

Hace referencia a la percepción del rendimiento de las instituciones (estatales y autonómicas). En este sentido destacar la aprobación de un 62% de la gestión del CiU frente a un 45% que aprueba la gestión a nivel estatal.

Eso es debido al reparto territorial del poder político. En 1988 las CCAA no tenían competencias sobre asunto farragosos o complejos que pertenecían al gobierno estatal que se ocupaba de la gestión de los temas mas escabrosos. El electorado frecuentemente se sitúa al margen y queda a la espera de acontecimientos para evaluar resultados/redimientos (eficacia del gobierno).

• Ideología.

Ideológicamente existe una parte del electorado del PSC que es votante fiel a CiU en las autonómicas, es decir, que los electores moderados del PSC mantienen una valoración elevada en este tipo de elecciones sobre la política llevada a cabo por CiU y por el contrario existe un sector de CiU que valora positivamente el papel del PSOE en Madrid.

• Dimensión nacionalista.

También favorece a CiU en las autonómicas y al PSOE (que se le ve mas españolista) en las generales. Todas las formaciones políticas han querido vender una cierta imagen autonómica en Catalunya (fracasarían si se presentasen como una opción españolista que le generase una percepción anticatalanista entre los electores). En 1988 que es cuando se hicieron los estudios sobre le voto dual quedó claro que una opción españolista no tenía futuro en Catalunya.

• Las actitudes democráticas

¿Hasta qué punto, los ciudadanos españoles crean o dificultan la democracia? ¿Puede confiarse en la consolidación democrática en España? La consolidación democrática ha fraguado en Europa durante un periodo muy largo de tiempo, des de la Revolución Francesa hasta la actualidad.

En España se crean los partidos democráticos de forma tardía y de forma diferente debido a una sociedad distinta a la europea. Los partidos del siglo pasado fracasan en la Dictadura de Primo de Rivera ya que la resisten muy mal debido a su baja base social y, una vez finalizada la dictadura, han perdido los mecanismos que tenían des del poder para seguir en él. Sólo resisten los partidos clandestinos y de base social amplia a la “dictablanda”. Estos partidos serán los mismos que resistirán al franquismo.

Durante la fin del franquismo, los partidos europeos están en crisis ya que crecen en la posguerra basándose en una inmovilidad electoral y un electorado conocido que perderán durante los 70's debido a la crisis económica y política que disparará el absentismo y reducirá la militancia. En España cuando se entre en democracia, se copiarán las estructuras de los partidos europeos que están en crisis y, por lo tanto, se crearán unos partidos débiles que luego se intentarán fortalecer por otros mecanismos que la militancia y la participación.

Durante el franquismo, autoritario en un muy largo periodo de tiempo, los españoles han estado callados pero tomando parte masivamente en los referéndum franquistas debido al miedo a no hacerlo. Hasta la Transición el español era apático en política debido a la represión del franquismo y al caciquismo anterior a éste que controlaba las elecciones. Pero se considera que durante el franquismo se ha mantenido una pequeña cultura democrática oculta pero existente que cuando se empiezan a hacer las primeras encuestas fiables estas ofrecen resultados de apoyo a la democracia de ¼ de la población. Pero se ve con desconfianza la situación de cambio político de la Transición ya que no se saben las actitudes autoritarias o democráticas de los españoles, o el interés por la política.

Al final del franquismo hay un bienestar económico importante (no afecta la crisis del petróleo hasta 1977) y suben las actitudes democráticas que llegaran al 18 % de la población, pero a la vez suben los apoyos a la democracia hasta el 60 %. Con la muerte de Carrero Blanco se introduce un elemento de crisis dentro de las familias políticas franquistas pero no hay ningún partido político definido que pueda aprovechar la situación. El mayo de 1976 cae Arias Navarro, sube Suárez al poder y comienza el fin del franquismo y la reforma del sistema. Los partidos políticos españoles se crean del 1974 (clandestinidad) al 1977 en que se legalizan.

En el momento de ascenso de Suárez las actitudes autoritarias bajan hasta el 8 %, las democráticas suben hasta el 85 % de la población. Estas actitudes duraran desde entonces hasta nuestros días. Esto supone una tremenda estabilidad de las actitudes democráticas del ciudadano español que está por encima de la media europea en lo que se refiere a autoritarismo y más o menos igual en lo que se refiere a la democracia y un poco por encima en el NS/NC. Por lo tanto, estamos igual que en Europa pero por lo bajo.

• Actitudes frente a la política

En pleno franquismo las actitudes frente a la política eran nulas en las encuestas (mucho interés 5%, ninguno 60%, NS/NC 35%). Durante la transición aumenta el interés por la política (mucho 30%, ninguna 35%). En el 1989 el CIS hace una encuesta pero dando una escala al interés por la política que antes no se daba ya que era una pregunta dicotómica. Los resultados eran: mucho 3%, bastante 19%, poco 36% y ninguno 42%. Esto seria un 25% de interesados y un 60% de interesados en política.

El abstencionismo electoral ronda el 30% y según en qué zonas llega al 50%. Siendo esto muy parecido a los niveles de desinterés por la política. El desinterés por la política en España es muy parecido al europeo con la diferencia que el ningún interés es mayor en España que en Europa.

• Asociacionismo del español

El apoyo voluntario a las asociaciones es mínimo (± 10% en la suma de las asociaciones voluntarias). Es el nivel más bajo de asociacionismo voluntario de Europa. La base los partidos es escasa ya que tienen que repartirse el 10% de los asociados. El núcleo duro del asociacionismo también es muy escaso ya que solo es el 25% de la población los que están interesados en política.

• Actitudes frente a la solidaridad

Se considera que la democracia surge en una sociedades capitalistas que lo son por que hay confianza ya que nadie mercadea si no confía en recibir una contraprestación. Por lo tanto, si en un estado los individuos son altamente confiados, la democracia se asentará de una manera profunda y continuada. La primera confianza es entre uno mismo, entre los ciudadanos de un mismo país por conocimiento de unas características comunes.

Pero los españoles se fían más de otros que de sí mismos. Se tiene gran confianza en los suizos al igual que se fían de ellos los europeos. Pero a diferencia de los demás países europeos que se fían mucho de sus piases limítrofes, los españoles no se fían de los franceses ni de los portugueses. Tampoco se fía de los ingleses de los cuales sí se fía toda Europa.

Los europeos se fían poco de los piases del sur de Europa inclusive Italia que formó parte de la formación de la UE. También se fían poco de los países de raza diferente pero sí de los países pequeños altamente industrializados.

• Conclusión

El español es altamente democrático pero con un punto de autoritario, es apolítico, poco participativo y altamente desconfiado. Tenderá a suspender a las instituciones políticas en las encuestas.

Los españoles se ubican en política según tres ejes básicos, comunes en todo el mundo occidental, pero que no han variado. Estos se resumen en el eje ideológico (izquierda-derecha), el eje religioso (según cada estado puede ser una religión o otra, pero en España se traduce en estado confesional versus secularización) y el eje nacional.

• El eje ideológico

• Evolución del eje hasta la Transición

Ha funcionado siempre en toda Europa des del S. XIX pero a partir de los años 70's se pone en cuestión y en los 90's hay mucha gente que no se auto ubica en el eje hasta el punto que, por ejemplo, en Francia se empieza a buscar otro eje como el materialismo/posmaterialismo. En España el eje funciona magníficamente y solo no se auto ubica el 10% de la población.

En España el eje empieza a verse con la ilustración cuando se empieza a ver en entredicho la idea del poder del trono y el altar versus las nuevas ideas políticas ilustrada. Durante la Guerra de Independencia se diferenciaran entre serviles y liberales. Por lo tanto, este eje se dará des de la defensa del Antiguo Régimen y su intento de destrucción y no habrá conservadores hasta que la defensa del Antiguo Régimen pierda del todo y se hará más política contrarrevolucionaria que conservadora.

Debido a esto, los liberales estarán a la izquierda del abanico político y cuando entren en juego nuevos grupos políticos como los socialistas la dicotomía aumentará hasta el radicalismo de las posturas políticas en que los serviles querrán el Antiguo Régimen intacto y los liberales parlamentarismo sin reforma del régimen anterior con una ruptura revolucionaria que los diferenciará del resto de Europa, con el grito de Constitución o muerte, constitución entendida como un fin en sí mismo y no como un marco regulador del estado.

Hasta el fin del franquismo, el ciudadano español es un ciudadano radicalizado que no permite pequeños cambios hacia mejoras limitadas si no la reforma global llevada a cabo desde un extremo del abanico político. No habrá una defensa del sistema des del centro conservador ya que los conservadores no existen, debido a una burguesía pobre y periférica, hasta los años 1960's cuando crecerá la economía y creará una nuevas capas sociales que modifiquen sus ideas políticas.

En la Transición nos encontramos a unas clases altas divididas en dos segmentos: aquellas clases altas tradicionales que han perdido el poder político y que, como habían dominado el estado, no han creado asociaciones que defiendan sus intereses. No hay partidos de derechas por qué el estado era de derechas. Pero también hay una nueva clase alta, nacida con la industrialización que no se mezclará con la tradicional y que defenderá la democracia. En la Transición habrá también una burguesía tradicional y una nueva burguesía que juntamente a la clase obrera se auto ubicará en el eje como clase media y no como clase trabajadora. Por lo tanto, las clases trabajadoras son centristas y con una visión optimista del futuro poco revolucionaria. Se puede afirmar que la España de la transición es muy diferente políticamente de la anterior. Los dos extremos pasan a ser escasos y la mayoría de la población se siente de centro/izquierda.

• El eje en la actualidad

En España el eje izquierda-derecha funciona por qué la mayoría de la gente se auto ubica (± 85 % de la población) y también se ubican a los partidos políticos en el eje de forma coherente y permanentemente igual.

Pero, a la vez, España será un país con una alta volatilidad electoral que se produce dentro del mismo segmento político y nunca entre segmentos. Cuando hay transferencia de voto,, el votante prefiere votar una opción más lejana dentro del mismo bloque que una más cercana pero del segmento contrario. Para Montero, la división izquierda-derecha es en España una “pared de vidrio” que no se atraviesa nunca ya que la volatilidad es interna de cada bloque y no entre bloques.

Los bloques se forman a partir del 82 (escisión de la UCD) creándose la pared de vidrio. En el 93 la volatilidad electoral entre bloques será de 300 mil votos sobre un total de 25 millones, por lo tanto, la pared no se rompe. En el 96 será de 500 mil en transvase electoral entre bloques de unos 25 millones de votantes. Por lo tanto, en España es muy difícil captar votos del otro segmento político y es más fácil captar votos radicalizando el discurso ya que el ciudadano español está dividido en dos bloques y no tiene identificación partidista pero sí de bloque.

En Catalunya, el eje funciona igual con la dificultad que se le añade el eje nacional. Los partidos políticos se ubican a partir de dos ejes de forma más compleja dado que el solapamiento electoral entre partidos es mayor llegando a solaparse más de dos partidos. En Catalunya la pared de vidrio es inexistente ya que las transferencias entre los bloques son mayores debido al solapamiento de las opciones políticas.

• El eje nacional (artículo de Montero)

Tema clave durante la Transición debido a Catalunya y Euskadi que impulsaron la creación de un modelo territorial que rompiera con el centralismo tradicional liberal basado en el modelo francés. Esta tradición ya tiene fisuras a finales del XIX desde posiciones parlamentarias y democráticas de diversos partidos de Catalunya, Euskadi y Galicia. Estas posiciones tendrán su auge durante la II República con el Estado Integral basado en un modelo federal en determinadas regiones pero que no se llegará a aplicar del todo por la Guerra Civil pero que se mantendrá como idea latente en muchas fuerzas políticas hasta la Transición. Durante la Transición la situación del nacionalismo se ve de la siguiente manera:

• Es necesaria una cierta territorialidad pero ahí acaba el consenso sobre el modelo de Estado.

• El nacionalismo español tiene poco peso por qué había estado apoyado por el franquismo y no hay símbolos de unidad que no sean discutidos

• Los núcleos nacionalistas son los de mayor desarrollo económico

• Diferencias entre los nacionalismos periféricos, el catalanismo es subjetivo y el nacionalismo vasco es objetivo.

La solución de la Transición es mala jurídicamente pero buena en el ámbito político. En la CE España se define como plural (artículo 2 CE) y se desarrolla el modelo autonómico (Título VIII CE) y en el 1983 se dibuja un mapa de 17 CCAA donde 4 serán especiales y el resto irán al unísono.

• ¿Qué piensa el español de la división territorial?

La encuesta propone cuatro respuestas: centralismo, autonomía, federalismo e independencia. En el periodo 77-83 el centralismo tiene una caída importante del 44 al 29 %. El estado autonómico sube un poco, del 29 al 31 %, la posición federal gana terreno, del 15 al 20 % y el independentismo varía muy poco, del 9 al 10 %.

A partir de 1983 se sigue la misma tendencia: el centralismo baja 10 puntos, el autonomismo sube un poco, el federalismo también y el independentismo baja 5 puntos.

La posición en Catalunya varia. El centralismo tiene un apoyo del 19 %, el autonomismo es del 55 %, el federalismo ronda el 14 % y el independentismo ronda el 15 %.

Si se suman las posiciones intermedias nos da una situación paralela en España y Catalunya. Por lo tanto, el español da apoyo al estado autonómico con posibilidad de mayor poder político a las autonomías y sin contestación al sistema.

• La identidad política nacional

El eje Catalunya/España de las encuestas es muy receloso ya que la contestación depende del lugar o del momento pero funciona coherentemente en grandes bloques. La encuesta pregunta ¿Cómo se siente? y las respuestas son: 1) solo español, 2) más español que catalán, 3) tan español como catalán, 4) más catalán que español y 5) sólo catalán.

Se considera que las respuestas 3 y 4 son la base del autonomismo, la 1 es la base del centralismo y la 5 la del independentismo. La base del autonomismo es la identidad dual (sentirse de dos nacionalidades). Durante todo el tiempo, la identidad exclusiva española decrece continuamente y la identidad exclusiva regionalista también a excepción de los primeros 90's que creció pero sólo en Catalunya. Las opciones dualistas crecen hasta la actualidad en que se estabilizan.

En el País Vasco el independentismo cae en las generaciones más jóvenes y Catalunya es la única comunidad en que crece aunque poco. Las posiciones intermedias son las más numerosas y oscilan entre el 70 y el 80 %. Por lo tanto, la identidad dual está muy extendida.

El comportamiento electoral en España hay que enmarcarlo en la falta de participación electoral, superior a la del resto de Europa, que marca la política española. La abstención en España tiene unas connotaciones distintas que en Europa:

• Se produce mas abstención en las elecciones de segundo nivel al igual que en Europa pero es mucho más alta en las elecciones de primer nivel que en Europa

• La falta de participación no implica un no apoyo al sistema. El ciudadano español es democrático pero sin participación y eso es un tema importante de estudio

• El modelo de abstención europeo implica la abstención en los núcleos rurales, las mujeres y en los ámbitos de menor educación y asociacionismo. En España esto es parecido a Europa pero con algunas diferencias ya que el abstencionismo abarca a cualquier tipo de ciudadano. Hay dos zonas diferenciadas:

• Zona pesquera: es abstencionista

• Zona interior: más participativa.

La zona pesquera es más industrializada, desarrollada, terciarizada y más participativa en Europa. En España es todo lo contrario por la gran renovación demográfica, por cambios de municipio, etc. Que hace que no se creen los lazos sociales básicos para generar participación política. Las zonas de interior, más estables, conducen a una participación mayor.

• La diferencia en el abstencionismo se acentúa entre las grandes y pequeñas ciudades. Las grandes ciudades darán saltos en el nivel de participación según el momento y la fractura política reinante, al contrario que en la pequeña ciudad donde la participación no oscila. Cuando en unas elecciones hay mayor participación es debido al aumento de la participación en las ciudades.

• Por genero no hay distinción, no hay una variable que implique mayor participación entre los hombre que en las mujeres.

• La edad si tiene influencia en el nivel de participación. Hay mayor participación en el segmento de 30 a 60 años. Los jóvenes son más abstencionistas debido a que aún están socializándose y los viejos lo son por un error de censo (las muertes tardan mucho en computarse), por enfermedad y por el menor nivel de estudios.

• El estado civil también influye, los solteros y divorciados se abstienen más que los casados y los casados con hijos debido a que no están tan arraigados a la tierra y no tienen tanta necesidad de intervenir en política.

• Por clase social hay dos variables: renta y estudios. Cuanto mayores son ambos, la participación aumenta y cuanto menores son decrece. En España todos los grupos sociales tienen un nivel de abstencionismo alto pero donde mas incide la abstención es en zonas de correlación de la izquierda. Pero estas zonas se movilizan con gran rapidez en épocas de tensión política, al contrario que el voto de derechas que es más estable.

• La baja participación es afín a todos los partidos a niveles del 30% del voto potencial del partido y por eso desde los partidos se piensa que es más fácil buscar el voto del abstencionista afín al propio partido que buscar votantes de la esfera de otros partidos.

Política y Gobierno en España. M Alcántara y A. Martinez. Elecciones y comportamiento electoral (1977-1996). Eva Anduiza y Mónica Medea. PP. 259-286.

Desde el punto de vista del sistema político, son interesantes algunos elementos como los procesos de desalineamiento y realineamiento del electorado, las características de la oferta pública, el contexto político institucional, el desarrollo de la campaña electoral, el grado de movilización, las consecuencias de los resultados electorales sobre la formación del gobierno y las políticas pública.

Entre 1976 y 1996, electorado español ha votado en 8 referendos (3 estatales y 5 autonómicos), 5 elecciones municipales, 4 elecciones autonómicas (5 en Euskadi), 7 a Cortes y 3 al Parlamento Europeo (a estos datos deben añadirse las últimas municipales, autonómicas, generales y europeas de 1999). Se adjunta cuadro con todas las llamadas a las urnas.

Nos centramos en las 7 a Cortes y dentro de ellas al Congreso y nos basamos en el análisis de los resultados exclusivamente, estructurándolo en torno a dos dimensiones: el tiempo y el espacio. Siete convocatorias electorales son suficientes para analizar la presencia de tendencias y fluctuaciones en el comportamiento electoral tanto en la orientación del voto como en lo relativo a los niveles de movilización, fragmentación, competitividad y volatilidad electoral. Por otra parte, se constata que España está lejos de ser un bloque homogéneo tanto en sistema de partidos como en las características contextuales impuestas por le sistema electoral, de ahí que se reduzca la unidad de análisis a la circunscripción electoral para evitar distorsionar la realidad con una exposición excesivamente simplificadora.

1. Incertidumbre (1977-1979); hegemonía (1982-1989) y competición (1993-1996): las tres fases de la evolución de las preferencias electorales en España.

La 7 convocatorias electorales pueden agruparse en tres periodo diferenciados.

• Primer periodo. La incertidumbre (1977-1979)

Se abre con las elecciones del 77 y están caracterizadas por la incertidumbre propia de unas elecciones fundacionales a la que concurren muchas candidaturas y tan solo 11 lograron representación en el Congreso.

La UCD vence con casi el 35% lo que le permite formar gobierno en minoría. El PSOE con el 30% se sitúa como fuerza mayoritaria de la izquierda. El PCE obtuvo el 9% y AP el 8%. Los partidos de ámbito no estatal sumaron casi el 7%.

Las elecciones de 79 marcaron la continuidad de la relación de fuerzas establecidas en el 77. UCD, PSOE y PCE aumentaron ligeramente sus porcentajes de votos y escaños y AP bajó al 6% perdiendo 7 escaños. Los nacionalista alcanzaron casi el 9%.

• Segundo periodo. La hegemonía (1982-1989)

Estamos en la época de gobierno socialistas con mayorías absolutas que se inauguró en el 82. La UCD pasó de 168 a 11 escaños y el PSOE obtuvo la mayoría mas amplia jamás conseguida por un partido con 202 escaños y el 48,8%. AP se abrió espacio hacia el centro ocupando parte del espacio dejado por UCD y pasó de 9 a 107 escaños. El PCE perdió mas de la mitad de sus votantes y el CDS bajo Suárez alcanzó el 3%.

Las elecciones del 86 y 89 fueron una relativa continuidad de las del 82 y se caracterizaron por una moderada erosión del PSOE pero mantuvo el control del Congreso por el estancamiento de AP en competencia con los partidos nacionalistas conservadores de las CCAA y la crisis interna de AP. El PCE continuaba en su crisis de la que levemente se recuperó en el 89 y el CDS subió al 9%.

• Tercer periodo. Competición (1993-1996).

Las elecciones del 93 abrieron una nueva fase en la que el partido ganador alcanza mayoría necesaria para gobernar gracias al apoyo de otros partidos. En el 93, el PSOE perdió la mayoría absoluta y gobernó con el apoyo de CiU y el PP (pasó de AP a PP), saltó al 35% ocupando definitivamente el espacio de centro-derecha si bien no en todo el territorio estatal (por culpa de los partidos regionalistas y nacionalistas conservadores). Este avance del PP se produjo a expensas del CDS que con menos del 2% no alcanzó representación. IU permaneció por debajo del umbral del 10%.

En el 96, el PP alcanzó la mayoría relativa (se quedó a 19 escaños de la mayoría absoluta) y precisó el apoyo de CiU y el PSOE se mantuvo a poco mas de un punto del PP. IU no consiguió mejorar el apoyo electoral pese al relativo desgaste socialista y se mantuvo en el umbral del 10%.

2. La heterogeneidad territorial de las preferencias electorales.

El sistema electoral español dispone que sea la provincia la circunscripción electoral (la unidad territorial en la que los votos son agregados y los escaños distribuidos), por eso, en cada elección general de hecho se producen 52 elecciones. Pero no todos los distrito presentan las mismas características. Primero porque no en todas se eligen el mismo número de diputados (varían en función de la proporción de electores censados en la provincia) y segundo no todos los partidos presentan candidaturas en todas las provincias (regionalistas y nacionalistas).

Por otra parte, los partidos de ámbito estatal tampoco están igualmente implantados en todo el territorio (su organización está mas desarrollada en unas que en otras). Finalmente las circunscripciones también se diferencian en las características de sus electorados cuya estructura socio-política (nivel de renta, urbanización, actitudes políticas y religiosas, etc.) pueden variar notablemente.

Todas estas diferencias se reflejan en la heterogeneidad de los apoyos electorales de los partidos. Pero la falta de implantación territorial homogénea no afecta por igual a todos los partidos. El PSOE presenta como el que ha obtenido un suelo electoral mas homogéneo (en todas las convocatorias ha obtenido al menos el 10% en todas las circunscripciones). Los demás partidos estatales son mas irregulares careciendo prácticamente de votos en algunas circunscripciones. Por otro lado, el problema de la implantación territorial de IU puede deberse también a las características del sistema electoral (IU, como tercera fuerza política, necesita un porcentaje de votos mucho mayor en una circunscripción de 5 escaños que en una de 20 para conseguir representación. De alguna manera, el sistema electoral incentiva la implantación de este partido en las grandes circunscripciones y la dificulta en las pequeñas al hacer allí los votos menos rentables. Sin embargo, esto no significa necesariamente menor porcentaje de votos para IU en todas las circunscripciones pequeñas).

3. Evolución territorial y alternancia política.

Se hace referencia al análisis de la distribución de las circunscripciones en función de cuál fue el partido mas votado en cada una de las 7 elecciones que se analizan.

Las dos alternancias políticas que ha sufrido España desde el 77 han sido el resultado de dos proceso diametralmente opuestos: un terremoto electoral que en el 82 dio la victoria al PSOE, frente a un lento y trabajoso ascenso hacia la mayoría, finalmente conseguida por el PP en el 96.

En las dos primeras elecciones (77 y 79), el dominio de la UCD fue casi absoluto, siendo el partido más votado en todas las provincias excepto algunas de Andalucía, Catalunya, Asturias, Valencia y Alicante que ganó en PSOE y Guipúzcoa y Vizcaya que venció el PNV.

En el 82 se vivió la primera alternancia política en forma de shock. El PSOE pasó a ser el partido más votado en toda la península y los archipiélagos (excepto los distritos de Pontevedra, Lugo, Orense. Burgos, Segovia y Soria que ganó (AP), Girona (CiU) y Guipúzcoa y Vizcaya (PNV). La UCD que en el 79 venció en 37 distritos pierde la condición de partido más votado.

A partir de entonces comenzó el lento camino hacia la segunda alternancia, en un periodo que comprende desde la victoria del PSOE en el 82 hasta la victoria del PP en el 96 y se caracteriza por la lenta progresión de este último.

II Características del comportamiento electoral.

1. Movilización

Hace unas décadas se decía (Lipset), que los nivele altos de participación eran potencialmente peligrosos para la estabilidad política y que los niveles bajos de movilización electoral eran indicadores de satisfacción y conformidad. Hoy casi todo el mundo opina que es deseable un alto nivel de participación porque incide en el grado de legitimidad del resultado electoral.

El nivel de participación o movilización electoral se suele medir como el porcentaje de votantes sobre el total de electores inscritos en el ceso electoral. En general, España presenta unos niveles de participación relativamente bajos e inestables pero dentro de unos márgenes aceptables. Así, la medida de participación entre el 77 y el 96 fue del 74,6% (la mas baja de Europa tras Suiza) y en momentos de máxima desmovilización se ha alcanzado el 30% de abstención.

Existe una notable variación en los niveles de participación tanto a través de las elecciones como de los distritos electorales. El gráfico que se adjunta pone en evidencia niveles de participación irregulares con fluctuaciones que en ocasiones superan los 10 puntos entre dos elecciones consecutivas (algo infrecuente en Europa).

Pare buscar una explicación se debe acudir primero a que nos encontramos con una democracia relativamente joven y que los vínculos y niveles de identificación partidista son aún débiles, por lo que estos factores que funcionan como incentivos a largo plazo de la participación electoral, tiene menos fuerza que en otros países europeos en los que los partidos han jugado un papel movilizador durante décadas.

En este contexto, los factores coyunturales que rodean a cada elección cobra una especial importancia para animar el grado de movilización. Así, unas convocatorias son vistas como excepcionales por su importancia política (las fundacionales del 77 y las de alternancia del 82 y 96 en las que el grado de participación alcanzó algo menos del 80%) y otras como de continuidad (las del 79, 86 y 89 con una participación en torno al 70%). Las del 93 ocupan una posición media-alta tanto en grado de excepcionalidad como en nivel de participación.

Respecto a las variaciones territoriales, decir que en España, la periferia peninsular y los archipiélagos (Asturias, Andalucía, Baleares, Navarra, Canarias, Catalunya y sobre todo Galizia), los niveles de abstención son mas elevados que en la meseta central, si bien debe decirse que hay una tendencia hacia una disminución de las diferencias interterritoriales.

2. Concentración y fragmentación.

Los niveles de concentración y fragmentación del voto nos permiten observar en qué medida los electores distribuyen sus preferencias entre un número elevado o reducido de formaciones políticas.

• El grado de concentración del voto.

El grado de concentración del voto se puede medir a partir de varios indicadores. Los más utilizados suelen ser la suma de votos (y/o escaños) conseguidos por el primer y el segundo partido, y la suma de votos (y/o escaños) conseguidos pro el tercer y cuarto partido. En el caso español es también interesante analizar el porcentaje de votos sumados por los partidos de ámbito no estatal.

Comparado con Europa, España ocupa un lugar relativamente elevado respecto a la concentración del voto si se observa el porcentaje sumado por el primer y el segundo partido mas votado (70%). Suma que aumenta hasta el 82 que alcanzó el 75% de votos y el 88% de escaños. La erosión del PSOE al no repercutir inmediatamente en beneficio del PP hizo que esa concentración disminuyese pero volvió a aumentar a partir del 93 con el crecimiento del PP tanto en votos como en escaños.

Hasta el 89, el tercer y cuarto partido (PCE y AP en el 77 y 79 y UCD y PCE en el 82 y CDS e IU a partir del 86), sumaron una media del 15% lo que comprado con Europa también es relativamente baja. Con la desaparición del cuarto partido a nivel estatal (CDS), solo queda el tercero (IU) que se mantiene en torno al 10% en el 96. El nivel de concentración del voto en el tercer y cuarto partido varía considerablemente entre distritos electorales.

Otro elemento que afecta a la concentración del voto es la presencia de partidos ragionalistas/nacionalistas que compiten con los partidos de ámbito estatal y que han sumado entre el 6,8 al 10,7% de votos.

• El grado de fragmentación electoral.

Se suele utilizar dos índices calculables a partir de los resultados electorales:

• El índice de fraccionalización.

Puede interpretarse como la probabilidad de que al elegir dos electores aleatoriamente, éstos voten a distintos partidos (Duglas Rae). Aplicado a la fragmentación parlamentaria, el índice puede igualmente entenderse como la probabilidad de que al elegir a dos miembros del parlamento estos pertenezcan a distintos grupos. Así el índice varía teóricamente entre 0 (cuando todos los electores o parlamentarios votan o pertenece a la misma fuerza política) y 1 (cuando todos votan o pertenecen a una fuerza política diferente).

La fragmentación electoral española con un nivel medio de 0,73, es relativamente baja. Al igual que la concentración, la fraccionalización disminuyó en el 82, aumentando de nuevo en el 86 y 89 para reducirse después de las dos últimas elecciones. Respecto a variaciones territoriales en el nivel de fragmentación, hay importantes diferencias que se aprecian entre los distritos pertenecientes a CCAA como Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Castilla y León o Castilla-La Mancha, con niveles relativamente bajos (menos del 0,65 para todo el periodo 77-96) y Catalunya, Navarra o Euskadi en los que la fragmentación alcanza niveles cercanos o superiores al 0,75.

• El número efectivo de partidos.

Es el otro indicador y está directamente basado en el índice de fraccionalización de Rae, pero proporciona una interpretación diferente, que permite apreciar con mayor facilidad el número de partidos que compiten por conseguir el apoyo electoral. Así, el número efectivo de partidos puede interpretarse como el número de partidos de igual tamaño que resultarían en el mismo nivel de fragmentación electoral.

El número efectivo de partidos electorales varia entre 3,2 y 4,2 con una media de 3,7 relativamente baja en relación con Europa (4,1). El número efectivo de partidos es más elevado allí donde la dimensión centro-periferia constituye un eje de competición como en Catalunya a y Euskadi.

Como se observa en el Cuadro V, existe una notable diferencia entre el número efectivo de partidos electorales y parlamentarios, lo que muestra el impacto del sistema electoral que, al sobrerrepresentar a los partido más votados e infrarrepresentar los que obtienen menor número de votos, reduce de manera notable el número de partidos que forman el parlamento.

Los elementos que conducen a la reducción de la fragmentación electoral no sólo se refieren a la fórmula de reparto de los escaños o al tamaño de los distritos (mecanismos que ejercen su influencia después de que elector ha emitido su voto), sino que también puede afectar la propia decisión del votante. Se puede decir que en el sistema electoral español existen importante incentivos desigualmente distribuidos en el territorio, tendentes al desarrollo del voto estratégico por parte de los electores y a la campaña por el voto útil por parte de los partidos mayoritarios.

El voto estratégico alude a la posibilidad de que un elector no vote al partido que sería su primera preferencia si éste es pequeño, por la baja probabilidad de que obtenga representación parlamentaria. En distritos de pequeña magnitud (que eligen de 3 a 6 diputados), el tercer y el cuarto partido (si los hubiera), no suelen conseguir escaño, por lo que los electores tienen incentivos para no votar a esos partidos y concentrar su atención en la elección entre los dos partidos mayoritarios. Por el contrario, en los distritos de gran magnitud (Madrid o Barcelona), incluso pequeños partidos que superen el umbral del 3% tienen la posibilidad de conseguir escaño lo que hace que el voto sea más fragmentado. Los partidos mayoritarios suelen aprovechar esta situación y apelar al voto útil con el objeto de ganar parte del voto de los pequeños partidos.

• Competitividad.

La competitividad electoral es un estado de las competición electoral que refleja el grado de incertidumbre respecto al resultado de la elección. Cuanto más alto es el grado de competitividad de unas elecciones, más igualadas están las fuerzas que compiten y mayor será la incertidumbre respecto al resultado final. El nivel de competitividad de las elecciones se identifica frecuentemente con la probabilidad de la alternancia en el gobierno.

En principio sería ideal utilizar un indicador del grado de competitividad medido con anterioridad a la celebración de las elecciones, ya que la incertidumbre respecto al resultado puede afectar a los electores en el momento de la campaña electora e influir su voto en un sentido u otro. Así, se puede utilizar indicadores como la proporción de electores que se declaran indecisos respecto a su decisión de voto. Sin embargo, en ocasiones no es posible utilizar datos de encuesta, por lo que resulta más útil manejar otro tipo de medidas basadas en datos agregados más accesibles.

Montero señala la proximidad de los resultados de los principales partios y la alternancia de los partidos en el poder como los indicadores más importantes de la competitividad basados en datos agregados. Aquí se utiliza la diferencia en el resultado del primer y el segundo partido más votado como principal indicador de la competitividad.

El Cuadro VI presenta el valor absoluto de la diferencia en el porcentaje de votos del primer y segundo partido desde el 77 al 96. Durante el primer periodo electoral (77-79), la competitividad fue elevada y ambas elecciones estuvieron precedidas por un grado considerable de incertidumbre. Las del 77 (elecciones fundacionales), despejarán incógnitas sobre cuál sería el partido más votado y cuál el partido predominante en la izquierda y el nivel de apoyo de AP. En las del 79, también hubo cierta expectación sobre la posible victoria del PSOE lo que generó cierta incertidumbre en el resultado y la posibilidad de generar alternancia en el gobierno.

La magnitud de la victoria del PSOE en el 82 (superior a 20 puntos sobre el segundo partido), redujo considerablemente los niveles de competitividad en las siguientes convocatorias electorales. El periodo de baja competitividad se cerró en las elecciones del 89 con un aventaja del PSOE de 14 puntos sobre el PP. En la siguiente convocatoria (93), se inicia un periodo de competitividad que continuó en las del 96 cuando la distancia entre el PP y PSOE fue inferior al 1,5%.

El Cuadro VII presenta para cada elección el porcentaje de distritos según cuatro niveles de competitividad. La primera línea presenta el porcentaje de provincias donde las diferencias entre los dos partidos es inferior a 7 puntos. La segunda, en las que las diferencias oscilan entre 7 y 14 puntos y así sucesivamente. La primera línea por tanto incluye los distritos competitivos y la cuarta los distritos en los que existe un partido claramente ganador. En las del 77, en 36% de los 52 distritos se encontraban en situación de claro ganador. En las del 96 la cifra se reduce al 2%.

Ahora bien, la denominación de “distrito seguro”, se utiliza sobre todo en sistemas electorales mayoritarios con distrito uninominal como en el Reino Unido que en cada distrito elige un único diputado. En el sistema proporcional con distritos plurinominales como en España, la interpretación del índice de competitividad no es tan clara y su implicación respecto al reparto de escaños requiere mucha precaución. En todo caso, la competitividad nos sigue proporcionando una valiosa información sobre las características de la competencia electora.

• Volatilidad electoral agregada.

La volatilidad electoral agregada o total e un indicador muy usado en la literatura sobre el comportamiento electoral y el sistema de partidos para medir su grado de estabilidad. El índice de volatilidad mide los cambios electorales netos que se producen en un sistema de partidos entre dos elecciones sucesivas y que se deben a transferencias individuales del voto. También se puede utilizar como un indicador aproximado de la movilizad individual de los electores. Desde esta perspectiva, la volatilidad electoral se puede definir como el porcentaje mínimo de votantes que han debido cambiar su voto entre una convocatoria y la siguiente para que se produzca los resultados electorales observados.

La volatilidad electoral se puede también medir con sondeos mediante la pregunta al entrevistado por el partido que votaron en las pasadas elecciones y su intención de voto para las próximas. Así se calcula el porcentaje de electros que cambian de opción partidista.

Ya sea medida con datos agregados (resultados electorales), o encuestas (declaración de intención y recuerdo de voto), el grado de volatilidad electoral tiene consecuencias importantes sobre la estabilidad del sistema de partidos. Aquí se valora la volatilidad medida a nivel agregado.

A la hora de valorar la volatilidad electoral en España desde el 77 al 96, debe tenerse en cuenta que a mayor oferta de partidos, mayor volatilidad, lo cual supone un problema para utilizar el índice de volatilidad en el análisis del comportamiento electoral ya que en ocasiones éste fluctúa debido a factores relativos a las modificaciones de la oferta partidista y no por cambios en la preferencias de los votantes, es decir, puede tratase de volatilidad causada en mayor medida por los partidos que por los propios votantes.

En las del 82, al menos un 40% cambió su decisión de voto respecto a las del 79 (la explicación es la práctica desaparición del partido en el gobierno). Son las elecciones con mayor grado de volatilidad de todas las celebradas en Europa desde 1945. Desde el 82, la volatilidad se ha reducido si bien en el 93 se incrementó (desaparición del CDS y aumento del PP). Se puede decir que en términos comparativos, España tiene índices de volatilidad medios relativamente altos, con fluctuaciones importantes, en relación con otros países europeos.

III. Conclusiones.

La evolución de la orientación del voto en las elecciones al Congreso, ha atravesado tres fases diferenciadas por sus distintas pautas de competición electoral y distribución territorial del voto.

En las dos primeas convocatoria (77 y 79), las preferencias se distribuyeron entre un número relativamente alto de partidos. Los dos principales partidos (PSOE y UCD), compitieron entre ellos en términos de relativa igualdad e hicieron frente a la presencia de otros partidos situados en sus respectivos flancos ideológicos (AP y PCE), así como a la existencia en ciertas circunscripciones de partidos regionalistas o nacionalistas.

Las del 82 supusieron un cambio radical del panorama que llegó junto con un alto nivel de movilización electoral. La completa desaparición del partido hasta entonces en el gobierno, la victoria del PSOE con casi el 50% de los votos, abrió un periodo marcado por la hegemonía socialista y por niveles de competitividad bajos. La falta de implantación territorial de AP y la presencia de partidos nacionalistas de centro-derecha, hizo muy dificultoso su camino hacia el status de alternativa.

La tercera fase comenzó en el 93, tras el progresivo avance del PP, éste y el PSOE llegaron a una situación de relativa paridad que dio pie a especulaciones sobre la posible victoria del PP. Las elecciones del 93 y 96 se caracterizaron por un alto grado de competitividad. Los dos principales partidos se estabilizaron entre el 35 y 39% de los votos sin que ninguno conociera la mayoría absoluta para gobernar.

Agrandes rasgos, la tendencia es hacia una mayor estabilidad y homogeneidad del comportamiento electoral basado en una pauta de competencia bipolar entre el PP y el PSOE, en la que partidos nacionalistas y regionalistas, así como eventuales terceros partidos de ámbito estatal, juegan un papel decisivo en la formación de mayorías parlamentarias.

Las mujeres libertarias, el feminismo en el mundo occidental.

Las mujeres son el 51% de la población mundial pero como agente histórico no ha tenido nunca ningún valor. Siempre el individuo femenino ha estado en inferioridad dentro de todos los grupos sociales. Haremos un análisis de género porque la mujer nunca ha sido un factor de cambio, su existencia y participación ha quedado reducida al ámbito privado y fuera del ámbito público (parlamentario, ejército, empresarial etc.).

En 1782, los escritos sobre la Revolución Francesa la famosa “Declaración de Derechos del Hombre”, nunca habla de la mujer. La participación e la mujer en la evolución del pensamiento es mínima (es cierto pero existen excepciones muy significativas como Rosa de Luxemburgo o Alejandra Kolontai). No han sido nunca agente histórico si bien se intenta ser agente del cambio. En la Declaración de los Derechos de Hombre, existe una norma jurídica donde se dice que la mujer no se la reconoce como agente representativo para poder conseguir un cargo de diputado en el Parlamento (trabajar, obedecer y callar, esta es la consigna para las mujeres). En este estado de cosas era preciso iniciar la lucha de género y nacen entonces las reivindicaciones feministas: la mujer debe participar en todas las tareas.

Con la Revolución Industrial del S. 19, en 1865 se reúnen los ideólogos del Movimiento Obrero en la I Internacional donde se dan definiciones de la mujer ligadas a la familia (la mujer no es nada sin familia). En la lucha bestial contra el capitalismo el tema de la mujer queda relegado a ser simplemente un apoyo para el hombre, reproductora. Para la sección alemana según textos donde constan definiciones (ya en la III Internacional), la mujer mantiene el mismo papel de años atrás: ser madre y esposa/súbdito. Nunca se abordará el tema del sexo hasta los años 60's y 70's del S. 20.

La liberación de la mujer siempre queda comprendida dentro de la liberación del hombre. La afiliación de la mujer al sindicato de trabajadores no será posible hasta el S. 20 y muchas veces queda supeditada a la creación de uniones sindicales exclusivamente femeninas. La participación de la mujer dentro de los inicios del pensamiento de izquierdas no existe, tan solo existen ideas. Lo único que si existe son los derechos del ciudadano (votar, adquirir cultura, ir a la universidad, etc.), son reivindicaciones que ya existían en aquellos tiempos. A partir de los años 30's las mujeres comienzan a asistir a la universidad en España. Y fue después de la 2ª GM que fue factible la participación de la mujer en la política.

Pese a lo dicho, cabe señalar que en momentos puntuales de la historia han existido organizaciones donde las mujeres intentan organizarse y aportar valores de cambio tanto en los ámbitos obreros como en los ámbitos de izquierda. Pero la mujer obrera (que ya está sometida al hombre obrero) no entiende el porque el partido político su militancia en el mismo le pueda ser útil para su lucha. Tanto la UGT como la CNT encuentran muchas dificultades para que las mujeres se afilien y se valora la necesidad de crear un sindicato exclusivamente femenino.

En los años 36-39 aún las mujeres no van a las fábricas sino que será partir de la 2ª GM cuando la mujer comienza a salir e la casa para ir a trabajar.

En 2 años llegaron a existir 140 asociaciones de mujeres libertarias en España con fuerte incidencia en Catalunya. El movimiento de mujeres libertarias no tuvo nunca el mismo entramado que el de los hombres pese a que consiguieron tener una representación como tales.

Federica Montseny representa la corriente anarquista. En 1936, la CNT se integra en el Gobierno estatal de la II República. Federica, mas que feminista es una mujer con carácter, una mujer política defendiendo sus intereses. En el exilio mantuvo su identidad ideológica y su grupo de opinión.

En los 60's con la píldora anticonceptiva la mujer asume lucha libertad que no tenia antes para controlar la procreación. En 1977 se produce un cambio importante en la mentalidad de las mujeres: Movimiento Feminista, Secretaría de la Dona, Asociaciones dentro del PSUC. Simone de Beauvoir “Hasta que no existan tantas mujeres inútiles realizando trabajos inútiles como hombres inútiles haciendo trabajos inútiles, esto no estará ganado”.

El sistema electoral español y su rendimiento.

Un sistema electoral no es tan solo un conjunto de normas que traducen los votos obtenido en escaños, es mas complejo, de ahí la necesidad de hablar de los distintos elementos del sistema electoral como la fórmula, la división del territorio en circunscripciones, la modalidad de las candidaturas, el número de componentes que estamos eligiendo, la adopción de una barrera mínima, etc.

Los artículos 68 y 69 de la CE recogen las Corte Generales. El Congreso estará formado por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados (se ha fijado en 350). La circunscripción electoral será la provincia con dos diputados como mínimo por provincia (Cauta y Melilla 1), sistema proporcional y la conversión de votos en escaños mediante la Ley d'Hondt. El sistema prioriza a los dos grandes partidos. Se dividen los votos obtenidos por tantas veces como escaños se deban repartir y se asignan los escaños a los cocientes/medianas mas elevadas del resultado de esta división. Ejemplo sobre el repartimiento de 2 escaños:

Partido	Nº votos obtenidos	% 1	% 2
A	90.000	90.000	45.000
B	50.000	50.000	25.000
C	40.000	40.000	20.000
D	20.000	20.000	10.000

El partido A obtiene 1 escaño y el partido B obtiene otro dado que su cociente es superior que el obtenido por el partido A tras haberle sido asignado un escaño. El resto de partidos se queda sin escaño. La fórmula d'Hondt por sus características afecta a la circunscripción con efecto reduccionista: los partidos mas grandes obtienen mas beneficios favoreciendo el bipartidismo electoral. De todas las fórmulas proporcionales, es la menos proporcional, solo tiene efectos a partir de que en la circunscripción se elijan mas de 7 escaños pero como en España existe muchas muy pequeñas se favorece al bipartidismo. (ver artículos que se adjuntan).

La voluntad del constituyente cuando se piensa en redactar la CE es la búsqueda de mayorías holgadas pero al mismo tiempo obligada a pactar con otros partidos, una cámara poco fragmentada que refuerza a los partidos grandes ampliamente repartidos por el territorio y limitar la entrada de partidos pequeños a no ser que los votos de esos partidos estuvieran muy concentrados en determinados territorios o ciudades.

Los 350 diputados dan una cámara baja relativamente pequeña. Amplio número de provincias (se asignan 2 diputados por cada provincia como mínimo, es decir, poca gente para repartir en muchos sitios o circunscripciones). Esto deja un amplio margen de maniobra?. Se quería ampliar el número de circunscripciones (media de asignación de 7 escaños por circunscripción).

• El modo lo voto para el Congreso.

Listas cerradas y bloqueadas (se da opción a los partidos para configurar la lista sobre el orden de la misma). Se pretendía crear dos mayorías relativamente fuertes y que a su alrededor estuviesen los partidos pequeños con los cuales se estuviese obligado a pactar (búsqueda del consenso, así no un estricto bipartidismo).

• El Senado.

Se sitúan 4 senadores por provincias (Ceuta y Melilla 2 cada una y 3 para Gran Canarias). Fórmula de sistema mayoritario con voto limitado (listas abiertas).

• Rendimiento del sistema electoral español.

El derecho electoral es uno de los sectores mas conservadores del ordenamiento jurídico por que las leyes electorales se modifican muy poco y en todo caso tienden a modificarse en el contexto de convulsión o proceso de cambio o reforma política (o en caso de ridículo universal como es de suponer que sucederá en los EEUU tras las últimas elecciones).

Las razones de fondo para ese conservadurismo tenemos:

• Los partidos y electores se habitúan a un sistema electoral.

• Los cambios supone modificar las estructuras

• Las leyes las redactan las mayorías parlamentarias (que a la hora de alcanzar esa mayoría lo han hecho precisamente con ese sistema por lo tanto no desean cambiarlo, otra cosa es que cuando pierden pidan su cambio, pero entonces, no están en condiciones -caso del PSOE que ahora pide su modificación-)

• Funciones del sistema electoral para que sea legítimo.

• Garantizar la representatividad de los grupos mas relevantes.

• Permitir la formación de equipos ministeriales/de Gobierno que puedan gobernar con cierta holgura.

Favorecer sistemáticamente la representación de los partidos por grado de ámbito general y por otra parte también favorecer la entrada de partidos mas pequeños (nacionalistas), si bien se ha castigado a los partidos menores de ámbito estatal como el PCE/IU, sobrerepresentando al partido ganador en las lecciones. Es decir, se tiende cada vez mas hacia el voto útil.

Carácter cerrado y bloqueado de las listas electorales es otro elemento de crítica. Se pretende consolidar partidos sólidos y disciplinados, pero continúan sin ser reconocidos por la población como canales de participación ciudadana (simplemente existe porque es preciso canalizar las acciones políticas de alguna manera). Si los propios electores pudiesen establecer sus preferencias (decir los nombres que deben componer la lista (para ello es preciso que existan grupos de presión como el ejemplo de Italia), el competido no sería un miembro de otro partido sino del mismo partido lo que comportaría problemas de financiamiento electoral.

El peso de los medios de comunicación (por ejemplo la TV en el caso de Italia con Berlusconi), así en España, los medios priorizan los partidos grandes (PP y PSOE). De hecho cada uno de ellos tiene un apoyo descarado e incondicional el PSOE por el Grupo PRISA del Sr. Polanco (Canal Plus, El País, la SER, etc.) y el PP con las cadenas estatales de TV, alguna privada y ABC y El Mundo, entre otros y no hablemos ya de los contertulianos de la radio que se creen que tienen la verdad absoluta y que según a que grupo pertenezcan apoya a uno u otro partido). En fin lo de los medios de comunicación es un tema que tratarlo sería muy extenso, pero el papel que juega es extraordinario a la hora de formar ideología en la gente. Son los amos.

Para finalizar, se dijo en clase que culpar al sistema electoral de todo lo negativo de nuestro sistema político, es un argumento muy simplista. Lo que pretendía el constituyente en el 77 era conseguir una cierta estabilidad con mayorías estables para gobernar, mayorías homogéneas que hacen servir las reglas del juego de manera adecuada. Y...todo arreglado.

LOREG. Capítulo Tercero. Sistema electoral

Artículo 161

1. Para la elección de Diputados y Senadores, cada provincia constituirá una circunscripción electoral. Asimismo, las ciudades de Ceuta y Melilla serán consideradas, cada una de ellas, como circunscripciones electorales.

2. Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior, para las elecciones de Senadores, a las provincias insulares, en las que a tales efectos, se consideran circunscripciones cada una de las siguientes islas o agrupaciones de islas: Mallorca, Menorca, Ibiza-Formentera, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife, Hierro, Gomera y La Palma.

Artículo 162

1. El Congreso está formado por 350 Diputados.

2. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de 2 Diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de ellas por un Diputado.

3. Los 248 Diputados restantes se distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al siguiente procedimiento:

a) Se obtiene una cuota de reparto resultante de dividir por 248 la cifra total de la población de derecho de las provincias peninsulares e insulares.

b) Se adjudican a cada provincia tantos Diputados como resulten, en números enteros, de dividir la población de derecho provincial por la cuota de reparto.

c) Los Diputados restantes se distribuyen asignando uno a cada una de las provincias cuyo cociente, obtenido conforme al apartado anterior, tenga una fracción decimal mayor.

4. El Decreto de convocatoria debe especificar el número de Diputados a elegir en cada circunscripción, de acuerdo con lo dispuesto en este artículo.

Artículo 163

1. La atribución de los escaños en función de los resultados del escrutinio se realiza conforme a las siguientes reglas:

a) No se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido, al menos, el 3 por 100 de los votos válidos emitidos en la circunscripción.

b) Se ordenan de mayor a menor, en una columna, las cifras de votos obtenidos por las restantes candidaturas.

c) Se divide el número de votos obtenidos por cada candidatura por 1, 2, 3, etc., hasta un número igual de escaños correspondientes a la circunscripción, formándose un cuadro similar al que aparece en el ejemplo práctico. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, atendiendo a un orden decreciente.

Ejemplo práctico: 480.000 votos válidos emitidos en una circunscripción que elija 8 Diputados. Votación repartida entre 6 candidaturas:

División	1	2	3	4	5	6	7	8
A	168.000	84.000	56.000	42.000	33.600	28.000	24.000	21.000
B	104.000	52.000	34.666	26.000	20.800	17.333	14.857	13.000
C	72.000	36.000	24.000	18.000	14.400	12.000	10.285	9.000
D	64.000	32.000	21.333	16.000	12.800	10.666	9.142	8.000
E	40.000	20.000	13.333	10.000	8.000	6.666	5.714	5.000
F	32.000	16.000	10.666	8.000	6.400	5.333	4.571	4.000

Por consiguiente: la candidatura A obtiene 4 escaños. La candidatura B, 2 escaños y las candidaturas C y D, 1 escaño cada una.

d) Cuando en la relación de cocientes coincidan dos correspondientes a distintas candidaturas, el escaño se atribuirá a la que mayor número total de votos hubiese obtenido. Si hubiera dos candidaturas con igual número total de votos, el primer empate se resolverá por sorteo y los sucesivos de forma alternativa.

e) Los escaños correspondientes a cada candidatura se adjudican a los candidatos incluidos en ella, por el orden de colocación en que aparezcan.

2. En las circunscripciones de Ceuta y Melilla será proclamado electo el candidato que mayor número de votos hubiese obtenido.

Artículo 164

1. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Diputado, el escaño será atribuido al candidato o, en su caso, al suplente, de la misma lista a quien corresponda, atendiendo a su orden de colocación.

2. Las vacantes de los Diputados elegidos en Ceuta y Melilla serán cubiertas por sus respectivos suplentes, designados en los términos del artículo 170 de esta Ley.

Artículo 165

1. En cada circunscripción provincial se eligen 4 Senadores.

2. En cada circunscripción insular se elige el siguiente número de Senadores: 3 en Gran Canaria, Mallorca y Tenerife; uno en Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma.

3. Las poblaciones de Ceuta y Melilla eligen cada una de ellas 2 Senadores.

4. Las CCAA designan además un Senador y otro más para cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponde a la Asamblea Legislativa de la CA, de acuerdo con lo que establezca sus Estatutos, que aseguran, en todo caso, la adecuada representación proporcional. A efectos de dicha designación el número concreto de Senadores que corresponda a cada CA se determinará tomando como referencia el censo de población de derecho vigente en el momento de celebrarse las últimas elecciones generales al Senado.

Artículo 166

1. La elección directa de los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla se rige por lo dispuesto en los apartados siguientes:

a) Los electores pueden dar su voto a un máximo de 3 candidatos en las circunscripciones provinciales, 2 en Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares.

b) Serán proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.

2. En caso de fallecimiento, incapacidad o renuncia de un Senador elegido directamente la vacante se cubrirá por su suplente designado según el artículo 171 de esta Ley.

Política y Gobierno en España. El sistema electoral. Ismael Crespo.

Capítulos I, II y III. Pp. 229-249

I. El proceso de elaboración del sistema electoral.

La elaboración de los principios rectores del sistema electoral se realizó en el marco de la Ley 1/1977 de 4 de enero para la Reforma Política que, en su Disposición Transitoria Primera diseñaba la representación proporcional “corregida” para la elección del Congreso y criterios mayoritarios para el Senado y facultaba al Gobierno para establecer las normas electorales que regularán las primeras elecciones democráticas previstas para 1977. Decir que la oposición aportaba por un sistema proporcional y los franquistas por uno mayoritario, así que la postura ecléctica del Gobierno fue la que prevaleció.

La propuesta respondía a una clara voluntad política, la sustentada por los sectores reformistas de Suárez con el propósito de regular unos principios de representación que incrementase las posibilidades de éxito electoral para aquellas candidaturas organizadas desde el Gobierno de cara a las primeras elecciones, de ahí que tan solo aceptase unos criterios generales de proporcionalidad para el Congreso (asegurándose de esta forma la participación de la oposición), pero a su vez, introduciendo la posibilidad de establecer fuertes “dispositivos correctores” a la proporcionalidad y el escrutinio mayoritario para el Senado (satisfaciendo a los continuistas del franquismo).

Estos principios se concretaron en el Real Decreto Ley 20/1977 de 18 de marzo que reguló las primera elecciones y sirvió como marco normativa para las elecciones de 1979 y 1982, y en el reside el origen y los fundamentos del sistema electoral español dado que sus normas mantuvieron continuidad y resolvió cuestiones como los referentes a los “dispositivos correctores”. Así para el Congreso se adoptó el método de distribución de escaños d'Hondt, estableció una barrera legal del 3% de votos válidos emitidos en cada circunscripción y reguló un mínimo de diputados para cada circunscripción (elemento básico para el establecimiento de la baja proporcionalidad des sistema electoral). Con todo ello la UCD pretendía garantizar su vía electoral mediante el reforzamiento del “valor” del voto en aquellas provincias menos pobladas y, en principio, más rurales y más conservadoras. La CE de 1978 en sus artículos 68 y 69 reafirmó esos principios, dejando poco margen de maniobra para una regulación diferente. Atendiendo al artículo 81.1 de la CE se aprobó la L.O. 5/1985 de 19 de junio del Régimen Electoral General (LOREG) sin apenas introducir cambios sustanciales.

II. En busca de la gobernabilidad.

Aunque el sistema electoral español es una auténtica “obra de ingeniería electoral” que combina representatividad y estabilidad política, la idea básica fue la de primar la gobernabilidad en detrimento de una representación proporcional. Esto se ha conseguido mediante:

• La adopción como circunscripción las provincias (artículo 161 LOREG), que mantiene grandes desigualdades demográficas.

• Un tamaño reducido de las Cámaras (Congreso de un mínimo de 300 y máximo de 400, quedado fijado por el artículo 162.1 de la LOREG en 350). El Senado es aún más pequeño y se compone de un número variable de miembros: 208 elegidos de forma directa en las circunscripciones y el resto designado por las Asambleas legislativas de las CCAA a razón de uno por cada CA y otro más por cada millón de habitantes en su Comunidad (artículo 165 LOREG).

• En cada circunscripción se elige un mínimo de dos diputados y cuatro senadores, con algunas particularidades: para el Congreso existe una representación mínima por circunscripción (dos por cada una incluida las tres insulares, excepto Ceuta y Melilla que eligen cada una un diputado-artículo 162.2 LOREG-), distribuyendo los demás en proporción a la población. Por tanto, los diputados inicialmente asignados son 102, distribuyéndose los otros 248 restantes entre cada una de las circunscripciones en razón de su población.

• El Senado (artículo 69 CE) son cuatro senadores por circunscripción peninsular, dos para cada una de las poblaciones de Ceuta y Melilla y uno para cada una de las circunscripciones insulares reguladas en el artículo 161.2 de la LOREG, con las excepciones de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife que eligen tres. El resto lo eligen las propias CCAA a razón de uno por comunidad y otro más por millón de habitantes.

• La barrera legal del 3% por circunscripción como mecanismo corrector (si bien sus efectos de hecho, están limitados por el pequeños tamaño de las circunscripciones españolas, por lo que tan solo tiene algún efecto reductor sobre los partidos minoritarios en las circunscripciones grandes (Madrid, Barcelona, ...).

• En cuanto a los tipos de candidaturas y procedimientos de votación: para el Congreso, cada partido presenta una lista cerrada y bloqueada y para el Senado, los candidatos de cada partido se presenta en una lista abierta, por tanto el elector puede elegir a quien quiera independientemente del partido que represente el candidato.

• Las fórmulas de conversión de votos en escaño son sencillas en ambas Cámaras. Para el Congreso se utiliza el método d'Hondt (artículo 163.1 LOREG) que consiste en dividir los votos obtenidos por cada una de las diferentes listas entre una serie de divisores formada por los números naturales 1, 2, 3,..., asignándose los escaños en juego a los cocientes mayores hasta completar el número total de escaños adjudicaos en esa circunscripción. Este método tiende a sobrerrepresentar a los partidos con mayor número de votos. Para el Senado se aplica un sistema mayoritario mediante el cual, son electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta completar el total de senadores asignados a esa circunscripción (artículo 166.1.b LOREG).

Buscando la gobernabilidad, el sistema electora español mantiene unos efectos que se aproximan más a los sistemas mayoritarios como los de Francia y Reino Unido que a los proporcionales, de tal manera que el umbral a partir del cual una mayoría relativa de votos se convierte en una mayoría absoluta de escaños se sitúa en torno al 40%, lo que inevitablemente fomenta el bipartidismo.

III. En torno a la proporcionalidad del sistema electoral.

Los sistemas electorales basados en el principio de la representación proporcional, tratan de alcanzar una relación entre votos y escaños lo más perfecto posible. El grado en que se alcance ese objetivo es básico como criterio para caracterizar el sistema electoral y, debe concluirse que en España la fórmula es una de las más desproporciónales (vamos, que el hábito no hace al monje).

¿En que grado es proporcional el sistema electoral español?. Ya se dijo que la búsqueda de la gobernabilidad se llevó a cabo a través de la corrección de la proporcionalidad, creando una infra y sobre representación en función del tamaño de los partidos y su grado de concentración territorial. Estos efectos bonificadores y penalizadores dependen en buena medida del tamaño de las circunscripciones y también contribuye la fórmula electoral adoptada que es una de las más desproporciónales sobre todo en circunscripciones pequeñas y el reducido tamaño de las Cámaras. Pero entre todas las causas, es el reducido tamaño de las circunscripciones la causa directa de la desproporcionalidad (el promedio de 6,7 escaños por circunscripción es uno de los más bajos de Europa).

El predominio de las circunscripciones pequeñas se convierte en un elemento desproporcionalizador. La aplicación de la fórmula d'Hondt acentúa el desequilibrio representativo y favorece al bipartidismo dado que en general, los terceros partidos no obtienen representación política (salvo los partidos nacionalistas y regionalistas fuertes, que sustituyen, como partidos mayoritarios, a alguno de los de ámbito estatal).

La desproporcionalidad también se produce un desequilibrio en los escaños atribuidos a cada una de las circunscripciones, dado que no existe una relativa proporcionalidad como consecuencia de la atribución de un mínimo inicial de dos escaños a cada circunscripción. Por tanto, la representación se encuentra desequilibrada en ambos niveles: existiendo electores y partidos sobrerrepresentados y partidos y electores infrarepresentados. Volvemos al sobado ejemplo de Soria que elige tres diputados y basta el apoyo de 26.534 votos mientras que en Barcelona que elige 31 diputados precisa 125.976 votos (elecciones generales de 1996).

Esta desigualdad origina, entre otras consecuencias, una desproporcionalidad entre votos y escaños a favor de los partidos que mantienen fuertes apoyos electorales en las circunscripciones pequeñas, así, como otros sistemas, el español no respeta el principio de igualdad de voto, primando un criterio de representación del territorio por encima de la del individuo/elector, lo que acarrea la posibilidad de que un partido obtenga la mayoría absoluta de escaños con apenas un tercio de los apoyos electorales.

Pero es más, el sistema electoral tiene efectos sobre el comportamiento electoral de los individuos, así conceptos como voto “útil”, es comúnmente utilizado por el ciudadano. Se tratan de efectos psicológicos que cobran mayor importancia en circunscripciones pequeñas, donde el votante es consciente de que no emite a veces su preferencia política verdadera, sino que realiza una opción estratégica: para no desperdiciar su voto en una opción que se presenta como perdedora en su circunscripción, el elector vota por otra opción, cercana en términos ideológicos, pero que mantiene mayores probabilidades de obtener representación en esa circunscripción, con lo cual se intensifica el grado de concentración del voto en los partidos mayoritarios a nivel nacional.

Política y Gobierno en España. El sistema electoral. Ismael Crespo. Apéndice. Elecciones Autonómicas: Las Asambleas Legislativas. Pp. 256-257.

Con los Pactos Autonómicos de 1981 dotaron a todas las CCAA de Asambleas legislativas elegidas (antes tan solo Catalunya, Euskadi, Galicia y Andalucía) con arreglo al criterio de representación proporcional, que asegurase además “la representación de diversas partes del territorio” (artículo 152 CE). El resto de elementos del sistema electoral han sido posteriormente regulados por los EEAA; por la legislación electoral propia de la CA o por la LOREG tanto en aquello que es directamente aplicable a las elecciones autonómicas (Título I), como en su conjunto, en tanto legislación supletoria de la posible lagunas de la normativa electoral autonómica. Esta regulación permite una gran diversidad de sistemas electorales autonómicos si bien en l práctica se han limitado a reproducir el sistema electoral para la elección del Congreso.

• Circunscripción electoral.

La tendencia general ha sido la de mantener la provincia con las excepciones de la CCAA uniprovinciales (Asturias y Murcia) que dividen su territorio en 3 y 5 circunscripciones respectivamente y las CCAA insulares (Baleares y Canarias) que cada isla es una circunscripción. Así, la circunscripción oscila entre una (casos de Cantabria, Madrid, Navarra y La Rioja) y 9 como en la CA de Castilla-León.

• Número de escaños.

Cada EEAA ha establecido el número sin seguir ningún criterio orientativo, así, el tamaño de las Asambleas Legislativas varían de los 135 en Catalunya a los 33 de La Rioja y mientras en esta última son precisos 6.000 electores para un escaño, en Andalucía se precisan 45.000.

En los casos de pluralidad de circunscripciones la distribución de escaños responde a diversos modelos (todos lejos de responder al principio de igualdad de la representación). El mas extremo es el Parlamento Vasco que cada provincia tienen asignado un número igual de escaños (sin tener en cuenta el factor demográfico). Otros, asignan un escaño a cada cierto número de habitantes o un determinado número de escaños a cada circunscripción (Aragón donde Zaragoza tiene la mitad menos uno de los escaños totales de la CA)

• Barreras legales.

En la mayoría de los casos es la del 3% y el 5% sobre la circunscripción en Cantabria, Extremadura, Madrid, La Rioja, Valencia y el País Vasco (lo mismo que el establecido en las elecciones municipales). En Murcia también se sitúa el 5% pero sobre el total de los votos válidos emitidos en el conjunto de la CA y en Canarias con una barrera múltiple alternativa (20% de votos válidos emitidos en una circunscripción o el 3% en el conjunto de la CA).

• Resto de elementos principales.

La fórmula electoral, el tipo de candidatura y el procedimiento de votación son idénticos como el utilizado para el Congreso: fórmula d'Hondt, el voto único y las listas cerradas y bloqueadas.

Una diferencia sustancial entre las 4 primeras CCAA y el resto, se refiere al proceso de convocatoria: para las 4 primeras su calendario electoral puede no coincidir entre sí ni con el resto dado que las primeras fueron convocadas diferenciadas en el tiempo, y además, tienen la posibilidad de disolución de sus Asambleas, mientras que en las restantes CCAA, sus primeras elecciones fueron convocadas al mismo tiempo conjuntamente con las municipales en 1983 y si bien en algunos casos existe la posibilidad de disolución anticipada de su Asamblea, la nueva (resultante de la elección), tendría un periodo de mandato limitado hasta la fecha de convocatoria electoral del resto de CCAA no históricas (por tanto, hasta la celebración de las próximas elecciones municipales).

Los partidos políticos. Sistema de partidos.

• Convergència Democràtica de Catalunya (CDC)

Fundado en 1974 y en coalición con Unió Democrática de Catalunya (UDC) desde 1979 (CiU), gobiernan la Generalitat desde 1980. CDC se creó en los finales del franquismo, es decir, no tienen antecedentes en la II República ni tampoco después de la guerra civil y se sitúa en el nacionalismo católico al margen de la UCD.

Inicialmente se dirige a amplios sectores sociales pero acabará teniendo su base social en la pequeña y mediana burguesía catalana preferentemente. En un principio no tuvo mucho éxito dado que los sectores más socialdemócratas marchaban al PSC y la UCD se desvincula del proyecto, así que la formación formal se reduce a Pujol y a un grupo de independientes alrededor de Roca.

El 28 de marzo del 76 a las tres elecciones democráticas se presenta el Pacte Democràtic de Catalunya, Esquerra Democràtica Catalana y del Partit Socialista (Reagrupament). Al no conseguir los resultados esperados el partido se reorienta: UOC se fusiona con EDC el 28 de junio del 78 y en septiembre CDC y UDC pactan un acuerdo electoral estable y de gobierno pretendiendo ser un partido de centro izquierda paro fracasará al no querer integrarse ERC y tampoco los socialdemócratas que acaban en el PSC, además a nivel estatal nace la UCD de Suárez. El triunfo de la coalición CiU en 1980 les hace seguir juntos. En 1986 se intenta crear el Partido Reformista Democrático (con Roca como líder) que fracasará.

A partir de 1993, CiU inicia su política de pactos con los gobierno centrales que a la postre será el origen que se hace evidente en el Congreso del de octubre del 92, en el que se constatan tres líneas de crisis:

• Miquel Roca. Voluntad intervensionista o proyección sobre la política española.

• Pujol. Necesidad de establecer pactos de gobernabilidad pero dejando el margen al líder para poder maniobrar.

• Duran i Lleida (UDC). El había constituido UDC, partido bien estructurado como CDC con voluntad de influencia y de sucesión.

Pujol frena los objetivos de Roca quien dimitirá de sus cargos en Barcelona después de las elecciones de 1995.

El perfil nacionalista de CDC (“construim Catalunya”), entronca con los catalanistas históricos y dentro de la parte católica, mezclado con un planteamiento de modernización y la construcción europea. Su soporte electoral es la pequeña y mediana burguesía que es el eje vertebrador para conseguir esta modernización (empresarios, comerciantes y profesionales liberales). El catolicismo de fondo comporta posibilidades en las decisiones sobre la enseñanza y el aborto.

Pragmatismo tanto en lo ideológico como a l ahora de hacer política. Se responde puntualmente al momento social y no al fondo ideológico o programático. Existe mas reacción que pese a que a menudo se reacciona demasiado tarde.

La integración europea resulta clave y se potencia desde la Asamblea de las Regiones.

• Organización

El partido tiene como organismo supremo el Congreso dirigido por un Consell Nacional con un número variable de miembros. Todos los parlamentarios forman parte del Consell Nacional que elige al Comité Ejecutivo Nacional, mientras que es directamente el Congreso quien elige al Presidente del partido, al Secretario General y al de Organización. El Congreso es el verdadero órgano de decisión política.

Los afiliados tienen agrupaciones locales y comarcales (5 federaciones comarcales con el municipio de Barcelona) que coinciden con el límite de las provincias.

• La implantación de CDC.

Territorialmente se sitúa en las comarcas de Girona y en el espacio interior de la circunscripción de Barcelona con zonas de irradiación hacia las comarcas fronterizas de Lleida y Tarragona. Tiene dificultad de implantación en el vértice sur de Catalunya donde compite con posiciones de centro-derecha y en las comarcas que rodean a Barcelona compite con el PSC. Es decir, una implantación en las zonas mas tradicionales y en las industrializadas con menos contraposiciones sociales y con pocos emigrantes procedentes de otras zonas de España.

Con la Asamblea Fundacional (1974) tenía 100/125 militantes y ha ido aumentando progresivamente su militancia. El X Congreso de CDC de 1996 alcanzaba los 26.000.

• La composición sociológica de militantes y electores.

Militantes. Partido predominantemente masculino con catalanes de origen, predominando los titulados universitarios.

Electorado. Destaca la persona de edad madura, nacida en Catalunya que habla catalán y que se siente solo o principalmente catalán con un nivel de estudios medios. Empresarios, cuadros de empresa, trabajadores cualificados, católico y que se considera de centro.

• Política de penetración social respecto a la creación o no de organismos paralelos de soporte al partido.

CDC lo que ha hecho ha sido establecer buenas relaciones entre militantes y élites económicas y sociales. También buenas relaciones con el mundo empresarial. Buena tarea con el Patronato Catalán por Europa pese a que no ha credo organizaciones satélites (no ha tenido una estrategia definida como partido de creación de estructuras paralelas pero se ha aprovechado de las redes institucionales existentes).

• Juventud Nacionalista de Catalunya (JNC).

Es su rama juvenil que asume el programa de CDC si bien disfruta de entidad y soberanía propia. Sus militantes no son obligatoriamente militantes de CDC.

• Unió Democrática de Catalunya.

Partido catalán de tendencia demócrata-cristiana creado en noviembre de 1931 (en pleno periodo constitucional de la II República laica y anticlerical). En este contexto, difícil para los católicos en Catalunya existe un segmento de jóvenes que se organizan políticamente para defender el cristianismo y los derechos y principios cristianos (creyentes). A partir del ala mas evolucionada del carlismo catalán y también por católicos sin militancia previa (Pau Rmera i Fero?) se general el núcleo fundacional.

Entre la II República y la postguerra ocupa la UDC un espacio modesto pero entre 1932-36 y a lo largo de 5 Congresos se desarrolla su línea doctrinal marcada por los principios nacionalistas, no confesional y socialcristiana. Se desmarca de la Lliga Catalana y de la Confederación Española de Derechas Autónomas.

Su militancia es poco numerosa pero muy fiel, formada por trabajadores cualificados, clases medias, profesionales liberales, etc. con una dimensión femenina importante.

Lenta consolidación de UDC que se verá rota por la guerra civil durante la cual se mantendrá fiel a la II República y a la Generalitat frente a la sublevación fascista (si bien críticamente). A partir del 37 trabajará junto con el PNV a favor de la reconciliación entre el régimen republicano y la Iglesia católica.

Los franquistas fusilan en Burgos a uno de los líderes de UDC debido a sus actividades consideradas hostiles para los nacionales. A partir de ese momento la mayor parte de los responsables de UDC son represaliados o se exilian y los que quedan en España actúan clandestinamente o dan apoyo a plataformas mas amplias para tener influencia como la Juventud Catalana Democrática y en la universidad para captar nuevos afiliaciones como Canyelles, etc. Desde la ilegalidad hasta la transición, la UDC llevo a cabo tareas de resistencia cultural y política, a partir de los 60's reprende una cierta vida orgánica que se estructura en tres niveles: El Consell Nacional (que hará funciones de Congreso y se reunirá una vez al año); La Permanente (que se reúne una vez al mes); crea un Secretariado muy reducido en el que se incorporan personas como Canyelles. El contacto con los militantes o la gente se lleva a cabo a través de publicaciones como “Diálogo”.

En 1963 se aprueba un nueva compilación doctrinal orientada a actualizar los principios fundacionales del partido y se incorpora la afirmación europeísta y el apoyo a la planificación democrática de Catalunya. Internacionalmente contacta con la democracia cristiana italiana y chilena (estos contactos desde el 55 cuando se incorpora a la Unión Internacional Democristiana -Jóvenes Demócratas Europeos- que culminará en la Unión Europa Demócrata cristiana. 10 años después, en 1965 obtiene carta de naturaleza a nivel internacional porque previamente había creado una federación de partidos de índole democristiano a nivel nacional (Gil Robles).

En los 70's se comienza a vislumbrar un cambio de régimen político en España y el partido comienza a buscar una posición definida. Comienza a acercarse al proyecto de CDC adhiriéndose a, proyecto pero no fusionándose (en un principio Pujol quiere ir con calma, en el 76 se desestima la fusión-coalición para ver si puede desarrollar un proyecto propio y se produce una retirad amistosa).

En 1976 se produce el 5 Congreso de UDC y el equipo dirigente se consolida alrededor de Canyellas, Ardevol, etc y es el momento de configurar movimientos tácticos hacia distintas direcciones. El 15 de junio del 77 se lleva a cabo las primera elecciones democrática, UDC buscando una cierta presencia pretende hegemonizar el espacio de centro-derecha y se presenta con un pacto con el Centre Cátala, bajo el nombre de Unió del Centre i la Democracia Cristiana de Catalunya, pero el viraje táctico no encuentra resultado en las urnas.

La jerarquía eclesiástica se mantiene neutral y deja libertad de voto a los católicos. La UCD invade el mismo espacio electoral del centro-derecha que pretende UDC-CC. La Convergencia Democrática Española de Gil Robles desaparece. UDC deberá se ser pareja de baile de la UCD de Suárez o de CDC (se produce un divorcio con el Centre Cátala). La gran mayoría de militantes optan por el proyecto convergente de CDC y otros sectores con dirigentes importantes (Ardevol, etc.) optan por unirse a Suárez.

Se reafirma la identidad y el nacionalismo que en 1978 dará paso al pacto estable que dará lugar a la coalición de CiU. Canyelles impulsará el pacto con UCD y en el 7º Congreso es derrotado y expulsado del partido y posteriormente junto con 300 militantes creará Unió Democrática de Centre amplio (organización efímera).

• Importancia de las relaciones internacionales de UDC con organizaciones a nivel internacional o europeo.

Internacional de Partidos Demócratas cristianos (IDC) y europeos creada en 1963 (recientemente ha sido expulsado el PNV, a petición del PP por el contencioso que tiene este partido sobre el tema de Euskadi, por cierto lo del PP raya la paranoia. Recientemente se celebró en Centro América un encuentro de países para tratar el gravísimo problema de la infancia y de nuevo, mezclando peras con naranjas, el PP saca el tema de ETA, en un foro que nada tiene que ver. Así nos va), conformada por partidos y organizaciones políticas que respetan los principios del humanismo cristiano e integral (como el Partido Demócrata Cristina de Chile junto con su líder Eduardo Frei, que apoyó el golpe de estado de Pinochet para derrocar el régimen democrático surgido de la voluntad popular en las urnas de Salvador Allende en Chile, o la mafiosa democracia cristiana italiana Putos hipócritas). De la IDC se derivan:

• Organización Democristiana Americana (ODCA) en Caracas.

• Partido Popular Europeo (el PP forma parte desde 1898 y UDC desde 1986). Recoge partidos democristianos de 15 países de la UE y de los países del Este.

• Unión Europea Demócrata Cristiana (UEDC) que en 1965 se conocerá como UEDC.

La red de relaciones exteriores de UDC siempre ha sido muy importante. Desde el exterior se intentaba forzar la creación de una federación de partidos demócrata cristianos a nivel estatal y eso hizo que el partido se mantuviese un tanto a la defensiva por no querer aceptar imposiciones. El Partit Demócrata Popular de Catalunya naufragará por no querer pactar con UDC. UDC siempre ha tenido una parte positiva en las relaciones exteriores, lo negativo es la imposición desde fuera de crear la citada federación.

• Las relaciones con CDC.

Desde 1987 en la cúpula de UDC se dibujaban dos estratégicas divergentes. La primera defendía el tema nacionalista y por tanto la convivencia con CDC (Quatre Cases, Xicoy). La segunda pretendía asegurar un futuro independiente para UDC y la apoyaban sectores críticos al acuerdo con CDC que ponían el acento en la visión demócrata cristiana del partido (Durán i Lleida).

El segundo grupo no es que pretendan romper con CDC sino son críticos, quieren pactar pero mantener su autonomía de partido. El cambio les favorecerá dado que la renovación profunda de dirigentes en la estructura del partido (salen los miembros históricos y entra nueva gente), que en realidad se trata de un estrategia calculada por Durán i Lleida para el pacto don CDC.

• La coalición con CDC: CiU.

La fórmula conseguirá en las elecciones de 1980 mayoría relativa en el Parlament de Catalunya y marca el inicio de una buena etapa en la historia electoral de UDC que le conferirá un altísimo nivel de poder y representación institucional y no tan solo a nivel autonómico. Es decir, los éxitos de CiU suponen cambios para UDC. Se incrementa la representación política e institucional desde la consolidación en el 78 del pacto CiU. Gran triunfo electoral en el 80, obteniendo UDC un 25% en las cuotas de la candidatura y responsabilidades ejecutivas cosa que le ha permitido la obtención de un mínimo de 8 de los 16 diputados, 3 Conselleries de la Generalitat (Trabajo y Justicia lo son de manera continuada) y 1 escaño en el Parlamento Europeo, 800 concejales, 80 alcaldes, et. UDC se sitúa en el tercer lugar en cuanto a representación política entre los partidos catalanes (el PSC y CDC están al frente con un 75% de cuota de representación).

La militancia de UDC se vio incrementada debido al éxito de la coalición CiU (en 1980 eran 2000 militantes que alcanzará los 15.000 en 1996). La militancia reducida de UDC desde su creación en los años 30 partido que pasa por continuas vicisitudes lo que cambiará sustancialmente tras la coalición con CDC y además se trata de un incremento bastante homogéneo en todas las comarcas.

• Modificaciones y cambios en el funcionamiento interno de UDC.

Con el fin del franquismo UDC es un partido con un alto grado de democracia interna (celebración de congresos anuales, funcionamiento casi asambleario, etc.), eran alérgico a los personalismos y liderazgo personal. Pero, a partid e su unión con CDC se producen cambios en su estructura interna en 1980 año en el que se abre el Comité de Gobierno a los cargos institucionales y se dota de un Presidente al Comité con tendencia a representar la imagen pública del partido. En el 87 comienza a alargarse los periodo congresuales (uno cada 2 años y después serán cada 3 años). Se reglamenta el Congreso con un sistema de compromisarios y se crea finalmente la figura del Secretario General (Durán i Lleida desde el 16º Congreso en noviembre del 87 fue durante 10 años el Presidente del Comité de Gobierno). UDC adopta un estilo profesionalizado con una imagen eficiente muy organizada (es un cambio de cultura de partido -antes un partido amateur-).

• Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE)

Fundado el 16 de julio del 78 por la unificación del Partit Socialista de Catalunya (Congrès) y el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament) y la Federación Socialista de Catalunya del PSOE. Joan Reventós fue su primer Secretario.

• Algunos rasgos definitorios

Soberanía

El cuarto punto de su protocolo contiene los referentes a la soberanía: el PSC tendrá plena soberanía en los ámbitos de competencias que los socialistas de Catalunya propongan para la organización política del país.

Tendencias.

En los estatutos se prohíben las tendencias pero se aceptan las corrientes de opinión.

• Primera gran pugna interna: 2º Congreso del PSC en 1980

Derrota del PSC en las elecciones autonómicas y rechazo a la oferta de Pujol para formar Gobierno junto con CiU. La derrota fue precedida por las disputas en la elaboración de las listas electorales a partir del deferente peso de las fracciones unificadas.

Ramón Obiols representa la “visión unitariststa” (antes había dimitido de la Ejecutiva). El problema acaba con un sistema de cuotas para la representación que responden a tres maneas de ver el PSC:

• Sector obreristas procedente de la Federación Socialista de Catalunya del PSOE que entiende que el obrerismo/socialismo no es nacionalista.

• Sector unitaristas procedente del PSC (Congreso) y el PSC (Reagrupament) liderado por Obiols que sitúa que la culpa de la derrota electoral es debido precisamente a las pocas dosis de nacionalismo del PSC.

• Sector minoritario (crítico) que situaba la excesiva jerarquización de las estructuras del PSC y que era preciso hacer una apuesta más a la izquierda. Este sector apoyaba a los unitarios en cuestiones de carácter interno.

El partido estará a punto de romperse pero finalmente Obiols será el encargado de reconstruir el partido con la ayuda de Josep Mª Sala (convicto por le caso Filesa). Se acaba el sistema de representación por cuotas y se mantiene la unidad gracias al respeto.

• Segunda gran crisis interna: tras el intento de Golpe de Estado del 81.

Está motivada por el pacto entre la UCD y el PSOE para aprobar la LOAPA (ley de armonización del proceso autonómico). Nuevamente se produce un equilibrio poco estable. Las elecciones generales del 82 da el triunfo al PSOE será lo que reconducirá el equilibrio interno en el seno del PSC. En el 83 se celebra un Congreso extraordinario del PSC y Obiols será elegido como Secretario General y se inicia una fase de consolidación.

• Definición ideológica del PSC de acuerdo con sus estatutos.

Partido de masas, nacional y de clase con el objetivo de conseguir una sociedad sin clases, socialista, autogestionaria donde desaparezca cualquier signo de explotación y opresión de clase o nacional, así como la reivindicación de la identidad nacional de Catalunya. Es un partido de afiliación directa (como sucede en el resto de Europa salvo en el caso de laborismo que es indirecta).

• Relaciones PSC-PSOE.

Están marcadas por una cierta ambigüedad. Se intentó salvaguardar una carta de independencia del PSC pero no se consiguió por completo. En el ámbito sindical se decanta hacia la UGT como único sindicato de los socialistas. El Secretario General del PSC es miembro del Comité Federal del PSOE.

La dependencia respecto al PSOE se plasma en:

• Es el PSOE quien tiene la representación en la Internacional Socialista (el PSC queda restringido al ámbito territorial de Catalunya).

• El PSC es jurídicamente independiente por estar inscrito como tal en el Registro de los Partidos Políticos (cada partido o federación socialista decide su nombre pero debe ser aprobado por el PSOE y además debe estar acompañado por las siglas PSOE). Es decir, tanto la denominación, como la organización y la estructura del partido o federación debe ser ratificado por el Comité Federal del PSOE en un plazo máximo de 6 meses desde su presentación.

• Si existe una pugna entre la organización federada y la del Estado, decide la del Estado.

• Implantación

Crecimiento gradual de la afiliación en 5 comarcas que representan el 80% de la población de Catalunya (Baix Llobragat; Barcelonés; Maresme; Vallès Oriental y Occidental). Desde el 79 hasta el 97, la implantación es fuerte y hegemónica en zonas predominantemente urbanas e industriales con elevadas tasas de inmigración, peor no tiene peso en la Catalunya pobre (zonas rurales, deprimidas).

La municipalización gradual del PSC es su gran activo (el triunfo en los ayuntamientos. Su forma de hacer política en el ámbito local (desde un nivel mas bajo con temas de autonomía local y de acercamiento al ciudadano), así como la forma de hacer política de algunos de sus líderes (Maragall, Nadal, etc.), ha hecho que el PSC sea un partido municipal, más cercano al nivel local a diferencia del PSOE suya política se dirige más a la construcción del Estado.

• Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)

Partido creado en Barcelona en marzo del 31 en la Conferencia d'Esquerres Catalanes bajo el impulso de Macia y Companys. Surge de la unión de Estat Catalá, Partit Republica Cátala más grupos del semanario “Opinión”, así como numerosos centros comarcales del republicanismo catalán histórico. Macià presidente de ERC por aclamación en la Conferencia d'Esquerres

Partido republicano y catalanista para convertirse en una fuerza dirigente que aglutina las dos grandes reivindicaciones del momento: República y autonomía para Catalunya. Su programa social apuesta por defender la libertad sindical, el derecho de huelga, prestaciones sociales avanzadas, jornada laboral de 8 horas, vacaciones pagadas, jubilación obrera, etc.

En abril ERC triunfa en las elecciones municipales de Catalunya (en Barcelona obtiene 25 de los 50 concejales). La victoria fue seguida de la proclamación de la República Catalana (proclamación de la Generalita de Catalunya con Macià como President).

El triunfo de ERC se debió entre otros factores al carisma de Macià, el deseo ciudadano por la República y la política de masas y populista que atrajo el voto de los sectores obreros. Hasta el 34 fue el partido hegemónico en Catalunya.

Elites política catalanas

• Aspectos socioeconómicos y sociopolíticos de los partidos catalanes (PSC, ERC, CDC, UDC, IC-V).

• Baja presencia de mujeres (representan 1/3 parte de los congresistas) y este dato no ofrece diferencias significativas relacionadas con el tema ideológico de los distintos partidos sino que se trata de una tendencia constatable en todos ellos.

• Nacidos en Catalunya y nacidos fuera. En las formaciones nacionalistas, el porcentaje de nacidos en Catalunya alcanza el 90%. En IC y PSC 1/3 de los congresistas declaran haber nacido fuera de Catalunya.

• La estructura de edad. La franja de edad se sitúa entre los 33-55 años. En esta franja se agrupan mas o menos el 60% de los congresistas. ERC e IC tienen menor presencia de personas mayores de 55 años.

• En cuanto a la instrucción. Existe una falta notable de diferencia entre todos los partidos, es decir, no existe mucha diferencia en cuanto al nivel de instrucción medio alto con un porcentaje notable de estudios superiores (a mayor instrucción mayor participación política).

• En cuanto a la profesión. Un grado elevado de trabajadores del sector público pero con diferencias entre los partidos. El PSC un 40%. En cuanto a presencia de empresarios también es diferente destacando CiU con el 15% .

• Participación de los congresistas en los sindicatos. Destacar el peso en partidos como IC (60%), el PSC (40%), ERC (20%) y CiU (10%).

• Ubicación en el eje izquierda-derecha. Con la excepción de UDC los congresistas de Catalunya se ven situados en el espacio de centro y de centro izquierda. En IC un 70% se posicionan en la izquierda y un 5% en la extrema izquierda. La misma tendencia se constata en ERC (55%) y el PSC (49%). En el caso de CDC el porcentaje principal (45%) se ubican en el espacio de centro-izquierda por el contrario los de UDC se posicionan mayoritariamente en el espacio de centro sin especificar. En general la posición de los congresistas es más extrema que la del conjunto de la población, así en el caso del PSC y de IC, su electorado se muestra más moderado en las posiciones de izquierdas que las direcciones de los partidos, pero en ERC existe una constatación inversa.

• Sentimiento de pertenencia a un partido. Los congresistas que se manifiestan únicamente catalanistas en ERC son el 80% en CDC el 60% y UDC el 47%. En el caso de PSC e IC los congresistas se manifiestan un poco más centralistas.

• Delegados DE CDC. El Décimo Congreso de CDC en noviembre del 96 tuvo un sentido renovador sobre decisiones, personas e ideas caracterizado por la discusión de los militantes de bases. Se aceptó el apoyo de CiU al PP sin el convencimiento de los militantes de base a pesar de que ya llevaban 15 años apoyando al Gobierno central. En cuanto a las características sociales tenemos:

• Un 80% de los delegados son hombres (predominio masculino).

• La franja de edad se encuentra entre los 45-54 años (un 28%) y entre los 35-44 años (24%).

• En cuanto al lugar de origen: predominantemente han nacido en Catalunya (90%) y solo un 5% es nacido fuera de Catalunya.

• En cuanto al municipio de residencia ¼ parte declara vivir en municipios inferiores a 5000 habitantes el 35% en municipios medianos y un 35% en municipios grandes.

• Las lengua utilizada es el catalán en el 87% de los casos.

• El nivel de estudios de los congresistas era el de universitarios en un 56%.

• En cuanto a nivel profesional en 84% estaban trabajando de los cuales un 27% tenían contrato fijo, un 20% eran empresarios y un 19% funcionarios.

• Las creencias religiosas. El 84% afirman ser católicos pero el 40% dice serlo no practicante y un 10% se declara agnóstico.

• Sobre un 30% se afilió al partido entre el 81-88. ¼ parte es de afiliación reciente (93-96).

• Tienen una vida asociativa débil en general (participan en asociaciones culturales y deportivas) pero poco en otras de tipo religioso o vecinales y menos aun en sindicales (casi inexistentes).

• En cuanto aleje izquierda derecha, el 45% se sitúa en el bloque de centro-izquierda y un 36% en el de centro.

• En cuanto al tema nacional, un 60% se identifica solo como catalán mientras que un 34% como más catalán que español.

• Conclusiones sobre los delegados de CDC: Persona nacida en Catalunya que tiene el catalán como lengua materna predominantemente nacido en una franja de edad entre 35-54 años con niveles de estudios superiores y con actividad profesional diversa si bien predomina el empresariado y profesional liberal, católico pero no practicante y con un nivel asociativo muy bajo.

En España el sistema de partidos es diferente que en Europa desde el momento de la creación debido a diferentes aspectos:

• Los partidos políticos son diferentes en su creación y su relación con los ciudadanos. En el S. 19 son partidos de cuadros y basan su poder en el falseamiento de las elecciones. Los partidos de base social están prohibidos y en la clandestinidad y son considerados antisistema y contrarios a la dinastía borbónica. Los antecedentes son difíciles porque el poder lo determinaba el monarca y no las elecciones

• Los partidos del XX de masas se crean en España desde la clandestinidad ya que las etapas de libertad son muy cortas. El paso a la II República será su momento álgido, pero éste será muy corto.

• Los partidos de masas son de pocas masas y con difíciles estructuras, sin conexión entre las elites y las masas y una muy baja afiliación. Debilidad de los partidos políticos que pasan de nuevo a la clandestinidad con el franquismo.

• La Transición crea nuevos partidos por qué las elites han cambiado con cincuenta años de franquismo en los partidos tradicionales y nacen nuevos partidos.

• La Transición

Los partidos de la República se exilian en el exterior y mantienen estructuras vacías con una representación exclusivamente en el exilio y con una conexión casi inexistente con España. A partir de los años 66-68, coincidiendo con una cierta apertura del régimen propiciada por la nueva ley de prensa y el crecimiento económico, empieza a salir algo de los partidos a la luz pública:

• Búsqueda de opciones de salida del franquismo poniendo las bases mínimas de la transición a partir de la colaboración entre los “pre-partidos”. Colaboraciones que se concentrarán en las Coordinadoras Democráticas y las Juntas Democráticas que se unirán el la Platajunta.

• Nuevas ideas que busquen la formación de nuevos partidos políticos cómo tales y diferenciados entre ellos pero como es difícil diferenciar las opciones políticas se buscan referentes europeos. Para esto se necesita una estructura y una ideología (cuanto más amplia mejor debido al sistema electoral que se está regulando).

• Estos grupos se estructuran entre ruptura y franquistas, no entre izquierda y derecha ya que dentro de la ruptura hay des de liberales y monárquicos hasta anarquistas. Dentro del franquismo se organizarán de forma más tardía cuando no haya otro remedio

• Modelos de partidos del periodo

• Partidos históricos provenientes de la II República

Estos partidos tendrán una problemática diferente en su formación. Los partidos históricos nacen con la ventaja de que ya tienen nombre, estatutos, ideología, estructura (aunque en muchos casos vacía), un apoyo internacional desde los dirigentes exiliados y los partidos europeos afines, y financiación exterior. Pero el problema que tienen son las tensiones entre los dirigentes del exterior y del interior que en algunos casos provocará rupturas y en otros no ya que cada grupo verá de diferente manera los problemas. Los partidos históricos son: PCE, PSUC, ERC, PSOE, UDC PNV. Hay más de izquierda que de derecha que se crearán ex novo por qué no sabían cómo absorber los grupos de derecha que apoyan al franquismo.

• Nuevos partidos

Movimiento de las elites que quieren formar partidos paralelos a los europeos sin influencias de los partidos históricos. El problema es que serán personas de influencia con sus séquitos y, casi siempre, de ámbito territorial reducido que intentarán siempre unirse con grupos de otros territorios ya que es necesaria la suma de grupos para poder presentarse a las elecciones. Los más importantes son: CDC, PSC-C, PSC-R, PSP. No tendrán las ventajas de los partidos históricos pero tendrán una gran capacidad de movimiento y de autodefinición sin la influencia de grupos históricos.

• Regulación y financiación de los partidos

Cuando surgen los partidos políticos lo hacen como organizaciones de la sociedad civil para la defensa de unos intereses e/o ideologías y están formados por unos parlamentarios que conectan con determinados grupos de la sociedad. El Estado los ve como algo negativo y los prohíbe por que el voto del ciudadano debe ser libre y los partidos tergiversan la democracia (visión de Rousseau).

Pero en un segundo momento, los partidos serán necesarios para coordinar el posicionamiento ideológico dentro del parlamento, por eso se los aceptará como tales y lo primera que se regulará será su financiación.

En el S. 20 se pasará a sus constitucionalización como mecanismo adecuado para que los ciudadanos elijan sus representantes y puedan pedir responsabilidades.

En España hay una ley de partidos políticos coetánea a la Constitución, se reconoce legalmente a los partidos a la vez que se los constitucionalizan. En España no hay política sin partido, si alguien quiere hacer política tiene que estar en un partido ya que estos son los protagonistas de la vida política española. Como los partidos son los ejes principales del estado, el Estado los financia (antes eran financiados por los notables que los formaban).

• Con la constitucionalización la financiación será privada por qué los partidos son sociedad civil, pero para crear igualdad se limita esta financiación para que los partidos de los ricos no tengan más ventaja que los obreros. Esto se hace mediante el control de gastos.

• Financiar más los partidos importantes para que estos sean independientes de los intereses privados. Para Europa el interés general va más allá que la suma de intereses privados y el estado debe proteger esto financiando a los partidos para desvincularlos de los intereses particulares.

• La financiación de los partidos europeos y españoles es básicamente pública pero también con una parte privada limitada y declarada.

• Financiación en España

• Financiación pública

• Financiación pública indirecta: financiación de actos de los partidos cuando se presentan a elecciones. Recibirán más cuanto mejor situados hayan quedado en las elecciones anteriores. Son los gastos de campaña que no se pagan si no que los paga el estado.

• Financiación pública directa: se paga a posteriori de las elecciones y se basa en a tanto por escaño y voto (sólo si se obtiene escaño). Aportaciones de los presupuestos generales del estado para el funcionamiento ordinario de los partidos en función del número de escaños.

• Financiación privada

• Aportaciones de los militantes que son públicas y diversas

• Aportación privada limitada a 10 millones de Pts anuales por persona física o jurídica. Esta financiación no puede tener finalidad.

• Aportaciones anónimas que no pueden superar el 5 % de la cantidad que se recibe de los presupuestos generales del estado.

• No se puede recibir aportaciones de las empresas que tengan algún tipo de contrato con el estado.

• No es necesaria la ciudadanía para financiar un partido pero sí se prohíbe la financiación por parte de las administraciones públicas extranjeras (sí del parlamento europeo).

En España, como en toda Europa, la financiación es doble, pública y privada. La mayor parte es pública y la privada no está prohibida si no que está limitada y controlada. Los partidos que pierden unas elecciones entran en una barrena económica considerable llegando incluso a no poder pagar los gastos ordinarios. El control de los partidos depende del Tribunal de Cuentas que dice que ninguna cuenta cuadra en ningún partido, el control está descontrolado ya que no entra en debate político por qué a ninguno le interesa entrar en este tema.

• Conclusiones

Después de las elecciones de 1977 los partidos con escaño continúan y los que no consigan escaño tendrán dos opciones: desaparecer o unirse a la opción política más cercana que haya obtenido representación. Las opciones políticas con pocos escaños también tenderán a agruparse con partidos fuertes lo mas afines posibles para poder sobrevivir y no desaparecer en las siguientes elecciones.

Los partidos en España son débiles ya que son núcleos de elites con difícil renovación debido a una falta de militancia que les dé base y, que a la vez que se autodefinen, están definiendo el sistema. Como los partidos son débiles están fortalecidos des del sistema político mediante la constitucionalización, las listas cerradas y bloqueadas (dominio de las elites). Esto significará que el poder lo tendrá un grupo reducido dentro del partido pero en constante lucha con otros grupos por el poder con el peligro de la división y la escisión.

Toda la estructura del sistema político descansa en el partido y como éstos son débiles el estado los garantiza excluyendo cualquier otro tipo de acción política. Toda decisión política viene dada de las decisiones en el sí del partido. La única democracia posible es la elección de una elites que se hacen escoger desde el dominio de un partido. El núcleo menos partidista es el local pero no en las grandes ciudades. La lucha por el poder político es la lucha por el poder en el partido des de los diferentes grupos que lo forman.

Las primeras elecciones democráticas

8 meses y 12 días de mandato tardó Suárez en convocar las primeras elecciones libre en España tras 41 años de abstinencia (las últimas fueron el febrero del 36 y trajo la II República). Suárez, Jefe el Ejecutivo proveniente de los cuadros del aparato franquista llevó a cabo desde el 3 de julio del 76 el desmontaje del edificio normativo de la dictadura que imposibilitaba la concurrencia a las urnas en un clima de libertad y garantías democráticas. El 15 de abril de 1977, el Consejo de Ministros convoca para el 15 de junio elecciones generales.

• Campaña electoral (propuestas de los principales partidos).

• Financiamiento de la campaña..

• Dimisión de Torcuato Fernández-Miranda y Alfonso Armada como Secretario del rey.

• Las votaciones (resultados de las elecciones). “Juego de paradojas” análisis de aquellas elecciones por José Ignacio Vert.

El resultado electora del 15/6/77 son una referencia esencial al proceso de la transición. Aunque parezca un obviedad (hay quienes no están de acuerdo), la importancia de estas elecciones parecen hoy mas grande que hace 18 años. Para analizar estas elecciones fundacionales (que no ordinarias), debemos recurrir sal último precedente, las elecciones delo 16 de febrero de 1936 con toda una guerra y una dictadura por el medio y bajo esa luz, los resultados del 77 son fuente de perplejidad notable.

El nacimiento de la España de la autonomías.

El 27 de junio de 1977, 12 días después de las primeras elecciones democráticas y con un Gobierno en funciones, Suárez da un golpe de efecto y se entrevista con Tarradellas (President de la Generalitat republicana en el exilio al que había hecho venir para lleva a cabo un mutuo reconocimiento: por parte de Tarradellas la monarquía y por parte de Suárez la Generalitat surgida del Estatut de 1932.

Carlos Garaicoechea, parlamentario foral en 1979, Presidente de la dirección del PNV y del Consejo General Vasco durante el debate constitucional y la negociación del Estatuto de Gernika. Lendakari durante la primera y segunda legislatura autonómica entre 1880-85.

“El soterrament del centralisme”.

Libertad amnistía y Estatut de autonomía, eslóganes coreados en Catalunya en todas las manifestaciones en la etapa final del franquismo. Problema de la joven democracia que era preciso solucionar. Problemas de convivencia en el seno de una España plural. En el 77 para todos los españoles, España era un Estado, para una mayoría era también una Nación, pero con sentimientos débiles en torno a ella. La descentralización era necesaria frente a los recuerdos franquistas, en Catalunya, Euskadi, para importantes minorías España era un Estado pero no una Nación (sentimiento independentista).

Génesis y desarrollo del Estado de las autonomías

1. Antecedentes históricos

El autoritarismo y el centralismo han sido caracteres constantes del Estado contemporáneo español hasta la constitución actual por encima de periodos absolutistas o dictatoriales y de efímeros ensayos democráticos. Pese a los cambios de gobierno, la mayor parte de del periodo (S. 19 y 20), está regido por dos textos constitucionales parecidos: la Constitución de 1845 que domina el periodo moderado de 1843-1868 y la de 1876 que presidió la larga Restauración. El predominio liberal-conservador produce una continuidad en todos los elementos del Estado y especialmente en la estructura centralizada del poder y se prolonga durante las dictaduras de Primo de Rivera y Franco, en las que desaparecen otros rasgos del conservadurismo como la monarquía y los partidos políticos, pero continúa el centralismo. Los breves períodos de libertad, traerán intentos de descentralización (I República y durante la II República).

La Constitución de Cádiz pretendía acabar con las múltiples jurisdicciones y privilegios territoriales procedentes del Antiguo Régimen proponiendo en el ámbito territorial la creación de Ayuntamientos y establecer las Provincias y una Diputación provincial, elegida de forma indirecta. Con la llegada de Fernando VII se suprimieron los Ayuntamientos y Diputaciones. Tras su muerte (1833), Javier de Burgo estableció la Provincia como eje de la estructura territorial del Estado. Los Ayuntamientos y Diputaciones de regularon en 1835 (en línea poco representativa). Los progresistas defendían la elección de los alcaldes y unas Diputaciones representativas. En todo ese periodo el objetivo principal de la descentralización defendido por el partido progresista era la autonomía municipal, especialmente la elección de los alcaldes por los vecinos y una mayor representatividad y mayores competencias para las Diputaciones.

Pero la I República (1873) se planteó un proyecto de Constitución federal que introducía una alternativa diferente, diseñando 17 Estados miembros (antiguas regiones históricas más Cuba y Puerto Rico), cada uno con un Parlamento, Gobierno y Poder Judicial, fijando los límites de sus competencias, y creando un Senado compuesto por cuatro representantes de cada Estado y configuraba un Presidente de la República sin poder ejecutivo para mantener la unión y el equilibrio de los Estados y de la federación. El proyecto apenas si se discutió y la represión del cantonalismo por el ejército fue el preámbulo del regreso de la monarquía y el centralismo.

Los primeros años de la Restauración trajeron de nuevo el debate en los términos anteriores enfrentando a los centralistas (conservadores) con los partidarios de otorgar un mayor poder a los Ayuntamientos y las Provincias y éstas aparecieron a finales del S. 19 como una vía para la regeneración de la España oligárquica, pero, paralelamente, la aparición del catalanismo inició una reorientación de la descentralización hacia las regiones, aunque durante varia décadas coexistieron las propuestas de forma regionalista y las provincialistas.

Los diversos proyectos de descentralización de primeros del S.20 carecieron de éxito, salvo la Mancomunidad de Catalunya (1914-1923) que supuso un gobierno unificado de las cuatro Diputaciones (supuso la suma de las cuatro Diputaciones), con un alcance jurídico-político poco relevante, tuvo la virtud de unificar a Catalunya, unido a la personalidad de su Presidente (Prat de la Riba) acrecentó su valor trascendente. Primo de Rivera acabó con ella y con todos los proyectos de descentralización.

El único precedente sólido del actual Estado autonómico fue la II República (1931-1936), si bien la única institución que funcionó fue la catalana (aprobado en 1932, suspendido en 1934 y restablecido en febrero de 1936 hasta la victoria fascista). El Estatuto vasco se aprobó en julio de 1936 (tras comenzar la guerra) y el gallego se sometió a referéndum pero no llegó a ser aprobado por las Cortes.

La influencia de la autonomía de la II República sobre la actual la encontramos en:

• La indefinición del tipo de Estado (la II República se definió como “integral” para evitar la definición entre Estado unitario y el federal).

• Las dos constituciones se abstienen de dibujar el mapa de las autonomías, dejando a los entes locales su formación, dentro de ciertas condiciones.

• Ambas rehuyen establecer el nivel de competencias de forma general, reenviando a lo que asuma cada Estatuto.

• También en el marco institucional: un Presidente elegido en la Asamblea Autónoma que es a la vez Jefe de Gobierno y Presidente de toda la Comunidad.

• La distribución de competencias en tres listas: exclusivas del Estado, de la Región y compartidas y la posibilidad de flexibilizar esta división con delegaciones por parte del Estado o con leyes de armonización.

• Semejanzas en la aprobación del estatuto mediante un procedimiento complejo que requiere la voluntad de la Región y de las Cortes y en la resolución de los conflictos por un Tribunal Constitucional.

Un tema espinoso: en la II República solo existieron unas CCAA (las históricas) y actualmente se ha generalizado, decir que, además de los Estatutos que se han citado, otras regiones (Andalucía, Aragón, etc.) tenían sus Estatutos en diferentes grados de elaboración por lo que de no haber sido por la dictadura, posiblemente se habría caminado hacia un concepto más generalizado.

2. La transición a la democracia y las pre-autonomías.

El franquismo llevó al extremo la centralización del Estado, así, la recuperación de la democracia debía incorporar un cambio drástico en la estructura territorial del poder. Durante la transición, la autonomía apareció como exigencia esencial de la democracia en España. La transición española contenía, de hecho, una doble transición: del autoritarismo a la democracia y del centralismo a la descentralización.

En la primeras elecciones democráticas (junio de 1977) los partidos de Catalunya y País Vasco que defendían el restablecimiento de los Estatutos republicanos, obtuvieron amplias mayorías. Otras regiones formularon peticiones de autogobierno. La decisión de las nuevas Cortes de redactar una Constitución implicaba la configuración de alguna forma de descentralización política, pero Suárez necesitaba dar respuesta inmediata a las exigencias más apremiantes de Catalunya y el País Vasco.

En Catalunya pactó con Tarradellas el restablecimiento de la autonomía en Catalunya de forma provisional (septiembre de 1977), remitiendo su configuración definitiva a lo que dispusiera la futura Constitución. Lo mismo intentó con Leizaola peor no llegaron a ningún acuerdo, optando por ofrecer a los diputados y senadores del País Vasco, constituidos en Asamblea de Parlamentarios, que eligieran un Presidente. La autonomía provisional se estableció en enero de 1978 tras superar el debate sobre la incorporación o no de Navarra.

La fórmula (Asamblea de Parlamentarios, elección de un Presidente e instauración de la pre-autonomía por decreto ley) se extendió a Galizia, Aragón, País Valenciano y Canarias. Posteriormente se constituía una Comisión Mixta paritaria entre el gobierno central y el pre-autonómico para iniciar el traspaso de servicios. La formación de la Asamblea de Parlamentarios tuvo una importancia vital para delimitar el ámbito territorial de las pre-autonías. La Asamblea no podía legislar, así su actividad se reducía a debates y el gobierno funcionaba con escasos poderes. Sucesivos decretos-ley de contenido semejante, llegaron a formar hasta 14 pre-autonomías (con la excepción de Cantabria, La Rioja y Madrid que discutían si serían uniprovinciales o se incorporaban a otra CA).

En cuanto a las consecuencias de las pre-autonomía sobre la elaboración de la Constitución podemos señalar:

• La clarificación del mapa de las futuras CCAA. La organización de las provincias en CCAA se realizó de forma consensuada entre el gobierno y los representantes de la futura autonomía (diputados y senadores elegidos en las provincia que formaban la Asamblea de Parlamentarios, antes que el gobierno procediera a la creación de la pre-autonomía). Por tanto, los constituyentes no tuvieron necesidad de mencionar expresamente en el texto las distintas CCAA, rehuyeron a ello para evitar que los ciudadanos de provincias incluidas en una CA que no deseaban, votaran en referéndum contra la propia Constitución.

• La practica generalización de las pre-autonomías implicó que el sistema autonómico se extendiera a todo el territorio. La Constitución no decide expresamente la generalización pero la presupone.

• Su contribución a un proceso pacífico de descentralización política y resolvió algunos problemas (pertenecía o no de Navarra al País Vasco, configuró las Islas Baleares y Canarias como CCAA únicas pero con un gobierno en cada isla, y saco problemas como los de la denominación y bandera del País Valenciano o la capitalidad de Galizia).

• Por último, marcaron el sistema institucional: Parlamento, Presidente elegido por la Cámara y un Gobierno dependiente del Presidente.

• También prefiguraron el sistema de traspasos del Estado a las CCAA mediante Comisiones Mixtas integradas por representantes del gobierno central y de la pre-autonomía, que se generalizó tras la aprobación de los Estatutos.

3. La regulación constitucional de la autonomía.

• Dificultades y consecuencias del consenso constituyente

El consenso presidió la elaboración de la Constitución y resultó decisivo para encauzar los problemas políticos principales como la alternativa monarquía-república, las relaciones entre Iglesia y Estado o el sistema electora y las libertades. El punto más difícil del acuerdo fue la organización territorial del Estado, la autonomía por una doble causa:

• La gran diferencia en la voluntad de autogobierno existente en las distintas partes de España.

• Las divergencias radicales entre los partidos políticos sobre le modelo de autonomía que convenía implantar.

Los partidos de izquierda y los nacionalistas sostenían el restablecimiento de la autonomía republicana y la defensa del principio de autodeterminación, las fuerzas de centro y derecha, provenientes del franquismo, pensaban, como máximo, una fórmula regionalista de tipo italiano. La Potencia Constitucional integrada por 7 miembros abandonó las posiciones maximalistas buscando soluciones pragmáticas, optando por resolver inmediatamente los problemas más urgentes (Catalunya, País Vasco y Galizia) dejando al resto en un grado muy superior de indefinición en función de las decisiones que adoptarán las Diputaciones y Ayuntamientos, aunque la Constitución permite la decisión de las Cortes Generales en los casos que las Corporaciones locales no adapten la iniciativa para formar las CCAA. Sobre los factores que impidieron la elección de un sistema federal como sistema de articulación política del pluralismo territorial, destacan: las dificultades de llegar a un acuerdo entre las élites moderadas del franquismo y los partidos democráticos; las presiones ejercidas por el ejército y por algunos grupos de presión organizados y la negativa de vascos y catalanes a disponer una representación institucional comparable a las demás CCAA.

El principio más general del nuevo Estado autonómico se encuentra en el artículo 2 de la CE, reconociendo la unidad de España y la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. El término “nacionalidades” y su distinción respecto a las “regiones”, indicaban las distancias de la voluntad política que sustentaban las diferentes CCAA y fuerzas políticas. La inclusión del término “nacionalidades”, generó una fuerte polémica pese a la inclusión junto la enfática “unidad de la nación española”. El acuerdo definitivo no pudo alcanzarse siguiendo los modelos de derecho comparado y tuvo que fijarse solo algunos elementos generales, remitiendo su concreción a otras normas futuras, sobre todo los Estatutos y algunas leyes generales del Estado, así el Título III contiene principios, límites y procedimientos para adoptar las decisiones. La negociación desembocó en un consenso suficientemente ambiguo para ser aceptado por la mayoría de las fuerzas políticas. Técnicamente, el acuerdo consistió en un cóctel de federalismo alemán y regionalismo italiano y español (II República. Un modelo híbrido y complejo.

• Los dos niveles de la autonomía inicial

El artículo 2 de la CE reconoce a las nacionalidades y regiones pero no concreta el mapa autonómico ni fija el nivel competencial, sino que se limita a establecer varios procedimientos que respondían a la visión de los constituyentes sobre las prioridades políticas del proceso de creación de las CCAA, prioridades que se articularon a partir de tres elementos: la vía para acceder a la autonomía, el procedimiento para aprobar el Estatuto y el nivel competencial de cada CA (en un primer periodo). Combinando esos tres elementos se deducía que inicialmente existirían dos grupos de CCAA, con un nivel distinto de competencia (alto para las CCAA históricas y bajo para todas las demás). Se pueden denominar como la vía reforzada y la vía ordinaria.

La vía reforzada era la prevista como más urgente e importante para establecer rápidamente un mayor grado de autonomía en los territorios que la reclamaban con mayor fuerza. La vía ordinaria era para todas las demás con unas condiciones más fáciles de cumplir y con un nivel competencial inferior. Todas las vía se utilizaron entre 1979 a 1983.

El criterio que se utilizaba para individualizar las dos vías era doble: el precedente histórico (nivel superior de competencias para las CCAA) y se permitía acceder al mismo nivel a cualquier otro territorio que demostrase una fuerte voluntad de autogobierno (siendo preciso que las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias y la ratificación en un referéndum que precisaba el voto afirmativo de la mayoría absoluta del censo de cada provincia. Solo Andalucía siguió esa vía). En ambos casos el procedimiento es complejo y consensuado entre el Estado y la futura CA.

La vía ordinaria consistía en que las Diputaciones provinciales o los órganos interinsulares (Canarias y Baleares), solicitaran la autonomía, exigiéndose unas mayorías inferiores (dos terceras partes de los municipios cuya población representara la mayoría del censo electoral de la provincia o la isla). La aprobación de los Estatutos exigía un consenso menor (tramitaba como una Ley Orgánica en las Cortes sin necesidad de consenso entre el Estado y la futura CA ni referéndum), si bien el proyecto de Estatuto debía se aprobado en el Parlamento autonómico que reunía a los diputados y senadores elegidos, más los miembros de las Diputaciones provinciales, si bien dicha modalidad puede tener un carácter transitorio dado que en el plazo de 5 años desde la aprobación de su Estatuto, las respectivas asambleas autonómicas pueden solicitar la revisión para incrementar sus competencias, además, en cualquier momento las Cortes tienen potestad de transferir o delegar competencias legislativas o ejecutivas a las CCAA sin necesidad de proceder a una revisión estatutaria. Por otra parte, Navarra, mediante el reconocimiento constitucional de sus fueros históricos disfruta una autonomía similar a las de la vía reforzada.

El artículo 144 CE preveía supuestos particulares ante la posibilidad de que los dos procedimientos anteriores no llegaran a resolver todos los casos otorgándose la decisión sobre la autonomía a las Cortes Generales.

4. El primer periodo del Estado autonómico.

• La aprobación de los primeros Estatutos de Autonomía

La CE se aprobó en diciembre de 1978. Desde un punto de vista político general, la primera fase del desarrollo constitucional comenzó con las elecciones generales de 1979 y terminó con la victoria socialista de 1982, pero desde la perspectiva autonómica, es más relevante fijar el final en 1983, porque en ese año se aprueban los últimos Estatutos y se realizan las primeras elecciones autonómica en la mayoría de CCAA, además se dicta la STC sobre la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) para consolidar el carácter constitucional de la autonomía. La tarea fundamental de aquellos años era la consolidación de la democracia y la transformación del Estado centralista en autonómico. Entre las leyes a destacar aprobadas en esos primeros momentos fueron: la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (1979), para resolver los conflictos de competencia; la Ley Orgánica sobre regulación de las distintas modalidades de referéndum (1980), para realizar los referéndum autonómicos y la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA (1980), para asegurar los recursos económicos de las primeras CCAA.

Los primeros Estatutos presentados fueron por este orden: vasco y catalán. Su elaboración y aprobación fue rápida (1979) y poco conflictiva gracias al consenso. El proceso de elaboración de los Estatutos se interrumpió por los conflictos políticos que surgieron en torno a la autonomía de Galizia y Andalucía, debido a que el gobierno de la UCD, tras aprobar los Estatutos de Catalunya y País Vasco, se oponía a que las demás CCAA tuvieran el mismo nivel de competencias. En Galizia quiso imponer Suárez una “cláusula competencial” (la subordinación de las competencias reconocidas en el Estatuto a la aprobación de las leyes correspondientes por las Cortes, es decir, que las competencias no derivarían del Estatuto sino de la ley estatal). Finalmente abandonó esta idea y definitivamente fue aprobado en 1981. En conflicto con Andalucía tuvo el mismo origen: la idea del gobierno central de conducir la aprobación del Estatuto por la vía ordinaria con un nivel inferior de competencias. Los ayuntamientos de Andalucía (también el País Valenciano y Canarias), se estaban pronunciando masivamente en favor de la vía reforzada y máximo nivel competencial. La UCD, cuando no tuvo más remedio que convocar referéndum en Andalucía (febrero de 1982), llegó a recomendar la abstención. El resultado fue favorable a la vía reforzada y máximo nivel competencial (pese a que en Almería faltaron algunos votos), pero definitivamente esta fue la opción que se siguió.

• Los acuerdos autonómicos de 1981 y la finalización del mapa autonómico.

El intento de golpe de estado de febrero de 1981 condujo a la UCD y PSOE a la búsqueda de un acuerdo global para el desarrollo de la autonomía creando una Comisión de Expertos para que realizara un informe sobre la situación que sirvió para el acuerdo entre los dos partidos y el proyecto de LOAPA. En lo fundamental, cerraba el mapa autonómico fijando las CCAA que se aceptarían y el procedimiento para la aprobación de sus Estatutos, manteniendo los dos niveles de competencias. La ley fue en gran parte anulada por el TC.

Como Canarias y el País Valenciano habían iniciado antes de los acuerdos la vía reforzada se acordó que se aprobaran por la vía ordinaria con la contrapartida de otorgarles el máximo nivel de competencias vía Ley Orgánica de Transferencias, aprobadas simultáneamente con cada Estatuto. También se utilizó otra no prevista expresamente para Navarra: la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (LORAFNA), basándose en la Disposición Adicional 1ª de la CE, el Estatuto que fue sometido solo a una votación de ratificación de las Cortes.

El resto de estatutos se aprobaron esencialmente siguiendo los acuerdos. Con la aprobación de los 17 Estatutos culminó el mapa de las CCAA: 7 con el máximo nivel competencias (País Vasco, Catalunya, Galizia, Canarias, Andalucía, País Valenciano y Navarra) y las otras 10 nivel inferior. El 8 de mayo de 1983 se celebraron elecciones en las 13 CCAA que aun no las habían realizado. Ceuta y Melilla aparte (municipios con características similares a las autonomías).

• La doctrina del Tribual Constitucional sobre la autonomía y la sentencia sobre la LOAPA

Los conflictos entre instituciones son más frecuentes en los Estados federales y para su resolución se acude a los Tribunales Constitucionales. Al tiempo que soluciona conflicto el TC establece la interpretación correcta de la Constitución y de los Estatutos (desde 1981 a 1983 se presentaron más de 150 conflictos de competencias y se dictaron 54 sentencia).

Sobre el concepto de autonomía la STC 37/1981 afirma que la potestad legislativa de las CCAA puede dar lugar a tratamientos diferentes de los ciudadanos y que la igualdad se limita a los derechos fundamentales y a las condiciones básicas para el ejercicio de los derechos constitucionales. O bien la primacía de los Estatutos respecto a las demás leyes o el carácter indisponible de las competencias, que solo pueden ser modificadas por la CE o por los Estatutos. Gran parte de esa doctrina aparece en la sentencia mas importante STC 76/1983 recaída sobre el proyecto de la LOAPA que fue declarada inconstitucional en su mayor parte, según la cual, la autonomía política no podía ser limitada por ninguna ley estatal, así que los Estatutos adquieren prácticamente carácter constitucional, derivado de la Constitución y sólo sometidos a ésta.

• El desarrollo autonómico durante el resto de los años ochenta.

Desde 1982 hasta 1993 gobernaron los socialistas y se aprobaron numerosas leyes del Estado necesarias para el normal funcionamiento de las CCAA (la Ley del Tercer Canal de TV que permitió la creación de las TV autonómicas; la Ley de Reforma Universitaria; la Ley Orgánica del Derecho a la Educación; la Ley General de Sanidad, la Ley del Régimen Electoral General, la Ley de Bases del Régimen Local, etc.).

El ingreso de España en la CEE en enero de 1986 tuvo especial repercusión para las CCAA, dado que se introducía un nuevo ordenamiento que se superpuso al fijado por la CE y los Estatutos. Por una parte significaba una pérdida de competencias autonómicas que se transferían a la CEE, por otra aparecían nuevos problemas, al corresponderles a las CCAA la aplicación de las políticas comunitarias (cuando recaen en su ámbito de competencia), pese a que el interlocutor con la CEE es el Estado. Además, el gobierno central forma parte de los órganos comunitarios, co-decidiendo sobre materias que eran competencias autonómicas, lo que obligaba a buscar soluciones para permitir la participación de las CCAA en estas decisiones.

5. Los pactos autonómicos de 1992 y la aparición de los problemas de fondo del Estado autonómico.

• La polémica sobre la igualdad competencial.

Entre 1987-1989 se cumplieron los 5 años de aprobación de los Estatutos de algunas CCAA con niveles competenciales inferiores y exigieron la ampliación de estas, presentado para ello proyectos de reforma de sus Estatutos. En principio era difícil oponerse a esta ampliación según la CE. Pero desde posiciones centralistas se argumentaban la incapacidad de algunas CCAA para gestionar las nueva competencias y el desangramiento que supondría una nueva pérdida de poderes del gobierno central. Por su parte los nacionalistas (Catalunya y País Vasco sobre todo) se oponían ridiculizando la igualación competencia con el famoso “café para todos”. El problema era: ¿el doble nivel competencia era consustancial con el Estado autonómico o había sido sólo una fase transitoria, de rodaje?

La polémica incluía otro dilema: ¿cómo debía configurarse la administración central: debía resistirse a nuevos traspasos o debía generalizarse la descentralización?. Por ejemplo en educación, en 7 CCAA estaba transferida y en otras 10 estaba el Ministerio de Educación y Ciencia, ¿había que mantener esa dualidad?. El fondo del problema eran las dudas sobre el modelo de Estado a largo plazo. En este marco llegan las elecciones de 1989 y la modificación de la correlación partidista en las elecciones de las CCAA con un avance del PP.

• Los pactos autonómicos de 1992 y la ampliación competencial.

Las elecciones de 1993 dieron mayoría al PSOE pero precisó el apoyo de CiU. Recordar que la polémica que se arrastraba sobre la ampliación de competencias a las CCAA del 143 se discutía también la vía seguir: la reforma de los Estatutos que proponían las CCAA o por medio de la Ley Orgánica de Transferencias del artículo 150.2 de la CE que proponía el gobierno central. Finalmente se decidió superponer ambos procedimientos: la ampliación se adoptó por los acuerdos autonómicos de 1992, se aprobó inicialmente por la Ley Orgánica de Transferencias 9/1992 y se trasladó posteriormente a los Estatutos reformados en marzo de 1994. El doble procedimiento respondía al deseo de ampliación de las CCAA y garantizar que la reforma sería igual en todas las CCAA. Esta ampliación significaba prácticamente la igualación con las CCAA del 151 de la CE salvo en sanidad, así casi todas las CCAA han pasado a tener el mismo nivel competencial si bien se mantienen las diferencias que corresponden a los hechos diferenciales que son específicos de algunas CCAA. Otras reformas importantes, afectaron a la financiación, al Senado y a la participación de las CCAA en la UE:

• El sistema de financiación de las CCAA de 1993.

Se reformó en 1993, estableciendo la participación de las CCAA en el 15% del IRPF para reducir la diferencia entre la capacidad de gasto y de ingreso, introduciendo criterios de corresponsabilidad fiscal.

A otro nivel se había reformado en 1990 el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI) y poco después se crearon los Fondos de Cohesión de la Unión Europea que junto con los Fondos Estructurales, suponen unos recursos importantes para muchas CCAA.

Vía	Régimen común		Régimen foral
		Pluriprovin.	Uniprovin.	Pluriprovin.	Uniprovin.
art. 143 CE	Aragón Castilla-León Castilla-La Mancha Extremadura Canarias País Valenciá	Illes Balears La Rioja Murcia Asturias Cantabria Madrid		Navarra
art. 151 CE	Catalunya Galizia Andalucía		País Vasco

• Senado.

En enero de 1994 se aprobó la reforma del Reglamento del Senado para acentuar su carácter autonómico que consistió en la creación en el Senado de una Comisión General de las CCAA, integrada por el doble del número de senadores que las demás Comisiones, y con Mesa y Junta de Portavoces propias (como el Pleno de la Cámara). Tiene amplias funciones consultivas en todo lo relacionado con las CCAA y a sus reuniones pueden asistir los Presidentes de las CCAA y los Consejeros de los Gobiernos Autónomos. Se trata de una Comisión que constituye la instancia central del Estado con mayo representación autonómica, por tanto, con superior legitimidad, para integrar en el Estado las orientaciones y propuestas de las CCAA, pero en realidad posee escaso poder dado que padece las mismas limitaciones que el Senado.

• La Unión Europea

En la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, integrada por representantes de todas las CCAA y del gobierno central, se alcanzó un acuerdo en 1994 para que las CCAA participasen efectivamente en las posiciones que defienda España como miembro de la EU y afecten a sus competencias. La propia UE comenzó a contar con la opinión de Länder y Regiones de los Estados miembros creando un Comité de las Regiones por el Tratado de Maastrich. Los 21 miembros que corresponden a España, se reparten entre las CCAA (17) y los entes locales (4), lo más significativo es que a este Comité suelen acudir los Presidentes de las CCAA.

• Conflictividad entre el Estado y las CCAA

A partir de 1990-91 empezó a disminuir debido entre otras cosas a la amplia doctrina elaborada por el TC; la mayor fluidez del diálogo y la negociación entre Estado y CCAA y la mejora técnica legislativa utilizada tanto por el Estado como las CCAA.

La jurisprudencia constitucional incorporó nuevas doctrinas para el sistema autonómico (la obligación del Estado de trasladar a las CCAA las subvenciones en que no posee competencia; la negación de que la cláusula de supletoriedad sea un título competencial -es decir, la prohibición de que el Estado, sin tener competencia en una materia, pueda aprobar leyes para su aplicación supletoria en las CCAA que no hayan regulado aquellas materias-, etc.).

Sobre las lenguas propias de las CCAA, después de varias sentencias favorables a las leyes de normalización lingüística (mediados de los 80), la STC 46/1991 admitió la legitimidad de exigir el conocimiento de la lengua para el acceso a la función pública autonómica y la STC 337/1994, consideró válidas las normas legales que establecen el catalán como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya.

• Los cambios de mayorías parlamentarias y política autonómica del Partido Popular.

En 1996 vence el PP en las elecciones generales y en materia autonómica prosigue y profundiza las líneas más reformistas de los últimos gobiernos socialistas. Continúan los traspasos de servicios a las CCAA, reforma de la administración central para adaptarla mejor a las CCAA, modifica el sistema de financiación dando mayor protagonismo a las CCAA y refuerza la participación de las CCAA en la Unión Europea, elevando a rango legal la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, y creando la figura del Consejero en el seno de la Representación Permanente de España ante la Unión Europea, para canalizar información de ésta hacia las CCAA, como interlocutor sistemático de las mismas. Finalmente, admitiendo la participación de las CCAA en los decisivos grupos de trabajo de la Comisión Europea.

El punto más polémico e importante fue la reforma de la financiación, aumentando la capacidad de ingresos de todas las CCAA, convirtiendo el hasta ahora estatal impuesto del IRPF en impuesto compartido y con la cesión de hasta el 30%, así como la cesión a las CCAA de capacidad normativa sobre los impuestos cedidos (hasta ahora solo tenían la gestión).

Además llevó a cabo una nueva transferencias de competencias por vía excepciona del artículo 150.2 CE otorgando a la Generalitat la policía de tráfico que no figuraba en el Estatuto y la supresión del Gobernador Civil para potenciar al Delegado del Gobierno en cada CA.

• Nueva reforma generalizada de los Estatutos de Autonomía.

La reforma del Estatuto de Canarias aprobado por el Parlamento canario y las Cortes a finales de 1996 (no lo había reformado en 1994 con los pactos autonómicos de 1992), amplió notablemente sus competencias y reguló los Cabildos insulares y el Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Tanto en Canarias como en Aragón, la reforma incorporó la autodenominación de nacionalidad y produjo un reforzamiento de las instituciones autonómicas. En 1998 el debate sobre el futuro del Estado autonómico se ha radicalizado (Declaración de Barcelona, Pacto de Lizarra, Declaración de Mérida). La crítica ideológica al Estado autonómico responde porque se acaba el ciclo y casi todas las previsiones constitucionales han sido desarrolladas.

Bibliografía utilizada.

• El Estado autonómico. Federalismo y hechos diferenciales. Eliseo Aja

• Política y Gobierno en España. Manuel Alcántara y Antonia Martínez (Eds.). El Estado de las autonomías. Francesc Morata. Pp. 121-150. Tirant lo blanch. Colección Ciencia Política.

• Apuntes de clase. Jordi Argelaguet

Nacimiento del GAL

A mediados de los 70's, el régimen político español está en la agonía, a la espera del “hecho biológico”, de la muerte del dictador Franco. En esos momentos surge el fenómeno de un terrorismo dirigido desde los despachos oficiales que pretende combatir con sus propias armas y en su mismo terreno a ETA. Se ponen en marcha grupos de mercenarios para que ataquen las bases de ETA mas allá de las fronteras hispanofrancesa. Ante la eminente muerte de Franco se abría un período de incertidumbre que aprovecharan los separatistas vascos violentos llevando a cabo intervenciones desestabilizadora.

El problema de ETA no se podía abordar desde la mentalidad de público y solo con las fuerzas policiales, era preciso atacarla en su propia retaguardia. Se inicia la guerra sucia contra ETA en el País vasco-francés y también contra el nacionalismo periférico (obsesión del régimen franquista, felipista y aznarista).

Juan Mª Bandrés, abogado en el Proceso de Burgos fundador de Euskadiko Eskerra (hoy PSOE), Consejero del Consejo General Vasco, se hizo famoso por sus denuncias parlamentarias de las torturas e implicaciones policiales en la guerra sucia contra ETA.

“Análisis por E. Gil Calvo”. Hasta donde es posible culpar al poder socialista del GAL. Se le culpabiliza por omisión porque fingió ignorarlo mirando hacia otro lado. Parece inverosímil creer que desde el poder se tolerasen unos delitos pese a que se alcance cierta rentabilidad política. Como se pueda admitir el uso de unos métodos ilegales pese a que sean eficaces?.

La postransición.

El ambiguo legado de la transición consiste en que la democracia disfruta entre los españoles de mas legitimidad que nunca y al mismo tiempo, la política padece el mismo problema de siempre. La política española necesita romper los límites estrechos que la transición hecha desde arriba le ha sometido. Es preciso recuperar no la legitimidad de la democracia que nadie la discute, sino el prestigio de la política (el reto pendiente de la transición).

Jordi Pujol dice que nos conviene una segunda transición para volver hablar de autonomía en un clima mas favorable. Ahora seria un momento de cambio mas pausado.

Gutiérrez Mellado, general de la transición, Vicepresidente del Gobierno que el 23 de febrero se enfrentó a Tejero en el Congreso.

Análisis comparado con otras transiciones europeas o proceso democráticos: revolución de los claveles en Portugal y el Grecia tras el Golpe de Estado de los coroneles en los 70's y las transiciones en América Latina en los 80's.

El régimen democrático surgido de la transición ha oscilado entre fuertes tendencias mayoristas y de concentración de poder (PSOE 1982-1993), pluralismo y división de poder (descentralización territorial).

Los actores políticos han tendido a adaptarse a los incentivos y oportunidades ofrecidas por las instituciones existentes. Resistencia a reformas institucionales que podían suponer una mejora de su rendimiento debido a la dificultad de alcanzar consenso entre los diferentes actores y al temor de posibles consecuencias no intencionadas.

Grupos de interés. Intermediación en España y Catalunya.

• Introducción

Son una forma de acción política al margen de los partidos y sirven para canalizar demandas, influir en la toma de decisiones públicas peor no tienen el objetivo de alcanzar el poder del Gobierno (como tienen los partidos). Cualquier tipo de organización que defienda y represente unos intereses y que se plantea influir en la toma de decisiones que les pueda afectar puede denominarse grupo de interés.

Pero no tan solo es una forma colectiva de participación política, también son sectores de un sistema política democrático, actores políticos de carácter privado.

Es preciso distinguir entre lobby y grupos de interés. La actividad del lobby requiere que exista un grupo de presión detrás, es una actividad profesionalizada para influir en las instancias decisionales para defender o promover sus intereses. Existe una relación muy clara entre grupos de interés como actores privados que influyen en la elaboración de las políticas.

Existen dos grandes formas de interpretar los grupos de interés en el sistema político:

• Tradición anglosajona (USA, RU, Canadá, Australia).

Interpretan el interés general como la suma (agregación directa) de los intereses individuales o particulares.

• Tradición europea

El interés general es diferente del de la suma de los intereses particulares. La Administración es protagonista en la concepción de este interés general porque aporta elementos nuevos para su construcción.

La relación de la Administración con los grupos de interés varía según la tradición:

• Para la tradición anglosajona, los grupos de interés son funcionales, facilitan la labor del Gobierno, canaliza los intereses particulares para configurar el interés general.

La tradición anglosajona mantiene una visión pluralista de la sociedad y de la articulación de los intereses particulares de esta sociedad. Competencia entre los grupos de interés para defender sus intereses sociales. Habiendo pasado unos filtros de competencia, estos grupos de intereses son plenamente legítimos y representativos de los intereses sociales.

Existe una tendencia a que los grupos de interés no sean estructuras grandes inoperantes debido a la teoría de los incentivos selectivos. Así, estos grupos no pueden crecer indefinidamente porque cuanto mas miembros tengan el grupo mayor multiplicidad de intereses para defender y entonces pierden su intensidad en la defensa de un derecho o interés particular (cuando se defienden intereses demasiado genéricos, llega el límite de pérdida de los incentivos selectivos). Los grupos de interés deben ser realmente transparentes, útiles, hábiles y representativos de unos intereses

Modos de intermediación de los intereses pluralistas. La Administración no interviene es desde la propia sociedad civil se crean esos grupos de interés

• Para la tradición europea, los grupos de interés son una “carga” por generar hostilidades y confrontaciones con ellos.

Para la tradición europea continental, no existe la teoría de los incentivos selectivos. El Estado es quien se encarga de la construcción del interés general y no la sociedad civil que crea los grupos de interés como canalizadores. Es la Administración la que otorga a determinados grupos el estatuto de representación válida para esos grupos de interés (como interlocutor válido). Es un tipo de intermediación llamado “neocorporativista” (en contraposición y revisando el corporativismo fascista que perduran en Europa continental pero habiendo pedido su carácter conservado o fascista).

• Grupos de interés en España y Catalunya.

Hipótesis de partida. Linz defiende que la organización y articulación de los intereses requiere períodos prolongados de estabilidad política que permita a los diversos grupos de interés consolidar sus organizaciones y legitimar su actuación ante los poderes públicos. En España no se han cumplido estas condiciones básicas para el surgimiento de organizaciones representativas de intereses. No podemos por tanto hablar de un modelo anglosajón, además, la diferente tradición asociativa que impide la creación de instituciones plurales sólidas defensoras de unos intereses homogéneos.

• Historia sobre la actuación de los grupos de interés en el Estado español.

• Patronales.

En Catalunya arrancan ya en el periodo de los gremios en el S. 16 (fabricantes de lana en Sabadell). La tradición asociativa tuvo mas peso en donde se produjo al Revolución Industrial (sobre todo en áreas empresariales -lógico, los trabajadores estaban reprimidos-).

Comisión de fábricas en el S.18, como reminiscencia de los gremios pero modernizados. Fomento del Trabajo en los 80's, protesta de clase por medio de los empresarios actuaban como lobby frente la Administración porque consideraban que la política del gobierno central perjudicaba a los empresarios (hablamos de finales del S. 19). Quedará paralizado con la llegada de la dictadura de Primo de Rivera y volverá con la II República quedando definitivamente suprimido durante la dictadura franquista.

En sustitución de estos grupos el franquismo crea la Organización Sindical Vertical de carácter corporativista. Es la Administración quien encuadra a unas personas en una estructura sindical por ramos de actividad en la que estaban representados empresarios y trabajadores (pero no surge de la sociedad civil).

Los sindicatos, durante el franquismo se organizaban de manera clandestina con lo que se produce una cierta articulación de intereses (en la ilegalidad) que será provechosa para la llegada de la democracia y la Ley de Libertad Sindical.

Por parte del sector empresarial no existe ninguna estructura organizativa previa que defendiese sus intereses (en puridad esto es una afirmación falsa, el fascismo es una forma de gobierno que adopta el Estado defensor del sistema capitalista en un momento de crisis determinado -normalmente cuando se pone en cuestión el propio sistema-, es decir, no atenta contra el orden económico capitalista, por tanto, los empresarios quedan defendidos por ese régimen fascista).

La relación en España entre la Administración y los grupos de interés existen pero eran opacas (relaciones de amiguismo), no transparentes ni regulada. En el periodo dictatorial no se reconoce el pluralismo político. Hoy aún perdura el clientelismo en alguna medida en las relaciones entre el Estado y los grupos de interés lo que comporta una visión negativa por parte de la opinión pública sobre los grupos de interés.

La Administración necesita información para elaborar políticas públicas eficientes y para su implementación le hacen falta interlocutores (que no sean los partidos sino los grupos de interés) y es preciso que esa información sea transparente. Pluralismo político y social reconocido en la CE 78.

Como hechos importantes para entender las relaciones entre los grupos de interés y la Administración tenemos:

• Cambio de régimen. La CE reconoce nuevos agentes sociales y grupos de interés legítimos.

• La incorporación de España en la UE en 1986. Determinadas regiones se convertirán en lobby público (no grupos de interés privados) con el transvase de decisiones de los estados a nivel comunitario.

• Paradigma nuevo del ......como cliente de la Administración. La legitimidad de la Administración dependerá entonces de su eficiencia y será necesario la información que le puedan aportar los grupos de interés. La Administración será mas flexible y con tendencia al modelo pluralista en donde todos los grupos sociales tienen iguales oportunidades para defender sus intereses por medio de lobbys creados pro la sociedad civil y no por el Estado (juntamente con el modelo neocorporativista, modelos idóneos des .......).

Esta es el significado actual de la actividad de presión en España y Catalunya. Se pueden distinguir entre grupos de presión:

• Sectoriales. Defienden intereses específicos y sus miembros tienen unas características definidas (patronales, sindicatos obreros).

• Causales. Defiende unos intereses con independencia de las características de sus miembros (ecologistas, etc.).

• Híbrido (entre sectoriales y causales). Feministas, gay y lesbianas, etc.

Estos grupos de interés es como se ven en la actualidad en el sistema político español, pero en el franquismo se ignoraban, existían pero no se reconocían como funcionales. Hoy la Administración necesita del contacto con los grupos de interés para legitimarse.

• Los grupos de interés

En la política del mundo occidental, desde la II Guerra Mundial, no hay actividad política individual sino en grupos y estructuras. Esto es común en todo occidente y en España se constitucionaliza, favoreciendo a los partidos, sindicatos, etc. dándoles protección del estado (artículos 6 y 7 CE).

Grupo significa organización, estructura, definición de vocación e intereses y presentarlo de cara al exterior como unidad. Un grupo de interés es una organización de defensa de unos intereses explícitos que hace presión a los políticos para que tomen unas medidas pero sin ser parte del poder del Estado (ni son partido ni forman parte de la administración) pero que con el tiempo pueden formar un partido sin dejar de serlo.

Fundamentalmente, los grupos de interés son: organizaciones ideológicas y religiosas, en España, la Iglesia Católica; los grupos empresariales si están organizados y los sindicatos. Hay más grupos de interés pero son muy pequeños.

Hay dos maneras de aproximación a los grupos de interés:

• Positiva: fundamental para la creación de políticas públicas (anglosajón)

• Negativa: perversores del interés general ya que oponen el interés de los poderosos (continental)

En España nos enmarcamos en la filosofía continental y se les mira como grupos que oponen el interés particular al general. Por eso hay que proteger a aquellos que no pueden articularse como grupos de defensa de sus intereses de los grupos establecidos mucho más poderosos. A esto se le suma que cuando se redacta la Constitución se introduce en Europa la visión anglosajona del lobby. A partir de los 80's el estado patrocina con dinero pública los lobbys que defienden los intereses españoles en las instituciones internacionales frente a unos lobbys extranjeros más fuertes porqué ja funcionan des de los 40's.

En España, los grupos de interés no han existido de una manera formalizada hasta los últimos 15 años ya que los períodos democráticos han sido cortos y muy separados en el tiempo. Tampoco ha habido libertad de asociación hasta la democracia. A más, o el grupo de interés estaba en el estado o era clandestino, por lo tanto, la formación de grupos de interés es muy débil y esta situación ha llegado hasta nuestros días.

Cuando llega la transición, la Iglesia ya ha hecho su propia transición. Había apoyado al franquismo siendo un grupo del estado con funciones públicas (llevaba el registro civil, realizaba la enseñanza, estaba en el consejo del reino y en las cortes) pero esto empieza a quebrarse en los años 50. Los empresarios formaban parte de la organización sindical del estado y formaban parte del estado debido a que el estado les pedía informes para sus políticas económicas, trabajaban de expertos para el estado y por eso no necesitaban formar grupos para defender sus intereses porqué el marco de las relaciones laborales lo dictaba el estado. Los sindicatos son ilegales a excepción del sindicato vertical del estado al que estaban adheridos todos los trabajadores.

• Las organizaciones empresariales

Los grupos empresariales y los grupos sindicales son los más grandes en todas las sociedades democráticas. En las sociedades autoritarias también se articulan pero no de forma externa que sería un menoscabo del interés general. Pero sea en la sociedad que sea, ambos siempre buscan mecanismos de conexión con el poder.

Los empresarios lo tienen más fácil para conectar con el poder porqué tienen dinero. Pero en España lo han tenido más difícil que en Europa ya que la industrialización es más tardía y desigual tanto territorial como sectorialmente. El norte de España tiene más poder de presión al dominar las finanzas, el este forma una industria textil, ligera más dinámica, familiar que conecta con bancos débiles con poca capacidad para conectar con el poder político y que necesitará más del poder político. La burguesía española es reaccionaria políticamente y liberal económicamente a excepción de Catalunya que será a la inversa.

La burguesía del norte formará parte del poder político y no necesitará de las patronales. En Catalunya si serán necesarias las patronales para defender los intereses de los empresarios ya que no tendrán acceso a la clase política.

Las patronales tendrán una vida dura y difícil ya que no tendrán capacidad de presión y serán obligadas a formar la Lliga Regionalista para poder defender sus intereses a través del partido y no de la patronal. Conseguirán sus objetivos al final de la Restauración y con la II República.

Con el franquismo, la burguesía catalana será el modelo burgués para el resto de España pero no actuará como patronal sino como Sociedades Anónimas de representación de intereses a los cuales el franquismo acudirá para saber los intereses del sector (serán legales que se articulan como empresas reguladas por el código mercantil). A estas SA el franquismo les encargará estudios sobre sectores determinados que después convertirá en ley. Por eso la patronal española no estará acostumbrada a discutir relaciones laborales con los sindicatos ya que las condiciones las pone el estado.

En el 1958 se crea el Círculo de Economía, núcleo del empresariado joven que ve que hace falta cambiar el modelo español acercándolo al europeo. Será un grupo de discusión sobre nuevas relaciones laborales que se deberán introducir. El Círculo creará la CEOE y hará propuestas de renovación del mundo laboral y económico. Como no se puede pensar una reforma económica sin una reforma política, se harán democráticos y serán la base de grupos de oposición al régimen. También se plantean debatir con los trabajadores y para eso necesitan libertad sindical para saber quienes son esos representantes.

En el momento que empieza la Transición, el Foment representa a los antiguos ideales y el Círculo a la democracia. Cuando se plantea de veras el cambio, la patronal saldrá del círculo de economía que tiene muchos problemas con el Fomento del Trabajo, creándose la CEOE. La CEOE es una cúspide con nadie debajo (Ferrer Salat, Presidente del Círculo, y un grupo de empresarios catalanes), es un mando donde lo de abajo es libre (PYME, empresarios individuales, etc.) y los miembros no están claros. Los acuerdos de la CEOE no son imperativos, son recomendaciones.

El primer presidente, Ferrer Salat (del Círculo), dará apoyo al centro político democrático, a la UCD, pero de forma vaporosa. Paulatinamente se le irán sumando a la CEOE el resto de agrupaciones empresariales, incluso el Foment, pero manteniendo intereses divergentes muchas veces.

Por lo tanto, la CEOE sirve para dar la sensación al empresariado de fuerza conjunta sin perder la libertad. El objetivo es buscar puntos comunes del empresariado para dejar sentir su voz en los círculos políticos. Para hacerlo forma grupos de estudio para saber los intereses de un sector, segregar hacia la opinión pública los interese, coordinar los diversos sectores a la hora de hacer políticas económicas comunes y presionar al gobierno.

La CEOE ha acostumbrado al empresariado español a tener una representación directa propia ajena al estado que pasa a ser un organismo político que no representa intereses particulares y que será un órgano neutro.

• Las organizaciones obreras. Los sindicatos

En España, la clase obrera es tardía y débil por la misma razón que el empresariado. La lucha obrera solo se dará en las zonas urbanas de forma muy débil y se adscribirá primero al partido radical y después al anarquismo de lucha (no tan duro como el anarquismo agrario andaluz) y sindical.

Con la dictadura de Primo de Rivera se radicalizará el anarquismo y esto significará que no habrá sindicatos de pacto con el empresario si no que serán sindicatos revolucionarios. El franquismo los aniquilará y encuadrará a los obreros en el sindicato vertical. El movimiento obrero no resurgirá hasta el 1956 con la huelga del tranvía y los años 60 en que se formarán dentro del sindicato vertical apoyados por la iglesia (locales, etc. ) y el visto bueno de algunos empresarios.

A partir de los 60's se introducirán los sindicatos (CCOO) en las grandes empresas urbanas y la administración. Comisiones Obreras será un sindicato unitario de raíz católica con el franquismo pero que a partir de la transición y de las presiones des del poder se dividirá en numerosos sindicatos: UGT, USO, etc.

CCOO será comunista (PSUC y PCE) ya que el PSOE pedirá la afiliación a UGT y UGT pedirá que sus afiliados se hagan del PSOE. Esto no se dará nuca pero habrá una conexión entre las cúspides de PSOE y UGT. CCOO y UGT, a partir de los 80's ocuparán el espacio de los sindicatos pequeños con la excepción del País Vasco (ELA, de raíces peneuvistas), LAB (radical y conectado con EH) y Galicia (INTG).

Con la transición aumenta exponencialmente el nivel de sindicación que volverá a caer en el 82 llegando a perder sindicados. En el 89 volverá a crecer hasta el 90 que se estabilizará en un nivel ínfimo en número de militantes. Paralelamente, a partir de los 80's crecerá UGT a costa de CCOO que perderá poder a excepción de Catalunya donde resiste muy bien.

• La Iglesia católica

La iglesia llega la máximo poder con el franquismo. Ésta había apoyado a Franco durante la Guerra Civil y firmó después un acuerdo en el 1941 en que se devolvía a Franco el privilegio del patronato. Esto se mantuvo en el Concordato del 53.

Pero con Juan XXIII la iglesia empezará a romper con Franco con el nombramiento de un nuncio “democrático” que apoyará a la minoría heterodoxa y atacará a la mayoría ortodoxa franquista favoreciendo al “cura obrero” y plantando cara al franquismo proponiendo la separación entre la iglesia y el estado para tener libertad de la política estatal oficial.

La iglesia española acogerá con entusiasmo las reformas del Concilio Vaticano II y será unos de los núcleos de resistencia al franquismo apoyada por Juan XXIII y por Pablo XI que dará apoyo a los grupos de acción católica seglares de los que saldrán los futuros dirigentes sindicales.

Este proceso se romperá con Juan Pablo II que dará lugar a la reacción católica y la ascensión al poder de la ortodoxia católica. Con Juan Pablo II la iglesia volverá a chocar con el estado durante la transición y la primera etapa socialista sobre todo en la reforma de la educación y la ley del aborto.

En el 1984, la ortodoxia tomará por completo y del todo el poder de la iglesia. A excepción de Catalunya ya que la iglesia catalana es tradicionalmente heterodoxa, siendo el último grupo que de apoyo a la república y no dando todo el apoyo a Franco cuando abandonen la república. La iglesia catalana será la primera en apoyar a Juan XXII y en formar los grupos seglares de acción católica. La iglesia basca será todo lo contrario.

Política y Gobierno en España. M. Alcántara y A. Martínez. II. La cultura política de la democracia. I El proceso de secularización y la cultura política. Santiago Miguez. PP. 344-345

Algunas de las transformaciones más importantes de la cultura política de los españoles han sido la consecuencia de la pérdida del papel tradicional que venía desempeñando la Iglesia católica, como agencia conformadora de los valores y actitudes de muchos españoles. El intenso proceso de secularización iniciado en los años sesenta dio lugar a una situación caracterizada por un mayor pluralismo cultural y una progresiva sustitución de las actitudes dogmáticas y excluyentes del pasado por otras más racionales y tolerantes. Este proceso se vio facilitado por la propia actitud de la jerarquía eclesiástica por la definitiva aplicación del Concilio Vaticano II.

El proceso secularizador se ha venido observando a través de la frecuencia de práctica religiosa. Los porcentajes de asistencia a misa al menos una vez al mes se han reducido del 75 % en 1973 a un 42 % en 1989. Entre los jóvenes el porcentaje es aún más bajo.

El proceso secularizador ha dado lugar a un debilitamiento del cleavage religioso. No obstante, hay que tener en cuenta que los niveles de religiosidad siguen mostrando fuertes correlaciones con las actitudes políticas. Los que defienden regímenes autoritarios son mas religiosos que los democráticos. A más, las dos terceras partes de los que se definen católicos practicantes se sitúan en posiciones de derecha, mientras que la mitad de los que se sitúan en posiciones de izquierda se declaran no practicantes, indiferentes o ateos

Los grupos de interés. Joaquim Molins.

Política y Gobierno en España. M. Alcántara y A. Martínez. Los grupos de interés. PP. 359-379

Linz defiende que la organización y articulación de los intereses requiere períodos prolongados de estabilidad política que permita a los diversos grupos de interés consolidar sus organizaciones y legitimar su actuación ante los poderes públicos. En España no se han cumplido estas condiciones básicas para el surgimiento de organizaciones representativas de intereses. Si tomamos en cuenta los dos actores sociales principales (organizaciones empresariales y sindicatos de trabajadores) se constata su discontinuidad por la falta de un marco jurídico. Así, con la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo, se intentó sustituir a las organizaciones autónomas por organizaciones controladas.

I. La actividad de presión y el nuevo sistema político.

Una nueva fase sobre el papel de los grupos de interés se produce en los años 80 con la adhesión a la CEE. Desde la Administración se impulsa a los actores sociales a estar en las organizaciones de ámbito europeo para influir en el proceso de decisión comunitario para favorecer los intereses españoles. Pese a todo, no será hasta diciembre del 92 que entrará una proposición no de ley (CDS) en el Congreso pare gular la actividad de los grupos de interés, proposición que desapareció rápidamente de la agenda política. Desde entonces no se ha producido ninguna otra iniciativa y las relaciones entre los grupos de interés y la Administración se producen en un escenario ambiguo.

Se prefiere que las relaciones se mantengan en el escenario lo mas oscuro posible en detrimento de la apertura y la transparencia. A pesar que el proceso decisional de las Administraciones es cada vez menos unilateral y mas negocial, sus protagonistas prefieren mantenerlo al margen de la opinión pública para dar mayor autonomía a los negociadores en detrimento de sus representados: los ciudadanos y los miembros de los respectivos grupos.

Pero esa ambigüedad no facilita la relación. Por una parte se mantienen las tradicionales barreras de acceso a los grupos en sus relaciones con la Administración. También han influido razones de coyuntura política y particularmente la polémica sobre la corrupción y una proliferación de actividades calificadas como tráfico de influencias.

La corrupción (intercambio clandestino entre el mercado político-administrativo y el mercado económico-social), es un fenómeno extendido. En la medida que implican prácticas que favorecen el acceso privilegiado y secreto de personas y grupos a los recursos públicos, es preciso establecer una línea de diferenciación entre la actividad lícita de los grupos y las prácticas corruptas.

Lo que se trata de conocer y sistematizar es cómo los diferentes grupos organizados presentan sus reivindicaciones y necesidades a las Administraciones y cómo estas (que son las que deben decidir por lo que responden ante electorado), tienen mas o menos en cuenta las posturas de los distintos grupos a los que afecta su decisión. La publicidad y la transparencia de los contactos se constituyen en garantía última de funcionamiento del sistema y de asunción de responsabilidades

II. Los principales actores: empresarios y trabajadores.

• Las organizaciones empresariales.

La reacción de los empresarios ante el cambio político en el aspecto organizativo fue mas lenta que en el ámbito sindical, y si bien algunos sectores en los 60's se lo empezaron a plantear, la experiencia se reduce a la creación de organizaciones de estudio y debate como el Círculo de Economía de Barcelona. En los últimos años del franquismo surgen otras organizaciones como el Círculo de Empresarios. La cúpula patronal, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), se constituye provisionalmente en junio de 1977 y su congreso fundacional se celebró en septiembre de 1978. Señalar que las organizaciones empresariales son de carácter fundamentalmente reactivo ante situaciones de cambio político.

El desarrollo organizativo de la CEOE tiene lugar en un contexto sociopolítico en el que destacan tres factores:

• El papel de la cúpula patronal como actor político durante la transición.

Destacar que las relaciones entre la CEOE y la UCD y otros partidos de centro-derecha. La sintonía entre la CEOE y UCD en el periodo constituyente fue singular ya que al margen de coincidencias personales, las relaciones fueron conflictivas y la CEOE no fue ajena a la operación ”gran derecha” para sustituir a la UCD. En este contexto debe situarse la incidencia de las cúpulas empresariales territoriales en los procesos autonómicos de Catalunya (1980), Galizia (1981) y Andalucía (1982).

• Su participación hasta mediados de los 80's en un proceso de concertación social junto con los sindicatos.

Los sucesivos pactos entre la CEOE, sindicatos y en ocasiones el gobierno, contribuyó a consolidarla como la cúpula patronal representativa en detrimento de otras como las Cámaras de Comercio. Se otorgó a sus protagonistas una representatividad ajena a su estructura organizativa, así como un protagonismo mediante su participación en organismo consultivos. También se reforzó a las estructuras centrales (Presidente y Secretario de la Junta Directiva), en detrimento de las organizaciones sectoriales.

La participación de la CEOE en la concertación social provocó discrepancias en sectores empresariales dado que su firma podía interpretarse como avaladora de la política económica del PSOE. La crítica se acentuará a mediado de los 80's con la superación de la crisis económica, la integración europea y el ascenso del pensamiento económico neoliberal.

• Su incidencia en el proceso de integración europea en la consolidación del asociacionismo empresarial.

También influyó en el desarrollo organizativo de los empresarios. La integración de las organizaciones sectoriales en sus homólogas europeas contribuye al contacto con una realidad asociativa hasta entonces parcialmente desconocida, reforzando la profesionalización en la representación de los intereses. La nueva arena política, obliga a las organizaciones empresariales (sobre todo las sectoriales), a articular con mayor precisión e identidad sus demandas, con el resultado de una mayor autonomía de esas organizaciones sectoriales. Por otra parte, los cambios en la estructura productiva y de propiedad de las empresas españolas con una creciente presencia de compañías transnacionales provocan una mayor complejidad de intereses en el seno de las organizaciones.

• Estructura organizativa.

La CEOE se constituye como una asociación de asociaciones, no existiendo afiliación individual de las empresas a la organización cúpula. Sus miembros son las organizaciones territoriales y las sectoriales. La vinculación de las empresas se establece indirectamente mediante una doble conexión: la organización territorial según el lugar que opere o tenga la razón social y la organización sectorial en función de su actividad preponderante.

Si bien surgió la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), se integró en la CEOE. Pese a todo, decir que existe una organización independiente, la Confederación General de Pequeñas y Medianas Empresas (COPYME), si bien muy minoritaria. También se integró en la CEOE la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CBAG).

No obstante, es difícil medir la representatividad de la CEOE precisamente por su modelo organizativo dado que pese a que sea posible decir que el número de asociaciones que la integran ronden las 200, no es tan fácil saber el número de empresas que compone cada asociación.

• Otras organizaciones empresariales

Pese a que la CEOE es hegemónica, existen otras organizaciones como la cameral (Cámaras de Comercio, Industria y Navegación) que se constituyeron en el siglo pasado como Corporaciones de Derecho y afiliación obligatoria, se mantuvieron como organizaciones autónomas durante el franquismo con una actividad centrada en el apoyo al comercio exterior. El surgimiento de asociacionismo empresarial de afiliación voluntaria y de carácter no sólo patronal sino también de defensa y promoción de intereses económicos constituye el marco de enfrentamiento entre ambas organizaciones. En la medida que no se produce una especialización de funciones, la potencialidad del conflicto queda abierta. Sobre el tema decir que la STC de junio del 96 declaró la constitucionalidad de la nueva ley de Cámaras permitiendo a éstas mantener su estatus jurídico.

Existen otras organizaciones que no aspiran a cuestionar la representatividad de la CEOE con una actividad encaminada a la formación de la opinión pública empresarial y ejercer influencia ante las distintas administraciones, así el Círculo de Economía de Barcelona y el Círculo de Empresarios de Madrid. La primera, sus miembros no solo son empresarios a título individual sino también profesionales con una labor de organizar seminarios de discusión sobre los diversos aspectos de la problemática económica y en la elaboración de notas de opinión con la pretensión de influir en las decisiones de la política económica del Gobierno. La segunda desarrolla una actividad muy parecida, tiene también una actividad de cierta trascendencia como es el programa Empresas-Parlamentarios para procurar que los parlamentarios tengan una visión real del mundo empresarial y que los directivos de las empresas tengan conocimiento del proceso de elaboración de las leyes y las repercusiones que éstas puedan tener en el mundo empresarial.

Otras con cierta relevancia pública como la creada en los 90's, el Instituto de la Empresa Familiar de ámbito estatal que agrupa empresas con estructuras de capital familiar para defender los intereses de este tipo de empresas sobre todo en el ámbito fiscal y de relevo generacional. Otra de carácter sectorial situada en Catalunya en la Organización Empresarial Multisectorial (SEFES), expulsada de la cúpula patronal catalana (Fomento del Trabajo Nacional) a medido de los 80's constituyéndose en independiente y alternativa a la misma y junto con la COPYME son los dos únicos ejemplos consolidados de organizaciones empresariales que disputan a la patronal española su hegemonía en cuanto a representatividad.

• Las organizaciones sindicales.

En la actualidad no se limitan a la negociación de las condiciones de trabajo y han dejado de considerarse grupos de interés de carácter secundario para pasar a jugar un papel relevante en el ámbito decisional de la Administración.

En los inicios de la década de los 80's tres son los sindicatos que compiten: CCOO, UGT y USO. Las dos primeras se han consolidado y la USO se debilitó tras su escisión que pasó a UGT. Otras de menor entidad son la CNT (que sufrió una escisión con la Confederación General del Trabajo -CGT-; la Confederación Sindical Unitario de Trabajadores -CSUT-, desaparecida y el Sindicato Unitario -SU-, desaparecido. Otros de amito no estatal son Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA-STV) creada a principios de siglo, LAB y la Intersindical Nacional de Trabajadores Gallegos (INTG).

En los inicios del nuevo sistema político existía un considerable grado de pluralismo sindical, basado no solo en cuestiones ideológicas y tácticas sino en un deseo de convertirse en actores políticos fundamentales. Las disputas inter-sindicales son importantes con resultados desiguales. Los focos de discusión son: la representatividad y el grado de afiliación a través del mecanismo de las elecciones sindicales.

• La afiliación.

Se coincide en afirmar que la tasa de afiliación (pese a los datos contradictorios), es baja. En los 80's se llegó al 45% de los trabajadores (sobre todo en la industria) y posteriormente cayó al 20%. Las explicaciones de esta baja afiliación pueden sintetizarse en:

• La pérdida de la condición de trabajador activo que lleva aparejada la desafiliación sindical.

• La propia acción colectiva. En la medida que los trabajadores afiliados no perciben los beneficios específicos de su condición respecto a otros trabajadores (los beneficios de la negociación colectiva se extienden a todos los trabajadores afiliados o no) y el sindicalismo de servicios está poco desarrollado.

• La propia estructura del mercado de trabajo. La afiliación se concentra en los trabajadores manuales estables de empresas medianas y granes, en zonas con una actividad económica relevante y una cierta tradición sindical. La más baja afiliación se concentra en la empresas pequeñas, trabajadores con contratos no permanentes y con especial incidencia entre jóvenes y mujeres.

• La representatividad.

Pese a la baja afiliación, los trabajadores deposita su confianza (sobre todo en CCOO y UGT) votándolos en las elecciones sindicales. Los delegados no vinculados a ningún sindicato en el 78 eran un 18% y actualmente apenas llegan al 6%. La cifra de participación supera el 50% lo que es importante sobre todo teniendo en cuenta que en las empresas de menos de 6 asalariados no están incluidas en este proceso electoral.

Para explicar el contraste entre afiliación y representación decir que en España se ha consolidado un modelo sindical de delegación política. Existe consenso al decir que pese a la poca vinculación personal, se ve a los sindicatos como instituciones necesarias. Adicionalmente se puede decir también que la baja afiliación existen en las asociaciones de carácter voluntario, está asociada a una cultura política de participación delegada. A partir de una confianza genérica en las organizaciones representativas de intereses, la vinculación directa a los mismos se delega a grupos muy reducidos, y es además es compatible con el cuestionamiento de la representatividad de éstos en aspectos coyunturales, sea la negociación colectiva u otros aspectos de la actividad sindical.

• Estructura interna de los sindicatos.

Es doble: sectorial y territorial. En la sectorial las cifras de afiliación mayor se produce en las federaciones mas tradicionales (metal, construcción, transporte, alimentación, química y minería)), también entre los trabajadores de la Administración si bien en este caso comparten con la Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). Territorialmente la mayor implantación está en 5 CCAA (Catalunya, Madrid, Euskadi, Valencia y Asturias).

La reconstrucción y consolidación de los dos sindicatos no pueden entenderse al margen de la concertación social desarrollada a mediados de los 80's.

Primero porque la dinámica de concertación dividió a los dos sindicatos: en el 79 se firma un acuerdo entre la CEOE y la UGT (Acuerdo Básico Interconfederal -ABI- con exclusión de CCOO), en el 80 los mismos actores firmaron el Acuerdo Marco Interconfederal (AMI) que sentó las bases para el Estatuto de los Trabajadores y tras el intento de golpe de Estado del 23F del 81, se firmó el llamado “pacto del miedo”, el Acuerdo Nacional sobre el Empleo (ANE) que también firmó CCOO. En el 83 con los socialistas en el gobierno se firma el Acuerdo Interconfederal (AI), con carácter de convenio estatutario entre CEOE, UGT y CCOO. El último pacto (Acuerdo Económico y Social -AES-) se firma en el 84 sin la participación de CCOO.

Segundo porque la concertación social contribuye a la institucionalizan de los sindicatos como actores relevantes y su reconocimiento por parte de la CEOE y la Administración, así su participación en diversos organismo públicos (INEM, INSLUD, INSS), les legitima antes sus miembros potenciales; la financiación pública en función de sus resultados electorales y la devolución del patrimonio sindical contribuyeron a sui consolidación organizativa.

La concertación centralizada desaparece a mediado de los 80's y la dinámica de enfrentamiento entre los dos sindicatos y el gobierno culmina con la huelga general de diciembre del 88. Pese a todo subsisten los acuerdos sectoriales que contribuyen a mantener el protagonismo de las estructuras centrales de las organizaciones sindícales y empresariales (como ejemplo el acuerdo sobre formación continua y la constitución de una fundación para su gestión -FORCEM- en la que participa el gobierno y los actores sociales).

III. Otros grupos de interés

• Los grupos sectoriales.

Representan a un sector diferenciado de la sociedad y persiguen un interés específico, de índole económica o profesional. Sus miembros potenciales están claramente definidos por pertenecer a una determinada categoría económico o profesional. Destacando las siguientes:

• Las organizaciones agrarias

Requieren un tratamiento específico como grupos de interés, sobre todo desde la incorporación de España en la CEE que han obligado a adaptarse al nuevo contexto en el cual la intermediación de intereses entre éstas, la Administración española h la comunitaria se convierte en el eje vertebrador de un nuevo tipo de organizaciones.

• La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos (CNAG). Nace a partir de la reconversión del antiguo sindicato vertical franquista. En general sus miembros son grandes propietarios y su implantación territorial se concentra en Andalucía y Extremadura. Se integra como miembro en la CEOE.

• El Centro Nacional de Jóvenes Agricultores (CNJA). Se constituye en el seno de la estructura corporativa de las Hermandades de Agricultores y Ganaderos con el decreto de liberad sindical y se convierten en organización autónoma y con vocación de agrupar a los sectores jóvenes y a todo el sector que tenga en el campo la fuente principal de su renta. Su implantación es en Castilla y León, La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha.

• La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). Surge de una estrategia de ruptura del modelo sindical franquista y pretende construir una organización autónoma del pequeño agricultor. Su estructura central es escasa y en su interior coexisten organizaciones autónomas de ámbito territorial (Catalunya -Unió de Pagesos-; Comunidad Valenciana -Unió de Llauradors i Ramaders-; Navarra -Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra-).

• Unión de pequeños Agricultores (UPA). Tiene su origen en la tradición histórica del sindicalismo agrario socialista, vinculada en su origen a la Federación de Trabajadores de la Tierra (FTT), si bien se constituye autónomamente en los 80's. Su implantación está en Galizia y Extremadura.

La cifras globales de afiliación están en torno al 15% del total de titulares de explotaciones. La debilidad organizativa y de representación junto con la exigencia de dotarse de estructuras centrales permanentes y profesionales con capacidad de negociación en Bruselas, han provocado procesos de integración entre ellas. La mas importante es la llevada a cabo por la CNAG y la CNJA junto con otras mas pequeñas y que ha dado lugar a la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA).

Por otra parte, las diferentes organizaciones han disminuido su competencia interna y han desarrollado un discurso más unificado como defensores de los intereses de os productores. En este contexto se han desarrollado organizaciones sectoriales y han acordado el reparto igualitario de la representación de los intereses agrarios españoles en las Comisiones Consultivas Sectoriales del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias de la Unión Europea.

Su actuación en España en los último años incluye negociaciones con la Administración para fijar la postura española en el escenario comunitario junto con movilizaciones puntuales casi siempre coincidentes con las reuniones decisorias de Bruselas. A similitud de las organizaciones agrarias europeas, su objetivo es conseguir incorporar a la agenda política los intereses específicos de este sector, minoritario y en retroceso en el conjunto de la sociedad.

• Los Colegios Profesionales

En España, los sectores profesionales han estado organizados históricamente bajo un status semi-público, los Colegios Profesionales, ejerciendo alguna funciones públicas por delegación (Corporaciones de Derecho Público), pro defendiendo a su vez los intereses específicos de la profesión.

A finales del franquismo, algunos Colegios Profesionales jugaron un papel relevante en la lucha por las libertades democráticas mediante la utilización de sus instituciones por sectores profesionales vinculados a la oposición democrática.

Con la democracia y la libertad de asociación se plantea la posibilidad de constitución de nuevas organizaciones en estos sectores, al margen y en posible competencia con la organización colegial. Por otra parte el artículo 36 CE establece la regulación por ley del ejercicio de las profesiones tituladas.

En este nuevo contexto, los sectores que ocupan la dirección de lo Colegios llevarán una línea de actuación para mantener el carácter semi-público de sus organizaciones y, singularmente, hacia la exigencia de la colegiación obligatoria de sus miembros potenciales. En el ámbito jurídico se produce una polémica sobre la compatibilidad de la libertad de asociación y la colegiación obligatoria. La doctrina del Tribunal Constitucional finalmente ha establecido que ambos supuestos serán compatibles, siempre que venga determinada por la relevancia del fin público que persigue la Corporación, y la imposibilidad o dificultad de conseguirlo sin recurrir a la adscripción forzosa, lo que algunos Colegios han visto reforzado su estatus semi-público (abogados, médicos, arquitectos) y otros quedan sujeto al régimen general de libertad de asociación (economistas API, agentes de seguros). Es decir, los núcleos dirigentes de los sectores profesionales mas tradicionales han conseguido mantener su monopolio de la representación a través de los Colegios Profesionales y para reforzar su posición y mantener una interlocución privilegia con los Poderes Públicos, han constituido además una coordinadora de Colegios denominada Unión Profesional.

Esta plataforma ha desarrollado desde mediado de los 80's, una labor de persuasión ante la opinión pública muy activa junto con una negociación muy directa con los Poderes Públicos para atemperar algunas políticas tendentes a liberalizar el sector servicios en los temas vitales para el mantenimiento de sus estructuras (colegiación única en todo el territorio, tarifas mínimas, acceso a la profesión, libertad de establecimiento).

Paralelamente a este reforzamiento de los Colegios Profesionales, algunos sectores profesionales han constituido organizaciones autónomas para la defensa de sus intereses específicos frente a la Administración. El más relevante el sector médico en el que existe también una estructura de carácter sindical, la Confederación España de Sindicatos Médicos (CESM), para la defensa del estatus profesional de este sector.

• Otros grupos sectoriales.

Es difícil hacer un inventario de todos los grupos sectoriales, por eso resulta políticamente relevante el surgimiento de grupos con intereses específicos surgidos en los últimos años como Galerías de Arte, Fundaciones, etc. en la medida que las políticas reguladoras de las diferentes Administraciones Públicas inciden en aspectos cada vez más amplios de la sociedad, la respuesta de ésta incorpora la dinámica de creación de grupos de interés con el objetivo de convertirse en interlocutores de aquellas.

• Los grupos causales.

Lo constituyen aquellos grupos que, unidos por una creencia común, actúan en nombre de ésta con demandas más genéricas, aunque en ocasiones sus peticiones se identifiquen con intereses concretos. En estos grupos la vinculación se establece de manera más difusa, pues es suficiente compartir un ideario.

• La Iglesia Católica y otras organizaciones religiosas.

Existe consenso a que tanto las distintas iglesias como sus núcleos dirigentes aspiran a influir en las políticas públicas de los estados donde actúan. En España existen clarísimos antecedentes antes de la democracia y, en el periodo constituyente y con posterioridad al mismo

La preocupación inicial de la jerarquía católica, representada por la Conferencia Episcopal Española se centró en el régimen de sus relaciones con el Estado y en los apartados relativos a la enseñanza y el matrimonio. La redacción final de la CE provocó declaraciones específicas favorables pero tampoco en contra, su estrategia fue la de buscar influencia en el desarrollo constitucional.

Durante el gobierno de UCD las posiciones de la jerarquía tendieron a reforzar las posiciones de los sectores del gobierno que consideraban más afines (la discusión de la ley de divorcio es el ejemplo más significativo), si bien la estrategia de contactos primó sobre la de movilización de los sectores afines.

Con el PSOE, se produjo un giro en la estrategia de persuasión de la jerarquía, pasando a una dinámica más reactiva y negociadora en los temas como la enseñanza de la religión católica, el valor académico de la misma, el régimen económico, combinada con un pronunciamiento de mayor enfrentamiento ante la opinión pública y movilización de sectores de la sociedad próximos a sus posturas en temas como el aborto.

En lo que se refiera a grupos vinculados con la Iglesia, unos son de carácter asistencial (Cáritas) y otros tienen una estrategia que se acomoda más a la de un grupo de interés como la Confederación Católica de Padres de Alumnos (CONCAPA), muy activa en el ámbito de política educativa.

El resto de confesiones religiosas han centrado su actividad en la negociación para conseguir reconocimiento público de su presencia en España.

• Las organizaciones monotemáticas.

Se tratan de una multiplicada de grupos existentes y agrupados en función de intereses muy variados (medio ambiente, consumo, género, etc.) y que si bien su análisis puede situarse en el marco teórico de los movimientos sociales o nuevos movimientos sociales, también es cierto que como actores políticos demanda a las instituciones la adopción de determinadas decisiones.

En muy difícil llevar a cabo un inventario por lo que nos situaremos en sus características definidoras: la gran diversidad tanto por sus orígenes (estrategia partidista, respuesta a intervenciones de la Administración, sección española de una organización internacional), como por su estructura (permanente con personal profesionalizado, las que aparecen y desaparecen en breves periodos de tiempo).

Las organizaciones con presencia más activa se pueden clasificar en tres grupos:

• Las que formando parte de una estructura internacional (Greenpace, Amnistía Internacional, Asociación para la Defensa de la Naturaleza), tienen una dirección profesional y un número importante de miembros y una autonomía económica al margen de las subvenciones (Greenpace supera los 50.000 miembros).

• Las que se desarrollan en España con una estructura profesional y un elevado número de miembros (inferior a las anteriores), y que han obtenido de la Administración el estatus de interlocutores recibiendo ayuda económica directa o indirecta (Organización de Consumidores y Usuarios, Consejo de la Juventud).

• Grupos surgidos como respuesta a actuaciones de la Administración que desaparecen al cabo de poco tiempo (grupos “afectados por”), si bien existen otros de carácter más permanente pero sin estructura organizada sino a través de adhesiones y en ocasiones vinculados a fuerzas políticas radicales.

Desde el punto de vista de la modalidad de actuación caben distinguirse entre:

• Los que por su propia volunta quieren participar en los procesos de decisión institucional y obtienen un reconocimiento (formal o privado) por parte de la Administración, por su participación en los diversos organismos consultivos de carácter sectorial o por su pertenencia a redes de decisión.

• Los que por su propia voluntad se sitúan al margen y en enfrentamiento con los decisores públicos y los que no consiguen convertirse en interlocutores de los poderes públicos.

Una valoración de su incidencia sólo será posible cuando se dispongan de más trabajos sectoriales, pero se puede constatar el contraste entre la multiplicidad de grupos aparentemente existentes y su participación e impacto en los distintos procesos de decisión (escasísimo).

IV. Conclusiones.

• La organización de los grupos de interés y su articulación en un sistema político pluralista requiere estabilidad política, autonomía de los grupos sociales respecto a los poderes públicos y la existencia de procedimientos que permita “vehicular” las demandas sociales en el proceso de decisión de las Administraciones.

• En España, los antecedentes históricos no han favorecido a ello (Restauración la agudización de los conflictos sociales en el II República, el franquismo) solo hasta la estabilidad institucional actual. En cuanto a nuestra tradición, las relaciones entre los grupos de interés y la Administración han tenido un carácter singular: ni a ésta le interesaba estar en contacto con los diversos intereses particulares existentes en la sociedad, ni éstos contemplaban una relación diferente a la “favoritista”. Se estableció una radical separación entre los “intereses generales”, como objeto de la actividad de la Administración, y los “intereses privados” de los particulares. Paralelamente, las vías de comunicación entre los intereses privados y Administración funcionaban con carácter informal en la tradición del “amiguismo”. A su vez, desde la Administración se impulsó la creación de organizaciones representativas de intereses, dificultando la autonomía de los diversos grupos sociales.

• La percepción sobre la necesidad de arbitrar un procedimiento de colaboración entre los grupos de interés y los poderes públicos se produce a finales de los 70's con el inicio de la concertación social. Se acentúa la adhesión de España en la CEE y la necesidad de influir en el proceso de decisión comunitario, pero rehuyendo de las repercusiones internas que esta dinámica provoca. Finalmente, razones de coyuntura política (corrupción, tráfico de influencias), dificultan la adopción de decisiones y la intermediación de intereses sigue, en gran medida, vinculada a estilos privados y poco conocidos por la opinión pública, en detrimento de la publicidad y transparencia del proceso.

• Pese a representar a sectores diferentes de la sociedad, las organizaciones representativas de los empresarios y trabajadores tienen algunas características comunes. Su desarrollo y consolidación ha favorecido el reforzamiento de las estructura centrales en detrimento de su representatividad respecto a sus miembros potenciales. La autonomía en sus actuaciones coexiste con una cierta dependencia de los poderes públicos sobre todo en el ámbito económico: las cuotas de sus miembros cubren una parte muy pequeña de sus presupuesto.

• En el campo empresaria, la pretensión de la CEOE para convertirse en hegemónica ha supuesto enfrentamientos con las Cámaras de Comercio y conflictos ocasiones con otras organizaciones de carácter no patronal. Desde mediados de los 80's, algunas organizaciones sectoriales de la CEOE han jugado un papel muy activo en la intermediación de intereses.

• Respecto a las organizaciones sindicales, la situación es compleja. La reconstrucción de los sindicatos fue en un período histórico crítico y las expectativas de los primeros años de la transición no se consolidaron. Pese a su representatividad en las elecciones sindicales sus cifras de afiliación es muy pequeña y se han estabilizado. Las disensiones de los primeros años entre las dos centrales mayoritarias han dado paso a la unidad de acción actual y tienen como reto común el que no surjan organizaciones alternativas que cuestionen su legitimidad. El protagonismo mediático de sus organizaciones cúpula no excluye la participación de sus organizaciones sectoriales en diferentes fofos de negociación con la Administración y las organizaciones empresariales.

• El desarrollo de las políticas públicas desde el nivel comunitario al .local, ha favorecido la consolidación como grupos de interés de sectores sociales diversos, desde la tradicionales (Iglesia Católica, organizaciones agrarias), hasta sectores emergentes a partir de nuevas demandas sociales (sobre todo en el ámbito medio ambiental), si bien la densidad de afiliación de sus organizaciones es muy pequeña.

• Así pues, parece deducirse una cierta desconfianza de los ciudadanos sobre su capacidad de influencia en las políticas públicas a partir de su integración en grupos organizados. Se ha relacionado con una cultura política de participación delegada, en la que la confianza genérica en la organizaciones representativas de intereses es compatible con una vinculación mínima a éstas. Por su parte, la Administración, prefiere relaciones privilegiadas con ciertos grupos, a los que otorgan una serie de privilegios. Para completar el círculo, algunas organizaciones, que se reclaman privadas e independientes, demandan ayuda a la Administración para conseguir afiliados o mantenerse económicamente.

Teoría del Estado y Derecho Constitucional. J.A. González Casanova. Editorial: Vicens universidad. La tradición constitucional del Estado español.

La recepción del derecho constitucional en España se produce en la decisiva coyuntura de la guerra de independencia nacional antinapoleónica de 1808-12. Tanto en su adopción como en su evolución a lo largo del siglo pasado, el derecho constitucional clásico experimenta sustancialmente las misma vicisitudes que en los restantes países europeos pero aquellas se ven modificadas por la peculiar formación social española.

La hegemonía aristocrática. La transformación de nuestra sociedad en una sociedad industrial y moderna estuvo aparejada como en el resto de Europa, a las luchas y pactos de clases entre los terratenientes, la burguesía y las capas medias y proletarias. Peor en España, las ofensivas de las dos últimas (capas medias y proletariado) en favor de un régimen democrático, abierto a la superación del sistema capitalista no pudieron ser asimilados por la burguesía al carecer esta del suficiente grado de poder material e ideológico.

La burguesía española no ha superado hasta hace muy poco su constante dependencia y referencia a la aristocracia terrateniente y especuladora, la cual, a su vez, no ha sabido (a diferencia de otras aristocracias europeas), impulsar o compartir con la burguesía emprendedora la transformación tecnológica y económica sobre la que se asientan las modernas democracias liberales. La misma ideología liberal en España se ha visto siempre socavada por la secreta (o no tan secreta) nostalgia del caudillaje providencial, de la unidad mística, secularizada social y políticamente y de la fuerza como suprema razón para zanjar los conflictos que la propia irracionalidad del sistema provocaba.

Como no podía ser de otra forma, el constitucionalismo español expresa históricamente los límites que los grupos y clases dominantes trazan (aprovechando el mito constitucional de la época), para impedir que los grupos y clases en situación subalterna no puedan subvertir el sistema de dominación.

La tradición moderada y la progresista. El constitucionalismo cuenta con una doble tradición: la moderada y la progresista. La tradición moderada expresa el pacto de clase aristocracia-burguesía y supone un compromiso político entre el absolutismo y el Estado liberal, basado en el eclecticismo ideológico que caracteriza al liberalismo moderado o doctrinarismo, de origen francés. Así, la tradición moderada destaca la ficción medieval actualizada de una doble soberanía (la del rey de la del reino), que, en puridad, es incompatible con la idea de Estado y crea un régimen político de monarquía limitada o constitucional, en la que el rey gobierna a la nación, pero sin excesos autocráticos, de forma moderada.

La tradición progresista, expresa la confluencia del idealismo purista liberal con los intereses de unas clases medias marginadas del poder oligárquico de la Corona moderada y con las esperanzas utópicas de un proletariado, sin ideología propia. Para el progresismo no hay mas soberanía que el de la Nación o la del Pueblo. El Estado liberal ha de ser democrático si quiere ser consecuente con si `principio de libertad para todos. La monarquía ha de ser plenamente sustituida por el Estado, es decir, ha de trasformarse en una monarquía legitimada por la voluntad nacional constituyente, no ya limitada por la constitución, sino sometida al poder parlamentario o democrático: una monarquía republicana en suma. Si los reyes no aceptan la democracia, el poder constituyente popular ha de constituir una República.

Por tanto, el contraste fundamental en nuestro constitucionalismo entre la tradición moderada y progresista gira alrededor de la idea de soberanía y tiene como polos extremos el monarca soberano moderado y el pueblo soberano progresista. Pero no acaba aquí la contraposición. La moderada concibe la unidad del Estado como una consecuencia de la unida de poder del monarca soberano y unifica de modo absolutista la variedad de todos los antiguos reinos de la monarquía patrimonial. La progresista (vinculada a las fuerzas populares), pugnan por las autonomías locales y regionales y concibe la unidad del Estado como un pacto democrático situados en una pluralidad diversificada de pueblos, nacionalidades o regiones. En este punto, la tradición moderada se nutre de la ideología centralizador francesa y la progresista entronca mas con el federalismo típico del localismo universalista hispano.

La tradición moderada es la imperante a lo largo de un siglo y medio (lo que niega la falsa y extendida idea de que el constitucionalismo español ha tenido ciclos alternativos). Es cierto que las constituciones de 1812, 1837 y 1869 proclaman la soberanía de la Nación y no la del monarca y que la de 1837 apuntaba la futura responsabilidad parlamentaria de los ministros del rey, pero son meras introducciones de principios que el texto constitucional en su conjunto invalida y que, cuando pudieron llegar a tener eficacia práctica, provocaron la breve y reducida vigencia de dichas constituciones. Es decir, que la historia nos atestigua fehacientemente que las constituciones moderadas sin fisuras progresistas (1845 y 1876) son la de mas larga duración y aplicación (cerda de 80 años) y que las constituciones progresistas con algunas fisuras moderadas no pasaron del proyecto (la republicana federal del 1837) o no pasaron de un lustro (la republicana-regional de 1931). Esta última recibió como ya sabemos un correctivo histórico de 40 años de absolutismo.

No obstante, la tradición progresista pese a su brevedad e ineficacia práctica existió. Lo que sucede es que se trata de un progresismo con fisuras, es decir ecléctico. Los demócratas y republicanos federales del periodo revolucionario pequeño-burgués (1868-73) que representaban a la extrema izquierda del Estado liberal, tuvieron que asistir por su impotencia reformadora a la radicalización revolucionaria del proletariado campesino e industrial, el cual, hasta medio siglo mas tarde no intentara tímidamente participar en le juego constitucional democrático. Los dos años de la II República pequeño-burguesa progresista no pudieron integrar en las reformas sociales la voluntad conservadora de las clases posesoras (especialmente agrarias) y culminaron con el proceso revolucionario abierto por anarquistas y socialistas de izquierda. Sólo una fracción relativamente pequeña del proletariado español (la que seguía al ala moderada del partido socialista y al partido comunista), defendió el marco constitucional del Estado social-democrático.

El eclecticismo progresista es por tanto la expresión ideológica del compromiso político entre el bloque histórico surgido del pacto terratenientes-burguesía (liberalismo moderado) y las fuerzas progresistas (republicanas, federales, demócratas) de la pequeña burguesía. Pero también (en una segunda fase histórica de creciente industrialización y modernización económica), racionalización del compromiso político con las fuerzas reformistas del proletariado español. Pese a tal compromiso, la alternativa pequeño-burguesa fue definitivamente recuperada con motivo del trauma de la guerra civil, en el único sentido de una manifiesta impotencia por convertir en simple paréntesis lo que ya era un proceso irreversible de autoritarismo conservador.

Concluyendo, el peso histórico de la oligarquía tradicional (reforzada por la política desamortizadora liberal), desequilibra siempre hacia la derecha el poder hegemónico del Estado español. La burguesía de negocios y la posterior oligarquía industrial-financiera difícilmente pactarán con el progresismo democrático de lo sectores pequeños-burgueses, sobre todo a partir de la radicalización revolucionaria del proletariado en el S. 20. Por eso las experiencias constitucionales progresistas son tan breves y concluyen con sendo golpes de Estado, que son algo mas que eso: son verdaderas restauraciones sociales, organizadas de modo autoritario o liberal, pero siempre con fines conservadores, expresado ideológicamente en un eclecticismo moderado o doctrinario. La Restauración y la Reinstauración monárquica de 1874 y 1936 respectivamente, responde a una misma lógica histórica, aunque sus formulaciones políticas difieran como es lógico en varios aspectos importantes.

En consecuencia, parece mas correcto relacionar en profundidad el peculiar constitucionalismo “semántico” y otorgado por Franco, que culminó con la Ley Orgánica del Estado de 1967, con la tradición ecléctica de un derecho constitucional aristocrático-burgués, fluctuante entre el autoritarismo absoluto y el liberalismo moderado. El carácter ciertamente atípico y muy escasamente liberal del régimen franquista no impide ver (sino todo lo contrario), como una fase de la historia política de nuestro pueblo sometida (dentro de su peculiaridad), a unas constantes fundamentales que arrancan de la crisis del Antiguo Régimen.

Política y Gobierno en España. M. Alcántara y A. Martínez. PP 341-357

Política y Gobierno en España. M. Alcántara y A. Martínez. II. La cultura política de la democracia. I El proceso de secularización y la cultura política. Santiago Miguez. PP. 344-345

Sobre este tema se incorpora un artículo de Lipset a efectos meramente de reflexión que se recomienda en clase de Comportament Polític

Apuntes de clase Curso 1999-2000.

Apuntes de clase Curso 1999-2000.

Apuntes de clase Curso 1999-2000.

Montseny, Federica (1905-1995), destacada dirigente anarquista española durante la Guerra Civil. Desde muy joven militó en el sindicalismo anarquista. Al estallar la Guerra Civil, en 1936, se encontraba en Barcelona, donde formó parte del Comité Regional de Cataluña como representante de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT). Más tarde ingresó en la Federación Anarquista Ibérica (FAI). En noviembre de 1936 formó parte del gobierno presidido por Francisco Largo Caballero, desempeñando la cartera de Sanidad y Asistencia Social. Cesó en el cargo en mayo de 1937, tras los graves enfrentamientos entre anarquistas y comunistas en Barcelona. Permaneció en España hasta el final de la Guerra Civil. Luego se exilió a Francia, donde ayudó a los republicanos refugiados. Fue encarcelada por el gobierno francés, aunque éste no accedió a extraditarla como deseaban las autoridades españolas. En 1977 regresó a España. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

Convergència Democràtica de Catalunya

Partido político español de ámbito catalán y carácter nacionalista. Constituido en noviembre de 1974 como una federación de partidos nacionalistas, liderada por Jordi Pujol, su actuación se normalizó a partir de marzo de 1976 en que se convirtió en partido unificado, con Jordi Pujol en la secretaría general. Formó parte de la Assemblea de Catalunya y del Consell de Forces Polítiques y concurrió a las elecciones generales de 1977 integrado en el Pacte Democrátic per Catalunya junto a Esquerra Democrática de Catalunya, Partit Socialista de Catalunya-Reagrupament y Front Nacional de Catalunya, obteniendo Convergència 5 (de los 13 de la coalición) diputados y 2 senadores con un programa nacionalista moderado y reformista.

Posteriormente, tras la integración de Esquerra Democrática de Catalunya, su líder, Ramón Trías Fargas, se convirtió en presidente del partido, Miquel Roca Junyent fue nombrado secretario general adjunto, y J. Pujol retuvo la secretaría general. En 1978 se formalizó una coalición con Unió Democrática de Catalunya (Convergència i Unió, CiU), que consiguió 8 diputados (7 de Convergència) en las elecciones generales de 1979 y una implantación en los municipios de la zona rural en las elecciones locales del mismo año. En las elecciones autonómicas de marzo de 1980, CiU no consiguió la mayoría de escaños, por lo que necesitó un pacto con Esquerra Republicana de Catalunya y un acuerdo parlamentario con Centristes de Catalunya-UCD, que le permitió formar el gobierno autónomo de CiU, presidido por J. Pujol.

En las elecciones generales de 1982 logró 12 diputados (9 de Convergència) y en las municipales de mayo de 1983 mantuvo las posiciones. M. Roca Junyent, secretario general por delegación, inició en 1983 una operación de ámbito estatal que condujo a la creación, en 1984, del Partido Reformista Democrático, disuelto después de los malos resultados obtenidos en las elecciones generales. En las autonómicas de Cataluña de 1984, CiU consiguió la mayoría absoluta y permitió formar gobierno a J. Pujol, reelegido presidente de la Generalidad; estos resultados y situación se volvieron a repetir tras las de 1988. Asimismo, siguió la notable presencia del partido en las cortes españolas (elecciones de 1986 y 1989). En 1989 J. Pujol fue nombrado presidente del partido y M. Roca pasó a secretario general. Roca renunció al puesto en octubre de 1992 por discrepancias con Pujol, especialmente en lo que atañe a las relaciones con Unió Democràtica de Catalunya, aunque volvió a la secretaría en 1993 (enero). Mientras, el grupo minoritario Esquerra Catalana (escisión de Esquerra Republicana de Catalunya, dirigida por Joan Hortalà) se había asociado a Convergència en junio de 1992. En las autonómicas de 1992 CiU volvió a vencer por mayoría absoluta (46% de los votos y 71 escaños), con lo que continuó gobernando bajo la presidencia de Pujol. En el parlamento europeo contó con 3 diputados en las elecciones de 1987 y con 2 en las de 1989.

En las legislativas de 1993 obtuvo 17 diputados. Apoyó entonces la investidura de Felipe González, pero rechazó incorporarse al gobierno, lo que representó el triunfo definitivo de la línea de Pujol sobre la de Roca i Junyent. Éste abandonó la secretaría general en 1995 y, tras fracasar en el intento de ganar la alcaldía de Barcelona, anunció su retirada de la vida política para 1999. Ello supuso el fin del modelo bicéfalo de dirección y el inicio del relevo generacional, bajo el control de Pujol. La coalición venció de nuevo en las autonómicas de1995 (60 diputados), aunque tuvo que gobernar en minoría. En las elecciones generales de 1996 consolidó su papel de partido bisagra, al obtener 16 diputados y hacer posible la investidura de José María Aznar. Planeta Grandes Obras 2000.

Unió Democràtica de Catalunya

Organización política fundada en 1931 con una ideología cristiana y tradicionalista. Se ha mantenido como grupo minoritario y desde 1979 mantiene una alianza electoral con Convergència i Unió, formación con la que a partir de 1980 ha participado en los gobiernos de la Generalitat de Cataluña. Su secretario general es J.A. Duran i Lleida.

Apuntes de clase Curso 2000-2001

Organización política fundada en 1978 por la fusión de la Federación Socialista de Catalunya del PSOE, el Partit Socialista de Catalunya (Congrès) y el Partit Socialista de Catalunya (Reagrupament), de ideología socialdemócrata. Federado en el ámbito estatal con el PSOE, el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) goza de autonomía para la organización política de Cataluña. Fuerza mayoritaria en las elecciones legislativas y municipales de 1979, se vio relegado a segunda fuerza en las posteriores confrontaciones electorales autonómicas catalanas.

Apuntes de clase Curso 2000-2001

Esquerra republicana de Catalunya

Partido político, fundado en abril de 1931, portavoz del catalanismo de izquierda no marxista. Nació como coalición electoral de partidos republicanocatalanistas, y al triunfar en las elecciones de abril de 1931 (de las que salió la proclamación de la república) se convirtió en el partido político hegemónico de Cataluña. Estuvo encabezado por los presidentes de la Generalidad Francesc Macià y Lluís Companys, dirigió la implantación del estatuto de Cataluña, hizo aprobar la ley de contratos de cultivo y formó diversos gobiernos durante la república y la guerra civil.

Declarada ilegal en 1939, con la mayor parte de sus dirigentes en el exilio, apoyó la continuidad de organizaciones republicanas (como la Generalidad, cuyos presidentes en el exilio, Josep Irla y Josep Tarradellas, pertenecían al partido) y participó en todos los intentos unitarios de la oposición catalana, desde el Front Nacional de Catalunya (1940) hasta la Assemblea de Catalunya (1971) y el Consell de Forces Polítiques de Catalunya (1975).

Al emerger de la clandestinidad en 1976, estaba dividida en dos tendencias: la que encabezaba Heribert Barrera y la dirigida por Josep Andreu i Abelló, que acabó fundiéndose en el Partit dels Socialistes de Catalunya. Desde 1977 respaldó la gestión de J. Tarradellas como presidente de la Generalidad. En los sucesivos comicios estatales obtuvo unos resultados muy modestos. En cambio, tras las elecciones autonómicas de 1980, en que alcanzó 14 diputados al parlamento catalán, su apoyo resultó decisivo para la gestión del gobierno de la coalición nacionalista conservadora CiU, y Barrera asumió la presidencia del parlamento autonómico.

Las elecciones autonómicas de 1984 y 1988 resultaron menos favorables para ERC (5 y 6 diputados, respectivamente). En 1987 Barrera dejó la secretaría general (ocupada por Joan Hortalà) y asumió la presidencia del partido. La incorporación de elementos más radicales, que en 1989 lograron la secretaría general en la persona de Àngel Colom, dio al partido una orientación separatista, mientras un sector más moderado, encabezado por Hortalà, se escindió y fundó Esquerra Catalana (1990), que en 1993 se integró en Convergència Democràtica de Catalunya. En el congreso de 1991 el partido se desligó del federalismo fundacional y se proclamó independentista; asimismo fueron confirmados A. Colom como secretario general y H. Barrera como presidente, mientras ingresaban en el partido sectores enteros de los grupos activistas independentistas extraparlamentarios (especialmente de Terra Lliure).

En el congreso de 1992 limitó a un máximo de 10 años los mandatos del presidente y del secretario general, a la vez que aprobaba la extensión de su ámbito de actuación al conjunto de los Países Catalanes. Electoralmente, ERC no consiguió ningún diputado a cortes generales ni en 1986 ni en 1989, y logró un diputado en 1993; en el parlamento catalán consiguió 6 escaños en 1988 y 11 en 1992. El estancamiento electoral (13 diputados autonómicos en 1995 y 1 diputado al congreso en 1996) aceleró una latente crisis interna. Su secretario general, Àngel Colom, provocó una escisión y en 1996 fundó el Partit per la Independència (PI). Ese mismo año, el congreso del partido eligió a Josep-Lluís Carod-Rovira para la secretaría general y reforzó su perfil de partido de izquierdas, aunque sin renunciar al nacionalismo, y se opuso, por moderada, a la ley del catalán de 1997. Desde 1991 H. Barrera es diputado en el parlamento europeo. Planeta Grandes Obras S.A. 1999.

Apuntes de clase Curso 2000-2001

Apuntes de clase Curso 2000-2001

Apuntes de clase Curso 1999-2000.

Apuntes de clase Curso 2000-2001

Lobby, grupo de presión política que, en virtud de los intereses de sus miembros, pretende influir en el poder legislativo de un Estado. El término deriva de la manera en que tales grupos provocaban el encuentro con los miembros de las cámaras legislativas en el vestíbulo (en inglés, lobby) de las mismas. Representan variados intereses, como los de la agricultura, el transporte, las profesiones liberales (médicos, abogados) o, en el pasado, defensores del voto femenino, conservacionistas y otros. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos

Grupo de presión, conjunto de individuos que se agrupan para defender intereses o ideales comunes. Los grupos de presión, a diferencia de los grupos de interés, influyen en el gobierno o en la opinión pública a la hora de hacer uso de la `presión' para reivindicar, defender o cumplir sus intereses. A diferencia de los partidos políticos, los grupos de presión no tienen como finalidad asumir el poder y no defienden intereses de una generalidad de personas, sino que tratan de obtener privilegios especiales para sus líderes y sus miembros.

Los grupos de presión surgieron en la Alemania imperial y en la Francia republicana. A partir de la II Guerra Mundial, se generalizan en Europa y Estados Unidos. En los estados modernos defienden su estatus adquirido y su papel como elemento de equilibrio es fundamental en determinados sistemas de gobierno.

Los estudios que realiza el escritor francés Jean Meynaud sobre este fenómeno quedan reflejados en varias de sus obras. En Los grupos de presión (1965), Meynaud clasifica estos grupos en dos variantes: 1) organizaciones profesionales, que buscan conquistar ventajas materiales para lograr un mayor bienestar, como sindicatos, corporaciones profesionales, asociaciones de consumidores, cámaras de comercio y un largo etcétera, y 2) agrupaciones de vocación ideológica (véase Ideología), cuya finalidad es defender posturas espirituales o morales, o promover una causa determinada, como grupos religiosos, patrióticos, defensores de derechos (de mujeres, hombres, animales…), o del medio ambiente…

Los grupos de presión ocupan un lugar fundamental en la sociedad y desempeñan un papel de enorme relevancia en el cambio social. Enciclopedia Microsoft® Encarta® 99. © 1993-1998 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos

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