INDICE

• INTRODUCCION

La política ambiental de Chile fue aprobada en 1998 por el consejo directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, como una respuesta a la problemática ambiental que el país enfrenta ante las nuevas estrategias de desarrollo adoptadas por los gobiernos de turno. Está fundada sobre la base de tres conceptos principales, “Calidad de vida de las personas” “Complementariedad entre el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental “ y “Equidad social y superación de la pobreza” y se enmarca en el Desarrollo Sustentable el cual proporciona el marco para la integración de las políticas ambientales y las estrategias de desarrollo social y económico.

La apertura comercial, trajo consigo nuevas exigencias a las unidades productivas locales, imponiendo mayores requerimientos desde el punto de vista de la conservación y utilización de los recursos disponibles. En este contexto es de suma importancia el hecho que Chile basa su potencial productivo en la utilización de los recursos naturales tanto renovables como no renovables, y de la exportación de estos mismos. Así entonces, es el mercado externo, el mayor impulsor de las políticas ambientales adoptadas en nuestro país en los últimos 15 años. Muchas de ellas pioneras en el continente sudamericano, con lo que además Chile marca la pauta a nivel regional en este asunto, llegando a establecer las bases y fundamentos de las políticas ambientales en América Latina.

De esa forma, la lucha contra el deterioro progresivo del medio ambiente comenzó a formar parte de las preocupaciones gubernamentales. La explotación indiscriminada de los recursos naturales y la contaminación del medio ambiente natural como resultados inevitables de los procesos productivos fueron puestas en cuestión desde diferentes lugares y perspectivas. También el Estado, por medio de los diversos organismos que ha creado para tales efectos, ha emprendido iniciativas de envergadura orientadas a limitar los efectos nocivos de la expansión económica sobre la calidad de nuestro medio ambiente.

El presente trabajo aborda los principales ítem relacionados con la política ambiental nacional, abordando primeramente el Desarrollo Sustentable como el marco sobre el cual se integran la política ambiental y las estrategias de desarrollo económicas y sociales. Seguidamente se plantean los principales rasgos de la política ambiental, entregando antecedentes históricos que dan cuenta de las variaciones y desarrollo de las políticas en tema ambiental en el país durante los últimos 25 años.

El tercer tema abordado, se refiere principalmente al desempeño ambiental de Chile, entre los años 1990 - 2004, de a cuerdo con la evaluación hecha en Febrero del presente año, por la Organización De Cooperación Y Desarrollo Económicos (OCDE), y la Comisión Económica Para América Latina Y El Caribe (CEPAL). Esto con el objeto de establecer cuales han sido los logros y falencias que la aplicación de las políticas acordadas han tenido principalmente en los Recursos Aire, Agua y Naturaleza y Biodiversidad, considerando estos tres elementos como el marco global de aplicabilidad de la política ambiental sobre los recursos naturales del país.

Con respecto al punto anterior, se decidió analizar esta evaluación, la mas actual que existe en este momento, dejando de lado la Agenda Ambiental de Gobierno, esto, ya que el autor consideró mas importante contar con hechos concretos en materia de política ambiental ejecutados por el gobierno, mas que analizar las propuestas iniciales de la actual presidencia. Estableciendo claramente la situación actual de aplicabilidad de las políticas planteadas inicialmente.

Como cuarto tema, se desarrolla un análisis del tema agrícola y la Política Ambiental, dada la trascendencia que esta actividad tiene dentro del ámbito nacional y que representa el eje principal y razón de estudio del autor. Se pretende de esta manera contextualizar el estado actual de la agricultura nacional con respecto a los temas ambientales abordados por las políticas y normativa vigente sobre este rubro.

Por último se establece la institucionalidad ambiental de Chile, reconociendo a la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) como el motor impulsor de las medidas adoptadas en el tema ambiental durante los últimos años en el país.

• CONCLUSIONES

El desarrollo sustentable sienta las bases para la integración de la Política Ambiental y las Estrategias de desarrollo Económicas y Sociales en el país.

La Política Ambiental Nacional cuenta con una institucionalidad consolidada, representada por la CONAMA, la cual a demostrado se activa y de gran influencia en la actividades económicas y su relación con el Medio Ambiente.

En esta política se sientan las bases para lograr un desarrollo sostenido en el tiempo y amigable con el entorno, procurando dar “Calidad de vida a las personas” “Complementar el desarrollo socioeconómico y la sustentabilidad ambiental “ y Asegurar la “Equidad social y superación de la pobreza”.

A pesar de ser un tema relativamente nuevo en nuestro país, la política ambiental a provocado cambios sustanciales dentro de las unidades productivas que ella aborda, estableciendo acciones y tareas claras a cumplir en materia medio ambiental, muchas de ellas ingnoradas hasta hace uno pocos años.

El desempeño ambiental de Chile, durante los años 1990 - 2004 ha sido moderado, dejando pendiente una serie de iniciativas y tareas en la cuestión ambiental que deben ser consideradas por las autoridades estatales a fin de dar cumplimiento cabal a las tareas propuestas, asegurando así, un desarrollo económico y social en armonía con el medio que lo sustenta.

El mayor impulsor de las políticas ambientales en el país a sido la vertiginosa entrada de Chile en el Comercio Exterior, debiendo adoptar rápidamente estándares medioambientales de mayos exigencias impuestos por los mercados de destino, los cuales ya poseen una estructura mas rígida y consolidada en materia medioambiental, tanto a nivel de consumidores como de productores.

Lo anterior deja una gran tarea pendiente, y dado el rápido desarrollo económico de la nación, no ha sido abordado a cabalidad por las autoridades. Esto es, el desarrollo de una Política Ambiental Extranjera, la cual englobe y establezca una clara postura de Chile frente al Comercio Internacional. De esta manera lograr una participación y postura clara, frente a los problemas ambientales de magnitud Global y aquellos impuestos por los gobiernos con los cuales se han establecido y se van ha establecer relaciones en el futuro.

• DESARROLLO SUSTENTABLE

Medio ambiente y desarrollo económico son temas que sólo en las últimas décadas se han comenzado a vincular de forma más clara y concreta en la medida que el mundo entero ha ido tomando conciencia que las actividades humanas están provocando peligrosos cambios ambientales en el planeta como el adelgazamiento de la capa de ozono, la acentuación del efecto invernadero, la extinción de especies animales, etc. y que han conducido a nuevas concepciones sobre el desarrollo económico, en donde éste puede ser alcanzado, pero no olvidando el tema ambiental como eje central.

De esa forma, surge en el mundo un nuevo concepto que intenta relacionar el desarrollo económico y el medio ambiente, que reunidos forman el llamado “Desarrollo Sustentable”, el cual se puede representar como un triángulo cuyos vértices —el crecimiento económico, la equidad y la calidad del medio ambiente— están en un equilibrio dinámico. Por lo tanto, una condición fundamental del desarrollo sustentable es la armonización de las políticas económicas, las políticas sociales y las políticas ambientales

Desarrollo sustentable: término aplicado al desarrollo económico y social que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

Hay dos conceptos fundamentales en lo que se refiere al uso y gestión sustentable de los recursos naturales del planeta. En primer lugar, deben satisfacerse las necesidades básicas de la humanidad, comida, ropa, lugar donde vivir y trabajo. En segundo lugar, los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el nivel tecnológico y de organización social, su impacto sobre los recursos del medio ambiente y la capacidad de la biósfera para absorber los efectos de la actividad humana.

Es posible mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales.

Durante las décadas de 1970 y 1980 empezó a quedar cada vez más claro que los recursos naturales estaban dilapidándose en nombre del “desarrollo”. Se estaban produciendo cambios imprevistos en la atmósfera, los suelos, las aguas, entre las plantas y los animales, y en las relaciones entre todos ellos. Fue necesario reconocer que la velocidad del cambio era tal que superaba la capacidad científica e institucional para invertir el sentido de sus causas y efectos.

Estos grandes problemas ambientales incluyen:

• El calentamiento global de la atmósfera (el efecto invernadero).

• El agotamiento de la capa de ozono de la estratosfera..

• La creciente contaminación del agua y los suelos por los vertidos y descargas de residuos industriales y agrícolas.

• El agotamiento de la cubierta forestal (deforestación).

• La pérdida de especies, tanto silvestres como domesticadas, de plantas y animales por destrucción de hábitats naturales, la especialización agrícola y la creciente presión a la que se ven sometidas las pesquerías.

• La degradación del suelo en los hábitats agrícolas y naturales, incluyendo la erosión, el encharcamiento y la salinización, que produce con el tiempo la pérdida de la capacidad productiva del suelo.

A finales de 1983, el secretario general de las Naciones Unidas le pidió a la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland, que creara una comisión independiente para examinar estos problemas y que sugiriera mecanismos para que la creciente población del planeta pudiera hacer frente a sus necesidades básicas. El grupo de ministros, científicos, diplomáticos y legisladores celebró audiencias públicas en cinco continentes durante casi tres años.

La principal tarea de la llamada Comisión Brundtland era generar una agenda para el cambio global. Su mandato especificaba tres objetivos:

• Reexaminar cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo y formular propuestas realistas para hacerles frente.

• Proponer nuevas fórmulas de cooperación internacional en estos temas capaces de orientar la política y los acontecimientos hacia la realización de cambios necesarios.

• Aumentar los niveles de concienciación y compromiso de los individuos, las organizaciones de voluntarios, las empresas, las instituciones y los gobiernos.

El informe fue presentado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el otoño de 1987. En el informe se describen dos futuros:

• Uno no viable :en donde la especie humana continúa agotando el capital natural de la Tierra y

• Uno viable: en el cual los gobiernos adoptan el concepto de desarrollo sostenible y organizan estructuras nuevas, más equitativas, que empiezan a cerrar el abismo que separa a los países ricos de los pobres. Este abismo, en lo que se refiere a la energía y los recursos, es el principal problema ambiental del planeta; es también su principal problema de desarrollo.

Tras la Comisión, el siguiente acontecimiento internacional significativo fue la Cumbre sobre la Tierra, celebrada en junio de 1992 en Río de Janeiro. Denominada Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en ella estuvieron representados 178 gobiernos, incluidos 120 Jefes de Estado. Se trataba de encontrar modos de traducir las buenas intenciones en medidas concretas y de que los gobiernos firmaran acuerdos específicos para hacer frente a los grandes problemas ambientales y de desarrollo. Los resultados de la Cumbre incluyen convenciones globales sobre la biodiversidad y el clima, una Constitución de la Tierra de principios básicos, y un programa de acción, llamado Agenda 21, para poner en práctica estos principios.

Los resultados se vieron empañados por la negativa de algunos gobiernos a aceptar los calendarios y objetivos para el cambio (por ejemplo para la reducción de emisiones gaseosas que conducen al calentamiento global), a firmar ciertos documentos (había quien opinaba que el Tratado de la Biodiversidad debilitaba las industrias de biotecnología de los países industrializados), o a aceptar la adopción de medidas vinculantes (como en el caso de los principios forestales). En sus 41 capítulos, el programa de acción contenido en la Agenda 21 aborda casi todos los temas relacionados con el desarrollo sostenible que se puedan imaginar, pero no está lo suficientemente financiado.

No obstante, la Cumbre fue un trascendental ejercicio de concienciación a los más altos niveles de la política. A partir de ella, ningún político relevante podrá aducir ignorancia de los vínculos existentes entre el medio ambiente y el desarrollo. Además, dejó claro que eran necesarios cambios fundamentales para alcanzar un desarrollo sustentable. Los pobres deben recibir una participación justa en los recursos para sustentar el crecimiento económico; los sistemas políticos deben favorecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, en especial las relativas a actividades que afectan a sus vidas; los ricos deben adoptar estilos de vida que no se salgan del marco de los recursos ecológicos del planeta; y el tamaño y crecimiento de la población deben estar en armonía con la cambiante capacidad productiva del ecosistema.

Estos y otros hechos hicieron posible que los diferentes gobiernos tradujeran sus buenas intenciones en medidas concretas relativas al medio ambiente y que llevaran a cabo gestiones en función de la calidad de vida de todos y de las futuras generaciones mediante la implementación de sus propias políticas ambientales.

• POLÍTICA AMBIENTAL CHILENA

Las actividades económicas están continuamente presionando los recursos ambientales y generando con ella contaminación del aire, suelo, agua, impactos sobre ecosistemas, sobreexplotación de recursos finitos, impactos ambientales globales, etc.

Cuando esta presión sobre los recursos excede la capacidad propia de recuperación del medio ambiente tal que se reduce la capacidad de éste para satisfacer las necesidades humanas, se produce la degradación ambiental.

La política ambiental pasa a ser la respuesta para revertir esta situación o para impedir que se llegue a ella. Los instrumentos de políticas son las herramientas que tiene el tomador de decisión para alterar los procesos sociales (técnicos, económicos, legales, culturales, etc.), de manera tal de cumplir con los objetivos de la política.

La Política Ambiental de Gobierno es una declaración expresada en un documento que promueve el Desarrollo Sustentable, dirigida al país con el objeto de lograr un compromiso nacional, público y privado, institucional y cívico, que permita enfrentar con éxito la responsabilidad que todos tenemos con el medio ambiente y de esta forma contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de todos los chilenos y al bienestar de las futuras generaciones del país.

Esta propuesta se basa en lineamientos y tareas establecidas por la legislación vigente, en las directrices señaladas por el Presidente de la República, y en la experiencia acumulada en los últimos años por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) y de los demás ministerios y servicios del Gobierno.

Dicha declaración se funda en principios estables y permanentes, establece objetivos de mediano y largo plazo y destaca las líneas de acción que deberán orientar la gestión ambiental del país durante los próximos años.

En Chile, al igual que en otras naciones en desarrollo, la gestión ambiental se institucionalizó hace poco más de una década, con la llegada de la democracia en 1990. Durante este período, los Gobiernos chilenos han avanzado en el diseño e implementación de la política ambiental. Un paso sustantivo fue dotar al país de una legislación y una institucionalidad ambiental moderna.

No obstante lo anterior en Chile, la preocupación por el tema ambiental no es reciente ni privativa de un gobierno específico. Desde el punto de vista jurídico, a principios del siglo pasado ya se dictaron normas que, de una u otra forma, han tenido por objeto regular aspectos específicos de la actividad humana, en cuanto ésta tiene incidencia ambiental. En 1916 se dictó la Ley N° 3.133 sobre la Neutralización de los Residuos Provenientes de Establecimientos Industriales (Ley 3.133, artículo 10, Diario Oficial 07/09/1916).

Aunque los rasgos sociales, económicos y ambientales no han variado mucho de la época del gobierno militar, la autoridad ha avanzado más en torno a la protección del medio ambiente, con mira a regular los procesos económicos con relación al impacto ambiental.

Todas las iniciativas económicas sociales y políticas durante el gobierno militar, tuvieron serios y pronunciados efectos sobre el medio ambiente, por eso se dice que el régimen militar operaba con una no política ambiental, ésta constituye una voluntad implícita y una dirección obvia y determinada a una gestión ambiental.

El medio ambiente quedo tácitamente sin regulación, aunque el gobierno militar desreguló jurídicamente los recursos naturales. Lo anteriormente mencionado incentivó el monocultivo de exportación, la inversión extranjera en la extracción minera y forestal.

La esencia autoritaria del régimen militar, explica la permanente sordera con relación a una regulación al medio ambiente.

En la práctica existía la política Ultra Liberal de dejar hacer y dejar pasar.

Fue incorporada a la Constitución de 1980 y señalaba que cada ciudadano tiene el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y el Estado debe velar por la protección de éste. Con esta acción comienza en nuestro país a tomar importancia la protección del medio ambiente.

El primer intento de caminar hacia una visión más global de la problemática ambiental en Chile, lo constituyó la formación de la Comisión Nacional de Ecología, dependiente del Ministerio del Interior, en 1985. Esta comisión tuvo como tarea principal preparar un proyecto de ley para regular la protección del medio ambiente. Sin embargo, el borrador del anteproyecto de ley fue ampliamente criticado tanto en las instancias de Gobierno como por los sectores productivos y la oposición. Finalmente, la ley no fue tramitada por la Junta de Gobierno.

Se otorgaba un subsidio directo a la forestación de tierras de aptitud preferencialmente forestal, además se entregaba un subsidio, el que devuelve al propietario el 75% del costo de forestación realizado y asegura la inexpropiabilidad de los terrenos y bosques. on esto se crea un mercado libre e irrestricto de tierras, como resultado se produjo el aumento del sector privado en la actividad forestal. Esto a la larga creó fuertes deterioros ambientales, como la pérdida de la biodiversidad, deforestación y contaminación.

La contra reforma agraria implica el traspaso masivo de tierras hacia inversionistas y viejos propietarios, lo que permitió la concentración de las mejores tierras a manos de inversionistas y empresas privadas, consecuentemente se incrementó el uso progresivo y abusivo de agroquímicos altamente tóxicos.

La constitución promulgada por el régimen militar en 1980, atribuyó el carácter de Res Nullius (territorio de nadie) a los recursos marinos vivos, posibilitando el libre acceso a la actividad extractiva de todas las especies. Esto produjo la disminución de la biomasa, e incluso la extinción de algunas especies sobre explotadas.

Se crearon disposiciones que facilitaron sendos procesos de privatización e incremento de la inversión extranjera, lo cual crea una gran importancia al sector privado en la actividad minera chilena.

Se creó además un estatuto de inversión extranjera, el cual otorgaba todo tipo de facilidades al inversionista foráneo. También se redujo significativamente el riesgo de expropiación con una reforma al código minero, ésta otorgaba concesiones de forma indefinida al sector privado. Esto además de producir una disminución de importancia al Estado produjo grandes impactos ambientales.

Otra no política ambiental del régimen militar, consistió en la disminución de la inversión pública, lo que produjo problemas ambientales muy obvios, como la contaminación de aguas por la falta de plantas de tratamiento de aguas servidas urbanas; y la contaminación de aire, agua y suelo, por parte de las empresas mineras.

Aunque en el programa de elección del primer gobierno de la Concertación se le dedicó un capítulo, en la práctica el cuidado del medio ambiente y la salud humana quedaron a discreción de las fuerzas del mercado (empresarios), como ocurrió en el régimen pasado.

De todas las iniciativas que implementó el primer gobierno de la concertación, la más importante fue la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), la promulgación de la ley de bases del medio ambiente, también destaca la promulgación de la Ley de Pesca, la introducción al congreso de la Ley de Bosque Nativo, y la propuesta de modificación al régimen jurídico de aguas.

En junio de 1990, se crea la CONAMA -organismo de coordinación interministerial que reemplazó a la Comisión Nacional de Ecología, y que en la actualidad es presidida por el Ministro Secretario General de la Presidencia- con el objeto de elaborar políticas en materia ambiental y de coordinar la acción de los organismos del Estado responsables por la ejecución de las labores normativas y de fiscalización ambiental en el ámbito nacional. En forma simultánea con la creación de estos organismos, prácticamente todos los Ministerios y Servicios públicos incorporan, mediante diversos procedimientos, la dimensión ambiental en la gestión de sus actividades.

En materias de contaminación y normas de calidad ambiental, todo se comenzó a regular por decreto, sin que sea necesaria la intervención del congreso.

El nuevo gobierno reconoció la necesidad de un marco regulatorio continuo y gradual. El gobierno se propuso dos metas:

• Limitar la contaminación en las emisiones gaseosas de fundiciones medidas por unidad de metal producido

• Implementar una regulación clara para abordar la dimensión ambiental de los proyectos del sector minero.

• Ley de Pesca:

La ley de pesca que intentó introducir el régimen militar fue bastante modificada, para ser finalmente aceptada en 1991. La ley de pesca transformó al sector pesquero en uno de los más regulados, mediante un sistema de vedas, limitación en la construcción de embarcaciones, etc. Con esto se ha normalizado el nivel de participación de los empresarios y trabajadores en general, con una explotación sustentable de los recursos.

• El proyecto de Ley sobre la recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal:

Otro gran problema sectorial es la reducción del bosque nativo, debido a la sustitución del bosque nativo, por especies exóticas, y a partir de 1987 se agregó la explotación irracional de especies autóctonas. La rápida reducción de bosques nativos, con la destrucción de hábitats y biodiversidad que éste alberga, consiste en la contraposición de intereses colectivos que definen un patrimonio biótico, y los intereses de los privados.

En ese sentido se hace urgente una legislación que regule el uso y el manejo del bosque nativo que se encuentra bajo el régimen de propiedad privada.

La Corporación Nacional Forestal (CONAF) preparó el proyecto de Ley y lo presentó al Congreso en 1992, a fines del año 1993 la Cámara de Diputados aprobó el texto. Pero antes que el Senado pudiera aprobar el proyecto, el gobierno de Frei expresó su intención de modificar el texto.

• La Ley de bases del medio ambiente (Ley N° 19.300) :

La iniciativa de regulación más importante que surgió durante el período Aylwin fue la Ley de Bases del Medio Ambiente (conocida como la Ley Marco). La Ley de Medio Ambiente se dictó en 1994. Allí se establecen los criterios institucionales y regulatorios para orientar las acciones del Estado, del sector privado y de la ciudadanía en esta materia.

Esta ley representa un marco general, a partir del cual se pretende legislar de manera integral, coherente y gradualista sobre la materia.

La ley del medio ambiente fundamentalmente contiene:

• La definición de los conceptos ambientales utilizados

• La descripción de los instrumentos de gestión ambiental

• La descripción del sistema de evaluación de impacto ambiental

• La disposición de que la CONAMA pasara a depender de la Secretaría General de Gobierno.

• Requerimientos de una Política Ambiental

Toda política ambiental debe responder a una concepción global del hombre y del mundo, de la libertad, del bien común. Para ello, en consecuencia, se ha de contar con un marco integrador del tema del medio ambiente, coherente con las políticas intersectoriales e inserto en la política nacional de un país. Las políticas sectoriales, en efecto, no son suficientes para abordar problemas globales en materia ambiental, sea a nivel de un país o de una zona extensa del mismo, ni mucho menos los que afectan a un continente o subcontinente.

Una política ambiental debe ser entendida como un proceso dinámico en el cual deben participar los distintos actores nacionales: el sector productivo, el gobierno, el poder legislativo y la comunidad. Adicionalmente, debe hacerse cargo de las tensiones particulares en que se desenvuelve el debate ambiental en cada sociedad. Fruto de este proceso, la política ambiental debe determinar los objetivos deseados en este campo y establecer las prioridades de tales objetivos. Debe explicitar sus principios rectores, los que después orientarán la correspondiente legislación, y armonizar los objetivos ambientales con otros problemas y necesidades de los países: pobreza extrema, salud, vivienda, educación, infraestructura. De este modo, una política ambiental debiera caracterizarse por ser integradora, realista y gradual, teniendo siempre presente los diversos desafíos que enfrentan los países en vías de desarrollo en materia de crecimiento económico, exigencias sociales (los temas de la equidad y redistribución), competitividad y eficiencia en la utilización de los recursos, características y disponibilidad de los recursos humanos, económicos y naturales, integración de los distintos niveles culturales y las peculiaridades de las instituciones políticas y burocráticas.

Asimismo, la política ambiental debe estar fuertemente integrada en el marco general que orienta las políticas y acciones de desarrollo de los países. Sin embargo, lo que hoy observamos es una disociación entre los instrumentos utilizados en el sector productivo, económico e incluso social, y los usados en las políticas de conservación ambiental. De ahí que la gestión ambiental, en general, no haya tenido la eficiencia que presentan otras políticas sectoriales.

Por último, elementos básicos de una política ambiental son: su estabilidad temporal; su consistencia, tanto en relación a las señales que las acciones de los Estados envían como a sus contenidos explícitos, y la capacidad de liderazgo y conducción política que exista en el país. La estabilidad en el tiempo de una política ambiental es fundamental debido al desfase temporal entre la generación de regulaciones y las soluciones respectivas. No considerar esto implica la generación de políticas no realistas y frustraciones de parte de los sectores beneficiados por las medidas de protección ambiental. En relación a la consistencia, se trata de un objetivo que ha de ser perseguido tanto por el sector regulador como por el regulado.

• Política Ambiental Para El Desarrollo Sustentable

( aprobada el 9 de enero de 1998)

La Política Ambiental promueve la sustentabilidad, declarando sus fundamentos, sus principios y sus objetivos, así como fijando sus compromisos para el año 2000 y las tareas ambientales prioritarias para el perfeccionamiento del sistema. El documento oficial termina enunciando los grandes temas ambientales que el país debe abordar en el futuro.

Hay consenso respecto en que el medio ambiente está hoy fuertemente presionado por las exigencias que plantea el desarrollo económico y social. Dicho desarrollo "ha comprometido seriamente la capacidad de renovación y preservación de los recursos naturales y la calidad del aire, del agua y de los suelos".

El desarrollo sustentable puede graficarse como un triángulo cuyos vértices -el crecimiento económico, la equidad social y la sustentabilidad ambiental- están en equilibrio dinámico.

El foco de la Política Ambiental y su fin último es la calidad de vida de todos los chilenos y de las generaciones futuras. La gestión ambiental es una función eminentemente pública, de responsabilidad individual y colectiva, que requiere del compromiso y la participación de toda la sociedad civil.

Así, el conjunto de la sociedad -incluyendo el sector productivo privado- debe estar dispuesto a asumir los costos que implica implementar esta política, como también colaborar al continuo mejoramiento de la capacidad de gestión del país. La participación ciudadana es uno de los ejes centrales de la Política Ambiental, ya que el medio ambiente es un desafío nacional.

• Fundamentos de la Política Ambiental

La política ambiental se fundamenta sobre la base de tres conceptos principales.

• La calidad de vida de las personas

La preocupación central de la Política Ambiental es la calidad de vida de la gente, la cual abarca diversos ámbitos relacionados con el entorno natural y social, tales como el medio ambiente de trabajo, la vivienda y el ambiente intradomiciliario; así como la cultura y el patrimonio cultural.

• La complementariedad entre desarrollo socioeconómico y sustentabilidad ambiental:

Es necesario cambiar el enfoque de contradicción entre economía y medio ambiente y reconocer la complementariedad de sus objetivos finales, el bienestar de los ciudadanos. Para ello el crecimiento económico requiere de la sustentabilidad ambiental, de modo de garantizar la disponibilidad de recursos necesarios -en cantidad y calidad- para el desarrollo.

• La equidad social y la superación de la pobreza.

La pobreza es un factor limitante y crítico del desarrollo y no es casual que los sectores más pobres sean los que sufren las peores condiciones de calidad de vida y los más agredidos por la contaminación. Todos los ciudadanos tienen derecho a vivir en un entorno limpio y sano. En este contexto, es fundamental combinar los esfuerzos de las políticas ambientales y sociales del país.

• Principios que Inspiran la Política Ambiental del Gobierno

Diez son los principios que inspiran la política ambiental de gobierno. Los cuales se enumeran a continuación.

• Políticas públicas ambientalmente sustentables

La cuestión ambiental involucra transversalmente a todos los sectores, de manera coherente e integral. Debido a la estrecha relación que existe entre ambiente, calidad de vida y desarrollo productivo se deben cohesionar las políticas ambientales con las políticas económicas y sociales

• Roles del Estado y de los privados

Los privados, motor del proceso productivo, deben utilizar las mejores tecnologías disponibles y las mejores prácticas ambientales. El Estado debe proteger el bien común y los derechos ciudadanos con un servicio eficiente y oportuno que fomente, regule y fiscalice.

• Participación ciudadana:

Para llevar a cabo una gestión ambiental legítima, transparente y socialmente consensuada, es necesario integrar los intereses y preocupaciones de la sociedad en general (comunidad local, académicos, ONGs, comunidades afectadas, grupos de opinión, trabajadores, sectores productivos y de la ciudadanía organizada). Esta participación permite reconocer las legítimas diferencias entre las partes y establecer acuerdos y consensos ambientales.

• Sustentabilidad

Busca respetar los límites físicos al uso de recursos naturales renovables y no renovables. Se incorpora el concepto de equidad intergeneracional, asegurando, a través de la sustentabilidad, el derecho de las generaciones futuras para usar y gozar del medio ambiente y de los recursos naturales, comprometiendo a la presente generación con la protección de la diversidad de dichos recursos.

• Responsabilidad del causante

Los responsables de la degradación ambiental deben reparar el daño sufrido y restaurar el componente ambiental deteriorado. Se reconoce así el principio de “responsabilidad por daño ambiental”, el cual se traduce en la práctica, como el que “contamina paga”, sin embargo, este principio en ningún caso debe ser interpretado como un derecho adquirido para contaminar por parte de quien paga.

• Prevención

Busca evitar los daños ya que la recuperación es más costosa y menos eficaz.

• Estabilidad

Una normativa jurídica ambiental basada en reglas claras, coherentes y sostenidas en el tiempo da confianza a los diferentes actores sociales que participan en ella.

• Gradualismo y mejoramiento continuo

Revertir el deterioro ambiental, provocado en las últimas décadas es una tarea que sólo puede realizarse en forma gradual. La sustentabilidad ambiental sólo se logra a través de esfuerzos continuos y mejoras incrementales.

• Perfeccionamiento del sistema

Para consolidar el modelo de gestión ambiental, se reconoce la necesidad de perfeccionar la legislación y la institucionalidad.

• Responsabilidad ante la comunidad internacional

Cumplir con los acuerdos internacionales de medio ambiente que se suscriban.

• Objetivos y Líneas de Acción de la Política Ambiental

• Objetivo General

El objetivo general de la Política Ambiental del Gobierno es promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de contaminación, la protección del medio ambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental.

• Objetivos Específicos

• Recuperar y mejorar la calidad ambiental:

El cual busca recuperar la calidad ambiental básica y mantener los componentes en una calidad compatible con la sustentabilidad para proteger la salud de las personas y de los ecosistemas. Los principales instrumentos para este objetivo son las normas de calidad ambiental, los Planes de Descontaminación y las Políticas Ambientales específicas.

Para dar cumplimiento a este objetivo se plantean las siguientes líneas de acción:

• Descontaminación atmosférica y recuperación de niveles aceptables de calidad del aire.

• Descontaminación y recuperación de la calidad de los recursos hídricos para diferentes usos.

• Establecimiento de políticas de manejo de residuos sólidos domiciliarios e industriales.

• Diseño de políticas ambientales específicas

• Prevenir el deterioro ambiental:

Busca incentivar y cautelar la adopción de prácticas compatibles con la sustentabilidad ambiental en los procesos productivos y las actividades humanas. Los principales instrumentos preventivos son el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, la incorporación de la dimensión ambiental en las políticas públicas, la educación ambiental, las normas de calidad ambiental y de emisión, los planes de prevención y la investigación científico-tecnológica.

Las líneas de acción que dan cumplimiento a este objetivo son:

• Evaluación del impacto ambiental de los proyectos de inversión.

• Incorporación de consideraciones ambientales desde el diseño del proyecto.

• Incorporación de la dimensión ambiental en el diseño de las políticas públicas.

• Educación ambiental.

• Desarrollo de programas de normas de calidad y de emisión.

• Investigación científica y tecnológica.

• Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales:

Fomentar la utilización sustentable de los recursos naturales sin comprometer su disponibilidad y su capacidad natural de renovación. Los instrumentos contemplados son el marco regulatorio de la Ley, las medidas de conservación, el manejo sustentable del territorio y el estudio de los ecosistemas.

Las líneas de acción son las siguientes:

• Dictación del marco regulatorio sobre recursos naturales señalado en la Ley 19.300 y otros cuerpos legales

• Definición y establecimiento de medidas de conservación de la biodiversidad y el uso sustentable del bosque nativo, los recursos hidrobiológicos, los recursos hídricos, y los suelos.

• Reforzamiento de la institucionalidad forestal.

• Bases para el manejo integrado del territorio y de cuencas hidrográficas y de zonas costeras.

• Conocimiento de los ecosistemas.

• Introducir consideraciones ambientales en el sector productivo:

Implementar procedimientos de certificación y fomento para asegurar la producción limpia y con ello contribuir a su mejor inserción en los mercados internacionales.

Las líneas de acción propuestas son:

• Promoción de estándares de calidad ambiental internacionalmente aceptados para los productos y procesos chilenos.

• Diseño y adopción de sistemas de certificación ambiental.

• Fomento de la producción limpia.

• Complementariedad entre la política ambiental y el comercio exterior.

• Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental:

Establecer lineamientos institucionales, conducir procesos de participación ciudadana en el ámbito establecido por la Ley 19.300 y ampliar estas instancias de participación ciudadana para involucrar a la gente en la temática ambiental, ponderando adecuadamente sus planteamientos. Al mismo tiempo, es necesario generar programas conducentes a la modificación de conductas y prácticas para hacer efectiva la co-responsabilidad en el cuidado del medio ambiente.

Las líneas de acción adoptadas por la autoridad son:

• Consolidación de los mecanismos de participación ciudadana de la Ley19.300.

• Fortalecimiento del rol de los Consejos Consultivos, Formación del Consejo Nacional de Desarrollo Sustentable.

• Nuevas modalidades de participación ciudadana para involucrar a otros sectores.

• Revitalización de la educación ambiental.

• Implementación del Fondo de Protección Ambiental.

• Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional:

Reforzar la institucionalidad ambiental para lograr la plena aplicación del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, potenciando la dimensión regional de la gestión ambiental, las capacidades de coordinación y técnicas de los recursos humanos de CONAMA y de los otros servicios públicos, el perfeccionamiento de la capacidad fiscalizadora, y la implementación de un sistema de información ambiental.

Para cumplir este objetivo se plantean las siguientes líneas de acción.

• Fortalecimiento del Sistema Nacional de Gestión Ambiental.

• Formulación de un Presupuesto Nacional Ambiental.

• Consolidación del rol coordinador de CONAMA.

• Dimensión regional de la gestión ambiental.

• Formación del recurso humano del SNGA.

• Perfeccionamiento de la capacidad fiscalizadora sectorial y regional.

• Puesta en marcha del Sistema Nacional de Información Ambiental.

• Perfeccionar la legislación ambiental y desarrollar nuevos instrumentos de gestión:

Revisar y modificar la legislación ambiental para lograr un cuerpo normativo integrador, coherente y eficaz, así como la incorporación de nuevos instrumentos de gestión, tales como los incentivos económicos y los mecanismos de autorregulación.

Se establecen las siguientes líneas de acción que dan cumplimiento a este objetivo:

• Perfeccionamiento del marco legislativo de la Ley de Bases y otros cuerpos legales.

• Revisión de las normas ambientales del país.

• Nuevos instrumentos de gestión ambiental: incentivos económicos, cuentas ambientales, valoración económica, mecanismos de autorregulación, acuerdos voluntarios, y evaluación ambiental estratégica.

• DESEMPEÑO AMBIENTAL DE CHILE (1990 - 2004)

Desde 1990, Chile ha experimentado un crecimiento económico rápido, creciente, diversificado y liderado por las exportaciones, con un incremento del 108% del PIB. Crecimiento apoyado en políticas macroeconómicas y sociales sólidas que ha tenido como consecuencia una reducción significativa de la pobreza. También ha ejercido una considerable presión sobre algunos recursos naturales, sobre todo en los sectores de mayor auge como la minería, la silvicultura y la acuicultura. La situación ambiental de Chile se debe entender en el contexto de su veloz ritmo de desarrollo.

Las evidencias de una degradación ambiental cada vez más grave (en la calidad del aire de la Región Metropolitana de Santiago y en las inmediaciones de las fundiciones de cobre en el norte de Chile, entre otras), junto con la restauración de las instituciones democráticas en 1990, condujeron a dar mayor énfasis a la protección ambiental.

En la política ambiental han tenido una fuerte influencia las consideraciones sobre la salud humana y el comercio internacional (Chile exporta principalmente a los países de la OCDE). El país ha fortalecido sus instituciones ambientales sobre la base de un modelo de coordinación ambiental multisectorial. Además, ha intensificado sus iniciativas ambientales relativas al aire, el agua, los residuos y la gestión de la diversidad biológica, con instrumentos innovadores (comerciales, entre otros) y reformas exitosas (servicios relacionados con el agua, entre otros).

Subsisten importantes desafíos en la continuidad del progreso de la gestión ambiental y la integración de las consideraciones ambientales en las políticas sectoriales (relativas a agricultura, energía, transporte, industria primaria, turismo y tributación, entre otros). Chile también está consciente de la brecha relativa a la convergencia con los estándares ambientales de los países de la OCDE, sobre todo en el contexto de los acuerdos de libre comercio y los tratados ambientales multilaterales.

Para enfrentar estos desafíos, Chile tendrá que:

i) aplicar sus políticas ambientales de forma cabal y eficiente;

ii) profundizar en la integración de las consideraciones ambientales en las decisiones económicas, sociales y sectoriales; y

iii) fortalecer su cooperación ambiental internacional.

En este capitulo se examina el avance logrado por Chile desde 1990 y el grado de cumplimiento de los objetivos nacionales y los compromisos internacionales .

• Ejecución de la Política Ambiental

Durante el período 1990 - 2004, Chile fortaleció sus instituciones ambientales, especialmente con la promulgación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994, en cuyo alero se creó la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), dependiente de la Presidencia de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

Gran parte del progreso ambiental de Chile, durante este período, fue impulsado por las consecuencias de la contaminación en la salud (y sus efectos relacionados en el gasto en salud y en la productividad laboral) y a la necesidad de una responsabilidad ambiental empresarial en los sectores que exportan principalmente a los países de la OCDE.

Chile aplica una amplia variedad de instrumentos de política ambiental:

• Evaluaciones de impacto ambiental (EIA), otros instrumentos normativos: como herramienta preventiva, el sistema de EIA está bien establecido y ha demostrado ser activo e influyente.

• Instrumentos económicos (incluidos instrumentos de creación de mercados): Chile fue pionero en la utilización de estos instrumentos, estableciendo permisos transables de emisiones de material particulado en Santiago, derechos transables de agua a nivel nacional, cuotas individuales transferibles de pesca para ciertas especies y últimamente se evalúa la instauración de bonos de carbono en el país.

• Enfoques voluntarios e instrumentos de planificación e información: el país ha puesto poco énfasis en la regulación y la información, sin embargo, ha prestado mayor atención a la planificación territorial y a los enfoques voluntarios.

Estos programas han proporcionado una experiencia inestimable y pueden ser los primeros pasos hacia mercados más amplios y activos, pero en su escala actual, los beneficios de eficiencia económica son pequeños.

Otros hitos relevantes han sido la importante y exitosa reforma de la provisión de servicios de agua y saneamiento a los hogares, la cual provocó la reestructuración del sector, la fijación de precios que cubren todos los costos y el rápido mejoramiento de la infraestructura. Esta reforma fortaleció el progreso de Chile hacia la plena aplicación de los principios “el que contamina paga ” y “el usuario paga ”.

En el año 2002 se intensificaron los esfuerzos por asegurar que al menos la mitad de la basura urbana se depositara en rellenos sanitarios, meta, que al parecer, se ha alcanzado en el conjunto del país.

En la actualidad, los enfoques voluntarios involucran a muchas empresas, que representan alrededor de la mitad del PIB, en gran medida debido a que sus mercados de exportación están constituidos por países de la OCDE donde consumidores, productores e instituciones financieras aplican estándares ambientales muy estrictos. El gasto ambiental público y privado total (incluido el suministro de agua) ha representado alrededor de un 1,25% del PIB en los últimos años. La mayor parte de este gasto se ha dedicado a la infraestructura sanitaria y a la reducción de las emisiones de las fundiciones de cobre.

En el futuro, los problemas de salud y las consideraciones relacionadas con las exportaciones continuarán impulsando el progreso ambiental de Chile, con más reducciones de las emisiones al aire (de la industria, la generación de energía y el transporte, entre otros), el mejoramiento continuo de la infraestructura de saneamiento y la gestión de los residuos domésticos e industriales. Se debería proteger cada vez más la naturaleza y la diversidad biológica como activos para las industrias de la recreación nacional e internacional y del turismo. Dado que en ciertos temas aún habrá un largo trecho por recorrer hasta alcanzar la convergencia ambiental con la mayoría de los países de la OCDE, será necesario fortalecer y ampliar considerablemente las instituciones ambientales. En particular, se requieren iniciativas más decididas en relación con las EIA, las normas de calidad y de emisiones para la gestión del aire, el agua, los residuos y la naturaleza, el uso de instrumentos económicos, las políticas de ordenamiento territorial, y los planes y estrategias nacionales y regionales.

Una política de fiscalización de la normativa ambiental sobre la base de la coordinación de los órganos sectoriales de supervisión y control no es la solución institucional más eficaz para asegurar su cumplimiento. Es necesario integrar las consideraciones ambientales en la planificación territorial en los ámbitos regional y municipal, así como ampliar y reforzar la cobertura y la ejecución de planes territoriales. Asimismo, se deberá fortalecer considerablemente la información y el análisis económicos que afectan las decisiones ambientales.

• Gestión del Recurso Aire

• Logros

Existen una serie de acciones y medidas relevantes en cuanto a la gestión del aire a nivel nacional. Entre las acciones mas relevantes que tienen relación con este tema se pueden mencionar:

• Cambios en la calidad de los combustibles: contribuyeron a reducir la cantidad de azufre emitida por fuentes móviles y fijas y han eliminado el plomo de las gasolinas.

• Mayor exigencia de normas nacionales sobre calidad del aire ambiente: las que en algunos contaminantes del aire como el material particulado, incluyen señales de alerta, preemergencias y emergencias.

• Vigencia de normas para los vehículos: estas solo tendrán un retraso de cinco años con respecto a las normas de Estados Unidos y la Unión Europea.

• Planes para la prevención y el control de la contaminación del aire en la Región Metropolitana (1998 y 2004): Los que se han ejecutado y lanzado, respectivamente, posibilitando reducciones significativas de las emisiones de contaminantes seleccionados y del número de preemergencias.

• Estructuración del plan de transporte de Santiago: el cual podría mejorar sustancialmente el manejo del tráfico en la Región Metropolitana.

• Creación de un programa de transacción de permisos de emisión para material particulado desde fuentes fijas: establecido en 1992.

• Cambio al uso de gas natural: contribuyó a una reducción considerable de los niveles de PM 10 y PM 2.5.

• Eliminación de los subsidios al carbón: también benefició al medio ambiente.

• Reducción de las emisiones de azufre, material particulado y arsénico de las fundiciones de cobre.

• Temas pendientes.

Chile continúa enfrentando importantes desafíos en materia de salud y contaminación del aire en la Región Metropolitana (que representa el 40% de la población del país y el 48% del PIB) y en el sector minero (al que pertenecen las principales fuentes de SO x ,material particulado y arsénico). Entre las falencias mas importantes se pueden señalar:

• Ausencia de normas generales de emisiones: especialmente para los procesos industriales y para los emisores de contaminantes tóxicos al aire (salvo el arsénico desde las fundiciones de cobre).

• Insuficiente cobertura de redes de monitoreo e inventario de emisiones: estas en la actualidad solo se aplican en las principales ciudades y zonas aledañas a fundiciones de cobre.

• Altas emisiones de SOx: principalmente debido a las emisiones de las fundiciones de cobre.

• Incumplimiento de las metas de prevención y de control de la contaminación relativas a las emisiones de NOx en la Región Metropolitana: en gran parte por causa del aumento del tráfico vehicular; se han dispuesto objetivos nuevos y más estrictos para el año 2010.

• Interrupciones en el programa nacional de eficiencia de energía.

• Escasos esfuerzos para diversificar las fuentes de energía : a fin de reducir las emisiones de contaminantes del aire y los gases de efecto invernadero.

• Falta de sanciones al uso de combustibles sólidos altamente contaminantes: carbón y coque, entre otros, están exentos de impuestos.

• Escasa atención al uso de instrumentos fiscales para internalizar las externalidades ambientales en los sectores de transporte y energía.

• Gestión del Recurso Agua

• Logros

• Reforma del sector del agua y los servicios sanitarios: en lo que atañe al suministro de agua potable y los servicios de alcantarillado, a fines de la década de 1990,

• Formidable aumento de la provisión de infraestructura sanitaria: como consecuencia del punto anterior y acorde con la regionalización y la privatización de las empresas de aguas. Hoy día, dos tercios de la población urbana está conectada a los sistemas de tratamiento de aguas servidas, y se planea continuar aumentando el tratamiento de las aguas residuales urbanas.

• La fijación de precios considerando la recuperación del total de los costos: se aplica al suministro público de agua y al tratamiento de aguas servidas, en el contexto de la normativa regional de precios y de los subsidios al 18%-20% de la población más pobre.

• Mantención de caudales mínimos de agua en los ríos: establecidos en la Ley General de Bases de Medio Ambiente de 1994, que de forma general se toman en consideración para el otorgamiento de derechos de aguas superficiales. Además, se ha propuesto la inclusión de disposiciones más específicas en el Código de Aguas.

• Establecimiento de derechos de aprovechamiento del agua transables: en el marco de los “Instrumentos de creación de mercados” el Código de aguas introdujo este sistema nacional pionero de aprovechamiento para las aguas superficiales y subterráneas.

• Cumplimiento de las normas de la Organización Mundial de la Salud sobre calidad del agua potable.

• Entrada en vigor de las normas de vertido de efluentes para la industria: las que abarcan los vertidos directos y al alcantarillado.

• Temas pendientes.

• Existencia de vertidos urbanos e industriales de residuos: los que alteran la calidad de algunos lagos, ríos y aguas costeras.

• Existe presión de metales pesados (minería), Insumos de la salmonicultura (zona Sur) y los insumos agrícolas (área rural).

• Una gran proporción de las especies de agua dulce está en peligro.

• Falta de objetivos de calidad de agua: principalmente a aquellos orientados a la conservación de los ecosistemas, a pesar de que se están debatiendo.

• Falta de centralización en la supervisión y la inspección de la calidad del agua: dichas funciones están dispersos entre varios organismos. Solo el Código Sanitario estipula la autoridad para aplicar sanciones, mientras que las normas ambientales tienen una jerarquía jurídica inferior.

• Incremento a los problemas de escasez de agua: los subsidios al riego han contribuido a este problema en la zona centro-norte, aunque se está trabajando para incrementar la recuperación de los costos.

• Falta de una planificación urbana: que priorice el manejo de inundaciones y colectores de aguas lluvias.

• Ausencia del manejo de cuencas hidrográficas:para mejorar el manejo de los recursos hídricos y forestales y para proporcionar servicios ambientales con mas eficiencia y de manera integrada.

• Gestión del Recurso “Naturaleza y Diversidad Biológica”

• Logros

Desde 1990 Chile ha promulgado varias leyes que incluyen una dimensión de protección de la naturaleza.

• Estrategia nacional de diversidad biológica: adoptada a fines del año 2003.

• Estrategias de diversidad biológica regional: más detalladas y de acorde con a realidad ambiental de cada región.

• Plan de acción nacional sobre diversidad biológica.

• Disposiciones de manejo sustentable: incorporadas en las leyes y los reglamentos sobre recursos naturales y los planes de desarrollo del turismo.

• Establecimiento de áreas silvestres protegidas: en este contexto Chile ha declarado legalmente protegido casi una quinta parte de su territorio, incluidas nueve áreas sujetas a la Convención de Ramsar y siete reservas de la biosfera de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además, los intereses privados (organizaciones no gubernamentales, empresas e individuos) manejan casi 17.000 km 2 (equivalentes a alrededor de 12% de las áreas estatales protegidas) con fines de conservación.

• Ejecución de programas de recuperación para las especies amenazadas: por ejemplo el huemul y el flamenco, pero no para especies de agua dulce. En cuanto a flora existen programas de recuperación como es el caso de Avellanita bustilosii, e la Región Metropolitana, especie en categoría de conservación “En Peligro de Extinción”.

• Establecimiento y la consolidación de una base de conocimientos sobre la naturaleza y los ecosistemas: la cual a tenido un progreso durante los últimos años.

• Temas pendientes.

Hasta la fecha la protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile, en este sentido:

• No hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza ,y las estructuras institucionales y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los organismos relevantes.

• A pesar de las mejoras registradas durante el período evaluado, los fondos para la protección de la naturaleza y la diversidad biológica, y para velar por el cumplimiento de las normas, son insuficientes .

• Las especies del país, su estado de conservación y el funcionamiento de los ecosistemas continúan siendo insuficientemente conocidos .

• Las políticas gubernamentales no reconocen adecuadamente el valor de la naturaleza como un activo vital para la industria turística ni aprovechan el potencial del turismo al máximo para así contribuir al financiamiento del manejo de la naturaleza.

• A pesar del alto índice de protección general, muchos ecosistemas y hábitat significativos están subrepresentados, y al ritmo actual de avance el objetivo de proteger el 10%d e todos los ecosistemas significativos para el año 2010 no se cumplirá.

• El manejo de las áreas protegidas sufre de falta de financiamiento e inversión.

• La ausencia de un sistema eficaz de planificación territorial, con excepción de los mecanismos de planificación sectorial, hace que los hábitat fuera de las áreas protegidas sean sumamente vulnerables a la destrucción.

• Los bosques nativos que no están en áreas protegidas continúan expuestos a incendios originados por el hombre y a la tala ilegal de especies valiosas.

• Hasta la fecha solo se ha logrado un progreso limitado en integrar consideraciones sobre la diversidad biológica en el manejo del agua .

• EL TEMA AGRÍCOLA Y LA POLÍTICA AMBIENTAL

• Antecedentes Generales

Los asuntos ambientales solo se han integrado de forma parcial en la agricultura. Las preocupaciones sobre la administración de los relativamente escasos recursos hídricos en varias regiones han ido saliendo a la luz pública. La introducción de los derechos de agua transables constituye una importante innovación en las políticas, que en general ha coadyuvado a mejorar la asignación de las aguas. Este hecho ha consolidado una antigua tendencia de la agricultura chilena: sustituir los cereales por la fruta y el vino, y crear plantaciones forestales en tierras degradadas por la actividad agrícola.

La preocupación respecto del agotamiento de acuíferos sigue vigente en algunas áreas; sin embargo, la política de la gestión de humedales no está bien integrada con la política agrícola; en la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente de 1994 se mencionan caudales mínimos para los cursos de agua con fines ambientales, aunque no siempre se hacen cumplir; y aún hay que estipular normas secundarias de la calidad ambiental del agua (es decir, relativas al medio ambiente y no a la salud).

No existe una política clara destinada a asegurar que la intensidad de uso de fertilizantes y pesticidas no ponga en peligro la salud o el medio ambiente. Se considera que los pesticidas constituyen un factor de alto riesgo para los trabajadores agrícolas que manipulan las sustancias y para las comunidades afectadas por la dispersión de estos productos. El uso de fertilizantes se asocia con la eutrofización en algunos cuerpos de agua continentales.

La firma de acuerdos de producción limpia con los productores de cerdo, vitivinicultores, exportadores de frutas y hortalizas y productores de queso, junto con el establecimiento de la certificación nacional para la producción orgánica, han sido progresos positivos impulsados por el mercado, ya que surgieron de la preocupación por satisfacer las demandas de los mercados de exportación de los productos agrícolas chilenos .

En una evaluación realizada por el Consejo de Producción Limpia se concluyó que el 75% de los suscriptores del acuerdo de 1999 con los productores de cerdo habían desarrollado planes de gestión que a fines del año 2001, entre otros resultados, habían reducido significativamente los malos olores generados por los criaderos de cerdos. El acuerdo de producción limpia suscrito en abril del 2002 con los exportadores de frutas y hortalizas los compromete a desarrollar y divulgar, en abril de 2005, buenas prácticas agrícolas entre las que se incluirán directrices de selección, almacenaje, uso, manipulación y aplicación de pesticidas. En ninguno de estos acuerdos se contemplan objetivos con plazos concretos relativos al manejo de efluentes o al uso de pesticidas.

• Principales Problemas Ambientales de la Agricultura Chilena

• Degradación del Suelo

La degradación del suelo agrícola es un problema importante en Chile. La ausencia de un manejo eficaz del suelo y de objetivos de conservación, incluida la plantación de árboles forestales, se ha traducido en tasas elevadas de pérdida de la fertilidad del suelo, desertificación e inundaciones. Se estima que la erosión afectará casi a la mitad de la superficie total, y que 9 millones de hectáreas presentan degradación en mayor o menor grado. El área afectada crece aproximadamente 40.000 hectáreas por año y la desertificación se está extendiendo a un ritmo de 6.000 hectáreas por año.

La salinización del suelo en las áreas de regadío se debe al uso de aguas cada vez más salinas para riego y técnicas de producción intensivas combinadas con un uso poco eficiente del agua. Casi todas las tierras de regadío de las regiones III y IV están afectadas por la salinización, lo cual provoca a su vez una reducción del 25% de la productividad.

Un elemento que se ha incrementado desde la década de los 80', corresponde al cultivo de frutales y viñas en laderas de cerros y piedemontes debido entre otros factores al alto costo de las tierras en zonas bajas, la falta de tierras de aptitud agrícola en el valle y las ventajas que estas laderas ofrecen al reducir el riesgo de heladas, sumados a los avances técnicos en riego y técnicas de cultivo. En los últimos años la superficie se ha extendido a las regiones III, IV, V, RM y VI cubriendo miles de hectáreas actualmente..

Con respecto al punto anterior no existe u diagnóstico específico sobre el tema, solamente se han planteado discusiones y confrontación de ideas respecto al impacto que esta acción estaría causando en los suelos de laderas. Se han planteado restricciones de tipo legal y ambiental, estas últimas, por parte de técnicos y ambientalistas, principalmente por los efectos sobre la flora y fauna. Por otro lado, también se ha cuestionado por parte de CONAF y la Comisión Nacional de Riego (CNR), el uso de suelos con este tipo de pendientes y de la pertinencia del uso de incentivos del Estado para financiar este tipo de inversiones, principalmente los referidos al fomento de riego y drenaje.

Al respecto es importante definir resguardos y medidas de mitigación frente a accidentes por exceso de lluvias o abandono de los predios, a fin de reducir los efector de escurrimientos superficiales en suelos descubiertos. En materia de compromisos internacionales de carácter ambiental, es necesarios evaluar el impacto de estas áreas con nuevos usos y coberturas en la reducción del avance de la desertificación y su contribución al efecto sumidero.

Estas inquietudes, sobre este último tema, analizadas y discutidas inicialmente en una mesa técnica regional en la V región, han tenido la intención de convocar a los distintos actores públicos y privados, a objeto de iniciar un trabajo coordinado para definir políticas y estrategias para orientar técnicamente y de modo sustentable las decisiones que se adopten para el uso del suelo en laderas.

En esta materia el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero y su División de Protección de los Recursos Naturales Renovables, ha publicado, durante el año 2005, dos documentos tendientes a dar un panorama general de la situación y orientar técnicamente para la toma de decisiones, en el marco del desarrollo de Buenas Practicas de Manejo. El primer documento se titula “Protocolo para selección de alternativas para la conservación de suelos en laderas” y el segundo “Manual de especificaciones técnicas de buenas prácticas de manejo de suelos en laderas”.

• Fuentes Difusas de Contaminación del Agua

La contaminación del agua por la escorrentía agrícola es un problema importante en Chile. La intensidad del uso de fertilizantes y pesticidas es muy superior al. promedio de la OCDE. El aumento de las exportaciones de productos agrícolas se asoció durante mucho tiempo a la intensificación de la producción. En la década de 1980,el uso de fertilizantes de nitrógeno se elevó un 223% y el volumen de importaciones de pesticidas aumentó en un factor de ocho a nueve. Desde 1990 la dependencia de los productos químicos se ha desvinculado ligeramente del aumento de la producción; el uso de fertilizantes de nitrógeno aumentó un 28% y el uso de pesticidas un 16 %,aunque el uso de fertilizantes de fósforo subió un 50% y el de fertilizantes de potasa un 160%.

Como consecuencia del uso intensivo de productos químicos, existe la necesidad urgente de luchar contra la contaminación difusa del agua que proviene de las fuentes agrícolas .En el año 2001 el Ministerio de Agricultura publicó un código de buenas prácticas agrícolas (BPA). Para garantizar el cumplimiento del código, se firmaron acuerdos de producción limpia con los productores de fruta (2001), la industria vinícola (2003) y las compañías madereras (2004).Estos acuerdos, al igual que aquel suscrito con anterioridad con los productores de ganado porcino (1999 - 2001), también abordan las normas de calidad del agua, incluida el agua para riego.

• Gestión de Riesgos de Pesticidas

La Ley de Protección Agrícola de 1980 regula la producción, importación, distribución y uso de pesticidas. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) supervisa el registro de los pesticidas agrícolas, incluida la información relativa a la composición química de los productos, las instrucciones de uso y las evaluaciones de seguridad ambiental y de salud.

El Instituto de Salud Pública del Ministerio de Salud supervisa el registro de los pesticidas de uso sanitario y doméstico. En 1990, 24 de los 110 pesticidas registrados en Chile no cumplían los niveles de tolerancia del Organismo de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos. En el año 2000 se creó en el SAG un nuevo departamento para fortalecer la fiscalización de la legislación sobre pesticidas, y se formó una comisión que asesoraría al SAG respecto de los efectos de los pesticidas en la salud y el medio ambiente. Los miembros de la comisión representan a la CONAMA y a los ministerios de agricultura, salud y trabajo.

En siete regiones se han establecido comités para pesticidas cuya función es coordinar las labores de fiscalización entre las entidades involucradas. Desde el 2002, las empresas fumigadoras tienen que contar con una acreditación; alrededor de 5.000 la han recibido, lo cual debería aumentar la eficiencia del uso de pesticidas en aspectos tales como la densidad, la adaptación a las condiciones del terreno y la oportunidad de las aplicaciones.

Los productos alimenticios para los mercados de exportación deben cumplir los requerimientos de calidad de los países que los importan. En consecuencia, el uso de pesticidas suele ser más alto en los productos para el mercado nacional. Chile aplica los límites (tolerancia)máximos de residuos del Codex Alimentarius de las Naciones Unidas. A los importadores se les solicita que presenten un certificado de venta libre del país de origen. No obstante, se realizan pocas pruebas de residuos a los productos agrícolas que se venden en el mercado nacional.

Chile está preparando un plan nacional de ejecución en el marco del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (COP).El plan debería incluir la fijación de prioridades y los costos de gestión y las actividades de reparación. En una encuesta reciente sobre COP se detecto la presencia de más de 500 kg de sustancias prohibidas ,en su mayoría en las regiones V y X:DDT (82%), aldrín (14%),heptacloro (3%)y hexaclorobenceno (1%). En un 17%de los predios e instalaciones de distribución y almacenaje analizados se encontraron pesticidas prohibidos. También se realizó una evaluación de las instalaciones de almacenaje de COP: el 11% no cumplía las normas y el 47% estaba demasiado cerca de casas, pozos o establos.

En virtud del Protocolo de Montreal, Chile se ha comprometido a eliminar gradualmente las importaciones de bromuro de metilo en el año 2015 (los objetivos provisorios son 283 toneladas a fines de 2004 y 203 toneladas en el 2006). Se están desarrollando alternativas, sobre todo para el cultivo de tomates, ají y fruta.

• Política Gubernamental y Normativa Vigente Aplicable al Sector Agropecuario

La explosiva incursión de Chile en los mercados internacionales, la firma de una serie de Tratados y Acuerdos con distintos países del mundo y al incremento de las exigencias de los consumidores internos y externos, la actividad Silvoagropecuaria se ha visto obligada a adoptar estándares de producción acordes a estas exigencias.

En este contexto la política agraria impulsada por el estado tiene como principales objetivos:

• Generar condiciones para el desarrollo de una agricultura rentable, competitiva, con capacidad de adaptarse al proceso de apertura e inserción en la economía internacional que ha adoptado Chile como estrategia de desarrollo.

• Contribuir a un desarrollo del sector agropecuario que permita utilizar plenamente todas sus potencialidades y sus recurso productivos, en un marco de sustentabilidad económica, social y ambiental.

La preservación de los recursos naturales se evidencian en distintas iniciativas, algunas expresadas como cuerpos legales y otros en la implementación de instrumentos de fomento que integran variables ambientales en los procesos productivos procurando su sustentabilidad en el tiempo.

Un ejemplo se refleja en los avances para establecer un Plan Nacional de Conservación de Suelos, liderado por CONAMA con participación del Ministerios de Agricultura y sus organismos constituyentes; Oficina de Políticas Agrícolas, SAG, CONAF, Instituto de Desarrollo Agropecuario, Comisión Nacional de Riego. Un segundo ejemplo corresponde a la implementación de un Plan de Acción para la Biodiversidad. Otro Ejemplo lo constituyen “Los Acuerdos de Producción Limpia” y la conformación de la “Comisión Nacional de Buenas Prácticas Agrícolas”, esta última relacionado directamente con el ámbito Agrícola.

La Política Ambiental para un Desarrollo Sustentable, aprobada por el consejo directivo de Ministros en Enero 1998. No trata directamente el tema Agrícola, mas bien da liniamientos generales sobre las actividades productivas y no presenta ninguna acción concreta con respecto a la problemática ambiental en el ámbito Agropecuario.

Por otra parte, la Ley de Bases del Medio Ambiente, en su Párrafo 2, Articulo 10, Letra I, señala que los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental, corresponden a Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Sin embargo, el Articulo 11, señala que los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias:

a) Riesgo para la salud de la población, debido a la cantidad y calidad de efluentes, emisiones o residuos;

b) Efectos adversos significativos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables, incluidos el suelo, agua y aire;

c) Reasentamiento de comunidades humanas, o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos;

d) Localización próxima a población, recursos y áreas protegidas susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental del territorio en que se pretende emplazar;

e) Alteración significativa, en términos de magnitud o duración, del valor paisajístico o turístico de una zona, y

f) Alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico y, en general, los pertenecientes al patrimonio cultural.

Para los efectos de evaluar el riesgo indicado en la letra a) y los efectos adversos señalados en la letra b), se considerará lo establecido en las normas de calidad ambiental y de emisión vigentes. A falta de tales normas, se utilizarán como referencia las vigentes en los Estados que señale el reglamento, como sigue a continuación:

l) Agroindustrias, mataderos, planteles y establos de crianza, lechería y engorda de animales, de dimensiones industriales. Se entenderá que estos proyectos o actividades son de dimensiones industriales cuando se trate de:

l.1. Agroindustrias, donde se realicen labores u operaciones de limpieza, clasificación de productos según tamaño y calidad, tratamiento de deshidratación, congelamiento, empacamiento, transformación biológica, física o química de productos agrícolas, y que tengan capacidad para generar una cantidad total de residuos sólidos igual o superior a ocho toneladas por día (8 t/d), en algún día de la fase de operación del proyecto; o agroindustrias que reúnan los requisitos señalados en los literales h.2. o k.1., según corresponda, ambos del presente artículo.

l.2. Mataderos con capacidad para faenar animales en una tasa total final igual o superior a quinientas toneladas mensuales (500 t/mes), medidas como canales de animales faenados; o mataderos que reúnan los requisitos señalados en los literales h.2. o k.1., según corresponda, ambos del presente artículo.

l.3. Planteles y establos de crianza, lechería y/o engorda de animales, correspondientes a ganado bovino, ovino, caprino o porcino, donde puedan ser mantenidas en confinamiento, en patios de alimentación, por más de un mes continuado, un número igual o superior a trescientas (300) unidades animal.

l.4. Planteles y establos de crianza, engorda, postura y/o reproducción de animales avícolas con capacidad para alojar diariamente una cantidad igual o superior a cien mil (100.000) pollos o veinte mil (20.000) pavos; o una cantidad equivalente en peso vivo igual o superior a ciento cincuenta toneladas (150 t) de otras aves.

l.5. Planteles y establos de crianza, lechería y/o engorda de otros animales, con capacidad para alojar diariamente una cantidad, equivalente en peso vivo, igual o superior a cincuenta toneladas (50 t).

De lo anterior, se puede establecer, que existe reglamentación sobre el sector Agroindustrial y Pecuario principalmente, quedando fuera de esta regulación las explotaciones Agrícolas propiamente tales. Sin embargo como se señalara anteriormente, existen disposiciones y reglamentaciones con respecto al uso de agroquímicos y fertilizantes como también existen regulaciones pertinentes a preservar el patrimonio fitozoosanitario del país.

• INTITUCIONALIDAD AMBIENTAL

La institución ambiental más importante en Chile es la Comisión Nacional del Medio Ambiente - CONAMA, fundada en junio de 1990 mediante el Decreto Nº 249 del Ministerio de Bienes Nacionales. Es la institución del Estado que tiene como misión promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo y coordinar las acciones derivadas de las políticas y estrategias definidas por el gobierno en materia ambiental de los distintos Servicios Públicos. Es funcionalmente descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio y está sometida a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres).

• Objetivos de la CONAMA

• Recuperar y mejorar la calidad ambiental

• Prevenir el deterioro ambiental

• Fomentar la protección del patrimonio ambiental y el uso sustentable de los recursos naturales

• Introducir consideraciones ambientales en el sector productivo

• Involucrar a la ciudadanía en la gestión ambiental

• Fortalecer la institucionalidad ambiental a nivel nacional y regional

• Perfeccionar la legislación ambiental y

• Desarrollar nuevos instrumentos de gestión

• Funciones de CONAMA

Proponer al Presidente de la República las políticas ambientales del Gobierno

• Informar al Presidente sobre el cumplimiento y aplicación de la legislación vigente en materia ambiental

• Actuar como órgano de consulta, análisis, comunicación y coordinación en materias relacionadas con el medio ambiente

• Mantener un sistema nacional de información ambiental, desglosada regionalmente, de carácter público

• Administrar el SEIA a nivel nacional, coordinar el proceso de generación de normas de calidad ambiental y determinar los programas para su cumplimiento

• Colaborar con las autoridades competentes en la preparación, aprobación y desarrollo de programas de educación ambiental orientados a crear una conciencia nacional sobre la protección al medio ambiente, preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental, y a promover la participación ciudadana en estas materias

• Coordinar a los organismos competentes en materias vinculadas con el apoyo internacional a proyectos ambientales, y ser, junto con la

• Agencia de Cooperación Internacional del Ministerio de Planificación y Cooperación, contraparte nacional en proyectos ambientales con financiamiento internacional

• Financiar proyectos y actividades orientados a la protección del medio ambiente, preservación de la naturaleza y conservación del patrimonio ambiental

• Asumir todas las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende

• Estructura y Organigrama de CONAMA

Estructuralmente la CONAMA se organiza como se muestra en la Figura 1. Los órganos constitutivos y su nivel de competencia se muestran en la Figura 2.


Figura 1: Organigrama y Miembros de los distintos Organismos que Conforman la Comisión Nacional del Medio Ambiente

Fuente: http://www.induambiental.cl/1615/propertyvalue-37257.html#h2_2


Figura 2. Órganos Constitutivos de la Comisión Nacional del Medio Ambiente Ordenados de Acuerdo a su Nivel de Competencia Nacional o Regional y de Acuerdo a su Función como Decisores, Asesores y Coodinadores

Fuente: http://www.induambiental.cl/1615/propertyvalue-37257.html#h2_2

• Organismos Relacionados

Los Consejos Nacionales de Desarrollo Sustentable (CNDS) corresponden a una iniciativa surgida en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992. La finalidad de estos consejos es asegurar la participación de los diferentes grupos sociales nacionales en los procesos de toma de decisión respecto del desarrollo sustentable y en la puesta en acción de la Agenda 21.

• Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS) de Chile

Es un órgano asesor del Presidente de la República, que realiza sus funciones mediante la acción concertada de agentes públicos y privados para asegurar la participación de los grupos sociales nacionales en las decisiones relativas a dichos propósitos.

• Instituciones gubernamentales vinculadas

Existen instituciones del aparato estatal que cumplen principalmente un rol de regulación, fiscalización y sanción o actúan como entidades de fomento productivo.

Servicio de Salud Metropolitano del Ambiente

Comisión Nacional de Energía

Corporación de Fomento de la Producción

Consejo Nacional de Producción Limpia

Centro Nacional de Producción Limpia (INTEC)

Instituto de Fomento PesqueroCentro de Información de Recursos Naturales

Centro de Investigación Minera y Metalúrgica

Instituto de Investigaciones Agropecuarias

Instituto Forestal de Chile

Fundación para la Innovación Agraria

Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones

• Organismos No Gubernamentales ONG's

Existen otras instituciones, a nivel no gubernamental, que trabajan en distintos ámbitos de la temática ambiental. Su existencia a partir de movimientos y organizaciones ambientalistas motivadas por conservar la naturaleza comenzó en la década de los '70. Sin embargo, es durante la década de los '90 cuando la toma de conciencia sobre el medio ambiente por parte de la comunidad nacional ha tenido su más notable crecimiento.

• BIBLIOGRAFÍA

• Textos Consultados

CONAMA, 1998. Una Política Ambiental Para el Desarrollo Sustentable. Consejo directivo de Ministros, Gobierno de Chile, Comisión Nacional del Medio Ambiente, Enero 1998. Santiago, Chile.

CEPAL / OCDE. 2005. Evaluación del desempeño ambiental de Chile, ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE), COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). Edición en español © Naciones Unidas, CEPAL, LC/L.2305, ISBN:92-1-322694-2

Gobierno de Chile, Ministerio de Agricultura. Una Política de Estado para la Agricultura Chilena. Período 2000 - 2010. Año 2005.

Katz R., Del Fávero G. Y Sierralta L..1995. Bases Conceptuales y Marco de Referencia Para la Elaboración de Políticas Ambientales en América Latina. Estudios Públicos, Chile. 1995.

Ruiz G. (Ed.). 2005. Manual de Especifícaciones Técnicas de Buenas Prácticas de Manejo de Suelos en Laderas. Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), División de Protección de los Recursos Naturales Renovables.

• Paginas Web Consultadas

Legislación y Política ambiental :(Induambiental) http://www.induambiental.cl/1615/propertyvalue-37257.html#h2_2

Legislación y Temas ambientales referentes a Ley de Bases del Medio Ambiente y su Reglamentación Vigente: http://www.conama.cl/portal/1255/channel.html

Extracto de Katz et al., 1995.

Extraído de CONAMA, 1998.

CEPAL / OCDE. 2005.

CEPAL / OCDE. 2005.

Ruiz G (Ed.). 2005.

Lagos M. (Ed.). 2005.

Ruiz G (Ed.). 2005. Op. cit.

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