Existen diversas nociones de Persona, los cuales varían desde el punto de vista que sean analizados o concebidos; además que ha evolucionado con el transcurrir de los años. Aunque el objeto de estudio del presente trabajo es la persona desde el punto jurídico, no esta de más el conocer sus diversas y variadas acepciones.

La Constitución Estatal señala a partir del 26 de Mayo de 2009 en el párrafo segundo del Artículo 1°: “Para los efectos de esta Constitución y de las leyes que de ella emanen, persona es todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos.”

Como podemos observar la definición anterior trae consecuencias jurídicas diversas, que van incluso en contra de lo que hemos venido observando, ya que esta definición nos supone una “persona jurídica” con sólo derechos de goce y sin obligaciones. Va en contra de las situaciones, no sólo supuesta de la doctrina, sino es contrario de figuras legales que analizaremos posteriormente como el nasciturus, sin tomar que no cumple con las características propias de la persona física.

La doctrina dominante distingue dos categorías de personas, unas reales, que son seres vivientes y otras “ficticias”, que sólo tienen existencia imaginaria, de cuya diferencia hablaremos más adelante.

Los atributos de las personas físicas o seres humanos son los siguientes: Capacidad, Estado Civil, Patrimonio, Nombre, Domicilio y Nacionalidad, los citados atributos son constantes y necesarios en toda persona física, según se explicará después al tratar cada uno de ellos.

Tradicionalmente el Derecho Civil ha considerado que la personalidad comienza con el nacimiento y termina con la muerte. Sin embargo desde tiempos muy antiguos, casi podríamos decir desde que se tiene noticia escrita de las normas jurídicas, éstas han concedido derechos específicos al no nacido (tema que analizaremos posteriormente).

La definición de persona física en nuestro código civil la encontramos en los siguientes artículos:

Artículo 20. Son personas físicas los individuos de la especie humana, desde que nacen hasta que mueren. Se reputa nacido el feto que, desprendido enteramente del seno materno, vive veinticuatro horas o es presentado vivo al Registro Civil.

Artículo 21. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código.

Lo que como hemos visto se contrapone a lo señalado actualmente a la Constitución Política del Estado.

Nos dice Galindo Garfias: “Así mismo, ciertos fines que el hombre se propone, no son realizables o lo serían de manera difícil, si pretendiera alcanzarlos mediante un solo esfuerzo individual, por lo que ante ese supuesto, el hombre se asocia con los demás hombres y constituye agrupaciones (sociedades, asociaciones de diversa índole) para alcanzar tales fines, combinando sus esfuerzos y sus recursos con los de otros individuos, a fin de lograr aquellos propósitos que no puede por sí solo realizar. En ese evento, el Derecho ofrece instrumentos idóneos para dar unidad y coordinación a esas fuerzas, que de otra manera actuarían dispersas, y así atribuye la calidad de personas (personas morales) a esas colectividades que adquieren unidad y cohesión, a través de la personalidad (persona moral, jurídica o colectiva), permitiéndoles por medio de esa construcción técnica, adquirir individualmente a imagen y semejanza del ser humano y actúan así en el escenario del Derecho, como sujetos de derechos y obligaciones.

De acuerdo al derecho que las regula, las personas se dividen no atendiendo ya a su existencia, sino al derecho por el que son reguladas.

Cuando las personas son clasificadas de acuerdo al derecho público se dividen en:

Es la estructura político-administrativa del estado. Ejemplo: nación, departamento, distrito, municipios.

Son aquellas que siendo del estado mantienen una estructura independiente como empresa. Ejemplo: colegios, empresas industriales y comerciales del estado.

Si atendemos al derecho privado las personas que regula esté se dividen en:

En ellas el objeto social o la función es lo más importante (sin ánimo de lucro) por ejemplo: fundaciones.

Es un contrato con aporte de dinero de dos o más personas con el fin de obtener utilidades y después repartirlas entre los socios o accionistas.

Diócesis, Arquidiócesis y Parroquias: Es propiamente la iglesia, no importa cual sea su forma o regulación interna, su objetivo esencial es la devoción a Dios.

Grupo de personas con objetivos afines los cuales encaminan esfuerzos con beneficio personal y social. Ejemplo la Corporación Regional Autónoma, Asociación de Amigos del Campo y Fundación Nueva Arco Iris.

I. De Personas: Es el nombre de la persona la carta de presentación como socio para su constitución. Se divide en colectiva y en comandita simple. Los libros contables que deben llevar son: Libro mayor y de Balances, Libro de Inventario y Balances, Libro de Registro de Operaciones Diarias, Libro de Actas, de Registro de Socios, de Asambleas y de Juntas; según sea el caso.

a) Colectiva: Se caracteriza porque la responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria con las operaciones y responsabilidades de la empresa, es decir, todo lo que posean es de la sociedad y uno cubre al otro en el pago de sus deudas. Su razón social se forma con el nombre y/o apellidos de uno o varios socios acompañados de las siglas "Hmnos", "& Cía.", "E Hijos".

Su razón social se forma con el nombre y/o apellidos de uno o varios socios acompañados de las siglas "Hmnos", "& Cía.", "E Hijos".

b) En Comandita Simple: Se constituye con uno o más socios colectivos o gestores y uno o más socios comanditarios, las personas mantienen la responsabilidad total del negocio como en las colectivas por tanto que los segundos limitan su responsabilidad hasta el monto de sus respectivos aportes. La razón social igual al de la sociedad colectiva pero agregándole S en C "Sociedad en Comandita".

II. De Capital: Por todo lo contrario, no importa la procedencia del socio sino el dinero que posea para constituir la sociedad. Se dividen en comandita por acciones y anónimas.

a) En Comandita por Acciones: Se forma con uno o más socios colectivos o gestores y cuatro o más comanditarios cuya responsabilidad se limita al monto de sus aportes. Su razón social es la de la Sociedad Colectiva acompañado de la sigla S.C.A.

b) Anónima: Es la sociedad de capital por excelencia, quizás las empresas más grandes del país. Su capital está dividido en partes grandes llamadas acciones y para constituirse legalmente tiene que presentarlo así: El 100% es el capital autorizado, tiene que suscribir no menos del 50% y tiene que pagar 1/3 del capital suscrito. Su nombre social va acompañado de la sigla S.A. o Sociedad Anónima.

Sus dueños o accionistas no son allegados y no se conocen unos a otros, esta sociedad para poderse constituir tiene que tener al primer momento como mínimo 5 accionistas. Ejemplo: Avianca S.A., Industrial del Cuero S.A., todos los bancos comerciales son S.A.

III. Mixta: En esta sociedad se deben tener las dos condiciones, su persona y tener dinero, en esta modalidad encontramos las de responsabilidad limitada.

a) De Responsabilidad Limitada: Al constituirse los socios responden hasta el monto de sus respectivos aportes por los compromisos que contraiga la sociedad. Su nombre social se forma con un nombre cualquiera acompañado de la sigla Ltda. O la palabra Limitada. Ejemplo: Almacén La Paz & Cía. Ltda. Los aportes se pagarán totalmente al constituirse la sociedad.

La personalidad humana comienza con el nacimiento y termina con la muerte del ser humano, pero esto va mucho más allá del mero y simple concepto de vida y muerte, ya que es la concepción particular sobre estás que tenga cada sistema jurídico lo que nos marcará las pautas a seguir.

Sobre el comienzo de la persona existen distintas teorías vinculadas a momentos biológicos determinados o a circunstancias caprichosas agregadas a ellos, en un momento dado, por unas u otras legislaciones. Admítese, aparentemente sin discusión, que la existencia biológica de las personas comienza con la concepción, esto es, con la fecundación que se produce en el óvulo por la presencia en él de un espermatozoide. Legislaciones hay entonces que reconocen la existencia de la persona a partir de ese momento. Otras que toman en consideración el momento mismo del nacimiento, esto es, el de la expulsión del feto por parte de la madre, exigiendo que se encuentre vivo y agregando, en veces, la necesidad de que se produzca una separación completa, esto es, se lleva a cabo el corte del cordón umbilical. Legislaciones hay también que, a más de exigir la vitalidad anteriormente mencionada, es decir, la circunstancia de que la criatura nazca viva, demandan algunas condiciones adicionales enderezadas a precisar que la criatura está en condiciones de sobrevivir, para lo cual exigen, por ejemplo, que sobreviva en efecto un determinado número de horas. Es esta la teoría denominada de la viabilidad. Otras hay, por último, para no extendernos innecesariamente sobre el punto, que exigen la presencia de ciertas condiciones intrínsecas, sin las cuales se considera que la criatura viva no estaría en condiciones de desarrollar el nivel de inteligencia indispensable para sobrevivir y sobre todo para integrarse socialmente. Desde luego, las legislaciones suelen mezclar unas y otras pero podríamos sostener que la teoría más extendida es la de la vitalidad que, como dijimos, implica el que la criatura nazca viva y, por regla general, se separe integralmente de la madre.

Sin embargo, y aún en legislaciones que consagran la teoría de la viabilidad, se encuentran disposiciones enderezadas a proteger los derechos del que está por nacer, es decir, del ente concebido aún no nacido, de manera que en caso de que nazca se le atribuya los derechos y obligaciones que le hubieren correspondido de haber nacido a la fecha en que estos derechos y obligaciones pudieron radicarse en su cabeza.

En el hombre, junto con su existencia física termina su vida jurídica. Por lo tanto la muerte pone fin a la personalidad jurídica del hombre.

Ajenas a nuestro Derecho la esclavitud y la “muerte civil”, la única forma de acabar con la personalidad jurídica del hombre es la muerte (cesación definitiva de la vida).

Un caso de especial interés por su trascendencia es el de los conmorientes, esto es el de aquellas personas que siendo entre sí sucesoras mueren en un mismo acto o desastre como guerra, naufragio, accidente de aviación, sin que pueda determinarse en forma fehaciente quién murió antes y quién después, pues el muerto con posterioridad heredará el primeramente muerto y, consecuentemente, transmitirá a sus propios herederos, no sólo sus bienes adquiridos con anterioridad, sino aquellos pudiere adquirir por virtud de la herencia con anterioridad, sino aquellos que pudiere adquirir por virtud de la herencia con anterioridad, sino aquellos que pudiere adquirir por virtud de la herencia del conmoriente; de aquí su importancia de la fijación del momento de la muerte.

Premoriencia: Consiste en que el orden de las muertes se determina mediante la presunción de que sobrevive el más fuerte, determinación ésta que se hace a base de criterios objetivos como el sexo y la edad.

Este sistema es criticado porque presenta una solución arbitraria porque en muchos casos la sobrevivencia no tiene relación ni con el sexo ni con la edad, ni siquiera con la fortaleza, y existen otras situaciones además del sexo y edad que podrían influir en la capacidad de un individuo a la hora de hacer frente a los peligros de la muerte, como por ejemplo: defectos físicos y mentales, estados de salud, etcétera.

Universalmente se considera que los cadáveres no son objeto de propiedad, ni de apropiación, que no están en el comercio, y que por tanto no pueden ser objeto de contratación. Esa es la idea que inspira a la Ley General de Salud cuyo art. 336, se establece: “los cadáveres no pueden ser objeto de propiedad y siempre serán tratados con respeto y consideración”.

Aun cuando no puede decirse que la persona sea propietaria de su propio cadáver, pues un muerto no puede tener propiedad sobre ninguna cosa, se considera universalmente, que el sujeto puede disponer de su propio cadáver, no ejerciendo derecho de propiedad, sino por las consideraciones de respeto que debe merecer su misma condición de persona. Así, en orden a su entierro, se considera que deben cumplirse las indicaciones hechas por el fallecido, si éstas son posibles.

No está configurada la ausencia, por el solo hecho de no encontrarse una persona en su domicilio; es necesario que el ausente no haya dejado quien lo represente, que se ignore su paradero y que no se tenga certeza sobre su existencia o fallecimiento.

La ausencia es un hecho de que una persona haya desaparecido de su domicilio, sin que se tenga noticia de él, de manera que no se sepa si ha muerto o vive. El estado de incertidumbre, es lo que caracteriza a la ausencia desde el punto de vista jurídico.

El estado de incertidumbre a que antes nos referimos, que proviene de esa falta de noticias, debe prolongarse por un tiempo determinado y además, se requiere la existencia de esa situación, hay sido confirmada por una resolución judicial.

Se debe distinguir entre los ausentes, los no presentes y los desaparecidos. Los no presentes, son aquellos que no se encuentran en su residencia o domicilio, sobre cuya existencia no se tiene duda alguna.

El desaparecido es aquel a quien se ha dejado de ver a partir de un accidente o de una catástrofe y existen serías probabilidades de que en ella haya encontrado la muerte, de modo que su defunción es probable.

Diverso es el caso de la ausencia, porque la incertidumbre sobre la vida o la muerte, se debe a la falta prolongada de noticias, que no nos permite saber, ni siquiera presumir, si una persona ha fallecido.

La ausencia, tiene su origen en el Código Civil de Napoleón.

La situación de ausencia interesa al consorte, a sus descendientes, a quienes están ligados con él por lazos de parentesco y, en general, a todos aquellos con quienes el ausente tiene alguna relación jurídica.

La ausencia es un procedimiento técnico jurídico, para resolver, aunque no se en forma definitiva, numerosos problemas que surgen con la desaparición de una persona, relativos a sus bienes, a los derechos de los presuntos herederos, a la situación del cónyuge, a la protección de los hijos menores y en fin, a los acreedores de la persona cuyo paradero se ignora.

A) Medidas provisionales. La ausencia sólo produce efectos después de una verificación regular del Poder Judicial.

El procedimiento judicial de ausencia, se inicia ante el juez, a petición de parte o de oficio, cuando una persona ha desaparecido, se ignora el lugar donde se halla y no ha dejado quien lo represente.

Otro caso que guarda semejanza, en algunos efectos jurídicos, con la muerte, es la declaración de presunción de muerte. Ésta presupone la ausencia del sujeto de su domicilio, por el tiempo, y previo los trámites que marca la ley. Podemos anticipar que en este caso, no hay fin de la personalidad, sino sólo un procedimiento cautelar de los bienes del ausente, en beneficio de él mismo y de sus herederos.

Los juristas romanos señalaban como tiempo probable de vida del ser humano de setenta años; por lo tanto, podría suponerse que una ausencia de tal forma prolongada cuando por la edad de ausente, éste había excedido ese límite de supervivencia, supondría fundamentalmente su muerte.

Marcel Planiol señala que se propuso en Francia, se tuviera por muerto al ausente, siempre que hubiera transcurrido un plazo de cien años de su nacimiento, pero que dicha proposición no encontró eco ni legislativo ni doctrinario.

La situación actual en las legislaciones occidentales, es la de considerar que se requiere de prueba plena para tener por muerta a alguna persona, independientemente de la edad que pudiera tener o de lo prolongado de su ausencia, “la ausencia por prolongada que sea, nunca produce la certidumbre de la defunción… el ausente no está ni muerto ni vivo” –dice Planiol–. De aquí que cuando la muerte de una persona no puede comprobarse fehacientemente la personalidad jurídica no puede extinguirse y por consiguiente no pueden transmitirse sus derechos y obligaciones sino que sus relaciones jurídicas, quedan suspendidas hasta la muerte del ausente o la certidumbre de su fallecimiento.

El nombre de las personas físicas se forma con uno o más nombres propios y los apellidos (patronímicos).

Se compone del nombre propio (Pedro, Pablo, Rosa, María Candelaria, Juana María, Rodrigo, etc.) y el nombre de familia, apellido o patronímico (Rosas, Garza, Martínez, etc.).

Rafael de Pina comenta: “El modo de adquisición del nombre de familia es la filiación. El nombre propio se escoge o se impone por los familiares; el de familia (patronímicos) viene determinado forzosamente, sin que pueda cambiarse por capricho.

El nombre patronímico o de familia no pertenece en propiedad a una persona determinada, sino que es común a todos los miembros de la familia, por lo que para determinar el de cualquier persona es preciso no solamente poder ligarla legalmente a una persona determinada, sino, además, conocer el nombre que llevan los miembros de dicha familia”.

El nombre patronímico o apellido, se adquiere:

Por filiación consanguínea (matrimonial o extramatrimonial), hijo nacido de personas unidas en matrimonio; o bien, hijo nacido de personas que viven en unión libre, pero reconocido por el padre y por la madre. En este último caso, el acta de nacimiento surte efectos de reconocimiento del hijo en relación a los progenitores que aparezcan en el acta.

Por sentencia judicial: La sentencia judicial que haya causado ejecutoria, que declare que el hijo es de un determinado padre o de una determinada madre.

La misma sentencia ordenará que se envíe una copia certificada de los puntos resolutivos al Oficial del Registro Civil que corresponda, a fin de que anote el sentido del fallo pronunciado, en el acta de nacimiento del interesado, y en su caso en la de matrimonio y entodas las demás actos inscritos de la misma persona.

Hijo reconocido sólo por la madre (madre soltera): El hijo de madre soltera llevará el nombre propio que se le imponga y los apellidos de la madre.

Significa, por una parte, que cada persona no tiene sino un solo estado civil y un solo estado político y que, por tanto, todo estado excluye cualquier otro contrario a él, respecto a una misma persona. Se es casado o soltero, pariente o extraño, nacional o extranjero.

Quiere decir que no se puede transmitir por un acto de voluntad a otra persona, y de éste carácter deriva que el estado, no puede ser objeto de transacción o de compromiso, ni ser cedido en manera alguna. De esta característica deriva la consecuencia de que el estado es un bien no patrimonial, es decir, no es valuable en dinero.

El estado es imprescriptible, pues no se adquiere, ni el derecho a él desaparece, con el transcurso del tiempo.

Se dice que una persona se halla en posesión de estado, cuando ostenta públicamente de una manera regular y constante un estado civil (estado de hijo) que puede o no coincidir, con el que jurídicamente le pertenece.

El estado civil de las personas sólo se comprueba con las constancias relativas del Registro. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para comprobar el estado civil, salvo los casos expresamente exceptuados en la ley. (Artículo 47 del CCG).

La ley no da una definición clara de nacionalidad, por lo que tenemos que recurrir a los doctrinarios para precisar qué se entiende por dicho concepto.

Por nacer de progenitores que tienen la nacionalidad que un determinado Estado reconoce como propia, no importa que dicho nacimiento ocurra fuera del territorio estatal correspondiente;

Por nacer en el suelo de un Estado considerado como territorio propio, no importa si los que nacen en dicho territorio son hijos de nacionales de otro Estado.

Dichos principios están reconocidos expresamente en el artículo 30, apartado A, de nuestra Carta Magna.

El texto del referido Apartado es:

A).- Son mexicanos por nacimiento:

I.- Los que nazcan en el territorio de la República, sea cual fuere la nacionalidad de sus padres (jus soli);

II.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, de padre mexicano nacido en territorio nacional, o de madre mexicana nacida en territorio nacional (jus sanguini);

III.- Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización, o de madre mexicana por naturalización; y

IV.- Los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sean de guerra o mercantes.

En el mismo artículo, pero en el Apartado B, se regula la nacionalidad por naturalización.

Dicho apartado expresa literalmente:

B).- Son mexicanos por naturalización:

I.- Los extranjeros que obtengan de la Secretaría de Relaciones carta de naturalización.

II.- La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o mujer mexicanos, que establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y que cumplan con los demás requisitos que al efecto señale la Ley.

A la nacionalidad mexicana por nacimiento se la clasifica como originaria y a la de naturalización como derivada.

La capacidad es la aptitud para ser sujeto de derechos y obligaciones.

Existen dos clases de capacidad: de goce y de ejercicio. La primera, o sea, la posibilidad de ser sujeto de derechos y obligaciones, la tiene todo individuo por el hecho de ser persona, pues el artículo 21 del CCG estatuye: “La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se extingue por la muerte; pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le tiene por nacido para los efectos declarados en el presente Código”.

La capacidad de goce es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.

El CCG define en su Artículo 28 al domicilio de una persona física como “…es el lugar donde reside con el propósito de establecerse en él; a falta de éste, el lugar en que tiene el principal asiento de sus negocios; y a falta de uno y otro, el lugar en que se halle.”

De la anterior definición, se desprenden dos elementos; uno de carácter objetivo, representado por la residencia de una persona en cierto lugar, y otro subjetivo, el cual consiste en el propósito de esa persona de radicar en el lugar en donde haya elegido su residencia.

El domicilio legal de una persona es el lugar donde la ley le fija su residencia, aunque de hecho no esté allí presente. (Artículo 31 y 32 CCG)

Se reputa domicilio legal:

I. Del menor de edad no emancipado, el de la persona a cuya patria potestad está sujeto;

II. Del menor que no esté bajo la patria potestad y del mayor incapacitado, el de su tutor;

III. De los militares en servicio activo, el lugar donde están destinados;

IV. De los funcionarios y empleados públicos, el lugar donde desempeñan sus funciones por más de seis meses. Los que por tiempo menor desempeñan alguna comisión no adquirirán domicilio en el lugar donde la cumplen sino que conservarán su domicilio anterior;

V. De los sentenciados a sufrir una pena privativa de la libertad por más de seis meses, la población en que la extingan, por lo que toca a las relaciones jurídicas posteriores a la condena; en cuanto a las relaciones anteriores los sentenciados conservarán el último domicilio que hayan tenido.

Es el que ejercerá una persona en asuntos vinculados con un procedimiento.

No todos los autores aceptan el patrimonio como uno de los atributos de la personalidad.

La persona humana, como presupuesto que es el orden jurídico, tiene unos derechos, que le son necesarios para lograr sus fines, y que consecuencia, le pertenecen por su misma condición de persona. Ese campo de acción jurídica, no le es dado por el Derecho, sino que en cierto sentido, es un antecedente del orden jurídico y por tanto debe ser respetado por el Derecho Positivo, por la superioridad ontológica de la persona frente a la norma jurídica.

El concepto derechos de la personalidad según CARBONNIER es de origen germánico. La gran mayoría de los autores que abordan el tema han adoptado este concepto, sin embargo algunos también se refieren a derechos personalísimos o incluso derechos morales del ser humano. Líneas atrás hemos mencionado algunas de las denominacions utilizadas para significar lo que nosotros abordaremos como derechos de la personalidad, en razón de ello no abordaremos cada concepto, limitándonos únicamente a hacer tal señalamiento.

La gran mayoría de los autores nacionales se refiere a derechos de la personalidad. Encontramos dos opiniones divergentes, en cuanto al concepto: GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ y GUITRÓN FUENTEVILLA. Mientras GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ se refiere a ellos como patrimonio moral o derechos de la personalidad, GUITRÓN FUENTEVILLA habla de derechos humanos subjetivos fundamentales. En general todos ubican su estudio en el apartado de las personas, y estos dos autores son los únicos que hacen aportaciones al tema en el campo del derecho mexicano. La gran mayoría se limita a tomar concepto y definición a partir de la experiencia en otros sistemas jurídicos: Francia, España o Estados Unidos.

GUITRÓN FUENTEVILLA expone una visión personal en su trabajo Los derechos humanos subjetivos fundamentales de la persona física jurídica. De acuerdo con el autor, la denominación derechos humanos subjetivos fundamentales (DHSF) que sostiene es la correcta, "ya que la naturaleza jurídica de éstos, consiste en que son derechos subjetivos, humanos, fundamentales de la persona física jurídica", dividiéndolos en dos grupos: los de materia civil y familiar.

De acuerdo con tal concepción, los DHSF se caracterizan por una doble protección según se trate de unos u otros: civil y familiar. En el primer caso se protegería la integridad física y la integridad moral del ser humano; en el segundo, el aspecto familiar.

Por su parte GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ utiliza el término patrimonio moral para referirse a los derechos de la personalidad, los cuales define como los bienes constituidos por determinadas proyecciones, físicas o psíquicas del ser humano, relativas a su integridad física y mental, que las atribuye para sí o para algunos sujetos de derecho, y que son individualizadas por el ordenamiento jurídico.

Para explicar la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad recurriremos a las teorías más comunes para, a partir de ellas, adoptar una postura acorde con el texto legal federal, sin olvidar las posiciones de los códigos locales. La dogmática jurídica ha sido pródiga para explicar la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad, que hasta el momento sigue siendo cuestionable. Se destacan tres teorías que pretenden vislumbrar el contenido de esta institución jurídica: la del ius in se ipsum defendida, entre otros por GÓMEZ DE AMESCUA y CARNELUTTI; la pluralista representada por DE CUPIS y la negativa, defendida por DE CASTRO. A continuación nos referiremos a ellas.

La teoría del ius in se ipsumdefendida por GÓMEZ DE AMESCUA y Samuel STRYCK en el siglo XVII, habla de un derecho único de la persona sobre su propio cuerpo. Aquí se pretende y entiende que el hombre, como sujeto, como persona, tiene un derecho sobre sí mismo, sobre su cuerpo, en tanto es considerado como cosa. Existe un único derecho de goce del propio cuerpo, integrado tal derecho por diversas relaciones de utilidad, que no podrían considerarse constitutivos de otros tantos derechos de la personalidad.

La teoría pluralista considera que el objeto de los derechos de la personalidad está constituido por los modos de ser físicos y morales de la persona; "su característica principal es que se encuentra con la persona en una conexión estrechísima". Para DE CUPIS la teoría tiene "importancia práctica, en cuanto lleva al intérprete a mantener la tutela jurídica del individuo humano en términos más razonables y ajustados al derecho positivo".

En la teoría negativa, se entiende que la "protección de la esfera de la personalidad debe utilizar, como figura central la del bien jurídico en lugar de la del derecho subjetivo". Para abundar sobre el tema de la naturaleza jurídica de los derechos de la personalidad remito a la bibliografía ya señalada en notas.

De lo dicho hasta el momento puede apreciarse que la doctrina no ha sido uniforme al tratar los derechos de la personalidad, y esto, ha repercutido en los ordenamientos y evolución legal de aquéllos. Podemos afirmar que la doctrina moderna coincide en otorgar a la figura de los derechos de la personalidad tres caracteres: son innatos, personalisimos y extrapatrimoniales. Veamos cada uno de ellos.

Son innatos u originario toda vez que pertenecen al hombre por el hecho simple de ser hombre, por razón de nacimiento, sin que para adquirirlos sea menester un modo o título legal de adquisición. Son personalísimos puesto que se está en presencia de derechos individuales, privados y absolutos. Individuales, porque sólo son propios de la persona física, del individuo. Privados, porque pertenecen al individuo en cuanto tal. Absolutos, porque son eficaces frente a todos, están dotados de eficacia erga omnes, como los derechos reales; respecto de ellos, existe un deber universal o general de respeto. Por último, son llamados extrapatrimoniales por considerarse fuera del comercio, esto es sumamente importante ya que todo el tratamiento jurídico privilegiado o de especial amparo que reciben estos derechos se justifica precisamente, por razón de la dignidad de la persona, que no puede ser objeto de tráfico jurídico.

Esta última característica implica que los derechos de la personalidad son irrenunciables por su titular; son inexpropiables e inembargables, ya que al carecer de valor económico resultan inestimables e inútiles como objeto de expropiación o embargo: sólo tienen relevancia para su titular, no para los demás; son imprescriptibles, no pueden extinguirse por prescripción, solo acaban con la muerte de su titular.

Otra enunciación de los caracteres de los derechos de la personalidad es la siguiente: son innatos, vitalicios, de objeto interior, inherente, extrapatrimonial, relativamente indisponible, absoluto, privado y autónomo (además de necesarios y esenciales).

De acuerdo con los criterios sostenidos por la legislación y doctrina nacional, tenemos que los derechos de la personalidad aceptan varias clasificaciones. En este apartado analizaremos la que nos ofrece la doctrina extranjera, representada por DE CUPIS y las que en el ámbito nacional exponen GUITRÓN Fuentevilla Y Gutiérrez Y González, para posteriormente referirnos a la redacción del CCF, tratando de definir los conceptos ahí vertidos.

Este autor italiano, conocido por su obra en dos volúmenes I diritti della personalitá considera que los derechos de la personalidad se comprenden en cinco grandes apartados: I) Derecho a la vida y a la integridad física; II) Derecho a la libertad; III) Derecho al honor y a la reserva; IV) Derecho a la identidad personal, y V) Derecho moral de autor (y del inventor). En el primer rubro aparecen el derecho a la vida, a la integridad física y el derecho sobre las partes separadas del cuerpo y sobre el cadáver. En el tercer rubro, se comprende el derecho al honor, a la reserva (el cual comprende, además de otras manifestaciones, el derecho a la imagen) y al secreto; en el cuarto apartado se comprende al nombre (también sobrenombre, seudónimo y los nombres extrapersonales), el título y el signo figurativo.

De acuerdo con este autor, y luego de sugerir su división en dos grupos: civiles y familiares, los DHSF o derechos de la personalidad comprenden:

a) la protección física, material, externa o corpórea, dentro de la cual se encuentran: el derecho de protección de la vida, del cuerpo, de sus partes, de su integridad física, de la imagen y de la disposición del cuerpo y sus partes;

b) la protección íntima, interna, moral o corpórea, que comprende: el derecho a la intimidad, de la integridad moral, de la dignidad humana, del honor, del secreto profesional, telefónico, telegráfico, epistolar y audiovisual; el derecho de la vida privada, de los derechos intelectuales o de autor y el de la voz; y,

c) la protección póstuma de la persona física jurídica; así, se integran en esta protección: la del cadáver, el prestigio del muerto, de las reliquias, funerales y tumbas; los recuerdos de familia; la cremación y depósito de las cenizas, la exhumación y la donación o venta de las partes del cadáver.

Los primeros dos apartados comprenden los derechos de la personalidad, o DHSF, en “materia civil” y el último, en “materia familiar”. Lamentablemente el autor en comento no explícita el contenido de cada uno de ellos, limitándose a exponer su clasificación en los términos anotados. Si apunta, por otra parte, a considerar los DHSF como derechos subjetivos, al argumentar que “hay un derecho subjetivo al permitir a su titular exigir el cumplimiento del derecho que él tiene para que sea respetada su integridad; y por otro lado, el deber jurídico de todo el mundo o de personas determinadas para que se cumplan, respetando esa integridad y, en caso contrario, surgirá una responsabilidad y como consecuencia una indemnización”. Son fundamentales por tenerlos todas las personas, aún cuando la tutela jurídica no ha sido totalmente definida. Otro aspecto que vale la pena destacar de estos DHSF es que aparecen reservados a la persona física jurídica, quedando por tanto fuera del alcance de las personas morales o colectivas.

Por su parte, y con un cimiento teórico más profundo y aportando más elementos para su discusión, GUTIÉRREZ Y GONZÁLEZ dedica un gran apartado de su obra El patrimonio al tema, asimismo su posición se aprecia en mejor magnitud en el Proyecto de Código Civil de Nuevo León en el cual se dedican varios artículos a los derechos de la personalidad.

Apoyado, según sus propias palabras en las ideas de DE CUPIS y de NERSON, considera a los derechos de la personalidad dentro de tres amplios campos: a) Parte social pública; b) Parte afectiva y c) Parte físico somática. Esta división es la contemplada en el Anteproyecto del Código Civil para el Estado Libre y Soberano de Nuevo León (1990); cuya referencia a los derechos de la personalidad comprende los artículos 32 al 74 inclusive.

1) el derecho al honor o reputación; 2) el derecho al título profesional; 3) el derecho al secreto o a la reserva ; 4) el derecho al nombre; 5) el derecho a la presencia estética, y 6) los derechos de convivencia.

Comprende los derechos de afección en dos grandes ámbitos: el familiar y el de amistad.

Comprende: 1) el derecho a la vida; 2) el derecho a la libertad; 3) el derecho a la integridad física; 4) los derechos ecológicos; 5) los derechos relacionados con el cuerpo humano , y 6) los derechos sobre el cadáver.

En el Anteproyecto referido, se hace extensiva a la persona moral el goce de tales derechos “en lo que sea compatible con la naturaleza jurídica de ésta” (art. 32); y establece que “se podrá conferir protección a otros derechos de la personalidad no previstos en este Código en sus siguientes artículos, pero nunca podrá suprimir los que se reconocen en este ordenamiento”. Este autor es el único de los consultados que se preocupa de establecer el contenido de cada una de las divisiones consideradas para los derechos de la personalidad.

Por cuanto hace a la redacción del CCF no encontramos una clasificación estricta de los derechos de la personalidad, sino que tenemos una simple enumeración de los bienes protegidos por la figura del daño moral: sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, asimismo se atiende a la consideración que de sí misma tienen los demás. De lo anotado, consideramos que el CCF atiende a la doble perspectiva manejada en la doctrina española: interna y externa, inmanente o trascendente, en tratándose del bien de la personalidad honor: “Desde el punto de vista interno, el honor es la propia estimación, la estimación que uno tiene de sí mismo. Desde la perspectiva externa, el honor es la estimación en que los otros nos tienen”.

Apoyamos la posición de Gutiérrez Y González, según la cual, es evidente de las clasificaciones y definiciones analizadas, que el tema de los derechos de la personalidad es un tema de carácter cultural, puesto que el catálogo de tales derechos variará según el criterio y costumbres que priven en una colectividad humana, y también según cada época. Este catálogo, se verá cada día afectado por el avance de las ciencias físicas y naturales.

El primero y más importante de los derechos de la personalidad. El bien más importante que puede tener una persona humana es la vida mismo, y sin ella, no es posible siquiera hablar de otros derechos. Por tanto, el derecho a la vida se presenta como un derecho esencial desde le punto de vista del sujeto, y como uno de los pilares básicos, quizá el más importante de todo el orden jurídico. El derecho existe para respetar y hacer respetar la vida del hombre.

Como toda persona tiene derecho a vivir, hay una obligación universal en todos los demás de respetar su vida.

Dividiremos esta sección de estudio en los derechos sobre el propio cuerpo y los derechos sobre el cuerpo ajeno. Muchas de estas situaciones tienen relación íntima con el derecho a la vida tratado en el apartado anterior, y por tanto será en ocasiones difícil distinguir si la materia corresponde al derecho a la vida o al derecho sobre el cuerpo. Lo específico de este apartado es la consideración de situaciones que no son de vida o muerte, pero implican por parte del sujeto la disposición de partes de su cuerpo o ponen éste en peligro, y por parte de terceros, si es posible adquirir derechos sobre el cuerpo de otra persona o realizar en ese otro cuerpo ajeno determinados actos que lo afectan o modifican, ya sea con el consentimiento del sujeto o sin él.

En principio, el sujeto no tiene derechos sobre su propio cuerpo. Sin embargo, esta afirmación es demasiado general, y necesita ser matizada, pues cuando la disposición sobre el propio cuerpo no pone en peligro la vida, o al menos no la pone directamente en peligro, no puede negarse que el sujeto posee una cierta disposición sobre su propio cuerpo. El bien del cual no puede disponer el sujeto es su propia vida, pero puede disponer de su cuerpo en tanto no ponga en peligro aquélla.

Entra también en este apartado todo lo relativo a la donación de órganos no esenciales para la vida, donación de sangre, nodrizas, etc.).

Si bien el derecho actual prohíbe la esclavitud, el lenocinio y cualquier otra forma de explotación del cuerpo ajeno. Es referido a la responsabilidad sobre la protección de los no nacidos, el cuidado de los comatosos y la donación de órganos de los declarados clínicamente muertos.

Es por el mal uso del propio cuerpo, la interacción debida algún infortunio o las agresiones, se deberá repara el daño en caso de lesiones causadas con o sin intención.

Como hemos visto, el cadáver ya no es una persona. Sin embargo, no podemos clasificarlo jurídicamente como una cosa, o al menos no debe considerarse sujeto al régimen de todas las cosas, pues ninguna de ellas ha sido antes persona. Así, el cadáver en virtud de la dignidad de la persona a la que perteneció, y cuya forma y apariencia sigue conservando, debe tener un régimen especial.

Son todos aquellos elementos que convierten a la persona en un ser único, con una sola identidad y destino.

Es necesario conocer la finalidad práctica del nombre. No hay ninguna disposición legal que indique expresamente cómo debe formarse el nombre de las personas, pero está señalado por muchas disposiciones la obligación que tiene todo individuo de tener un nombre.

El nombre responde a la necesidad de identificar a la persona, su reconocimiento, identificación e individualización de la persona, es para facilitar dicha identificación.

Todo hombre que hace una cosa, tiene derecho a ella. Esto es en términos generales, lo que se conoce como derecho de Autor. Sin embargo, es necesario distinguir entre los derechos patrimoniales y los derechos extrapatrimoniales del autor. Aquí sólo se considerarán los segundo, haciendo una pequeña referencia a los primeros para marcar su existencia y encuadrar el campo de estudio.

Son los derechos derivados sobre la materia o cosa en la que se hace una obra y el derecho del autor a explotar y disponer de la creación intelectual.

El derecho a ser o no publicado, bajo decisión del autor, y el derecho de paternidad sobre una obra intelectual.

Es el derecho a ser digno de aprecio de la sociedad a la que se pertenece en el sentido de:

Hay unanimidad universal al admitir que lesionar al prójimo en la salud o en sus bienes fungibles merece castigo; el trámite que se siga para conseguirlo dependerá de la idiosincrasia de los pueblos y puede ir desde el método primitivo de hacer justicia con las propias manos a la denuncia formal ante la autoridad. Penosamente esta unanimidad no es tal cuando se lesiona el honor y la fama; para muchos no es delito punible. Más terrible es cuando se convierte en “el deporte favorito” de determinadas sociedades o grupos humanos: hablar mal de otro (persona o institución), mejor si goza de prestigio por el lugar que ocupa, es como una catarsis para sus frustraciones.

La dignidad de la persona, sea quien sea, exige un reconocimiento público precisamente por ser persona. Este reconocimiento es lo que llamamos derecho al honor y a la fama. Reputación que se puede violar cuando se afirma de palabra (o con el silencio cuando no se la defiende), ante otros, de un hecho falso o de hechos reales pero desfavorables para el sujeto. En el primer caso estamos ante una calumnia y en el otro, ante una detracción. Ambas, comúnmente, se las engloba en el término difamación.

La difamación es una grave falta contra la caridad y la justicia. El amor supone un deseo de bien (es) y de alabanza a los demás. La justicia exige reconocer la fama y el buen nombre, aun ante la existencia de defectos reales, de los otros.

Las personas no se agotan en una determinada acción, es decir nadie es calificado como ángel porque ha hecho una buena acción, ni como demonio porque ha cometido una falta como consecuencia de su heredada naturaleza herida. La riqueza de la persona humana es tan grande que ni el mismo San Pablo se considera capaz de juzgar a nadie: Dios es el único juez. Es en la familia, en el colegio y en la universidad donde se debe formar en el respeto por la intimidad de los demás.

“En cualquier hombre –escribe Santo Tomás de Aquino- existe algún aspecto por el que los otros pueden considerarlo como superior, conforme a las palabras del Apóstol “llevados por la humildad, teneos unos a otros por superiores” (Philip.II,3). Según esto, todos los hombres deben honrarse mutuamente. La humildad es una virtud que lleva a descubrir que las muestras de respeto por la persona –por su honor, por su buena fe, por su intimidad- no son convencionalismos exteriores sino las primeras manifestaciones de la caridad y de la justicia…”

El Derecho a la vida privada (objeto de estudio del Derecho a la Intimidad), como Derecho autónomo tiene su punto de partida el año de 1890, ya que antes era incluido en otros Derechos.

Este Derecho es incorporado normativamente en el Perú en La Constitución Política de 1979, posteriormente en el Código Civil de 1984 y como delito en el Código Penal de 1991.

Intimidad es la parte interior que solamente cada uno conoce en sí mismo. Es el máximo grado de inmanencia, es decir, aquello que se almacena en el interior. Lo íntimo está protegido por sentimientos del pudor. Por su parte, en la expresión de la intimidad se colocan en juego la capacidad de dar y la posibilidad de dialogar con otra intimidad diferente. La capacidad de dar consiste en entregar algo de la intimidad y que la persona lo reciba como propio. Esta expresión se obtiene a través del lenguaje, el cual puede ser verbal, corporal y expresivo. El hombre necesita expresarse con los demás.

La divinidad humana, dentro de la esfera de lo social, se garantiza en la medida en que se tenga la posibilidad de conservar su privacidad, entendida como aquel fuero interno que sólo puede interesar al ser humano como individuo o dentro de un contexto reducido de personas que en últimas está determinada por el consentimiento de quien es depositario de su existencia.

El diccionario de la real academia define intimidad como zona espiritual, íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia.

Se trata del "Derecho a ser dejado sólo y tranquilo o a ser dejado en paz", este es un elemento conceptual integrante del Derecho a la vida privada, vale decir, como un derecho de la personalidad. Se desarrolla como consecuencia del conflicto con la libertad de información.

Al producirse la intromisión arbitraria del informador en aspectos concernientes a la intimidad de la persona se remarca el Derecho a la soledad (el Derecho a impedir dicha intromisión).

Es el Derecho a gozar de la soledad: el Derecho que tiene cada persona a no ser objeto de una publicidad ilegal, el Derecho a vivir sin interferencias ilegales del público en lo concerniente a asuntos en los cuales el público no tiene un legítimo interés.

El Derecho a la vida Privada encuentra su fundamento en la libertad y dignidad del individuo, es un Derecho personal que forma parte de la propia vida y que deriva del Derecho a la Libertad, son inalienables, creyentes en la primacía de la persona humana y en que todos los hombres tienen igual dignidad, tienen derecho de validez universal, anteriores y superiores al Estado.

En primer lugar, la personalidad, en Derecho significa “la condición de ser persona”. Sólo tienen personalidad las personas, sean físicas o por una ficción jurídica (pero tras la cual en última instancia siempre hay una persona física o más), las llamadas personas jurídicas.

En cuanto a los entes sin personalidad jurídica y a los cuales se les reconoce una cierta sustancia como agrupación de titularidades jurídicas (por ejemplo, la herencia yacente que abarca la propiedad de una casa, un coche y una deuda con Hacienda), tienen en común la nota de que las titularidades, sea en el presente o en el futuro, serán finalmente imputables siempre a unos sujetos. En derecho no existen titularidades eternamente carentes de titular.

El hecho de que los sujetos de derecho que carecen de personalidad jurídica y habrán de actuar a través de un representante legal.

Encontramos diversos sujetos de derecho sin personalidad jurídica, la razón por la que aun careciendo de personalidad requieren de la existencia de representantes sobre las obligaciones o derechos que por su propia naturaleza jurídica especial recaen sobre ellos.

Es aquel individuo de la especie humana desde que es concebido hasta que nace. Si bien es cierto que no tiene personalidad jurídica, el derecho le reconoce que puede llegar a ser titular de determinadas facultades.

Dichas facultades son diversas, tales como: derecho a la herencia, ser reconocido y ser objeto de donaciones.

Dichas razones, principalmente la última, fuerza a nombrar un representante de dicho nasciturus.

Es un ejemplo al formar un patrimonio familiar y la sociedad conyugal.

En este apartado estudiaremos las características del patrimonio de la familia, que se encuentran contempladas en el Código Civil del Estado en el Título Decimosegundo, las cuales son las siguientes:

Cada familia puede constituir un patrimonio de familia con bienes ubicados en el Municipio en que esté domiciliado el que lo constituya. (art. 775 del CCG).

Los bienes que constituyen el patrimonio de familia serán considerados fuera del comercio y en consecuencia no podrán ser enajenados, ni gravados, ni embargados en procedimiento alguno. (art. 775 del CCG).

Cada familia sólo puede constituir un patrimonio con aportación de bienes de uno o varios miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Los que se constituyan con posterioridad no producirán efecto legal alguno, subsistiendo el primero. (art. 777 del CCG)

El bien afectado queda como resguardo para el bienestar de la familia a cuyo favor se constituyó.

Obligación de habitar el bien y/o trabajar la tierra, el arrendamiento requiere permiso del juez. (art. 783 CCG)

La constitución del patrimonio familiar no hace pasar la propiedad de los bienes que a él quedan efectos, del que lo constituye a los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado. Estos sólo tienen derecho de disfrutar de esos bienes, según lo dispuesto en el artículo siguiente. (art. 772 CCG)

Tienen derecho de habitar la casa y de aprovechar los frutos de los bienes afectos al patrimonio familiar, el cónyuge del que lo constituye y las personas a quienes tiene obligación de dar alimentos. (art. 773 CCG)

Este derecho es intransferible. (art. 773 CCG)

Los beneficiarios de los bienes afectos al patrimonio familiar serán representados en sus relaciones con terceros, en todo lo que al patrimonio se refiere, por el que lo constituyó y, en su defecto, por el que nombre la mayoría, o el Juez si requeridos los interesados no hacen la designación. (art. 774 CCG).

El representante tendrá la administración de dichos bienes.

Protección del patrimonio familiar obligatoria para el Ministerio Público en caso de peligrar la obligación de los alimentos por mal uso del mismo. (art. 782 CCG)

La constitución del patrimonio familiar no puede hacerse en fraude de los derechos de los acreedores. (art. 783 CCG)

Gratuidad de asentamiento del patrimonio familiar en el Registro Público de la Propiedad. (art. 790 CCG).

Extinguido el patrimonio familiar, los bienes que lo formaban vuelven al pleno dominio del que lo constituyó y, en su caso, al de quien los haya aportado. Si el constituyente ha muerto, pasan a sus herederos. (art. 789 CCG)

Se debe ver al patrimonio de familia como una propiedad propia de los dos cónyuges e hijos, ya que ésta no tiene personalidad jurídica propia, sino que solamente es un conjunto de bienes pertenecientes al titular y de disfrute para los hijos. Este conjunto de bienes se distingue por su función y por las normas que la ley dicta en su protección.

Garantizar la subsistencia y el desarrollo de los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado. (Art. 771 CCG).

De acuerdo al artículo 771 del CCG es susceptible de constituirse como patrimonio familiar lo siguiente:

1. Una casa habitación;
2. El menaje de uso ordinario de la casa habitación;
3. Tratándose de familia campesina, además de los señalados por las fracciones anteriores, la porción de tierra del dominio pleno de cuya explotación se sostenga la familia;
4. La maquinaria, instrumentos y animales propios para el trabajo de la tierra; y
5. Los instrumentos, aparatos, útiles, semovientes y libros necesarios para el arte, oficio o profesión de que dependa la subsistencia de la familia.

La manera en que se constituye el patrimonio familiar en el Estado esta descrito en los artículos 779 al 781, los cuales versan de la siguiente forma de acuerdo a la última reforma publicada en el Periódico Oficial del Estado el 13 de Junio de 2008:

Artículo 779. El miembro del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, que quiera constituir el patrimonio familiar, lo manifestará por escrito ante el juez de su domicilio, señalando con toda precisión y de manera que puedan ser inscritos en el Registro Público, los bienes que van a quedar afectados.

Además, comprobará lo siguiente:

I. Que es mayor de edad o que está emancipado;

II. Que tanto el constituyente como quienes aportan a la constitución del patrimonio familiar, tienen capacidad de ejercicio;

III. La existencia del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, a cuyo favor se va a constituir el patrimonio. La comprobación de los vínculos familiares se hará con las copias certificadas de las actas del Registro Civil;

IV. Que el núcleo familiar o la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, ésta domiciliada en donde se quiere constituir el patrimonio;

V. Que son propiedad del constituyente los bienes destinados al patrimonio familiar y que no reportan gravámenes fuera de las servidumbres;

VI. La manifestación de la voluntad por escrito de los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, que aporten bienes a la constitución del patrimonio familiar, salvo que sea constitución conforme a lo señalado por el artículo 782; y

VII. Que los bienes no exceda del valor fijado en el artículo 778.

En tratándose de reemplazo de algún o algunos bienes afectos al patrimonio familiar, el constituyente deberá señalar por escrito ante el juez, con toda precisión el bien que deberá darse de baja y el nuevo que ha de quedar en su lugar. El registrador público procederá a hacer la anotación correspondiente, dando de baja el bien sustituido y señalando con todas sus especificidades el nuevo bien. Para efectos de lo señalado por este párrafo deberá cumplirse con los requisitos establecidos en las fracciones III, V y VII y, en su caso, la fracción VI, de este artículo.

Artículo 780. Si se llenan las condiciones contenidas en el presente capítulo, el juez, previos los trámites que fija el Código de la materia, aprobará la constitución del patrimonio familiar y mandará que se hagan las inscripciones correspondientes en el Registro Público.

Artículo 781. Cuando el valor de los bienes afectos al patrimonio familiar sea inferior al máximo fijado en el artículo 778, podrá ampliarse el patrimonio hasta llegar a este valor. La ampliación se sujetará al mismo procedimiento señalado para su constitución.

“…El valor comercial máximo de los bienes afectos al patrimonio familiar, será la cantidad que resulte de multiplicar por ciento diez el salario mínimo general vigente en la entidad, elevado al año en la fecha en que se constituye el patrimonio…”, por lo que si hacemos el calculo de dicha suma a la fecha actual sería: $2’085,792.⁵⁰

Cuando el valor comercial señalado en el peritaje o avalúo presentado por el constituyente produzca duda en el juez, éste ordenará a costa del interesado la realización de un nuevo peritaje o avalúo por parte de otro perito.

“…Los bienes que hayan quedado afectos al patrimonio familiar gozarán de los privilegios que establece este capítulo, aun cuando aumenten de valor por el solo transcurso del tiempo o por mejoras útiles o necesarias…”.

El CCG señala en su artículo 785 las causas por las que se puede extinguir el patrimonio familiar:

I. Cuando todos los beneficiarios cesan de tener derecho de percibir alimentos;

II. Cuando sin causa justificada los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, dejen de habitar por un año la casa que debe servirles de morada, o dejen de trabajar por su cuenta durante dos años consecutivos la tierra respectiva;

III. Cuando se demuestre que hay gran necesidad o notoria utilidad para los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado, de que el patrimonio quede extinguido; y

IV. Cuando por causa de utilidad pública se expropien los bienes que lo formen.

La declaración de que queda extinguido o disminuido el patrimonio familiar la hará el Juez competente, mediante el procedimiento que corresponda de acuerdo con el Código de Procedimientos Civiles, y la comunicará al Registro Público para que se hagan las cancelaciones o anotaciones correspondientes.

Cuando el patrimonio familiar se extinga por la causa prevista en la fracción IV del artículo que precede, hecha la expropiación, el patrimonio queda extinguido sin necesidad de declaración judicial, debiendo hacerse en el Registro la cancelación que proceda. (art. 786 CCG)

El artículo 787 del CCG nos señala, la forma en que habrá de actuarse en caso de que los bienes sujetos al patrimonio familiar sufran un siniestro y estos estén asegurados.

El artículo 788 del CCG nos señala los casos en que podrán disminuirse dicho patrimonio:

I. Cuando se demuestre que su disminución es de gran necesidad o de notoria utilidad para los miembros del núcleo familiar o de la familia, compuesta ésta por los parientes consanguíneos hasta el segundo grado; y

II. Cuando por causas posteriores a su constitución y que no sean de las expresadas en el artículo 778, ha rebasado en más de un ciento por ciento el valor máximo que pueda tener conforme al mismo artículo.

El Ministerio Público será oído en la extinción y en la reducción del patrimonio familiar.

En todo lo relativo a la sucesión de los bienes del patrimonio familiar, se observarán las siguientes disposiciones (art. 670 CPCG), que no se opongan a las siguientes reglas:

I. Con la certificación de la defunción del autor de la herencia, se acompañarán los comprobantes de la constitución del patrimonio familiar y su registro, así como el testamento o la denuncia del intestado;

II. El inventario y avalúo se harán por el cónyuge que sobreviva o el albacea, si estuviere designado, y, en su defecto, por el heredero que sea de más edad; el avalúo deberá ser firmado por un perito oficial o, en su defecto, por cualquier comerciante de honorabilidad reconocida;

III. El juez convocará a junta a los interesados, nombrando en ella tutores especiales a los menores que no tuvieren representante legítimo, o cuando el interés de estos fuere opuesto al de aquellos, y procurará ponerlos de acuerdo sobre la forma de hacer la partición. Si no logra ponerlos de acuerdo, nombrará como partidor a un empleado oficial, capacitado para ello y que disfrute sueldo de Erario, para que, en el término de cinco días, presente el proyecto de partición, que dará a conocer a los interesados, en una nueva junta a que serán convocados por correo certificado.

En esa misma audiencia oirá y decidirá las oposiciones, mandando hacer la adjudicación.

IV. Todas las resoluciones se harán constar en actas y no se requieren peticiones escritas de parte interesada para la tramitación del juicio; y

V. El acta o actas en que consten las adjudicaciones pueden servir de título a los interesados.

La sucesión en general supone sustituir una persona en el lugar de otra en una relación jurídica que, no obstante tal transmisión, sigue siendo la misma.

La sucesión puede ser intervivoso mortis causa.

La causa de todo tipo de sucesión mortis causa, es la contemplatio mortis, unida al designio o intención de favorecer a determinadas personas.

Por ello se excluyen de la sucesión aquellas relaciones jurídicas que se extinguen por la muerte del causante y en cambio se incluyen las no preexistente pero surgidas por la muerte del mismo.

El causante sólo puede ser persona física pues el fallecimiento real u oficialmente declarado sólo se da en la persona humana.

En el sistema de ordenación del derecho civil, pandectista o de Savigny, el derecho de sucesiones es uno de los cuatro tratados de la parte especial del derecho civil. En cambio, en el plan clásico o romano–francés se le considera como una forma de adquirir el dominio.

Sobre el fundamento de la sucesión mortis causa se ha suscitado gran controversia y al margen de las teorías negativas que niegan a este tipo de sucesión cualquier fundamento racional y que han sido formuladas por las escuelas socialistas basándose fundamentalmente en la no aceptación del derecho de propiedad privada cuando menos respecto de los bienes de producción, las teorías positivistas lo han fundamentado desde un punto de vista jurídico y de política legislativa.

En el primer sentido como señaló Cicu, la sucesión por causa de muerte responde a una necesidad social de seguridad que exige la continuidad de las relaciones jurídicas. Supuesta esta necesidad en su organización intervienen criterios de política legislativa, por lo que será muy distinta según la relevancia que se dé a factores como: el interés familiar, la perpetuación de la propiedad o de los intereses sociales, a partir de los cuales la sucesión mortis causa se configura del siguiente modo:

– Se produce la canalización de una parte del caudal relicto hacia la comunidad a través de un sistema de impuestos progresivos que gravan la sucesión.

– Se consagra el principio de libre voluntad del causante con el límite de las legítimas.

En los casos que de un intestado, menores de edad e incapaces, la ley prevé la designación de un albacea, que velara por la conservación de los bienes así como en otras cuestiones.

El régimen denominado sociedad conyugal, establece una verdadera comunidad entro los consortes, sobre la totalidad de los bienes presentes y futuros o solamente sobre éstos, según convengan las partes en las capitulaciones correspondientes. Puede además incluir la sociedad entre cónyuges, una coparticipación sobre los productos del trabajo de uno de los consortes o de ambos.

La representación de la sociedad conyugal es ejercida conjuntamente por los cónyuges, sin perjuicio de lo dispuesto por el Código Procesal Civil. Cualquiera de ellos, sin embargo, puede otorgar poder al otro para que ejerza dicha representación de manera total o parcial, o nombrar a un administrador de la misma.

Para las necesidades ordinarias del hogar y actos de administración y conservación, la sociedad es representada indistintamente por cualquiera de los cónyuges.

Es una cosa perteneciente a varios propietarios se halla en indivisión cuando el derecho de cada propietario recae sobre la totalidad (uno sobre una porción determinada) de la cosa común. La parte de cada uno no es, por tanto parte material sino una parte alícuota que se expresa mediante una cifra: un tercio, un cuarto, un décimo. El derecho de propiedad esta dividido entre ellos; la cosa no es indivisa.

El dueño inicial o constructor debe otorgar poder a una sola persona que puede representarlo como dueño de todas las unidades privadas.

La figura del condominio como se denomina también en el Derecho Italiano, copropriétése denomina en el francés, halla su correspondencia española en la comunidad de bienes; ahora, el condominio tal como se le entiende en los demás países europeos y aquí en México, equivale en España a la propiedad horizontal, cuyo nombre es un tanto discutible porque su ley se aplica tanto a los edificios verticales, como a los horizontales.

La importancia que tiene la persona dentro de cualquier Sistema Jurídico que se precie de serlo, hace indispensable el estudio de los derechos del mismo, como hemos podido ver en el transcurso de este trabajo, no resulta sencillo el abarcar todas las aristas que supone la persona física.

Su misma complejidad resulta desde su propio origen y sus diversas acepciones, sus clasificaciones, su origen, su fin y un largo etc.

Como hemos visto si bien, el concepto de ser humano tiene coincidencias con el de persona, jurídicamente estos conceptos son completamente distintos y separados, un concepto que tampoco puede ser separado de persona es el de personalidad, que es una característica intrínseca de la persona, que además da como resultado diversos atributos propios de la paersonalidad, los cuales nos van llevando por el reconocimiento de los derechos de la personalidad que ahora sabemos no debe confundirse con los derechos humanos y mucho menos con los derechos de la persona. Todos estos derechos van encaminados en proteger el derecho de la persona a ser persona. Incluso dejando de serlo.

Y nos encontramos además con sujetes jurídicos que a pesar de ser carentes de personalidad, requieren de representación para responder de derechos obligaciones, rompiendo así el paradigma de la antigua definición de persona.

• Baqueiro Rojas, Edgar y Otra. “Derecho Civil, Introducción y Personas”. Ed. Oxford, México 2000
• Bonnín, Eduardo. “Ética matrimonial, familiar y sexual”, Segunda Edición, Ed. San Pablo, México 2002
• Carrillo Castro, Alejandro, La Doble Nacionalidad, Memoria del Coloquio, Palacio Legislativo, Porrúa, México, 1996
• De Pina, Rafael. “Elementos de Derecho Civil”, Ed. Porrúa, México 1998
• Galindo Garfías, Galindo. “Primer curso de Derecho Civil”, Ed. Porrúa, México 2000
• Gallo Gutiérrez, Felipe de Jesús, “Derecho de la Personalidad”, Trabajo publicado en Línea en Monografías.com, http://www.monografias.com/trabajos5/derpe/derpe.shtml, fecha de consulta 10 de Agosto de 2009
• Pacheco, A. “La persona en el Derecho Civil Mexicano”, Ed. Panorama, México. 1985
• Peniche López, Edgardo. “Introducción al Derecho y Lecciones de Derecho Civil”. Ed.Porrúa, México 1989
• Rojina Villegas, Rafael. “Compendio de Derecho Civil I: Introducción, Personas y Familia”, Ed. Porrúa, México 1997
• Treviño García, “La persona y sus atributos”. Universidad Autónoma de Nuevo León, México 2002

1. Introducción 1

1.1. Diversas acepciones de la voz persona. 1

1.1.1. En la antigüedad 1

1.1.2. En la edad media 2

1.1.3. En la Edad Moderna y Contemporánea 3

1.1.4. Para la Enciclopedia en línea Wikipedia 5

1.1.5. Definición de Persona Humana (Etíca) 5

1.1.6. Persona Natural 7

1.2. Concepto Jurídico 8

1.2.1. Acepción jurídica 9

1.2.1.1. La persona según la Constitución Política del Estado de Guanajuato 9

1.2.2. Distinción de dos clases de personas 10

1.2.3. Principales atributos 10

1.3. Clasificación de las personas 10

1.3.1. Por su presencia física o ideal 11

1.3.1.1. Personas Físicas 11

1.3.1.1.1. Comienzo de la Persona 11

1.3.1.1.2. Persona física para el Código Civil del Estado de Guanajuato 12

1.3.2. Por el derecho que las regula 13

1.3.2.1. De Derecho Público 13

1.3.2.1.1. Entes Territoriales 13

1.3.2.1.2. Entidades Descentralizadas: 13

1.3.2.2. De Derecho Privado 13

1.3.2.2.1. Asociaciones o corporaciones 14

1.3.2.2.2. Sociedades 14

1.3.2.2.3. De Derecho Canónico 14

1.3.2.2.4. Asociaciones o corporaciones: 14

1.3.2.2.5. Sociedades Comerciales 14

2. La persona física 16

2.1. Principio y fin de la personalidad 16

2.1.1. Concepción del ser humano 16

2.1.2. Nacimiento biológico y jurídico 16

2.1.3. La muerte del ser humano 17

2.1.3.1. Conmoriencia y Premoriencia 18

2.2. El cadáver humano 19

2.2.1. Naturaleza jurídica 19

2.2.2. Disposición del cadáver 20

2.3. La ausencia y su declaración judicial 21

2.3.1. Periodos de la ausencia 22

2.4. La presunción de muerte 22

3. Atributos de la personalidad 23

3.1. Nombre 24

3.1.1. Cómo se forma 25

3.1.2. Caracteres del nombre 25

3.1.3. Adquisición del patronímico (apellido) 26

3.2. Estado civil 28

3.2.1. Caracteres del estado civil. 29

3.2.1.1. Indivisible. 29

3.2.1.2. Indisponible. 29

3.2.1.3. Imprescriptible. 29

3.2.1.4. Objeto de posesión. 30

3.2.2. Pruebas del Estado Civil 31

3.3. Nacionalidad 31

3.3.1. Ius Sanguini (originaria) 31

3.3.2. Ius Soli (originaria) 32

3.3.3. Nacionalidad por naturalización o derivada 32

3.4. Capacidad jurídica 33

3.4.1. Especies 34

3.4.2. Incapacidad de ejercicio. 35

3.5. Domicilio 36

3.5.1. Diversas Clases de Domicilio: 36

3.5.1.1. Voluntario. 36

3.5.1.2. Legal 36

3.5.1.3. Procesal 37

3.5.1.4. Convencional 37

3.6. Patrimonio 37

4. Derechos de la personalidad 39

4.1. Concepto 39

4.2. Naturaleza 41

4.2.1. Caracteres de los derechos de la personalidad 42

4.3. Clasificación 43

4.3.1. Clasificación propuesta por De Cupis. 43

4.3.2. Clasificación propuesta por Guitrón Fuentevilla. 44

4.3.3. Clasificación propuesta por Gutiérrez y González. 45

4.3.3.1. La parte social pública 45

4.3.3.2. La parte afectiva 45

4.3.3.3. La parte físico somática 45

4.3.4. Código Civil Federal 46

4.4. Estudio específico de cada uno 47

4.4.1. Derecho a la vida 47

4.4.1.1. El no nacido 47

4.4.2. Derechos sobre el cuerpo humano 48

4.4.2.1. Derecho sobre el propio cuerpo 48

4.4.2.2. Derecho sobre el cuerpo ajeno 49

4.4.2.3. La reparación del daño a causa de lesiones 49

4.4.3. Derechos sobre el cadáver 49

4.4.4. Derecho a la libertad Personal 50

4.4.5. Derecho a la individualidad 50

4.4.5.1. Derecho al nombre 50

4.4.5.2. Derechos del autor 50

4.4.5.3. Derechos patrimoniales 51

4.4.5.4. Derechos extrapatrimoniales 51

4.4.6. Derecho a la consideración social 51

4.4.6.1. Derecho al honor y la fama 51

4.4.6.2. Derecho a la intimidad personal 53

4.4.6.2.1. Origen: 53

4.4.6.2.2. Definición: 53

5. Sujetos de derecho sin personalidad jurídica 54

5.1. Concepto 54

5.2. Características 55

5.3. Estudio específico 55

5.3.1. Nasciturus 55

5.3.1.1. La situación jurídica del nasciturus. 55

5.3.2. Familia 59

5.3.2.1. El Patrimonio Familiar en nuestro Estado 59

5.3.2.1.1. Características jurídicas 59

5.3.2.1.2. Finalidad del Patrimonio Familiar 61

5.3.2.1.3. Bienes susceptibles de formar parte del Patrimonio Familiar 61

5.3.2.1.4. Procedimiento para constituir el Patrimonio Familiar en el Estado de Guanajuato 62

5.3.2.1.5. Valor máximo del patrimonio familiar de acuerdo al Art. 778 del CCG. 63

5.3.2.1.6. Causas de Extinción del Patrimonio Familiar 64

5.3.2.1.7. En caso de siniestro del patrimonio y este asegurado. 65

5.3.2.1.8. Casos en que se puede disminuir el patrimonio familiar 65

5.3.2.1.9. Transmisión hereditaria del Patrimonio familiar: 65

5.3.3. Sucesión mortis causa 66

5.3.3.1. Representación del patrimonio en la sucesión mortis causa 67

5.3.4. Sociedad conyugal 67

5.3.4.1. Representación de la Sociedad Conyugal 68

5.3.5. Copropiedad 68

5.3.5.1. Representación en la copropiedad 69

5.3.6. Condominio 69

5.3.6.1. Sobre la representación del Condominio 69

Conclusiones: 70

Bibliografía: 71

Índice. 72