PARTIDOS POLITICOS Y SOCIEDAD CIVIL

Durante muchos años los actores tradicionales en el quehacer político y público fueron los partidos políticos y el Estado, éste último a través de sus diferentes órganos. Los partidos políticos, que representaban cada uno en el pasado reciente una cosmovisión particular y un proyecto de sociedad y del Estado, monopolizaban la intermediación entre la ciudadanía y el gobierno, entendido éste como la personalización del Estado. Articulaban las demandas de los distintos sectores de la sociedad y las formulaban al gobierno en busca de respuesta pertinente y oportuna. Los temas o asuntos que no eran articulados y formulados por los partidos, difícilmente podían ser conocidos por las instancias de¡ gobierno. Además de esta función, esencial en el sistema político, le correspondía también con exclusividad a los partidos la preparación y entrenamiento de los cuadros dirigenciales que ocuparían los cargos de la administración pública, así como la presentación de los candidatos a los cargos electivos.

El Estado, por su parte, tenía asignada la conducción del país y la realización de las funciones, tareas y actividades que aseguraban la estabilidad del sistema y el bienestar material y espiritual de los ciudadanos y ciudadanas. Además de sus responsabilidades de dirección y control tenía también los de ser el principal motor de la economía y del desarrollo social. Todo lo que se exigía para un funcionamiento adecuado del sistema político y de bienestar de los ciudadanos quedaba en el ámbito de las acciones del Estado-Gobierno y de los partidos políticos.

Partidos políticos y gobiernos asumían todo el proceso político, quedándole solo al ciudadano la elección de las autoridades cada cuatro años, en el mejor de los casos. Se estableció una especie de división de trabajo entre los ciudadanos y la clase política: el pueblo elegía a las autoridades para que decidan y gobiernen, correspondiéndole a los Partidos la exclusividad de la intermediación entre la sociedad y el Estado.

Independientemente de la opinión que se pueda tener sobre la sociedad civil, lo cierto es que su presencia es un hecho y los hechos no se pueden negar. Sólo admiten interpretaciones.

La historia política de cualquier país, sobre todo la reciente en América Latina y en la Europa Central, al menos, evidencia importantes roles desempeñados por organizaciones sociales, sobre todo en los procesos de transición de regímenes autoritarios a la democracia y de la consolidación de ésta, como también en el acompañamiento de sectores sociales y territoriales en actividades de enfrentamiento y solución de problemas que les aquejan, surgidos o agravados por la reducción de los alcances del Estado, o por los efectos negativos de una economía neoliberal donde impera el mercado.

La presencia y vigencia de la sociedad civil como un nuevo actor, incluso su conceptualización, está asociada al rol desempeñado en la transición de regímenes autoritarios (militares y civiles) a la democracia. En base al rol jugado por los partidos políticos y el gobierno en estos regímenes, la sociedad civil los ha considerado responsables de la situación por haber sido sus protagonistas, y esto no ha facilitado posteriormente sus relaciones que, en vez de armonices han sido de tensión. Poco se habla, sin embargo, del rol de la sociedad civil en la consolidación de la democracia, donde se impone una relación diferente frente al Estado y los Partidos, marcada por la colaboración, antes que por el enfrentamiento, en la tarea que debe ser común de democratizar la democracia.

La Sociedad Civil y las organizaciones que la conforman han estado presentes en largas jornadas de defensa de los derechos ciudadanos, observación electoral, demanda de respeto a la institucionalidad democrática, hasta actividades de colaboración con las acciones y autoridades locales o del gobierno central, como también participando en el diseño y ejecución de políticas públicas o proyectos sociales. En estas acciones y espacios éstas organizaciones de la sociedad civil han asumido una cuota de responsabilidad aportando elementos significativos para la consolidación de la democracia y la gobernabiliad del sistema político. No aceptar estas realidad es, simplemente, pretender desconocer los hechos.

Frente al hecho de la presencia y vigencia de estas organizaciones sociales, es decir, de la sociedad civil, cabe preguntarse ¿Cómo ha ocurrido este fenómeno? ¿Qué ha pasado con los actores tradicionales en el sistema político que ha dado lugar al surgimiento y posicionamiento de la sociedad civil como un nuevo actor? Veamos algunas de las posibles explicaciones.

En relación a los partidos políticos debemos partir de su consideración como esenciales a la democracia y a la estabilidad del sistema. Y que es precisamente por esta esencialidad que sus limitaciones tienen tan honda repercusión en la institucionalidad democrática, en la estabilidad política y en la configuración del sistema político.

Desde hace ya algunos años en los sistemas políticos de la mayoría de los países de la región se advierte una opinión ciudadana poco favorable a los partidos políticos, a la política y a los políticos. En relación a los partidos con poco o una gran parte de las encuestas recogen una valor "optimista sobre ellos. En muchas de ellas aparecen como una de las instituciones del sistema político con más baja valoración, que se manifiesta en algunos países, ya no sólo ocasionalmente, en una menor concurrencia ciudadana a las urnas electorales.

En términos generales, se aprecia una disminución en la legitimidad y credibilidad que se le había otorgado a los partidos políticos.

Antes, cuando había una fuerte diferenciación ideológica entre ellos, cada partido representaba un proyecto de nación diferente. Ahora, acusados de una orfandad ideológica que les hace muy parecidos entre sí, actúan más como maquinarias electorales para llegar al poder, y simplemente ejercerlo. De representar cosmovisiones diferentes sobre el Estado y la sociedad, han devenido, en muchos casos, en simples instrumentos para el ejercicio de la gestión pública desde el poder del Estado.

Además, parecidos porque no tienen diferenciación ideológicas fundamentales, tampoco evidencian mucha diferencia en la concepción que tienen sobre la política y, mucho menos, en el ejercicio del poder desde el Estado. Terminan siendo sino iguales, o muy parecidos.

Por otro lado, ha ocurrido también que la función de intermediación entre la sociedad y el Estado, ejercida por los partidos políticos, ha sido cada vez más limitada. La propia consolidación de la democracia con la apertura a una mayor participación, la complejidad de lo económico, lo social y lo político con la globalización, así como la consolidación de grupos sociales y sectoriales emergentes, introduciendo nuevos temas y preocupaciones que no siempre han sido asumidos por los partidos políticos, ha dificultado enormemente la articulación oportuna y eficiente de estos múltiples y frecuentemente contradictorios intereses, para presentarlos en forma de demandas al Estado y a sus diferentes órganos. En esa situación diversas organizaciones han asumido directamente la articulación de intereses y su presentación en forma de demandas al Estado, como es el caso de los asuntos de la mujer y los ecológicos. Ambos tienen vigencia, y han obligado a la formulación de políticas públicas al respecto, más por la acción de las organizaciones de la sociedad civil que por iniciativas de los partidos.

Otras importantes funciones atribuidas en el sistema político a los partidos también están siendo desempeñadas de forma compartida con otras instituciones; tal es el caso de las movilizaciones sociales, la promoción de la participación social y la demanda y formulación de políticas públicas.

La pérdida relativa de legitimidad y credibilidad en los partidos políticos, hasta llegar al descrédito, tienen en Perú y Venezuela los ejemplos más recientes. Todos debemos evitar que procesos como éstos se repitan.

Respecto al otro actor tradicional, el Estado, ha ocurrido algo semejante. Sus ámbitos de competencia se han reducido y sus funciones redefinidas, trayendo como consecuencia el abandono de tareas que antes realizaba y que hacía que en amplios sectores de la población se mantuviera la percepción de que el Estado les asistía, resolviendo algunos de sus problemas.

El neoliberalismo proclamó la necesidad del achicamiento del Estado, la redefinición de sus funciones, (entendido como Gobierno), reclamando, además, una mayor eficiencia en todos los ámbitos de su gestión. El mercado fue presentado como el sustituto del Estado en las actividades que éste abandonaba y en la redefinición de sus funciones. Sin embargo, el mercado que se ha mostrado altamente eficiente para la determinación de los precios y la asignación de recursos, no reporta la misma eficiencia en la distribución equitativa y justa de la riqueza socialmente producida, concretizada en bienes y servicios que procuran el desarrollo integral de las personas. Y el Estado apenas puede compensar esas limitaciones del mercado. El resultado final ha sido que organizaciones de la sociedad civil han tenido que acometer la demanda o solución de problemas que los afectan de manera particular, o conjuntamente con algunas entidades del tren gubernamental. Esta necesidad ha dado oportunidad a una mayor presencia de las organizaciones sociales en los asuntos de interés público y comunitario.

Así pues, Estado y partidos políticos han facilitado, de alguna manera, la presencia de la sociedad civil como un nuevo actor en los asuntos públicos y políticos.

Pero sucede, además, que en la medida de que la democracia se democratiza, haciéndose más participativa, la sociedad civil y las organizaciones que la conforman encuentran mayor espacio y justificación para reivindicar el derecho a solicitar que sus pareceres sean escuchados al momento de elaborarse las grandes decisiones nacionales, participar en la ejecución de las mismas, así como demandar la institucionalidad democrática, la eficiencia en la gestión pública y la intervención directa en los asuntos que les afectan. En fin, la democracia participativa reclama la participación de la sociedad civil.

La sola presencia de un nuevo actor en un espacio que había sido manejado con exclusividad despierta, cuanto menos, un cierto recelo en aquellos actores que se consideraban con derecho único de ocuparlo. El natural recelo puede pasar a rechazo cuando los actores tradicionales perciben que hay un cuestionamiento sistemático sobre el desempeño de sus funciones y que existe la intencionalidad en el nuevo actor de sustituirlos. Eso es lo que ha pasado con la sociedad civil y los partidos políticos. Disminuidas la credibilidad y la legitimidad de los partidos, la sociedad civil ha tenido oportunidad de posicionarse como un nuevo actor en los asuntos de interés público y político, presentándose como alternativa, o permitiendo que se forme esa percepción, o queriendo disputarle algunas funciones que se entendían exclusivas de los partidos.

Llegado a este punto consideramos necesario precisar el concepto y la naturaleza de la sociedad civil.

Toda persona es formalmente un ciudadano o ciudadana, con derechos y deberes establecidos en el ordenamiento constitucional y jurídico adjetivo de todo país. Sin embargo, ser portadora de esta condición jurídica no hace a esta persona un ente activo en la defensa y realización de esos derechos; necesita para ello ejercer y desarrollar su "ciudadanía" y la forma más eficaz de hacerlo es mediante la participación en organizaciones sociales que se forman en torno a distintos asuntos que interesan o afectan a los ciudadanos.

Estamos en presencia de la ciudadana cuando el ciudadano asume plenamente sus derechos y los ejerce, fundamentalmente, a través de organizaciones sociales. Los ciudadanos, asumiendo plenamente la ciudadanía, se organizan en torno a determinados intereses, dando lugar al surgimiento de los sujetos sociales. El conjunto de estos sujetos sociales constituye, la sociedad civil. Por eso se puede afirmar que la sociedad civil es la "ciudadanía organizada".

Convendría ahora tratar de establecer la diferencia especifica entre partidos políticos y sociedad civil. Y consideramos de suma importancia hacerlo porque quizás esto permita aclarar confusiones que están a la base de¡ recelo y rechazo mutuos. Colocados como actores en una misma realidad, solo en la medida de que se conozca y establezca claramente lo que los diferencia podremos estar en condiciones de delimitar fronteras y hasta de compartir espacios y roles.

Consideramos que la nota diferenciadora entre partidos políticos y sociedad civil hay que buscarla en su relación con el poder político. Los partidos políticos son instituciones que tienen como objetivo fundamental asumir el poder de¡ Estado para gobernar. La sociedad civil, por su parte, está formada por organizaciones que tienen como objetivo fundamental presionar a quienes detentan el poder del Estado para que lo ejerzan conforme a la institucionalidad democrática y las exigencias de¡ bien común.

Dicho en otras palabras, "los partidos políticos tienen vocación de gobernar y la sociedad civil de ser bien gobernada". Si aceptamos esta distinción pudiéramos estar en capacidad de comprender y asumir roles exclusivos y roles complementarios entre los partidos políticos y la sociedad civil.

Complementariedad entre Partidos y Sociedad Civil

Como vimos anteriormente, por diferentes circunstancias, los partidos políticos son cuestionados en relación a su credibilidad, legitimidad y desempeño de sus funciones, y el Estado ha visto redefinidas sus funciones y reducida su dimensión y alcances, dando lugar todo ello a una mayor presencia y participación de la sociedad civil en los asuntos de interés público o estrictamente políticos.

Posicionada la sociedad civil como un nuevo actor, los actores tradicionales la han visto con recelo en principio, y con rechazo luego, en la medida de que ésta se presenta como una posible alternativa, con vocación de sustitución o, cuando menos, de desprestigiarlos.

Sin embargo, hemos visto también que si buscamos una diferenciación específica entre partidos políticos y sociedad civil, en base a su relación y vocación respecto al poder ejercido desde el Estado, podemos defender que pueden existir roles exclusivos y otros compartidos, y que en vez de ser mutuamente excluyentes, la democracia se vería fortalecida si se consideran y se asumen como complementarios.

Si a uno le corresponde gobernar y a la otra la aspiración de que la gobiernan bien, parecería que, en principio, más que recelo u oposición debiera existir mutua aceptación y complementariedad. ¿De qué maneras puede colaborar la sociedad civil y las organizaciones que la componen a la consolidación de la democracia, la gobernabilidad del sistema político y complementar a los partidos políticos en sus funciones? Veamos algunos ejemplos.

Antes quisiera abordar el espinoso tema de la representación política. Un argumento regularmente utilizado para descalificar la intervención y participación de la sociedad civil en los asuntos públicos y políticos es que sus voceros o representantes carecen de la legitimidad que confieren los votos de los ciudadanos en las urnas. Se afirma desde el litoral político partidario que más que representar a determinados grupos sociales, se representan a sí mismo por carecer de¡ mandato político para poder hacerlo con la debida legitimidad.

Pienso, sin embargo, que exigirle a la sociedad civil para su participación el mismo tipo de legitimidad que tienen las autoridades electas provenientes de los partidos, es asimilarla a los partidos cuando por su naturaleza y propósitos son diferentes, y deben serio. En la Antropología Social se utiliza el término de significatividad para destacar la importancia y la representatividad relativa de un grupo humano, sin que haya mediado una elección, pero si una consideración generalizada sobre su pertinencia y rol determinante en una situación social determinada. Algo parecido pudiéramos aceptar en relación a la legitimidad de la sociedad civil de reclamar su participación en los asuntos de interés público y políticos, avalado, además, por el hecho de que en la democracia su participación es necesaria y conveniente, sobre todo si quiere ser participativa y representativa a la vez. Debemos convenir en que la legitimidad basada en la representación otorgada en las urnas es particular y propia de los partidos políticos, pues confiere el poder de tomar decisiones, por esta delegación, en nombre y a nombre de los representados que otorgaron tal poder. En el caso de la sociedad, de la legitimidad que hablamos es de presionar, demandar, proponer e involucrarse en los asuntos que les afectan o conciernen. No es para asumir y ejercer el poder, es sólo para reclamar que quienes lo detenten hagan un uso adecuado de él conforme a la constitución, las leyes, la democracia y las exigencias de la justicia y la equidad. Para tener este derecho y este deber no hay que recibir un mandato surgido de las urnas, sino el ejercicio pleno de la ciudadanía, a través de los sujetos sociales a los que se pertenezca.

Volvemos a la complementariedad entre sociedad civil y partidos políticos, en términos de la función de intermediación y articulación de intereses que le corresponde a los partidos. La complementariedad de la sociedad civil puede manifestarse en la formulación de demandas de sectores que no utilizan a los partidos políticos para canalizarías, o que se refieren a temas nuevos o emergentes, aún no asumidos por los partidos. El sistema político necesita que estos sectores y estos temas encuentran un canal adecuado para formular sus demandas.

Otra forma de complementariedad proporcionada por la sociedad civil está en la alerta temprana que puede dar sobre temas importantes que no estén siendo atendidos adecuadamente y que de no serio pudieran derivarse consecuencias negativas en el futuro inmediato.

La complementariedad puede tomar también la forma de una visión de mediano y largo plazo, que trascienda la visión de gobierno que privilegia acometer los asuntos que produzcan una rentabilidad política en el período de gobierno del partido en el poder. El sistema político necesita por igual una visión de gobierno, y una visión de Estado.

La participación en la elaboración de las grandes decisiones nacionales, sin querer desplazar a las autoridades u órganos a los que la constitución y las leyes confieren esta potestad, es otra forma de complementariedad. La sociedad civil puede aportar otras perspectivas y otras alternativas de soluciones, al tiempo de que su participación en la elaboración de las decisiones facilita su defensa e involucramiento en la ejecución de las mismas.

La supervisión de las autoridades en el ejercicio de¡ poder y en el desempeño de las funciones correspondientes puede ser una contribución meritoria de la sociedad civil, a través de la "auditoría social". Esta labor de fiscalización promueve la eficiencia, el respeto a la legalidad y la transparencia, valores de gran transcendencia para la salud de la democracia y de¡ sistema político.

Una manera reciente, pero de gran potencialidad de desarrollo, de cooperación de la sociedad civil con el gobierno es la participación en la gestión de servicios públicos, con la debida supervisión y rendición de cuentas. Esta forma de colaboración, aumentando la cobertura y la eficiencia, ha sido particularmente beneficiosa en el área de la salud, relacionada con la prevención y la atención primaria.

Todo lo anteriormente indicado evidencia que la complementariedad entre los partidos políticos y la sociedad civil es necesaria, conveniente y posible. Para que se produzca sólo se requiere que ambos actores se asuman como tales, para beneficio de la gobernabilidad y la consolidación de la democracia.

Sin embargo, para que esta complementariedad puede producirse, la sociedad civil tiene que superar algunas de sus limitaciones. No sólo los partidos tienen limitaciones, la sociedad civil también las tiene.

Por su propia naturaleza, constituida por sujetos sociales conformados en torno a intereses diversos, la sociedad civil es muy heterogéneo. Además de heterogéneo está marcada por una proliferación de organizaciones que amplía constantemente sus dimensiones, dando lugar a una gran estratificación. Esta situación hace necesario y urgente una mayor articulación a lo interno de la sociedad civil para que sea posible el surgimiento de "interlocutores válidos" frente a los demás actores, partidos políticos y gobierno.

Su dependencia financiera es otra de las limitaciones que deben ser superada, sobre todo porque es un factor que puede influir en los objetivos de las organizaciones. La mayoría de las organizaciones de la sociedad civil tienen como fuente principal de sus ingresos los aportes recibidos por el Estado, así como donaciones, sobre todo internacionales, directas o a través de proyectos. En todo caso, la necesidad de contar con esos recursos puede incidir significativamente en lo que pueda ser la línea de acción de las organizaciones. La situación se puede tornar conflictiva cuando sus recursos provienen de organismos internacionales o agencias de gobiernos que tratan de apoyar en el país acciones no compartidas por el gobierno nacional.

En su función de contribuir a la formulación de demandas al sector político, respondiendo a los intereses de los sujetos sociales que la componen, la sociedad civil a veces hace defensa de temas muy particulares, perdiendo la integralidad de la problemática o presentando soluciones simples a problemas muy complejos. En ambos casos, la pertinencia de sus planteamientos es entonces limitada.

Pero quizás la dificultad mayor que tiene la sociedad civil para que sea asumida como complementaria por los otros actores, es que algunas de sus organizaciones, cuando no la propia sociedad civil en su conjunto, se presentan como alternativas a los partidos políticos, o desarrollan una permanente crítica a ellos y proclaman la desvalorización de la política y de los políticos, dando lugar a que se tenga esa percepción de querer sustituirlos. No debe olvidar que su vocación es que la gobiernen bien, no gobernar. Para que la sociedad civil sea reconocida como un actor complementario a los partidos políticos en el sistema y en la democracia, ella misma debe primero asumirse como tal y actuar en consecuencia. Le asiste el derecho a reclamar para sí espacios y roles determinados y también el deber de reconocer que a los partidos políticos le corresponde lo mismo y que las funciones de éstos son y serán esenciales en el sistema político por lo cual se debe procurar, no su debilitamiento, sino su fortalecimiento.

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