EL PARAMILITARISMO

Materia: Historia de Colombia

Profesor: Antonio Javier Jaramillo

Fecha: Mayo 27 de 1999

MEDELLIN

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES

UNIVERSIDAD EAFIT

INTRODUCCION

1. El Paramilitarismo, estrategia contrainsurgente:

Desde comienzos de la década de los sesenta la Fuerza Pública y los organismos de seguridad del Estado han sido formados bajo los parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional y la aplicación de los fundamentos del Conflicto de baja intensidad. Dentro de tal propósito se han implementado mecanismos prestos a la eliminación del "enemigo interno", representado en la existencia del comunismo, la subversión o insurgencia.

Así, en el marco de dicha estrategia a comienzos de la misma década se recomienda por parte de asesores militares norteamericanos la conformación de organizaciones de "tipo antiterrorista" y para la "lucha anticomunista". En desarrollo de tal propósito es dictado el decreto 3398 de 196S, el cual fue convertido posteriormente en legislación permanente a través de la ley 48 de 1968, por medio de los cuales se dio el fundamento legal para la organización de la "defensa nacional", la "defensa civil" y la promoción en la organización de las "'autodefensas".

Bajo el amparo de dicha normas e inclusive desbordandolas, miembros, de la Fuerza Pública entrenaron, dotaron de armamento y adoctrinaron habitantes en zonas de Conflicto con la finalidad de involucrar de manera directa a la población dentro de la Confrontación y apoyar a los cuerpos oficiales en la lucha contrainsurgente.

Como propósito encubierto del accionar criminal de estos grupos aparece el amedrantamiento a la población con el fin de generar una atmósfera de miedo y temor que conlleve a la destrucción de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos, e impida la libre expresión de la inconformidad social.

Hasta la presente se ha constatado cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa y protección de intereses políticos, de proyectos económicos (explotación de recursos naturales como el petroleo y el carbón), y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

1.1 Métodos de acción del Paramilitarismo:

En la geografía nacional los grupos paramilitares no han tenido un sólo modelo o método de acción, sino que este ha estado determinado por el nivel de conflicto en la región, el nivel de organización del movimiento popular y la resistencia de la población frente a este tipo de proyectos y al accionar de la Fuerza Pública.

En tal sentido son diferenciables tres (3) modelos de acción: a) El involucramiento compulsivo de la población; b) La conformación de una estructura permanente y cerrada, en la cual el tamaño depende del área de acción; c) La contratación de personas provenientes de otros lugares para que ejecuten crímenes, sin que hagan parte de fin grupo permanente.

También se ha constatado la contratación de mercenarios extranjeros por parte sectores económicos y altas autoridades del Estado, los cuales han intervenido en el entrenamiento de los grupos paramilitares y de militares en diferentes técnicas y en el empleo y manejo de sofisticado armamento.

1.1.1 El involucramiento compulsivo de la población

Ha sido habitual la intimidación a la población mediante el porte de listas donde se amenaza a los pobladores y en general se instiga a los habitantes para que se integren al proyecto paramilitar, se vayan o se enfrenten a la muerte. Estos grupos han sido justificados como "autodefensas", en donde se afirma que las patrullas de "campesinos organizados" están protegidas por el ejército y se promueve la participación en estos grupos mediante el ofrecimiento de salarios, la consecución de la libreta militar y otros beneficios.

Respecto de su relación con la Fuerza pública se ha determinado que llevan a cabo patrullajes conjuntos, se ha utilizado a la población civil para que les acompañe en los mismos, los dirigentes o comandantes paramilitares son transportados en helicópteros del Ejército Nacional y las bases militares han sido acondicionadas como lugar de permanencia de los integrantes de estas estructuras criminales.

El armamento con que cuentan les ha sido entregado a través de agentes e instituciones del estado, con recursos recibidos del campesinado, el cual ha sido obligado a pagar una serie de "impuestos" ilegalmente recaudados para el mantenimiento de estos grupos.

Tas es el caso de los proyectos implementados en los municipios de El Carmen y San Vicente de Chucuri (Santander), y de algunos municipios del departamento de Casanare, aledaños a la explotación petrolera de Cusiana.

1.1.2 La conformación de una estructura permanente

Para la conformación de estos grupos ha sido importante la participación de sectores del narcotráfico, esmeralderos y terratenientes en su financiamiento, los cuales han actuado de común acuerdo con la Fuerza Pública en cuanto a la dotación de armamento, entrenamiento y acciones encaminadas a ejercer control en determinadas zonas.

Desde el año 1983 el entonces Procurador General de la Nación, señaló la participación de personal de las Fuerzas Militares en la conformación de estos grupos. Además, son abundantes los testimonios de ex- integrantes de estas agrupaciones que dan cuenta de su modus operandi, estructura y papel de agentes del Estado en su promoción y protección.

Estos grupos han actuado especialmente en zonas como Urabá, Córdoba, Sucre, Meta, Norte de Santander y Sur del Cesar, entre otras. Su tipología de acción ha estado enmarcado en la realización de ejecuciones selectivas, hasta la realización de masacres indiscriminadas, tal es el caso de las masacres de Segovia, Honduras, La Negra, El Tomate y Pueblo Bello.

Pese a que frente a reconocidos dirigentes paramilitares como Fidel Castaño, alias "Rambo" han sido expedidas órdenes de captura, es claro el desinterés de las autoridades para hacerlas efectivas.

1.1.3 La contratación de personas para que realicen hechos específicos:

Esta modalidad ha venido siendo utilizada en algunos lugares de Antioquía y Norte de Santander, en donde, sectores económicos (tal es el caso de los cafeteros) e inclusive las propias Fuerzas Militares, a través de sus redes de informantes han contratado personal proveniente de otros municipios o departamentos para que realicen ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones.

Este accionar tiene como finalidad el dificultar las investigaciones en torno de estos grupos y encubrir a los responsables de la comisión de crímenes de tesa humanidad.

Se ha podido determinar cómo personal de la Fuerza Pública ha intervenido para procurar la fuga, para coordinar las acciones en cuanto al momento y lugar de ejecución, y para dotar de armamento a quienes participen en los crímenes.

Pese a que a nivel de los organismos de control y de la rama jurisdiccional ha sido ampliamente documentada la conformación de estos grupos, sus mecanismos de financiamiento, su relación con la Fuerza Pública y su responsabilidad en la ejecución de crímenes de tesa humanidad, la gran mayoría de los hechos permanecen en la impunidad, altos oficiales de la Fuerza Pública han sido ascendidos y los grupos paramilitares han extendido su accionar y poderío en el territorio nacional.

Desde el Gobierno Nacional la persecución y desestructuración de estos grupos se reduce a la expedición de una serie de decretos de Estado de excepción (anterior estado de sitio), en los cuales los ubica al margen de la ley, sin que con ello haya influido en su existencia. Por el contrario, a través de varios decretos se les ha otorgado un tratamiento benigno.

1.2 La reactivación de la acción paramilitar:

Frente a los anuncios de la administración del Presidente Samper en materia de políticas de paz y de derechos humanos, el fenómeno del Paramilitarismo, y la reactivación de sus acciones, constituye la más profunda preocupación de los organismos de derechos humanos, por cuanto las autoridades estatales se han negado de manera sistemática a reconocer su gravedad, y por sobre todo, a tomar las decisiones que se requieren para poner control a su acción criminal.

En efecto, la actitud de las autoridades de negar los diversos grados de conexidad entre los grupos de particulares armados y unidades militares, con el consentimiento o la tolerancia de los mandos de las Fuerzas Militares, las ha conducido a pretender a toda costa evitar la discusión sobre la acción paramilitar, con la consideración de que se trata de una conjura de la guerrilla colombiana para minar la legitimidad de las fuerzas armadas gubernamentales.

Durante los seis meses que trascurridos de la administración del Presidente Samper, a pesar de pregonarse la humanización del conflicto armado interno, se aprecia una reactivación del Paramilitarismo, demostrada en el surgimiento de los grupos "Muerte a Comunistas y Guerrilleros' -Macogue- y "Colombia sin Guerrilla" -Colsingue-, los cuales tienen un radio de acción nacional y quienes han dirigido sus acciones especialmente contra dirigentes políticos y sindicales.

En noviembre de 1994 se realizó la Primera cumbre de las autodefensas de Colombia , en la que, según un documento de 57 páginas que ha sido conocido por las ONGs colombianas, se aprobó "... seguir considerando como blancos militares, a los cuadros políticos y sindicales de la extrema izquierda, mientras los grupos insurgentes no humanicen la guerra y continúen asesinando militares y civiles fuera de combate, así como a los familiares de los miembros de las autodefensas".

De otra parte, constituye motivo de preocupación la aprobación del Decreto 3567 del 11 de febrero de 1994, Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, en cuyo Art. 34 se lee: "... la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada podrá expedir licencias de funcionamiento a cooperativas, juntas de acción comunal o empresas comunitarias para operar el servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada en el área donde tienen asiento la comunidad. Podrán operar con o sin armas".

En noviembre pasado, el ministro de Defensa, Fernando Botero Zea, informó al país la puesta en ejecución del programa de cooperativas rurales de seguridad, que luego fueron denominadas "asociaciones", las cuales, a juicio de las ONGs de Derechos Humanos, tienen el serio riesgo de convertirse en formas legalizadas de los grupos paramilitares para realizar acciones armadas ofensivas contra la población civil que sea considerada "simpatizante" o "colaboradora" de los grupos guerrilleros.

Las explicaciones dadas hasta el momento por el Gobierno de Colombia para responder a las preocupaciones expresadas por diversos sectores de la sociedad colombiana en relación con las asociaciones de seguridad rural, se fundamentan en señalar que las autoridades militares y de policía ejercerán un celoso control sobre dichas asociaciones para que no desborden el marco de su acción, en apariencia circunscrito a labores de información a las autoridades y dotadas con armas de defensa personal.

Al respecto es preciso anotar que resulta difícil aceptar que el Gobierno pueda comprometerse a mantener el control sobre la acción de dichas asociaciones, para evitar que se conviertan en formas legalizadas del Paramilitarismo, si se tiene en cuenta que uno de los argumentos de las autoridades estatales para explicar la ausencia de resultados en el combate a este fenómeno es precisamente que las autoridades militares y de policía han estado imposibilitadas para controlarlo.

1.3 La urgencia de adoptar medidas:

Desmontar los grupos paramilitares, e investigados y sancionados los crímenes de lesa humanidad provenientes de estos grupos, e igualmente debe impedirse la presencia y actuación de mercenarios en el territorio nacional.

Además, hacer efectivas las ordenes de captura existentes contra miembros de grupos paramilitares

Investigar y sancionar a sus financiadores, integrantes y las autoridades que han intervenido en su promoción y/o protección.

Abstenerse de dar trato especial o benigno (amnistías, indultos, cuasi-amnistías, cuasi-indultos) en virtud de eventuales negociaciones de paz con el ejecutivo.

Derogar todas las normas o actos administrativos que autoricen, ordenen o favorezcan la creación o constitución de grupos paramilitares, así como de aquellas que posibiliten un trato benigno o favorable, en especial el Art. 34 del Decreto 3567 de febrero de 1994.

Destituir por vía administrativa, de manera inmediata, al personal de la Fuerza Pública que ha sido señalado por parte de organismos nacionales o internacionales como comprometidos en la formación, promoción o instigación de este tipo de grupos.

LA GUERRA Y LA PAZ

(1983-1991)

La amnistía de casi 500 guerrilleros detenidos y el inicio de negociaciones entre el presidente Be­lisario Betancur y las principales organizaciones sub­versivas a finales de 1982, fue recibido como una franca traición por los ganaderos cordobeses. Estos unieron sus voces a las del alto mando de la institu­ción militar, quienes consideraban que con las nue­vas medidas de "orden público" del gobierno, se demostraba 'la debilidad de la democracia para pro­tegerse a sí misma (Behar, 1985)". La amnistía y la negociación del cese al fuego era considerada por los militares como una gran victoria política de la guerrilla, con la cual "se le asestaba un golpe fuerte a la estructura moral y sentimental del Ejército, de las Fuerzas Militares (Behar, 1985)".

Para los ganaderos del Sinú era impensable que se hablara de negociaciones de paz con los insurrectos, en medio de la ola de secuestros y ex­torsiones que enfrentaban. En efecto, entre 1983 y 1990, la tasa de secuestro por 100.000 habitantes en este departamento más que dobló la tasa promedio nacional en 1984 y 1989, los momentos de mayor diferencia, aunque era baja en relación con la de otras regiones con conflicto similar (Cubides, Ola-ya, Ortíz, 1995). Como consecuencia de esta coin­cidencia, los ganaderos identificaron las negocia­ciones de paz como la causa de esa situación. Para ellos, al igual que para los militares, la subversión estaba aislada antes del proceso de paz, y expandió su influencia como resultado de éste. Además, jun­to con otros opositores a las negociaciones, consi­deraron que el presidente Betancur había entrega­do las banderas de la lucha social y reivindicativa a la guerrilla, al reconocer la necesidad de reformas políticas y sociales a cambio de la paz.

La nueva política de la presidencia de Betan­cur tuvo consecuencias paradójicas en la dinámica del conflicto armado, y en particular, en las regiones con influencia de las organizaciones de izquierda. El convencimiento de los altos mandos del Ejército, de la dirigencia política y económica regional, y de buena parte de la nacio­nal acerca de la pertinen­cia de escalar el conflicto para derrotar a la insur­gencia izquierdista, mos­tró la ausencia de apoyo a las políticas del ejecuti­vo, y por tanto, la baja ca­pacidad regional para te­rritorializar su autoridad. Además, el contexto inter­nacional de enfrentamien­to de la Guerra Fría tam­poco era un buen augu­rio para la iniciativa presidencial. Ese divorcio entre las políticas de ne­gociación de la Presiden­cia con la guerrilla, frente a la oposición concurren­te de la organización mili­tar y las elites regionales, produjo una situación cecana a lo que se ha llamado "colapso parcial del estado", en términos de Paul Oquist, en el que narcotraficantes, en asocio con eli­tes locales desafectas de la autoridad central, aprove­charon esas nuevas condiciones institucionales y Políticas para construir un aparato paramilitar.

En suma, el giro del gobierno central hacia una política de apertura en su trato con la insurgen­cia, iba en contravía de los intereses, identidades y marcos de interpretación consolidados por los arre­glos institucionales vigentes: la forma de centraliza­ción de la autoridad estatal sin elecciones locales y regionales, el régimen de monopolio bipartidista que seguía operando en la práctica y la obligación de un alineamiento con Estados Unidos frente a la bipolari­dad internacional. La inusual intervención del go­bierno civil en relación con el orden público, al igual que la reforma agraria 15 años atrás, encontró pocos aliados dentro de las elites regionales. Y de igual manera, como también 15 años antes, despertó gran entusiasmo y expectativa dentro de los disidentes. ra­dicales y políticamente ex­cluidos. Sin embargo, esta vez los resultados fueron más tangibles, aunque limi­tados, y con un costo en vi­das humanas sin compara-ción en América Latina, con excepción del El Salvador. La Constitución de 1991 puede considerarse como un logro parcial en un pro­ceso prologado de demo­cratización política, aún sin terminar.

El inicio de la nego­ciaciones de paz y la des­protección de las autorida­des centrales frente al aco­so de los grupos guerrille­ros llevó al gremio ganadero a una frontal oposición a los acerca­mientos entre gobierno y subversión. El presiden­te de la Federación Nacional de Ganaderos, FEDE­GAN, José Raimundo Sojo, repetidas veces expre­só su no rotundo al diálogo durante la década de los 80, porque según él, éste era infructuoso: "lo que la guerrilla quiere es tomarse el poder" '3 Mientras tanto, la campaña de finanzas de la gue­rrilla seguía inclemente. Quienes no pagaron las contribuciones enfrentaron las consecuencias. La quema de fincas y el "fusilamiento de reses" se extendieron, como ocurrió en 1988 con la hacien­da de Rodrigo García, gerente de la Federación de Ganaderos del departamento. Los ganaderos con más influencia y recursos administraron las fincas a distancia, y obtuvieron la estrecha y generosa colaboración de la fuerza pública: "por medio de oficiales del Ejército que van en helicóptero".

El hostigamiento de la guerrilla en contra de los ganaderos alcanzó niveles extremos durante los gobiernos de Betancur (1982-86) y Barco (1986-90). Las contribuciones exigidas crecieron tan arbitrariamente, que uno de los ex comandantes del EPL. re­cuerda que "un hombre con cincuenta vaquitas o con una finca media, ya se le catalogaba de rico... imagínese, gente acostumbrada a la miseria [los guerrilleros], ahora manejando millones (Villarraga y Pía-zas, 1994)." Como lo reconoce un antiguo mando del EPL, "la orientación era 'conseguir dinero en cantidades alarmantes porque la guerra era muy cos­tosa', eso llevó a que se crearan muchas comisiones de finanzas (Villarraga y Plazas, 1994)".

El medio estaba preparado para una mayor polarización de las identidades políticas de las eh­tes ganaderas. Sólo faltaba quién liderara el proce­so. El modelo de autodefensas y paramilitares del Magdalena medio impulsado por la XIV Brigada del Ejército. con sede en Puerto Berrío, estaba disponi­ble (Medina, 1990). Además. sectores políticos, pe­riódicos de la capital y hasta ministros del gobierno del presidente Barco defendían el derecho a la de­fensa armada.15 Con esto, Fidel Castaño, antiguo narcotraficante antioqueño y uno de los nuevos in­versionistas en ganadería del departamento, <)btuvo la legitimidad para liderar esa transformación de prácticas. discursos y lealtades dentro de los pro­pietarios de la región. Las. condiciones estaban da­das para que los propietarios locales dieran un paso más allá del simple descontento y recelo frente a las intervenciones del estado central. Se trataba de to­mar iniciativas que suplantaran ese Estado y pusie­ran en entredicho su territorialidad. El proyecto te­nía liderazgo, base social y también aprobación tá­cita de la organización militar estatal. Rodrigo Gar­cía, gerente de la Federación de Ganaderos, recuer­da, "se despertó ánimo de lucha; continuar pagarido la vacuna era seguir engordando al enemigo; nos salvábamos con la comunidad o nos hundíamos con ella.

Para 1987, el escenario de la "guerra sucia" estaba montado. El Ejército inauguró la XI Brigada en Montería, Castaño armó su ejército privado y los ganaderos cambiaron el destino de sus aportes: de los morr' ales de la guerrilla a las alforjas de Castaño, giro que también vino acompañado de un cambio semántico: de "la vacuna ganadera" se pasó a los "aportes para seguridad". Entre tanto, los diálogos de paz podían hacerse en la capital o en los campa­mentos guerrilleros, pero las negociaciones se defi­nían en la práctica por medio de los atentados y masacres de dirigentes políticos de izquierda en las capitales.

Además, un ingrediente nuevo hizo más explosi­va la situación. La primera elección de alcaldes por voto directo se realizó en 1988, y las posibilidades de que los frentes electorales de la izquierda con aproba­ción de la guerrilla -Unión Patriótica y Frente Popu­lar- ganaran alcaldías, puso al rojo la disputa por el poder político y buirocrático local. Esa competencia era un hecho sin precedentes en la historia colombia­na, ya que hasta ese año los gobernadores nombra­ban a los alcaldes. La posibilidad de que antiguos guerrilleros, sus voceros o los tradicionales dirigentes de los frentes electorales de izquierda, pasaran a ser potenciales líderes políticos con capacidad de compe­tir por el poder local, agudizó la intransigencia de muchos años de rencores y odios acumulados por la guerra irregular. Hasta ese momento, la Unión Patrió tica y el Frente Popular participaban en las coaliciones gobernantes de tres municipios: San Andrés de Sota­vento, en el bajo Sinú, con gran pre­sencia de descendientes de los indios zenúes, y en Tierralta y Valencia, en el alto Sinú, futuro fortín de las temidas ACCU. El inicio de la reforma al mode­lo de centralización estatal vigente y del desmonte del régimen bipartidista aumentaron los intereses en jue­go con la nueva política de paz. Además, la no entrega de armas por parte de la guerrilla, en contra de la condición que exigía la institución castrense para no oponerse a la Unión Patriótica y las otras alianzas elec­torales resultado del proceso de paz, convirtió en ver­daderos polvorines los escenarios regionales con pre­sencia de la izquierda. El cuadro estaba completo para convertir a los adversarios en enemigos, y para dar inicio al juego estratégico excluyente de que cuando "gano yo, pierdes tú"'

Al guerrerismo discursivo de los generales frente a la Unión Patriótica y otras alianzas simila­res, a las que calificaron de "brazo desarmado de la subversión", siguió una política de tierra arrasada de las fuerzas de seguridad y paramilitares. La táctica fue golpear a los diferentes "anillos de apoyo" de lo que se consideró como sostén civil de la subver­sión. es decir. Asesinar líderes, activistas y simpati­zantes de izquierda o de organizaciones sociales, para eliminar su pilar social, y así, según esta teoría contrainsurgente, aislar a la guerrilla. Suponiendo una conexión automática y directa entre organiza­ciones guerrilleras y frentes legales de lucha social y política, paramilitares, autodefensas, y fuerzas de seguridad arremetieron contra diversos sectores de población civil desarmada en zonas de conflicto. Al tiempo, eliminaron las posibilidades de oposición política en Córdoba y otras regiones del país, sin lesionar la capacidad de los aparatos armados de la insurgencia, supuesto objetivo de su reacción. Las FARC se replegaron a zonas más altas en el nudo de Paramillo y en la serranía de Abibe, en los límites entre Antioquía y Córdoba, mientras que el EPL, dada la dinámica interna que buscaba participación en un movimiento legal más amplio, siguiendo el ejemplo del Movimiento 19 de Abril, M-19, de todos modos se habría desmovilizado.

En septiembre de 1987 fue asesinado el primer dirigente del Frente Popular. Era directivo del magisterio y candidato a la alcaldía de Tierralta por ese movimien­to. Luego siguió una racha de atenta­dos en los que la U? y A Luchar también son el blan­co. Caen candidatos al concejo o en ejercicio, sindi­calistas, maestros, dirigentes campesinos, indígenas, profesores universitarios y periodistas radiales. los candidatos de la izquierda elegidos en 1988 son so­metidos a intensa presión por la Brigada xi, con fre­cuentes interrogatorios en las instalaciones militares, además de amenazas anónimas de muerte. En abril de 1988 se inician los asesinatos colectivos. 37 cam­pesinos son asesinados en el corregimiento de Mejor Esquina, y luego son cometidas aproximadamente 20 masacres más (Negrete, 1995).

En suma, entre 1988 y 1990, se registraron en información de prensa nacional cerca de 200 asesi­natos políticos y un poco menos de 400 presumi­blemente políticos.17 Según las estadísticas de la con­sejería de Defensa y Seguridad de la Presidencia, la tasa de asesinatos políticos y la tasa global de ho­micidios para el período fue similar (aproximada­mente 34/100.000 habitantes), indicando que, de ser ciertas esas cifras, todos los crímenes cometidos en ese departamento durante ese periodo fueron aparentemente con fines políticos, es decir, aproxi­madamente 1.200 asesinatos (Echandía y Escobe­do, 1994). La cifra da sólo una dimensión numérica de la tragedia. Bajo el liderazgo de Castaño y las fuerzas de seguridad, ésta alianza logró consolidar una movilización local amplia en contra de la gue­rrilla, condena que incluyó también a los frentes electorales que contaban con su consentimiento o aprobación. El Ejército justificó la incapacidad para proteger la participación electoral de estos grupos, aduciendo que si sus compañeros estaban secues­trando y extorsionando, ellos debían enfrentar las consecuencias, puesto que sólo eran el brazo des­armado de la subversión". Esta práctica discursiva y pública desde el poder, significó la aprobación des­de la misma autoridad de todo tipo de atentados en contra de los miembros de esos frentes.

Paralelamente, se libraron fieros combates entre la guerrilla y el Ejército en el alto Sinú y en la Serranía de Abi­be, la cual separa a Córdoba de Urabá. El coronel Jaime Díaz López, coman­dante del batallón Junín, de Montería, cae en comba­te cerca a Tierralta en febrero de 1988. El Ejército envía helicópteros artillados y tanques cascabel. En mayo, en un enfrentamiento con una fuerza combi­nada del EPL y las FARC, caen un subteniente y 9 soldados, y continúan los bombardeos aéreos sobre la zona de San Pedro de Urabá y Saiza, entre Córdo­ba y Urabá. En agosto, una fuerza conjunta del EPL y las FARC ataca a Saiza, en el alto Sinú, con el pre­texto de ser una base de entrenamiento paramilitar. En la operación mueren 11 militares y 10 civiles más. En octubre de 1988 se cumple un año de campaña militar continua, en la que la guerrilla tiene más de 30 bajas.18

Habría que esperar año y medio -hasta abril de 1990- para el reinicio de operaciones militares de gran escala. Pasadas las elecciones de marzo, el ejército introduce dentro de sus tácticas de contra­insurgencia la Brigada Móvil No. 1, compuesta por soldados profesionales. La innovación táctica está planeada para atacar masivamente áreas de gran in­fluencia guerrillera. El dispositivo sirvió de ensayo para la toma de 'Casa Verde", cuartel general de las FARC, en diciembre del mismo año. El Ejército mo­vilizó cerca de 2.500 efectivos por tierra y helicóp­teros artillados, y atacó tres puntos del departamen­to simultáneamente: el alto Sinú, el alto San Jorge, y zonas rurales del municipio de Montelíbano. Los re­portes militares informaron de 17 bajas y 15 heridos en las filas guerrilleras, destrucción de 8 campamen­tos subversivos, decomiso de radios, municiones y equipos de campaña. Además, se anunció el rescate en los límites con Antioquía de casi 5.000 reses ro­badas por la guerrilla, hecho que fue desmentido por los subversivos.'9 Según parece, la operación

fue acordada por el Ejército con los ganaderos, comerciantes, la Federa­ción de Cultivadores de Cereal, la So­ciedad de Arquitectos, y otros secto­res. Estos darían un estruendoso apo­yo a la campaña iniciada por la Brigada, al tiempo que pedirían al gobierno el cese de las negociacio­nes de paz entre el gobierno y los guerrilleros del EPL. Propietarios v militares consideraban que el diálogo era una táctica de distracción de los rebel­des para evitar el hostigamiento militar (Villarraga y Plazas, 1994).

A pesar de los asesinatos, hostigamientos y rumores sobre futuros atentados, la negociación entre la Presidencia y los insurgentes permitió la "visibilidad" de individuos, grupos y movimientos locales que habían estado en los márgenes de la vida legal, y que tenían planteamientos, propuestas y eran parte de la solución al conflicto armado. El EPL es un caso típico de este hecho. Esta apertura de la esfera pública, similár a la ocurrida durante la época de la reforma agraria, y las posibilidades de comunicación, asociación y propaganda que per­mitieron, fue, sin embargo, mucho más riesgosa y limitada que la ocurrida durante los años de las movilizaciones campesinas. Las nuevas posibilidades de participación quedaron reducidas a los actores ya conocidos. Grupos sindicales impulsaron la mo­vilización de opinión en contra de la guerra, aun­que con resultados inciertos. En marzo de 1989, Ademacor y personalidades ligadas a la izquierda organizaron un encuentro por la Vida, la Paz y la Democracia en Montería, que no contó con la parti­cipación esperada, dada la situación de desmovili­zación social causada por el terror.

Para las elecciones de marzo de 1990, el Fren­te Popular decide establecer alianzas con Jesús María López, hermano del ex senador liberal Edmundo López Gómez y candidato a la alcaldía de Montería por el Partido Liberal. Acusado de colaboración con los grupos paramilitares y político controvertido, López podía ofrecer algún tipo de protección frente a los atentados y desapariciones (Villarraga y Pla­zas, 1994). En lo que se consideró un balance acep­table, este sector obtuvo 13 concejales, un diputado y un representante a la Cámara en las elecciones de 1990, con menos del 5% de la votación del departa­mento. Por su lado, entre liberales y conservadores alcanzaron casi 200 concejales. La UP, que dos años antes había conseguido 7 concejales, participó como socio menor en otras coaliciones.

Lo precario de la "amenaza" electoral de la izquierda hace ver la desproporción de la reacción en su contra. La barbaridad de ésta también da una dimensión de los temores, fabricados o reales, de las elites cordobesas, y de las consecuencias catas­tróficas de invocar esos miedos como elementos de acción política por parte de agencias del Estado, con el fin de justificar la persecución. El discurso y la práctica contrainsurgente de la Guerra Fría, junto con los temores de estos grupos construyeron una representación de la población civil simpatizante o militante de la izquierda, que se asoció con un "ene­migo interior". Con base en esta representación se convirtieron en permisibles prácticas y discursos que invitaron y fomentaron actos de agresión en contra de miembros de la misma comunidad, y que en otras circunstancias hubieran sido inaceptables. Esto se explica, porque en esa construcción de "enemigo", éste se convierte, por izquierdista, en un anónimo indeseable, y por tanto desechable. Dentro de esta lógica, Fidel Castaño se erigió como redentor, por­que hizo retroceder a la guerrilla y porque controló la protesta e insubordinación social, sin importar el costo en sufrimiento y vidas humanas.

OPORTUNIDAD PARA LA

RECONCILIACIÓN (1991-1992)

El proceso que culminó con la desmoviliza­ción del EPL a comienzos de 1991 y la creación del movimiento legal Esperanza, Paz y Libertad, no sólo fue el resultado de la "combinación de todas las formas de lucha" por parte de las Fuerzas Armadas, paramilitares, autodefensas, ganaderos y comercian­tes, sino también de un deseo dentro del EPL por participar en un proyecto "civilista y pluralista, que cuestionara la vigencia de la lucha armada" y que intentara superar por la vía pacífica las limitaciones a la participación política impuestas por el régimen bipartidista (Villarraga y Plazas, 1994). De igual for­ma, la dinámica de la zona bananera de Urabá, limí­trofe por el occidente con el valle del Sinú, también influyó. El retiro de inversionistas debido a la vio­lencia corría el riesgo de evolucionar hacia una cri­sis del eje bananero, representada en el abandono definitivo de los productores para localizarse en otras áreas de Centroamérica o de la Costa caribe colombiana. Como reconoció uno de los mandos del EPL, "comprendimos que el problema no era mantener una guerra con Fidel, porque había un movimiento social de por medio que ya mostraba signos de cansancio, de no querer más violencia (Villarraga y Plazas, 1994)".

Luego de contactos iniciales entre el EPL v Castaño, éste último lanzó en agosto de 1990 la ini­ciativa de desmovilizar a sus fuerzas. si el EPL era consecuente con los anuncios de incorporarse a la vida civil y utilizar otras formas de lucha diferentes a la violencia. El sorprendente giro parece que fue propiciado, además de las negociaciones entre go­bierno y guerrilla, por un inesperado gesto de parte de los guerrilleros que convenció a Castaño de la voluntad de paz de aquéllos. Una patrulla de mili­cianos del EPL detuvo a un grupo de escoltas que brindaban protección a una mujer que se desplaza­ba entre Urabá y Córdoba, en el norte del departa­mento, sospechando que éstos formaban parte de un grupo de paramilitares. Sólo se enteraron de que la mujer era hermana de Castaño, cuando éste se comunicó por radio con un campamento guerrille­ro en Pueblo Nuevo, para pedir su liberación. El EPL accedió, sin contraprestación alguna, lo que facilitó las negociaciones posteriores (Villarraga y Plazas, 1994).

El hecho fue preludio de acercamientos polí­ticos no menos sorprendentes y de transformacio­nes en los campos relacionales de los actores loca­les imposibles de imaginar meses atrás. La desmovi­lización del EPL en Córdoba fue rica en este tipo de experiencias de conciliación entre antiguos enemi­gos. El anuncio de la distribución de cerca de 16.000 hectáreas a campesinos pobres o víctimas del en­frentamiento armado, y de la organización de FUNPAZCOR, fundación que brindaría asesoría téc­nica y financiera a los favorecidos (más de 2.500 familias), además de los recelos, rechazos y críticas que originó, también contribuyó a crear un campo relacional que facilitaría las aproximaciones entre los antiguos rivales. Sin embargo, la debilidad pro­gresiva que caracterizó al EPL, resultado de divisio­nes internas, de la continuación del enfrentamiento armado y de las agresiones de los frentes de las FARC regionales y de las fuerzas de seguridad en contra de sus militantes, preparó el camino para una paulatina asimilación de una parte de sus militantes en el aparato militar y político de las ACCU.

Pero antes de concluir con esta absorción, las posibilidades para obtener otros resultados no fueron menos reales. La primera elección de goberna­dores en 1992, que permitió avanzar en la centraliza­ción política a partir de la elección de autoridades locales y regionales, de acuerdo con lo ordenado por la nueva constitución aprobada el año anterior, ofre­ció oportunidades para un proceso de reconciliación. El hecho también brindó la posibilidad de poner a prueba la verdadera dimensión de la apertura del régimen político. La Alianza Democrática M-19,21 aprovechando el espacio institucional para la elec­ción de gobernador que no existía antes, ofreció a Rodrigo García Caicedo la candidatura de su movi­miento a la gobernación. Conservador alvarista y 20 Estadísticas Electorales, 1988, 1990, Registraduría nacional.

gerente de la Federación de Ganaderos de Córdoba, García Caicedo había sido un combativo opositor público del antiguo EPL y de la izquierda en general. Se definía como "conservador doctrinario", y fiel ad­mirador de Laureano Gómez, radical dirigente con­servador de mitad de siglo. Además, se distinguía por haber sido un crítico enérgico de los intentos de reforma agraria gobiernos liberales y de las formas de intervención del Estado central en la región, así como de la corrupción de la clase política de su de­partamento. Alvaro Jiménez y Ottv Patiño, ex com­batientes del M-19, fueron los emisarios de la pro­puesta de la AD M-19. "Conversamos de 10 a.m. a 2 a.m. del día siguiente. Tuvimos muy pocas diferen­cias y las soluciones que proponíamos para el depar­tamento también eran muy parecidas. La charla fue cordial y franca", recuerda García Caicedo.

El dirigente ganadero indica que los emisa­rios de la audaz coalición le insistieron en que "para demostrar sus intenciones de paz, lo habían escogi­do a él como candidato, para que no hubiera duda. Dijeron que para ellos la paz era más importante que una gobernación".23 También le sugirieron, se­ñala García, conseguir el respaldo de Alvaro Gómez para hacer más viable el apoyo de los conservado­res de su departamento. Fidel Castaño, luego de intensas reuniones e intercambios con los miem­bros de la AD M-19, también dio su venia para la alianza, y le dijo a García que "no le voy a hacer campaña, pero me parece muy interesante lo que va a pasar en el departamento". Finalmente, Gar­cía obtuvo el respaldo de Alvaro Gómez -quien "le advirtió que tuviera cuidado con el M-19"- y de un sector de su partido en el departamento, ya que el pastranismo declinó participar en la campaña. El di­rigente ganadero aceptó la postulación y durante el discurso de lanzamiento en el Club Campestre de Montería, justificó su decisión frente a los críticos diciendo: "en la posguerra en Francia, los comunis­tas habían apoyado a De Gaulle, no porque el ge­neral se hubiera vuelto comunista, sino porque los comunistas se habían vuelto Gaullistas". La coinci­dencia electoral de dos sectores tan disímiles, calca­ba, en parte, las coaliciones de la asamblea Consti­tuvente de 1991, lo mismo que el antagonista: el liberalismo mayoritario en el departamento.

Desde el punto de vista del EPL, la alianza les proporcionó protección, neutralizando a enemigos que quisieron tomar venganza por las acciones de su pasado guerrillero. Sin embargo, las enemistades amenazaron desde muchos bandos, y la asociación con los ganaderos originó la reacción de las FARC y de un sector del EPL, grupos que no participaron en el proceso de desmovilización. En efecto, García Caicedo se opuso a varios intentos por atentar con­tra la vida de Marcos Jara, comandante guerrillero del EPL oriundo de Córdoba, y ahora activo cuadro de su campaña. Esta, mientras tanto, se desarrolló con un tono anticorrupción y anticlientelista que tenía nombre propio: denunciar los vicios del libe­ralismo, mayoría electoral de Córdoba. El programa de la campaña hizo énfasis en el servicio a la comu­nidad, en la honestidad y el rescate del departa­mento de "la clase política corrupta, la cual se con­fabula contra el interés público".

García Caicedo perdió por menos de 1.000 votos frente a Jorge Manzur, candidato apoyado por Francisco Jattin, del grupo de políticos que emergió a finales de los años 70 y comienzos de los 80, se­nador liberal de Lorica, en el bajo Sinú, y de acuer­do con sus críticos, encarnación viva de todos los vicios del clientelismo.25 Según el ganadero, el triun­fo fue facilitado por la alianza entre el Ejército, la policía y los políticos Liberales tradicionales, quie­nes permitieron el fraude en su contra en el área del San Jorge, en donde "la supuesta participación electoral fue del 95%" Desde entonces,. dice el ganadero, las relaciones con las fuerzas armadas de­jaron de ser las mismas, y en ocasiones han sido tensas. García sostiene que "los mandos militares piensan que yo los traicioné. Lo que pasa es que el Ejército está fanatizado, está ideologizado, lo que les impide pensar con claridad".

La experiencia mostró que las posibilidades de reconciliación no sólo depéndieron de la volun­tad de los actores o de la disposición de aceptar nuevas fuerzas en la arena política por las agrupa­ciones ya presentes, sino también por la existencia de espacios institucionales, como el electoral, en donde los antiguos rivales pudieron interactuar. Es decir, la apertura del régimen y la nueva forma de centralización crearon los espacios para el desarrollo de esos acercamientos. Para García Caicedo, a pesar de no haber ganado, "la campaña fue una pedagogía excelente para acercar antiguos enemi­gos; lograr esto hubiera sido una labor de toda una vida ".~ Además, la alianza también puso de presen­te los beneficios y las posibilidades de protección que ese tipo de pactos brindaron a los sectores que hicieron tránsito de la guerrilla hacia la participa­ción política legal. Si bien el proceso quedó trunco y no se desarrolló hasta el punto de una transforma­ción de identidades políticas, como sucedió con la convivencia entre liberales y conservadores duran­te el Frente Nacional, sí mostró que ese resultado no era un objetivo imposible. Sin embargo, la conti­nuación de las hostilidades armadas y la creciente debilidad de una de las partes, en este caso la del EPL, terminó por abortar el proceso. La ausencia de

recursos económicos por parte del EPL y la disolu­ción organizativa que siguió, fueron factores que afectaron las posibilidades de éxito de la experien­cia. La dependencia de una de las partes frente al otro lado de la coalición, no fue la mejor solución. Al final, la estrategia que dice que si no puedes vencer a tu enemigo, únete a él terminó por ser la única posibilidad de sobrevivencia para un sector significativo de los miembros del EPL.

LA PAX SINUANA (1993)

A pesar de los acercamientos y ensayos para 5uperar el conflicto que la apertura política y los nuevos espacios institucionales permitieron en Cór­doba durante 1991-92, la inercia de la guerra termi­nó por imponerse. La polarización de identidades entre las ACCU, los grupos guerrilleros que no se desmovilizaron -las FARC y el ELN- y las Fuerzas Armadas se acentuó aún con mayor determinación, cerrando las posibilidades de crear una "comuni­dad política" en el valle del Sinú. A pesar de las posibilidades para una mayor participación política que la constitución de 1991 ofreció, en la práctica éstas han sido inexistentes por la continuación del enfrentamiento armado y el dominio claro que las ACCU lograron consolidar, con la anuencia de la institución militar. La división del EPL, el saboteo de las FARC hacia el nuevo proceso, la guerra sucia de las fuerzas de seguridad, la indiferencia de las redes de poder clientelistas y del sector privado, las limi­taciones del gobierno central, y las dificultades de la "reinserción" a la vida civil de los antiguos com­batientes, fueron obstáculos más poderosos que los actos de reconciliación (Uribe, 1994). A pesar de que el nuevo gobernador liberal, Jorge Manzur, dio participación al EPL en la primera administración

elegida por voto popular, las amenazas y asesinatos en contra de los antiguos militantes del EPL cerra­ron las posibilidades de consolidación política de este grupo, ahora en la legalidad.

En efecto, cerca de 200 ex-combatientes, de los 2.149 desmovilizados del EPL en todo el país, habían sido asesinados por diferentes razones des­pués de dos años de la reinserción (Uribe, 1994). En Córdoba, los acuerdos de paz cobijaron a 349 combatientes del EPL, 30 de la Corriente de Reno­vación Socialista y 16 del PRT. En este departamen­to, la mayoría de los guerrilleros eran campesinos entre 16 y 20 años, sin educación primaria. Por esto. el programa de reinserción puso bastante énfasis en proporcionar oportunidades para finalizar primaria y validar bachillerato. Después de 3 años de funcio­namiento, 34 habían terminado primaria, 27 secun­daria, 11 media vocacional y 6 cursaban estudios superiores. En cuanto a proyectos productivos, 18 proyectos rurales, con 152 socios, continuaban ope­rando, aunque 5 de los. 18 proyectos urbanos ya habían quebrado para ese entonces (Negrete, 1994).

Más mal que bien, el programa de reinserción en Córdoba ofreció algunas oportunidades para "reencontrarse" con la vida civil a algunos de los an­tiguos guerrilleros. Sin embargo, como los espacios geográficos dejados por el EPL fueron ocupados por otras organizaciones guerrilleras, esto llevó a la reac­tivación de las autodefensas y paramilitares de la fa­milia Castaño, ahora bajo el mando de Carlos Castaño, hermano menor de Fidel. Bajo el nombre de Au­todefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, el rearme y reorganización de este grupo incluyó un apoyo social y político más amplio, y un cambio operativo hacia formas menos arbitrarias, acorde con su intención de convertirse en un aparato política militar similar al de las guerrillas. El grupo también reafirmó su papel de fuerza contrainsurgente, reem­plazando paulatinamente a las fuerzas de seguridad del ejército, y montando una red de comunicación

que ha permitido a 950 fincas ganaderas de la región estar en contacto permanente. Esta forma operativa sirvió de modelo para la propuesta de las cooperati­vas de seguridad CONVIVIR, sistema de vigilancia rural que el Ejército ha pretendido ampliar a todo el país, como forma de incluir en las tareas de control político y social a los mismos propietarios. Esta ha sido una vieja aspiración de las Fuerzas Armadas, ante la persistencia del conflicto político y el incre­mento en la criminalidad.

Al mismo tiempo, este aparato militar surgido en Córdoba y Urabá, ha impulsado desde 1993, en su nueva etapa como ACCU, la agrupación bajo una misma sigla y mando de las diferentes autodefensas y paramilitares del país. Carlos Castaño logró con­formar ' un frente político-militar con proyección nacional, denominado Autodefensas Unidas de Co­lombia, AUC, que opera como una avanzada militar anticomunista, en "defensa de la propiedad privada y la libre empresa", organización que ofrece su mo­delo de seguridad a propietarios de otras regiones del país afectados por la guerrilla. Definidos como una "organización civil defensiva en armas", obli­gada a asumir su protección frente a la extracción de recursos y amenaza contra la vida por parte de la subversión, justifican la limpieza política por el "abandono del estado" de sus funciones de seguri­dad frente a los propietarios.

El sólido respaldo de las ACCU en Córdoba lo atestigua la carta que 75 ganaderos enviaron al Mi­nistro de Defensa en enero de 1997, por la persecu­ción contra Carlos Castaño y los anuncios públicos ofreciendo 500 millones de pesos de recompensa por informaciones sobre su paradero. La carta dice, "Castaño nos quitó el miedo y nos enseñó a pelear contra nuestro enemigo", señalando la transforma­ción del comportamiento político de este grupo so­cial1 el apoyo relativo a la autoridad central en esta región del país y la solidez de las lealtades locales y regionales, en contraposición con las nacionales, que han logrado las ACCU. A lo que no hace refe­rencia la carta es que para Castaño el enemigo fun­damental ha sido la población civil. El mismo lo afirma: "en guerra, un civil desarmado es un término relativo. Dos tercios de la guerrilla son miem­bros desarmados que operan como población civil, y colaboran con la guerrilla" (Castro, 1996).

El número de población desplazada sólo en Córdoba por esta concepción del conflicto, y por las represalias de la guerrilla, ha llegado a cerca de 115.000 personas, aproximadamente el 10% de la población total de este departamento (Negreté, 1994). Los asentamientos de refugiados en los alre­dedores de Montería, Cereté, Montelíbano, y otras ciudades menores, son de una pobreza extrema, la cual afecta principalmente a niños, jóvenes y muje­res, población catalogada por los organismos esta­tales como "de alto riesgo social", debido a los fe­nómenos de prostitución, drogadicción, opresión, abusos, y delincuencia a los que están expuestos.

Si bien la extorsión y el secuestro disminuye­ron ostensiblemente en el departamento a partir de 1991, primero como resultado del acuerdo regional de paz, luego como efecto de la desmovilización del EPL (Cubides, Olaya y Ortíz, 1995) y finalmente como efecto del modelo de "estado de seguridad nacional" local implementado, la dimensión politico-adminis­trativa del departamento es lamentable. La represión en contra de los grupos llamados a desarrollar una labor crítica y de denuncia en favor de un manejo transparente de la administración pública y del pre­supúesto oficial, dejó sin fiscalización a los políticos locales. Esta imposibilidad de ejercer control público sobre el funcionamiento del Estado gracias a las nue­vas oportunidades de la democracia local, ha con­vertido a las ACCU en parte funcional de la corrup­ción del departamento. No sin razón Córdoba y Su­cre han aportado el mayor número de congresistas vinculados con el proceso 8.000.

CONCLUSIONES

El análisis de la disputa social y política en el Departamento de Córdoba mediante la polariza­ción de las identidades políticas, intenta poner en primer plano los efectos de las instituciones y la intervención del estado en la constitución de con­flictos. Además, a través de la movilización y pro­testa que éstos generan, el texto pone de relieve la formación y transformación de las identidades, y por tanto, de los comportamientos políticos. Desde este punto de vista, el trabajo comparte algunos de los elementos del llamado "institucionalismo histó­rico", el cual reconoce la interacción entre institu­ciones y actores, y los efectos de los diseños institu­cionales en las formas del conflicto societal (Frie­dland y Alford, 1991; Putnam, 1993). Así, por ejemplo, las apreciaciones que indican un cambio de estrategia por parte de la guerrilla, la cual ya no lucharía por una toma directa del poder nacional, como parece sucedía antes, sino por conquistar poder local y regional? tienen que ir acompañadas del examen de las oportunidades que abrió la refor­ma de descentralización política y administrativa iniciada a mediados de los años 80, y de la dinámi­ca política local que desencadenó.

El estudio también señala cómo la organiza­ción de un aparato armado -lo que implica la imple­mentación de un sistema tributario- ha fortalecido identidades locales y regionales alrededor de esa experiencia, en contraste con un debilitamiento de la identificación con las autoridades nacionales con asiento en Bogotá. Este ha sido el caso de las ACCU, y aunque es claro el papel jugado por el narcotráfi­co en los inicios de esta organización, parece que el peso específico de ganaderos, comerciantes y en general de propietarios ha aumentado desde 1993, ante la falta de efectividad estatal para ofrecerles protección. El hecho resalta un elemento sobre el cual no se ha he hecho suficiente énfasis: que el monopolio de los medios de coerción es el resulta­do de un proceso social, y no un factor inherente o un atributo natural de la organización estatal cen­tral. Este punto también pone en evidencia que las capacidades del Estado no son fenómenos absolu­tos, sino relacionales, y dependen de la coopera­ción o resistencia que ofrezcan los diferentes secto­res de la sociedad.

El análisis de los tres períodos muestra la difi­cultad del Estado central por territorializar su auto­ridad. Esta ha sido repetidamente desafiada, bien sea por sectores subalternos, y más recientemente por elites regionales. Es claro el papel que ha desempeñado el narcotráfico en este proceso, aun­que no ha sido el único factor, como se ha señalado a lo largo del texto. También hay que reconocer los efectos políticos de las intervenciones del Estado central, las cuales han debilitado la lealtad de esas elites locales a la autoridad en Bogotá, sin fortalecer el apoyo de otros sectores sociales o promover el desarrollo de otros aliados. Esto garantizaría una ma­yor territorialidad de esa autoridad central.

Finalmente, el acercamiento y alianza elec­toral de antiguos enemigos políticos y militares pre­sentado en este estudio, indica un camino posible,

entre muchos otros, para construir una verdadera comunidad política" en Colombia. Sin embargo, los resultados de la experiencia señalan las dificul­tades que enfrentan los procesos de paz parciales, en donde no están todos los que tienen que estar, y los efectos de la desproporción de recursos en­tre los participantes, una vez se ha producido la desmovilización. Como se demostró para Córdoba en el período 91-92, las dificultades son enormes. Se puede lograr una pacificación en donde des­aparezca una de las partes, bien sea por asimila­ción o eliminación, pero ésto no significa una re­conciliación v la creación de una comunidad polí­tica. Para esto se necesita una redefinición de las identidades políticas enfrentadas y la construcción desde la misma localidad de una cultura pública integrativa que facilite la "acomodación" de los grupos en conflicto.

ANEXO

"Esa es otra mentira del general Yanine"

Entrevista con el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, alias Vladimir

Alonso de Jesús Baquero, alias "Vladimir" era en los 80 uno de los principales paramilitares en Colombia. Ejecutó a sangre fría a más de 100 personas y fue el autor material de las masacres de La Rochela, Segovia, Puerto Araújo y otras más. Hace ocho años está tras las rejas purgando una condena de 30 años por estos delitos. En octubre del año pasado "Vladimir" volvió a ser noticia cuando la Fiscalía detuvo a Farouk Yanine Díaz, uno de los más importantes generales del Ejército, bajo el cargo de haber participado en la masacre de 19 comerciantes. La acusación estaba basada en las denuncias de Vladimir.

En julio un tribunal militar exoneró a Yanine Díaz a pesar de las numerosas pruebas en contra del general. Fue Yanine Díaz, un hombre clave en la guerra contrainsurgente, quien extendió el terror paramilitar por toda Colombia. Estaba previsto como Comandante del Ejército y solo se retiró cuando se hizo demasiado evidente su responsabilidad en la guerra sucia.

En los 90 Yanine Díaz actuó como docente en la Escuela Interamericana de Defensa en Washington/ Estados Unidos lo que demuestra la hiprocesía del gobierno gringo respecto al tema de los derechos humanos.

El semanal LA SEMANA publicó el 14 de julio de 97 esta entrevista, en la cual Vladimir vuelva a afirmar sus acusaciones contra el ejército colombiano.

Usted se hizo famoso por haber integrado el selecto grupo alumnos de los mercenarios israelitas que adiestraron a las autodefensas del Magdalena Medio en 1988. Siempre se ha dicho que usted era el mejor discípulo de Yair Klein...

No, no fui el mejor. Antes de mí hubo dos muchachos. Ponzoña y Henry que me ganaron en polígono con mira telescópica. En lo demás sí me fue bien. Yair Klein siempre me consideró un alumno aventajado. Como yo fui guerrillero muchas cosas ya las sabía. Ellos nos enseñaron la táctica y alemana que consistía en que al enemigo había que exterminarlo de raíz. Nos dijeron que un guerrillero o un auxiliador de la guerrilla, ubicado en un sitio clave, nos podía hacer mucho daño. Entonces salimos como locos a perseguir a los colaboradores y al brazo armado de las FARC. Y les dimos muy duro. Al que detectábamos le dábamos. Fue apasionante ser alumno de Yair Klein.

Por eso usted se convirtió en jefe paramilitar en esa zona?

Sí. Estar entre los elegido era lo máximo dentro de la organización. A los de ese curso nos dio mucho estatus porque siempre que había asaltos de mano a la guerrilla éramos los primeros convocados. Así ocurrió cuando se diseñó el plan para atacar la Uribe, el corazón de las FARC. Nos concentramos en la escuela "El 50", en una inspección de Puerto Boyacá llamada Larisá. El curso terminó en abril y a 60 hombres nos iban a llevar para acabar con el secretariado. Sin embargo la operación se filtró y Jacobo Arenas sacó un comunicado denunciando lo que las autodefensas iban a hacer.

Es cierto que los jefes del cartel de Medellín trajeron a los israelitas?

En esa época nosotros ya escoltábamos a Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez cuando venían a sus fincas en el Magdalena Medio. En uno de esos recorridos yo los conocí. Ellos financiaron a las autodefensas porque sabían que tendrían nuestra protección cuando los persiguieran. Sin embargo llegó un momento en que Henry Pérez, nuestro jefe, les dijo que no iba a permitir que las autodefensas se metieran en la guerra contra el Estado porque su intención era acabar con la guerrilla y defender las tierras de los ganaderos. Por esa razón Escobar y el "Mexicano" lo declararon su enemigo y finalmente ordenaron su muerte.

Usted ha reconocido su participación en seis masacres en las que murieron más de 100 personas. Todas fueron atroces, pero la de funcionarios judiciales, conocida como la masacre de la Rochela, en 1989, fue una de las peores. Por que lo hicieron?

El político de Santander Tiberio Villarreal nos hizo saber que varios jueces iban para la zona de El Centro y Campo Capote, cerca a Barrancabermeja, y sugirió que para saber en qué andaban los asaltáramos para robarles los expedientes.

Henry Pérez creyó que de pronto iban a descubrir algunos laboratorios pequeños que había en la zona y que nosotros cuidábamos y decidió consultarle a Gonzalo Rodríguez. El "Mexicano" nos dio la orden de matarlos a todos y dejarlos en la autopista "para que los demás no vuelvan". Ese trabajo me lo encargaron a mí. Me dieron la orden de matarlos, no importaba cómo. Les dimos una plata a los policías de El Centro para que no escoltaran a los jueces. Luego se me ocurrió la idea de hacernos pasar como guerrilleros del 23 frente de las FARC. Cuando los interceptamos yo me identifiqué como el comandante "Vladimir". Yo di la orden de dispararles, dinamitar los carros y escribir en los restos "fuera masetos" (Masetos= Paramilitares) para hacer creer que había sido un ataque de la guerrilla. Sin embargo la persona encargada de volar los carros no lo hizo y por eso nos descubrieron. Ese mismo día supimos que hubo tres sobrevivientes.

Que pasó con los sobrevivientes?

Uno de ellos murió en urgencias en Barranca, al otro lo remataron unos compañeros en Bogotá por orden de Pérez y el otro logró salvarse. Después de la masacre me quedé unos días con el expediente; lo leí, pero observé que la comisión judicial solo tenía planeado indagar por algunas muertes en la zona, pero no más.

Otra masacre, por la que usted vuelve a estar en el ojo del huracán fue la de 19 comerciantes asesinados en 1987 cuando viajaban a Medellín. En esta investigación fueron vinculados varios militares, entre ellos el general Farouk Yanine, quien recobró su libertad hace unos días. Usted fue uno de los testigos que señaló al alto oficial, pero el demostró que a usted ni siquiera lo conoció.

Est esá diciendo mentira porque sí nos conocimos personalmente. A él lo vi por primera vez en Bogotá en el Batallón de Artillería. Ese día yo les estaba dando una conferencia a unos subtenientes que hacía curso para tenientes efectivos. A mí me llevó el coronel Dionisio Vergara. En la charla les dije que el Ejército estaba equivocado en la forma como se desplazaba en las zonas campesinas y que por eso era que caía tan facilmente en las emboscadas.

Después de eso volví a ver al general en la escuela 01 cerca de Puerto Boyacá. El fue personalmente con el coronel Dávila, comandante del Batallón Bárbula, y un sargento de apellido Campaz. De esa reunión con las autodefensas salió la instrucción de que debíamos pasar de la defensiva a la ofensiva. El mismo general Yanine llevó la iniciativa con el argumento de que nosotros debíamos hacer lo que el Ejército no podía hacer.

Pero el general Yanine demostró con documentos y con el testimonio de más de 1500 personas que estaba en Bogotá cuando ocurrieron esos hechos.

Para nadie es un secreto que para un general o para cualquier miembro del Ejército es muy fácil desplazarse. Estando él en Bogotá como director de la Escuela Militar no sólo fue a la escuela 01 sino que también fue a la vereda Vuelta Acuña para inaugurar un grupo de autodefensa. En esa época él no estaba en la zona, él trabajaba en Bogotá.

Como puede probar que eso es cierto?

Cuando fue a la escuela 01 - una escuela de entrenamiento donde a los campesinos les dábamos cursos de dos o tres meses en manejo de armas, desplazamientos después de hostigamientos y aseguramiento de viviendas -,Yanine llegó en helicóptero al Bárbula y de ahí se fue en el carro del comandante hasta donde estábamos nosotros. A Vuelta Acuña llegó en un helicóptero del Ejército.

En que otras circunstancias usted se relacionó con el general?

Antes de hablar con él en la Escuela de Artillería y de encontrármelo en la escuela 01 y en Vuelta Acuña lo vi en la base de Tolemaida, en Melgar. Yo estaba dictando unas conferencias a unos capitanes que ascendían a mayores. A esa charla asistieron un capitán americano de apellido Loncoria y otro oficial, ese sí colombiano, de apellido Frattini.

Pero Yanine demostró claramente que, por el contrario, él lo persiguió y dio órdenes para que lo capturaran ...

Esa es otra mentira de él. Estando yo en Tolemaida, en un sitio conocido como el Mango, a la entrada de la base, llegaron el general Yanine, el coronel Vergara, que era instructor allí, y el general Manuel Murillo. Me dijeron que no me podían tener mas trabajando en el Ejército porque había muchas denuncias contra mí por ser integrante de los "masetos". Me dijeron que lo mejor era que me fuera para Puerto Boyacá a trabajar con Henry Pérez, no como un patrullero de las autodefensas sino como instructor. Les hice caso y por eso llegué poco después a la escuela 01, donde nos visitó Yanine.

Sin precisar detalles, usted dijo que el general llamó a Pérez para coordinar lo de los comerciantes...

Lo de esa llamada es cierto. Yo le dije a la Fiscalía dónde había una caleta con varios casetes y documentos que Henry Pérez guardaba como evidencia para defenderse si el Ejército se le volteaba. No sé si la Fiscalía halló la caleta. Cuando era comandante en Bucaramanga Yanine estuvo encima del asunto de los comerciantes porque sabía que eran auxiliadores de la guerrilla. Escuché la grabación en la que Yanine le decía a Pérez que era inconcebible que no hiciéramos nada si nos estaban pasando las armas por las narices llevárselas a la guerrilla. Yo escuché ese casete por que a veces Henry nos decía: "Mire lo que tengo aquí de este general o de este político. Vengan lo escuchamos".

Sí, pero es difícil creerle a un casete que no aparece...

Ese casete existe, o existió ... varios militares iniciaron la estrategia para matar a los 19 comerciantes. Es más, el plan se desmoró demasiado porque si no en ese momento hubieran muerto unos 40 comerciantes. El procedimiento para eliminarlos fue coordinado con varios miembros del Ejército. A un teniente de apellido Salinas, del B-2 del Batallón Calibío le oredenaron investigar a quienes contrabandeaban electrodómesticos y camuflaban aramas para la guerrilla. Esto ocurrió cuando a Yanine le quedaban poco días en II División. Cuando llegó la época de matar a los comerciantes el ya estaba en Bogotá pero siempre estuvo al tanto de todo. Lo que pasó después está contado en detalle en el expendiente, es decir, cuando secuestramos a los comerciantes en su viaje a Medellín y la forma como los descuartizamos y los lanzamos al río. Por eso nunca aparecieron los cadáveres. Ya me declaré culpable de esa masacre porque yo la dirigí.

Queda de todas maneras la sensación de que usted no es lo suficiente preciso.

No, yo he dicho toda la verda. De pronto en lo que dije habrá fechas y nombres equivocados porque tengo mala memoria, pero no para los apellidos. Mire, yo no quiero que digan que ahora estoy persiguiendo al general Yanine porque él es muy poderoso y en el Ejército él es un ídolo. Lo que no me gusta es que ahora ellos nieguen todo después de que muchos nos arriesgamos por ganar una guerra.

Si, pero eso es muy grave porque errar en ese aspecto puede echar abajo toda una investigación...

Es cierto. Per en todo mi relato, aparte de unas fechas, no hay inexactitudes. Muchas cosas que yo le conté a la Fiscalía ya fueron verificadas.

Por qué sólo después de haber sido condenado a 30 años de cárcel por La Rochela es que usted se decide a colaborar con la Fiscalía?

Cuando la Fiscalía me acorraló con una gran cantidad de procesos, como el de los 19 comerciantes, la masacre de Segovia, lo de los mercenarios de Yir Klein, y otros, tomé la decisión de negociar. Durante muchos días estuvimos en un tira y afloje para que me dieran beneficios. Yo les dije que yo era un libro cerrado y que si lo abrían iban a descubrir con detalles las barbaridades que habían hecho los paramilitares en este país. Yo les dije que si no confirmaban lo que les decía me dieran más años de cárcel por mentiroso.

Usted confesó bajo el nombre clave de "Pablo" y después como "Vladimir". Por qué hizo eso... acaso para reforzar un testimonio débil?

Eso es falso. Cuando empecé a colaborar con la Fiscalía llegamos al acuerdo de que debían protegerme y por eso mis primeras indagatorias fueron con la clave de "Pablo". Pero las cosas se complicaron porque en esos días en el congreso cursaba un proyecto de ley acabando con la justicia sin rostro y los testigos secretos. Concluimos que si eso ocurría me podía quedar sin beneficios.

Esa discusión la dimos con dos fiscales aquí en Palmira y yo les dije que continuaba mi colaboración con mi nombre verdadero, que yo me arriesgaba. Ellos regresaron a Bogotá a consultas y después me dijeron que no había problema en cambiar la identidad del testigo. Así empecé a llamarme "Vladimir" en el expendiente.

A usted lo buscaron de la justicia penal militar para que declarara en la investigación contra Yanine?

No. Vino una mayor del Ejército para preguntarme algo del sargento Hernández y la participación de él en la muerte de los comerciantes. El abogado del sargento me dijo delante de la mayor: "Usted nos mató con esa declaración." En esa diligencia no se mencionó para nada al general Yanine.

Por la masacre de los comerciantes un juez de Cúcuta condenó a cuatro personas. Usted las conoció?

Sí, claro. Ellos eran tan culpables como yo porque estuvieron en la captura y en la ejecución. Lo que no entiendo es cómo esas personas, con pruebas aportadas por mí, salieron condenadas y los militares no.

Usted es consciente de que el país lo considera poco menos que un matón sin alma?

Hoy día, mirando la guerra desde estos muros, he sacado la conclusión de que hacía el papel de una fiera amaestrada que seleccionaba su víctima antes de cazarla. Eso es lo que hoy le ocurre a toda esa gente que está metida en el cuento de la guerra. Cuando uno tiene un padrino, en este caso el Ejército no mide las consecuencias. Eso fue lo que me pasó. Por tener padrino nos sentimos fuertes y no nos dio miedo hacer las embarradas que hicimos

Volvería a matar?

Que yo seleccione a mi víctima por mi propia cuenta, no, no como antes. De pronto si ocurre un accidente, una cosa fortuita, uno no sabe. Pero lo que sí quiero decir es que a los afectados de la guerra, a las familias de la gente que yo maté, ya no les puedo pedir perdón porque no me lo van a conceder. Pero sí que me disculpen por todo lo vivido, que fue una pesadilla, y que todos ellos rueguen por sus muertos y desaparecidos.

REVISTA LA SEMANA 14 DE JULIO 1997

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