Los pactos de la Moncloa. Motivos, consecuencias y algunas concreciones de la provincia de Albacete

Celebradas las primeras elecciones democráticas, en Junio del 77,. el segundo Gobierno Suárez se enfrentó a las dos tareas principales para apuntalar la incipiente democracia española; la redacción de una constitución y la resolución de la crisis económica,

La primera debía establecer los derechos y deberes ciudadanos, las instituciones del nuevo régimen y las reglas de relación entre todos ellos. La segunda debía apuntalar la economía nacional de forma que no malograse la transición al sistema democrático. Y ambas debían de hacerse con el acuerdo de la totalidad de las fuerzas comprometidas en el proyecto de transición.

De hecho, la consciencia de que sin una economía saneada era imposible la supervivencia de la incipiente democracia, ,se refleja en la prensa de forma clarísima, por ejemplo, en las declaraciones del presidente de la Cámara de comercio, industria y navegación de Bilbao, quien aparece en la prensa de Albacete, el 10 de Septiembre afirmando, “La inflación y el paro nos llevará a la dictadura”.

El miedo a esa posibilidad hizo que el pacto económico se realizara antes incluso de que las fuerzas políticas parlamentarias decidieran el mecanismo de elaboración de la nueva constitución. Es más, da la impresión de que los pactos de la Moncloa fueron el ensayo general del pacto constitucional, una primera prueba de que el llamado “consenso” era posible entre los partidos democráticos.

Naturalmente, en esa urgencia pesaba también la gravísima situación económica. Desde 1973, en que la OPEP comenzó a disparar los precios del petróleo, la situación política española, primero con la parálisis provocada por el declive físico del dictador, y posteriormente por el inicio de la transición, no permitió la adopción de ninguna medida efectiva para atajar o paliar los efectos de la crisis. Los diferentes gobiernos de Carrero, Arias y Suárez, habían elaborado hasta ocho planes económicos, todos ellos fracasados.

Así, nos encontramos con que España importa, en 1977, el 66% de la energía que consume, lo que, con el continuo aumento de los precios del petróleo, elevó el déficit en la tasa de cobertura de importaciones hasta el 55%, lo que suponía un agujero de 100 millones de dólares diarios en las reservas exteriores. En cuatro años se acumuló una deuda externa de 14 mil millones de dólares, el triple de las reservas de oro del Banco de España.

La inflación, en el mes de Junio de 1977, alcanzó niveles superiores al 40%, si bien el año se cerro con el 22%, cifra que dobló la media de los países de la OCDE.

Los efectos de esa inflación, claro está, fueron la perdida generalizada de poder adquisitivo, lo que hizo que los salarios se incrementaran exponencialmente, mientras que la productividad y la competitividad de las empresas se hundían. Las perdidas que sufrieron las empresas por el aumento de los costes laborales, de financiación y de producción, cifradas en centenares de miles de millones de pesetas, provocó el cierre de muchas de ellas, iniciando una espiral de desempleo que, ya en el año 77, alcanzó a más de 900.000 trabajadores, de los cuales, menos de 300.000 recibían subsidios de algún tipo.

Estos datos económicos estatales tuvieron un reflejo casi mimético en la provincia de Albacete.

Los datos recogidos muestran una inflación en la provincia de un 27%, de media, con unos índices sectoriales superiores en Vestido y calzado, mas de un 31%, Menaje con un 30% y en el epígrafe de Otros se registra mas de un 60%.

En cuanto a los índices de desempleo, las encuestas de población activa, las únicas con garantías históricas dado el mínimo desarrollo que entonces tenía el actual INEM, arrojan un paro registrado de 2.746 personas en el primer trimestre y de 4.742 en el segundo, con un numero de colocaciones que apenas absorbieron el 30% de las demandas de empleo producidas. Este volumen de paro tuvo su cumbre en el mes de Agosto, en el que se registraron 2.858 desempleados, parte de los cuales provenían de la finalización de los contratos que mantenía la construcción de el acueducto del trasvase Tajo-Seguro, concluido en ese mes. Y estas cifras se dan en una provincia de muy escasa industrialización y con un sector servicios sin apenas desarrollo.

Esta negra realidad económica, y su posible influencia sobre la marcha del proceso hacia la democracia, debió de pesar en las direcciones de los partidos políticos y del resto de las recién estrenadas organizaciones sociales, pues todos coincidían en el diagnóstico de la realidad, favoreciendo la voluntad de acuerdo, si bien no todos tuvieron la misma “pasión” concertadora, aunque se impuso la necesidad a la estrategia.

El partido gobernante, la UCD, era un conglomerado de sensibilidades políticas, que incluía a liberales, demócrata-cristianos, conservadores, monárquicos, tecnócratas y franquistas reconvertidos, que en Albacete se constituyó en el mes de Julio del 77. No todos ellos veían la necesidad de ceder en política social, fiscal y de derechos para hacer aceptable los costes de la necesaria política de ajuste. Incluso el presidente del gobierno, tuvo que ser convencido por el quipo económico de la necesidad de alcanzar un acuerdo de forma prioritaria.

Curiosamente la fuerza mas entusiasta con el acuerdo fue el PCE. El partido comunista, fiel a estrategia de concentración de fuerzas democráticas, avaló la negociación e influyó en lo que pudo, ( que fue mucho), para que el sindicato que controlaba, CC.OO., confluyera en esa misma estrategia, con las limitaciones que después comentaré.

Por supuesto, las formaciones políticas del centro derecha democrático, nacionalistas o no, es decir, el PNV, los democristianos catalanistas, los republicanos de Tarradellas, así como los socialistas ajenos al PSOE, mantuvieron posiciones sinceramente positivas al acuerdo.

Fue el socialismo del PSOE el que, como ocurriera posteriormente con la negociación constitucional, los que fueron coyunturalmente más reticentes al pacto y más duros en la negociación, arrastrando a ese posicionamiento a la UGT. Tan es así que, a modo de ejemplo, la prensa local de Albacete publicó una entrevista, el 3 de noviembre, a los dos diputados provinciales del PSOE en la que estos aun manifestaban claramente, “no nos gusta el pacto de la Moncloa pero no hay mas remedio”.

Respecto a las organizaciones sociales su postura fue amoldándose a la de sus partidos de referencia. Los sindicatos mayoritarios, CC.OO. y UGT, fueron favorables al pacto, no sin tener que vencer graves oposiciones internas y contrarrestar el desgaste frente a los sindicatos minoritarios que estaban frontalmente en contra de cualquier concertación con la derecha capitalista.

¿ Por que fueron los sindicatos, sobre todo UGT, y el PSOE los que menos facilidades dieron a la negociación?

Posiblemente por razones parecidas. Todas estas organizaciones necesitaban consolidar su clientela ideológica. El partido socialista, primer partido de la oposición, quiso conquistar su imagen de alternativa gubernamental, hacerse con la representación de izquierda mayoritaria frente al PCE y además estaba inmerso en la reconversión interna precisa para soltar lastre con su exilio marxista y republicano.

Por su parte los sindicatos estaban inmersos en su propia consolidación y en mutua competencia. Las agrupaciones de UGT y CC.OO. en la provincia de Albacete comenzaron a constituirse a partir de la presentación de las CC.OO de Albacete el 2 de Julio, fecha en la que contaba con 1.500 afiliados. Tras esta presentación, y durante los meses inmediatos, se constituyeron las de las poblaciones mas importantes, Almansa, Villarobledo y Hellín, de ambos sindicatos.

Las organizaciones sindicales jugaron el doble papel de impulsar el asociacionismo sindical, objeto y sujeto de su propia existencia, y encauzar ( muchas veces contener) las reivindicaciones y movilizaciones de los trabajadores, manteniéndolas dentro de las coordenadas marcadas por los partidos de referencia. Ejemplo de esto son las declaraciones que el dirigente del PCE, Manuel Ariza hizo en Albacete el 24 de Octubre, tras un conflicto prolongado del sector del calzado almanseño y que decía que los sindicatos debían poner “ los medios necesarios para resolver los problemas económicos y afianzar la democracia”. (La independencia de los sindicatos respecto de sus partido no llegaría hasta bien entrados los años 80 y tras grandes conflictos internos en ambas organizaciones).

Ante estos posicionamientos políticos el gobierno, consciente de la necesidad de concertar las políticas de ajuste económico, por la necesaria dureza que requerían, encargó el impulso de los planes de ajuste y su negociación con las fuerzas políticas al Vicepresidente para asuntos económicos Enrique Fuentes Quintana.

Fuentes Quintana creó un equipo, encabezado por José Luís Leal y que contaba con Miguel Ángel Rojo, José Pérez y Manuel Logares, y con el apoyo político del Vicepresidente político Abril Martorell. Fueron estos técnicos los que elaboraron el documento base que, en el primer Consejo de Ministros de Septiembre, se le da el visto bueno.

Aunque ya en Agosto, Quintana se había reunido con las centrales sindicales para convencerles de que debían consentir en moderar los incrementos salariales, fue en septiembre cuando se inició la negociación, precisamente con una reunión entre Abril Martorell y Santiago Carrillo.

El proceso negociador concluyó en 9 de Octubre, estableciéndose dos acuerdos; uno económico, que suscribieron todos, y otro político-jurídico al que no se adhirió la Alianza Popular de Manuel Fraga. La firma de los acuerdos se realizó en el Palacio de la Moncloa el 25 del mismo mes. Los firmantes fueron Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Tierno Galván, Calvo Sotelo, Roca Junyent, Joan Reventós, Fraga Iribarne, José María Traginer y Juan Ajuriaguerra.

Los dos pactos contenían medidas a corto plazo, para paliar las necesidades mas urgentes, junto a medidas a medio plazo, que fueron aplicadas con menos interés y profundidad, lo que llevaría al fracaso parcial de los acuerdos y a la desafección de parte de los firmantes.

En el acuerdo económico las medidas urgentes se tomaron en varios campos. En política monetaria se controlaron las disponibilidades liquidas fijando el crecimiento monetario en el 17% y limitando tanto el recurso al Banco de España a 14.000 millones y las dotaciones nuevas al crédito oficial a 190.000 millones. Así mismo se fija un cambio realista de la peseta, para facilitarla reducción de la deuda exterior.

La política presupuestaria limitará el déficit publico a 73.000 millones, y el crecimiento del gasto público para 1978 se limita al 21%. En consonancia, la política de rentas que marcan los acuerdos aplica el límite del incremento salarial sobre el incremento previsto de la inflación, limitándolo a un máximo del 25% , incluso con sanciones a las empresas que no lo cumplieran.

Ésta fue la medida mas contestada por los trabajadores y la mas aplaudida por la patronal junto a una de las medidas de empleo, la flexibilización del despido y la contratación temporal.

Ya a medio plazo se establece la intención de reformar la política fiscal para hacerla general y progresiva, mediante un nuevo impuesto sobre las rentas personales y la reforma de la imposición sobre sociedades y el consumo.

En el pacto político, por un lado se toman medidas en el sistema educativo, pero sin comprometer plazos ni cuantificar la inversión. Se reconoce la necesidad de su democratización, de su gratuidad y universalización, de mejorar las condiciones de los docentes y de adecuar sus contenidos al sistema democrático y al sistema de descentralización y autonomía que se preveía.

También se corrige la legislación franquista residual en materia de libertad de expresión, dejando el secuestro de publicaciones en manos del juez, (sin suprimirlo), y de los derechos de reunión y asociación reformando los conceptos de reunión privada y relajando la aplicación de los aspectos menos democráticos de los códigos, muy en la línea característica del reformismo suarista, pero sin llegar tampoco a derogar por completo la legislación represora, lo que no ocurriría hasta la aprobación de la constitución un año mas tarde.

En el espíritu de los acuerdos se puede observar un política ligeramente intervencionista, que seria una de las causas de que no pudiera llevarse a cabo, dado el inmediato triunfo del sector liberal del gobierno, encabezado por los ministros Oliart y Walcker, que logran incluso la dimisión de Fuentes Quintana.

Los pactos lograron, como principal activo, la reducción de la inflación al 22%, la cuarta parte de la prevista para el año 77, y al 16% en 78. Este descenso en la inflación no fue tan grande en la provincia de Albacete, donde la inflación se mantuvo en 1978 en un 24%. Tampoco en el empleo se notó la mejora. En cifras absolutas, se registraron en 1978, 7.810 parados, con apenas 4.000 colocaciones frente a las mas de 14.000 solicitudes de empleo, y ello referido a una población activa de poco mas de 1000.000 personas.

Efecto positivo fue también que se lograra duplicar las reservas de divisas, y es muy posible, aunque aun los autores lo discuten, que sentaran las bases para superar la crisis del 79.

Sin embargo hubieron varias consecuencias políticas, que fueron de mayor importancia incluso que las económicas. Sirvieron para comprobar la capacidad de entendimiento básico entre las fuerzas políticas, capacidad necesaria para la elaboración de una constitución estable y aceptada. Estos acuerdos comprometieron a las fuerzas de izquierda en la superación de la crisis, aplicando medidas de mercado, no estatalistas.

Respecto a esto, no está muy estudiada la influencia que los patrocinadores extranjeros de las distintas fuerzas políticas pudieron ejercer para aplicar grandes dosis de pragmatismo. Comenzaron la apertura de las libertades políticas y territoriales, las cuales ya reconocen en varios de los apartados.

En definitiva, los Pactos de la Moncloa son el resultado irrepetible de una coyuntura política, inestable y en desarrollo incipiente, que hizo posible que una crisis económica se enfrentara con el acuerdo de la inmensa mayoría de la clase política y social, identificando los intereses particulares con los nacionales de una forma que solo se ha podido volver a constatar con la elaboración de la Constitución del 78 y con el ingreso de España en la Unión Europea.

FUENTES:

-Biblioteca Provincial de Albacete. Hemeroteca. Diario La voz de Albacete. nº de 1977.

-Biblioteca de la Delegación Provincial del I.N.E. en Albacete. Anuarios Estadísticos, Tomos de 1977( E7-63) de 1978(E7-64) y 1979(E7-65).

-Archivo Provincial de Albacete. Libro de altas de licencia fiscal de profesionales. 1961-1977. HAC 2914.

-Archivo de la Delegación Provincial de la AEAT en Albacete. Fichas de altas y bajas de Licencias Fiscales 1977.

BIBLIOGRAFIA:

-INSTITUCIONAL. Los pactos de La Moncloa. Políticas de empleo y rentas, salarios y seguridad social. Ed. Servicio Central de Publicaciones. Madrid 1978.

-CALVO SOTELO, Leopoldo y otros. Cinco lustros apenas. 25 años de economía y sociedad españolas. Ed. Marcial Pons y Fundación Rafael del Pino. Madrid 2005.