Naturaleza y Carácter de la Acreditación Universitaria

I

Marco General y Plasmación de la Democracia Burguesa el Contexto Educativo Universitario

Durante las últimas décadas se ha configurado en el país el desarrollo de una gran burguesía intermediaria -una burguesía compradora y no productora, sumisa ante el capital imperialista, esto es, una burguesía cuyos intereses están imbricados, unidos con el capital extranjero y que por tanto, muestra un desdén por la producción y el desarrollo de la industria nacional- que, de modo general es la que, a través del Estado y de sus instituciones domina y dirige el escenario nacional de acuerdo a sus intereses económicos y políticos.

Las instituciones educativas, por supuesto, no están exentas del carácter de clase que le imprime esta gran burguesía intermediaria. Esto se refleja perfectamente en la ley General de Educación y más específicamente en la Ley universitaria 23733.

Consecuente con su política económica de acuerdo a sus intereses, la burguesía viene implementando una orientación que “restringe, que trata de cancelar, de ajustar cuentas con el Capitalismo de Estado, de promover a toda costa la iniciativa privada, la empresa privada.” Es consecuencia de esto en el campo educativo universitario el fenómeno de excesiva proliferación de las Universidades privadas, por un lado; y el fenómeno que consiste en el ahogamiento y abandono económico de las Universidades públicas, por otro.

La ley universitaria, vigente desde la década del 70 aprox.- desde el gobierno AP-PPC posterior al mandato de Bermúdez- es también la plasmación de esta política, a la vez que los gobiernos de turno se dan el lujo, incluso, de incumplir con las disposiciones de esta ley, cuando así lo requieren los intereses económicos y políticos de la clase que domina al Estado. Analicemos esto en algunos de sus aspectos:

Por ejemplo, en el artículo Nº 76 se menciona el otorgamiento a las Universidades de “la contribución pública de acuerdo con sus méritos y necesidades”, es decir, según la opinión, el significado y los requisitos que impone el gobierno, o más precisamente, la gran burguesía intermediaria compradora. Esta es una modificación de la disposición legal que otorgaba el 6% del presupuesto del Estado a las universidades que, por tanto deja a la deriva este asunto; ocasionando que en la actualidad el presupuesto otorgado no alcance ni el 3% del presupuesto nacional.

Del mismo modo en el aspecto académico la ley establece, en sus artículos 9, 10 y 11, la permanencia del sistema que hasta hoy se ha venido implementando y que a demostrado a través de la historia su carácter decadente y propiciador del caos y la crisis universitaria: el sistema Departamentalista. A pesar de que se establece en lo formal “la Facultad”, se menciona que esta se establecerá “de acuerdo las características y necesidades de cada universidad”, y en el artículo 10 se puede leer: “cada universidad regula las relaciones de sus facultades con las demás unidades académicas dentro del espíritu de la presente ley”, es decir, los Departamentos Académicos no están sujetos ni regulados necesariamente por las Facultades, como sucede en la actualidad; y sobre todo, los Departamentos Académicos siguen agrupando a los profesores de materias homogéneas, esto es, se hecha por la borda la posibilidad de formación integral de los estudiantes y, como ocurre actualmente, la posibilidad de investigación interdisciplinaria; dos consecuencias lógicas del sistema departamentalista.

La política de la burguesía intermediaria peruana no puede ser otra que la implementación en todos los campos de la democracia liberal, gran burguesa; una democracia de corte reaccionario correspondiente a la etapa de decadencia del capitalismo, es decir, a la etapa imperialista. Es así que el gobierno aprista ha promulgado los decretos legislativos 982, 983, 988 y 989 conocidos como los decretos de criminalización de la protesta, los cuales tienen como antecedentes los decretos promulgados por Alberto Fujimori contra el “terrorismo agravado” y las leyes 27686, 28222 y 28820 del gobierno de Alejandro Toledo. Del mismo modo el Estado tiene también sus mecanismos de represión con la universidad que forman parte de la plasmación concreta de su democracia reaccionaria en el campo de la educación superior.

Un claro ejemplo es la marginación de los trabajadores al no ser considerados como estamento de la universidad a pesar de constituir un sector imprescindible para el funcionamiento de los quehaceres universitarios. En el artículo Nº 28 de la ley 23733 se establece para la Asamblea Universitaria que la mitad de los representantes de los profesores deben ser principales a pesar de ser este sector una minoría en las universidades, generalmente el sector más reacio a los cambios por ser el que ostenta mayores privilegios. Tal como ocurría ya en la década del 80´ la Asamblea Universitaria es despojada de su categoría de máxima instancia de gobierno en la universidad estableciéndose como tal el Consejo universitario que, sin embargo, no contempla a los representantes de los docentes, así lo establecen los artículos 29 y 31 que en la actualidad siguen vigentes. El artículo Nº 40 vuelve legal el repudiado tercio móvil; esto es, la cantidad de alumnos se reduce de acuerdo a la cantidad de autoridades y docentes asistentes a las sesiones, de tal manera que en ninguna circunstancia excedan a un tercio de los miembros presentes. Este mismo artículo estipula que para establecer el quórum tanto en la Asamblea como en el Consejo Universitario y de Facultad es prescindible la presencia de los estudiantes, otorgándose validez a las sesiones de Asamblea y Consejo donde no existe representación estudiantil. El art. 8 permite el ingreso de la policía y de las fuerzas armadas al recinto universitario. El art. 59 establece las sanciones y expulsiones de los alumnos que participen en actos “que alteren el orden”, etc. Esto nos demuestra perfectamente el tipo de democracia que se ha implementado y se sigue haciendo a nivel nacional y en este caso a nivel de la educación superior. Este es el verdadero carácter de la llamada “democracia representativa” que tanto promociona la burguesía por doquier.

II

Los Intereses de clase subyacentes al fenómeno de la Acreditación Universitaria

En este panorama general de la educación pública universitaria es que se plantea ahora el novísimo problema de la Acreditación y Certificación de la Calidad Académica en las universidades, promovida por el Estado a través de la ley Nº 28740, ley del SINEACE (Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa). Problema que, como mostraremos más adelante, es planteado y resuelto desde un punto de vista burgués en todos sus aspectos. Para empezar, ya desde su nacimiento, ligado indisolublemente a todo el aparato político y legal de la burguesía.

Podemos apreciar en el artículo Nº 14 de dicha ley: “Los órganos operadores establecen relaciones de coordinación con el Sector Educación, con los gobiernos regionales, los otros ministerios, gremios empresariales, e instituciones de la sociedad…”, es decir, desde el primer momento todo el aparato designado para dicho proceso de Evaluación se encuentra ligado a los intereses de las instituciones de la “Sociedad civil” burguesa y de forma directa a los intereses de los capitalistas a través de los gremios empresariales. Asimismo, en el artículo Nº 16 se caracteriza a los órganos operadores como “autónomos, administrativa y funcionalmente, como garantía de independencia para realizar sus actividades en el marco de la Constitución y de sus leyes…”. Por supuesto sabemos que esta autonomía no es más que una ilusión, sobre todo “en el marco de la Constitución y de las leyes” de la democracia reaccionaria burguesa que ya revisamos anteriormente. Con esto nos queda claro el yugo al que está sujeto el proceso de Acreditación, en función del engranaje estatal de la gran burguesía intermediaria, de sus parámetros, necesidades y requerimientos; ya que en el Art. 18 de dicha ley se indica como funciones de los órganos operadores “establecer los estándares que deberán cumplir las instituciones educativas para ofrecer el servicio educativo. Establecer criterios e indicadores nacionales y regionales de evaluación y acreditación de los aprendizajes, de los procesos pedagógicos y de la gestión que desarrollan las instituciones educativas”.

De forma aún más directa se puede apreciar este yugo en el Art. 32, en el cual se establece la conformación del órgano de dirección de Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la Educación Universitaria (CONEAU).

En aquel Art. Se menciona: “Serán propuestos: Uno por el CONCYTEC, uno por las Univ. Públicas, uno por las Univ. Privadas, uno por los gremios empresariales, uno por el Consejo Nacional de Decanos de los Colegios profesionales y uno por el Centro de Planeamiento Estratégico Nacional CEPLAN…”; siendo así, la burguesía asegura el control directo con la mitad de los miembros provenientes de sus instituciones: El Poder Ejecutivo del Estado (CEPLAN), las universidades privadas que tienen y mantienen el control de la ANR, y nuevamente los gremios empresariales.

Por supuesto, como era de esperarse, en estas instancias no existe para nada, representación docente universitaria y mucho menos estudiantil. No se podía esperar menos de la democracia burguesa.

Ante esto cabe preguntarnos ¿a qué se debe que la burguesía se preocupe ahora por la calidad de la educación? ¿de dónde se origina esta preocupación?¿Cuál es la esencia de esta acreditación de la calidad académica?

Es una afirmación totalmente válida e irrefutable que la burguesía desde sus inicios nunca se ha preocupado por la educación de las masas populares. Desde las afirmaciones de Lutero en materia de educación refiriéndose al Herr Omnes, o de las iniciativas de Charles Demia - tan alabado por la burguesía durante siglos como iniciador de la enseñanza primaria gratuita - que propugnaba la idea de escuelas que, como él mismo decía, “lleguen a ser agencias de información o lugares de mercado en que las personas acomodadas pudieran ir a buscar servidores de sus casas, o empleados de sus negocios”; hasta las afirmaciones de Condorcet con respecto a la escuela burguesa “gratuita y popular” que, como él mismo reconocía, “no era escuela de masas” y la propuesta de Pestalozzi de educar a los pobres para que acepten de buen grado su pobreza; la burguesía se ha mostrado siempre reacia cuando de extender la educación a las masas populares se trataba. Como era de esperarse, siempre ha sabido utilizar a la educación como instrumento a su servicio, excluyendo a las masas trabajadoras de esta en algunas ocasiones, preparándolas con lo mínimo necesario para que se conviertan en buenos servidores de sus casas o empleados de sus negocios en otras.

Entonces, ¿a que se debe este vuelco tan grande de la clase capitalista en materia de educación?

Es fácil advertir que en realidad la burguesía no se preocuparía por la “calidad educativa” si no estuvieran en juego sus intereses. Nos atrevemos a afirmar este hecho pues como veremos es aceptado de boca de sus propios teóricos. Por tanto cabe decir que, en última instancia, esta necesidad está en relación directa con las demandas del mercado, del campo productivo y comercial, en fin, de la sociedad burguesa.

Precisamente es en el campo de la industria donde debemos buscar el porqué de la preocupación de la burguesía por la “calidad de la educación”. Raimundo Vossio, consultor de la OIT, menciona en uno de sus trabajos, con mucha claridad, uno de los motivos del porqué la burguesía empezó a advertir una necesidad de buscar “calidad educativa” en sus instituciones:

“La corrida hacia la regulación internacional de calidad llevó a que las empresas constataran que el sistema regular de enseñanza no estaba preparando adecuadamente a sus trabajadores...”

Esta es, pues, la razón última de las aspiraciones de la burguesía. Por supuesto la formación de “empleados capacitados” no es nada nuevo, es una muy antigua necesidad que la clase burguesa ha tenido desde sus inicios. Sin embargo, a pesar de que la necesidad es en esencia la misma, es preciso hacer notar que han variado los requerimientos que la burguesía exige a estos empleados, de acuerdo a lo avanzado de la industria y de la producción de la actualidad. Y es por eso que al notar que la formación en las escuelas públicas -que durante siglos la burguesía se encargó de planificar y dirigir- ya no dotaba a “sus futuros empleados” de los conocimientos mínimos para desempeñarse en algunas ramas de la industria, las corporaciones decidieron buscar otros medios para solucionar este inconveniente. El mismo Raimundo Vossio nos ilustra con un ejemplo de este hecho:

“La crisis educacional llegó a un punto tal que empresas como MOTOROLA … presionadas por la competencia asiática, resolvieron actuar en el sentido de modificar el currículo de las escuelas municipales vecinas a sus fábricas en los Estados Unidos, para superar las deficiencias en al formación de sus futuros empleados, llegando hasta fundar posteriormente universidades propias para la formación de sus especialistas. Hoy en día existen cerca de 1300 universidades corporativas en los Estados Unidos.”

En efecto, ahora que la burguesía pretende recoger frutos de sus escuelas estatales -de las escuelas que ella misma mantiene en crisis y miseria- se ha dado cuenta que las míseras migajas de cultura que, a través de estas, ha dado siempre a los hijos del pueblo no son suficientes ni siquiera para formar “mano de obra competente”, y en consecuencia, se ha volcado a la creación de otro tipo de escuelas, principalmente escuelas técnicas de carácter privado para formar allí a los empleados y profesionales que necesita; aunque, por supuesto, cuidándose siempre de no abrir mucho las puertas de esta enseñanza, mediante la imposición de cobros y rentas que exige para dotar de estos conocimientos al reducido sector de la población que puede acceder a ellos.

Pero, seguramente surgirá la pregunta ¿Si este nuevo tipo de instrucción para formar a los trabajadores capacitados es muy restringido, como entonces la burguesía espera poder encontrar mano de obra capacitada a su alcance? Nuevamente Raimundo Vossio responde con un ejemplo dilucidador:

“Luego de muchas tentativas infructíferas de modificar su sistema de producción, en febrero de 1983, General Motors ... comenzó a adaptar el modelo toyotista japonés a las condiciones americanas. La dirección de la empresa negoció un acuerdo con el sindicato: la empresa daba garantías de estabilidad en el empleo y, a cambio, recibía el compromiso de los trabajadores de aceptar las nuevas reglas y someterse a la formación.”

Esto para nada debe sorprendernos, ya que formar una aristocracia obrera, arribista y adicta, es una de las intenciones más claras de la burguesía en la fase imperialista. Por supuesto no se sabe decir nada de las “nuevas reglas” a las que quedaban sometidos los trabajadores, pero lo que si podemos concluir en todo caso, es que, por un lado, la burguesía sigue manteniendo a las clases trabajadoras lejos de las cultura y de la ciencia -reservando esta al reducido grupo de profesionales técnicos que se insertaran después como intermediarios, administradores y directores de sus empresas- y capacitando técnicamente de forma directa en lo mínimo necesario a los obreros de algunas ramas de la industria, para, posteriormente, acreditarlos por sus “competencias demostradas ”.

“Ligada estrechamente a la estructura económica de las clases sociales, la educación no puede ser en cada momento histórico sino un reflejo necesario y fatal de las aspiraciones de esas clases” y por tanto, “la educación es el procedimiento mediante el cual las clases dominantes preparan en la mentalidad y en la conducta de los niños y jóvenes, las condiciones de su propia existencia”. Podemos afirmar, entonces, sin temor a equivocación, que los intereses de la burguesía nunca fueron los de formar “profesionales íntegros y humanistas”, que la “calidad” que busca no está en función de mejorar el empobrecido nivel de enseñanza que imparten las instituciones educativas públicas a los sectores populares; lo han confirmado sus propios teóricos, por mucho que después se esfuercen en fundamentar lo contrario, ya la suerte está echada para ellos y los hechos hablan por sí solos. De este modo se hace irrefutable que “la clase que domina materialmente es la que domina también con su moral, su educación y sus ideas.”

III

Burguesía Intermediaria y Acreditación Universitaria

Hasta aquí los verdaderos intereses de la burguesía se observan con tal claridad que no seria necesario ahondar más en el tema. Sin embargo hay que advertir que lo antes descrito corresponde a los países de industria desarrollada. En el caso de los países como el nuestro -con una burguesía nacional débil y poco desarrollada, y con una burguesía intermediaria sometida al Capital imperialista como principal fuerza predominante a nivel económico, político y social- definitivamente el panorama varia en algunos aspectos.

En este caso, si bien es cierto también existe la necesidad de formación y capacitación de trabajadores para la burguesía intermediaria, esta no es muy notoria, los que impulsan con más fuerza, en el mejor de los casos, la satisfacción de esta necesidad, son las empresas multinacionales que operan en el país, pero aún así en una magnitud mucho menor. Entonces ¿qué es lo que impulsa a la burguesía intermediaria a buscar aplicar el modelo de calidad educativa que se implanta en los países industrializados?

En primera instancia, no es más que un afán de aparentar ante la opinión pública una supuesta preocupación por la mejora de la formación en las instituciones públicas y privadas, y, ligado a esto, aparentar el supuesto aseguramiento de la calidad educativa por iniciativa del Estado y de las organizaciones empresariales, esto es, de toda la clase burguesa en su conjunto. En concreto no es más que la plasmación de la hipocresía burguesa en todo su esplendor, esto es, de la necesidad burguesa de ocultar tras relucientes caretas de “calidad y bienestar”, la paupérrima situación en que se encuentran las masas populares como consecuencia del régimen de explotación existente y la situación de podredumbre y decadencia de las instituciones de toda la sociedad burguesa en su conjunto; solo que en este caso, expresada en el ámbito de la Educación en general y de la Educación Superior en particular. Esto es fácilmente deducible si analizamos brevemente los parámetros y estándares que propone el Estado para evaluar a las instituciones educativas en general. Derivados de estos parámetros las autoridades de la UNMSM, han adaptado y difundido una serie de parámetros de naturaleza similar. Oficialmente se establece una serie de factores, que son divididos en variables y estas, a su vez en indicadores. Entre los factores más importantes podemos mencionar: Comunidad Académica, Procesos académicos, Investigación y contribución intelectual, Egresados e impacto sobre el medio, Recursos físicos y financieros, etc.

Por ejemplo, en cuanto al factor “Comunidad Académica” que comprende al “grupo humano que se constituye como el insumo principal de una Escuela Académico Profesional y son los actores que desempeñan los roles fundamentales del proceso educativo” se consideran como indicadores la “Existencia y aplicación de políticas para la admisión, promoción y evaluación de los docentes”, “Existencia y aplicación del sistema para la evaluación permanente del desempeño docente” y se pretende utilizar como fuentes de verificación simples documentos como Reglamentos de admisión, de evaluación, informes institucionales, etc.; es decir, no se contempla en absoluto procedimientos que verdaderamente permitan verificar la aplicación de los sistemas planteados con respecto a la admisión, promoción y evaluación docente. Esto se repite en muchos lugares y para diversos indicadores. Para el factor que estamos tratando ahora, esto se repite en cuanto al indicador “Existencia y aplicación de lineamientos y programas para la formación integral del alumno”, que debería ser considerado como uno de los más importantes. La fuente de verificación de este indicador son las Normativas y el Informe de la Dirección de la EAP, ¡vaya forma de verificación! En cuanto a otros indicadores de la “calidad de los docentes” podemos apreciar, por ejemplo: “Número de docentes considerando su condición categoría y clase”, “Número de docentes dedicados a los procesos de enseñanza en relación al número de alumnos”, “Porcentaje de docentes con título de Especialista, grados académicos de Magister o Doctor”, “Porcentaje de docentes que realizan investigación y de docentes investigadores”, “Porcentaje de tiempo del docente dedicado a las actividades formativas, de investigación, de proyección social, de gestión y de capacitación”. Es decir, se parte del supuesto de que el número de docentes, horas destinadas a tal o cual actividad, grados y títulos que ostenten los docentes, etc.; aseguraría la calidad de estos y de las actividades que realizan en diversos campos, esto es, se mira simple y sencillamente la superficie, más no el contenido; se evalúa la cantidad de docentes que realizan investigación, pero no qué tipo de investigación realizan o si esta sirve para algo, se examina el número de docentes de acuerdo a la cantidad de estudiantes, pero no el desempeño real del docente en el aula, más aún si, como ya vimos, no se tiene un verdadero criterio de verificación que asegure la correcta evaluación periódica de estos.

Podríamos citar una gran cantidad de ejemplos de este tipo, presentes en todo el esquema de evaluación, pues como ya mencionamos anteriormente, se repiten en muchos lugares y para diversos factores. Se puede encontrar casos parecidos, por ejemplo, en el factor “Procesos Académicos” donde se evalúa: “Existencia y ejecución de un currículo que contiene los componentes del diseño curricular y que abarca el fundamento de la carrera, el perfil profesional, el Plan de estudios, las sumillas, las malla curricular y los recursos humanos y físicos”; por supuesto, todos estos componentes tienen un grado innegable de importancia, pero nuevamente el criterio de verificación solo se sustenta en el Plan Curricular y el Informe de la Dirección de la EAP. En el caso de la evaluación de la “coherencia entre la formación profesional del docente y el contenido de la asignatura que imparte” o de la “existencia y ejecución de un plan de trabajo anual participativo para el desarrollo curricular”, de la “existencia y aplicación de un plan de monitoreo y supervisión de la planificación curricular” y de la “existencia e implementación de políticas en materia de evaluación curricular” sucede exactamente lo mismo, esto es, la verificación se pretende realizar en base a Informes institucionales, planes curriculares, análisis documentales, etc.; es decir, documentos, documentos y más documentos.

Igualmente en el factor “Investigación y contribución intelectual” se encuentran estándares como: “Porcentaje de docentes por grado académico, categoría y clase docente que desarrollan investigación y creación artística o tecnológica”, “Número de investigaciones de cada docente como responsable por año”, “Porcentaje de tiempo dedicado a la investigación con respecto al total de la carga académica”, “Número de equipos y de centros de investigación”, “Número de investigaciones y de creaciones artísticas y tecnológicas por equipos y centros de investigación por año”. No interesa qué calidad de investigaciones realizan los docentes, o los equipos de investigación, sino simplemente el número en que estas son producidas, en resumen, se evalúa la apariencia por encima de la esencia.

Estos casos se pueden apreciar en general en todo el modelo de evaluación. No deseamos aquí, detenernos más en analizar cada uno de ellos.

Si además consideramos que, según el modelo o guía, el proceso de Evaluación por pares académicos sólo se realiza durante tres días, de los cuales uno es destinado por entero al establecimiento de conclusiones, dejándose en realidad solo dos días hábiles para que se realice todo el trabajo de evaluación, nos podemos percatar que es más que obvia la pretensión de aparentar que tiene la burguesía. Sin embargo, no es la única, ni la principal, pues aún no hemos analizados el trasfondo de todo esto.

Es fácil darse cuenta que, en la precaria situación en que se encuentran las universidades estatales en general, ni siquiera podrían cumplir con los, ya de por sí, insuficientes parámetros que se les impone. Muy difícilmente podrían, por ejemplo, cumplir con los estándares establecidos en el factor “Recursos físicos y financieros”; esta conclusión salta a la vista, sobre todo, si consideramos el problema de la disminución gradual del presupuesto para la Educación, incluso simplemente observando el estado en el que se encuentran las instalaciones, ambientes, equipos de laboratorio, bibliotecas, etc.; de la mayoría de universidades públicas. De manera general la situación de abandono en que el Estado mantiene al sector educativo público, dificulta enormemente el cumplimiento de los requerimientos que la burguesía impone.

Este hecho no es para nada fortuito, pues, en el caso de la educación superior, las universidades privadas tienen una considerable ventaja en materia de recursos para su funcionamiento, que proviene de las rentas que perciben de los estudiantes o de su mayor facilidad de obtener financiamiento de parte del sector empresarial, más aún, considerando que en la mayoría de los casos estas universidades han sido fundadas por entidades empresariales.

Lo que necesariamente se deriva de esto, es que las universidades privadas tendrían mucho mejores posibilidades de lograr la Acreditación, lo cual les traería obviamente una serie de beneficios. Lo contrario sucedería con las universidades públicas, que se verían definitivamente afectadas por no contar con esta. Como resultado, entonces, obtenemos que en realidad la “Acreditación de la Calidad académica universitaria”, de manera subliminal, terminaría convirtiéndose en un caballito de batalla para promocionar la educación superior privada, en desmedro de la educación pública. Por un camino u otro, la burguesía busca librarse de la molesta obligación de tener que educar a las muchedumbres miserables mediante la educación pública; la Acreditación vendría a ser uno de estos caminos.

III

Las principales tareas de la juventud revolucionaria frente a este problema

Por lo tanto, podemos concluir que la burguesía sigue manteniendo en toda su integridad, la actitud de desprecio que siempre ha mantenido frente al problema de la educación de los sectores populares. Como estudiantes que entendemos la necesidad de revolucionar desde sus bases esta sociedad decadente, no podemos esperar, pues, que la burguesía represente una fuerza de avance para la humanidad; por el contrario, ella constituye la mayor traba para su desarrollo; no podía ser distinto en materia de educación, es decir, la burguesía y sus políticas educativas configuran las trabas fundamentales que impiden nuestro desarrollo como intelectuales en formación.

Debemos tener en claro que, mientras no se supere esta traba, es decir, mientras no se opere de manera definitiva la trasformación revolucionaria de la sociedad en todos sus aspectos, será imposible la formación de hombres íntegros, de hombres nuevos, de hombres que trabajen por igual en las bibliotecas y en las usinas, y que lo mismo corten madera, que carguen un fusil, que discutan los problemas más abstractos.

En cuanto hayamos asimilado estas ideas, saltaran ante nuestros ojos las principales tareas que como juventud revolucionaria nos compete asumir ante este problema y ante cualquier problema y reivindicación concreta que tenga que ver con la defensa y ampliación de los derechos fundamentales de los estudiantes.

Debemos adoptar de manera decidida una correcta actitud revolucionaria de lucha por la ampliación de los derechos democráticos generales - de las clases trabajadoras en la sociedad y de los estudiantes en general para nuestro caso - que se ven reducidos cada vez con mayor crueldad y cinismo por la implementación de la política reaccionaria de la burguesía en todos los aspectos. Y precisamente adoptar una correcta actitud revolucionaria implica ser participes activos en cada proceso de lucha por tal o cual reforma por la cual sea necesario luchar, pero no de cualquier manera y evitando caer en el activismo sin rumbo ni horizonte, sino orientando todas y cada una de estas luchas de manera que nos permitan elevar la conciencia política de los estudiantes, de manera que nos permitan hacerles comprender, a los que tengan disposición de hacerlo, que toda lucha por una reivindicación, a fin de cuentas, será en vano, si esta no se liga de manera consecuente con la lucha a nivel político de las clases trabajadoras por su emancipación; lucha de la cual nosotros, como juventud revolucionaria debemos tomar parte activa.

En el caso concreto del tema que estamos tratando, es nuestra tarea principal, en primera instancia, desenmascarar los intereses mezquinos de la burguesía en el proceso de Acreditación y, en consecuencia, emprender una crítica decidida y sin concesiones a dichos intereses; promoviendo y difundiendo nuestras ideas lo más ampliamente posible, sin dejar de considerar las formas, circunstancias y métodos pertinentes para realizar esta tarea. Esta es la premisa fundamental y, a la vez, la única manera de asegurar el surgimiento de las condiciones para una lucha consecuentemente dirigida a todo nivel y en todos los aspectos contra la democracia reaccionaria que la burguesía viene implementando para la Educación universitaria; y en relación a esto, contra el régimen de explotación vigente a nivel de toda la sociedad y que impide la emancipación de las clases trabajadoras y del proletariado.

Septiembre del 2009.

Extraído del documento La Naturaleza de la Ley Universitaria -FER San Marcos.

El subrayado es nuestro.

Esto, sin mencionar que en el caso de los Colegios Profesionales, la mayoría de Decanos son o representan a las universidades privadas.

El Señor Todo el Mundo es lo que significa esta frase de Lutero que hacía referencia a las muchedumbres miserables, de las cuales se expresaba de una manera escandalosamente despectiva: “se debe recurrir a los medios espirituales para obligar a los verdaderos cristianos a que reconozcan sus errores, pero al Señor Todo el Mundo se lo debe empujar corporalmente a trabajar y a cumplir con sus deberes piadosos, como se tiene a las bestias salvajes en prisión y encadenadas”.

La cursiva es nuestra.

Organización Internacional del Trabajo.

Se hace referencia a los estándares internacionales de calidad de los productos, impuestos por las grandes corporaciones con el fin de asegurar su monopolio en el mercado mundial.

Recordemos las palabras de Chales Demia, antes citadas, pues corresponden al siglo XVII.

Generalmente en el campo de la industria automotriz y eléctrica-electrónica. Por lo demás el Capital imperialista sigue buscando, sobre todo en los países del tercer mundo, mano de obra barata y por lo mismo, sin instrucción especial. Es así que las grandes corporaciones han recurrido y recurren hasta hoy a la explotación infantil en diversos lugares de Centroamérica y de África, principalmente.

Extraído del libro “Educación y lucha de clases”- Aníbal Ponce, Cáp. VIII.

Id.Ibid.

Id.Ibid.

Ya evaluamos cuál es el carácter real de esta formación y capacitación

Es decir, ante la opinión de las masas populares en general; opinión que es trabajada, alimentada y orientada a través de la prensa oficial burguesa y de sus instituciones educativas, que se encargan de insertar, difundir, es más, imponer la ideología burguesa por todos los medios posibles.

Revisar el Compendio “Calidad Educativa y Certificación Profesional”, elaborado por la Ofician Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA).

“Calidad Educativa y Certificación Profesional” - Ofician Central de Calidad Académica y Acreditación (OCCAA).