La edad de bronce del

movimiento obrero en México:

Estado, mercado de trabajo y sindicatos

antes de la globalización

"La Edad de Bronce se asentó en dos técnicas difíciles: el trabajo de los mineros en las oscuras entrañas de la tierra y la fundición y mezcla de dos metales para lograr una aleación [...] durante la Edad de Bronce se fabricaron muchas de las herramientas en uso hoy en día." T. K. Derry, Historia de la Tecnología.

Hablar de una Edad de Bronce en el movimiento obrero sólo es posible si podemos concebir antes de ella una Edad del Barro, donde el movimiento obrero todavía permanecía atado a su origen rural, dentro de un molde de arcilla. En la edad de barro el mundo del trabajo asalariado aún no se desgajaba de sus raíces entre el campesinado y los artesanos. Ahora bien, hablar de la Edad de Bronce de los trabajadores sólo sería posible si a la vez pudiéramos imaginar después de ella una culminante Edad del Hierro, a la que nunca arribó el movimiento obrero mexicano, al menos durante el siglo XX, en la que el ascenso en la conciencia de clase de los trabajadores da lugar a la constitución de un partido obrero de masas, a la manera descrita por los historiadores clásicos del movimiento obrero en Europa, ya sea el caso del movimiento obrero inglés y el partido laborista, o bien como en el clásico ascenso de la socialdemocracia en Alemania.
La idea de la existencia de una Edad de Bronce intermedia, entre el surgimiento de los sindicatos y el desarrollo de un partido de los trabajadores asalariados, es necesaria para dar a los acontecimientos en curso en el inicio del Siglo XXI una adecuada perspectiva histórica. Descansa en la experiencia inglesa en donde, como lo señalaron con gran precisión los historiadores del movimiento sindical británico, Sydney y Beatrice Webb, hubo un largo periodo de mas de 70 años entre la experiencia primigenia del cartismo, primer movimiento a escala nacional de los trabajadores, y el ascenso electoral del Partido Laborista. Durante este periodo de más de siete decenios de expansión sin precedentes del capitalismo, los representantes obreros en la Cámara de los Comunes fueron electos a través de los espacios cedidos a regañadientes, casi como una concesión, por el Partido Liberal. Tan tarde como en 1886, "el Congreso de los Sindicatos nombró un "Comité Electoral del Trabajo" para acrecentar la representación política de los trabajadores en la Cámara, pero esté nunca llego a independizarse de la tutela del Partido Liberal, y no consiguió éxito alguno, lo que condujo a su disolución en 1893" (Webb:1920, pag 628). Fue tan sólo después de una extenso periodo de desarrollo político, en el que tuvo que combatir el manifiesto deseo de los políticos del Partido Liberal para poner fuera de combate como fuerza política independiente al Partido Laborista, que el Partido Laborista obtuvo un primer triunfo electoral, logrando un salto en la representación política de los trabajadores en la Cámara de los Comunes, al elegir a 42 diputados. (Webb:1920, pag 633)
La característica central de la Edad de Bronce en el desarrollo de la representación política de los trabajadores es que estos permanecen subordinados en su representación política al Partido promotor del proceso de industrialización, en el caso de Gran Bretaña, al Partido Liberal. Es por ello que durante este periodo específico, que puede ser muy prolongado como hemos ya visto, el movimiento obrero no se decanta enarbolando un proyecto nacional propio, autónomo, sino permanece subsumido dentro de una aleación programática, con las tareas básicas requeridas para la constitución de un mercado laboral urbano y de una "civitas" republicana. La existencia de la representación de los trabajadores dentro del partido de la revolución industrial, es lo que nos permite hablar de la existencia de una aleación histórica, de una Edad de Bronce en la historia del Cuarto Estado, esto es, en la historia de los trabajadores asalariados.
La reconstrucción de este periodo en la historia de México resulta de gran importancia porque no tuvo un final feliz. No culminó con el tránsito de los trabajadores a una ciudadanía plena desplegada por medio de un partido político de masas y autónomo, una Edad de Hierro. Contribuir a una reflexión del por qué fue frustrada esta transición en la formación histórica de la clase obrera en México es una tarea pendiente para los historiadores del movimiento socialista mexicano.

Lo que el viento se llevo
Existió un país, no hace muchos años, en el que las organizaciones de los trabajadores y sus lideres no eran el hazmerreír de la opinión pública, victimas del sarcasmo y el desprecio público generalizados. Los dirigentes laborales, caciques de horca y cuchillo, podían decir que preferían ser temidos antes que amados, al grado de que el Estado tenía la certeza que bastaba con movilizar corporativamente a las organizaciones sindicales, y no al ejército, cuando veía amenazada su estabilidad. Vamos diciendo las cosas por su nombre: en el México de aquel entonces una bendición de Fidel valía mas que una dicha en coro por todo el Episcopado. Un rasgo de aquel periodo era el indiscutible poder de negociación de la burocracia sindical. ¿Cómo de pilar fundamental del régimen político el movimiento sindical llegó a desfondarse al grado de perder casi toda capacidad de incidir en los aspectos fundamentales de la política económica y social? En esta historia, el ascenso de la cultura laboral de una región hasta convertirse en dominante a nivel nacional es el hilo de la madeja.
Quizá las cosas empezaron a cambiar aquella tarde de enero en Monterrey. Una fría brisa descendía desde las sierras cercanas al lecho seco del Río Santa Catarina, en donde aguardaba una multitud de obreros. En su edición del día siguiente El Norte estimó en un millón y medio las personas movilizadas corporativamente por sus patrones, utilizando una gran campaña en los medios de comunicación. Y por si ello no fuera suficiente para promover la fe, pues también las listas de la nómina. Durante los diez años anteriores la disputa por la hegemonía en la ciudad se había desarrollado bajo la forma de una encarnizada e interminable batalla entre la oligarquía local, el gobierno federal y la izquierda. El conflicto en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la muerte de Eugenio Garza Sada, el surgimiento del Frente Popular Tierra y Libertad, los enconados conflictos sindicales que tenían como punta de lanza a metalúrgicos y ferrocarrileros (Maria Pozas: 1994). Pero ese día, la correlación de fuerzas mudo de manera decisiva y por un largo periodo que aun no termina. Hay días en que se concentran muchos años. El 31 de enero de 1979 fue el inicio de una ofensiva de la derecha conservadora del país, ofensiva económica y política, y no por ello menos paciente y prolongada.
El 31 de enero de 1979, cientos de miles de trabajadores se cimbraban ante las arengas cristeras de un reconocido aspirante panista a diputado local, quien lleno de furia divina gritaba a los allí reunidos: Viva Cristo rey!, Viva el Papa obrero!. Si, ni duda cabe, habló de Juan Pablo II en Monterrey en el año de 1979. Muy presente tengo aquel día miércoles 31 de enero en mi memoria. Acompañando a una brigada de trabajadores automotrices fuimos en busca de solidaridad de clase, y la encontramos, en aquella visita a la sección 67 del Sindicato Minero Metalúrgico. Creo que los pocos que no estuvimos ese día en el lecho del Río Santa Catarina éramos unos cuantos forasteros despistados, y la gran mayoría de los trabajadores de Fundidora de Hierro y Acero. Mi delirante pesadilla de aquella noche es que después tal acto de libertad de conciencia les iban a cerrar la fábrica. Y tal cual, en 1986 les cumplieron la maldición. Ya ven, decía mi tía Cruz, mientras me daba una estampa de San José Obrero, eso es lo que pasa por no ir a misa... primero se pierde la fe y luego el trabajo.
La visita a Monterrey no estaba en el itinerario público del Papa. Pero los encapuchados de Chipinque lograron hacer una oferta que ni la Santa Sede pudo rechazar, jugada maestra. Dejemos la voz del periódico El Norte para recordar aquel día: "Se había dicho que Monterrey sería la ciudad con menos concurrencia por lo corto de su visita. Resulto todo lo contrario. Fue la bienvenida mas grande que le procuro todo el país. Mas de un millón y medio de regiomontanos y 250 mil turistas nacionales y extranjeros, entregaron su corazón a Juan Pablo II, emocionándolo hasta las lágrimas, en la mas grande concentración humana jamás vista aquí. Los visitantes extranjeros procedían de los vecinos estados de Texas y de California, y en menor medida de Chicago y la zona de los grandes lagos. Las delegaciones que provenían de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes y Tamaulipas levantaban estandartes con el nombre de sus ciudades y saludos del Papa. El Papa se traslado caminando del Heliopuerto al puente de San Luisito. Emocionado se dirigía hacia una lado y otro del puente bendiciendo a la muchedumbre. Su Santidad recibió primero dos ramos de flores de un niño y una niña regiomontanos, miles de globos blancos y amarillos surcaban el cielo, junto con tres mil palomas blancas. Enseguida el señor Ricardo Margain Zozaya le dirigió unas palabras a nombre de la feligresía regiomontana. El señor Arzobispo de Monterrey, Monseñor José de Jesús Tirado y Pedraza dijo también unas palabras como cabeza de la Arquidiócesis de Monterrey. Después un obrero regiomontano habló a nombre de los obreros de Monterrey. Otro obrero de Monterrey le obsequió un casco que el Papa se puso delante de los miles de fieles que lo vitoreaban entusiasmados al sentirse identificados con él. Juan Pablo II estaba tan conmovido que con la voz quebrada por la emoción dijo a los regiomontanos que le recordaban a su pueblo sufrido de Polonia, por el intenso trabajo y sacrificio de que realizan los obreros de Monterrey" ( El Norte, jueves 1 de febrero de 1979).
El milagro se había producido. Tan sólo dos años atrás la izquierda había logrado las primeras grandes movilizaciones de masas en Monterrey desde los años treinta y disputado con ciertas posibilidades de éxito la hegemonía cultural en la ciudad. Pero a partir del 31 de enero del 79, la derecha recuperó las calles para no perderlas nunca más, al menos durante los últimas dos decenios del siglo XX. Luego de la visita del Papa vendría la durísima gobernatura de Alfonso Martínez Domínguez, quien dominaría el estado con mano de hierro. Pero la milagrosa trasmutación del descontento en comunión productivista se produjo aquel 31 de enero. Las ideas tienen fuerza material como lo demostró el consenso arrancado a fuerza de multitudes en aquella tarde brumosa en la ciudad de Monterrey. Los empresarios regiomontanos de manera intuitiva siempre tuvieron muy claro aquella sentencia de Gramsci: que los conflictos en la estructura se viven en el terreno de las ideologías.
Tres años después, Arnoldo Martínez Verdugo en un discurso pronunciado en la misma ciudad de Monterrey el 2 de junio de 1982, afirmaba: "El proyecto del Grupo Monterrey es de carácter oligárquico. Comprende el funcionamiento de la economía librado a las fuerzas del mercado, lo que significa lisa y llanamente que la actividad económica quede bajo el control de los monopolios, pues rechaza toda intervención estatal que no sea en apoyo directo de sus intereses y, al mismo tiempo, la participación de los trabajadores en la esfera de las decisiones...El proyecto incluye la corporativización de las fuerzas sociales y su sometimiento completo y disciplinado al capital. Un adelanto de ese orden con el que sueñan se puede apreciar en los sindicatos blancos de Monterrey, cuyas asambleas son presididas por asesores que designa la patronal. La burguesía regiomontana trata de ofrecer un estilo de vida organizado en torno de la empresa, el cual ofrece al trabajador un espejismo de un supuesto prestigio, protección y estabilidad en el empleo. Esto reclama del empleado y del obrero, como contrapartida, lealtad, disciplina, entrega, es decir, la mas completa sumisión" (Martínez Verdugo: 1982, 61).
El impacto en el terreno de la política de la movilización de la derecha bajo la bandera de la Santa Sede, no por retardado en una escala estratégica dejó de mostrarse de manera casi inmediata. La derecha organizada, que había tenido un verdadero colapso en el proceso electoral de 1976, logró aprovechar la movilización conservadora más importante desde el almazanismo: "Los observadores estimaron que durante su estancia en México su Santidad movilizó multitudes calculadas en 20 millones de personas, que culminaron con el acto masivo en el lecho del Río Santa Catarina" (El Norte). Todo aquel que haya participado en la actividad política sabe que un acontecimiento de masas de esta magnitud, en el cual se logra desplegar una ocupación profunda del territorio social, deja un tejido de relaciones políticas formidable. Se trata de una tarea política concreta que vuelve a articular a lo que parecía hasta ese momento disperso. Deja, además, como sedimento en la conciencia de la población, ideas/fuerza gravadas de manera indeleble, entre otras el muy sugerente "conservadurismo compasivo". A estas ideas fuerza se podrá recurrir mas adelante para movilizar a los conversos en direcciones mas precisas. Desde luego, esto no excluye la perseverancia para consolidar lo alcanzado de un golpe. Pero de nada sirve la tenacidad, si no existe la audacia.
Para las elecciones nacionales intermedias de 1979, el PAN logró revertir su escasa votación para diputados a nivel nacional de tan sólo el 8.5 por ciento en 1976, y elevar su porcentaje al 11 por ciento. Y para las presidenciales de 1982, con la candidatura de Pablo Emilio Madero, logro repuntar a los 3.7 millones de votos, lo que equivalía al 16 por ciento de la votación (Estadísticas Electorales, Informe del Poder Ejecutivo Federal). En un país que todavía se mantenía embelesado por el auge petrolero el resultado no dejaba de ser formidable para la oposición de derecha, dejando muy atrás a una izquierda dispersa en cuatro distintas candidaturas.
Pero fue en el terreno regional en donde la fuerza de la derecha obtuvo un salto de calidad. Con el acto de Río Santa Catarina, se inició uno de los periodos de persecución del movimiento social y de la izquierda mas intensos desde el decenio de los cincuenta. Fue de tal magnitud el desmantelamiento político de las fuerzas de izquierda en el Estado de Nuevo León, que incluso durante la campaña cardenista de 1988, el FDN, que pudo arrastrar a grandes multitudes en la Comarca Lagunera, la región Huasteca y el puerto de Tampico, Ciudad Madero, esto es, en el cinturón verde que rodea a Nuevo León, nunca pudo revertir el control absoluto de la vida social regiomontana por parte de la oligarquía. En las elecciones municipales de 1980 en todo el Estado, la izquierda en su conjunto había obtenido 25 mil votos (Pozas:1994, 263-269). En las elecciones presidenciales del 6 de julio de 1988, el FDN tan sólo obtuvo 26,925 votos de un total de 704,140 votos emitidos: el 3.8 por ciento. Desde entonces, la hegemonía política de Monterrey ha pesado como una losa para la estrategia de la izquierda en toda la región norte del país. Del grupo Monterrey salieron los recursos políticos y financieros para las campañas victoriosas del PAN en Baja California, Chihuahua y Aguascalientes. Nuevo León se presenta así como la plaza fuerte desde donde se teje el poderío conservador en el Norte. En las sucesivas elecciones, la votación de la izquierda no ha logrado rebasar su magra presencia en el Estado. En 1994, Cuauhtémoc Cárdenas tan sólo obtuvo el 3 por ciento del total de votos emitidos en Nuevo León. Y en la campaña de 2000, considerando el apoyo del PT, la izquierda volvió a retroceder, perdiendo casi 40 mil votos.
Con indiscutible olfato político, el día después de la visita del Papa a Monterrey en 1979, la CTM de Nuevo León comentaba: "Los empresarios piensan impactar a la clase trabajadora con este tipo de actos. La CTM respeta a los católicos y de hecho en la CTM hay muchos, pero el acto debió ser organizado por todo el pueblo, y no para el beneficio político de un grupo político. Denunciamos que los dos oradores del acto, Ricardo Margain Zozaya y Encarnación Espinosa, están a sueldo de Andrés Marcelo Sada Zambrano. Maragain Zozaya es uno de los abogados patronales mas sobresalientes del Estado de Nuevo Leon. Mientras el "humilde trabajador" Encarnación Espinosa, quien habló a nombre del sector obrero, funge como asesor de los sindicatos blancos de Celulosa y Derivados. Tanto Espinosa como Margain Zozaya fueron candidatos a diputados por el Partido Acción Nacional, en procesos electorales previos. Todo esto demuestra que la recepción del Papa Juan Pablo II fue organizada por el grupo Monterrey, y encabezada por la familia Garza Sada, con el objeto de sustituir con la colaboración de clases, la actual lucha entre ellas por el destino de la ciudad. Los empresarios creen que todavía es posible dominar al movimiento obrero mediante la religión, y derrotar así a la corriente liberal, que existe en las Universidades y en los centros de enseñanza superior públicos" (Periódico de la CTM/Nuevo León). Poco después en la Ciudad de México el propio Fidel Velásquez declararía, con su lenguaje inverso: "La derecha no se fortalecerá con la visita del Papa... pero aún no puede hacerse una evaluación rigurosa de sus resultados. Por lo demás, no puedo creer que el Papa Juan Pablo II a eso haya venido" (CTM, 3 de febrero de 1979)
Movimiento obrero, industrialización de masas y excedente petrolero
Cuando en el epígrafe del presente trabajo recuperábamos la idea de T. K. Derry de la Edad de Bronce original, como una que se asentó en dos técnicas difíciles, el trabajo de los mineros en las oscuras entrañas de la tierra y la fundición y mezcla de dos metales para lograr una aleación, la utilizamos no sólo para describir la relación de Estado y movimiento obrero durante esa época, sino también para resaltar un periodo en el que la composición técnica del capital requería de una presencia de un mayor volumen de trabajo vivo para poder realizar cualquier tarea. Hay que hacer uso de la memoria para recordar que en 1980 la importación de maquinas computadoras y sus componentes representaban 220 millones del total de 18, 486 millones de dólares de importaciones. En contraste, más de 13 mil millones de dólares en importaciones de ese periodo correspondían a maquinaria y equipo que requerían de una composición técnica altamente intensiva en fuerza de trabajo: herramientas de mano, hornos, maquinas para coser, máquinas de escribir, camiones de volteo, máquinas para trabajar metales, tractores industriales y maquinaria para trabajo en las minas y la industria del petróleo (Anuario INEGI: 1981, 403-407). Era una fase previa a la edad de la microelectrónica y a la automatización de los procesos de producción. Era un mundo del trabajo que antecedió a la Edad de Cuarzo. Para tener una referencia y un necesario punto de comparación podemos decir que en el 2000 las importaciones de bienes de la industria electrónica sumaron 8 mil millones de dólares (Banco de México:2000), que en términos de volumen de capacidad informática representan un crecimiento de 4 mil veces con respecto a 1980 (Chandler: 2000).
En síntesis, la industrialización que precede a la microelectrónica fue un periodo altamente intensivo en energía, de combustibles y de fuerza de trabajo. Durante la fase de 1975 a 1982, la fuerza de trabajo ocupada en el país creció de manera extraordinaria como lo muestra el cuadro #1. En un lapso de siete años, se incrementó el empleo en 30 por ciento al pasar de 15.2 millones a cerca de 20 millones de puestos de trabajo. La población ocupada en la minería ascendió de 184 mil a 266 mil, en las manufacturas de 2 a 2.5 millones, en transportes de 600 a 993 mil, en servicios comunales de 4.1 a 6.1 millones, e incluso en la agricultura el sistema alimentario mexicano permitió una recuperación parcial de la agricultura ejidal y campesina.
El crecimiento de la fuerza de trabajo, y una intensa confrontación entre las empresas, el Estado y el movimiento obrero por la fijación de los precios relativos y por el excedente económico, dio lugar a uno de los periodos mas intensos en la historia social y política de México, en lo que después sería denominada por Tello y Cordera como la "Disputa por la Nación". En el curso del periodo de 1979 a 1983, se vivió la mayor actividad de resistencia y movilización obrera que se recuerde desde los años treinta del siglo XX, como lo muestran el cuadro 2 y el cuadro 3, en donde se reconstruyen las huelgas estalladas ante las juntas locales de conciliación y arbitraje y ante las junta federal de conciliación y arbitraje.
¿Qué circunstancias condujeron a la oleada de huelgas más nutrida en los últimos treinta años del país? Desde luego, influyó el paulatino restablecimiento de la economía después de la recesión de 1977. El desarrollo de los pozos petroleros del sureste en el curso de 1978 y 1979 reanimaron el nivel de actividad económica y, en el curso de pocos meses, un gran contingente de trabajadores fue requerido para la construcción de oleoductos, torres de energía, carreteras y demás infraestructura necesaria para la producción y traslado de miles de barriles de petróleo. El conjunto de la producción industrial fue relanzada por un incremento sustancial de la inversión pública y privada, que alcanzó su máximo histórico del 27 por ciento. Con la recuperación del mercado laboral, regresó también la protesta sindical, tenaz, persistente e inquebrantable como puede apreciarse en los cuadros que acompañan a este trabajo. El dinamismo económico generado por la petrolización de la economía condujo a un nudo de tensiones entre la ampliación de la demanda agregada y la baja productividad estructural de la economía mexicana en su conjunto. A diferencia de lo que sostiene la teoría económica convencional, al crecimiento del producto no siguió una aumento de la eficiencia productiva. Por el lado de las empresas, la mayor intensidad en bienes de capital de la segunda fase de la sustitución de importaciones condujo a una baja relación producto/capital, que debería conducir desde su perspectiva a una mayor flexibilidad de los salarios, a la baja, como únicos costos sujetos a una posible reducción.
Por parte del Estado, se consideraba que la presión del sindicalismo oficial sobre las grandes conglomerados empresariales era la única manera de forzar a las empresas a una genuina modernización productiva y tecnológica, también la vía para que el mercado interno se ampliara generando una demanda agregada creciente. Impedir que el poder adquisitivo de los salarios se precipitara, como sucedió de manera dramática después de 1982, era una herramienta fundamental de la política económica previa a la crisis. Pero dado el poder oligopólico de las empresas para fijar los precios, ello condujo a una replica continua entre los aumentos de precios y los aumentos de salarios. En realidad, abriendo las exclusas del descontento obrero, el Estado mexicano pretendió, en el periodo de 1978 a 1982, negociar el patrón tecnológico con las grandes empresas trasnacionales. El Estado de nuevo pretendía utilizar su control corporativo del movimiento sindical como una palanca en la negociación de la inserción de México en la división internacional del trabajo. Fue, no hay que negarlo, un intento por tratar de transitar de la renta de la tierra a la renta del conocimiento industrial avanzado. Pero desde el punto de vista de las trasnacionales, las pretensiones de México de una industrialización compleja estaban fuera de su capacidad real de negociación. Por diversas razones, la reforma industrial nunca pudo concertarse, cerrándose toda posibilidad de que México gozara de la posibilidad de emerger como un exportador de manufacturas integradas, como sí fue el caso de Taiwán, Corea o Singapur. De este fracaso industrializador a la maquila, sólo quedaba un gran salto. Hacia atrás, desde luego.
En un contexto de guerra fría y en el inicio de una mudanza formidable del bloque tecnológico en la economía central del capitalismo, para el poder financiero mundial el papel de México no era el de ser un beneficiario de una división del trabajo menos inequitativa, aún menos si consideramos que eso hubiera implicado una posible industrialización en el país de sus excedentes petroleros, lo que habría reducido el abasto de petróleo mexicano hacia Estados Unidos, no, de ninguna manera. Desde la perspectiva trasnacional, a México sólo queda ser una economía abierta, lenta y pequeña. Cerradas las puertas de una industrialización avanzada, decapitada la economía por una tijera de dos hojas, la caída de los precios del petróleo y el ascenso de las tasas de interés, el Estado mexicano hizo retroceder sus filas, entre ellas, las del movimiento obrero. Y las huelgas fueron descendiendo cada vez mas año con año, hasta convertirse los bajos salarios y la paz laboral en una "ventaja competitiva". Pero las huelgas fueron algo más que un instrumento de política económica. También expresaban una relación menos lineal de lo que en muchas ocasiones se ha supuesto que existía entre el corporativismo y la protesta obrera en el periodo de industrialización hacia adentro.
Fidel Velázquez y la Edad de Bronce del Movimiento Obrero en México
Fidel Velázquez fue un personaje central de la Edad de Bronce en la historia laboral del país, porque el movimiento obrero era indispensable, como fuerza productiva, de la acumulación de capital en México. Fue gracias al movimiento obrero la burguesía mexicana pudo llevar adelante las reformas económicas de los años treinta -reforma agraria y nacionalización del petrolero-, a partir de las cuales pudo llevar a cabo una capitalización de la abundante renta de la tierra de México, nación de formidables recursos naturales y colindante con la mayor nación capitalista del mundo. El movimiento obrero fue además una cantera para la naciente cultura industrial en un país atrasado. De la clase obrera provino una porción significativa de los organizadores de la civilización material del México contemporáneo. Renta de la tierra y movimiento obrero se entrelazaron de manera profunda en el desarrollo del capitalismo mexicano, sin desprenderse una del otro. El movimiento obrero colaboraba para lograr la transmutación de la renta en un capital, pero, y ello ahora adquiere un aspecto crucial, mantenía una renta sobre la acumulación de capital, como arrendador de la fuerza de trabajo según los usos y costumbres preestablecidos. El mercado laboral nunca sería un mercado fluido y regido por la productividad, sino por el arrendamiento de la fuerza laboral.
Aun así, la intermediación obligada de la burocracia sindical, permitió que entre 1950 y 1982, la productividad en México se multiplicara por seis, mientras los salarios reales oscilaban, muy atrás del aumento de la riqueza material. La "protección salarial" permitió a la burguesía mexicana recrear un sincretismo industrial, en el que una mentalidad mercantil primitiva se combinaba con la importación desordenada de tecnología, combinando la subutilización permanente de la capacidad productiva instalada con altas ganancias. La "protección salarial", la protección sindical ofrecida por Fidel Velázquez, fue mucho más importante que la protección comercial en el letargo de las manufacturas mexicanas para equiparar sus niveles de competitividad con los del mercado mundial
Pero ni la capitalización de la renta de la tierra ni la "protección salarial", elementos centrales en la acumulación de capital en México, son suficientes en sí mismos, a pesar de ser elementos cruciales, para entender la permanencia de Fidel Velázquez y del corporativismo sindical en México. La economía da la morfología interna de la condición obrera, pero no puede explicar su flujo de tiempos y movimientos: esta última sólo puede derivar de la historia, y en particular de la historia política, de la trama derivada de la lucha descarnada entre distintos sujetos por la hegemonía. Como todo país con una estructura social compleja, multirregional y pluriétnica, la política en México no es sólo un oficio sino un arte. Y Fidel fue un verdadero prestidigitador en el juego de espejos de las conspiraciones cotidianas en la lucha por el poder. Siguiendo la máxima de un viejo ministro del Interior, Jesús Reyes Heroles, quien decía: "todo lo que te ofrezca resistencia puede ser tu punto de apoyo", en un retruécano hegeliano muy a modo de los refinados recursos de una burocracia centenaria, el verdadero poder de Fidel provenía de la rebeldía de la clase obrera mexicana, de su inconformidad intuitiva frente a la organización capitalista del trabajo. Fidel siempre fue necesario, porque siempre hubo la amenaza de que la revolución interrumpida se reiniciara de nuevo. La historiografía reciente sobre el movimiento obrero mexicano en los años veinte da cuenta de lo difícil que resultó restablecer la disciplina en la fábrica después de la revolución.
La fuerza de Fidel, por lo tanto, no puede explicarse por su capacidad para tundir a sus rivales dentro de las filas del oficialismo. Su carácter necesario, el refrendo sucesivo de su control, las reelecciones ininterrumpidas en su cargo, fueron el resultado de la necesidad de la burguesía de desplegar un terror sin fin, para enfrentar el asalto recurrente sobre sus posiciones de un proletariado insubordinado. No es la sumisión de la clase obrera lo que explica la existencia de Fidel Velázquez, sino su extremo contrario, una larga historia de rebeliones cíclicas, de desafíos embozados y desembozados al orden establecido, que requerían de la aplicación del "saber hacer" de Fidel, de sus oficios como taumaturgo para contener la furia recurrente de los oprimidos.
La Edad de Bronce del movimiento obrero en México no es sólo una metáfora. Puede hablarse de ella también como la era de Fidel Velásquez. "El bulevar del Río, que casi atraviesa esta ciudad de Monterrey tiene un nuevo letrero: "A la avenida Fidel Velázquez" antes de "Las Libertades", que desemboca a la estatua de bronce de diez metros de altura del dirigente obrero inaugurada el 15 de mayo de 1980" (Unomasuno, 17 de mayo de 1980). La estatua, como el propio Fidel Velásquez a sus 80 años, vivió 18 años más, muestra a un dirigente obrero erguido, con el pecho saliente, la cabeza con un grueso cuello del cual pende una corbata. Después del intenso sol y la lluvia, luce aún su color ocre natural... pero a pesar de los monumentos de granito y bronce, el movimiento obrero institucional ha perdido aquí la batalla: desde los años ochenta sólo el 30 por ciento de los trabajadores organizados está en el Congreso del Trabajo. El resto se encuentra sometido a los sindicatos blancos, que dirigen representantes designados por las empresas, para garantizar una representación sumisa a sus directrices. Poco después también se construirían otras estatuas de bronce dedicadas al prócer obrero en el estado de México, en Orizaba y, por último, la que hoy se encuentra en la sede nacional de la CTM, en la calle de Vallarta de la Ciudad México. Cuando se inauguró la estatua en Orizaba, el dirigente cetemista local Florencio Lezama Celis afirmaba: "Don Fidel fue muy generoso con nosotros... esta gran fiesta tiene también como motivo el que este día también nuestro dirigente entrega 175 casas a trabajadores de la región" (Excelsior, 1 de julio de 1980).
Como todo inquisidor, Fidel solo pudo perpetuarse en el poder en la medida en que los insumisos se reconstituyeran una y otra vez, de manera impertinente y obstinada. La verdadera historia de Fidel es el revés de la "historia oficial": la prohibida, la no registrada, la de aquellos a quienes combatió a sangre y fuego. La verdadera historia de Fidel Velázquez, el fil y el hilo de su vida no fueron los actos protocolarios con los sucesivos presidentes de la república, la escenografía chabacana de la liturgia oficial, sino sus recurrentes batallas para destrozar, deshierbar, arrancar de cuajo y empinar la sangre de su enemigo mortal, la movilización obrera autónoma, que gran paradoja hizo de él, hasta el final de sus días, un personaje irreemplazable.
La mítica era de la autonomía obrera, la Edad de Hierro de los trabajadores, nunca arribó a México durante la vida de Fidel Velázquez. Las columnas de bronce por él construidas, maltrechas como se encuentran ahora, todavía no han sido derribadas por los acontecimientos que siguieron a su muerte. Y como van las cosas tal parece que la transición democrática se olvidó de los sindicatos y de las relaciones laborales. Quizá porque la emancipación de los trabajadores sólo podrá ser obra de los trabajadores mismos. No vendrá del César ni tampoco bajara de los cielos a fuerza de bendiciones.

México

En los años posteriores a 1910, México vivió la primera revolución social del siglo xx. El campesinado armado resultó ser más importante que los trabajadores urbanos e industriales, tanto en términos políticos como militares, y la movilización rural, que gradualmente desembocó en la extensa reforma agraria de la década de los treinta, generó un amplio apoyo en el campo al régimen posrevolucionario. Éste apoyo también tiene su explicación en el hecho de que los gobiernos posrevolucionarios utilizaron una combinación de mecanismos de cooptación y represión para desmantelar la capacidad del campesinado para llevar a cabo acciones colectivas autónomas. Por su parte, el movimiento obrero organizado representó un reto más permanente para la nueva élite dirigente. Aunque la proporción sindicalizada (16.3% en 1978) de la población económicamente activa nunca alcanzó los niveles que ha tenido en los casos de Nicaragua y Rusia, la consolidación exitosa de la coalición gobernante, de la cual el movimiento obrero organizado es un socio principal, imprimió al régimen autoritario posrevolucionario de México una notable flexibilidad. Durante diferentes momentos críticos en los años veinte y treinta, por ejemplo, las organizaciones laborales progubernamentales ayudaron a derrotar militarmente las insurrecciones y a desactivar los desafíos más grandes provenientes de la derecha. En años posteriores, la Confederación de Trabajadores de México (CTM, fundada en 1936) brindó un apoyo invaluable a diferentes gobiernos al constreñir las demandas de sus afiliados durante periodos de crisis política y económica.

Los vínculos entre las principales organizaciones laborales y el casi oficial "partido de la Revolución" simbolizaban visiblemente la inclusión de los trabajadores en el orden posrevolucionario. Cuando el presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) reorganizó el Partido Nacional Revolucionario (PNR) como "frente popular" de facto en 1938, la CTM se convirtió en uno de los cuatro sectores oficiales del nuevo Partido de la Revolución Mexicana (PRM). No obstante, los sindicatos con una historia política propia y una posición en el mercado laboral que los hacía menos dependientes del apoyo político y económico del gobierno, consideraban que los vínculos estrechos entre trabajadores y partido eran una amenaza para su autonomía (especialmente aquellos que representaban a los trabajadores en industrias estratégicas como ferrocarriles, electricidad, teléfonos, petróleo, minería y metalurgia). Estas reservas quedaron temporalmente superadas gracias al apoyo que Cárdenas imprimió a las reformas económicas nacionalistas (sobre todo la nacionalización petrolera de 1938) y su voluntad para modificar la estructura del partido gobernante y permitirle un papel más activo a los grupos populares. Pero los nexos entre la CTM y el Partido Revolucionario Institucional (PRI, fundado en 1946) se convirtieron de nuevo en un asunto delicado cuando el liderazgo de ambas organizaciones adoptó posiciones políticas más conservadoras a fines de los cuarenta. Sólo la victoria del gobierno frente a las coaliciones laborales opositoras y la imposición de líderes favorables a él en sindicatos industriales importantes entre 1948 y 1951 consolidaron la posición dominante de la CTM dentro del movimiento obrero, así como sus vínculos con el partido en el gobierno.

En ausencia de una ideología oficial que definiera su papel de vanguardia, el PRI nunca procuró establecer una presencia directa en el lugar de trabajo como la que tuvo el PCUS en la Unión Soviética o la que aspiraba a tener el FSLN en Nicaragua. El partido tampoco ejercía un control directo en la selección de los líderes laborales. No obstante, al menos hasta 1990 en los estatutos de muchos grandes sindicatos se establecía que los trabajadores afiliados eran miembros del PRI. En la práctica, desde 1940 hasta mediados de los noventa la CTM y otras confederaciones laborales favorables al gobierno resultaron, por lo general, exitosas en cuanto a movilizar el apoyo electoral de los trabajadores para los candidatos priístas. Los vínculos con el partido gobernante creaban canales para la movilidad política de los líderes sindicales y fortalecían la relación entre el movimiento obrero organizado y el régimen. Como el partido "oficial" tenía un control virtualmente absoluto de los accesos a los puestos de elección desde 1930 hasta los años ochenta, la nominación como candidato del PRI de hecho aseguraba el puesto. Aunque en ocasiones los cargos de elección popular en los niveles local, estatal y federales aumentaron el poder de negociación de los sindicatos con los funcionarios gubernamentales, más que otra cosa otorgaban gran prestigio social y político a los líderes que los ocupaban así como el acceso a recursos clientelares y oportunidades de enriquecimiento ilícito. La CTM fue la principal beneficiaria de las oportunidades de movilidad política para los líderes sindicales. Su participación como representante del "sector laboral" en la Cámara de Diputados y el Senado excedía la proporción de la fuerza sindicalizada que controlaba.

Los vínculos directos entre un aparato estatal bastante grande y las organizaciones de trabajadores también fueron cruciales para crear una base confiable de apoyo popular para el régimen posrevolucionario mexicano. Dentro de las instituciones que creó el nuevo Estado entre los años veinte y los cuarenta estaban las juntas tripartitas de conciliación y arbitraje, responsables de resolver las disputas laborales en materia de contratos colectivos, seguridad en el lugar de trabajo y reparto de utilidades. Esta misma estructura tripartita le dio a dichas organizaciones representación en los consejos de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y las agencias gubernamentales responsables de otorgar a los trabajadores vivienda subsidiada y crédito financiero. Al mismo tiempo, las leyes federales del trabajo de 1931 y 1970 garantizaban apoyos legales considerables para los sindicatos. Entre los más importantes se cuenta la cláusula de exclusión, que obligaba a los patrones a contratar únicamente a trabajadores sindicalizados y a despedir a aquel que saliera de la organización.

Las ideas políticas asociadas con la experiencia revolucionaria legitimaban la representación de los traba adores en el partido gobernante y en el aparato estatal; a su vez, la presencia laboral en la coalición gubernamental ayudaba a darle mayor fundamento social a esas ideas. En este contexto, el Artículo 123 de la Constitución de 1917 fue especialmente importante porque, al otorgar a los trabajadores protección legal y social, pone énfasis en el carácter colectivo de los nuevos derechos políticos y sociales. La fusión del nacionalismo y el compromiso de llevar a cabo una transformación socioeconómica profunda (conocida como "nacionalismo revolucionario") permitió crear una base para que los trabajadores se identificaran con el régimen posrevolucionario. Ésta justificaba también la extensa intervención del Estado en los asuntos socioeconómicos con el fin de cumplir con las metas de la agenda revolucionaria. Aunque las organizaciones laborales se oponían al control del Estado en la formación del sindicato, en sus actividades y en las huelgas, generalmente apoyaban el activismo estatal como una forma de asegurar la vigencia de los derechos sociales constitucionalmente reconocidos.

Aun cuando la élite política mexicana incluyó a algunos líderes del movimiento obrero dentro de la amplia coalición gobernante, los gobiernos posrevolucionarios establecieron controles legales muy fuertes sobre las diferentes formas de participación laboral. Las más importantes de tales limitaciones eran aquellas que restringían las huelgas en las empresas privadas y, sobre todo, en el sector público. Los gobiernos posrevolucionarios han utilizado las medidas que la Ley Federal del Trabajo establece para mantener un estricto control sobre las huelgas en las actividades económicas estratégicas, sin importar los cambios en el carácter político de los distintos periodos presidenciales. En otros casos, la Ley Federal del Trabajo permite ejercer prácticas autoritarias dentro de las propias organizaciones laborales. Por ejemplo, como esta ley no establece el compromiso de realizar elecciones sindicales o tomar decisiones internas mediante el voto secreto, las votaciones que se llevan a cabo en asamblea general son abiertas, lo que expone a la disidencia política en forma más visible y quizá más riesgosa. Asimismo, los estatutos que centralizan la dirigencia sindical y obstaculizan las demandas provenientes de las bases adquieren fuerza legal una vez que las autoridades laborales estatales los aprueban.

Amén de los controles estatales sobre la capacidad de organización y movilización de los trabajadores en apoyo de sus demandas, agrupaciones como la CTM permanecen leales al régimen establecido, a pesar de las crisis económicas de los últimos veinte años, porque el crecimiento económico sostenido fue esencial para el mantenimiento del pacto social posrevolucionario entre la élite política y el movimiento obrero organizado. Después de todo, el esquema de industrialización basado en la sustititución de importaciones, que fue relativamente exitoso entre los años cuarenta y setenta, produjo con el tiempo un alza sostenida en los salarios reales y permitió al movimiento laboral organizado cambiar apoyo político por reformas de bienestar social tales como reparto de utilidades, vivienda subsidiada, salud, crédito, fondos de retiro, etcétera. Sin embargo, la crisis posterior a 1982 desencadenó un dificil proceso de ajuste económico que rápidamente erosionó estas ganancias. Para 1987 el salario mínimo oficial había caído a menos de la mitad de su valor en 1976. Más aún, las administraciones de Miguel de la Madrid (1982-1988) y de Carlos Salinas de Gortari (19881994) iniciaron un amplio proceso de. restructuración económica que incluía drásticas reducciones en los subsidios gubernamentales al consumo y una rápida privatización de las empresas paraestatales. Estas medidas disminuyeron los niveles de vida de los trabajadores, quitaron a los líderes sindicales tradicionales el control sobre programas públicos de bienestar y restaron fuerza al movimiento laboral al reducir enormemente el empleo en el sector público.

A pesar de ello, la CTM y otras grandes organizaciones sindicales no se movilizaron en forma agresiva contra las políticas económicas del gobierno . Durante los primeros años de la década de los ochenta el liderazgo nacional de la CTM, al encontrarse bajo creciente presión por parte de los líderes sindicales locales, intentó una serie de protestas contra las medidas de austeridad. Pero debido a la fuerza del control estatal sobre el movimiento obrero, a la dependencia de la CTM de los subsidios políticos y financieros oficiales, y a la debilidad de la propia organización interna de la Confederación, ésta continuó aplicando sus estrategias de negociación intraélite y tras bambalinas. Esta forma de proceder produjo ganancias limitadas, como la reforma constitucional que reconocía formalmente al "sector social" y prometía a los trabajadores un acceso adecuado a vivienda y salud. En 1987 el gobierno, los sectores obrero y campesino y la iniciativa privada negociaron un Pacto de Solidaridad Económica con el fin de controlar la inflación y ofrecer limitadas concesiones salariales y de política social a los trabajadores. No obstante, estas medidas fracasaron en su intento por revertir la estrepitosa caída de los salarios reales y los niveles de vida de los trabajadores.

El carácter del proceso de privatización en México da un claro ejemplo de la reducida capacidad del movimiento obrero organizado para alterar los términos del ajuste económico neoliberal y la restructuración industrial durante las décadas de los ochenta y noventa. Con el fin de reducir los déficit presupuestales del gobierno y atraer nueva inversión privada, la administración de De la Madrid inició un proceso de privatización de largo alcance que reducía el número de empresas paraestatales y los fondos de inversión pública de 1155 en 1982 a 412 en 1988. La administración de Salinas aceleró este proceso aún más y llevó a cabo la privatización de la banca comercial, las telecomunicaciones, la minería, el acero, el transporte aéreo y otras industrias importantes. Al preparar la venta de las compañías paraestatales a los inversionistas privados, el gobierno impuso a los trabajadores importantes recortes en salarios y prestaciones, así como cambios en los contratos que redujeron en forma sustancial la influencia de los sindicatos en los asuntos de las empresas. Cabe destacar que en el caso de la restructuración de Teléfonos de México entre 1989 y 1990, a los trabajadores se les concedió sólo 4.4% de las acciones. Así, en contraste con las privatizaciones en Nicaragua y Rusia, en México los trabajadores recibieron mucho menos beneficios directos de este proceso. Con excepción de la industria petroquímica, en donde el sindicato mantuvo una posición "nacionalista revolucionaria" y logró desactivar el plan gubernamental de 1995 y 1996 para vender las plantas a los inversionistas privados, el movimiento obrero organizado no ha sido importante para definir el futuro papel del Estado en la economía.

Para los propósitos de este análisis resulta de igual forma notable que la mayoría de las grandes organizaciones laborales se oponga a reformas políticas de liberalización que ofrezcan a los trabajadores oportunidades para crear nuevas alianzas partidarias y para llevar a cabo movilizaciones electorales en defensa de sus intereses socioeconómicos. Para empezar, en el caso de la reforma política de 1977 (la cual simplificó los requisitos legales para registrar a los partidos políticos y aumentó la representación de la oposición en la Cámara de Diputados federal), la CTM y otros grupos laborales pro gubernamentales resistieron firmemente la liberalización política y las victorias electorales de la oposición. En las negociaciones que condujeron a la reforma, el liderazgo de la CTM se opuso a la legalización de los partidos de izquierda debido a que la dirección de éstos amenazaba con minar la propia Confederación en una é oca en la cual sus bases estaban inconformes.

Con el tiempo, mientras avanzaba la liberalización de los procesos electorales a fines de los ochenta y principios de los noventa, la preocupación de la CTM cambió hacia la preservación de las mayorías electorales del PRI y la defensa de la estructura sectorial del partido "oficial". La representación sectorial dentro del PRI permitía a la CTM utilizar su enorme número de afiliados y la mayor coherencia relativa de su organización para obtener mejores resultados, a la hora de la negociación en el interior de la élite, que los sectores agrario y "popular" respecto a la distribución de los puestos de elección. A pesar de los esfuerzos de la administración de Salinas por restructurar el partido gobernante con el fin de crear un "partido de ciudadanos", la CTM logró preservar la estructura sectorial del mismo a mediados de los noventa Esta resistencia en la retaguardia constituyó una parte de los obstinados esfuerzos de la CTM por mantener su relación privilegiada con la élite política dirigente, aun cuando los reformadores neoliberales insistían en continuar con la disciplina salarial y seguían otras políticas que dañaban tanto la fuerza de negociación laboral en el lugar de trabajo como su influencia política nacional.

CONCLUSIONES

En el estudio comparativo de las transiciones democráticas, analíticamente es tan importante distinguir entre las variedades de gobiernos autoritarios como entre los distintos resultados democráticos. A pesar de que el creciente reconocimiento de que las coaliciones políticas y los arreglos institucionales heredados del pasado autoritario pueden tener un impacto considerable en aspectos como el manejo de los asuntos económicos en las nuevas democracias, algunos estudios sobre las transformaciones democráticas del régimen no hacen más que econocer en forma implícita las variaciones más generales de distintas subespecies de regímenes autoritarios.Uno de los propósitos de este ensayo es profundizar en la investigación en este campo al definir las características esenciales de los regímenes autoritarios posrevolucionarios y demostrar la importancia que éstas tienen para entender la respuesta del movimiento laboral a la democratización. Al identificar el autoritarismo posrevolucionario como una forma distinta de régimen autoritario y al describir la manera en que la base social de los regímenes posrevolucionarios, su estructura institucional y su legado ideológico moldean la respuesta del movimiento obrero organizado a la democratización, este ensayo demuestra la utilidad de la investigación. Ésta, por una parte, debe distinguir entre diferentes tipos de autoritarismo y, por la otra, enfocar las formas en que la base social del Ancien Régime determina la disposición de los principales actores al cambio democrático de régimen. Este enfoque no sólo sitúa en un contexto histórico las oportunidades y los riesgos que los diferentes actores Sociopolíticos ven en la democratización, sino que también subraya los factores que moldean los contornos institucionales y las políticas de un nuevo régimen democrático.

En particular, los casos de Nicaragua, Rusia y México muestran que la respuesta del movimiento obrero organizado al cambio democrático de régimen es esencialmente diferente en un contexto posrevolucionario que en cualquier otro tipo de régimen autoritario. Debido a que los regímenes autoritarios posrevolucionarios por lo general conceden al movimiento laboral importantes ventajas institucionales y beneficios materiales, y debido también a que desarrollan ideologías que otorgan a los trabajadores un lugar especial en la sociedad posrevolucionaria, el movimiento obrero organizado tiene aquí un mayor interés en preservar elementos del viejo orden que en otros regímenes autoritarios. Esto sucede a pesar de las restricciones evidentes que los regímenes autoritarios posrevolucionarios imponen respecto a algunas formas de participación laboral, en particular las huelgas. Más aún, el apoyo a importantes elementos del Ancien Régime no sólo proviene de los líderes laborales sino también de una parte sustancial de las bases. En Nicaragua, a fines de los años ochenta y principios de los noventa, el continuo apoyo al régimen sandinista sin duda se debió en buena parte a la relativa proximidad de la experiencia revolucionaria y a la clara percepción de los trabajadores de que una victoria electoral de la oposición pondría en peligro sus conquistas políticas y sociales. En México, el movimiento obrero organizado, que sufría las consecuencias de una reforma económica neoliberal, en su mayor parte se oponía a la liberalización política, sin considerar que la mayor competencia electoral podía crear oportunidades para nuevas alianzas partidarias y, por lo tanto, permitir a los trabajadores dar su voto a otros modelos de desarrollo económico. Incluso en Rusia, a pesar de la dureza política del régimen, un profundo sentido de los derechos sociales colectivos -producto del comunismo soviético- impulsaba a los trabajadores a movilizarse fuertemente para preservar algunos rasgos importantes del régimen posrevolucionario. En ninguno de estos casos el movimiento obrero apoyó en forma irrestricta la transición democrática.

Las acciones del movimiento obrero organizado durante estas transiciones tampoco muestran un apoyo incondicional de la clase trabajadora al autoritarismo. Más bien, los dilemas que la transición democrátíca presenta al movimiento obrero en un contexto posrevolucionario obligan simplemente a reconsiderar las generalizaciones respecto a su papel en la liberalización política o a la democratización. Aunque a la larga los trabajadores sindicalizados se beneficien en su calidad de ciudadanos y consumidores de un régimen democrático y una liberalización económica, sus pérdidas en el corto plazo pueden ser muy considerables. En particular, esto ocurre cuando los procesos de democratización política y liberalización económica se encuentran profundamente vinculados. En los tres casos estudiados (especialmente los de Nicaragua y Rusia, donde las reformas de mercado trajeron cambios dramáticos), el temor de los trabajadores a las reformas económicas neoliberales, que amenazaban con aumentar el desempleo, reducir los salarios reales y las prestaciones y alterar las condiciones laborales, influyó profundamente en sus percepciones sobre la democracia. En los tres países la preferencia de los trabajadores por soluciones provenientes del Estado es bastante fuerte debido a las bases ideológicas del Ancien Régime.

Aunque la capacidad del movimiento obrero para influir en el carácter social del nuevo régimen depende, en primer lugar, de su fortaleza general, puede variar durante las distintas etapas de la liberalización política y económica. El ritmo y el alcance de la transformación política excedieron la velocidad y la magnitud de la reforma económica en Nicaragua y especialmente en Rusia. En estos casos, la movilización laboral ocurrió en un medio político más abierto, en el que aún existían muchas ventajas institucionales para los trabajadores, así como un amplio sector estatal intacto. Los trabajadores sindicalizados mantenían considerables ventajas para la negociación, derivadas de las salvaguardas legales y de representación aún vigentes, y también del impacto político de las huelgas en el sector público. Por otra parte, la extensa restructuración económica bajo la continuidad de un gobierno autoritario en México dañó seriamente el poder de negociación del movimiento laboral, al reducir su presencia en el sector público y promover cambios en las reglas de los contratos de trabajo que tuvieron como resultado el debilitamiento de los sindicatos grandes y combativos. Por esta razón el movimiento laboral en México desempeñará un papel menos importante en el futuro proceso de transformación del régimen que el de sus contrapartes en Rusia y Nicaragua.

Sindicalismo mexicano en transición

Ignacio Medina Núñez

Universidad de Guadalajara

La etapa de transición en México, desde el 2 de julio de 2000 hasta el primero de diciembre, se definió con los nombramientos del equipo con el que el nuevo presidente Vicente Fox podrá empezar a gobernar el país al principio de su sexenio.

Las promesas del nuevo gobierno han sido muy claras en cuanto a combatir la pobreza y hacer reflejar la nueva etapa que vive la nación en alguna elevación del bienestar económico de los trabajadores. En esta perspectiva, se convierte en pivote fundamental el área económica, pero de manera particular también los nombramientos en las secretarías de Desarrollo Social y del Trabajo y Previsión Social (stps). En cuanto a los trabajadores asalariados, y en especial los sindicalizados, vamos a abordar la problemática que se presenta con Carlos Abascal Carranza al frente de la stps.

Su nombramiento fue conflictivo, de entrada, por sus antecedentes como presidente de la más grande confederación de empresarios del país, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y por su anteriores vínculos ideológicos con el sinarquismo. De hecho, varias organizaciones laborales protestaron ante su nombramiento o como lo dijera el senador del prd Demetrio Sodi de la Tijera: "Hubiera preferido un secretario del Trabajo dedicado a defender a los trabajadores y no uno interesado en los intereses del sector patronal". Por lo demás, la actuación de Carlos Abascal ha sido en general muy complaciente con las formas corporativas de proceder de los sindicatos del Congreso del Trabajo. Sin embargo, ¿será así la posición del nuevo secretario del Trabajo? Lo que no se puede negar es que Abascal Carranza conoce la problemática laboral y patronal mexicana: nuestra interrogante se refiere más a su labor como secretario de Estado, en la que, de acuerdo con el código de ética expresado el día de la toma de posesión, el primero de diciembre de 2000, su desempeño deberá estar apegado a los intereses nacionales y no a los de grupos particulares de empresarios.

El sindicalismo mexicano, por su parte, no llega con fuerza y unidad a este período de transición política, sino en crisis y con múltiples corrientes. En el amplio panorama de las expresiones de organización de los trabajadores en México, en las últimas décadas del siglo xx el movimiento sindical ha desembocado en tres corrientes representativas. La primera se expresa en el modelo del sindicalismo corporativo que proviene de la década de 1930 y que luego se convirtió en instrumento de control sobre el movimiento obrero, en un modelo de industrialización basada en la sustitución de importaciones, que recibía prebendas de los sucesivos gobiernos posteriores a Lázaro Cárdenas. La segunda surgió justo en los años de 1990, aunque con antecedentes en varias luchas específicas de tiempo anterior, como una escisión dentro del Congreso del Trabajo y ante la pasividad del sindicalismo corporativo para enfrentar las consecuencias de las prolongadas crisis económicas; se formó el Foro sobre Sindicalismo ante la Nación, del cual nació posteriormente, en 1997, la Unión Nacional de Trabajadores (unt). La tercera corresponde a tendencias más radicales de grupos de trabajadores que, enfrentándose también al corporativismo del Congreso del Trabajo, concibieron la unt sólo como un movimiento reformista, y se plantearon, aunque de manera muy dispersa, una estrategia de confrontación con gobierno, patrones y sindicalismo oficial.

La síntesis de este panorama de corrientes de organización obrera, y no tanto el antecedente histórico del nuevo secretario del Trabajo, es lo que puede ayudar a vislumbrar las perspectivas de los sindicatos en el momento de transición política que vive el país, cuando, después de setenta y un años, el pri ha perdido la Presidencia de la República y la ha cedido al pan en la persona de Vicente Fox Quezada.

El sindicalismo oficial

Desde la época del presidente Lázaro Cárdenas, el mundo político de México estuvo dominado por un sistema corporativo autoritario, que en el ámbito de los sindicatos tuvo sus antecedentes en el pacto corporativo de Álvaro Obregón con los obreros de la Casa del Obrero Mundial en tiempos de la revolución y en la alianza establecida entre la Confederación Revolucionaria de Obreros Mexicanos (crom) de Luis N. Morones con los gobiernos de los años veinte. A partir de Cárdenas, quedaron establecidos los pilares de un modelo que perduró con estabilidad hasta los años sesenta: gobierno, empresarios, partido de Estado y sindicatos, que produjeron la estabilidad del período del "milagro mexicano" hasta fines de la década de 1960. El pacto social, sin embargo, se fue modificando poco a poco, y el sector obrero de ser un interlocutor en la elaboración y aplicación de las políticas públicas se convirtió en un aliado subordinado dentro del modelo industrial.

El modelo de una economía protegida entró en profunda crisis en los años setenta y explotó sobre todo en 1981. El gobierno de Miguel de la Madrid lo cambió radicalmente en 1982. Se impuso el llamado modelo neoliberal del libre comercio. Se acabaron los grandes recursos del proteccionismo y se profundizaron los programas de austeridad. Con ello, el sindicalismo oficial ni siquiera fue llamado a consulta en la elaboración de las políticas públicas.

Empezó a crecer la tasa de desempleo y subempleo; cayó progresivamente el poder adquisitivo de los salarios al enfrentar los niveles terribles de inflación. En 1988, los salarios compraban sólo 40 por ciento de lo que lograban en 1976. Disminuyeron también los programas sociales de educación, salud, vivienda y otros servicios. En el caso específico de la ciudad de México, el terremoto de 1985 vino a agudizar todavía más la situación. Con ello, no debe sorprender que, con la agudización de la crisis económica, la población dejó de votar en masa por el pri en la coyuntura política de 1988. Se puede suponer con facilidad que en julio de 1988 ganó el Frente Democrático Nacional (fdn) la Presidencia de la República con Cuauhtémoc Cárdenas; el triunfo oficial se le otorgó a Carlos Salinas, quien fue presidente de México hasta 1994.

Durante su período, el presidente Salinas pudo levantar los índices macroeconómicos del país y controlar el proceso inflacionario ofreciendo una apertura comercial sin precedentes y firmando un tratado para incorporar a México a Estados Unidos y Canadá, pero el sistema volvió a caer estrepitosamente en 1994. El nuevo gobierno persistió y profundizó el mismo programa de ajuste del sexenio anterior. El producto interno bruto (pib) creció 9.8 por ciento y la productividad del sector manufacturero ascendió a 12.6 por ciento, pero el empleo en ese sector bajó 9.9 por ciento y los salarios reales también descendieron 21.9 por ciento.

En el nuevo modelo se concentró la riqueza del país en unas pocas manos, porque los grandes empresarios fueron los únicos que obtuvieron enormes ganancias, mientras la población en general empobrecía.

Aunque Ernesto Zedillo pudo ganar con cierta holgura la Presidencia de la República en 1994, la nueva correlación de fuerzas políticas con las reformas hacía cada vez más difícil el fraude electoral en las proporciones en que se dio en 1988. La crisis, la escasez de recursos, los fenómenos cotidianos de corrupción de los funcionarios gubernamentales del partido en el poder, el crecimiento en la defensa del voto por parte de la sociedad civil, etcétera, causaron serios problemas electorales al pri. En julio de 1997, el pri perdió la mayoría en el Congreso de la Unión y también perdió de manera contundente el gobierno del Distrito Federal, para ceder lo al prd y su candidato, Cuauhtémoc Cárdenas. Este proceso culminó en el ámbito nacional con la derrota del pri en su candidato a la Presidencia de la República, Francisco Labastida Ochoa, el 2 de julio de 2000, y el triunfo del pan con Vicente Fox Quezada.

En los noventa, tuvimos un nuevo contexto político en México y el sindicalismo oficial, ligado de manera estructural y estatutaria al pri, siguió experimentando la misma debacle que el partido de Estado. Este sindicalismo oficial en decadencia, representado por el Congreso del Trabajo, constituye, sin embargo, todavía una de las corrientes sindicales en México que tienen peso como actor político. La muerte de Fidel Velázquez en 1997 no lo modificó en nada; la dirección provisional, convertida luego en definitiva, en el Congreso de la ctm en febrero de 1998, la ha mantenido Leonardo Rodríguez Alcaine,[2] cuya figura simboliza, sin las cualidades de Fidel, las tendencias corporativas más atrasadas del sindicalismo oficial; así lo ha seguido mostrando en su nueva reelección amañada al frente del suterm en el año 2000. Esta corriente representada en las organizaciones del Congreso del Trabajo se encuentra en crisis y a la defensiva por los efectos de un modelo neoliberal aplicado férreamente por los gobiernos de los tres últimos sexenios, con los cuales mantiene una alianza subordinada dentro de la militancia estatutaria dentro del pri. Este corporativismo sindical ha entrado en una crisis mayor, al igual que el pri, en el momento de la primera alternancia política de la Presidencia en México, en 2000, después de setenta y un años.

El foro "Sindicalismo ante la nación" y la creación de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)

Cuando el presidente Miguel de la Madrid profundizó las políticas de austeridad en el Pacto de Solidaridad Económica en diciembre de 1987, las inconformidades de los sindicatos crecieron aun al interior del Congreso del Trabajo. El Sindicato de Telefonistas (strm) hizo alianza con el Sindicato Mexicano de Electricistas (sme), la Asociación de Tranviarios de México (atm), la Asociación de Pilotos de Aviación (aspa) y las sobrecargos de aviación (assa), y los técnicos de cine (stym); tuvieron un interés común para enfrentar la privatización radical de las empresas, para mejorar la producción, la productividad y la calidad de los servicios, para defender el empleo y el salario. Formaron la fesebs (Federación de Sindicatos de Bienes y Servicios del Estado), que obtuvo reconocimiento oficial en la presidencia de Carlos Salinas.

El 3 de enero de 1995, el gobierno de Zedillo propuso el Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica (ausee) con un nuevo programa de austeridad. En esa ocasión, el sme y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) reaccionaron con fuerza. Con el objeto de buscar una lucha común de los asalariados se unieron a la Confederación Obrera Revolucionaria (cor) para convocar a un foro de discusión sobre la defensa del salario y la modernización de las empresas, los días 22 y 23 de febrero de 1995, con el tema "El sindicalismo frente a la crisis y ante la nación".

El primer foro tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Educación, con apoyo del snte. No logró una gran audiencia, pero aparecieron numerosos sindicatos desligados del Congreso del Trabajo. La discusión se centró en tres mesas que trataron de la defensa de áreas estratégicas de la economía, la crítica del modelo económico y las formas de renovación sindical. El discurso de Elba Esther Gordillo, dirigente del snte, desctacó el concepto del nuevo sindicalismo como un "nuevo pacto social" en que juntos, gobierno y organizaciones obreras, pudieran encontrar soluciones a la crisis.

Un segundo foro de sindicalistas tuvo lugar en el auditorio del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (sntss) a principios de octubre de 1995 con la convocatoria de catorce organizaciones (doce de ellas integrantes del congreso del Trabajo); fue titulado "El sindicalismo ante la nación: análisis sobre el desempleo" y sirvió como base importante de crítica contra la política económica del país, pero también fue ocasión para empezar a hablar de cambios democráticos en la política hacia el sector sindical. Participó Antonio Rosado, líder del sindicato del imss, quien criticó abiertamente la política gubernamental en el discurso inaugural; en un tono semejante se expresaron Elba Esther Gordillo (ex líder del snte), Francisco Hernández Juárez (strm), Horacio Romo (secretario del exterior del sme), Reyes Soberanis (de la cor), Agustín Rodríguez (del stunam), entre otros.

Una coyuntura importante para este segundo foro fue la propuesta del presidente Zedillo para reformar la ley del imss. Esta iniciativa fue aprobada sin más por el Congreso del Trabajo; el sindicato del imss, que participó en el foro, aglutinó la posición de los participantes contra la iniciativa presidencial y en especial contra las Asociaciones de Fondos para el Retiro (afores): "Nos oponemos a la privatización de los fondos de jubilación y pensiones.

Posteriormente, un grupo encabezado por Francisco Hernández Juárez manifestó su decisión de formar una nueva central sindical, mientras que el otro grupo, dirigido por Elba Esther Gordillo, del snte, y lideresa del Frente Nacional de Organizaciones y Ciudadanos (fnoc) del pri, difería de la propuesta. Varios acontecimientos influyeron en la problemática sindical: la muerte de Fidel Velázquez ocurrió el 21 de junio; el pri perdió la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión, el 6 de julio, y el prd ganó de manera abrumadora la jefatura del Distrito Federal. Con ello se mostró que el control corporativo de las organizaciones obreras a favor del pri en el ámbito electoral se había perdido.

Los foristas sufrieron algunas divisiones en el período posterior a las elecciones federales. Francisco Hernández Juárez y Elba Esther Gordillo protagonizaron la ruptura más importante. De 26 organizaciones sindicales integrantes del foro, 17 de ellas decidieron formar una nueva central para noviembre de 1997, que llevaría por nombre Unidad Nacional de Trabajadores, mientras que nueve manifestaron su decisión de continuar como foro, pero rechazando la idea de fundar una nueva central. Entre las primeras estaban el strm, aspa, la vw, los trabajadores de servicios financieros, el sindicato del imss, el sutin, el stunam, los tranviarios, las sobrecargos de aviación... Entre los segundos estaba el snte, el sme y la cor. La unt, con la mayor parte de los sindicatos del foro, fue constituida el 28 de noviembre de 1997 en la ciudad de México.

La unt nació en un abierto desafío al Congreso del Trabajo, denunciado claramente como vacío e inútil para defender las causas de los obreros. Los principios ideológicos de la unt aprobados en público son diferentes a los del Congreso del Trabajo: hablan de la "democracia, autonomía e independencia sindicales", de "la no integración ni intervención colectiva como organismo en partido político alguno y el respeto a la libre afiliación política de los integrantes..." Buscaban "erradicar prácticas clientelares y la transgresión de la autonomía sindical"; "sindicatos y partidos -dicen- podemos converger en una profunda reforma del poder para su ciudadanización, democratización y desclientelización".

La estructura de su dirigencia refleja el propósito de ser un organismo "democrático, plural e incluyente". Tiene tres presidentes (Francisco Hernández Juárez, del strm; Antonio Rosado, del sntss, y Agustín Rodríguez, del stunam) y varios vicepresidentes para prevenir el riesgo del caudillismo de un solo individuo en la cúpula dirigente.

El Congreso del Trabajo y otros sindicatos particulares como el snte, criticaron duramente el surgimiento de la unt, y quisieron minimizar su importancia y el número de sus integrantes. El snte mencionaba de manera simple su propia afiliación de alrededor de un millón de maestros y maestras que, por sí mismo, sobrepasaba el número de integrantes de los más grandes sindicatos de la unt, como el del sntss, con 350 000 trabajadores; el del stunam, con 100 000; y los telefonistas, con 53 000; afiliados. Las cifras de la unt, por el contrario, intentaban maximizar su número de afiliados y llegaron a mencionar, con la inclusión de 160 organizaciones obreras, campesinas y populares que tenían 1.5 millones de obreros. Sin embargo, la fuerza de la unt no dependerá de los números sumados de esta forma, sino de la capacidad de sus iniciativas para influir en el desarrollo económico y político del país.

La Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (CIPM)

La tercera corriente sindical en México es más bien un grupo heterogéneo de organizaciones, cuyo origen ideológico se expresó claramente en las luchas sindicales de 1958 y 1959. La violenta represión en aquel tiempo arrojó a la clandestinidad a muchos de sus dirigentes, pero la coyuntura de la década de 1970 los mostró de nuevo en la palestra pública con el nombre de "sindicalismo independiente". Aprovechando la llamada "apertura democrática" del presidente Echeverría, muchos sindicatos pudieron vivir fuera del marco del Congreso del Trabajo y enfrentar como enemigos por igual al movimiento obrero oficial, al Estado y a los empresarios. Este sindicalismo independiente buscaba la total autonomía y confrontación con el Estado y con la empresa, así como reivindicar una postura de clase social y aspiración de total destrucción del sistema capitalista.

A pesar de los golpes y derrotas recibidas por las burocracias sindicales del Congreso del Trabajo, por los instrumentos legales del aparato de Estado y por las fuerzas policiales, y también de sus propios errores, los independientes han sobrevivido y han tenido la oportunidad de aglutinarse en determinadas coyunturas de los últimos veinte años. La última ocasión manifiesta fue el descalabro económico de diciembre de 1994, cuando el sindicalismo oficial rehusó participar en las marchas del primero de mayo de 1995, con lo cual numerosas organizaciones laborales y ciudadanas empezaron a confluir en la llamada Coordinadora Intersindical Primero de Mayo (cipm).

Ni la fesebs ni los primeros foristas se manifestaron públicamente el primero de mayo de 1995. Pero ello fue ocasión para que múltiples y diferentes organizaciones se conglutinaran tanto ese año como el siguiente, 1996 y en 1997, y llegaran a funcionar como una coordinación permanente con alrededor de ciento veinte sindicatos independientes, cooperativas, organizaciones populares y organizaciones de partidos políticos de izquierda. Se diferenciaban con claridad del movimiento obrero oficial, al que consideraban como enemigo de clase.

Pero también pintaban su raya respecto de los primeros foristas de 1995, a los que consideraban como unos "charros renovados" o "neocorporativos". Su origen, ellos mismos lo remontan al Día del Trabajo en 1995, cuando salieron a las calles numerosas organizaciones aprovechando la negativa del Congreso del Trabajo a participar en un "desfile":

A partir del primero de mayo de 1995, se expresa el descontento y la combatividad de los trabajadores mexicanos, con una demostración inédita para protestar masivamente contra el corporativismo [...] De ahí la necesidad de construir la Coordinadora Intersindical 1o. de Mayo como una alternativa legítima de los trabajadores [...] La cipm debe ser una organización independiente de los partidos políticos, del gobierno, de los empresarios, respetando la pluralidad de sus miembros y con el objetivo central de servir como instrumento en la defensa de los derechos de los trabajadores.

A partir de la gran marcha de tan variadas organizaciones en el Zócalo de la ciudad de México el 1 de mayo de 1995, en donde, a pesar de la espontaneidad, hubo cierto consenso para las intervenciones de los oradores, y se hizo un esfuerzo por continuar la coordinación. El proceso de aglutinación de organizaciones fue creciendo, y se manifestó en reuniones amplias de representantes durante el año y volvió a presentarse con más fuerza para el Día del Trabajo de 1996, cuando realizaron una marcha con mayor fuerza cuantitativa, con dos contingentes separados (21 sindicatos foristas y la Coordinadora), que confluyeron de manera organizada en la Plaza de la constitución de la ciudad de México. Habían hecho un pacto de no agresión entre ambos contingentes, para mostrar unidad en torno a las demandas y con ello recuperar "nuestro papel de interlocución en el diseño y reorientación del modelo de desarrollo que reclama la nación".

La cipm siguió fortaleciéndose durante 1996 y aprovechó una vez más el 1 de mayo de 1997 para manifestarse ­junto con los foristas­ en las calles de las principales ciudades de México, cuando el Congreso del Trabajo permanecía encerrado por tercera vez consecutiva en su conmemoración privada. Sin embargo, en la reunión del Congreso del Trabajo con el presidente de la república, en el Auditorio Nacional de la ciudad de México, tres líderes de la burocracia sindical corporativa fueron abucheados con injurias y silbidos por los propios asistentes al acto, calculados en 10 000 personas: Salvador Ávila, de la croc; Leonardo Rodríguez Alcaine, del suterm, y Víctor Flores, de los ferrocarrileros.

Por su parte, la marcha organizada por los foristas y la cipm mostraba la fuerza de un nuevo sindicalismo. Las dos corrientes, con sus grandes diferencias, tuvieron un acuerdo fundamental para marchar el 1 de mayo, llenar la Plaza de la Constitución y expresar de nuevo su inconformidad por la política económica gubernamental. Con la creación de la unt en 1997, los sindicatos de la cipm definieron también su postura para seguir formando una corriente radical frente a gobierno, patrones y organizaciones reformistas.

Consideraciones finales

Desde 1995 se definieron con más claridad las tres grandes corrientes sindicales en el país, que se han mantenido hasta el año 2000.

En primer lugar, aunque después de la muerte de Fidel Velásquez hubo intentos dentro del sindicalismo oficial de tender un puente hacia los foristas, en el Congreso del Trabajo triunfó la tendencia más anquilosada. El movimiento obrero oficial del Congreso del Trabajo quedó aislado, con la misma subordinación tradicional al gobierno, amarrado al destino decadente del PRI y fijo en la postura dinosáurica del nuevo dirigente Leonardo Rodríguez Alcaine.

Por su parte, los foristas terminaron escindidos a raíz de la propuesta de creación de la nueva central de trabajadores, pero numerosos sindicatos formaron la unt en 1997, que ha ido creciendo en el ámbito nacional y en varios estados, y ha mantenido espacios de diálogo tanto con el gobierno de Zedillo como con el equipo del nuevo presidente, Fox.

La cipm, por su cuenta, los días 3, 4 y 5 de octubre de 1997 realizó un Primer Congreso Nacional Resolutivo, en el cual expresaron estar representadas 68 organizaciones obreras y campesinas que aglutinaban alrededor de doscientos ochenta mil trabajadores, Rechazaron incorporarse a la unt con fuertes críticas al "nuevo corporativismo" y prefirieron convocar a sus integrantes a formar la Central Única Independiente de los Trabajadores, para exponer una clara posición de clase independiente y enfrentada al Estado y al capital; sin embargo, esto no se ha dado y sus actos de mayor confluencia se concentran en las manifestaciones del primero de mayo; para ellos, el gobierno de Fox es un enemigo peor a vencer.

En este panorama diversificado de organizaciones laborales en México se encuentra el gobierno de Vicente Fox al inicio de su gobierno. Partimos entonces de que no hay unidad ni coordinación en el movimiento sindical mexicano cuando se avecina una nueva política laboral gubernamental no muy clara; es la "nueva cultura laboral" inventada hace tiempo por Carlos Abascal Carranza, cuyo puntal expreso es la perspectiva de reformas a la Ley Federal del Trabajo.

En una entrevista realizada el 28 de noviembre de 2000, el abogado Néstor de Buen, quien fue artífice del proyecto de reforma a dicha ley de parte del pan hace varios años ante el Congreso de la Unión, y conociendo de cerca al nuevo secretario del Trabajo, afirmó tajantemente que el proyecto de Carlos Abascal Carranza significará el intento de cancelar la lucha de clases y la pérdida de numerosos derechos de los trabajadores ya establecidos en la Constitución. De Buen se fundamentaba en la concepción humanista de Abascal, pero a quien le falta el sentido de lo social, lo calificaba como un hombre inspirado en las enseñanzas de la Iglesia católica que solamente hablan de la caridad cristiana dentro de los conflictos sociales: "Hay mucho riesgo de que se haga una modificación a los ordenamientos laborales en el sentido de hacerlos más conservadores", y añadió que muchos empresarios "están muy contentos por los cambios políticos que se avecinan, toda vez que sienten que ha llegado la terminación del derecho de huelga y otras conquistas obreras "Si a todo esto agregamos las posiciones tibias de Abascal en relación con los males que ha traído el corporativismo sindical por décadas (negociaciones de cúpulas, complacencia ante la falta de democracia sindical en las organizaciones laborales y ante las prebendas que tradicionalmente ha gozado la burocracia dirigente del sindicalismo oficial), las perspectivas del sindicalismo ante las grandes perspectivas de la transición política del país quedan en mucha nebulosidad. Tenemos que admitir que el país no ha cambiado todavía en numerosos aspectos de la vida social; se puede empezar a hacerlo de manera positiva dependiendo de diversas condiciones.

En primer lugar, hablando de las organizaciones laborales, en cualquiera de las tres corrientes que hemos mencionado, la democracia sindical no llegará nunca de manera automática con la alternancia política; el trabajo tiene que ser sobre todo de abajo arriba y crear movimientos que hagan respetar, como se ha empezado a realizar en las elecciones nacionales, el voto de todos los representados; la transición a la democracia no puede ser una imposición vertical desde arriba.

En segundo lugar, a pesar de la diversidad de corrientes ideológicas entre los trabajadores asalariados, habría que avanzar en un intento de coordinación entre los sindicatos para presentar propuestas comunes, y de manera específica ante la posible reforma a la Ley Federal del Trabajo. La realidad histórica nos muestra que hay quienes se oponen a cualquier reforma y también hay quienes la favorecen, pero con muchas divergencias en varios puntos. La coyuntura nacional de transición nos ofrece una oportunidad de confluencia y posibilidad de mayor diálogo entre los sindicatos.

En tercer lugar, a pesar de los antecedentes patronales y sinarquistas del nuevo secretario del Trabajo, se trata ahora de una situación histórica particular por la transición de un nuevo gobierno después de setenta y un años. No se trata de sus posiciones particulares, sino de la postura del nuevo gobierno ante los trabajadores del país, a quienes ya se les ha prometido con bastante claridad mejores perspectivas económicas en su situación práctica de vida, lo mismo que a los marginados y más pobres del país. El sindicalismo está no ante un empresario, sino ante un secretario de Estado, que debe representar la postura del gobierno actual.

Por último, hay que recordar la actitud expresa de Carlos Abascal ante el proyecto de reformas a la Ley Federal del Trabajo, el cual es una necesidad para la situación que está viviendo el país, pero cualquier tipo de modificación tendrá que hacerse por consenso y no de manera impositiva. Lo que tenemos, entonces, no es un proyecto ya definido de reforma de la ley, sino un planteamiento para repensar ésta conforme a las demandas de todos los involucrados. ¿Habrá que creer en ello? No hay que fundamentar nuestra posición en la buena o mala intención de los dirigentes, sino aceptar la invitación al diálogo y hacer consecuente la postura del gobierno: si hay cambios en las relaciones laborales, habrá que hacerlas por consenso. Pero para eso se necesita que exista también un interlocutor definido y con propuestas en el movimiento obrero mexicano.