Madrid Hurtado, Miguel de la (1935- ), político, abogado y economista mexicano, presidente de la República (1982-1988). Nació en Colima en 1935. Realizó estudios de derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y de administración pública en Harvard (Estados Unidos). Ocupó importantes cargos públicos relacionados con las finanzas de su país. Durante el gobierno de José López Portillo (1979-1981) ocupó la secretaría (ministerio) de Programación y Presupuesto. En 1981 fue nombrado candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y elegido presidente en 1982 en las elecciones generales del 4 de julio. Durante su mandato tuvo que afrontar las dificultades económicas, renegociando la deuda externa y aplicando un plan de austeridad en el gasto y de lucha contra la corrupción en los cargos públicos. En 1984 visitó varios países latinoamericanos, proponiendo la unidad de criterios para la cooperación económica y la renegociación de la deuda externa. Sus tesis fueron expuestas ante el Grupo de Contadora, y provocaron el recelo de Estados Unidos. En 1988 fue sustituido por Carlos Salinas de Gortari, de su mismo partido.

Durante la década de 1980 el país siguió una política de reafirmación dentro del continente. En 1982 Miguel de la Madrid Hurtado fue elegido presidente para suceder a López Portillo. A mediados de esta década, el acelerado aumento de la deuda extranjera, unida a la caída de los precios del petróleo, había sumido al país en fuertes dificultades financieras. En medio de informes sobre grandes irregularidades, el PRI reclamó la victoria en las elecciones al Congreso en 1985. En septiembre de ese mismo año un terremoto devastó la capital, en la que murieron posiblemente más de 20.000 personas y miles quedaron sin hogar, lo que agravó todavía más la situación financiera del país. Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, fue elegido presidente en 1988, nuevamente en medio de grandes protestas por la sospecha de posibles irregularidades en el proceso electoral. También en 1988 el huracán Gilberto devastó la península de Yucatán, cuyas pérdidas se estimaron en 880 millones de pesos.

En 1989 el gobierno de Salinas aceleró la privatización de las empresas del Estado y modificó las regulaciones restrictivas del comercio e inversión para incentivar la inversión extranjera, permitiendo incluso el control mayoritario de las empresas a los inversionistas extranjeros. En octubre, Carlos Salinas y George Bush, reunidos en la ciudad de Washington (Estados Unidos), firmaron lo que fue descrito como el acuerdo más amplio de comercio e inversión concertado entre las dos naciones. En julio de 1992 se modificó la Constitución para reconocer la personalidad jurídica de la Iglesia católica. En diciembre, los presidentes Salinas y Bush, junto con el primer ministro de Canadá, Brian Mulroney, firmaron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC). La legislatura mexicana ratificó el TLC en 1993 y el acuerdo entró en vigor el 1 de enero de 1994, creando la zona de libre comercio más grande del mundo.

La creación de una zona de libre comercio en América del Norte y la privatización de la industria estatal fueron parte del plan del gobierno de Salinas para revitalizar la economía mexicana. En 1993 el gobierno mexicano había vendido el 80% de sus industrias a inversionistas privados en cerca de 21 billones de pesos y había reducido la inflación del 150% al 10%. Sin embargo, esto no significó que se tomaran medidas efectivas para reducir la enorme deuda extranjera.

El 1º de enero de 1994 un grupo de indígenas, miembros del llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, ocupó cuatro poblaciones del sur de México en el estado de Chiapas. Sus demandas más urgentes eran la autonomía, la restitución de tierras, el establecimiento de un régimen democrático, así como el establecimiento de servicios de salud y educación para toda la población indígena. El grupo se denominó `zapatista' en memoria del líder campesino Emiliano Zapata. A pesar de que las tropas mexicanas recuperaron rápidamente el territorio ocupado y se acordó el alto el fuego, el EZLN provocó una situación que llevó a prolongados debates sobre las demandas formuladas.

En agosto de 1994 Ernesto Zedillo Ponce de León ganó las elecciones presidenciales. Zedillo fue coordinador de la campaña presidencial del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, quien fue asesinado en marzo de 1994 durante un mitin de campaña en la ciudad de Tijuana.

El presidente Zedillo se enfrentó casi de inmediato con una de las peores crisis financieras de México, provocada por un déficit de aproximadamente 30.000 millones de dólares en su cuenta corriente. Se planeó un paquete de rescate internacional bajo la coordinación del presidente estadounidense Bill Clinton, y Zedillo anunció medidas de austeridad y la privatización de los bienes del Estado. Entretanto, el levantamiento del sur de Chiapas, que continuaba bajo el liderazgo del subcomandante Marcos, puso de manifiesto la precaria situación de los indígenas y forzó al gobierno a prestar oídos a sus demandas. En 1996 la economía mexicana, sin haber sorteado por completo la crisis iniciada en 1994, ofrecía síntomas de mejoramiento.

En las últimas elecciones legislativas del 6 de julio de 1997, el PRI perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y los principales partidos de oposición, PAN y PRD, consolidaron su presencia en el Congreso: el PRI alcanzó el 38% de los votos, el PAN el 26% y el PRD el 25%. El presidente de la nación, Ernesto Zedillo, manifestó que “se inicia en el país una nueva actitud política, cultura política y ética de responsabilidad pública”. El PRI, después de 68 años en el poder, sigue hoy disponiendo de la presidencia, la mayoría absoluta en el Senado y la mayoría de los municipios más importantes del país, pero a raíz de esa fecha ha tenido que comenzar a cohabitar, negociar y pactar en el Congreso con los partidos de oposición.

Sin embargo, el conflicto indígena no cesa, sino que se agrava en la región de los Altos de Chiapas. El 22 de diciembre de 1997 fueron asesinados 45 indígenas de la etnia tzotzil en Acteal, municipio de Chenalhó, donde viven actualmente algunos de los miles de desplazados de otras comunidades. La matanza, en su mayoría mujeres y niños, provocó la dimisión del secretario de Gobernación (ministro del Interior), Emilio Chuayffet, y la renuncia del gobernador del estado de Chiapas. El nuevo secretario, Francisco Labastida Ochoa, se enfrenta a una complicada situación en la que se plantea como primera medida la desmilitarización de la zona. El conflicto parece tener una difícil solución.

Moneda y banca

La unidad monetaria de México es el peso de 100 centavos (a comienzos de 1997, 7,97 pesos equivalían a 1 dólar estadounidense). El banco central y emisor de la moneda es el Banco de México (1925). El sistema bancario comercial de México, nacionalizado en 1982, se devolvió al control privado a principios de la década de 1990.

Con Miguel de la Madrid en el gobierno, además de reformas estructurales de la economía mexicana, la política comenzó a sufrir cambios importantes que tendieron -por empuje de la sociedad- a la modernización del sistema. Sin embargo, las contradicciones continuaron. La situación crítica de la economía, y el descontento generado con la aplicación del modelo de reordenación hizo que en un periodo relativamente corto -apenas un sexenio- el panorama tradicional de la política cambiara de manera radical y que empezara a surgir en México, realmente, un sistema de partidos.

En principio, la política democratizadora del gobierno se expresó en diversas propuestas enviadas al Congreso al asumir la presidencia. La primera de ellas fue la reforma al Artículo 115 constitucional a fin de reintegrar recursos y facultades a los municipios, vigorizando con ello su hacienda y su autonomía política. Se trataba de volver a la vieja idea del municipio como célula de la vida democrática de la comunidad. El proyecto político de De la Madrid parecía buscar la legitimidad perdida por el sistema político en su conjunto a raíz de la crisis económica.

El proyecto que le tocó iniciar a Miguel de la Madrid y continuar a Carlos Salinas de Gortari seis años después, implicó cambios profundos en la tradicional estructura económica mexicana. En su toma de posesión el 2 de diciembre, el nuevo presidente reconoció la profunda crisis por la que atravesaba el país y la necesidad de variar el rumbo que hasta entonces se había mantenido: inflación de casi el 100%, un déficit sin precedentes, ausencia total de ahorro para financiar inversión, rezago de las tarifas y los precios públicos, debilitamiento en la dinámica de los sectores productivos, crecimiento cero, ingreso de divisas paralizado, deuda externa pública y privada de proporciones desmesuradas, recaudación fiscal debilitada y crédito externo reducido drásticamente. En tales circunstancias, señalaba De la Madrid, la planta productiva y el empleo se veían seriamente amenazados, el desempleo abierto era el más alto de los últimos años y los sectores de menores ingresos tenían problemas para satisfacer necesidades mínimas de subsistencia. Había desconfianza y pesimismo en la sociedad, lo que podía conducir peligrosamente a la discordia entre clases y grupos. La crisis mexicana se ubicaba en un contexto internacional donde existían incertidumbre, temor y la recesión estaba presente, además de las guerras comerciales, el proteccionismo, las altas tasas de interés, el desplome en los precios de las materias primas y el alza en los productos industriales, todo lo cual atentaba contra las posibilidades de todos los países. Finalmente reconoció que se vivía una situación de emergencia frente a la que había de actuar con definición y responsabilidad para que " la Patria no se nos deshaga entre las manos ''.

La base del proyecto reestructurador era la economía y hacia allá enfocó el presidente todas sus baterías desde un principio. En su toma de posesión presentó el Programa Inmediato de Reordenación Económica ( PIRE ) y, pocos meses después, en mayo de 1983, presentó también el Plan Nacional de Desarrollo (PND). Ambos constituyeron la primera fase, entre 1983 y 1985, del proyecto restaurador de la economía.

Fundamento y punto de partida de la estrategia económica del presidente De la Madrid fue la de restaurar la confianza de los inversionistas. Se trataba no sólo de obtener su apoyo moral para el proyecto económico, sino también político. Esta política se complementó, además, con el inicio de la venta de las empresas del sector paraestatal. En diciembre de 1983 el Congreso de la Unión había aprobado modificaciones constitucionales que definieron la rectoría del Estado. Ello le dio al gobierno la pauta que necesitaba para llevar adelante la venta de empresas paraestatales, con lo que se obtendría, además de mayor confianza de los empresarios, y más recursos para el Estado, al tiempo que se ponía en práctica el principio de adelgazamiento que había prometido el gobierno.

En el periodo 1983-198 las cosas caminaron bajo control. Aunque no hubo repunte espectacular en la economía -en realidad índices como el PIB se siguieron manteniendo negativos-, por lo menos se dio la posibilidad de revertir la tendencia en algunos rubros como las finanzas públicas que habían tenido un déficit del 7.6% en 1982 y hacerlas crecer -con el apoyo del petróleo- hasta el 3.6% en 1985. También la producción y el empleo crecieron. De igual manera, se pudo disminuir la inflación que había sido del 100% en 1982 al 63% en 1985. Claro que, a la par, la reducción del gasto público -que era una de las bases del modelo-, trajo como consecuencia, en términos reales, la pérdida de empleo en el sector estatal y la disminución del gasto social. Sin embargo, todo esto era parte de lo planeado por el gobierno, y explicado a la sociedad en términos de un " realismo económico '' que implicaba sacrificios para sacar adelante al país.

Sin embargo, en 1985, las cosas no fueron como se esperaba. Además del impacto social que significó el terremoto de septiembre en la ciudad de México -que por muchos fue leído como una señal inequívoca de la condición en que se encontraba el país-, la inflación comenzó a crecer de nuevo como consecuencia, por un lado, del relajamiento de las políticas contraccionistas y restrictivas -en un intento del gobierno por recuperar más rápidamente el crecimiento y, por el otro, del inicio en la caída de los precios del petróleo, que pronto, a inicios de 1986, llegaron a su nivel más bajo.

Lo que provocó la crisis de 1985-1986 fue, al contrario de lo que podría pensarse, una radicalización de las medidas económicas que se venían desarrollando. Se hizo evidente que la transformación estructural de la economía era más necesaria que nunca. Temas como la diversificación de las exportaciones, la reconversión industrial, el aumento de la producción agrícola, pesquera, silvícola y minera, acompañaron a las ya tradicionales encaminadas al saneamiento de las finanzas y a la reducción del gasto público. Para darle un sentido a toda esta política, el gobierno puso en funcionamiento el Programa de Aliento y Crecimiento (PAC), con el que trató de dar coherencia a la segunda fase de su gobierno en materia económica.

Además de una mayor reducción en el déficit público y de flexibilizar las tasas de interés, como parte de la Carta de Intención firmada con el FMI en 1986, el gobierno se comprometió a aplicar una política de apertura comercial. Ello significaba dejar atrás décadas proteccionistas con las que el país había podido desarrollarse en un mundo eminentemente cerrado en cuestiones comerciales. Pero ante las nuevas reglas de juego internacional, la apertura representaba para el país la alternativa más conveniente. En consecuencia, el gobierno inició negociaciones con el Acuerdo General de Aranceles y Comercio ( GATA, por sus siglas en inglés ), al mismo tiempo que promovió consultas a través del Senado. La discusión volvió a desatar las mismas acusaciones que había provocado López Porrillo en 1979 cuando sometió a consulta el asunto: era una política entreguista a los Estados Unidos. Pero si López Portillo decidió en su momento no ir más allá, en esta ocasión, Miguel de la Madrid firmó el protocolo de adhesión el 25 de julio de 1986.

Aunque pronto se sintieron en la economía señales alentadoras como consecuencia de tantos cambios estructurales, al grado que las reservas del Banco de México crecieron a 14 mil millones de dólares, la inflación se convirtió en el principal obstáculo. Esta había bajado del 100% en 1982 a 59.2% en 1984, pero al año siguiente había empezado a crecer nuevamente. Para tratar de remediar este fenómeno, el gobierno echó mano de uno de sus recursos históricos para tratar de contener la inflación: el establecimiento de un pacto entre los diversos sectores de la producción para combatir la inflación. Ello dio origen en diciembre de 1987 al Pacto de Solidaridad Económica, el primero de una serie que se firmaría en los años siguientes, y en los cuales, detalles más o menos, los obreros aceptaban moderar sus demandas salariales, los campesinos aceptar los precios de sus productos, los empresarios no incrementar los precios y el gobierno vigilar a todos.

Con este mecanismo basado en la histórica estructura corporativista del Estado mexicano, la inflación pudo ser contenida y para 1988 se encontraba ya en 50%, después de que había llegado un año antes al 170% . Así, la política económica de Miguel de la Madrid daba frutos positivos hacia final del sexenio. Pero, si bien el balance general del gobierno iba en este sentido, no todo parecía igualmente optimista. Para recuperar el crecimiento del país, el gobierno, sin muchas alternativas a la vista, había echado mano de un proyecto económico que implicaba un cambio radical en la estructura económica mexicana, que priorizaba los subsidios a la acumulación privada en detrimento del nivel de vida de la mayoría de los mexicanos. El Estado disminuyó su inversión en alimentación, salud, educación y vivienda, lo que afectó directamente a los sectores más pobres, los más golpeados por la crisis desde la década anterior.

A partir de 1982 -pese al propósito del presidente al asumir el cargo de '' construir una sociedad igualitaria ''-, justificado con la enorme crisis económica en que se vio envuelto el país, se dio no sólo un cambio radical en el tipo de política económica, que implicaba una caída más que evidente del nivel de bienestar de la mayoría de la población, sino que de hecho se replanteó, bajo la idea de modernización, lo que hasta entonces había sido proyecto histórico de la Revolución mexicana. En todo caso, la reorganización de la economía del país se volvió incompatible con el nivel de vida de gran parte de la población y produjo agudización extrema de las desigualdades sociales y económicas.

Pedro Ramírez Calva Miguel de la Madrid sexenio 1982-90

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