“Rol del Estado en la Economía Social de Mercado”

INDICE

Tema: Página:

Las tareas fundamentales de la autoridad........................................................................... 3

La preservación de la libertad económica........................................................................... 3

El estado de derecho............................................................................................................ 5

La buena fe económica........................................................................................................ 6

La sustitución del mercado.................................................................................................. 7

Otras tareas estatales de producción.................................................................................... 8

Adaptar la economía a las grandes meta nacionales........................................................... 9

La política monetaria y crediticia........................................................................................ 9

La inflación......................................................................................................................... 10

La igualdad de oportunidades.............................................................................................. 11

Conclusión........................................................................................................................... 13

Bibliografía.......................................................................................................................... 14

LAS TAREAS FUNDAMENTALES DE LA AUTORIDAD

Al echar un vistazo al desenvolvimiento de la Economía a lo largo de la historia, señalábamos que, sin una autoridad estatal fuerte, la economía social de mercado no habría podido existir.

Esto es así porque dicho sistema opera sobre la base de veredictos populares constantemente expresados en un régimen de libertad económica. Pero las tendencias egoístas de los individuos muchas veces atentan contra ese régimen, pues nunca faltan quienes pretenden abusar de la posición prevaleciente que puedan adquirir en un momento determinado.

Sin una autoridad estatal fuerte y vigilante, la libertad económica se transformaría en las opresivas situaciones del laissez faire, laissez passer. Habría, incluso, libertad para suprimir la libertad. Y eso es lo que se trata de evitar. Tal función, que exige autoridades dinámicas y vigilantes en la economía, es la principal de las que corresponden al Estado en el quehacer económico.

Con el carácter de enumeración se pueden sintetizar las tareas del Estado dentro de una economía social de mercado en las siguientes:

Preservar las libertades económicas.

Hacer respetar las normas legales y los compromisos válidamente contraídos entre los individuos.

Velar por la buena fe económica.

Proveer a la realización de tareas de interés social en las cuales sea imposible o inconveniente el juego del mercado.

Fijar las grandes metas nacionales a las cuales debe integrarse la economía interna.

Manejar la creación de medios de pago.

Garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos.

LA PRESERVACIÓN DE LA LIBERTAD ECONÓMICA

La competencia en los mercados da lugar a que quienes participan en ella busquen una situación de preeminencia, que les permita vender la mayor cantidad del servicio o bien que producen al mejor precio, así como adquirir la mayor cantidad del servicio o bien que necesitan para satisfacer una necesidad propia, al menor precio.

Ello podría redundar, en ciertos casos, en que una sola persona adquiriera un poder preeminente de oferta o de demanda en el mercado. En otras palabras, podría conducir a que una persona o empresa estuviera en condiciones de abusar de los demás, suprimiendo la competencia que, en un mercado competitivo, es la que nivela los precios y les da un justo equilibrio.

Esta situación es la que se denomina monopolio. Es el hecho de que una persona pueda controlar por sí sola la oferta o la demanda de un bien determinado. Oligopolio sería, por consiguiente, la situación en que unas pocas personas pudieran tener ese control.

Es la obligación del Estado impedir las conductas monopólicas.

La manifestación más ostensible de éstas tiene lugar a través del sistema de precios. La conducta monopólica puede consistir, por ejemplo, en que un grupo de personas que generan determinado bien o servicio se pongan de acuerdo, en forma subrepticia, para suprimir la mutua competencia y suban de común acuerdo el respectivo precio. Tratándose de un producto esencial o de demanda rígida (es decir, que no puede variar demasiado aunque el precio suba mucho o no tenga sustitutos; en realidad, los productos que reúnen estas condiciones son escasos), ese acuerdo monopólico podría obligar a la población a pagar precios superiores a los que determinarían la oferta y la demanda limpias en el mercado. En tal situación, la autoridad económica debe intervenir prontamente, ya sea restableciendo la libre competencia o sometiendo el respectivo precio a un control prudencial.

En este sentido, debemos observar que el control de los precios no es necesariamente distorsionador del mercado, sino que muchas veces puede ser correctivo.

En la práctica, los controles son perjudiciales porque las autoridades fijan el respectivo precio por debajo de su auténtico nivel de equilibrio en el mercado, y ello da lugar a situaciones indeseables. Pero si la autoridad fija el control con una finalidad correctiva y para interpretar el real sentido de la libre competencia que uno o más particulares han procurado derogar, entonces el control del precio será una medida acertada y no sólo recomendable, sino indispensable dentro de una economía social de mercado.

En Chile existen casos de artículos cuyos precios permanecen controlados, porque hay razones para pensar que su oferta es monopólica u oligopólica, es decir, que estaría sujeta a posibles abusos de parte de los particulares. En cambio, con respecto a la mayoría de las mercaderías hay libertad de precios, porque existe efectiva competencia, la cual se está ampliando a través de la apertura de las importaciones, remedio definitivo contra posibles conductas monopólicas.

Otros ejemplos de la acción estatal para preservar la libertad económica pueden encontrarse en las medidas destinadas a evitar acciones especulativas de los individuos inescrupulosos: la evidencia de maniobras en los mercados de algún bien para crear la atmósfera sicológica de una demanda en alza que en verdad no exista, con el fin de materializar utilidades gracias a ese engaño al público, que en definitiva pagan los incautos que se incorporan al final de la corrida de compras. La autoridad debe permanecer alerta para evitar esas tendencias.

Asimismo, el dumping es otra maniobra abusiva que suelen intentar los particulares sin escrúpulos, llevando ciertos precios a niveles bajísimos, con el fin de hacer quebrar a la competencia y luego apropiarse monopólicamente del mercado. Habiendo una autoridad estatal alerta, dicha maniobra se hará del todo imposible, pues la única conclusión a la que podría arribar el autor del dumping sería la de que el Estado resolviera controlar oficialmente el precio que ha adquirido un origen monopólico.

La acción estatal se hace también indispensable en las relaciones de la economía nacional con las de otros países. Por ejemplo una determinada tendencia al excesivo endeudamiento externo puede ser peligrosa, y puede constituir un abuso a costa de la libertad económica, porque las distorsiones provocadas por errores de política económica en otros países pueden envolver, aun a través del juego sano del mercado interno, a la propia economía nacional. Ello hace imprescindible la vigilancia y el control sobre el comercio exterior, lo cual no debe confundirse, como desgraciadamente lo hacen ciertos funcionarios, con la obstaculización generalizada de todas las operaciones.

Dentro del concepto de protección de las libertades económicas debe incluirse también la vigilancia contra actitudes que envuelven el uso de la fuerza contra otros individuos, aunque frecuentemente el mercado se encarga por sí solo de suprimir estas actitudes monopólicas. Pero hay casos en que la decisión de un grupo de individuos de obtener mediante la fuerza un mejor precio para su producto, evita de hecho que cualquier otro lo ofrezca en el mercado: piquetes de huelga que suprimen la libertad de trabajo; lockouts patronales con amenazas a los que presten servicios o produzcan bienes. Esas conductas monopólicas deben ser también impedidas y castigadas por la autoridad.

EL ESTADO DE DERECHO

Otra función elemental, que tiene gran importancia económica, y que le cabe al Estado, consiste en hacer cumplir las leyes y los compromisos libremente contraídos (el cumplimiento de éstos por lo demás, forma parte de las obligaciones impuestas por la legislación).

Ninguna economía puede desenvolverse adecuadamente si no existe para ello una base de seguridad y estabilidad jurídicas en los derechos de las personas y en las reglas del juego económico.

Como la creación del bienestar material depende, muchas veces, de prolongados procedimientos, investigaciones o estudios que demandan años en realizarse y significan enormes gastos, el Estado debe brindar una garantía de estabilidad y permanencia de los derechos establecidos, para que esas iniciativas de largo aliento puedan realizarse.

Cuando una persona o un grupo de personas proyectan una actividad productora que demorará diez o más años en comenzar a rendir sus frutos, necesitan saber que al cabo de ese tiempo, y después también, las normas jurídicas fundamentales que ellos han tenido en consideración para tomar la respectiva iniciativa van a seguir rigiendo a su respecto. Si no existiera una cierta garantía de estabilidad fundamental, esos individuos no harían la respectiva inversión de trabajo y recursos a tan largo plazo.

En este sentido, los países subdesarrollados han contribuido a ahuyentar enormes posibilidades de inversión interna, capaces de haberles dado acceso a excelentes condiciones de vida, mediante las torpes medidas confiscatorias que han privado a los inversionistas de aquello que habían hecho en el entendido y con la buena fe fundamental de que las condiciones tenidas en consideración para invertir iban a ser estables. Chile, por ejemplo, tiene en su subsuelo reservas conocidas de cobre, que valen más de treinta veces el total de su producto geográfico bruto, inexplotadas.

El que se llama “riesgo político” constituye, posiblemente, el principal factor de ahuyentamiento de las inversiones -tanto internas como del exterior- en los países subdesarrollados.

Por tanto, una misión fundamental que compete al Estado dentro de la economía social de mercado consiste en suprimir el “riesgo político”. En otras palabras, garantizar el cumplimiento de las leyes y el mantenimiento de las reglas del juego, determinando que los cambios de legislación indispensables no lesionen derechos legítimamente adquiridos por las personas ni compromisos válidamente suscritos por el Estado. Dentro de la economía social de mercado, éste, al igual que cualquier persona natural o jurídica, debe cumplir con ciertos requisitos de buena fe elementales, cosa que suele ser olvidada por los estadistas modernos o quienes aspiran a tales.

La existencia, vigencia y respetabilidad de estas normas fundamentales es lo que, con respecto a la economía, podemos llamar estado de derecho: estatuto de disposiciones conocidas, estables y respetadas.

LA BUENA FE ECONÓMICA

Así como se requieren normas jurídicas y reglas permanentes para que pueda desenvolverse una economía social de mercado exitosa, y el Estado debe procurarlas, así también es la autoridad la que debe velar porque exista un clima general de buena fe en el escenario de la economía, que es el mercado.

Este concepto de la buena fe es muy amplio y conviene que lo sea, siempre que, por cierto, la autoridad actúe, a su vez, de buena fe. Porque en toda colectividad en que el Estado procede de mala fe, es imposible ya ni siquiera un grado mínimo de convivencia, no sólo económica, sino social en general.

Por ejemplo, el industrial o el comerciante que ofrece un artículo insinuando virtudes que éste en realidad no tiene, está contraviniendo la buena fe económica y cabe la acción estatal para impedir ese proceder.

El ofrecimiento de ciertos productos con caracteres de exageración publicitaria puede, en muchos casos, atentar también contra la buen fe económica.

En general, la publicidad tiene un importantísimo papel de moderación que jugar en tal sentido.

Esta actividad es vital en una economía de mercado, porque constituye el verdadero guía del consumidor y del productor. Gracias a la publicidad y a la propaganda podemos conocer las condiciones de la oferta y la demanda de cada producto con mayor facilidad. Pero si ellas resultan engañosas, entonces se producirá un desencanto social nocivo y proliferará el engaño.

Las normas estatales conducentes a que se eviten trucos indebidos, como ocurre en el caso de la propaganda subliminal, que llegar hasta pulsar cuerdas inconscientes para inducir, en una maniobra sicológica subrepticia, al ser humano a adquirir o a consumir algo, son indispensables para garantizar la buena fe económica.

Las disposiciones que obligan a los productores de cualquier bien o servicio ofrecido mediante la publicidad a exhibir el respetivo precio cumplen la misma finalidad.

El sentido primordial de la propaganda debe ser informativo. Los bienes y servicios deben colocarse en el mercado gracias a su calidad intrínseca y no a la de la publicidad que los ofrece.

Con respecto a este punto, la buen fe económica implica que el producto que adquiere el consumidor tenga las calidades en consideración a las cuales paga el precio que se le pide.

En las economías de mercado naciente no suelen existir los adecuados mecanismos de protección a los consumidores en tales aspectos. No necesariamente tendrían que ser de origen estatal. Ellos pueden provenir de particulares. En los Estados Unidos existe el caso de Ralph Nader, un verdadero cruzado de los derechos de los consumidores, que ha alcanzado una tan grande influencia, amparado en la libertad económica, que ha conseguido hacer cambiar incluso las líneas de fabricación de determinados bienes, al demostrar y denunciar públicamente los peligros que ellos envolvían para el público y la falta de veracidad implícita en el ofrecimiento que se hacía al consumidor al respecto.

La buena fe económica exige, por ejemplo, sin necesidad de que ello se diga o se advierta, que los automóviles pueden desarrollar la velocidad normal sin peligros derivados de la fabricación del vehículo. Nader demostró, en los Estados Unidos, que un automóvil, el Chevrolet Corvair, fabricado a partir de comienzos de la década pasada, tenía características estructurales que hacían peligrosa su conducción, por falta de estabilidad, a determinadas velocidades. Su campaña dio como fruto final la interrupción de la fabricación de dicho vehículo y el pago de numerosas indemnizaciones.

Es la obligación del Estado, así como sanciona las conductas monopólicas, establecer un régimen expedito para que los casos de violación de la buena fe en la economía puedan ser pronta y ágilmente resueltos por los Tribunales de Justicia, sin que ello entorpezca el proceso creador de riquezas, pero garantizando adecuadamente los derechos de los consumidores.

LA SUSTITUCIÓN DEL MERCADO

Hay actividades, especialmente de interés colectivo, en las cuales el mercado no puede operar o en las que, simplemente, por una decisión política que puede ser o no adecuada, se le impide operar.

La más grave de estas anomalías está representada por el desempleo.

Muchos lo atribuyen a la libertad económica, pero la verdad es que se trata de u fruto típico de la intervención estatal.

En una economía de mercado plena el desempleo no tendría por qué existir. El juego de la oferta y la demanda en el mercado provocaría, automáticamente, el pleno empleo de todos los recursos productivos, especialmente de la mano de obra o fuerza de trabajo.

Sin embargo, en determinadas coyunturas de la evolución de los países, el juego del mercado en estas circunstancias puede provocar situaciones insostenibles desde el punto de vista social.

El caso chileno a fines de 1973 es un buen ejemplo: un gobierno socialista destruyó metódicamente las bases de la economía chilena y generó un esquema de remuneraciones, precios y empleo que nada tenía que ver con las posibilidades reales del país, lo cual la condujo a una situación tan vecina a la quiebra como pueda estarlo una economía nacional. En los primeros días de septiembre de 1973 la población chilena había sido advertida por el Jefe del Estado, cuya permanencia constitucional en el cargo estaba, por lo demás, cuestionada por los otros poderes públicos, de que ni siquiera podía contarse con el abastecimiento de pan para más allá de unos días.

El retorno brusco al juego de la oferta y la demanda en materia de precio de la fuerza de trabajo, vista la ruina de las actividades productoras de bienes y otros servicios, habría significado una pavorosa declinación de los ingresos de empleados y obreros: extrema escasez de bienes y abundante oferta de fuerza de trabajo -ésa era la situación fundamental- no podían traer sino enormes alzas de precios y sustanciales rebajas del nivel de sueldos y de salarios.

El reequilibrio económico exigía hacer un ajuste, pero era obligación del Estado, en esa coyuntura, mantener una base de sustentación legal para los sueldos y salarios y mantener también ciertas normas sobre permanencia en el empleo, para llegar a un régimen de mercado solamente una vez que las extremas presiones anormales creadas por la rutinosa gestión del señor Allende desaparezcan.

En ese contexto, la existencia de normas sobre sueldos y salarios mínimos alientan cierta cesantía; y es obligación del Estado velar porque las personas afectadas por tal situación coyuntural encuentren trabajo.

Se ha ideado el establecimiento de subsidios durante un plazo prolongado. Pero también cabría la realización, bajo patrocinio estatal, de tareas económicamente justificadas de variada índole, que no interfirieran en el resto de la actividad económica. En esta materia, por cierto, muchas iniciativas deben quedar entregadas a la imaginación de los hombres de gobierno, pero si se parte de la base de que los desempleados son personas capaces de realizar tareas que puedan satisfacer necesidades de los demás, y por las cuales éstos estuvieran dispuestos a pagar, la tarea de combatir el desempleo no tendría por qué demandar un gasto público adicional y, por tanto -en vista del actual déficit-, inflacionario.

Un pequeño esfuerzo de imaginación puede señalar ciertas funciones en las cuales, bajo la dirección estatal, se puede dar ocupación a muchas personas, junto con realizar tareas económicamente necesarias.

Ésta debería ser una importante función del Estado en las coyunturas económicas desfavorables, puesto que la desocupación azota preferentemente a los grupos sociales de menos recursos.

Se entiende que, una vez en operación durante algún tiempo la economía de mercado, el flujo de inversiones internas y externas asumirá proporciones suficientes como para lograr el pleno empleo de los recursos humanos. La tarea de emergencia propuesta tiene, por consiguiente, un carácter transitorio.

Los testimonios existentes en el mundo de hoy así permiten preverlo. El caso de la república Federal de Alemania es el más elocuente entre ellos. Allí han debido contratarse más de dos millones de trabajadores extranjeros para poder paliar la escasez de fuerza de trabajo.

En el citado país ello ha representado, sin duda, una apertura del mercado interno de la fuerza de trabajo a la competencia externa, cosa que sólo están en condiciones de hacer los países con un muy sólido desarrollo económico y muy altos niveles de vida.

OTRAS TAREAS ESTATALES DE PRODUCCIÓN

Las otras tareas en las cuales el Estado debe asumir un rol de producción son tradicionales y corresponden a la satisfacción de necesidades colectivas que no pueden ser entregadas al libre juego del mercado, por razones físicas o estratégicas o de sentido común, aunque en esta materia muchos conceptos están sujetos a revisión.

Ejemplos de esas actividades obviamente estatales son la defensa de la soberanía del país; la captación de tributos para financiar las actividades estatales; la realización de obras generales de infraestructura, como caminos, puentes y demás bienes de uso público.

También el Estado, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, debe asumir aquellas tareas de producción económica que estén fuera del alcance de los particulares y que resulten, en determinado momento, de obvia conveniencia realizar. Ejemplo: explotación de un valioso yacimiento, que requiere una inversión a muchos años plazo y que los particulares no se muestran dispuestos a financiar por consideraciones de riesgo político o similares.

ADAPTAR LA ECONOMÍA A LAS GRANDES METAS NACIONALES

La economía no es ni puede ser un compartimiento estanco, separado del resto de la vida nacional.

Por tanto, el Estado debe velar por que ella sea un elemento que conduzca a las grandes metas que toda colectividad tenga o se fije y que, en el fondo, sólo reflejan la opinión o el consenso de la misma opinión popular que es la conductora de la economía a través de su manifestación democrática en el mercado.

Mediante el manejo de los arbitrios que toda autoridad debe tener en el sistema económico, especialmente la herramienta tributaria, es posible fijar pautas de acción para el aparato productor de tal modo que él se integre a determinadas tareas de interés nacional. Por ejemplo, pueden establecerse programas de incentivos para desarrollar determinadas zonas del país que tengan un interés geopolítico especial. O bien pueden concebirse programas para lograr alguna finalidad social determinada, como la edificación de viviendas económicas acogidas a un estatuto de franquicias durante cierto plazo. O una situación de emergencia bélica puede hacer necesario que la producciones vuelque hacia la fabricación de armamentos.

En general, se trata de situaciones de carácter excepcional. Pero puede haber algunas que tengan permanencia y a las cuales el Estado deba adaptar el desarrollo económico, en aras de los intereses superiores del país.

Lo anterior es no sólo compatible sino que forma parte de una economía social de mercado, pues este sistema aspira a interpretar los grandes intereses nacionales en la forma más genuina.

LA POLÍTICA MONETARIA Y CREDITICIA

Vimos antes que una de las funciones específicas del Estado consiste en manejar la política monetaria y crediticia.

El Estado es el único ente dentro de las colectividades modernas que está autorizado para crear dinero. Como muchas veces la función crediticia representa una forma de crear dinero (cuando u banco presta dinero se supone que utiliza parte de los fondos que sus clientes tienen depositados en las cuentas corrientes; pero, a pesar de ello, cada cliente parte de la base de que todos sus fondos están efectivamente en su cuenta corriente, de modo que, en definitva, se crea así el nuevo dinero), es preciso que el Estado mantenga también un control muy próximo en estas materias, con el fin de evitar abusos que pueden provocar graves trastornos económicos.

Esto último, porque la cantidad de dinero en una economía es determinante para la conservación de la estabilidad de los precios. Si el dinero aumenta en una proporción mayor que la masa de bienes y servicios disponibles, se generará una demanda agregada o marginal que provocará alza de precios. Esta situación dará lugar a una pérdida de confianza en la solidez de la moneda, lo cual a su vez resiente el ahorro y, por tanto, la inversión, al tiempo que alienta el consumo. Todo ello provoca una menor tasa de crecimiento y, por consiguiente, un deterioro de las posibilidades generales de bienestar material de la comunidad. Al mismo tiempo, la inflación provoca grave relajamiento en la moral económica; las distorsiones a que da lugar la desvalorización monetaria son propicias para fomentar la especulación y el agio, lo cual resiente el espíritu de trabajo y, en general, vicia los hábitos de vida de una colectividad, además de empobrecerla.

La economía social de mercado no recomienda una determinada política monetaria. Los economistas dan diferentes opiniones sobre este tema. Pero una pauta recomendable y generalmente aceptada es que, una vez en claro el concepto de que la política monetaria debe constituir una herramienta estabilizadora, de tal manera que el proceso de producción se desenvuelva sana y armoniosamente, lo más importante de todo es que existan criterios claros acerca de cuándo y cómo se hará cambiar la cantidad de dinero en la economía, y que ellos sean estables.

En otras palabras, lo que interesa es que exista una política monetaria que permita saber por anticipado que a determinadas reacciones de ciertas variables, sucederán determinadas políticas monetarias. Dichas variables pueden ser la inflación producida, el aumento de la producción o de la productividad u otras.

Es enorme la importancia que para la estabilidad de una economía tiene el que existan criterios monetarios conocidos y, obviamente, acertados.

Algo semejante puede decirse sobre la política crediticia.

LA INFLACIÓN

Pese a la larga experiencia de muchos países bajo la inflación, los errores acerca de sus motivos y consecuencias siguen siendo universales.

La inflación siempre tendrá su origen en medidas inadecuadas en el terreno monetario. Si no aumenta la cantidad de dinero en una economía, habrá cualquier cosa, pero no habrá inflación.

Sin embargo, es cierto que el aumento de la cantidad de dinero no es la causa última de la inflación. Las autoridades monetarias no expanden nunca el circulante por un impulso espontáneo. Lo hacen presionadas por motivos políticos, económicos y sociales. Éstos son la causa última de la inflación. Por ejemplo, si un gremio funcionario exige a un gobierno un mejoramiento de sus remuneraciones y el gobierno no tiene recursos efectivos con qué pagar ese aumento, el gremio va a la huelga, que puede ser fatal para la economía nacional. Los gobernantes, presionados y puestos en una situación insostenible, acceden al aumento. Como no tienen recursos, deben aumentar la emisión de dinero. Esto provocará una demanda agregada que impulsará los precios hacia arriba. Las alzas de precio darán lugar a nuevas peticiones de aumentos, para cubrir las cuales no hay recursos..., y entramos en la espiral inflacionaria.

Los aumentos de remuneraciones en el sector privado de la economía no tienen por qué ser causa de inflación..., aunque comúnmente lo son. Si una empresa aumenta los sueldos y salarios de su personal, deberá subir sus precios para absorber el mayor costo, salvo que no los suba y mejore su eficiencia, cosa que, lamentablemente, los empresarios modernos tienden a hacer cada vez menos; ya veremos por qué.

Al subir sus precios, los competidores tenderán a hacer lo mismo, lo que provocará una disminución de la demanda del respectivo bien. Los competidores, ante esto, bajarán nuevamente sus precios, para poder vender su producción. El que los subió no podrá hacerlo... o, en todo caso, preferirá clamar ante el gobierno en busca de ayuda, señalando que deberá quebrar, que provocará cesantía. La autoridad, entonces, les tenderá la mano a todos los del mismo ramo; no podría discriminar a favor de uno solo. Subsidiará ese producto. Tal subsidio debe salir de alguna parte. Como no hay recursos públicos para hacerlo, se procederá a aumentar la emisión. Y llegamos al mismo resultado anterior.

En el fondo, cuando hay una autoridad monetaria firme y la población sabe que ella es firme, todo lo anterior cambia. Podrá haber costosas huelgas y alguna empresa efectivamente quebrará o cerrará, pero no habrá inflación.

LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

La economía social de mercado, más que de las igualdades de forma o de apariencia, se preocupa de las igualdades de fondo o de sustancia.

Dentro de ella todos los ciudadanos son iguales, porque son dueños de su propio destino. En el quehacer económico eligen el campo que han de desarrollar su actividad y eligen también las forma como van a satisfacer sus necesidades.

Pero no hay dos seres humanos dotados idénticamente. Y sería vana cualquier pretensión de igualdad absoluta, no sólo por físicamente imposible sino porque chocaría contra el legítimo albedrío de las personas.

Sin embargo, es evidente que, respetando la libertad de las personas, existe la posibilidad de conseguir que todos tengan, en la mayor medida posible, igualdad de oportunidades.

Esto no sólo es moralmente deseable, sino prácticamente conveniente. Una colectividad en que todos partan de una misma línea de posibilidades nunca mostrará desigualdades que den lugar al encono o a la envidia. En el fondo, toda inversión social conducente a dotar a la población de mayor igualdad de oportunidades ofrece dividendos claros no sólo para los beneficiarios directos, sino para quienes gozan en esa colectividad de las posiciones más favorecidas. Es muy diferente vivir en un país azotado por la miseria que en un país en que todos los ciudadanos han alcanzado un plano de dignidad y tienen cierta prosperidad material básica. El beneficio que ello representa para los sectores de más altos ingresos, en términos de mejor convivencia y de tranquilidad social, es una prestación que justifica el establecimiento de tributos adecuados para promover esa igualdad de oportunidades.

Las funciones que más pueden cooperar con el logro de tal finalidad son la promoción estatal de la educación, de la higiene y de la atención sanitaria de la población.

Lamentablemente, muchos gobernantes abordan esas actividades de alcance social con criterio de estatismo monopólico. El hecho de que el Estado proporcione educación y atención médico-sanitaria gratuitas no debería implicar la desaparición de las iniciativas particulares en ambos campos.

Por el contrario, la posibilidad de que existan al mismo tiempo la enseñanza privada y los servicios hospitalarios privados es una fuente de competencia, perfeccionamiento e innovación para el sector público.

No se conoce el caso de que la simultaneidad de existencia de colegios o liceos particulares y fiscales haya redundado en el empeoramiento de estos últimos.

Por cierto que la enseñanza privada debe ser financiada por quienes la desean y debe someterse a las reglas del mercado. Precisamente la enseñanza estatal gratuita existe como una garantía para quienes no pueden obtener educación particular por falta de recursos.

Algo semejante puede señalarse en el caso de la atención sanitaria.

Lamentablemente, en muchos países ha tenido lugar un proceso de burocratización de los servicios de educación y salud que ha redundado en que ellos se hayan transformado en una carga desproporcionada para el erario, al tiempo que han empeorado su rendimiento social. Pero esto ha sido responsabilidad política de gobernantes que han preferido transformarlos en hijuelas pagadoras de servicios electorales.

Por otra parte, fuera del vacío cultural que suele separar a las capas más pobres de la población de las que gozan de mayor ingreso, se presenta también como una barrera para el surgimiento o el progreso de muchos la falta del capital necesario para llevar adelante ideas de producción que tengan posibilidades.

Con este fin, debe ser una función del Estado la de mantener instituciones de fomento destinadas a prestar auxilio crediticio a las personas de escasos recursos que presenten proyectos empresariales factibles.

En los países subdesarrollados ha existido la tendencia a realizar labores de fomento estatales en asociación con los sectores más pudientes de la colectividad.. O bien, se ha adoptado el predicamiento contrario, convirtiendo las instituciones de fomento en el enemigo número uno de las empresas privadas. Los únicos que nunca han tenido participación en los oganismos de fomento, ni para bien ni para mal, han sido los que requerirían más de ellos: las capas más pobres de la población, en cuanto puedan tener proyectos plausibles de carácter empresarial y carezcan de los recursos o la asesoría técnica o jurídica indispensable.

En algunos países subdesarrollados las corporaciones de fomento son verdaderos monstruos burocráticos que tienen un costo inmenso y grandes riquezas invertidas en empresas cuyo destino ha sido recargar el déficit presupuestario o la expansión del crédito.

Esos organismos deberían apadrinar -sin asfixiar con sus controles- a decenas de miles de personas de escasos recursos, en lugar de convertirse alternativamente en víctimas y victimarios de la gran empresa, según si ésta les vende negocios ruinosos o queda sujeta a su maraña burocrática o a su manía confiscatoria.

CONCLUSIÓN

Esas son, en líneas generales, las principales tareas del Estado en la función de proveer a los ciudadanos de una base igualitaria para competir en la economía social de mercado. En los países más desarrollados puede decirse que este problema ha, prácticamente, desaparecido.

En esas economías de mercado más evolucionadas existe una gran permeabilidad social. La homogeneidad cultural que permite que el hijo de u hombre modesto, dadas las condiciones generales de la enseñanza, la salud y el ingreso, pueda aspirar a las más altas posiciones sin sufrir mayores tropiezos a raíz de su falta de fortuna. Ese ambiente competitivo hace, al mismo tiempo, que la capacidad sea el elemento de mayor consideración en todos los aspectos de la actividad humana dentro de la economía, de tal modo que ni la posición ni la fortuna heredadas constituyen una fuente de desigualdades notorias.

En los países subdesarrollados, en cambio, hay factores étnicos, culturales y de costumbres que separan profundamente a las diferentes capas sociales. Esto ocurre especialmente en las naciones de América Latina, en que una afluencia inmigratoria europea ha permitido que coexistan sectores evidentemente mejor capacitados que los autóctonos para el trabajo productivo, en razón de hábitos disciplinarios o artesanales que forman parte de civilizaciones mucho más antiguas que las nuestras.

Por eso mismo, en los países subdesarrollados la función igualadora del Estado para procurar a todos los ciudadanos un mismo punto de partida, se hace tanto más urgente y necesaria y justifica especiales esfuerzos tributarios en esa dirección.

BIBLIOGRAFÍA

• ECONOMÍA SOCIAL DE MERCADO.

Hermógenes Pérez de Arce.

Colección Pensamiento Contemporáneo.

Editorial Nacional Gabriela Mistral.