El Ministerio Ruiz-Giménez (1951-1956)

Con la llegada de Joaquín Ruiz-Giménez a la máxima instancia del Ministerio de Educación en 1951 se inicia un período de cierta apertura liberalizadora que, a pesar de su brevedad temporal -el ministro fue destituido en 1956-, dejará huella en el mundo de la enseñanza. Ruiz-Giménez, catedrático de Filosofía del Derecho y embajador ante el Vaticano, pertenecía a la ACN de P como su predecesor y afrontó desde el principio los problemas y retos de su departamento con un nuevo talante liberal. Éste pudo comprobarse en determinadas medidas que, más allá de su importancia real, supusieron cambios de actitud no percibidos con anterioridad en el Ministerio.

El texto legal más importante de su mandato por su influencia posterior fue la Ley de Ordenación de Enseñanza Media de 26 de febrero de 1953, con un nuevo plan de bachillerato que estaría vigente hasta 1970. El nuevo plan de estudios pretendía cambiar los fundamentos técnicos y didácticos de la enseñanza secundarla sin trastocar los principios católicos, pilares del sistema educativo tal y como lo había ratificado el Concordato con la Santa Sede suscrito ese año. No obstante, si la ley anterior permitía una libertad prácticamente absoluta para el establecimiento de centros, lo que había servido a las órdenes religiosas para ampliar el número de sus colegios sin mucho control, la nueva legislación obligaba a todos los centros a mantener una determinada plantilla con formación suficiente y unas infraestructuras concretas para que fueran reconocidos por el Ministerio. Además de ampliar y acomodar las asignaturas de carácter científico a los nuevos avances producidos, el plan asumía una mayor flexibilidad en su organización interna con el fin de que el alumno tuviera una cierta capacidad de decisión sobre la elección de su preferencia. Así, el bachillerato se distribuía en dos grados, de los cuales el segundo, el superior, daba cabida a dos opciones: ciencias y letras. El alumno, una vez alcanzado este nivel, podía elegir entre una y otra para continuar sus estudios. No obstante, las formas pedagógicas variaban poco: la importancia de la memoria en la asimilación de los contenidos, el saber de tipo enciclopédico o los diferentes roles atribuidos a hombre y mujer, continuaban como elementos característicos.

Muy relacionadas con la preocupación ministerial por mejorar la formación científico-técnica, estuvieron también la creación el verano de 1951 de una Dirección General de Enseñanza Laboral y, cuatro años después, la promulgación de una ley sobre formación profesional industrial cuyo objetivo era ordenar, promocionar y perfeccionar los conocimientos de quienes ya trabajaban o se preparaban para trabajar en los sectores industriales. Por otro lado, Ruiz-Giménez afrontó la reestructuración del organigrama del Ministerio de Educación, inalterado casi en la práctica desde los años treinta. A partir de 1955 se organizó una Secretaría General Técnica y dos comisiones relacionadas con la Extensión Cultural y la Protección Escolar, aunque quedó nuevamente pendiente la descentralización de funciones: las delegaciones establecidas en las provincias siguieron sin poder desempeñar cometidos específicos.

El mundo universitario del que procedía traería muchas complicaciones a Ruiz-Giménez y, finalmente, incluso su salida del gobierno. Para eliminar el control político en la provisión de cátedras introdujo una reforma según la cual tres de los cinco miembros del tribunal formado a tal efecto serían sorteados entre los catedráticos de la especialidad; asimismo terminó con el monopolio de la Universidad de Madrid para presentar tesis doctorales, puesto que desde el curso 1951-52 abrió esta posibilidad a todas las universidades del país, que desde aquel año tuvieron la facultad de otorgar el máximo grado académico; en 1953, además, impulsó nuevos planes reformados en numerosas licenciaturas.

Pero la agitación en las aulas fue la plasmación más clara de un resurgimiento del movimiento estudiantil universitario y tuvo su colofón en los primeros meses de 1956. En enero, las distintas sensibilidades políticas existentes afloraron en la reunión de la Cámara Sindical del SEU de Derecho en Madrid. Algunas voces discrepantes pidieron entonces la reunión de un Consejo Nacional de Estudiantes para adaptar las estructuras del Sindicato a formas más democráticas. Los enfrentamientos entre falangistas y otros grupos se sucedieron más o menos esporádicamente hasta culminar el 9 de febrero, conmemoración del Día del Estudiante Caído, con una fuerte intervención policial y un estudiante falangista herido gravemente por bala. Las detenciones de quienes habían instigado las algaradas, según la explicación oficial, fueron numerosas y afectaron a personas de ideología muy distinta, entre otros, Dionisio Ridruejo, Enrique Múgica, José M.' Ruiz Gallardón o Gabriel Elorriaga. Franco terminó por zanjar el problema creado destituyendo a Ruiz-Giménez y a los rectores de Madrid y Salamanca, Pedro Laín y Antonio Tovar, por un lado; así como al secretario general y al vicesecretario general del Movimiento, Raimundo Fernández-Cuesta y Tomás Romojaro, por el otro.