Durante el período colonial, la Capitanía General de Chile se iniciaba en el despoblado desierto de Atacama, inmediatamente después de Cobija, y se extendía hasta el estrecho de Magallanes, aunque, entre las funciones del Gobernador, se encontraba la de vigilar las tierras que proseguían hasta el Cabo de Hornos. Hasta 1776, año en que se creó el Virreinato del Río de la Plata, incluyó entre sus territorios a la provincia de Cuyo, que luego cambió de jurisdicción con el reordenamiento impulsado por los Borbones.
No fue éste el único cambio. Los registros del Cabo de Hornos, el desarrollo de los puertos de Valparaíso y Concepción y el permiso a naves inglesas y de los Estados Unidos para cazar ballenas y lobos marinos en el Pacífico, fueron algunas de las medidas que produjeron el vuelco económico desde su posición de semiaislamiento hacia un sistema de variadas relaciones con la economía mundial. Sin embargo, la política liberal de los borbones no tenía por objeto el beneficio de las colonias, sino el de España y, en este aspecto, quienes más sufrieron fueron los enclaves mineros, obligados al fluir constante de sus materias primas para saciar las necesidades metropolitanas,
Desde el ámbito administrativo, además de la implantación de las intendencias, tres fueron las entidades que se crearon como apoyo de la economía: la Real Casa de la Moneda, el Real Tribunal del Consulado y el Real Tribunal de Minería.
No obstante, la posición de los criollos cultos, cuyo fin era el de promover las ventajas intrínsecas de la región, estaba amparada en una política proteccionista que poco tenía que ver con las tendencias liberales en boga implantada por las reformas borbónicas.
La aristocracia criolla había cimentado su poder desde los núcleos originarios de las propiedades agrícolas, cada vez más enraizados gracias a la institución del mayorazgo. Entre ellos, familias como los Larraín, Balmaceda, García Huidobro y Toro Zambrano buscaron la distinción nobiliaria en tanto reaseguro de su prestigio económico y social, consiguiendo que, entre fines del siglo XVII y las postrimerías del XVIII, la Corona les otorgase catorce títulos de nobleza por méritos reconocidos, aunque debían demostrar los servicios prestados al Rey y a la comunidad, pagando una fuerte suma a cambio. Otra forma de distinguirse, de menor categoría pero muy apreciada, radicaba en la obtención de hábitos de las órdenes de caballería.
En este marco, el descontento que generaba en el grupo ver su acceso al poder político restringido y el proceso de maduración en tanto clase llamada a velar por el desarrollo y bienestar de la Patria, complotaron contra el sistema impuesto, a pesar de la tradición fidelista y el sentimiento monárquico. En efecto, a pesar de sus diferencias ideológicas, al igual que en Buenos Aires, o México, los "americanos" se encontraban relegados políticamente por los "gachupines" o "chapetones", tal como se llamaba a los peninsulares residentes en las colonias. Será, entonces, el colapso de la monarquía española y la prisión de Fernando VII la que plantee el conflicto, ¿por qué, en ausencia de la figura monárquica, los americanos debían pasar a depender del pueblo español o de la Junta por él designada y no constituir un gobierno propio que gobernase en nombre del rey?.
El primer paso hacia el cambio lo constituirá el desplazamiento del gobernador interino, brigadier Antonio García Carrasco a favor de Mateo Toro de Zambrano, conde de la Conquista. A este hecho se suman los impulsos que daban, por un lado, la formación de la Junta de Buenos Aires y, también, la circulación de escritos al estilo del Catecismo político - cristiano de José Amor de la Patria, en el que podían leerse afirmaciones tales como "hemos sido colonos y nuestras provincias han sido colonias y factorías miserables. Se ha dicho que no; pero esta infame cualidad no se borra con bellas palabras, sino con la igualdad perfecta de privilegios, derechos y prerrogativas. Por un procedimiento malvado y de eterna injusticia, el mando, la autoridad, los honores y las rentas han sido el patrimonio de los europeos /españoles/".
Intentando la conciliación entre los grupos de poder ahora enfrentados, el 18 de septiembre de 1810, Zambrano entrega el mando voluntariamente ante el Cabildo, que sesionaba de manera abierta, con el objeto de asegurar que se siguiera gobernando a nombre de Fernando VII. Resultado de esta acción será la elección de la Junta de Gobierno, compuesta por: Mateo de Toro Zambrano, presidente; Juan Antonio Martinez de Aldunate, obispo de Santiago, vicepresidente; Fernando Márquez de la Plata, Juan Martinez de Rozas, Ignacio de la Carrera, Francisco Javier de la Reina y Juan Enrique Rosales, vocales y José Gregorio Argomedo y Gaspar Marín, secretarios. De ellos, sólo el abogado Márquez de la Plata y el militar de la Reina eran españoles de nacimiento. Esta Junta debía actuar de acuerdo con dos presupuestos básicos: mantener a Chile fiel a los Borbones y lograr imponer un sistema de reformas propulsadas por el grupo criollo. Se da así comienzo al período conocido como el de la PATRIA VIEJA.

El primer paso hacia el cambio: la Patria Vieja.

Los primeros asuntos tratados por el gobierno revolucionario giraron en torno a la elección de un contacto con sus pares porteños, que recayó en la figura de Antonio Alvarez Jonte, enviado por la misma Junta de Buenos Aires y la remisión de 400 hombres al Río de la Plata por la amenaza que significaban los centros realistas de Montevideo y el Alto Perú.
Por otra parte, en febrero de 1811, un decreto económico propiciaba la apertura de los puertos a los buques amigos y neutrales, al tiempo que se estimulaba la libre introducción de mercaderías en tanto que ellas no afectasen la industria local (en este sentido, fueron vedados los alcoholes y aquellos productos estancados que se hallaban en manos del fisco, tal como los naipes y el tabaco).

Por último, también se convoca al Congreso Nacional, al cual se le entregaría el mando en cuanto éste quedase instalado.
El Congreso tenía dos objetivos precisos. En primer lugar, establecer la representación nacional mediante la elección de treinta y seis diputados elegidos proporcionalmente según la población de cada distrito. El segundo se refería al dictado de una Constitución.
Al momento de realizarse la elección, en Santiago hubo un motín, encabezado por el español Tomás de Figueroa, que si bien fracasó, dio la oportunidad para disolver el Tribunal de la Real Audiencia, sindicado como el instigador de la jornada y símbolo, por excelencia, del poder colonial. En este sentido, puede observarse que, si bien había nacido con tendencias moderadas, la acción de hombres como Martinez de Rosas, sumada a la amenaza, por el momento potencial, que representaba Lima, hicieron desplazar el eje político hacia una radicalización de las posturas que tuvo en el ejército su apoyo más sólido.
El primer Congreso Nacional comenzó a sesionar el 4 de julio de 1811. Dos meses después, se produjo el primer golpe de estado de los hermanos Carrera, quienes decían tener un petitorio popular. Su objetivo era el de dar mayor preeminencia al grupo radicalizado y, al mismo tiempo, otorgar mayores poderes al órgano ejecutivo. En consecuencia, se conformó una Junta Ejecutiva de cinco miembros que contó, entre sus primeras medidas, con la creación del Tribunal Supremo Judiciario, encargado de las apelaciones de alto monto y los casos de injusticia notoria, lo que implicó la separación legal de España.
Además, dispuso el cese de remesas a Lima para la manutención del Tribunal de la Inquisición y se derogaron los derechos parroquiales por la administración de sacramentos. Por otra parte, se designó al primer representante de Chile en Buenos Aires, el abogado Francisco Pinto y se creó la provincia de Coquimbo.
Por ley del 15 de octubre de 1811 se prohibió la introducción de esclavos en el territorio y se declaró la libertad de vientres. En 1823 quedaría abolida formalmente la esclavitud.
Nuevos reclamos llevaron a la conformación de una Junta, presidida por José Miguel Carrera, al cual acompañaban otros dos miembros, hombres de su confianza. El 2 de diciembre de 1811 Carrera decretó la disolución del Congreso sin haber cumplido su objetivo de dar una Constitución. Una Junta paralela, establecida en la ciudad de Concepción y propiciada por Martinez de Rozas, desconoció al nuevo gobierno, pero también fue acallada, siendo su portavoz deportado a Mendoza.

EL GOBIERNO DE CARRERA

El gobierno de Carrera puede ser considerado como el primer intento de reforma extrema. Una de sus primeras medidas se refirió a la compra de una imprenta que quedó bajo la responsabilidad de Camilo Henríquez. Comenzó, entonces, la publicación semanal de La Aurora de Chile. Al mismo tiempo, los conventos se vieron obligados a mantener una escuela de primeras letras, mientras se impulsaba la difusión de una bandera y de una escarapela como símbolos nacionales.
En 1812, Carrera promulgó el Reglamento Constitucional. Si bien reconocía la potestad de Fernando VII, borraba con los hechos esta declaratoria. En principio, el rey debía reconocer este reglamento constitucional, lo que implicaba el reconocimiento de la soberanía; además, sólo podría legislarse desde el territorio; las leyes foráneas no tendrían ya más injerencia. Se salvaguardaban las libertades públicas y se afirmaban las garantías individuales.
El poder Ejecutivo quedaba a cargo de una Junta tripartita y el Legislativo estaría constituido por un Senado de siete miembros que debería prestar su acuerdo para todas las decisiones ejecutivas. Al igual que en Buenos Aires en 1810, los chilenos dejaban de ser súbditos de la Corona española, para ensayar su condición de ciudadanos.
El 26 de marzo de 1813 se produjo el avance realista sobre territorio chileno. El brigadier Pareja se apoderó primero de Talcahuano y luego, de Concepción, siendo en ambos casos asistido por los fidelistas o realistas de la región. Más tarde tomó Chillán, desde donde dominó todo el territorio hasta la ribera del río Maule.
Las operaciones patrióticas fueron dirigidas por Carrera, que contó con el apoyo de Bernardo de O' Higgins, aunque ninguno de los dos bandos pudo definir la situación a lo largo del año.
Mientras, en Santiago, el Senado integraba la Junta con los reformistas José Miguel Infante, Agustín de Eyzaguirre y Francisco Antonio Pérez.
Esta Junta buscó fortalecer los avances realizados por medio de la cultura. Se crearon escuelas de primeras letras allí donde hubiese más de cincuenta vecinos, que serían mantenidas con fondos municipales. En agosto de 1813 se inauguró el Instituto Nacional, sobre la base de cuatro centros coloniales, la Universidad de San Felipe, el Convictorio Carolino, la Academia de San Luis y el Seminario Conciliar. El Seminario apuntaba hacia la investigación de las ciencias naturales y propulsaba los métodos de experimentación. Además, se fundó la Biblioteca Nacional, a cargo de Manuel de Salas. La Aurora de Chile fue reemplazada por el Monitor Araucano, que apareció por primera vez el 6 de abril de 1813. Al mismo tiempo, aparecía el Semanario Republicano de Antonio José de Irisarri.

EL ACCIONAR DE O HIGGINS

Ante la indefinición del problema realista, la Junta decidió el reemplazo de Carrera por O'Higgins en momentos en que desembarcaban, en Arauco, refuerzos enviados desde Perú, acción que culminó en la caída de la ciudad de Talca en manos de los realistas. Este hecho determinó la disolución de la Junta en favor de un ejecutivo unipersonal. El Directorio Supremo recayó en la persona del gobernador de Valparaíso, el Coronel Francisco de la Lastra.
En esta inestable situación llega al país, en calidad de mediador, el inglés James Millyar. Por su intervención, el gobierno firma el Tratado de Lircay, del 3 de mayo de 1814, que significa el triunfo de la tendencia moderada ya que, a cambio de la desocupación del territorio y del cese de las hostilidades, los chilenos reconocían la Regencia y a Fernando VII y se comprometían a enviar diputados ante las Cortes españolas, para sancionar la Constitución de 1812.
Los hermanos Carrera propiciaron la caída de Lastra, bajo la excusa de que el Tratado de Lircay era inaceptable para Chile. Un Cabildo Abierto nombró una Junta presidida por José Miguel Carrera. O'Higgins desestimó el golpe y marchó a Santiago para reponer al gobierno. O'Higgins se mostraba, así, como el representante de un nuevo sector moderado, pero no por esto menos decidido a controlar la causa de la revolución. El virrey del Perú, que a su vez había desaprobado el Tratado, realiza un nuevo envío de tropas, ahora, al mando de Mariano Osorio.
El 1 de octubre de 1814 se produjo, para los patriotas, el desastre de Rancagua. Tres días después, los realistas llegaban a Santiago, donde contaron con el apoyo de algunos criollos partidarios de la monarquía.
Se establecieron Tribunales de Vindicación, donde todos los habitantes debieron declarar acerca de su accionar durante el transcurso de los gobiernos patrios. Estos dieron lugar a una cruda represión que, incluso, implicó una serie de fusilamientos en la prisión santiaguina. Por otra parte, se conformó una Junta de Secuestros para la incautación de bienes que serían destinados a solventar los gastos públicos. Y se instrumentaron, además, empréstitos forzosos.
Quedaron abolidas todas las reformas institucionales y se restauró, formalmente, el orden colonial.
A fines de 1815 Osorio fue relevado por Francisco Marcó del Pont. Su gobierno fue "más de lo mismo". Por decreto, se prohibió el traslado sin permiso de las autoridades entre diferentes puntos del país y la portación de armas. Se suprimieron las fiestas y reuniones populares para evitar la alteración del orden y se estableció un Tribunal de Vigilancia y Seguridad Pública.
Mientras tanto, los dirigentes emigrados comenzaban a operar en el territorio cuyano; O'Higgins se alió con San Martín, a la vez que Carrera, por desavenencias personales, continuó hacia Buenos Aires.
En este contexto es que debemos analizar la acción de los espías intracordilleranos, entre los que sobresalió quien había sido secretario de Carrera, el caudillo Manuel Rodriguez quien, a principios de 1817, logró tomar por un día (luego huyó para no ser apresado) las ciudades de Melipilla y San Fernando. Este accionar sirvió para demostrar que el pueblo chileno sólo esperaba el momento adecuado para subvertir el orden realista.
Cuando se inicia la campaña sanmartiniana, el 12 de febrero de 1817 obtiene su primer triunfo en la batalla de Chacabuco. Paso siguiente fue la organización del nuevo gobierno, que quedó en manos de O'Higgins en tanto Director Supremo, sin límites a su autoridad. Las mismas medidas aplicadas por los españoles, ahora recaían sobre ellos. Se nombró un Tribunal de Vindicación, se les aplicaron fuertes contribuciones y se decretaron expropiaciones sobre los bienes de quienes se hubiesen fugado del territorio.
Se iniciaba, con el gobierno de O'Higgins, y con él, la PATRIA NUEVA.

Un orden subvertido: la Patria Nueva.

El 1º de enero de 1818, el Acta de Concepción declaraba "que el territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por derecho un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para siempre separados de la monarquía de España, con plenitud de adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses" y el 12 de febrero de 1818 quedaba formalmente declarada la Independencia de Chile.
Luego de la derrota, en el mes de marzo, en Cancha Rayada, el 5 de abril de 1818 la victoria de Maipú aseguró la emancipación del territorio. Sin embargo, si se querían mantener las posiciones ganadas, era necesaria la campaña al Perú. En este sentido es que O'Higgins da la orden para la creación de la Escuadra Nacional, puesta al mando del inglés Lord Thomas Cochrane y de San Martín como Jefe militar. En agosto de 1820, los efectivos zarparon desde Valparaíso y lograron, poco después, la ocupación de Lima, lo que permitió a San Martín proclamar la independencia peruana.
Aquí se inicia la República de Chile y se traslada la guerra de independencia al Perú; la acción militar en el virreynato del Perú y la acción definitiva de Bolivar marcaron el fin del problema de las independencias de América del Sur..