Trabajo Práctico

“Proceso de Reorganización Nacional”

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Para lograr un disciplinamiento de la sociedad argentina, el régimen llevó a cabo dos tipos de violencia sistemática y generalizada: la violencia del Estado y la violencia del mercado. Las metodologías y las políticas que la nueva dictadura militar adoptó fueron las diferencias fundamentales con otros gobiernos de facto.

A partir de 1976, la violencia del Estado se intensificó, logrando que en toda la sociedad argentina se vivera un terrorismo de Estado, es decir, el Estado se convierte en un terrorista haciendo uso de la tortura, ocultando información, creando un clima de miedo, marginando al Poder Judicial, produciendo incertidumbre en las familias y confundiendo deliberadamente a la opinión pública. Este tipo de estado orientó sus acciones y fundamentó su poder en la aplicación sistemática del terror sobre los habitantes del país. Este consistió en la intervención de la Fuerzas Armadas contra los ciudadanos, despojándolos de todos sus derechos fundamentales y también de su vida. Frente a este Estado, los ciudadanos se encuentran totalmente indefensos y sujetos a todo tipo de manejo militar. El terrorismo fue empleado sistemáticamente desde las instituciones públicas y desde estructuras clandestinas, creadas especialmente para lograr una mayor represión.

A causa de esta violencia institucional, las fuerzas armadas lograron desarticular a la sociedad civil. Fueron eliminadas las organizaciones guerrilleras y el sindicalismo combativo; se neutralizaron la mayoría de las organizaciones populares y se disuadieron a los potenciales opositores. A causa de esta metodología utilizada, el ataque hacia algunos grupos se extendía y se proyectaba sobre el conjunto de la sociedad civil. Estas acciones terroristas lograron infundir un gran temor en la población, el cual paralizó durante mucho tiempo todo cuestionamiento al régimen militar.

Otra de las medidas tomadas por la dictadura militar fueron las modificaciones del régimen político y del orden legal constitucional. Dentro de estas medidas se disolvió el Congreso nacional, las legislaturas provinciales y los consejos deliberantes, y se le otorgó facultades legislativas al Poder Ejecutivo. También se cambió la composición de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales superiores de provincia. Las funciones de las Cámaras de Diputados y Senadores fueron suspendidas y reemplazadas por una Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), integrada por nueve oficiales. La CAL se encargaba de redactar los decretos del gobierno, a los que llamaron “leyes”. A causa de estas modificaciones, se suspendió la división de poderes del sistema republicano, eliminando la posibilidad de recurrir a la Justicia para garantizar los límites del ejercicio de un poder arbitrario, ya que la Junta de Comandantes concentró las facultades ejecutiva, legislativa y judicial del gobierno.

Otras de las medidas tomadas fueron la supresión de los derechos civiles y las libertades públicas, la anulación de las garantías constitucionales y la creación de nuevos instrumentos jurídicos. La suspensión de la vigencia de la última parte del artículo 23 de la Constitución nacional provocó graves consecuencias, ya que este artículo establece en qué condiciones el gobierno puede declarar el estado de sitio. Lo grave es que, a través de ésta, el Poder Ejecutivo puso a su disposición una gran cantidad de detenidos y además se impusieron severas condenas sin formulación de cargos ni juicio previo, lo que viola sistemáticamente el derecho a justa defensa.

También se suspendieron las actividades de los partidos políticos y de los sindicatos, como los derechos y las garantías constitucionales de los trabajadores, y el derecho a huelga. Además, la acción del Estado prohibió cualquier tipo de opinión o información considerada como peligrosa por el gobierno, estableciendo un duro control sobre los medios de comunicación y sobre todas las manifestaciones artísticas.

Desde 1977, un grupo de madres de detenidos y desaparecidos, cansadas de reclamar por sus seres queridos en oficinas y cuarteles, decidió protestar todos los jueves, marchando alrededor de la Pirámide de Mayo, de manera pacífica. Desfilaban dando vueltas en silencio, con la cabeza cubierta con un pañuelo blanco. Las Madres de Plaza de Mayo se convirtieron en un símbolo de resistencia frente a los excesos de la dictadura.

Pese a esto, la mayoría de la población no se enteraba de lo que estaba pasando en el país. Un riguroso control de los medios de comunicación, y una campaña eficaz por parte del gobierno hacía que, lo que ya era comentario de la comunidad internacional, acá no se hablara. Los casos de desaparición de dos religiosas francesas y de la joven sueca-argentina Dagnar Hagelin en dependencias de la ESMA, sumados a la detención y tortura del Director del diario La Opinión, Jacobo Timerman, tuvieron amplia difusión internacional.

Se formaron diversas entidades para tratar el tema. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (de la que formó parte Raúl Alfonsín), o el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), entidades ambas formadas por prestigiosos profesionales, religiosos, etc.

Pero fue la visita de los juristas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1979, la que dio la primera señal, de que los métodos elegidos por la Junta, para la guerra antisubversiva, no quedarían ocultos. Fue, en alguna medida la derrota de Malvinas, con la descomposición del régimen militar, la que abrió la puerta a la discusión del tema de los desaparecidos.

Desde 1981, los organismos defensores de los derechos humanos hicieron reconocer sus reclamos a amplios sectores de la sociedad argentina. Sus denuncias comenzaron a ser recogidas no sólo por los medios de prensa y en los foros internacionales, sino por la prensa escrita local y hasta en algunos juzgados. Estas organizaciones de derechos humanos, a diferencia de los partidos políticos que sólo pedían a los militares un “esclarecimiento”, reclamaban la aparición con vida de todos los detenidos-desaparecidos. Estos reclamos constituyeron una barrera para los militares, ya que impedían la negociación con dirigentes políticos de una salida concertada que concluyera la no-revisión de la política represiva.

A lo largo de 1982 se hicieron cada vez más duras las acusaciones contra los militares, por la conducción de la Guerra de Malvinas y por la represión. Para fines de ese año, fue hallada en la localidad bonaerense de Grand Bourg una fosa común con 400 cadáveres enterrados y sin identificación. Ante la denuncia por parte de los organismos de derechos humanos, de que se trataban de víctimas de la dictadura, el general Llamil Reston, ministro del Interior explicó que en el país no existen cementerios clandestinos y que las tumbas descubiertas pertenecen a pordioseros e indigentes.

Finalmente se logró que los dirigentes políticos incorporaran los reclamos de los familiares de las víctimas en sus documentos públicos y que obtuvieran una postura más rígida frente al gobierno militar, rechazando la propuesta de Bignone de limitar la revisión de la represión a una respuesta desinteresada sobre el tema por parte del gobierno.

A los dos días del triunfo electoral que, en 1.983, consagró presidente a Alfonsín, fue disuelta la Junta Militar y se inició la retirada del gobierno de la dictadura militar. En los 40 días que transcurrieron entre las elecciones del 30 de octubre y la asunción del jefe radical, se inició una compleja lucha política cuyos ejes fueron la cuestión de la violación de los derechos humanos durante el gobierno militar y la subordinación de las Fuerzas Armadas al nuevo orden constitucional. Los principales actores de esta lucha política fueron los militares, los dirigentes de la UCR y los organismos de derechos humanos.

Los militares que se vieron obligados a entregar el gobierno cuatro meses antes de lo previsto, no pudieron imponer condiciones al nuevo gobierno democrático sobre estos dos temas, que afectaban directamente a las Fuerzas Armadas. La UCR, por el contrario, contaba en ese momento con un gran poder político y una importante capacidad de maniobras gracias al gran respaldo obtenido en las urnas. Los organismos de derechos humanos, por su parte, con el apoyo del Partido Intransigente y de la Democracia Cristiana, se movilizaron y realizaron numerosas declaraciones públicas exigiendo que, una vez restablecida la democracia se formara una comisión bicameral con amplios poderes para investigar los crímenes cometidos por los represores desde 1.976.

El juicio a las Juntas militares

La estrategia de Alfonsín para resolver la cuestión de las violaciones de los derechos humanos estuvo orientada a lograr que los militares se auto juzgaran. El presidente esperaba que las propias Fuerzas Armadas sancionaran a quienes violaran los derechos humanos y, al mismo tiempo, que los militares depuraran sus instituciones y se reinsertaran en la vida democrática. Con esta meta, el gobierno ordenó el arresto de los comandantes de las tres primeras juntas militares y la persecución de los principales líderes guerrilleros.

Cumpliendo con lo dicho, en la campaña electoral, el 29 de diciembre de 1.983, el radicalismo impulsó en el Congreso la derogación de la ley de auto amnistía con la que los militares habían pretendido exculparse y evitar cualquier investigación penal ulterior. La derogación fue votada casi por unanimidad. Para posibilitar el autojuzgamiento, el gobierno envió al Parlamento una ley de Reforma del Código Militar, que otorgaba a la justicia militar la facultad de juzgar a los responsables de la represión ilegal. La ley establecía que si el tribunal militar se demoraba más de seis meses en los trámites, la justicia civil se haría cargo de proceder las causas.

Las leyes de “Obediencia Debida” y “Punto Final”

La sublevación carapintada de la Semana Santa de 1987 desencadenó, para denostarla y enfrentarla, una de las movilizaciones populares más enérgicas y admirables de la historia argentina. Ese inmenso caudal de genuinos recursos democráticos resultó ser, sin embargo, malversado y malbaratador. De hecho, la sublevación hizo retroceder aun más al gobierno del presidente Alfonsín y lo indujo a querer poner un límite definitivo y amplio a los juicios contra los militares del genocidio. Apareció de tal modo el proyecto de una ley de Obediencia Debida, que constituya una suerte de SOLUCIÓN FINAL, para repetir una expresión deplorable, del problema militar y de la incapacidad para llevar adelante el juzgamiento de las violaciones de los derechos humanos. Desde inicios de la transición, omitida una reforma militar como la propuesta por los oficiales del CEMIDA, la política a militar del gobierno andaba a los tumbos. La reforma del código de justicia militar, unas fracasadas instrucciones a los fiscales para que desactivaran los procesos, y por último la indecorosa ley de Punto Final, habían mostrado su impotencia para "mantener en caja - es decir REDUCIDOS A LAS CÚPULAS DEL PROCESO- los juicios y el castigo por las violaciones a los derechos humanos".

El gobierno de Alfonsín se había comprometido con el nuevo jefe del Estado Mayor, el general Ríos Ereñu, en que los miembros de las juntas militares condenados serían perdonados. Con la intención de restringir los alcances del fallo de la Cámara Federal y evitar que prosperaran nuevos enjuiciamientos, en abril de 1986 el ministro de Defensa envió instrucciones a los fiscales que establecían que únicamente podían continuar el trámite judicial aquellos casos en los que "los subordinados actuaron con error insalvable" ante una orden superior, este intento por reducir el número de condenados no prosperó ante la amenaza de renuncia de todos los integrantes de la Cámara Federal.

El 31 de diciembre de 1986, el Congreso aprobó una iniciativa del gobierno conocido como Ley de Punto Final, que fijaba una fecha tope para iniciar causas por la represión ilegal. Este hecho marcó el inicio del retroceso de la lucha política por los derechos humanos. No obstante y a contramano de lo que se proponía el gobierno la fecha límite para procesar a los ejecutores del terrorismo de Estado incentivo a que en muchos juzgados de todo el país se incrementaran las denuncias y se aceleran las presentaciones de prueba. PAA desarticular el objetivo de la ley, las Cámaras Federales de Rosario, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y Comodoro Rivadavia suspendieron la feria judicial del verano y se abocaron a tratar los nuevos casos. El resultado fue que quedaron procesados en poco tiempo más de 300 oficiales. Como reacción ante las numerosas citaciones para declarar ante la justicia, el 17 de abril de 1987 estalló una sublevación militar en la Escuela de Infantería de Campo de Mayo, liderada por el teniente coronel Aldo Rico. Los sublevados de la rebelión de Semana Santa expresaron el descontento de muchos oficiales por el avance del poder civil sobre los militares y reclamaron una solución política para las causas penales que los involucraban.

En consecuencia la "Ley de Obediencia Debida" y la "Ley de Punto Final", fueron una concesión al "Partido Militar" que intentó detener la cadena de juicios, fundamentando la necesidad de un acercamiento a las Fuerzas Armadas sustentado en la teoría de la "Pacificación Nacional".

Menem consideraba que la sociedad no estaría “pacificada” mientras hubiera militares condenados por sus acciones en la última dictadura. Por ello, decidió conceder amplios indultos a los procesados y condenados por sus responsabilidades en la “Guerra Sucia” contra la “Subversión”, a los inculpados por su actuación en la Guerra de Malvinas, y a los apresados por los motines militares durante el gobierno de Alfonsín.

El 8 de octubre de 1989 el presidente Menem anunció el primer perdón presidencial para un grupo de 277 procesados y condenados. Entre ellos había acusados por violaciones de los derechos humanos, por la guerra de Malvinas, por las sublevaciones carapintadas y algunos guerrilleros. Esta lista heterogénea servía para neutralizar las críticas políticas a la medida dispuesta. Al mismo tiempo que otorgó este perdón, el gobierno apoyó la decisión del Estado Mayor de castigar duramente a los jefes carapintadas, buscando aislarlos por completo del resto de la fuerza. Seineldín y otros 19 oficiales fueron declarados fuera del servicio activo.

Esta decisión precipitó el último acto de rebelión, el 3 de diciembre de 1990, dirigido por el mismo Seineldín desde su lugar de detención. Sus seguidores tomaron el cuartel del Regimiento I de Patricios con asiento en Palermo, Capital Federal y, en una acción inédita, mataron sin contemplaciones a varios de sus camaradas de armas. En los combates -los primeros tan frontales y cruentos en la Historia de los conflictos intra militares - resultaron muertos 16 militares y 5 civiles.

Estos indultos fueron criticados por toda la sociedad, especialmente por las asociaciones de Derechos Humanos, pero dejaron satisfechos a la mayoría de los militares de la dictadura, a Camps, Suárez Mason y Riccheri y a algunos civiles, entre ellos Mario Firmenich. El jefe montonero había sido extraditado desde Brasil durante el gobierno de Alfonsín. Su prisión y su indulto simultáneo con el de los ex comandantes tuvieron la intención de ratificar la teoría de los dos demonios, según la cual guerrilleros y militares compartían la responsabilidad por la violencia de los llamados años de plomo. El segundo indulto fortaleció al gobierno ya ala conducción militar porque dejó a los carapintadas sin bandera de lucha. Sólo quedó en prisión Seineldín, por haber reincidido en atentar contra el orden institucional.