ÍNDICE

INTRODUCCIÓN……………..……………………………………………………2

ANTECEDENTES………………………………………………………………….3

LA REFORMA……………………………………………………………………...5

EL CENTRALISMO………………………………………………………………..8

LA DEFENSA DE LA REPUBLICA…………………………………………….15

EL PORFIRIATO…………………………………………………………………21

LA REVOLUCIÓN MEXICANA. ………………………………………………..24

PARTIDISMO POLÍTICO………………………………………………………..27

ESTADO POSREVOLUCIONARIO…………………………………………... 31

GOBIERNOS CONSOLIDADORES……………………………………………47

CONCLUSIÓN……………………………………………………………………61

BIBLIOGRAFÍA………………………………………..…………………………62

INTRODUCCIÓN

 

El sistema político mexicano ha venido ampliando e incorporando nuevos actores, a través de un largo, lento y conflictivo proceso de apertura, impulsado a veces desde el poder y otras desde la oposición política y la sociedad misma. Como consecuencia en la actualidad el sistema político mexicano incluye muchas instituciones y actores independientes del Estado, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del gobierno. Sin embargo, se hace posible predecir si la apertura se profundizará, o a qué tipo de sistema político habrá de conducir, a raíz del triunfo del Lic. Vicente Fox.

 

En este sentido, resulta interesante conocer la historia de lo que ha sido la sucesión presidencial desde el México independiente hasta la actualidad.

 

El presente Trabajo busca sintetizar quienes fueron los protagonistas y/o elegidos en cada periodo de elección donde estaba en juego la silla del Ejecutivo Federal.

 

Es muy importante, dentro de un enfoque prospectivo, mirar hacia el pasado de lo que ha sido “La Historia Política de México”.

ANTECEDENTES

A lo largo de 300 años de colonia, nuestro pueblo fue explotado y hambreado y en aras de un gobierno imperial, inmisericorde y sanguinario, que valiéndose de la espada y de la cruz sumió al México antiguo en una sangrienta y desesperada lucha por su Independencia. Durante 11 años esta guerra arrastró a la región naciente a un estado de miseria y sufrimiento extremo, justificada en la inestabilidad de la monarquía a reconocer los derechos legítimos y libertades de un pueblo bravío, que sin más armas que la convicción y el anhelo de ello y sin más recurso que su propia persona, combatió en el campo de batalla contra una de las armas más sofisticadas de la época: El Imperio Español.

La idea de libertad y la lucha de emancipación había encontrado un respaldo decidido entre los pueblos oprimidos en México, aquella madrugada del 16 de septiembre, cundió ésta entre la población con relativa tardanza, pues cuando debió ser una gestión meritoria de respaldo decidido de los mexicanos de la colonia, fue en realidad una contienda lenta por el transcurso de 11 años de campaña abierta en contra de la tiranía, en la cual, más parecía legítima la causa de la corona, que la del insurgente.

No fue pues, que esa lucha de 11 años rindiera su fruto en la forma de un gobierno republicano y representativo, nacido del valor personal y el peso de las ideas de los insurgentes, que puso fin a la contienda armada; que fue la gestión de un militar controvertido de nombre Agustín de Iturbide quien valiéndose de los dos lados de la causa negoció con el virrey Juan O'Donojú el curso de la independencia a través del llamado “Plan de Iguala”, suscrito en Febrero de 1821. Este tratado le confería a él la custodia de un gobierno constitucional en tanto quedaba restablecida la monarquía a favor de Fernando VII, con lo cual se logra decretar la Independencia definitiva de México en virtud de la misma ambigüedad que caracterizaba a Iturbide, pues su compromiso con el virrey no pretendía la autonomía sino la sola custodia del gobierno, y así lo que fue una pobreza heroica del mayor grado de pureza, alcanza su madurez a través de un acto en sí de engaño, pues la audacia de esta figura tristemente célebre consiguió al final traicionar a la misma corona Española, al transformar su compromiso temporal en una Independencia definitiva.

Para desgracia de nuestro país, la traición que Iturbide hubo de jugar en contra de la monarquía, la habrá de practicar en contra de los mexicanos, pues en 18822 se declara Emperador de México, reconociendo la república representativa e instituyendo el primero de sus dos imperios, con lo que se dio gloria a la traición y codicia del poder, en tanto, quedó en el olvido la memoria y la legitimidad de las causas nacidas en 1810.

Con el “Plan de Iguala se pone término a la desgastante lucha en contra del opresor extranjero, pero a la vez, nace la cansada y larga pugna interna de los mexicanos, la cual ya no persigue el destierro del extraño, sino encausa en contra del interés mezquino surgido entre las mismas filas nacionales.

Se había combatido por expulsar del país la influencia de una monarquía extranjera, pero se abrían los ojos del México independiente al nacimiento de su propia tiranía, la instauración del imperio de Iturbide con lo que de nueva cuenta el título nobiliario pasaba a ser tragedia nacional, y los anhelos de paz y tranquilidad, surgidos con la esperanza del triunfo, quedaban opacados con las tendencias totalitarias del nuevo dirigente.

Negras han sido las páginas de la historia que se han escrito al tenor de la rivalidad insensata que se ha dado entre los mexicanos, desde los albores de la Independencia hasta los días actuales de la madurez política de la nación; pasajes de tragedia y sufrimiento que han marcado nuestro pasado con muerte, traición y sangre lo que ha originado como constante invariable la anteposición del interés personal al bienestar común.1

Desde los inicios de la independencia, México ha estado dotado de instrumentos normativos en los cuales quedaron plasmados los derechos y libertades del ciudadano, pues desde el plan de iguala a través del cuál se constituye el primer gobierno independiente, ya se hablaba ahí prerrostativas de los mexicanos. Sin embargo, no lo han descrito como fuente del orden y normatividad ni lo establecido en subsecuentemente en la constitución de 1824, lograron su cometido debido a que en estos trabajos legislativos en los cuales se asentaba la estructura jurídica del nuevo estadojo se logro un respeto y apego a lo establecido, ya que la constante única que del comportamiento oficial se desprendía, era precisamente el desacato a lo dispuesto, pues siempre existía un motivo o pretexto de los caudillos emergentes para pronunciarse en contra del derecho y dar curso al arbitrio de sus voluntades.

LA REFORMA

Don Manuel Félix Fernández, que es registrado en la historia como Guadalupe Victoria, el primer presidente Constitucional de México, tomó la iniciativa en 1825 de separar a nuestro país de la insensatez de la esclavitud, y en honor de la libertad, declara amnistía general a todos aquellos presos que por razones políticas se encontraban privados de esta garantía individual, pues reconocía como logro de la causa indepentista el derecho a discención política. Al presidente victoria se le reconoce como uno de los más grandes presidentes que nos haya gobernado, pues en una época de turbulencia política, mezcla de opiniones, confusión de conceptos, siempre estuvo claro en su mente la pluralidad de ideas entre los mexicanos, el apego al derecho como forma de gobierno y el respeto irrestricto a la nación.

En 1825 el presidente Victoria, tuvo que luchar en Veracruz por sacar del fuerte de San Juan de Ulúa a los españoles, y verse después ante la amenaza de la reinvasión de México auspiciada por el clérigo Fray Joaquín Arenas, quien anhelaba la restauración de la dominación española en nuestra tierra, hecho que trajo consigo la acertada decisión presidencial de expulsar del país a los españoles aquí radicados por decreto del 20 de diciembre de 1827.

A la conclusión del gobierno del presidente Victoria, el 1º de abril de 1829, es cuando se inicia la etapa de total desestabilización política del país durante la cual no vuelve a verse la conclusión pacífica de un período presidencial, sino hasta 1862, fecha en que culmina Don Benito Juárez su primer Gobierno.

En las nuevas elecciones de 1829 se disputaron el poder dos candidatos, Manuel Gómez Pedraza y Don Vicente Guerrero. El grupo izquierdista de los yorquinos apoyaba a Don Vicente Guerrero, pero el grupo se había dividido en dos, y los nuevos extremistas se incorporaron a los oponentes.

Los derechistas con los escoceses y yorquinos moderados, se inclinaron por Don Gómez Pedraza, y en las elecciones presidenciales el triunfo correspondió a éste, que era un hombre de extraordinaria cultura y muy bien preparado; Guerrero había sido popular como caudillo, pero como gobernante, inspiraba mucha desconfianza.

El grupo de Guerrero no quedó conforme con la victoria que consideraba espuria ya que se había votado en los estados donde predominaban los conservadores y se levantó en armas apoderándose de la de la Acordada y del Parián; a Guerrero lo apoyaban Lobato y Don Lorenzo de Zavala, gobernador del estado de Michoacán.

El combate fue reñido, pero finalmente lograron imponerse los guerreristas. El movimiento lo había iniciado en Veracruz el general Santa Anna. Se trataba de obligar al presidente saliente, Guadalupe Victoria a que reformara el gobierno y a que expulsara del país a los españoles que habían apoyado a Gómez Pedraza.

Aún cuando gran parte de los derechistas quedaron inconformes con los motines, el presidente electo presentó su renuncia y salió del país, por lo que los diputados, en su mayoría izquierditas, eligieron a Guerrero para la presidencia, ya que declararon nula la elección; como vicepresidente quedó en el poder Don Anastasio Bustamante que, en lo personal era diametralmente opuesto a Guerreo, hombre honrado pero falto de preparación.

El General Guerrero asume la presidencia el 1º de Abril de 1829 llevando como vicepresidente a Anastasio Bustamante, quien a través del Plan de Jalapa, en el cual se pedía el establecimiento de la ley, ya que el presidente gozaba de poderes extraordinarios, se rebela en contra del presidente Guerrero, quien viéndose imposibilitado a defender su legítimo gobierno solicita la licencia al Congreso para ausentarse del cargo, dejando la presidencia el 18 de diciembre en manos de un presidente interino, José María Bocanegra, reiterándose así del poder que había usurpado. La ofensa a la patria no terminaba con la caída de Guerrero, pues a pocos días, el 23 de diciembre de ese mismo año, los destacamentos militares acautelados en la Cd. de México desconocen el interinato de Bocanegra adhiriéndose al Plan de Jalapa, y en ausencia del Congreso, llaman a hacerse cargo del poder Ejecutivo a quien se desempeñara como presidente de la Suprema corte de Justicia de la Nación, Pedro Veléz, en asociación con Lucas Alemán y Luis Quintanar, encabezando así un triunvirato para la administración de dicho poder.

El triunvirato de Vélez, Alemán y Quintanar, se desempeña frente a los destinos de la nación en los días comprendidos entre el 23 y 31 de diciembre de 1829, ya que el 1º de enero es llamado a ocupar la presidencia el general Anastasio Bustamante en calidad de vicepresidente, en ausencia del depuesto Vicente Guerrero, puesto que al haberse ausentado del poder quedaba éste inhabilitado para gobernar.

Vicente Guerrero no solamente había sido desposeído de la presidencia sino que en forma inmisericorde, Anastasio Bustamante forzó al congreso Nación a que inhabilitara de por vida al héroe nacional, declarándolo imposibilitado para gobernar la república; fueron éstos, episodios de traición que echaban por tierra todo el orden propuesto en el documento de 1824, defendido y respetado por la voluntad republicana e inquebrantable de Guadalupe Victoria.2

EL CENTRALISMO

Santa Anna, que estuvo ausente durante las reformas de 1833, se hizo de rogar para volver a la presidencia y, aunque trató de no indisponerse con su vicepresidente, la ruptura con Gómez Farías se hizo inevitable. Este se retiró a Zacatecas y, cuando se enteró de que la legislatura del estado de México pedía su expulsión del país, pidió su pasaporte para autoexiliarse. A pesar de que le presidente evitó los cambios bruscos, sólo de su ejercito las leyes, a reserva de que la siguiente revisara su aplicabilidad y su conveniencia. Como el Congreso resistiera al presidente, Santa Anna declaró que aquél gozaba de entera libertad, advirtiendo que sólo usaría su espada "para combatir la demagogia". Y Santa Anna cumplió con su palabra, pero cuando la legislatura quiso prolongar su período de sesiones se limitó a enviar a un propio para que recogiera las llaves del recinto del Congreso y no pudiera reunirse. Acto seguido convocó elecciones de acuerdo a las leyes. A fines de 1834 reinaba la calma en la República, que fue rota por el genio de lo imprevisto, Santa Anna, que anunció se renuncia a la presidencia el 22 de enero de 1835. Para entonces se hablaba abiertamente del fracaso del federalismo ya algunos pedían con insistencia el centralismo. La actitud contradictoria de dos estados: el de Veracruz, que se pronunció por la República central, y el de Zacatecas, que lo hizo por la federal, favoreció la aparición de nuevos problemas. Santa Anna contribuyó, sin duda, a cambiar la Constitución, e incluso favoreció el pronunciamiento de San Juan de Ulúa, secundado por Orizaba y Toluca, a favor de la República central. El congreso juzgó conveniente limitar el poder de los estados, al que con cierta razón se achacaban muchos males. Para ello una ley promulgaba el 31 de marzo reducía el número de las milicias estatales; pero el gobernador de Zacatecas, interpretándolo como un atentado contra la soberanía estatal, decidió resistir. Rápidamente puso en pie de guerra a cuatro mil hombres, y el estado se preparó para la lucha contra la federación. Santa Anna, al mando de las tropas de gobierno, castigó duramente al estado y además le arrebató el control de las minas la ceca y parte de su territorio para constituir Aguascalientes. Al regreso triunfal de Santa Anna de Zacatecas, el 21 de julio, el movimiento contra el federalismo se había generalizado. El congreso acordó el 9 de septiembre reunir las dos cámaras en una sola, con la declaración de que "estaba investido por la nación de amplias facultades, aun para variar de forma de gobierno". Y para que no quedaran dudas sobre las intenciones del congreso, prohibió por decreto la conmemoración el 4 de octubre de la Constitución de 1824. Para el 15 de diciembre de 1835 el Congreso ya había expedido la ley que sentaba las bases para la futura Constitución central, en la que se daban el nombre de departamentos a los estados. Mientras tanto, el centralismo servía de pretexto a los texanos para independizarse. Santa Anna, que nuevamente partió a defender la integridad de la República, después de algunos éxitos fue derrotado y hecho prisionero. El presidente interino, José Justo Corro, trató de reunir fondos para recuperar Texas mediante donaciones voluntarias, pero la situación económica impidió emprender la lucha. Además el general Nicolás Bravo, que había sido nombrado comandante en jefe, se negó a marchar hacia el norte porque no se les daban los elementos necesarios. De esta manera el asunto de Texas se convirtió casi en una obsesión de todos los goviernos mexicanos, que no podían sino lanzar amenazas. A pesar del malestar que causaron los problemas de Texas, el Congreso había continuado con la tarea de auscultar la opinión popular y de discutir interminablemente sobre cuáles habían sido los puntos débiles de la organización de la República para poder solucionarlos en la nueva Constitución. La tarea no estaba impregnada ya del optimismo que existía en 1823. El congreso era ahora cauto y desconfiado y temía "volverse a equivocar". Durante dieciocho meses hubo discusiones públicas y secretas numerosas consultas, y escribió hasta que quedaron redactadas las siete Leyes, como se conoció popularmente a la nueva ley suprema. Este fue un esfuerzo para "garantizar los derechos humanos, evitar los abusos de la autoridad, ampliar los sistemas judiciales, dar solidez, en fin, al Estado mexicano", como afirma con acierto Valadés. Con la promulgación de las Siete Leyes terminó el año 1836. El Congreso se había preocupado por los excesos cometidos por el ejecutivo y el legislativo, y tratando de evitarlos agregó un nuevo poder a los tres poderes clásicos: el Supremo Poder Conservador.

Este cuarto poder debía vigilar los actos de los otros, cuidar de que las leyes se observaran y denunciar a los poderes que quebrantaran la constitución. Como otras de las preocupaciones eran múltiples desórdenes causados por las elecciones, se extendió el período presidencial a ocho años. Pero las dos providencias resultaron nulas. El supremo Poder Conservador nunca tuvo fuerza para hacerse obedecer y, por lo mismo, fue visto desde un principio con la mayor indiferencia. En cuanto a las elecciones, no hubo sino una de acuerdo de las siete Leyes, pro no por esto cesó el desorden, pues los pronunciamientos contra el centralismo fueron muy frecuentes.

Como la República era centralista, el gobierno nacional era el que nombraba a los gobernadores de los "departamentos". Las legislaturas estatales también desaparecieron y los gobernadores de los "departamentos". Las legislaturas estatales también desaparecieron y los gobernadores fueron asistidos por "juntas departamentales". Lo curioso de esto fue que, a pesar de que ahora los gobernadores eran nombrados por el gobierno nacional, en la práctica siguió funcionando la autonomía estatal, en parte gracias a la tradición y en parte a causa de grandes distancias. A principios de 1837 regresaron al país el exiliado Anastasio Bustamante, a quien muchos recordaban con nostalgia por el orden de su gobierno de 1830 a 1832, y el general Santa Anna. A este último parecía haberle abandonado su buena estrella política, pues, a pesar de que no se le sometió a juicio para responder de los cargos que se las hacían, no se salvó de los ataques inclementes de la prensa y de los panfletos. Retirado en su hacienda de Manga de Clavo, publicó un manifiesto en el que se defendía todas las acusaciones que se le imputaban en sus subalternos. Al acercarse las elecciones, Santa Anna no apareció entre los candidatos, que quedaron reducidos a Anastasio Bustamante, Nicolás Bravo y Lucas Alamán. El primero triunfó con el voto de dieciocho departamentos, es decir, con una mayoría definitiva.

El 19 de abril de 1837 juró el nuevo presidente, mientras se producían los pronunciamientos de San Luis Potosí, California y Veracruz al grito de "¡Federación o muerte!". Hubo pequeños brotes en otras partes del país pero no encontraron eco en el resto de la nación. Esta vez Bustamante se abstuvo de preferencias ideológicas y eligió a sus colaboradores sólo por sus cualidades para los puestos, pero renunció un gabinete tras otro. Era difícil gobernar cuando los mejores esfuerzos se estrellaban contra males demasiado complejos y se tenían que soportar la constante difamación de una prensa inconsciente. Los males parecían encadenarse; en noviembre de 1837 hubo terribles temblores que dañaron a la capital y casi terminaron con el puerto de Acapulco.

El año de 1838 lo inauguraron pronunciamientos federalistas y se continuó con la guerra que declaró Francia al país. Los puertos mexicanos estuvieron bloqueados y el país se quedó sin fuerzas ni dinero para enfrentarse al enemigo. Lo delicado de la situación no detuvo a los federalistas, que de nuevo intentaron tomar el poder, e incluso se afirmó que habían entrado en acuerdos con los franceses. Otro grupo de federalistas del noreste aprovechó la situación apurada de la República y organizó una convención en Laredo, que declaró establecida la República de Río Grande. Parecía que la República no podría sobrevivir.

Dos guerras extranjeras y la endémica "bola", como le pueblo llamaban a los levantamientos políticos, parecían condenarlos a muerte. Pero en verdad aquella sociedad se había adaptado al caos constante. En el campo, hasta las grandes haciendas prescindían de lo que no fuera estrictamente necesarios para no ser presas codiciadas. La gente de la ciudad se había acostumbrado al desorden, que a menudo era motivo de jolgorio. En aquella sociedad tan heterogénea había de todo: ricos, pobres, cultos e ignorantes, progresistas y tradicionalismos, racionalistas y supersticiosos; y todos esperaban que se obrara el milagro, pues tenían fe en la ley, en el gobierno, en la educación o en Dios. Claro que los miles y miles de desheredados se mantenían al margen de las subidas al poder de los distintos gobiernos, que afectaban poco su deplorable situación. Pero los mexicanos ilustrados no cejaban en su búsqueda de solución para los males del país, aunque el optimismo de los años veinte se fuera transformando en hondo pesimismo.

Gobernar en aquella sociedad era un arte de locos. Bustamante se empeñó en salvar a la República y, tratando de acallar a los descontento, acudió a los federalistas, que de inmediato presentaron un proyecto de ley para reformar la Constitución, apoyados por un motín capitalino cuyo lema era "Queremos Constitución sin cola y pura federación". El desorden cundió y Bustamante tuvo que salir a acallarlo. Santa Anna, que había perdido una pierna en una escaramuza en la Guerra de los pasteles, y con ello había recobrado su popularidad, ocupó interinamente la presidencia. A pesar del entusiasmo con que fue recibido, cuatro meses después pedía nuevamente licencia para retirarse a Manga de Clavo. A los graves problemas económicos y a la inestabilidad política acusada por los federalistas se sumaba la inseguridad que dañada al comercio, la agricultura y la minería. Abundaban las bandas de asaltantes y Bustamante se empeñó en combatirlas. Precisamente, por entonces, tuvo lugar al fusilamiento de los dirigentes de una banda de los ladrones y asaltantes encabezadas por el coronel Juan Yáñez, que no sólo ocupaba un puesto relevante en el ejército, sino que era distinguido con la amistad de la lata sociedad mexicana. Bustamante, que se empeñaba en terminar con el desorden, se negó a indultar al coronel y trató de aumentar el ejército para perseguir a los maleantes, pero fracasó por la falta de dinero para pagar sueldos. El ejército era ineficiente, tanto por su falta de profesionalidad como por la falta de recursos económicos y el enrolamiento por medio de leva, que eran los principales obstáculos para constituir un verdadero ejército. Los Jóvenes, obligados a unirse al ejército, de que la deserción era castigada con penas muy severas.

El grave problema de la Hacienda pública mereció la atención cuidadosa de Bustamante, que para resolverlo llamó a liberales, moderados, conservadores y hombres de todas las profesiones y servicios. Pero en lugar de resolverlo, algunas de las propuestas causaron nuevos levantamientos, como el de 1840, dirigido por el general José Urrea y por Valentín Gómez Farías, provocó una violenta lucha en pleno corazón de la ciudad. El problema se solucionó gracias a la intervención del arzobispo, pero hizo temer a muchos mexicanos que el régimen centralista tampoco sería viable. La desilusión de algunos era tan honda, que pensaron que el régimen republicano no era oportuno para un país como México, y por primera vez se oyó una voz que los defendía abiertamente una monarquía como la única solución. José María Gutiérrez de Estrada había sido diplomático y ministro de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció cuando era general Santa Anna decidió suspender el federalismo en 1835. Viendo que su patria se hundía cada vez más, mandó imprimir una carta abierta al presidente Bustamante, en la que ponía en duda la conveniencia para México de la Constitución de 1824 y la de las Siete Leyes. En el fondo de la cuestión, Gutiérrez de Estrada dudaba de la capacidad de los mexicanos para dirigir un estado y proponía la monarquía casi única salida. "Quien quita - decía - que un cambio de sistemas obre una transición pronta y saludable y renazca México de sus cenizas y se levante de su miseria, del lecho de muerte en que yace." La carta provocó un verdadero escándalo; Gutiérrez de Estrada tuvo que esconderse y después abandonar el país, al cual nunca volvería. Vivió exiliado en Europa, pero no dejó de trabajar en las cortes para traer a México un monarca. A pesar de que Bustamante parecía empezar a estar de acuerdo con Gutiérrez de Estrada, hizo recoger de librerías y puestos los ejemplares de su subversiva y sediciosa Carta. Había un vago descontento en muchos hombres, una sensación de que algo no funcionaba y de que no había remedio.

A pesar de que los mexicanos no se resignaban a la pérdida de Texas, dada la debilidad de la República no podía hacer sino confiar en la ayuda inglesa. Nada parecía lograr la unión de los ciudadanos, ni incluso el peligro; y a los movimientos federalistas de 1840 siguieron los de 1841. En agosto se inició un movimiento dirigido por Santa Anna que desconocería las Siete Leyes. Bustamante, que había soportado cuatro años de lucha constante contra la falta de recursos, los levantamientos federalistas y hasta contra una nación extranjera, no supo qué hacer y aceptó pactar con sus oponentes, y el 28 de septiembre firmó las Bases de Tacubaya, que suspendían los poderes supremos y convocaban elecciones para diputados a un Congreso constituyente. Bustamante entró en la Ciudad de México en compañía de Santa Anna, a quien los representantes de los departamentos designaron presidente de la República.

Santa Anna parecía estar realmente interesado en hallar la solución de los problemas del país. Llamó a los "exaltados", o rojos como se les llamaba, como colaboradores, pero a pesar de ello se sublevaron varios estados y su Gabinete terminó por renunciar. Para cumplir con lo pactado, Santa Anna convocó elecciones a un congreso constituyente, y mientras tanto gobernó sin leyes, como en realidad se gobernaría durante los siguientes tres años. Parecía como si hubiera agotado la fe en las leyes y que ya nadie creía en ellas.

El 1 de junio de 1842 se instaló el nuevo Congreso, en el que aparecerían muchas caras nuevas: Melchor Ocampo, Luis de la Rosa, Ezequiel Montes, José María Lafragua, Mariano Otero. Desde la primera sesión, las temidas voces de federación, libertad y democracia sonaron el recinto del Congreso. Empezaban a surgir los puntos de vista que en la siguiente década dividirían profundamente a los mexicanos. Ya se hablaba de tolerancia religiosa, educación obligatoria y garantías individuales; por tanto, no es de extrañar que los dos proyectos elaborados tuvieran un sello liberal moderado. Junto a estas pruebas del espíritu progresista de muchos mexicanos se daban otros que hacían cada vez más en el retroceso. En efecto, en este mismo año se llevó a cabo el solemne traslado de la pierna de Santa Anna al Panteón de Santa Paula, nada menos que para celebrar la consumación de la independencia. Una curiosa masa de ciudadanos ociosos vio desfilar una columna de carrozas con el Gabinete y los representantes del clero y del ejercito que asistían a una solemne ceremonia en la que se enterró la pierna del héroe de 1838.

En octubre, poco antes de que se desatara la violencia, Santa Anna se retiró a Manga de Clavo, con los eternos pretextos de ataques de paludismo y dolores de una pierna mal amputada. Para diciembre, después de una nueva toma de la ciudadela por el general Valencia, se exigía la disolución del Congreso. El general Bravo, encargado por el Ejecutivo, decretó la formación de una "junta de ciudadanos distinguidos por su ciencia y patriotismo", a la que se dio el nombre de Junta Nacional legislativa y que era la que redactaría la Constitución.

En marzo de 1843, en medio de gran júbilo popular, regresó Santa Anna decidido a gobernar con mano dura. Y, en efecto, se encarceló a muchos ilustres liberales y se suspendió la libertad de imprenta. Mientras tanto, la Junta Nacional Legislativa terminó una nueva ley suprema: las bases de Organización Política de la República, las bases orgánicas, como se les conoció popularmente.

Como no debían entrar en vigor hasta el 1 de enero de 1844, Santa Anna continuó gobernando sin leyes. Pero el problema más grave continuaba siendo el económico, y Santa Anna tuvo que crear nuevos impuestos, acudir a préstamos forzosos y recurrir al dinero de la Iglesia o vender los bienes de los jesuitas. Pero nada bastaba para cubrir los gastos del Estado.

Además de las deudas de las reclamaciones extranjeras y de los gastos de gobierno, estaban las extravagancias del dictador: un numeroso estado mayor, una carroza, el Teatro Nacional y el embellecimiento de la ciudad. Pero incluso estas actividades terminaron por cansarle, y en octubre de 1843 la presidencia pasó a manos de Valentín Canalizo. Como siempre, su retirada era providencial, y al poco tiempo el país ardía en el descontento, agudizando con la aparición de un cometa que, según todos, auguraba grandes males. Canalizo apaciguó los ánimos y cumplió bien su cometido de gobernar mientras entraban en vigor las Bases Orgánicas.

LA DEFENSA DE LA REPÚBLICA

La pérdida de más de la mitad del territorio nacional y la ocupación de la capital del país por el ejército norteamericano significó una gran desmoralización para los mestizos y para los gobernantes.

El país era  poco gobernado; quienes habían sufrido las injusticias por siglos también se dieron cuenta de la debilidad del gobierno y aprovecharon la coyuntura para reclamar sus derechos ancestrales. Las insurrecciones de los diferentes grupos étnicos surgían en distintos rumbos; en Tehuantepec y Juchitán los zapotecas, encabezados por Che Gorio Melendre y Prudencio Ortíz demandaban los antiguos derechos que tenían de sus tierras, sus salinas, la liberación de impuestos y también su autonomía, por los cuales tenían años de estar peleando.

En Tehuantepec continuaban los enfrentamientos entre zapotecas rebeldes y gobierno local y nacional. Los zapotecas exigían sus derechos y no había forma de que el gobierno los hiciera deponer su lucha. El Gobernador en turno, el Coronel Ignacio Mejía, envía al General Ignacio Martínez Pinillos a controlar a los rebeldes del Istmo. El 3 de enero de 1853 cuando se encuentra con sus tropas en Tehuantepec es rodeado por los rebeldes y al cabo de los días, decide rendirse el 11 de enero por miedo de que pasaran a cuchillo a todos sus soldados y a él mismo. No sólo se da la rendición sino que se adhiere a los rebeldes en el pronunciamiento que éstos habían hecho a favor del Plan del Hospicio de Guadalajara. Esto significaba de alguna manera el retorno a la República Central y sobre todo el regreso de Santa Anna al poder.

Cuando Santa Anna es llamado por sus colaboradores para tomar el poder, Juárez se ve obligado a salir de Oaxaca, porque el Dictador recordaba que siendo Juárez gobernador le había impedido entrar en el Estado en 1849.

El exilio permitió a Juárez fortalecer sus posiciones liberales y entró en contacto con Ponciano Arriaga, José María Mata, José María Montenegro,  Zepeda Peraza y Melchor Ocampo. Cuando los exiliados conocieron la noticia del levantamiento de Ayutla contra el Gobierno de Santa Anna, esto significaba una esperanza de cambio para México.

El movimiento de Ayutla se fortalecía a medida  que la dictadura se empecinaba en acciones antipopulares. El gobierno de Santa Anna había recargado a la nación de contribuciones onerosas sin considerar la pobreza en que se encontraba el país.

Una vez que triunfa la revolución, Juárez se da a la tarea de trabajar en lo legislativo y en poco más de un año desempeña el Ministerio de Justicia en el gabinete de del presidente Juan Alvarez. Y desde ahí sus ideas van a coadyuvar para la elaboración de las Leyes de Reforma.

El paso del oaxaqueño por el ministerio fue breve  pero logró expedir, el 23 de noviembre de 1855, la ley de Administración de justicia orgánica de los tribunales de la nación, del distrito y territorios; esta ley, que se conoce como Ley Juárez, significó un gran paso reformista al abolir los fueros eclesiásticos y fue el principio  de una lucha constante en los diez años siguientes. La ley Juárez significaba cortar de tajo con una práctica política colonizadora, en la cual la Iglesia había sido siempre el poder detrás, arriba y delante del trono.

Las leyes reformistas crearon otra crisis. Las soluciones no se veían fáciles; ya que la decisión ideal para los conservadores (centralistas) era la total desaparición de aquellas leyes. Los liberales (federalistas) o puros (por ejemplo Juárez) defendían a toda costa las leyes reformistas. Otros liberales, como Commonfort, consideraban prudente hallar una solución diferente, por medio de elecciones, para no llevar a México a nuevas guerras civiles.

Realizadas las elecciones presidenciales, bajo el orden constitucional establecido recientemente, la presidencia de la nación fue ocupada por Commonfort y Juárez, a partir del 1º de diciembre de 1857, fungió como presidente de la Suprema Corte. Sin embargo la tensión política disminuyó y Commonfort empezó a pactar con los conservadores, mientras tanto, ordenaba la prisión de Juárez, para no tener obstáculos en su camino.

El 17 de diciembre de 1857, apareció el plan de Tacubaya proclamado por el general Félix Zuloaga. En él propuso convocar a un congreso para redactar otra Constitución. Commonfort aceptó el Plan de Tacubaya y además de perder la base constitucional para seguir como presidente, perdió la confianza de los partidos políticos. Los conservadores lo desconocieron y nombraron a Zuloaga presidente, quien se apoderó de la Ciudad de México a principios de 1858. Comonfort huyó de la Ciudad y fue a refugiarse a Estados Unidos de América y poniendo a Juárez en libertad.

El Congreso declaró vacante la presidencia de la República y a Juárez, por ser el presidente de la Suprema Corte, ocupó este puesto. Como el gobierno conservador de Zuloaga estaba instalado en la Ciudad de México, Juárez se trasladó a Querétaro, para poner ahí su despacho.

De esa manera se inicio el peregrinar de Juárez, hasta establecerse en Veracruz en mayo de 1858. Mientras tanto el poder militar de los conservadores se deterioraba, por esta razón en diciembre de ese mismo año el general Echegaray con el llamado Plan de Navidad, desconocía el de Zuloaga y proclamaba como jefe de los conservadores al general Miramón.

El plan fue secundado por la guarnición de la Ciudad de México, en enero de 1859 y un mes después, Miramón gobernaba en calidad de presidente interino. De inmediato salió de la capital, con el fin de tomar Veracruz y derrotar a los liberales. Durante su ausencia, el general liberal Santos Degollado tomó la Villa de Tacubaya en el D.F. para que se le unieran más simpatizantes. En el mes de marzo, Miramón intentaba apoderarse del puerto jarocho.

El general conservador Leonardo Márquez llegó intempestivamente a la Villa de Tacubaya, en los primeros días de abril e hizo huir a los liberales de la ciudad. Miramón ordenó el fusilamiento de todos los prisioneros, sin importar que muchos de ellos eran civiles y así, el 11 de abril de 1859 entraron en la historia los Mártires de Tacubaya.

Juárez, para darle mayor coherencia al programa político liberal, expidió entre julio y agosto de 1859, una serie de nuevas leyes reformistas: la nacionalización de bienes del clero (julio 12), la que separaba la iglesia del estado (julio 13), la que instituía al matrimonio como contrato civil (julio 23), la de fundación del Registro Civil (julio 28), la de secularización de los cementerios (julio 31) y el 11 de agosto, la que reducía las festividades religiosas y la libertad de cultos. Miramón desconoció dichas leyes, e intentó nuevamente tomar Veracruz en 1860, pero sin éxito, se retiró a la Ciudad de México: allí intentó dejar la presidencia en manos de José Ignacio Pavón, pero no le fue aceptada su renuncia.

Las Leyes de Reforma vinieron a cambiar la organización del país y reflejaron también las luchas personales de los líderes del liberalismo, Lerdo contra Ocampo y Juárez contra Lerdo.3

Miramón trató de rehacer sus fuerzas militares, pero ante la precaria situación económica de su gobierno, apresuró la defensa de la Ciudad de México con los pocos elementos en su poder, y ya al frente de su ejército, marchó a Toluca, donde salió victorioso del combate. Después se dirigió a Calpulalpan en el Estado de México, para enfrentarse al general liberal González Ortega. La suerte le fue adversa y el 22 de diciembre de 1860, en franca derrota su ejército se desmoronó, Miramón se dirigió a la Ciudad de México, donde entregó el poder al Ayuntamiento capitalino y pronto salió a Veracruz con el objeto de autoexiliarse en la Habana, Cuba, en su camino hacia Francia.

El 1º de enero de 1861, el general González Ortega tomó la Ciudad de México, y diez días mas tarde, Juárez y su gabinete presidencial hicieron su entrada triunfal a la capital de la República; pero aún quedaban algunos grupos guerrilleros conservadores que dirigidos por Tomás Mejía y Leonardo Márquez, sostenían aún la supuesta presidencia de Zuloaga.

Márquez se atrevió a penetrar a la Ciudad de México, hasta la Plaza de Buenavista por las tropas del entonces coronel Profirió Díaz y perseguido por González Ortega, fue derrotado en Jolatlalco, Estado de México, en agosto de 1861, todo había terminado en esta guerra conocida como los tres años o Guerra de Reforma, pero quedaba a Juárez restaurar la República y reconstruir económicamente al país.

La victoria de los liberales fue difícil. Los conservadores no se resignaron a la derrota y emprendieron una guerra de guerrillas. Los problemas económicos del país eran tan grandes que en se vio obligado a decretar que durante dos años México dejaría de pagar las deudas que tenía con España, Francia e Inglaterra.

Una parte de la deuda se debía a préstamos solicitados desde tiempo atrás por los diversos gobiernos de México. Lo mismo liberales que conservadores. Otra parte era por reclamaciones de extranjeros residentes en México cuyas propiedades habían sufrido daños durante las revoluciones. Francia, España e Inglaterra enviaron sus flotas de guerra a ocupar veracruz, para exigir el pago.

En ese tiempo veracruz era un lugar malsano, donde abundaban las enfermedades. Por ello, el gobierno de Juárez permitió que los soldados extranjeros se instalaran en Córdoba, Orizaba y Tehuacán mientras se discutía el problema, con el compromiso de retirarse en cuanto se llegara a un acuerdo. Los ingleses y los españoles vieron que Juárez garantizaba que México pagaría tan pronto como fuera posible, y se marcharon. 

En cambio los franceses no cumplieron con lo pactado. El emperador Napoleón III quería formar un gran imperio que se extendiera por América. Así que aprovecharon la ventaja de hallarse en Orizaba, y avanzaron hacia la ciudad de México con un ejército numeroso y bien disciplinado, al que se sumaron las tropas conservadoras que quedaban. Aquellos conservadores que habían creído siempre que México debía ser una monarquía, veían en esta intervención la oportunidad de derrotar a los liberales y suprimir la república.

El 5 de mayo de 1862 el general francés Conde de Lorencez atacó la ciudad de Puebla, que defendía el general Ignacio Zaragoza. Puebla estaba protegida por los fuertes de Loreto y Guadalupe. Los franceses atacaron con fuerza, pero tres veces los mexicanos resistieron el ataque y finalmente vencieron a los invasores. 

 Sin embargo, siguieron llegando a veracruz tropas francesas, hasta completar treinta mil hombres. En marzo del año siguiente, el Ejército francés, más numeroso y mejor entrenado y equipado que el mexicano, volvió a atacar Puebla. Las tropas mexicanas estaban ahora dirigidas por Jesús González Ortega, pues Zaragoza había muerto. 

Los franceses entraron a Puebla el 19 de mayo, en medio de la alegría de los conservadores. En junio tomaron la ciudad de México, mientras el presidente Juárez se retiraba, con el gobierno legítimo, a San Luis Potosí. 

Juárez luchó por la soberanía nacional, por sostener el gobierno electo de acuerdo con las leyes mexicanas. Sin dinero y con pocas armas, viajando de un lugar a otro hasta instalarse en Paso del Norte (hoy ciudad Juárez) el gobierno de Juárez mantuvo un larga lucha contra la intervención extranjera. Desde donde se encontrara, Juárez iba dirigiendo los movimientos de los ejércitos nacionales, que comandaban Mariano Escobedo, Ramón Corona y Porfirio Díaz, y que mantuvieron una resistencia heroica y tenaz. 

 

Segundo imperio

Los conservadores mexicanos consiguieron que el emperador de Francia, Napoleón III, que quería formar un gran imperio y frenar el crecimiento de los Estados Unidos de América, se interesara en imponer como gobernante de México a un príncipe europeo. 

El escogido fue el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien creyó a los conservadores, que lo convencieron de que sería bien recibido, y aceptó la corona. Llegó a México en 1864, con su esposa, la princesa belga Carlota Amalia; su gobierno duraría tres años. Era un hombre culto, de ideas liberales. Esto le hizo perder la simpatía de la Iglesia católica y algunos apoyos entre los conservadores. 

La mayoría de los mexicanos defendieron la soberanía de su país y respaldaron a Juárez que representaba el gobierno nacional. Presionado por los Estados Unidos de América, Napoleón III retiró de México sus tropas gracias a las cuales Maximiliano se había sostenido; para los liberales fue entonces más fácil derrotar a los invasores. Porfirio Díaz tomó Puebla. Ramón Corona y Mariano Escobedo sitiaron a Maximiliano en Querétaro. El emperador se rindió y en junio de 1867 fue fusilado junto con sus generales mexicanos, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Desde entonces, nadie ha vuelto a proponer un gobierno monárquico para México.

El 15 de julio de 1867, la capital de México se vistió de fiesta para recibir a Juárez, que retornaba victorioso. Con su triunfo se consolidaba la república, que había sido amenazada y atacada por el imperio de Maximiliano y que la tenacidad del presidente constitucional y de sus colaboradores más cercanos, así como la resistencia del pueblo, habían logrado sostener. 

A los diez años siguientes, época en que se afianzó el gobierno republicano, se les llama a veces la República Restaurada aunque, en realidad, la firmeza ejemplar del gobierno de Juárez logró que la república no desapareciera nunca. 

Con el triunfo de Juárez y gracias al respeto que su gobierno tuvo por la Constitución y por las Leyes de Reforma, se consolidó el Estado mexicano. Disminuyó el desorden político, y México comenzó a ser una república vigilante de sus leyes. 

EL PORFIRIATO

Cuando Porfírio Díaz fue elegido por gran mayoría en febrero de 1877, Ignacio L. Vallarta ganó la presidencia de la Suprema Corte de Justicia también por amplísimo margen, lo que dio vuelo a sus aspiraciones de suceder a Díaz y ocasionó la escisión entre ambos personajes.

Entre las principales acciones del nuevo gobierno estuvo la de fundar un Monte de Piedad y Caja de Ahorros. Asimismo, promulgar en mayo de 1887 un nuevo Reglamento de Instrucción Primaria por medio del cual el Gobierno del estado absorbía los gastos de la educación elemental y, en junio de 1889, otra Ley Orgánica de Instrucción Pública que imponía el laicismo. Además, a mediados de 1888 inició la construcción de un mercado en Guadalajara y dispuso convenientes reformas a la Escuela de Medicina.

Asimismo, en 1889, Corona pudo vanagloriarse de que la tranquilidad pública se había mantenido "sofocándose pronto y enérgicamente la intentona de algunos malhechores".

Con todo, la principal acción del gobierno de Ramón Corona se enfocó a promover el comercio mediante la supresión de las alcabalas, a partir de marzo de 1888, y la introducción en Guadalajara del ferrocarril procedente de la ciudad de México, cuyo primer viaje concluyó el 15 de mayo de 1888 en medio de grandes fiestas.

Desde 1882, el gobernador Riestra había conseguido la autorización para fundar el "Banco de Jalisco". Sin embargo, los estatutos propuestos no fueron aprobados porque se contraponían con varios artículos de la Constitución. No fue sino hasta un año después, cuando Tolentino volvió a la carga y el Congreso local lo autorizó para que designara al grupo de accionistas que habría de establecer en definitiva el Banco de Jalisco, institución que efectuaría, exenta de cualquier gravamen, operaciones de depósito, descuento, circulación y emisión de dinero.

En cambio, antes de concluir 1883, sí pudo establecerse una sucursal del Banco Nacional de México, que terminó por potenciar en Jalisco el inicio de las actividades crediticias, en las cuales, además de participar como socio de algunos capitales, el estado se vio favorecido con la apertura de una cuenta de crédito hasta por 30 mil pesos. Años después, en 1889, se establecería también en Guadalajara una sucursal del Banco de Londres y México.

El creciente interés por perpetuar el rostro propio encontró un nuevo satisfactor en la cámara fotográfica. Sobre todo porque el costo de una fotografía, mucho más bajo que los honorarios de cualquier pintor, permitieron a muchas más personas poseer la anhelada reproducción. En efecto, aun cuando los primeros en fotografiarse fueron los más acaudalados, pronto innumerables fotógrafos ambulantes recorrerían pueblos y ciudades en busca de clientes de menores recursos dispuestos a posar frente a sus voluminosos aparatos. Parece ser que fue Jacobo Gálvez, en 1853, uno de los primeros en traer a Guadalajara, después de su viaje por Europa, los elementos técnicos para reproducir imágenes casi instantáneas: una cámara obscura para fijar imágenes, no en lámina como se hacían ya en aquella época y según el método de Daguerre, sino en papel.

La ganadería, que desde tiempos antiguos había sido una de las actividades económicas más importantes, al declinar el porfiriato también registró un cierto descenso. De tal suerte, si en 1903 tenía un valor superior a 18.5 millones de pesos, para 1909 se hallaba en menos de 17; tal descenso también puede ser valorado por medio del número de bovinos; un millón en 1903 que en 1909 bajó a 735 mil. A pesar de ello, hasta 1902 Jalisco fue el primer productor de ganado vacuno y de leche con el 10% de la existencia nacional, y de ganado porcino con el 9%. En lo que se refiere a su precio también subió casi un 40% entre 1890 y 1910.

Para 1895 el valor total de las cosechas en Jalisco casi alcanzó 15 millones de pesos -8% del total nacional-; en 1901 subió a 23 millones -casi el 9% del país-; pero en 1904 bajó a 17 millones -apenas el 7%-, y aunque en 1906 tornó a subir, ya no recuperó el nivel de 1901.

Al finalizar el siglo XIX, quienes se habían mantenido en la cúspide de la pirámide socioeconómica de Jalisco se encontraban de hecho concentrados en Guadalajara, donde gozaban de las crecientes comodidades y mejores perspectivas pecuniarias que el medio ofrecía. Mas ahora esta minoría se encontraba rodeada por una buena cantidad de europeos que se habían asentado en Guadalajara, atraídos por sus posibilidades comerciales, y muchos hasta casados con hijas de los más opulentos, incorporando así sus apellidos a la flor y nata de aquella sociedad.

De 1904 a 1909, Porfirio Díaz eligió Chapala para descansar cada año durante las semanas Santa y de Pascua, con lo cual también colaboró a poner de moda a la población entre las ricas familias tapatías, quienes acabaron transformando la aldea en un verdadero sitio de descanso.

Hacia 1909, aparecieron las lanchas de motor y los deportes acuáticos; en 1910 se fundó el Yacht Club y la Compañía de Fomento, misma que construyó la estación y la vía ferroviaria y fue propietaria del servicio de vapores Vicking y La Tapatía, ambos destrozados por un fuerte oleaje en 1926. Un año antes se había acondicionado el antiguo Camino Real de Guadalajara que mucho impulsaría el aflujo turístico sobre Chapala.

LA REVOLUCIÓN MEXICANA

El punto de partida del proceso revolucionario fueron las declaraciones realizadas por el presidente Díaz al periodista estadounidense Creelman en 1908, en las que afirmaba que el pueblo mexicano ya estaba maduro para la democracia y que él no deseaba continuar en el poder. Comenzó en el país una intensa actividad política y ese mismo año apareció el libro La sucesión presidencial en 1910, escrito por Francisco Ignacio Madero, que se convirtió en el manifiesto político de los grupos de oposición a la dictadura: las clases medias, los campesinos y los obreros, contrarios a la reelección de Díaz para un nuevo mandato presidencial, pero también opuestos a las costumbres aristocráticas y al afrancesamiento dominante, a la política económica del colonialismo capitalista y a la falta de libertades políticas bajo el régimen dictatorial.

En abril de 1910 Madero fue designado candidato a la presidencia por el Partido Nacional Antirreeleccionista, fundado un año antes con un programa a favor del sufragio efectivo y la no reelección, pero sin claros contenidos sociales y económicos. En mayo del mismo año se produjo en Morelos la insurrección de Emiliano Zapata al frente de los campesinos, que ocuparon las tierras en demanda de una reforma agraria. Díaz fue reelegido para un séptimo mandato y Madero intentó negociar con él para obtener la vicepresidencia de la República, pero fue encarcelado por el dictador en Monterrey el 6 de junio, aunque poco después obtuvo la libertad y escapó a San Antonio (Texas). El 15 de octubre de 1910, Madero y sus colaboradores acordaron el Plan de San Luis, que llamó a la insurrección general y que logró el apoyo de los campesinos al incluir en el punto tercero algunas propuestas de solución al problema agrario. El 20 de noviembre se produjo la insurrección de Francisco (Pancho) Villa y Pascual Orozco en Chihuahua, pronto secundada en Puebla, Coahuila y Durango. En enero de 1911 los hermanos Flores Magón se alzaron en la Baja California y los hermanos Figueroa en Guerrero.

Pese al fracaso de Casas Grandes, en marzo de ese mismo año, el 10 de mayo los revolucionarios ocuparon Ciudad Juárez, donde se firmó el tratado por el que se acordaba la dimisión de Díaz, que salió del país el 26 de mayo siguiente, y el nombramiento como presidente provisional del antiguo colaborador de la dictadura, Francisco León de la Barra, que conservó a los funcionarios y militares adictos a Díaz.

El gobierno procedió al desarme de las fuerzas revolucionarias, pero los zapatistas se negaron a ello, exigiendo garantías de que serían atendidas sus demandas en favor de una solución para el problema agrario. El general Victoriano Huerta combatió a los zapatistas del estado de Morelos en los meses de julio y agosto de 1911, los derrotó en Cuautla y los obligó a refugiarse en las montañas de Puebla. Sin embargo, en las elecciones presidenciales resultó elegido Madero, que tomó posesión de su cargo el 6 de noviembre de 1911, pero que no logró alcanzar un acuerdo con Zapata ni con otros líderes agrarios por su falta de sensibilidad para resolver los problemas sociales planteados por el campesinado.

El 25 de noviembre Zapata proclamó el Plan de Ayala, en el que se proponía el reparto de tierras y la continuación de la lucha revolucionaria. Orozco, tras ser nombrado por los agraristas jefe supremo de la revolución, se sublevó en Chihuahua en marzo de 1912, y otro tanto hicieron los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz en Nuevo León y Veracruz respectivamente. El Ejército federal, al mando de Prudencio Robles y Victoriano Huerta, reprimió con dureza los levantamientos, estableciendo campos de concentración, quemando aldeas y ejecutando a numerosos campesinos. En la ciudad de México tuvo lugar en febrero de 1913 la que se denominó Decena Trágica, enfrentamiento entre los insurrectos y las tropas del general Huerta, que causó alrededor de 2.000 muertos y 6.000 heridos. Con la insólita mediación del embajador estadounidense, Henry Lane Wilson, el general Huerta llegó a un acuerdo con el general Díaz, destituyó a Madero y se autoproclamó presidente el 19 de febrero de 1913. Cuatro días después el presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez fueron asesinados por órdenes de Huerta.

El gobierno de Huerta no fue reconocido por el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, quien el 26 de marzo de 1913 proclamó el Plan de Guadalupe, bandera de la revolución constitucionalista, por el que se declaraba continuador de la obra de Madero y procedía a la formación del Ejército constitucionalista, al que no tardaron en sumarse el coronel Álvaro Obregón en Sonora, y Pancho Villa en el norte, mientras Zapata volvía a dominar la situación en el sur y este del país. La oposición a Huerta en la capital se realizó a través de la Casa del Obrero Mundial, de tendencia anarquista y defensora de las clases obreras urbanas, pero cercana a los planteamientos agrarios del movimiento zapatista, al que dotaron de una ideología más definida, y del lema "Tierra y Libertad", que los alejaba tanto de Huerta como de Carranza. Las tropas constitucionalistas, formadas por campesinos y gentes del pueblo, derrotaron al Ejército federal por todo el territorio nacional: Villa ocupó Chihuahua y Durango con la División del Norte; Obregón venció en Sonora, Sinaloa y Jalisco con el Cuerpo de Ejército del Noroeste; y Estados Unidos, tomando partido por los oponentes a Huerta, hizo desembarcar su infantería de Marina en Veracruz el 21 de abril de 1914. Después del triunfo constitucionalista en Zacatecas el 24 de junio de ese mismo año y la ocupación de Querétaro, Guanajuato y Guadalajara, Huerta presentó la dimisión el 15 de julio siguiente y salió del país. En el Tratado de Teoloyucan se acordó la disolución del Ejército federal y la entrada de los constitucionalistas en la capital, que se produjo el 15 de agosto de 1914.

Pronto surgieron diferencias entre los revolucionarios, divididos en tres grupos: los villistas, que ofrecían un programa político y social poco definido; los zapatistas, que mantenían los principios formulados en el Plan de Ayala; y los carrancistas, vinculados a la burguesía y deseosos de preservar los beneficios obtenidos por los generales, empresarios y abogados adictos a Carranza. En la Convención de Aguascalientes, en noviembre de 1914, se acordó el cese de Carranza como jefe del Ejército constitucionalista y de Villa como comandante de la División del Norte, así como el nombramiento de Eulalio Gutiérrez como presidente provisional. Carranza se trasladó a Veracruz, Gutiérrez llevó el gobierno a San Luis Potosí y la ciudad de México quedó en poder de Villa y Zapata, cuya colaboración inicial terminó un mes más tarde con la salida de ambos de la capital y la reanudación de las hostilidades.

Con los decretos de finales de 1914 y la Ley Agraria de enero de 1915, Carranza ganó para su causa a amplios sectores de la población, mientras los ejércitos carrancistas al mando del general Obregón ocuparon Puebla el 4 de enero de 1915 y derrotaron a Villa en Celaya, Guanajuato, León y Aguascalientes, entre abril y julio del mismo año, por lo que Estados Unidos reconoció al gobierno de Carranza en el mes de octubre. Villa inició en el norte una guerra de guerrillas y trató de crear conflictos internacionales con Estados Unidos, cuyo gobierno, en 1916, envió tropas en su persecución, aunque éstas no lograron capturarlo. En el sur, Zapata realizó repartos de tierras en Morelos y decretó algunas medidas legales para intentar consolidar las reformas agrarias y las conquistas sociales logradas, pero también los zapatistas fueron derrotados por las tropas constitucionalistas al mando de Pablo González y obligados, entre julio y septiembre de 1915, a replegarse a las montañas.En septiembre de 1916, Carranza convocó un Congreso Constituyente en Querétaro, donde se elaboró la Constitución de 1917, que consolidaba algunas de las reformas económicas y sociales defendidas por la revolución, en especial la propiedad de la tierra, la regulación de la economía o la protección de los trabajadores. En las elecciones posteriores, Carranza fue elegido presidente de la República y tomó posesión de su cargo el 10 de mayo de 1917. Zapata mantuvo la insurrección en el sur hasta que, víctima de una traición preparada por Pablo González, cayó en una emboscada en la hacienda de San Juan Chinameca, donde el 10 de abril de 1919 fue asesinado.

PARTIDISMO POLITICO

“Ahí donde se ha desarrollado ampliamente un sistema de partidos y una vida parlamentaria, la política parece cobrar autonomía legítima. La relación partido Estado, se contempla más en el orden político que en el de poder, en la lucha democrática que en la ruptura de esa lucha. A la historia del poder y de la cultura del poder en México se añade la historia de las masas como parte de la historia del Estado. El Estado y los partidos surgen en relación con la política de poder y con la política de masas.”4

 

El proceso de construcción del Estado mexicano moderno se inicia con dos corrientes: una encabezada por artesanos e intelectuales que se radicalizan y se proletarizan; otra que se agita en el seno de las clases gobernantes, y busca al pueblo para construir una democracia más moderna y burguesa. Al empezar el siglo XX se forma una corriente liberal que termina siendo anarquista. Organizada en forma de club y después de partido plantea una revolución social.

 

Los anarquistas pretendían hacer una revolución social sin una revolución política. Los liberales una revolución política sin una revolución social. Todos ellos y los campesinos armados estuvieron lejos de plantearse el problema del poder. En cambio los nuevos revolucionarios, sobre todo los carrancistas, volvieron a darle prioridad a la lógica del poder en la conducta militar, ideológica y política.

 

El gobierno de caudillos que surgió de la Revolución Mexicana encontró viejas soluciones a nuevos problemas, y algunas soluciones nuevas que se fueron generalizando. El problema de la sucesión del poder tuvo cuatro alternativas posibles: a) el continuismo del caudillo en el poder a través de interpósita persona manteniendo el tabú de la reelección; b) la rebelión frente al jefe presidencial; c) el relevo de caudillos de un mismo grupo aliado, d) la ruptura del tabú constitucional, esto es, la reforma de la constitución y el intento de reelección. El problema del poder mostró distintas posibilidades de juego dentro de ciertas restricciones como la fuerza militar, las alianzas, o desconocimiento, de las organizaciones sociales o gremiales, y de las potencias extranjeras. El problema de la rebelión de los caudillos y los líderes venía no sólo de los enemigos sino, también, de los amigos y los aliados.

 

Estas dificultades y peligros para resolver los problemas de la sucesión intentaron resolverse con medidas como: a las huestes armadas se les empezó a profesionalizar; a las direcciones obreras se les otorgaron concesiones. Todo ello no sólo permitió un control político de líderes y trabajadores, sino una política de concesiones a los grupos latifundistas y empresariales, y también a algunas organizaciones de apoyo políticas y clericales. Con esta estructuración del poder, disperso en grupos, y jerarquizado entre caudillos y líderes, surgió una política de arbitraje, conciliación; una política de poder que usa las leyes como poder y las viola como poder.

 

El problema de la representación se resolvió por dos vías: la delegación del poder en otros, que representarían al jefe; y el reconocimiento de caudillos y líderes a los que se exigió alianza subordinada.

 

La nueva política de concesiones se hizo en medio de grandes revueltas encabezadas por curas, asonadas militares y movimientos anarquistas y socialistas apoyados por campesinos y obreros. La lucha ideológica presentó nuevas soluciones: nacionalismo, agrarismo, obrerismo, todo ello combinado con ciertas formas de expresión socialista. El arte de expropiar lenguajes e ideologías fue uno de los que más afinaron los caudillos en la lucha por la hegemonía. El extraño recurso de apropiación de lenguajes entró a menudo en crisis de contradicción entre las palabras y los hechos, o en crisis de vacuidad en los mensajes.

 

A fines de los años veinte nacionalismo, obrerismo y agrarismo decayeron, entonces se despertó un fervor liberal anticlerical, que reveló la ruptura de la coalición popular, y una acentuación de la lucha de facciones y de clases. Los partidos políticos presentaron dos tipos principales de problemas, unos debidos a su vinculación con los caudillos y otros por sus lazos con la clase obrera. Las clases medias tradicionales, las antiguas oligarquías no llegaron a construir un partido político.

 

El primer partido de las fuerzas revolucionarias constitucionalistas se fundó en 1916, el Partido Liberal Constitucionalista. Surgió al amparo de caudillos como Carranza y Obregón. Cuando más tarde el partido apoyó a Obregón, contra la voluntad de Carranza, éste auspició la formación del Partido Cooperatista Nacional.

 

Obregón y Calles vieron cómo los partidos políticos podían cobrar vida propia, o porque se ligaban a caudillos en rebelión, o porque intentaban una vida política autónoma. En esos años muchos caudillos regionales formaron partidos, destinados a cumplir en el área correspondiente funciones electorales. El problema del control de esos partidos era el control de los caudillos. Se inició entonces una nueva pugna entre caudillos políticos empistolados que sabían luchar en forma violenta en las elecciones y el parlamento, pero además usaban abundantemente los recursos de los abogados y de los publicistas, de la lucha legal y de la ideológica. Caudillos-electores y políticos-electores, caudillos-candidatos y políticos-candidatos tendieron a unir las luchas armadas y las luchas por la opinión pública. El control político y militar se volvió más complejo, no sólo pareció requerir de un ejército que dependiera del presidente sino de un partido que le fuera fiel. La clase obrera complicó el problema, en varias ocasiones intentó formar centrales y partidos autónomos. El presidente-caudillo pretendía ser la fuente de cualquier expresión de poder, de la lucha antiimperialista y de la lucha social, hasta el comunismo tenía que organizarse con el permiso o la simpatía del presidente.

 

En la lucha político electoral, el Partido Laborista buscó que Luis N. Morones fuera presidente. A las disputas entre el caudillo aburguesado, Obregón, y el líder obrero también aburguesado, Morones, se añadieron las de las clases medias, el clero y las antiguas oligarquías. También se enfrentaron a ellos las organizaciones anarquistas y comunistas. Cuando Obregón fue asesinado Morones fue acusado de ser el autor intelectual del crimen. El candidato laborista quedó muy débil y el presidente Calles pudo apoyarse en los obregonistas sin Obregón. Aumentó así su fuerza. Entonces empezó a dar una serie de pasos que iban a estructurar el Estado. Entre ellos incluyó la fundación del Partido del Estado.

 

En primer lugar Calles se eliminó a sí mismo como posible candidato. En segundo lugar se eliminó como elector personal de un candidato. En tercer lugar eliminó a los caudillos proponiendo que el candidato fuera un civil. Calles se colocó por encima de todos los jefes, como fuerza tutelar ideológica y armada. Declaró que con la muerte de Obregón había terminado la época de los caudillos y empezaba la de las instituciones. Él mismo se propuso crear una institución fundamental: el Partido del Estado.

 

El Partido Nacional Revolucionario fue un partido de partidos, de caudillos y de políticos regionales. El Partido empezó a cumplir funciones mediatizadoras, se encargó de las elecciones, actuó como representante de las fuerzas populares organizadas. A estas funciones añadió la ideológica y la legislativa.

 

El Estado mexicano no ha sido el constructor de un proyecto único, las luchas de clases y de facciones lo han atravesado y moldeado, a menudo en formas imprevistas para los mismos dirigentes. La transformación del Partido Nacional Revolucionario en Partido de la Revolución Mexicana obedeció a una política de las clases trabajadoras, sus organizaciones y sus coaliciones. Fue en los sindicatos donde se planteó una nueva lucha por la dirección, lo encabezaron los jóvenes líderes, su ideología era socialista, su programa el de mayor intervención del Estado en la economía, el de un reparto agrario profundo, y el desarrollo de un sindicalismo real, operante.

 

En 1937 la Confederación de Trabajadores de México, la Confederación Campesina Mexicana, el Partido Comunista Mexicano y el Partido Nacional Revolucionario firmaron un pacto de Frente Electoral Popular que fue fuente de acuerdos, generó una ideología socialista. Los principios ideológicos del PRM constituyeron una mezcla del pensamiento liberal, del socialismo y del marxismo. El PRM se postuló por el respeto a la Constitución, reconoció la lucha de clases, sostuvo el derecho de los trabajadores a contender por el poder político y un proyecto nacional de preparación para el régimen socialista. El PNR era un partido de partidos, el PRM era un partido de sectores.

 

La transformación del PRM en PRI surgió de un largo proceso obediente a la lógica del poder, esta vez estuvo encabezado directamente por el titular del Ejecutivo que basaba su poder en una jerarquía institucional, civil y militar. El caudillismo se convirtió en presidencialismo. En la época de Manuel Ávila Camacho hubo un cambio de proyecto histórico, ideológico y estructural. El Estado consolidó un proceso de instalación de la economía de mercado. El Estado pasó del proyecto socialista a un proyecto democrático. El viraje del Estado repercutió en el Partido y sus organizaciones. Al finalizar el gobierno de Ávila Camacho la correlación de fuerzas había cambiado sensiblemente a favor de la burguesía y en desmedro de trabajadores y campesinos.. Las reformas estatutarias de 1950 consolidaron al PRI como partido del Estado y de un régimen de partido hegemónico que duraría por lo menos los próximos treinta años.

 

El sistema político de partido hegemónico necesita de una débil oposición como forma de legitimación y canalización de luchas, de otro modo acabaría consigo mismo. La crisis del sistema político mexicano se manifiesta en varios terrenos, dos de los más significativos se refieren a la pérdida del carácter arbitral del Estado legitimidad del sistema.

 

Desde 1970. Se manifestó también por la abstención electoral que cuestiona la se presentan, como alternativas a la crisis, tres posibles caminos: una política populista, una política de democracia ampliada y una política de autoritarismo represivo. La primera y la tercera fueron practicadas sin éxito, por lo que se exploraron dos caminos, el de una reforma del PRI y el de una reforma del sistema de partidos.

ESTADO POSREVOLUCIONARIO

Ante la muerte de Carranza, Adolfo de la Huerta asumió la Presidencia de manera interina y logró la pacificación. Los jefes revolucionarios que quedaban, entre ellos Villa, deponen las armas; al tiempo que regresan al país los exiliados políticos. Entre éstos se halla José Vasconcelos, que poco tiempo después se convertiría en el fundador de la Secretaría de Educación Pública. Tras un breve interinato (mayo - octubre de 1920), sube a la Presidencia el General Alvaro Obregón (1920-1924). Con él propiamente comienzan los gobiernos de la Revolución y se fijan las bases para la reconstrucción del Estado.5

Obregón inicia la reorganización de acuerdo con los intereses de los grupos triunfantes. Tiene que administrar un país arruinado, enfrentado al endeudamiento, la suspensión de créditos bancarios, la desorganización administrativa y las fuertes demandas por parte de la población. Asegura y fortalece su poder mediante políticas de alianzas.

Aunque el Ejército constituye su principal apoyo, sabe por experiencia propia que también puede ser su principal amenaza. Por lo mismo, aísla políticamente a los caudillos militares con poder local y reduce el número de los contingentes armados. Busca nuevos aliados en las organizaciones obreras y campesinas. En materia agraria expide varias leyes a favor de la restitución del ejido (forma de posesión de la tierra que el Estado cede al campesinado). Con su política fiscal, que implanta un sistema moderno de tributación, inicia el proceso de consolidación del Estado mexicano, cuyas bases quedaron establecidas en la Constitución de 1917.

Obregón logró que su gobierno fuera reconocido antes de agosto de 1923 por casi todos los países; excepto Inglaterra, Francia, Bélgica, Cuba y Estados Unidos. Este último condicionó el reconocimiento a un replanteamiento en la aplicación del Artículo 27 Constitucional en materia de petróleo, y a la firma de un tratado de amistad y comercio. Por medio de los Tratados de Bucareli (1923), Obregón es reconocido por Washington, pero se le tilda de "entreguista", a pesar de que no hubo retroactividad con respecto al artículo mencionado. El mismo año del reconocimiento, el régimen se vería perturbado violentamente por la rebelión delahuertista, que dejó un saldo de 7 mil muertos.

En efecto, en diciembre de 1923, Adolfo de la Huerta, candidato a la Presidencia, se levanta en armas contra Obregón pero es derrotado. Obregón había favorecido la candidatura de Plutarco Elías Calles, quien en julio de 1924 llega a la Presidencia de México.

La labor de Obregón en el campo educativo fue notable. En 1921 creó la Secretaría de Educación Pública, hecho que tiene gran importancia, pues desde que Carranza suprimió la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, la educación corría a cuenta de los municipios, escasos siempre de recursos para realizar una labor eficaz en ese rubro.

Vasconcelos, a quien se debió la iniciativa, fue su primer titular y el organizador de la educación en el país. Puso en marcha una campaña masiva de alfabetización; creó las Misiones Culturales y convirtió a los maestros rurales en modernos misioneros, en los apóstoles de la educación a la que deberían consagrarse con el celo, propio de los primeros evangelizadores del continente. Tiende una verdadera cruzada para llevar el libro como la cruz al pueblo, al que había que incorporar a la cultura hispánica, que él contrapuso con celo a la anglosajona. La misión de su raza cósmica, síntesis de las razas del continente americano, es procurar, precisamente, el acercamiento no con la ciencia, sino con el espíritu, el amor y el arte. En el desempeño de su cargo, creó los departamentos Escolar, de Bellas Artes, y Bibliotecas y Archivos. Se dividió la educación media en secundaria y preparatoria, se fundaron escuelas nocturnas, se prestó atención a la formación de obreros calificados y se dio gran impulso a la pintura mural mexicana y a la cultura popular.

Su obra educativa -principalmente alfabetizadora- fue acompañada de una importante labor editorial. Se retiró del cargo en 1924, por oposición a la política que instrumentaba el Gobierno Federal, pero ya había puesto en marcha una obra titánica, difícil de igualar por quienes lo sucedieron en la SEP.

El presidente Calles continúo la obra de Obregón y se dio a la tarea de consolidar el Estado, iniciada por su predecesor. Hizo de las organizaciones obreras el soporte básico del gobierno revolucionario. Apoyó fuertemente a la Confederación Regional de Obreros Mexicanos (CROM), cuyos afiliados superaban la cifra de un millón. Esta forma política concebida para Obregón fue fortalecida por Calles y luego por todos los gobiernos de la Revolución. Con Calles comienza la intervención del Estado en los asuntos de la economía nacional. Crea el Banco Nacional de México y otras instituciones financieras que dan al Estado el control de la vida económica del país. Funda la Comisión Nacional de Caminos, pone en vigor una ley sobre irrigación, se enfoca a la construcción de presas y marca los derroteros para el desarrollo económico ulterior del país.

Desde 1925, cuando el presidente Calles impulsó la creación de la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, independiente de Roma y apoyada en el líder obrero Luis N. Morones, se desató un conflicto que, particularmente en las zonas rurales del país, llevaría a una guerra civil conocida como la Cristiada. Grupos católicos de la ciudad de México formaron la Liga Nacional para la Defensa de la Libertad Religiosa (LNDR), y otras ligas fueron organizadas en más ciudades del país. El obispo de San Luis alentó la formación de la Liga Católica Popular Potosina. Estas organizaciones católicas eran principalmente urbanas, compuestas por sectores medios y con una participación muy activa de las mujeres.

La política anticlerical se agudizó a partir de los primeros meses de 1926, cuando el gobierno de Calles ordenó reglamentar los artículos de la Constitución que afectaban la posición de la Iglesia católica. El gobierno de Abel Cano procedió en el mes de febrero de 1926 a la clausura del Colegio del Sagrado Corazón, por estar dirigido por religiosas y no impartir instrucción laica. El Sagrado Corazón era una institución para mujeres que tenía un internado al que asistían hijas de familias de clase media y alta provenientes de varias ciudades del país. En marzo se definió el número de sacerdotes que se permitía por cada municipio del estado. Al municipio de la capital, con 100 000 habitantes y 17 templos, le correspondieron dos, al de Matehuala, Rioverde y Santa María del Río, dos a cada uno, a todos los demás, uno por cada municipio. Los sacerdotes tenían que registrarse ante las autoridades. El obispo Miguel de la Mora, en el primer momento, buscó un acercamiento con el gobierno de Abel Cano, a sabiendas de que éste se veía forzado a aplicar medidas dictadas desde el poder central. "Confío en que las autoridades evitarán dificultades", declaró De la Mora al enterarse del ordenamiento jurídico que restringió el número de sacerdotes en el estado.

Los grupos católicos organizaron una manifestación frente al Palacio de Gobierno que reunió a unas 5 000 personas. La jerarquía eclesiástica potosina eligió enfrentar por la vía legal las disposiciones gubernamentales. Un grupo de católicos presentó a través de los abogados Ramón Aranda, Daniel Berrones y Esteban Delgado un escrito al Congreso del estado para que derogara el decreto que afectaba lo que ellos consideraban los derechos de su comunidad. "Los católicos potosinos —afirmaba la prensa local—, ocurrieron ante el H. Congreso apegándose al Decreto 186 que expidió la iniciativa de Nieto." El gobernador Rafael Nieto había promovido una reforma constitucional que hacía factible el "referéndum y la revocación", que buscaban otorgar mayor legitimidad a las decisiones de gobierno permitiendo a la sociedad promover cambios a las leyes cuando afectaban sus intereses. Nieto había sido amigo de Calles, y en ese mes de marzo los católicos potosinos recogían una de las múltiples reformas constitucionales que implantó su gobierno. La Ley Nieto daba así a la sociedad regional un instrumento legal que servía para dirimir un conflicto que tenía su origen en la ejecución de una política diseñada por el poder central. Aunque esta instancia jurídica no tuvo éxito, permitió durante unas semanas el ejercicio político jurídico de buscar salidas pacíficas y acuerdos civilizados a los grupos que enfrentaban posiciones encontradas, desde los propios recursos de la entidad potosina.

El gobierno de Abel Cano mantuvo el diálogo con los enviados del obispo De la Mora, a la vez que aplicó las medidas dictaminadas por el presidente Calles. El 10 de marzo se hizo pública la circular enviada a las presidencias municipales para hacer cumplir las disposiciones que obligaban a restringir el número de sacerdotes y la obligación de éstos de pasar a registrarse ante las autoridades correspondientes. Al ser informado de esa decisión, el obispo de San Luis sólo declaró: "Mi tarea ahora es la de contener al pueblo".

Las dos autoridades locales, la civil y la religiosa, se vieron sometidas a una fuerte presión que comenzó a agriar sus relaciones. Los grupos católicos presionaron para tomar acciones más radicales. El gobernador Abel Cano señalaba que "han emprendido una labor de zapa contra el gobierno de Calles y el de San Luis Potosí". Con esto, volvía a hacer un llamado a la concordia advirtiendo que reprimiría cualquier acto hostil que pretendiera impedir la aplicación de las leyes decretadas.

El obispo de San Luis Potosí y 38 sacerdotes, a través del abogado Melchor Vera, demandaron amparo y protección contra el Congreso del estado, que había desestimado sus protestas. El 15 de marzo, el juez de distrito licenciado Agustín Téllez concedió el amparo solicitado. El obispo De la Mora declaró que "el caso de San Luis puede servir de ejemplo para casos análogos", y dijo que el siguiente domingo habría una misa de acción de gracias. No obstante, el gobierno de Cano pidió una revisión del amparo concedido a los católicos potosinos y el 18 de marzo se ordenó cerrar todas las iglesias a la vez que las fuerzas federales comenzaron a patrullar la ciudad. El obispo De la Mora presentó una queja ante el Juzgado de Distrito por el hecho de que el Congreso, el gobierno del estado y la Presidencia Municipal no habían acatado la suspensión otorgada por la justicia federal. El juez pidió a las autoridades que se justificaran en el término de 24 horas.

La respuesta fue la aprehensión de varias mujeres a las que se acusaba de romper el orden. El abogado de los sacerdotes, Melchor Vera, se amparó; mientras, se extendían los rumores de que en cualquier momento sería apresado el obispo De la Mora. Cientos de católicos se reunieron en torno a la catedral y en las calles cercanas se dieron los primeros enfrentamientos y los primeros heridos.

El obispo De la Mora y el gobernador Abel Cano no dejaron de mantener contacto y, ante la expectativa de estallidos de violencia, llegaron a un acuerdo. El 21 de marzo se informó que el conflicto religioso había terminado y también se decía que el general Saturnino Cedillo apareció en el Palacio de Gobierno y declaró: "Me concreté a dar apoyo al gobierno civil". La autoridad eclesiástica aceptó registrar a los sacerdotes, mientras el gobierno aceptó aplicar con flexibilidad las leyes que afectaban el culto. Sin embargo, el conflicto religioso, que era de índole nacional, no tardó en volverse a manifestar. Jean Meyer escribe en La Cristiada:

Quedaba una incógnita de la que nadie hablaba, en la que nadie parecía pensar, que todos subestimaban cuando menos: la actitud del pueblo cristiano. En el transcurso del verano de 1926 es él quien, poco a poco, se colocó al frente de la escena, mientras que tras bastidores el gobierno y los sacerdotes no dejan de negociar y los diplomáticos van y vienen entre México, Roma y Washington.

El 31 de julio los obispos mexicanos decidieron suspender el culto en todas las iglesias del país. En San Luis Potosí, las familias católicas colocaron crespones negros en las fachadas de sus casas. El gobernador Cano dio la orden para que se quitaran y advirtió "que los que estén en casas de empleados públicos provocará que éstos sean cesados inmediatamente". La pérdida de los límites entre el espacio público y el privado se evidenciaba en esa batalla de símbolos y, también, en sus consecuencias.

En el mes de agosto la Liga Católica Popular Potosina buscó extender su organización en la ciudad, mientras que el gobierno ordenó el cateo de muchas casas en busca de armas y de propaganda contra las autoridades civiles. La casa parroquial de la villa de Soledad fue clausurada; su párroco Sebastián Galarza fue acusado de sedición. Jean Meyer consigna que "tuvo que huir disfrazado, y aunque fue puesta a precio su cabeza, siguió ocupándose de la cura de almas, trabajando como mozo de cuadra en una hacienda".

El 27 de ese mismo mes el periódico Acción de la capital potosina informaba: "Gran número de casas fueron cateadas ayer" por empleados del municipio acompañados de gendarmes. Durante esos "días" fueron detenidas varias mujeres que solían dirigir las reuniones secretas en las que se pretendía organizar un boicot contra el gobierno.

Era la primera vez que los gobiernos emanados del movimiento armado iniciado en 1910 se enfrentaban a un sector importante de la sociedad civil por causas que no tenían origen en disputas electorales.

Durante esas "inspecciones" domiciliarias se detuvo a un médico de renombre en la ciudad de San Luis Potosí, el doctor José María Quijano, quien casi tres meses antes había sido uno de los oradores principales en la conmemoración de los 100 años de la Universidad de San Luis Potosí, institución heredada del Colegio Guadalupano Josefino fundado en 1826 y del Instituto Científico y Literario establecido en 1859. El doctor Quijano era ex alumno de dicha institución y había sido director del plantel; ejercía las cátedras de patología general y patología interna en la Facultad de Medicina. Acusado de haber robado objetos propiedad de la nación, debido a que en su casa se encontró la imagen de la Virgen del Carmen, se le dictó acto de formal prisión. La imagen de la Virgen del Carmen fue trasladada del Templo del Carmen a la Catedral, a petición de sus devotos católicos, debido a que el Templo había sido cerrado. El doctor Quijano se defendió afirmando que "hombres desconocidos llevaron envuelta en paños blancos la imagen, sin su consentimiento". Su caso fue resuelto hasta el mes de marzo de 1927, cuando quedó absuelto de los cargos por los que se le acusaba. Sin embargo los hechos en los que se vio involucrado mostraron la completa desconfianza que sentían los católicos hacia las autoridades y su decisión de crear comisiones de ciudadanos que recibieran los templos y se hicieran cargo del cuidado de los mismos. La Virgen del Carmen era una de las imágenes más veneradas por la grey católica y la descripción de lo sucedido mostraba la reacción de los católicos al vincular los hechos de 1926 a la persecución religiosa de los primeros cristianos. Su imaginario histórico los llevaba a expresarse de esa forma y, como en el periodo de las catacumbas, se ocultaban del poder y conservaban las reliquias religiosas como tesoros que había que proteger hasta que llegaran los nuevos tiempos. Estos hechos marcaron el desarrollo de una particular cultura política local en la que convivían el aparente acuerdo práctico con las profundas diferencias: se enterraban los agravios y se aceptaban, en lo indispensable, las demarcaciones de la autoridad. En el fondo se abonaba la desconfianza.

El conflicto religioso (ó la guerra cristera, como se le conoce) se agudizó en 1927 al expandirse con fuerza en las zonas rurales de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Colima, Durango, Zacatecas y regiones de Guerrero. El campo potosino quedó al margen de esa guerra debido a la presencia de Saturnino Cedillo y su ejército de agraristas. Tanto en 1927 como en 1928 hubo algunos brotes cristeros en la zona media, pero fueron rápidamente reprimidos. En 1927, durante los primeros meses del año, una pequeña partida de cristeros que realizaba sus operaciones en torno a la ciudad de Rioverde, comandadas por Jesús Posadas, fue disuelta. Cerca de la ciudad de San Luis Potosí, los agraristas de Cedillo capturaron a otro pequeño grupo dirigido por Ponciano Magallanes. En marzo cayó el general Ignacio Galván, que había sido reclutado por la Liga. Galván no pudo compartir su experiencia revolucionaria que provenía desde 1910 cuando luchó contra Porfirio Díaz, ya que fue vencido por un antiguo amigo suyo y colaborador cercano de Cedillo, Ildefonso Turrubiartes.

En el mes de septiembre de 1927 Cedillo asumió la gubernatura del estado, que prácticamente gobernaba desde la segunda mitad de 1926 al haberse convertido en pieza clave del gobierno de Calles para enfrentar la rebelión de los cristeros en los estados de Guanajuato, Jalisco y en la Sierra Gorda. Cedillo —señala Meyer— "estaba obligado a mantener permanentemente un millar de agraristas en pie de guerra para prevenir los alzamientos siempre posibles; al mismo tiempo hacía poner sordina a la persecución religiosa en su estado, con objeto de pacificar los ánimos".

Cedillo había vencido a las fuerzas del general Rodolfo Gallegos, quien encabezó a los cristeros de Guanajuato, y esa derrota debilitó la revuelta en ese estado. En el interior de San Luis Potosí aprovechó su preponderancia militar para suprimir a contrincantes potenciales como lo hizo en la Huasteca, cuando fusiló a Leopoldo Lárraga, acusándolo de preparar una rebelión en unión de su hermano Manuel. Así consolidaba su poder en una región donde los Lárraga le habían disputado su autoridad. El otro grupo, dirigido por Gonzalo N. Santos, decidió apoyar a Cedillo y aliarse al presidente Calles. En 1926, cuando se manifestó el conflicto religioso, Gonzalo N. Santos, que era diputado en el Congreso de la Unión y de quien se decía localmente que "tiene participación muy activa en la alta política de la nación", declaró públicamente: "Me complace que mi estado esté garantizado por las fuerzas del general Cedillo".

Siendo gobernador, Saturnino Cedillo nombró a Francisco Carrera Torres jefe de Operaciones militares en el estado; el gobierno de Calles aceptó esa disposición que reforzaba la expresión de un poder regional y que en esos meses era estratégico para el gobierno central.

A principios de 1928 fueron ejecutados seis hombres en Armadillo, acusados de rebelión, entre ellos el párroco del lugar que se había opuesto al uso de la violencia en la lucha religiosa.

En julio de 1928 fue asesinado el general Álvaro Obregón. En noviembre del año anterior habían sido fusilados el padre Miguel Agustín Pro y otros católicos acusados de haber atentado contra Obregón. La guerra cristera se intensificó durante 1928 y 1929. La última acción significativa en San Luis Potosí la emprendió Fiacro Sánchez, quien con un grupo de cristeros provenientes de Guanajuato ocupó la población de Rayón, mientras otros descarrilaban dos trenes militares en Cárdenas. Estas fuerzas cristeras fueron reprimidas y sus dirigentes fusilados. En el lapso de unos cuantos meses, las fuerzas de Cedillo terminaron con las vidas de los principales jefes de la rebelión en San Luis: Fiacro Sánchez, Jacinto Loyola y Prudencio Zapata.

En este contexto, Emilio Portes Gil asumió provisionalmente la presidencia de la república y Plutarco Elías Calles promovió la formación del Partido Nacional Revolucionario (PNR). Las tareas políticas del diputado potosino Gonzalo N. Santos le fueron de gran utilidad a Calles para lograr esa propuesta política. Santos se movía en los corredores políticos de la ciudad de México, entre la nueva y creciente burocracia política central, mientras Cedillo recorría los territorios de Jalisco, Querétaro y Guanajuato con sus soldados agraristas para apaciguar la rebelión cristera. Ambos servían al poder de Calles, a la vez que fortalecían sus alianzas con otros grupos.

El gobierno de Portes Gil y el poder de Calles tuvieron que hacer frente a las fuerzas cristeras que habían encontrado un mando más unificado en manos del general Enrique Gorostieta y al mismo tiempo tenían que suprimir la revuelta de varios generales cercanos a Obregón, Manzo, Cruz, Topete y Aguirre, que comandados por el general Escobar se habían levantado contra el gobierno central y particularmente contra el general Calles. Cedillo y el general Almazán unieron sus fuerzas en torno al gobierno e impidieron así que la rebelión escobarista pudiera crecer y pronto los insurrectos fueron dispersados. En abril de 1929 Cedillo, con 8000 agraristas, se dirigió a combatir a los cristeros en Jalisco y, a pesar de algunas derrotas, logró que los rebeldes no tomaran la ciudad de Guadalajara. En el campo de batalla Cedillo aplicó la misma política que había seguido en San Luis Potosí. Jean Meyer refiere que "dio pruebas de una clemencia nueva, evitando el saqueo y suspendiendo las ejecuciones; dejó sentir por doquier que él no odiaba a los cristeros y dejó correr el rumor de que él mismo era católico y combatía a disgusto". Otro historiador de ese periodo, Dudley Ankerson, en El caudillo agrarista. Saturnino Cedillo y la Revolución mexicana en San Luis Potosí, lo confirma:

Al mismo tiempo, Cedillo trató de socavar el levantamiento con medios pacíficos. A diferencia de muchos otros comandantes federales, se negó a fomentar el saqueo y liberó a todos los prisioneros que prometían quedarse en paz. Estaba consciente de que con la ayuda del embajador de los Estados Unidos, Dwight Morrow, el gobierno estaba negociando un arreglo con la jerarquía de la Iglesia y que pronto se requeriría la reconciliación.

Con la muerte en junio de 1929 del general Gorostieta y los acuerdos de paz entre las autoridades eclesiásticas y el gobierno del presidente Emilio Portes Gil, la rebelión cristera declinó casi por completo.

En San Luis Potosí, el 24 de junio se realizó una ceremonia de la que existen testimonios fotográficos. En esas imágenes se ve al presidente Portes Gil, al general Joaquín Amaro, secretario de Guerra y al general Cedillo frente a miles de campesinos armados, los soldados agraristas que comandaba Cedillo. Los campesinos armados regresaban a sus localidades recompensados con parcelas de tierras. En el acto se entregaron títulos ejidales por más de 100 000 hectáreas. Era el poder de Saturnino Cedillo en el estado de San Luis Potosí, su clientela política y su alianza con el poder central. Los agraristas de Cedillo, a diferencia de otros en los demás estados, no entregaron sus armas: eran su ejército y el del poder central, cuando así lo solicitara.

Muchos cristeros de los estados vecinos buscaron refugio en San Luis Potosí. Temerosos de las represalias, se acercaron a la protección del general agrarista. José Goytortúa Santos, escritor potosino, en su novela Pensativa, publicada en 1944, cuyo tema es la estela de la guerra cristera, escribe un diálogo en el que el personaje principal femenino, Pensativa, le dice a Roberto, que indaga sobre su pasado cristero: "Pasaba avisos, periódicos... parque. Cuando murió Carlos me trasladé a San Luis Potosí, donde el general Cedillo dejaba tranquilos a los católicos".

La segunda mitad del año de 1929 no estuvo exenta de conflictos importantes. La campaña que emprendió en julio José Vasconcelos como candidato a la presidencia de la república por el Partido Antirreeleccionista, frente a Pascual Ortiz Rubio, candidato del recién fundado Partido Nacional Revolucionario (PNR), significó una amenaza política seria para el proyecto de Plutarco Elías Calles. La representación civil se levantaba ante el poder político militar. Vasconcelos fue cuidadoso de no alentar una rebelión militar; su propuesta era cívica y aspiraba al cambio por la vía electoral.

La propuesta de Vasconselos de un gobierno en manos de civiles que aplicara un nacionalismo económico para evitar la absorción del país por parte de los estadounidenses, el derecho de la mujer al sufragio, la libertad religiosa y el fortalecimiento del municipio libre eran postulados que compartían sectores de la sociedad potosina, particularmente aquellos vinculados a la Universidad y a la ciudad de San Luis Potosí. El proceso electoral, como las elecciones mismas, estuvieron cargadas de violencia. Vasconcelos mismo acusó a Gonzalo N. Santos de haber asesinado, en la ciudad de México, a simpatizantes de su campaña, entre ellos al estudiante Germán del Campo. En esas elecciones el poder que se aglutinaba en torno a Calles contó con el apoyo del gobierno norteamericano y con la lealtad de los principales jefes militares del país. Los resultados de la rebelión escobarista habían sido una lección reciente; la muerte del general Gorostieta y la paz alcanzada con las autoridades eclesiásticas del país ponían fin a la guerra cristera. La fundación del PNR, que para el presidente saliente Emilio Portes Gil buscaba "disciplinar las tendencias divergentes de los grupos regionales", era el primer paso orgánico de centralización, en el cual se había comprometido Saturnino Cedillo y al que se tuvo que enfrentar Vasconcelos en su campaña de 1929. La vía electoral le había sido cerrada y él mismo había descartado las opciones armadas. Sus simpatizantes se dispersaron. Skirius registra como participantes en su campaña, entre otros, a Vicente Lombardo Toledano, Manuel Gómez Morín, Manuel Moreno Sánchez y Adolfo López Mateos. El autor de José Vasconcelos y la cruzada de 1929 escribió: "El descontento contra Calles y Rubio no va a triunfar por fuera sino por dentro con Cárdenas"

En San Luis Potosí, a pesar de las simpatías que la campaña de Vasconcelos tuvo entre sectores medios y universitarios, la presencia de Cedillo y su reciente papel en el conflicto cristero aseguraron el triunfo del candidato del PNR, Ortiz Rubio. Ankerson afirma que "en las elecciones de 1929 Cedillo echó mano de su control del estado para asegurar el voto casi unánime en favor de Ortiz Rubio".

A cambio de esa alianza, Cedillo puso a su gente en los principales cargos del estado: gobierno, Congreso, autoridades municipales eran asignados por él. En palabras de un universitario de esos años, las simpatías de los estudiantes por Vasconcelos representaban "la repulsa de un oasis de cultura hacia un mar de barbarie". En realidad, era la expresión del campo gobernando la ciudad, de los pequeños propietarios del medio rural, de los jornaleros y campesinos que habían encontrado en el proceso de los movimientos armados que se originaron en 1910 una alternativa de cambio social y político, como en la ya mencionada novela Tierra caliente (1935), de Ferretis. Otros novelistas potosinos también registraron esa movilidad social que produjo la Revolución, como Agustín Vera en La revancha (1930) y José María Dávila en El médico y el santero (1947). Lo cierto es que el general Cedillo había demostrado en ese año de 1929 un instinto político que le permitió fortalecer su dominio regional sin debilitar sus vínculos nacionales. Él fue una pieza fundamental para contener la rebelión cristera a la vez que se convirtió en protector de los católicos que buscaron refugio en San Luis Potosí. Fue gobernador constitucional del estado de 1927 a 1931, el primero de los gobernadores posrevolucionarios en terminar su periodo. Unicamente durante un mes y medio se ausentó para ocupar; en 1931, el cargo de secretario de Agricultura y Fomento en el gabinete de Ortiz Rubio. Su periodo de mayor fuerza coincide con el de Plutarco Elías Calles que, entre 1929 a 1934, fue conocido como el "jefe máximo".

El poder de Cedillo era anterior al que conformaría en el PNR. Su fuerza no estaba en la burocracia que comenzaba a expandirse ni en los sindicatos obreros que se organizaban en las ciudades, sino en sus campesinos que formaban las colonias agrícolas militares, así como en los ejidatarios de la entidad. Durante la década de los veinte demostró su función estratégica: poder regional al servicio del poder central. Su ejército privado era para esos años una excepción, justificada por los acontecimientos nacionales recientes, por su lealtad primero a Obregón y después a Calles. A sus hombres más cercanos los ubicó en los puestos claves en la toma de decisiones del gobierno en San Luis Potosí. La capital formal estaba en San Luis Potosí, la real en Ciudad del Maíz, particularmente en su hacienda de Palomas. Desde ahí ejercía el poder como un patriarca campesino. No tenía un programa de gobierno que impulsara las obras públicas y atendía solicitudes personales, resolvía peticiones, apostaba por determinadas alianzas; su horizonte rural y específicamente el de su localidad no dejó de estar presente. Él y su gente cercana eran el mejor ejemplo de que la Revolución pasó por San Luis Potosí. A diferencia de Villa y Zapata, había sobrevivido y comenzaba a participar en un mundo que en apariencia no cambiaba pero cuyas veloces modificaciones estaban a punto de atraparlo.

Los obreros comenzaron a aglutinarse en torno al PNR y desde allí buscaron que escucharan sus demandas autoridades ajenas a sus propios procesos de organización, intereses y trabajo.

Lenguajes distintos compartían el mismo espacio en el que la lógica de lo local se impuso al ámbito estatal. Así lo muestran los nombramientos que promovió esa clase política que gobernó a su amparo el estado potosino de 1926 a 1936.

El caudillo agrarista que se había convertido en el cacique potosino, el jefe de ejércitos que ganó batallas, al principio con sus tácticas guerrilleras, posteriormente con sus fuerzas regulares, definía la política local a su arbitrio desde su lugar de origen, la hacienda de Palomas. Mandaba sobre un territorio que reproducía una estructura de poder: decenas de caciques en el ejercicio de la autoridad. Mientras en la ciudad de México se intensificaba el proceso centralizador y la institucionalidad política, en San Luis se reforzaban los vínculos entre los diversos jefes que controlaban los municipios y dependían de la voluntad política de Cedillo. Cedillo tomaba dinero para sus gastos particulares directamente del erario público, una práctica que si bien no era excepcional en esos años se sumó en su caso a la ausencia de una política pública que dirigiera el uso de los recursos gubernamentales. Esta conducta le provocó serios problemas. En 1931, los maestros de la capital del estado se quedaron sin sueldo; el gobierno no tenía para pagarles.

En Los rebeldes vencidos. Cedillo contra el estado cardenista Carlos Martínez Assad señala que "como consecuencia de la crisis económica por la que atravesaba el país, éste era un problema más o menos generalizado que incluso alcanzó a los maestros universitarios". Sin embargo, los educadores potosinos iniciaron una huelga y exigieron reivindicaciones. La represión no tardó y se clausuró la imprenta donde se editaron las demandas laborales a la vez que se remplazó a los maestros huelguistas. La Confederación Nacional de Organizaciones Magisteriales (CNOM) apoyó a los maestros potosinos y dio a conocer su lucha en la ciudad de México, a donde se dirigieron los huelguistas. El gobernador Turrubiartes, de común acuerdo con Cedillo, impidió la marcha y arrestó a varios maestros. Algunas mujeres fueron trasladadas a la cárcel de Guadalcázar y los hombres fueron llevados a Palomas para que trabajaran en los caminos y las propiedades de Cedillo. Obreros y estudiantes se movilizaron en San Luis Potosí y protestaron ante las puertas del Palacio de Gobierno.

En la ciudad de México la noticia provocó una enorme indignación. Calles ordenó que se pusiera en libertad a los detenidos y el gobierno federal envió recursos al gobierno de San Luis para pagar a los maestros. La solución del conflicto magisterial en San Luis Potosí se atribuyó finalmente a la influencia de Calles, quien siempre mantuvo ascendiente importante sobre Cedillo, pero éste había logrado atraer la antipatía de actores políticos que actuarían en su contra más adelante. El sector magisterial de avanzada en el país y la prensa nacional serían posiblemente los más importantes". La huelga de los maestros anticipó la naturaleza de los conflictos que irían erosionando el poder cedillista: los trabajadores organizados apoyados por la clase política del centro confrontaron el ejercicio de su mando en San Luis Potosí. Cedillo provenía de una cultura campesina en un estado donde los trabajadores agrícolas sumaban el 83% de la fuerza laboral total, mientras los trabajadores industriales y mineros alcanzaban el 16%. Estos últimos sufrieron las consecuencias de la depresión económica de 1929 ante la caída de los precios de los minerales, así como el retorno de cientos de trabajadores que habían emigrado a los Estados Unidos. Los cedillistas no tuvieron política económica alguna que proponerles para mitigar su situación. Potencialmente eran los aliados de quien se enfrentara al poder del general Saturnino Cedillo.

En el campo, que era su territorio natural de dominio, se habían realizado cambios importantes, 811 800 hectáreas se repartieron para dotar al 25% de los trabajadores agrícolas. A principios de los treintas, se consideraba que San Luis Potosí tenía el mayor número de ejidatarios de los 11 estados del norte y ocupaba el tercer sitio entre los estados con mayor reparto de tierras. Las tierras iban acompañadas de una condición: servir como soldados cuando se les requiriera. En 1929, cuando un funcionario de la CNA preguntó a los habitantes de Milpitas, cerca de Río Verde, por qué no querían tierras, respondieron que se debía a 'la certeza de que con la tierra iban a adquirir también la obligación de servir al gobierno con las armas en la mano y no estaban dispuestos a ser soldados.

En este periodo, en el que coinciden Calles y Cedillo, Gonzalo N. Santos aprovecharía el apoyo del militar potosino para formar sus vínculos en la capital del país y servir como operador de la nueva organización política, el PNR. Sin descuidar los dominios familiares en la Huasteca, pero respetando y subordinándose a la autoridad de Cedillo, Santos hizo una eficaz carrera política entre la nueva burocracia y clase política que comenzaba a gobernar el país. Cuidadoso durante los primeros años de los treinta, no disputó a Cedillo los espacios políticos en el estado. En 1932 los candidatos del PNR ganaron las elecciones locales sin mayores obstáculos, todos con el aval del general Saturnino Cedillo. El único espacio de poder local que tuvo fricciones con su dominio fue el poder judicial, que en 1933 decidió suspender sus tareas como respuesta a la intromisión del gobernador Turrabiartes.

Cedillo se mantuvo en el papel de gran árbitro; detrás de las arbitrariedades de los suyos, aparecía para solucionar los problemas cuando se agudizaban; éste era el ejercicio cotidiano de su cacicazgo.

El presidente Ortiz Rubio (1930-1932) fue sustituido por el general Abelardo Rodríguez (1932-1934). Estos cambios eran consecuencia de las políticas del jefe máximo, Plutarco Elías Calles. Ese año de 1932 fue conflictivo ya no sólo en los aspectos políticos, sino sobre todo en los económicos. Las caídas de los precios afectaron las economías sostenidas en la minería y la agricultura, como la potosina. En esas condiciones, el gobierno central pretendió reactivar la política agraria y creó el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización; además, el PNR dio a conocer un Plan Sexenal (1934-1940), que fijaba los grandes lineamientos a seguir en todo el país. En la implantación de medidas más radicales en el campo participó un político potosino que había sido afectado por el mismo Cedillo, Graciano Sánchez, colaborador del ex gobernador

Aurelio Manrique. Graciano Sánchez promovía la candidatura para la presidencia de la república de alguien que impulsara la reforma agraria. Cedillo no descuidó su participación en la elección del candidato del PNR a la presidencia y, descartándose él mismo, ofreció su apoyo al general Lázaro Cárdenas, avaló su candidatura ante Calles y junto con Portes Gil celebró un congreso agrario en San Luis Potosí para lanzar a Cárdenas.

Su gobierno se caracterizó por el ascenso de las fuerzas revolucionarias. Se organizaron los movimientos obrero y campesino: Confederación Nacional Campesina (CNC) y Confederación y Trabajadores de México (CTM), como única organización obrera. Se constituyó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), medida por la que los empleados públicos abandonan sus nexos con la CTM. Organizadas las fuerzas sociales, Cárdenas crea en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que queda estructurado con los sectores obrero, campesino, militar y popular (burócratas), supeditados al Estado y al Poder Ejecutivo en particular.

Cárdenas resolvió la crisis de autoridad expulsando en 1936 al "jefe máximo" de la nación, Plutarco Elías Calles, por conspiración contra el gobierno. Reforzó el presidencialismo y con la creación del nuevo partido diseñó las estructuras políticas y económicas que funcionarían sin mayores contingencias finales de los años ochenta.

El lema del PRM fue: "por una democracia de trabajadores" y en la declaración de principios está la idea del proyecto de nación: reconocimiento del derecho de huelga y apoyo a los obreros, colectivización de la agricultura, intervención del Estado en la economía nacional y en la educación; igualdad política social de la mujer, garantía de libertades para los indígenas, seguro social, control de precios, construcción de viviendas populares, la no intervención en los asuntos de otras naciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el combate a cualquier forma de opresión y el fascismo, que ya había asomado su cabeza en el horizonte internacional y que en el interior del país esta representado, desde 1937, por la Unión Nacional Sinarquista.

Contra los postulados radicales del PRM se unen los partidos contrarios existentes entonces y los que se constituyeron después, especialmente el Partido de Acción Nacional (PAN), formado en 1939 a iniciativa del destacado intelectual Manuel Gómez Morín, Miguel Estrada Iturbide y otros más (este partido obtuvo su registro oficial en 1948).

Con respecto a la Iglesia, Cárdenas mantuvo una política de conciliación, pero la alejó sin perseguirla, mediante la educación socialista. Puso en marcha La Reforma Agraria a través de repartos masivos de tierra a los campesinos. Del 1° de diciembre de 1934 al 31 de agosto de 1940 se otorgaron al campesinado un total de 18,352,275 hectáreas. Por el Nuevo Código Agrario (1940) se autorizó el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales.

En 1937 nacionalizó los Ferrocarriles Nacionales y en 1938 se expropiaron los trenes de las compañías petroleras extranjeras.

Durante su administración se crearon la Comisión Federal de Electricidad, los departamentos de Turismo, de Prensa y Publicidad, la Secretaría de Asistencia Pública (1938), el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil (1937); los bancos de Crédito Ejidal y Nacional Obrero de Fomento Industrial, así como el Tribunal Fiscal de la Federación. Su obra educativa fue muy importante.

Además del interés que puso en las escuelas primarias y las regionales campesinas, creó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el Instituto Nacional de Psicopedagogía; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indigenista. Cárdenas convirtió el Castillo de Chapultepec en museo y traslado de ahí a Los Pinos la residencia presidencial. Clausuró las casas de juego. Abrió las puertas a los refugiados republicanos españoles (más de 40,000) y a otros perseguidores políticos europeos y americanos.

Los hechos que suelen registrarse como los más relevantes de la gestión de Cárdenas fueron la Expropiación Petrolera en 1938 -acontecimiento de la mayor trascendencia para el nacionalismo mexicano-, que se aplicó contra las compañías extranjeras del ramo y que dio lugar a la fundación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos; la aplicación más decidida -antes y después de su gobierno- de la Reforma Agraria; así como la creación del Instituto Politécnico Nacional y de La Casa de España en México, luego transformada en El Colegio de México. Por lo demás, el recibimiento de los exiliados republicanos españoles resultó estratégico para el enriquecimiento del medio cultural del país, pues entre ellos se encontraban importantes intelectuales y artistas que se arraigaron en el país.

GOBIERNOS CONSOLIDADORES

Lázaro Cárdenas (1934-1940)

Su gobierno se caracterizó por el ascenso de las fuerzas revolucionarias. Se organizaron los movimientos obrero y campesino: Confederación Nacional Campesina (CNC) y Confederación y Trabajadores de México (CTM), como única organización obrera. Se constituyó la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), medida por la que los empleados públicos abandonan sus nexos con la CTM. Organizadas las fuerzas sociales, Cárdenas crea en 1938 el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) que queda estructurado con los sectores obrero, campesino, militar y popular (burócratas), supeditados al Estado y al Poder Ejecutivo en particular.

Cárdenas resolvió la crisis de autoridad expulsando en 1936 al "jefe máximo" de la nación, Plutarco Elías Calles, por conspiración contra el gobierno. Reforzó el presidencialismo y con la creación del nuevo partido diseñó las estructuras políticas y económicas que funcionarían sin mayores contingencias finales de los años ochenta.

El lema del PRM fue: "por una democracia de trabajadores" y en la declaración de principios está la idea del proyecto de nación: reconocimiento del derecho de huelga y apoyo a los obreros, colectivización de la agricultura, intervención del Estado en la economía nacional y en la educación; igualdad política social de la mujer, garantía de libertades para los indígenas, seguro social, control de precios, construcción de viviendas populares, la no intervención en los asuntos de otras naciones, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y el combate a cualquier forma de opresión y el fascismo, que ya había asomado su cabeza en el horizonte internacional y que en el interior del país esta representado, desde 1937, por la Unión Nacional Sinarquista.

Contra los postulados radicales del PRM se unen los partidos contrarios existentes entonces y los que se constituyeron después, especialmente el Partido de Acción Nacional (PAN), formado en 1939 a iniciativa del destacado intelectual Manuel Gómez Morín, Miguel Estrada Iturbide y otros más (este partido obtuvo su registro oficial en 1948).

Con respecto a la Iglesia, Cárdenas mantuvo una política de conciliación, pero la alejó sin perseguirla, mediante la educación socialista. Puso en marcha La Reforma Agraria a través de repartos masivos de tierra a los campesinos. Del 1° de diciembre de 1934 al 31 de agosto de 1940 se otorgaron al campesinado un total de 18,352,275 hectáreas. Por el Nuevo Código Agrario (1940) se autorizó el establecimiento de ejidos ganaderos y forestales.

En 1937 nacionalizó los Ferrocarriles Nacionales y en 1938 se expropiaron los trenes de las compañías petroleras extranjeras.

Durante su administración se crearon la Comisión Federal de Electricidad, los departamentos de Turismo, de Prensa y Publicidad, la Secretaría de Asistencia Pública (1938), el Departamento Autónomo de Asistencia Infantil (1937); los bancos de Crédito Ejidal y Nacional Obrero de Fomento Industrial, así como el Tribunal Fiscal de la Federación. Su obra educativa fue muy importante.

Además del interés que puso en las escuelas primarias y las regionales campesinas, creó el Consejo Nacional de Educación Superior y de la Investigación Científica, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el Instituto Nacional de Psicopedagogía; el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional Indigenista. Cárdenas convirtió el Castillo de Chapultepec en museo y traslado de ahí a Los Pinos la residencia presidencial. Clausuró las casas de juego. Abrió las puertas a los refugiados republicanos españoles (más de 40,000) y a otros perseguidores políticos europeos y americanos.

Los hechos que suelen registrarse como los más relevantes de la gestión de Cárdenas fueron la Expropiación Petrolera en 1938 -acontecimiento de la mayor trascendencia para el nacionalismo mexicano-, que se aplicó contra las compañías extranjeras del ramo y que dio lugar a la fundación de la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos; la aplicación más decidida -antes y después de su gobierno- de la Reforma Agraria; así como la creación del Instituto Politécnico Nacional y de La Casa de España en México, luego transformada en El Colegio de México. Por lo demás, el recibimiento de los exiliados republicanos españoles resultó estratégico para el enriquecimiento del medio cultural del país, pues entre ellos se encontraban importantes intelectuales y artistas que se arraigaron en el país 

Manuel Avila Camacho (1940-1946)

Su gobierno se inicia en un ambiente de malestar provocado por la implantación del la educación socialista, y por la impugnación de las elecciones, calificadas por algunos de fraudulentas. En el ámbito internacional ya se había iniciado la Segunda Guerra Mundial, que en ese año ya prometía ser lo que sería después. En esa coyuntura, la política de unidad nacional aplicada por él era la única factible para conciliar el país.

A pesar del retroceso que significó para los antiguos revolucionarios el gobierno de Avila Camacho, éste hizo obras en beneficio de las mayorías populares; entre ellas, la creación del Seguro Social Mexicano (1943), que provocó fuerte oposición por los grupos patronales. Formado con aportaciones estatales, patronales y de los trabajadores, el Seguro Social ha sido y es una de las instituciones claves para asegurar las condiciones de vida de los trabajadores del país.

Para poner fin a las pugnas intergremiales fundó el Consejo Nacional Obrero y fueron importantes para la protección de los trabajadores la creación de la Nacional Reguladora y Distribuidora, encargada de abastecer a la población con productos de primera necesidad, así como, la congelación de las rentas de casas.

Introdujo medidas para abatir el costo de la vida; control de precios de los artículos básicos y salarios de emergencia.

Durante su gobierno, y a resultas de una nueva legislación agraria, se amplió la extensión de la Parcela Ejidal hasta 6 hectáreas y se prosiguió con el reparto agrario (6 millones de hectáreas). Fueron beneficiadas más de 683,000 hectáreas con obras de irrigación, suma considerable que triplicó la realizada en este rubro durante los años de 1926-1940.

Promulgó una nueva Ley Electoral (1945) que reguló la existencia de los partidos políticos, creó un Consejo del Padrón Electoral y una Comisión de Vigilancia y estableció los requisitos para el registro de los partidos. En materia internacional declaró la guerra a los países del Eje, ligando la suerte del país a las democracias. Toda su política fue de marcada nota civilista.

El presidente Avila Camacho consiguió también logros en el ramo de la educación, muy en especial cuando el escritor Jaime Torres Bodet asumió la titularidad de la Secretaría de Educación Pública (1943-1946). Se desplegó una amplia campaña en contra del analfabetismo (50% de la población) con signos de tarea nacional. Fueron obra de su mandato la creación del Instituto de Cardiología, el Observatorio Astrofísico de Tonanzintla y El Colegio Nacional, institución dedicada a la divulgación del saber científico y humanístico, que quedó en manos de los hombres más destacados de México en ciencia, filosofía, letras y artes.

La tarea para reformar la educación no fue fácil por cuanto el sistema educativo había entrado en crisis desde 1941 por el conflicto que se dio en torno al sentido y alcance de la educación socialista. Separados de la titularidad de la Secretaría de Educación Luis Sánchez Portón y Octavio Véjar Vázquez, en 1944 asume el cargo el escritor Jaime Torres Bodet, antiguo miembro del destacado grupo de escritores conocido como "Los Contemporáneos", quien propuso una política de "educación para la paz, para la democracia y para la justicia social". Gradualmente se llegó al final de su gestión a la reforma del Artículo 3° Constitucional, que puso fin a la educación socialista (diciembre de 1946).

Durante el Gobierno de Manuel Avila Camacho se concedió un nuevo matiz a la Revolución, inclinándose hacia el civilismo. Suprimió el sector militar del Parido de la Revolución Mexicana, partido que desde 1946 se identificó como Partido Revolucionario Institucional (PRI), y que promovió la designación como candidato a la Presidencia al abogado Miguel Alemán. Con Avila Camacho se inicia el proceso de modernización económica de México, luego de la fase de institucionalización de la Revolución.

Miguel Alemán (1946-1952)

Inició su gobierno con un programa de industrialización, cuya nota fue una franca apertura al capitalismo internacional. Con él cambia el rumbo respecto a la Revolución, se da una ruptura con los gobiernos anteriores. Estos cambios de estrategia se engloban en lo que el político Antonio Carrillo Flores definió como la "Teoría del péndulo", que la practicarán todos los gobiernos posrevolucionarios, pero sin modificar el edificio político, social y económico creado por Lázaro Cárdenas. Conviene subrayarlo porque perduró, con sus diversas crisis, hasta los años 80 y contribuyó a la creación de la burguesía nacional y las clases medias, a la integración nacional y cultural de México.

En lo económico, se tradujo en un modelo de desarrollo de sustitución de importaciones y en lo político, en un fuerte presidencialismo, apoyado por un partido único identificado con el Estado paternalista, erigido en garante y responsable de la vida de la nación.

El modelo funcionó mientras existió un equilibrio entre la política y la economía. El estado intervino, de manera activa, con grandes inversiones en las áreas de la economía. Creó un mercado interno, protegido con facilidades fiscales y crediticias a la industria nacional; a su vez desarrolló una avanzada política de seguridad social (salud, educación, legislación laboral) y puso en práctica un sistema de subsidios de corte popular para favorecer a las sectores más desprotegidos.

Alemán fue el primer presidente mexicano en hacer una visita oficial a Washington. También recibió en México al presidente estadounidense Harry S. Truman.

Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958)

El modelo del régimen de Miguel Alemán siguió funcionando con Adolfo Ruiz Cortines y sobre todo con Adolfo López Mateos (1958 - 1964). Con el primero, aun devaluado el peso, el crecimiento industrial tuvo una tasa promedio de 8%. Con López Mateos los avances fueron significativos, como en el ritmo de crecimiento económico, que mantuvo el Producto Interno Bruto (PIB) al 7% anual.

Fue un gobierno discreto, que no hizo programas ni obras espectaculares, salvo en el terreno de la irrigación donde destaca la Presa Falcón sobre el Río Bravo, un producto internacional entre México y Estados Unidos que favoreció a los dos países (1953). En general se destacó por la austeridad política, de algún modo compensatoria respecto del régimen de Miguel Alemán, que le heredó una grave inflación e impugnaciones acerca de la posible deshonestidad de ciertos sectores del gobierno. El primer mal lo solucionó devaluando el peso, que pasó de 8.50 a 12.50; y el segundo, imponiendo moralidad a su mandato. Así, por ejemplo, fue el primer presidente en hacer su declaración de bienes al inicio de su gestión presidencial.

Expropió los latifundios extranjeros de Cananea (Sonora) y otros más de Coahuila y Chihuahua. Puso en práctica un Programa de Progreso Marítimo ("Marcha al mar"), con el mejoramiento de 70 puertos. Fomentó fuentes de trabajo y consiguió un aumento de la producción industrial de un promedio anual de 8%.

Duplicó durante su administración la red de camiones federales y estatales y se instalaron nuevas refinerías. No obstante los buenos resultados de la política económica, creció la emigración de trabajadores mexicanos a Estados Unidos. Por otra parte, fue importante la labor desarrollada en el Distrito Federal por Ernesto P. Uruchurtu, Jefe del Departamento de 1952 a 1958.

En el orden político, concedió el voto a la mujer (1953). Su labor educativa fue limitada y sus esfuerzos se dirigieron hacia los estados, donde trató de reactivar las Misiones Culturales y crear Centros Tecnológicos Regionales. A pesar de las campañas de alfabetización, emprendidas por Jaime Torres Bodet en 1944, no se había logrado abatir el analfabetismo, que representó todavía un 42%.

En el período de Ruiz Cortines se suscitan importantes movimientos gremiales y sociales (electricistas, telefonistas, telegrafistas y maestros).  

Adolfo López Mateos (1958-1964)

Los avances del gobierno de López Mateos fueron muy significativos. Nacionalizó los recursos eléctricos y amplió la legislación obrera con la puesta en funcionamiento de la participación de los trabajadores en las utilidades (ganancias) de las empresas, como parte del artículo 123 de la Constitución. Extendió los beneficios del Seguro Social a las fuerzas armadas y a los cañeros y redujo considerablemente el saldo de la balanza comercial. El crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto) fue, en promedio anual, del 7%.

López Mateos dio importancia prioritaria a la educación que había entrado en crisis en el sexenio anterior. Redactó un Plan de once años para planear el rubro de acuerdo con las necesidades y características de la población en constante crecimiento. Se construyeron durante su administración 23,284 nuevas aulas y creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (1959).

Para castellanizar a la población escolar indígena entró en funcionamiento el servicio de promotores culturales, se puso en marcha el reparto de desayunos escolares mediante la creación del Instituto Nacional de Protección a la Infancia (1961), y se extendió muy especialmente la educación a los sectores rurales, enfocada hacia el trabajo práctico. Se crearon el Centro de Capacitación para el Trabajo Rural y el Consejo Nacional de Fomento de los Recursos Humanos para la Industria. Se fomentó el desarrollo de universidades en los estados y en la capital, y la construcción de museos, como el Nacional de Antropología, que recapitulaban las principales etapas históricas de México.

La labor desplegada por Jaime Torres Bodet, como secretario de la Secretaría de Educación Pública, se tradujo en un descenso del analfabetismo hasta llegar al 28.91% respecto de la población total del país; cifra de abatimiento aparentemente modesta, pero considerable si se la compara, por ejemplo, con la que privaba en 1950: 43.48%.

Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970)

Puso énfasis en la administración pública, en la relación entre el gobierno y las empresas descentralizadas, en el control de los contratos de obras públicas. La Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) se transformó en un organismo público descentralizado. Promulgó la Ley General de Bienes Nacionales y por primera vez en la historia los ingresos y gastos de las principales empresas estatales y descentralizadas fueron incluidas en el presupuesto de Egresos de la Federación. Modificó el Impuesto sobre la Renta para gravar los ingresos globales de las personas físicas y morales. Impulsó los sectores agropecuario (aumentó el valor de las cosechas, sobre todo de trigos enanos) e industrial (eléctrica y minería).

Para crear fuentes de empleos, se autorizó la libre adquisición de maquinaria y materias primas, indispensables para la exportación de los artículos fabricados. En los años 1965-1970, el 75% de la inversión federal se destinó a la industrialización e infraestructura económica; el 23,5% al bienestar social y el 1.5% a defensa y administración. La tasa media de incremento anual del PIB fue de 7%. Díaz Ordaz estableció por primera vez los salarios mínimos profesionales.

Díaz Ordaz dio vigencia también a una nueva legislación laboral: La Ley Federal del Trabajo. En el rubro de la educación su labor se vio disminuida por el explosivo crecimiento demográfico, Así y todo al final de su gobierno existían 21,400 centros de alfabetización y 1,163 teleaulas, novedad de su régimen. Su gobierno se vio perturbado por la huelga de los médicos residentes del Hospital "20 de Noviembre" (1964), por demandas de tipo económico. El movimiento fue apoyado por 66 instituciones de salud de la capital y por los estudiantes de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional.

En 1968, a raíz de otros hechos, surgirían conflictos estudiantiles previos a la realización de las Olimpiadas que ese año se organizarían con gran éxito en el país. Coincidente con lo que ocurría en otros lugares del mundo, se generó un movimiento universitario que, no sin un costo significativo en represión, marcó las pautas para un cambio gradual, de serias repercusiones políticas para el Gobierno, que iniciaría un cambio en las relaciones que desde los años 70 se ha observado entre el Estado y la sociedad mexicanos.

Desde un punto de vista cultural, se abriría entonces otra etapa para el país, especialmente para los jóvenes de la propia generación del 68, pero también para los de las siguientes generaciones. Apertura ideológica -a menudo en conflicto con la autoridad presidencial-, interés crítico, creatividad, proliferaron muy marcadamente durante los años siguientes y todavía hoy se percibe el eco de las corrientes artísticas y culturales a las que entonces se dio lugar.

Luis Echeverría Alvarez (1970-1976)

Comenzó su mandato en una coyuntura política desfavorable. En el país no se habían restañado los efectos producidos por la ruptura política de 1968, y en el exterior comenzaban a darse en la economía mundial los primeros síntomas del proceso inflación-recesión, que culminarían en una crisis en 1973. La repercusión inmediata del fenómeno mundial se expresó en una rápida elevación de precios, escasez de circulante, desempleo y escasa inversión privada.

El signo del gobierno echeverrista quedaría determinado por esos fenómenos. Este incrementó la inversión pública en los sectores estratégicos de la economía nacional: petróleo, energía eléctrica, infraestructura portuaria y caminos.

La reducción de las exportaciones y el aumento de las importaciones de máquinas y equipos, imprescindibles para la modernización tecnológica de las industrias mexicanas, aumentaron el déficit del presupuesto federal y aceleraron el endeudamiento externo. La deuda externa alcanzó la cifra de 20,000 millones de dólares durante su gestión y la tasa de inflación fue del 27% en 1976, último de su sexenio, que acabó sus días con la devaluación del peso (31 de agosto de 1976). Este fenómeno fue grave porque México había mantenido su paridad (12.50 por dólar) desde 1954.

Echeverría dio un sesgo populista a su gobierno y atacó a los empresarios que, a decir de él, habían amasado fortuna poniendo sus intereses personales por encima de la nación. Creó el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT) y el Instituto Mexicano de Comercio Exterior, en beneficio de las empresas exportadoras. Promovió una legislación de estímulos a la iniciativa privada. Inició un proceso de administración pública que contemplaba el control por parte del estado de los organismos descentralizados y empresas de participación estatal, cuyo número ascendió entonces a 740.

Creó las secretarías de Turismo y de la Reforma Agraria (antes departamentos). Dio un estilo muy personal a su régimen, que provocó controversias, pues entró en confrontación directa con grupos empresariales y miembros del propio sistema político. Usó un discurso progresista y durante la mayor parte de su período de gobierno no puso restricciones a la libertad de expresión (sin embargo, en 1976 promovería un abrupto cambio de dirección en un importante diario nacional). Al mismo tiempo fue un duro combatiente de la oposición armada que se había generado luego de la derrota del Movimiento Estudiantil de 1968. Ejerció la crítica contra Estados Unidos y fue solidario con las causas democráticas de otros países. Dio asilo político a más de 1,000 chilenos perseguidos por el régimen golpista de Augusto Pinochet, así como a numerosos argentinos y uruguayos que también padecieron persecución política en sus países.

Llevó la voz de México a los foros internacionales y fue promotor de la causa de las naciones del Tercer Mundo. Pugnó en esos foros por un nuevo orden económico mundial, basado en relaciones de justicia. Fue autor de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados, aprobada en 1974 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Logró la fundación del SELA (Sistema Económico Latinoamericano) organismo destinado a desarrollar la economía de los países de la zona. En 1975 rompió las relaciones con la España de Franco a raíz del asesinato a garrote vil de 5 jóvenes guerrilleros vascos y dio carta de naturalización a los descendientes de los trasterrados españoles que residían en México.

Se manifestó por la suspensión de sanciones a Cuba. En el rubro educativo impulsó la fundación de escuelas agropecuarias, el Colegio de Bachilleres, la Universidad Autónoma Metropolitana y el Centro de Estudios del Tercer Mundo.

José López Portillo (1976-1982)

El gobierno del Presidente López Portillo inició y concluyó en un ambiente de crisis, si bien durante algunos años se vivió una situación de prosperidad, gracias sobre todo al auge de los ingresos y los empréstitos originados en la explotación petrolera.

El antiguo esquema de desarrollo acelerado llegó a su fin. Las estructuras de éste, inalterables desde los años 40, ya no correspondían a las nuevas exigencias de la economía mundial. López Portillo parecía vislumbrar con claridad los cambios internacionales, puesto que al tomar posesión de la Presidencia prefiguró un escenario que viviría más tarde el país: "...problemas mundiales y necesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impusieron una realidad insoslayable: inflación complicada después con recesión y desempleo".

López Portillo, aprovechando la coyuntura internacional (ascenso espectacular del precio del petróleo en 1973, que duró hasta principios de los años ochenta), orientó en gran medida la economía a la explotación de hidrocarburos, con lo que obtuvo recursos para financiar un desarrollo acelerado, mediante grandes empréstitos de la banca internacional.

El crudo se convirtió en el principal renglón de exportación (71%) y el ingreso más fuerte del sector público federal (43%). La tasa de crecimiento de la economía superó a la de la población, con lo que quedaba resuelto el problema del empleo. Pero la mono-exportación alentada por el Estado, traería consecuencias hacia 1981, dado que no cambiaba los lineamientos de su política económica.

La deuda externa que en un principió se contrató para expandir la plataforma petrolera, ahora se contrataba para financiar el pago del servicio de la misma. Comenzó la fuga masiva de capitales y la primera reestructuración de la deuda, problema que se convirtió en nacional (1982), como nacionales fueron los efectos de la política de austeridad que hubo que implantar. La reestructuración de la deuda se heredó al siguiente gobierno, que hizo de ella uno de los objetivos básicos de sus políticas.

Cuando López Portillo nacionalizó la banca (1982) la inflación era de un 98.8% anual y la deuda externa alcanzaba la cifra de 66,000 millones de dólares. A raíz de la nacionalización-estatización se creó un conflicto grave con la clase empresarial. Se planteó el problema de los límites del derecho del Estado a intervenir en la vida económica del país.

Miguel de la Madrid (1982-1988)

La elevada inflación, la gran magnitud de la deuda externa, y el conflicto de la nacionalización bancaria que enfrentó el nuevo gobierno, hicieron que las estrategias económicas de Miguel de la Madrid se enfocaran a controlar el proceso inflacionario y a reestructurar la deuda externa.

Se aplicaron políticas coincidentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), tendientes a reducir el gasto público mediante el adelgazamiento del Estado (las 1,155 empresas paraestatales se reducen a 697), y a controlar los salarios. Conforme a esos lineamientos, se diseñó un programa económico de bloques para asegurar el apoyo de los obreros, campesinos y empresarios en su tarea de superar la crisis. Acontecimientos de gravedad ocurridos durante el período fueron la caída de los precios internacionales del petróleo y los terremotos de septiembre de 1985, que devastaron la Ciudad de México.

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)

El presidente Carlos Salinas de Gortari profundizó la política de su antecesor, que en buena parte había sido diseñada por él desde la Secretaría de Programación y Presupuesto, a su cargo durante el gobierno de Miguel de la Madrid. La meta de su gobierno fue la modernización del país para incorporarlo a un mercado internacional cada vez más dinámico y abierto, y adecuarlo a las condiciones de la economía mundial: libertad de precios, apertura comercial, liberación de las relaciones laborales y disminución del papel del estado en la economía y en la sociedad.

Para conseguir el paso de una economía de mercado cerrado y protegido a otra de mercado abierto al mercado internacional, Salinas tuvo que modificar las bases no sólo económicas, sino políticas y jurídicas del Estado mexicano. Privatizó la banca y procedió a la venta masiva de numerosas empresas paraestatales. En 1990 se renegoció la deuda externa con la banca internacional.

Por medio de reformas a la Constitución, se dio un giro a la política gubernamental y al propio perfil del Estado. Por ejemplo, a través del artículo 130, se reconoció jurídicamente a las iglesias; y, con la reforma al 27, la más debatida, se modificó el régimen de propiedad en el campo y los procesos de organización y producción agrícolas. Con el cambio se transformó la propiedad social del ejido y la comuna en individual, permitiendo a los ejidatarios el derecho sobre sus parcelas, que podrían ser vendidas o rentadas a partir de la nueva legislación. Salinas de Gortari puso así fin a la Reforma Agraria tradicional y a la economía mixta, a las estructuras del antiguo modelo benefactor que había funcionado durante medio siglo. Como elemento compensatorio, instrumentó el programa asistencial y de promoción del desarrollo denominado "Solidaridad", de vasta repercusión en el medio rural y en los sectores sociales de mayor pobreza. Modificó los controles corporativos sobre la sociedad y dio paso al inicio de una competencia pluripartidista y a un cambio profundo en la relación entre Estado y sociedad.

Con la firma del Tratado de Libre Comercio (1994), se hizo posible la inserción de México en el bloque económico más importante del mundo (Estados Unidos y Canadá) y se alcanzó una de las metas gubernamentales clave del período: establecer un nuevo modelo de desarrollo económico, de abierta competencia en el escenario internacional.

El cambio en el modelo de desarrollo, si bien necesario, vulneró sectores nacionales de pequeña y mediana empresa que no estaban en condiciones de entrar en ese proceso de abrupta competencia externa. Por otro lado, al poner fin al cooperativismo, con frecuencia los trabajadores quedaron al margen de la protección del Estado y de sus propias organizaciones. El modelo planteó la necesidad de una política de estímulos a la industria nacional y de distribución del ingreso de mayor beneficio social.

El fin del período de Salinas de Gortari se caracterizó por sucesos de gran impacto político, como la aparición de un movimiento armado indígena en el estado de Chiapas (Ejército Zapatista de Liberación Nacional), la creciente presencia de las organizaciones opositoras (partidos, asociaciones, organizaciones no gubernamentales); y el asesinato de prominentes personajes políticos, contextualizado en la lucha de grupos criminales organizados. La competencia entre partidos se intensificó. No obstante, la modernización económica fue mucho más acelerada que la modernización política. La Reforma del Estado, que figuró como una premisa del proyecto de gobierno, apuntó con preeminencia a los aspectos económicos y administrativos.

Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000)

Inició su gestión con una devaluación importante del peso mexicano. Asumió y aceleró las transformaciones del sistema político y de la Reforma del Estado anunciadas durante el régimen del presidente Salinas.

Los puntos centrales de su gobierno han consistido en un riguroso control de la inflación y del gasto público; un reordenamiento de la economía, un pago escrupuloso de la deuda externa y una política selectiva de fomento a la industria y al comercio, en la que han destacado los estímulos a la actividad exportadora.

En lo político, en 1995 el presidente Zedillo suscribió un pacto con los principales partidos del país para llevar a cabo una reforma electoral y política (poderes públicos, federal y régimen del Distrito Federal). Como consecuencia, el Instituto Federal Electoral (IFE) se separó del Poder Ejecutivo Federal y adquirió autonomía, como garantía de imparcialidad en el manejo de los asuntos electorales. En las elecciones de 1997, organizadas y vigiladas por ese organismo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdió la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y el control en el Distrito Federal, que pasó a ser gobernado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Se creó así una nueva correlación de fuerzas. En la Cámara de Diputados (LVII Legislatura), a partir de 1997 y hasta agosto de 2000, predominó la oposición con 261 escaños contra 239 del PRI. De los 261, 125 correspondieron al PRD; 121 al Partido Acción Nacional (PAN); 8, al Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) y 7, al Partido del Trabajo (PT). En el Senado, el PRI tuvo la mayoría: 77 senadores contra 33 del PAN, 16 del PRD, 1 del PT y 1 del PVEM (en realidad, cambios de partido de algunos representantes, modifican las cifras originales).

En 1998 entró en vigencia la Ley de Participación Ciudadana. Además, con el reajuste de las fuerzas políticas, y el mejoramiento sustancial de las instituciones electorales y sus procedimientos, Ernesto Zedillo entregará la Presidencia en diciembre de 2000, con base en la elección más abierta y más competida en la historia de México. Con las elecciones de julio de 2000, el panorama que se abrió fue inédito, al ganar la Presidencia el Partido Acción Nacional y su candidato Vicente Fox (primera vez desde 1929 que el Partido Revolucionario Institucional pierde esa importante posición). En la promoción de un proceso legal y pacífico ha radicado una de las principales aportaciones del gobierno zedillista.

Los retos que se presentan al término del sexenio son entre otros, una transición al nuevo período de gobierno sin desequilibrios financieros y una consolidación de la reforma política con estabilidad y paz social. Aspectos sobresalientes para el siguiente gobierno son la consolidación de los logros alcanzados hasta hoy en el nivel macroeconómico, y la intensificación de políticas de redistribución del ingreso, desarrollo regional y social más equilibrado; y combate a la inseguridad pública y el narcotráfico.

Vicente Fox Quesada (2000-actual)

Vicente Fox asumió la presidencia con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente de México. Sin embargo muy pronto, su popularidad se vio minada tras promover en vano una reforma fiscal que contemplaba el aumento de impuestos al consumo, lo cual contradecía una de sus propuestas de campaña. Si bien es cierto que la reforma contaba con el respaldo de los especialistas y la comunidad internacional, su supuesta falta de coherencia y seriedad como estadista fue explotada por sus opositores políticos, quienes le propinaron un serio revés en las elecciones federales del año 2003, arrebatando a su partido un importante número de escaños en el Congreso de la Unión y en los gobiernos estatales.

Aunque su figura como presidente ha sido atacada de manera constante por sus opositores y algunos sectores intelectuales (principalmente de izquierda), a mediados del año 2004 Fox todavía disfrutaba de un importante respaldo de los ciudadanos en las encuestas de opinión. Su gobierno se ha destacado por combatir la corrupción en el gobierno federal, por difundir cifras, datos e información oficial antes reservada y por promover (aunque sin éxito) cambios estructurales en la constitución mexicana que faciliten el crecimiento económico sostenible. Sin embargo, también se ha caracterizado por sus problemas para alcanzar acuerdos importantes con otras fuerzas políticas, por incluir elementos ultraconservadores entre sus secretarios de estado y otros asesores y, a nivel personal, por su falta de mesura en algunas declaraciones.

El 2 de julio de 2001, justo al cumplirse un año de su última victoria electoral y un aniversario más de su nacimiento, Vicente Fox sorprendió a la opinión pública al contraer segundas nupcias por la vía civil con su ex portavoz, la Sra. Marta Sahagún Jiménez, una antigua colaboradora en Guanajuato y quien acababa de recibir la nulidad de su primer matrimonio en el año 2000.

CONCLUSIÓN.

En el presente trabajo analizamos cada uno de las épocas que a lo largo de la Historia mexicana, han hecho llegar a nuestro país al estado de política actual.

No ha sido fácil, ya que ha sido necesaria la lucha y el esfuerzo de cada uno de los “héroes” o personajes que se han esforzado por obtener una política firme, ahora sólo queda seguir luchando por la estabilidad del país, para no destruir lo que se ha logrado hasta ahora con el esfuerzo de quienes contribuyeron a llegar a nuestra política actual.

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“Historia patria”

1 edición

Editorial: Mc Graw Hill

1998, México

Enrique Serna

“México, un pueblo en la historia”

2 edición

Editorial: Alianza Editorial Mexicana

1990, México

Fernando R. Sandoval

“Historia Crítica del Estado Mexicano”

1 edición

Editorial: Porrúa

2001, México

1. México, razón de ser, Álvaro Villagrán Ochoa

2. México, razón de ser, Álvaro Villagrán Ochoa

4. “El Estado y los partidos políticos en México” Pablo González Casanova

3. Historia Mexicana. Amalia López Reyes.

5. México, razón de ser, Álvaro Villagrán Ochoa