Guadalupe Victoria, del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1829. Fue el primer Presidente de la República Mexicana por elección popular. En su mandato se le dio carácter jurídico a la sede de los poderes nacionales, creándose así el Distrito Federal.

Vicente Guerrero, del 1° de abril de 1829 al 17 de diciembre de 1829. Dio un plazo de 60 días a los españoles para abandonar la República.

José María Bocanegra, del 18 de diciembre de 1829 al 24 de diciembre de 1829. Presidente interino que sustituyó a Vicente Guerrero después de haberlo nombrado “imposibilitado para gobernar la República”.

Lucas Alamán, Luis Quintanar y Pedro Vélez (triunvirato), del 18 de diciembre de 1829 al 24 de diciembre de 1829. Mandato ocurrido durante la ausencia de Vicente Guerrero por el combate contra fuerzas españolas que pretendían reconquistar a la Nueva España.

Anastasio Bustamante, del 1° de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832. En diciembre de 1828, con motivo del Plan de Perote y la sublevación de La Acordada, el Congreso lo nombró vicepresidente de la República al lado de Vicente Guerrero. Éste tomó posesión el 1° de abril de 1829; pero el 4 de diciembre siguiente, conforme al Plan de Jalapa, Bustamante se levantó contra él y el 1° de enero de 1830 asumió la primera magistratura del país, con el carácter de interino.

Melchor Múzquiz, del 14 de agosto de 1832 al 23 de diciembre de 1832. Cuando en 1832 se sublevó Santa Anna, exigiendo el regreso de Gómez Pedraza, el presidente Bustamante solicitó licencia para mandar el ejército y dejó el poder a Múzquiz (del 14 de agosto al 24 de diciembre de ese año). Ni aquél ni éste pudieron controlar la situación y Gómez Pedraza asumió la Presidencia.

Manuel Gómez Pedraza, del 24 de diciembre de 1832 al 31 de marzo de 1833. El Congreso, al que convocó pocos días después de su nombramiento, eligió presidente y vicepresidente de la República a Santa Anna y Gómez Farías. Por enfermedad de aquél, éste recibió el gobierno el 1° de abril de 1833.

Valentín Gómez Farías. Fue ministro de Hacienda de Manuel Gómez Pedraza. En cinco ocasiones ejerció el Poder Ejecutivo. El 30 de marzo de 1833, Santa Anna se hizo cargo de la presidencia y Gómez Farías de la vicepresidencia; pero enfermo aquél, éste asumió el gobierno del 1° de abril al 16 de mayo, en que volvió Santa Anna. El 2 de junio, Santa Anna salió a combatir al general Gabriel Durán, inciándose el día 3 el segundo periodo de Gómez Farías, que duró hasta el 18. El tercero fue del 5 al 27 de octubre, y el cuarto, del 16 de diciembre de 1833 al 24 de abril de 1834. En los 12 años siguientes sucedieron cinco administraciones de Santa Anna, tres de Nicolás Bravo, cuatro de Valentín Canalizo, dos de Anastasio Bustamante, otras tantas de José Joaquín Herrera y los mandatos de Miguel Barragán, José Justo Corro, Francisco Javier Echeverría, Mariano Paredes y Arrillaga y José Mariano Salas. El 23 de diciembre de 1846, el Congreso nombró presidente interino a Santa Anna y vicepresidente a Gómez Farías, quien por quinta y última vez se hizo cargo del gobierno desde ese día hasta el 21 de marzo de 1847, en que nuevamente se reincorporó Santa Anna para cubrir su noveno y antepenúltimo periodo.

Antonio López de Santa Anna. El 2 de enero de 1832 Santa Anna se sublevó en Veracruz pidiendo el regreso de Gómez Pedraza a la Presidencia. Éste desembarcó en Veracruz el 5 de octubre y en unión de Santa Anna entró victorioso a la ciudad de México el 3 de enero de 1833, gobernando hasta el 1° de abril siguiente. Se formó nuevo Congreso y fueron electos Antonio López de Santa Anna, como presidente, y el doctor Valentín Gómez Farías, como vicepresidente. Cuatro veces ejercieron el poder uno y otro, comenzando el segundo, hasta que, el 26 de enero de 1835, el Congreso destituyó a Gómez Farías, por las reformas liberales que había emprendido, concedió licencia a Santa Anna y encomendó la Presidencia a Miguel Barragán. Durante su cuarto periodo de gobierno, Santa Anna cedió a las presiones del Partido Conservador, disolvió el Congreso e hizo formar otro que trabajó todo 1836 para expedir, el 29 de diciembre, las Leyes Constitucionales o Las Siete Leyes que destruyeron el federalismo. En 1835 Santa Anna se separó del poder para ir a combatir a los texanos que se habían sublevado: entró a San Antonio Béjar, atacó Álamo y el presidio del Espíritu Santo, pero Samuel Houston lo derrotó en San Jacinto y lo hizo prisionero. Para salvar su vida, ordenó el retiro de las fuerzas del general Filisola y firmó dos tratados. El 18 de enero de 1837 se entrevistó con el presidente norteamericano Jackson y logró que lo mandara a Veracruz a bordo de la corbeta Pioneer. Al año siguiente, cuando la escuadra francesa bloqueó y tomó el puerto de Veracruz, Santa Anna dirigió la defensa. Barragán murió el 27 de febrero y fue sustituido por José Justo Corro, que entregó el poder a Bustamante el 27 de abril de 1837. Éste lo ejerció hasta el 20 de marzo de 1839, en que le siguió Santa Anna, por quinta vez, como presidente interino, y luego Bravo por nueve días, a partir del 9 de julio. Bustamante volvió a ser presidente el 19 de ese mes y renunció el 22 de septiembre de 1841, bajo la presión militar de Santa Anna y Paredes y Arrillaga. Éstos expidieron las Bases de Tacubaya, encargaron el interinato a Javier Echeverría, nombraron a los nuevos diputados y éstos designaron a Santa Anna, por sexta vez, presidente de la República. Juró el 9 de octubre; un año más tarde, dejó el puesto a Nicolás Bravo y regresó el 5 de marzo de 1843 para aprobar, el 12 de junio, las Bases Constitucionales o Bases Orgánicas que centralizaron en el Ejecutivo, de modo absoluto, la administración de las provincias. El 4 de octubre dejó la Presidencia al general Valentín Canalizo. Ese día regresó Santa Anna al poder y volvió a ausentarse el 12 de septiembre, dejándolo en manos de José Joaquín de Herrera hasta el 21, y luego de Canalizo, hasta el 6 de diciembre en que el Congreso depuso a éste, desconoció a Santa Anna como presidente Constitucional y mandó aprehenderlo. La captura de Santa Anna ocurrió en Naolinco, llevándosele prisionero a Jalapa y luego a Perote.. El 5 de agosto de 1845 se había pronunciado en la Ciudadela el general José Mariano Salas, enarbolando esa vez la bandera del federalismo. Ese mismo día asumió el poder, de suerte que el 22 pudo Santa Anna proclamar en Veracruz, de regreso del destierro, el restablecimiento de la Constitución de 1824. Aun cuando el Congreso, reunido el 6 de diciembre, lo nombró presidente interino, no quiso entonces asumir el cargo, para marchar a combatir a los norteamericanos. Dejó el poder a Gómez Farías y se dedicó a organizar en San Luis Potosí el ejército. Volvió a la capital y reasumió la Presidencia por novena vez, del 21 de marzo al 2 de abril, en que salió nuevamente a campaña, cuando ya Winfield Scott se había posesionado de Veracruz. Pedro María Anaya lo sustituyó hasta el 20 de mayo, en que regresó para promulgar el 21, el Acta de Reformas a la Constitución, aprobada por el Congreso el día 18 anterior, Santa Anna dirigió, como presidente y como general, la defensa contra la invasión norteamericana en el centro del país. Dimitió el día 15 de septiembre y pidió pasaporte para trasladarse al extranjero. Todavía el 21 hizo un intento contra Puebla y el 9 de octubre trató sin éxito de asaltar un convoy norteamericano en Huamantla. Quiso salir hacia Guatemala, a través de Oaxaca, pero se lo impidió el gobernador Benito Juárez. El 7 de febrero de 1853 un cuartelazo llevó a Manuel María Lombardini a la primera magistratura, aunque provisionalmente, pues de acuerdo con el convenio del día anterior las legislaturas de los estados eligieron presidente a Santa Anna por quinta y última vez, aun cuando esa sería, de hecho, la décima primera ocasión en que ocupara ese alto cargo. Tomó posesión el 20 de abril y el 16 de diciembre el Consejo de Estado le atribuyó facultades omnímodas y el tratamiento de alteza serenísima. Aun cuando el Tratado de Guadalupe, del 2 de febrero de 1848, fijó los límites con Estados Unidos, a mediados de 1853 las relaciones entre los dos países volvieron a entrar en crisis, al grado de que se preveía una nueva contienda. Los presidentes Pierce y Santa Anna juzgaron que el mejor camino para zanjar las nuevas controversias consistía en pactar una compraventa de territorio mexicano. Este y otros excesos movieron al coronel Florencio Villarreal a proclamar el 1° de marzo de 1854 el Plan de Ayutla, por el cual se desconocía al dictador y se preveía la convocatoria de un nuevo Constituyente. Al cabo de casi año y medio de lucha, renunció Santa Anna a la Presidencia y salió de la ciudad de México el 9 de agosto de 1855. El 3 de junio de 1867, derrotado ya el Imperio, se presentó frente a Veracruz, a bordo del vapor Virginia, y lanzó una proclama ofreciéndose como mediador entre el gobierno de Juárez y los republicanos moderados, asegurando, además, que contaba con el apoyo militar y político de Estados Unidos.

Miguel Barragán, del 28 de enero de 1835 al 27 de febrero de 1836. Sustituyó al general López de Santa Anna en la Presidencia de la República. Murió en Palacio Nacional víctima de “una fiebre pútrida”.

José Justo Corro. A la muerte del general Miguel Barragán y en ausencia del general López de Santa Anna, la Cámara de Diputados lo nombró Presidente de la República. Durante ese periodo ocurrió la derrota de San Jacinto y la prisión de Santa Anna, el retiro de las fuerzas mexicanas del territorio de Texas, los fracasados nombramientos de los generales Urrea y Bravo para que se pusieran al frente del Ejército del Norte, el regreso de Santa Anna, quien se retiró a su hacienda, el decreto del gobierno obligando al público a aceptar los tlacos (monedas de centavo y medio) y las cuartillas (3 centavos), lo cual ocasionó un motín popular y la promulgación por el Congreso de las Siete Leyes Constitucionales, de carácter centralista. Convocó a elecciones y entregó el poder al general Anastasio Bustamante.

Nicolás Bravo, del 10 de julio de 1839 al 19 de julio de 1939. En 1839 fue llamado para que desempeñara la jefatura del Consejo y en ese carácter fue presidente interino de la República del 10 al 19 de julio. Una vez que entregó el poder a Bustamante, se retiró a la vida privada, hasta 1841, cuando fue electo diputado por el estado de México. Sustituyó al presidente López de Santa Anna del 26 de octubre de 1842 al 4 de marzo de 1843. En ese lapso disolvió el Congreso y nombró una Junta de Notables, presidida por el general Gabriel Velencia, que se instaló el 6 de enero de 1843; estableció una casa de moneda en Culiacán y donó algunos terrenos a la empresa que proyectaba el canal de Tehuantepec. Reintegró al fin el gobierno a López de Santa Anna y volvió a sus actividades privadas.

Javier Echeverría, del 22 de septiembre de 1841 al 10 de octubre de 1841. Su mandato se caracterizó por ser conservador y abandonó el poder al triunfo de los liberales. Volvió a la política en 1850, como diputado. Formó parte de casi todas las asociaciones de beneficencia y presidió la Junta de Cárceles y la Academia de San Carlos. Bajo su patrocinio, ésta volvió a ser una institución de primer rango, adquirió su propio edificio, enriqueció sus colecciones y pudo contratar maestros europeos.

Valentín Canalizo, del 4 de octubre de 1843 al 4 de junio de 1844. En diciembre de 1842 se unió al Plan de Huejotzingo; contribuyó a establecer la dictadura de Antonio López de Santa Anna (4 de marzo de 1843) y éste lo llamó a sustituirlo en calidad de presidente interino, del 4 de octubre de 1843 al 4 de junio de 1844. Durante este periodo fue Santa Anna, instalado en su hacienda del Encero, quien tomaba las decisiones políticas y disponía de los empleos y los honores. El gobierno poco hizo: ayudó a las Hermanas de la Caridad y al Colegio de San Gregorio, formó las ordenanzas del Colegio Militar, trasladó la Escuela de Medicina a San Ildefonso y aumentó los impuestos para sostener al ejército. El Congreso, a su vez, dispuso establecer compañías presidiales en los departamentos de Oriente y Occidente, trató de sistematizar las contribuciones y procuró reglamentar en toda la República la tala de bosques.

José Joaquín de Herrera, del 12 de septiembre de 1844 al 21 de septiembre de 1844. Presidía Herrera el Consejo de Estado en 1844 cuando el Senado nombró presidente interino de la República a Valentín Canalizo, 7 de septiembre, pero como éste se encontraba en San Luis Potosí, aquél lo sustituyó en el cargo del 12 al 21 de septiembre. A consecuencia del movimiento revolucionario del 6 de diciembre de 1844, Herrera volvió a encargarse del Poder Ejecutivo, nombrado por el Senado y designado por Santa Anna como sustituto; así gobernó del 7 de diciembre de 1844 al 14 de junio de 1845, fecha en que se le eligió presidente constitucional, hasta el 30 de diciembre del mismo año, en que fue depuesto por la rebelión acaudillada por Mariano Paredes y Arrillaga.

Mariano Paredes y Arrillaga, del 4 de enero de 1846 al 28 de julio de 1846. En octubre de este año desconoció al presidente Santa Anna, pero como en México hizo lo propio (6 de diciembre) el Batallón de Reemplazos, el Congreso pudo reunirse y nombrar presidente (7 de enero de 1845) a José Joaquín de Herrera, quedando Paredes al margen de las decisiones políticas. En esos días, cuando ya se había iniciado la guerra con Estados Unidos, se le confió la defensa del país. Acantonado en San Luis Potosí y pretextando falta de recursos, el 14 de diciembre de 1845 se sublevó contra el presidente Herrera y en lugar de marchar contra los invasores regresó a la capital y entró a ella el 2 de enero de 1846. Ese día fue nombrado presidente de la República por una junta de representantes departamentales nombrados por él mismo.

Mariano Salas, del 5 de agosto de 1846 al 23 de diciembre de 1846 y del 21 de enero de 1859 al 2 de febrero de 1859. Puso en vigor la Constitución de 1824, convocó a un nuevo Congreso y entregó el poder a Santa Anna (presidente) y Gómez Farías (vicepresidente). En 1847 fue ascendido a general de división. Segundo jefe del Ejército del Norte, luchó contra los norteamericanos, pero cayó prisionero en Padierna. Estuvo encargado del Poder Ejecutivo, en espera del regreso del general Miramón, del 21 de enero al 2 de febrero de 1859. Junto con Almonte y el arzobispo Labastida y Dávalos, formó parte del Poder Ejecutivo y de la Regencia del Imperio Mexicano (1863-1864).

Pedro María Anaya, del 2 de abril de 1847 al 20 de mayo de 1847. Junto al general Manuel E. Rincón, dirigió la defensa del puente y del convento de Churubusco durante la invasión norteamericana, y cayó prisionero en dicha acción (20 de agosto de 1847). En esa oportunidad pronunció la frase, que se hizo histórica, al ser requerido por el general norteamericano Twiggs para que entregara las municiones: “Si hubiera parque, no estarían ustedes aquí”. Fue liberado al firmarse el armisticio entre Santa Anna y scout.

Manuel de la Peña y Peña, del 26 de septiembre de 1847 al 13 de noviembre de 1847 y del 8 de enero 1848 al 3 de junio de 1848. En diciembre de 1841 redactó el Código Civil y de Procedimientos Civiles. Fue miembro de la Junta Nacional Legislativa e intervino en la formación de las Bases Orgánicas. El 3 de octubre de 1843 se le designó consejero honorario del Ejecutivo y senador, en cuyo cargo fue relecto el 19 de noviembre de 1845. En este año fue ministro de Relaciones Exteriores y Gobernación y, el 29 de octubre, plenipotenciario para ajustar con el enviado del Papa un tratado sobre extradición de criminales. En 1847, desorganizada la administración por la entrada a la capital del ejército norteamericano, asumió el gobierno en su condición de presidente de la Suprema Corte. Bajo su administración se concluyó el Tratado de Guadalupe-Hidalgo, que puso término a la guerra.

Mariano Arista, del 15 de enero de 1851 al 5 de enero de 1853. Recibió el poder pacíficamente, por vez primera en la historia de la República, de manos del general José Joaquín Herrera. Sin embargo, la desastrosa situación del país, después de la guerra contra Estados Unidos, la miseria del erario y la falta de apoyo por parte del Congreso, hicieron que presentara su renuncia el 5 de enero de 1853. Su administración se distinguió por su alto concepto de moralidad y por haber atraído a hombres como Ponciano Arriaga.

Juan Bautista Ceballos, del 6 de enero 1853 al 6 de febrero de 1853. Apenas asumió el poder, solicitó y obtuvo del Congreso las facultades extraordinarias que se le habían negado a su antecesor; mas como la oposición al gobierno continuara en el seno de esa asamblea, la disolvió militarmente el 19 de ese mes, lo cual ocasionó que la guarnición de la plaza interviniera y dejara encargado del poder ejecutivo al general Manuel María Lombardini, después de los convenios de Arroyo Zarco (4 de febrero).

Manuel María Lombardini, del 7 de febrero 1853 al 20 de abril de 1853. Cuando en 1853 Juan Bautista Ceballos rehusó seguir en la Presidencia de la República, se le nombró para sucederlo. Entregó el poder al general Antonio López de Santa Anna.

Martín Carrera, del 15 de agosto de 1855 al 12 de septiembre de 1855. A consecuencia del Plan de Ayutla, renunció a la Presidencia de la República el general Santa Anna, y una junta de representantes nombró presidente interino al general Carrera, cargo al que renunció para dejar el poder al general Rómulo Díaz de la Vega. Liberal moderado, ofreció sus servicios a Benito Juárez para combatir la Intervención Francesa, pero el presidente no llegó a ocuparlo.

Rómulo Díaz de la Vega, del 12 de septiembre de 1855 al 4 de octubre de 1855. Martín Carrera renunció al interinato el 12 de septiembre de 1855 y Díaz de la Vega asumió la responsabilidad del orden público. De septiembre a noviembre de ese año fue de hecho la máxima autoridad en la capital del país. En ese lapso expidió decretos que afectaron intereses conservadores: declaró vigente la Ley de Imprenta del 14 de noviembre de 1846; derogó los decretos del 9 de enero y 12 de julio de 1854 (sobre impuestos a ventanas y puertas exteriores de edificios urbanos y rústicos del país) y los del 8 de octubre y 2 de noviembre de 1853 (sobre impuestos a la posesión de perros, carros de transporte y caballos).

Juan Álvarez, del 4 de octubre de 1855 al 11 de diciembre de 1855. Se declaró republicano, federalista y liberal, y toda su conducta estuvo inspirada por esos principios. Luchó junto a Guerrero para deponer a Iturbide. Defendió al gobierno republicano en las batallas de Venta Vieja, Acapulco, el Manglar, Dos Arroyos, Chilpancingo y otras, y trató de salvar la vida de Guerrero en 1830. Combatió a Bustamante por su centralismo. Aunque repudiaba a Santa Anna, en 1838 ofreció sus servicios para luchar en la Guerra de los Pasteles.

Ignacio Comonfort, del 11 de diciembre de 1855 al 20 de enero de 1858. Santa Anna salió a combatir a los sublevados el 16 de marzo, pero fue rechazado por las fuerzas de Comonfort. Lo malsano del clima y la falta de víveres obligaron a Santa Anna a retirarse, amagado constantemente por los guerrilleros liberales. En el cerro del Peregrino se trabó un reñido combate, cuya victoria se atribuyeron ambos bandos. Santa Anna regresó a la capital y Comonfort viajó a San Francisco y a Nueva York, Estados Unidos, con el fin de allegarse recursos. La sublevación cundió por todas partes, Santa Anna abandonó el país (9 de agosto de 1855) y el general Juan Álvarez asumió la presidencia de la República, nombrando a Comonfort ministro de Guerra y Marina. Álvarez renunció a la presidencia y quedó Comonfort como presidente sustituto. La ley del 25 de junio de 1856 sobre desamortización de bienes de manos muertas (Ley Lerdo) provocó una conspiración en el convento de San Francisco, que orilló al presidente a expedir el decreto del 17 de septiembre, por el cual nacionalizó los bienes de los franciscanos y suprimió su Orden. El Congreso Constituyente puso fin a sus labores el 5 de febrero de 1857 y se promulgó la nueva Constitución. Meses más tarde se eligió presidente de la República a Comonfort (1° de diciembre de 1857) y presidente de la Suprema Corte de Justicia a Benito Juárez. Siguieron los pronunciamientos y el Ejecutivo tuvo que pedir al Congreso la suspensión de garantías. El día 25 se instaló el Consejo de Estado y el 11 de enero de 1858 se pronunció la guarnición de Tacubaya, declarando presidente a Zuloaga. Quiso Comonfort volver a la legalidad, pero habiendo perdido todo prestigio abandonó la capital. Juárez asumió la presidencia, de acuerdo con la Constitución de 1857.

Félix María Zuloaga, del 23 de enero de 1858 al 23 de diciembre de 1858. Participó en las dos campañas de Puebla contra los conservadores; pero el 17 de diciembre de 1857 se pronunció contra la Constitución y el 22 de enero de 1858, triunfante el Plan de Tacubaya, fue electo presidente interino de la República. Al triunfo de los liberales, fue puesto fuera de la ley por su responsabilidad en el fusilamiento de Melchor Ocampo. A la llegada del Imperio buscó una alianza con los franceses, que no tuvo éxito, y en 1865 se desterró a Cuba.

Manuel Robles Pezuela, del 23 de diciembre de 1858 al 21 de enero de 1859. Presidente interino entre Félix Zuloaga y Mariano Salas.

Miguel Miramón, del 2 de febrero de 1859 al 13 de agosto 1860 y del 15 de agosto de 1860 al 24 de diciembre de 1860. Mientras se instalaba el nuevo gobierno provisional de los conservadores, se confió el poder a Manuel Robles Pezuela, pero una junta de 47 vocales eligió presidente sustituto a Miramón. Había librado el año anterior victoriosas batallas, sobre todo la que antecedió a la segunda toma de Guadalajara que le permitió derrotar a Degollado en San Joaquín. De regreso de la capital de Jalisco, asumió la Presidencia de la República el 2 de febrero de 1859. El día 16 marchó hacia Veracruz, para poner sitio al puerto, donde se encontraba el gobierno del presidente Juárez, el cual mantuvo hasta el 1° de abril, teniendo que regresar porque las fuerzas liberales del general Degollado amenazaban la capital del país. El mismo día que cesó el asedio, desembarcó el diplomático norteamericano Robert McLane, quien otorgó a la administración de Juárez el reconocimiento de su gobierno. Miramón denunció este acto y anticipó su protesta contra cualquier cesión de territorio que los Estados Unidos quisieran conseguir a cambio. El gobierno liberal, mientras tanto, inició el 12 de julio la expedición de las Leyes de Reforma, y los conservadores declararon nulos los decretos que ordenaban la enajenación de los bienes del clero. Se había firmó en Veracruz el Tratado McLane-Ocampo, por lo cual el gobierno de Miramón protestó formalmente ante Washington. Miramón evitó que Guadalajara cayera en manos de los constitucionalistas que le habían puesto sitio y salió a perseguirlos sin éxito. En esos días, no queriendo conservar el puesto en calidad de sustituto, presentó su renuncia, para volver a asumir la Presidencia dos días después en calidad de interino.

Benito Juárez, del 19 de enero de 1858 al 18 de julio de 1872. El 23 de noviembre de 1855 se expidió la Ley sobre Administración de Justicia, y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, o Ley Juárez, que suprimió los fueros eclesiásticos y militares. Esta disposición, primera propiamente de la Reforma, provocó violentos pronunciamientos armados y verbales de los conservadores y el clero, la renuncia del presidente Álvarez y el advenimiento de la administración moderada de Ignacio Comonfort. En 1857 en la capital de la República se discutía y promulgaba la nueva Constitución. El 11 de enero de 1858 los conservadores depusieron a Comonfort, quien previamente había liberado a Juárez , quien asumió, por ministerio de la ley, la Presidencia de la República. El principal problema que se presentó al gobierno de Juárez en Veracruz fue el de conseguir recursos económicos para sostener, por medio de la guerra, la vigencia de la Constitución. De una parte buscó el reconocimiento de Estados Unidos, pero éste lo condicionó a la concesión de los derechos de tránsito por el istmo de Tehuantepec y al permiso para construir un ferrocarril desde la frontera de Texas hasta un puerto en el golfo de California, y aun llegaron a proponer la compra de la Península. La otra alternativa consistía en nacionalizar los bienes del clero. Mientras Juárez examinaba los extremos de una u otra medida, el general Miguel Miramón quitó a Zuloaga la jefatura del gobierno conservador y puso sitio a Veracruz. El mismo día que cesó el asedio al puerto desembarcó el diplomático norteamericano Robert McLane, quien otorgó a la administración de Juárez el reconocimiento de su gobierno.

Sebastián Lerdo de Tejada, del 19 de julio de 1872 al 20 de noviembre de 1876. Durante todo el periodo de la Intervención Francesa y el Imperio fue el hombre más próximo al presidente. A él le tocó firmar los decretos del 8 de noviembre de 1865, extendiendo los poderes de Juárez hasta la terminación de la guerra y eliminando de la sucesión a Jesús González Ortega. Al triunfo de la República, llegó a ser, simultáneamente, ministro de Relaciones y Gobernación, diputado y presidente de la Suprema Corte. En 1871 figuró como candidato a la Presidencia de la República, pero regresó a la Corte una vez que fue reelecto Juárez. El 19 de julio de 1872, a la muerte de éste, asumió la Presidencia por ministerio de la ley. Durante su administración se inauguró el ferrocarril de México a Veracruz.

José María Iglesias, del 31 de octubre de 1976 al 15 de marzo de 1877. Presidente Interino entre los mandatos de Lerdo de Tejada y de Porfirio Díaz.

Porfirio Díaz, del 28 de noviembre de 1876 al 6 de diciembre de 1876, del 17 de febrero de 1877 al 30 de noviembre de 1880 y del 1° de diciembre al 25 de mayo de 1911. Desde su primera gestión presidencial su principal cuidado fue consolidarse en el poder. En el orden político, procuró dominar al Poder Legislativo. Para ello manejó las elecciones de senadores y diputados de manera que sólo tuvieron acceso a las cámaras quienes le eran incondicionales. Se recurrió al fraude electoral por la múltiple votación de las mismas personas. El Congreso decayó completamente y se convirtió en apéndice del Ejecutivo, sin otro fin que dar al régimen una apariencia de legalidad y democracia. La misma política fue ejercida en los estados: se impusieron gobernadores adictos al presidente, de manera que la Federación desapareció de hecho y se instauró un centralismo presidencial absoluto. Díaz sofocó toda rebelión aún en sus principios. En 1879, como le llegara la noticia de un complot revolucionario que se fraguaba en Veracruz, ordenó al gobernador Terán la aprehensión de los sospechosos y luego que los ejecutara, lo cual se hizo con nueve de ellos sin formación alguna de causa. A esta política se le llamó de “mátalos en caliente”. Una de las más conspicuas rebeldías fue la del general Trinidad García de la Cadena, quien al aproximarse las elecciones 1888-1892, pretendió disputar la presidencia de Díaz, pero fue asesinado. Sin embargo, esta despiadada energía impidió la sucesión de revoluciones que con frecuencia estallaban en México por la disputa del poder, y se consolidó una paz muy grata a los habitantes de la nación, cansados de más de 60 años de guerra civil. Así se explica que a Porfirio Díaz se le llamara “Héroe de la paz”, y que sus opositores calificaran la situación de “paz sepulcral”. La consecuencia de esta política de represión, en lo cívico y en lo editorial, fue la absoluta indiferencia electoral del pueblo mexicano, que acabó por dejar desiertas las urnas. El pueblo se acostumbró al desprecio y la violación de la Ley, aun por las mismas autoridades. Al ejército lo mantuvo ocupado en sofocar aun los más insignificantes brotes rebeldes y también en dos guerras contra los indios yaquis y mayos, en el Norte, y mayas, en el Sur. En las postrimerías del porfiriato el general Bernardo Reyes organizó el servicio militar obligatorio con excelentes resultados, y acaso fue ésa la razón por la que Díaz se apresuró a alejarlo del mando y aun de la República. La política internacional de Porfirio Díaz fue pacífica y amigable con todas las naciones, inclusive con Francia, con cuyo gobierno firmó la paz. La obra principal del porfirismo fue el impulso económico, basado en el capitalismo liberal.

Francisco I. Madero, del 6 de noviembre de 1911 al 18 de febrero de 1913. Nombrado presidente por elección popular. Cabecilla del movimiento antirreleccionista. En el Plan de San Luis expresa ideas revolucionarias en contra de la dictadura de Porfirio Díaz.

Pedro Lascuráin, el 19 de febrero de 1913. El día 14 renunciaron Madero y Pino Suárez, y para cubrir los trámites legales, se confirió el cargo de presidente al licenciado Pedro Lascuráin. Éste duró en el poder sólo 45 minutos, tiempo suficiente para rendir la protesta, nombrar secretario de Gobernación a Huerta y renunciar en seguida.

Victoriano Huerta, del 19 de febrero de 1913 al 14 de julio de 1914. El régimen de Huerta tuvo tres etapas. En la primera el presidente se vio limitado por el gabinete. En la segunda, Huerta removió a los miembros restantes del gabinete original. La tercera etapa corresponde a la dictadura: Huerta asumió personalmente los ramos de Gobernación, Hacienda y Guerra; convocó a elecciones federales para el 26 de octubre (presidente, vicepresidente, diputados y senadores) y se hizo postular él mismo como candidato a la Presidencia de la República, llevando como segundo a Aureliano Blanquet.

Francisco Carbajal, del 14 de julio de 1914 al 13 de agosto de 1914. Presidente interino entre Huerta y Carranza.

Venustiano Carranza, del 20 de agosto de 1914 al 21 de mayo de 1920. El Plan de Guadalupe desconoció a Huerta como presidente (art. 1°), a los poderes Legislativo y Judicial (art. 2°) y a los gobiernos de los estados que 30 días después de esa fecha aún obedecieran a la administración federal (art. 3°); creó el Ejército Constitucionalista y nombró primer jefe a Carranza (art. 4°), quien se encargaría interinamente de la Presidencia al ocupar la capital del país (art. 5°) y convocaría a elecciones generales en cuanto se hubiera consolidado la paz (art. 6°); y previno que los jefes militares revolucionarios de los estados asumirían el gobierno provisional de éstos al triunfo del movimiento (art. 7°).

Eulalio Gutiérrez, del 6 de noviembre de 1914 al 16 de enero de 1915. La Soberana Convención de Aguascalientes lo nombró Presidente Interino de la República. En las fechas de su mandato se dirigió a San Luis Potosí y publicó un manifiesto en que explicaba su conducta y se pronunciaba en contra de Villa y de Carranza. El 2 de junio siguiente lanzó otro manifiesto en Ciénega del Toro, en que declaraba concluidas sus funciones presidenciales.

Roque González Garza, del 16 de enero de 1915 al 10 de junio de 1915. A la muerte del presidente Madero se incorporó al villismo y luchó en Torreón, San Pedro de las Colonias y Zacatecas. Fue representante de Francisco Villa en la Convención de Aguascalientes, la cual presidió; fue uno de los redactores del Manifiesto que la Convención publicó el 13 de noviembre de 1914. A la caída del general Eulalio Gutiérrez, ocupó la Presidencia de la República del 16 de enero al 11 de junio de 1915, en que entregó el poder al licenciado Francisco Lagos Cházaro.

Francisco Lagos Cházaro, del 10 de junio de 1915 al 10 de octubre de 1915. En 1909 se incorporó al movimiento antirreleccionista; en 1911 fue electo síndico del Ayuntamiento de Orizaba, y en 1913, presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado de Coahuila. Se hizo cargo de la Presidencia de la República, por mandato de la Convención de Aguascalientes.

Adolfo de la Huerta, del 24 de mayo de 1920 al 30 de noviembre de 1920. Distanciado del Gobierno Federal, se levantó en armas en unión de los generales Obregón y Calles, proclamando el Plan de Agua Prieta (23 de abril de 1920) que reinició la guerra civil y culminó con el asesinato de Venustiano Carranza. El Congreso de la Unión lo nombró presidente de la República substituto.

Álvaro Obregón, del 1° de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Militar revolucionario que luchó junto y contra Venustiano Carranza, Emiliano Zapata y Francisco Villa. Ocupó la presidencia en calidad de general y dejó las finanzas públicas en mal estado y entregó la presidencia, que fue ocupada por Plutarco Elías Calles.

Plutarco Elías Calles, del 1° de diciembre de 1924 al 30 de noviembre de 1928. Pasó como secretario de Gobernación al gabinete del presidente Álvaro Obregón. Se postuló como candidato a la Presidencia de la República por los partidos Laborista y Nacional Agrarista, hubo de suspender su campaña militar en para asumir la jefatura de operaciones militares en los estados del noroeste y combatir la rebelión delahuertista. Superada la emergencia, ganó las elecciones.

Emilio Portes Gil, del 1° de diciembre de 1928 al 5 de febrero de 1930. En el ejercicio de su cargo, redactó el proyecto de Código Federal del Trabajo, para someterlo al juicio de una convención obrero-patronal; y promulgó el Código Penal, los códigos de procedimientos civiles y penales, con sus leyes reglamentarias, y la Ley Orgánica del Ministerio Público. Creó los comités nacionales de Turismo, de Protección a la Infancia y de Lucha Contra el Alcoholismo. Con motivo de la huelga general universitaria en contra de los exámenes trimestrales estrictos, implantados por el rector Antonio Castro Leal, y deseoso de evitar un enfrentamiento de los estudiantes con la fuerza pública, el 28 de mayo de 1929 convocó al Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones para que discutiera la ley, al fin aprobada, que estableció la autonomía de la Universidad Nacional.

Pascual Ortiz Rubio, del 5 de febrero del 1930 al 4 de septiembre de 1932. Durante su gobierno se modificaron el Artículo 120 de la Ley Orgánica del Distrito y Territorios Federales y dos veces los artículos 43 y 45 de la Constitución: una para extinguir el Territorio de Quintana Roo y otra para fijar en el paralelo 28 la línea divisoria entre los territorios Norte y Sur de Baja California. Se promulgaron las siguientes leyes: Orgánica de los Tribunales de la Federación, de Aeronáutica Civil, sobre Planeación General de la República, Nueva Ley Minera, Reglamentaria del Artículo 28 de la Constitución, de Instituciones de Crédito y de Títulos y Operaciones, de Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Agrarios, y de Asociaciones Agrarias; se expidieron el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales y el Código de Procedimientos Penales; y se puso en vigor la Ley Federal del Trabajo, cuyo proyecto fue elaborado por el régimen anterior.

Abelardo L. Rodríguez, del 4 de septiembre de 1932 al 30 de noviembre de 1934. La crisis política que culminó con la renuncia a la Presidencia del ingeniero Pascual Ortiz Rubio fue solucionada por la elección unánime del Congreso en favor de Abelardo L. Rodríguez como jefe del Poder Ejecutivo. Era la época en que el general Plutarco Elías Calles era tenido como “jefe máximo” de la Revolución; su influencia en el gobierno era decisiva. Desde un principio se observó la estrecha unión entre éste y el nuevo presidente. El nuevo mandatario hubo de enfrentarse al conflicto religioso, el cual, aunque aparentemente solucionado por el convenio de julio de 1929, todavía estaba vigente por la antipatía entre la Iglesia y el Estado.

Lázaro Cárdenas, del 1° de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. A partir de 1925 fue comandante militar del sector de Tampico, puesto que le permitió conocer de cerca las maniobras y abusos de las compañías petroleras. El 10 de enero de 1928 lanzó su candidatura para gobernador de Michoacán. Elevó el número de escuelas primarias, a las que asistían 1.8 millones de niños; creó las Escuelas Hijos del Ejército, las Escuelas Regionales Campesinas, los Internados Tipo Transición, el Consejo Nacional de Educación Superior e Investigación Científica, el Consejo Técnico de Educación Agrícola, el Instituto Nacional de Psicopedagogía, el Departamento de Educación Física y la Normal de esta especialidad; fundó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El 13 de junio de 1937 se nacionalizaron los Ferrocarriles Nacionales de México y el 18 de marzo de 1938, al cabo de un conflicto obrero-patronal, se expropiaron los bienes de las compañías petroleras. El gobierno inglés intentó defender por la vía diplomática los intereses de sus nacionales, y el 13 de mayo México rompió sus relaciones con Gran Bretaña. El gobierno de Estados Unidos, a su vez, propuso que el asunto fuera sometido a un arbitraje internacional, pero Cárdenas repuso que no aceptaba intervención ninguna en materia exclusiva de la soberanía nacional.

Manuel Ávila Camacho, del 1° de diciembre de 1940 al 30 de noviembre de 1946. Ávila Camacho pugnó por una política de unidad nacional y por la realización de un gobierno para todos. Su doctrina fue definiéndose desde los días de su larga campaña electoral: en Tixcocob, lejano pueblo de la península yucateca, la sintetizó en los siguientes términos: “Preciso la unificación nacional en torno a los problemas que atañen a la Patria, porque nuestra historia, nuestro presente y nuestro porvenir como nación libre están por encima de los intereses personales, de las necesidades de clase y de las ambiciones de partido”. La doctrina de unidad nacional tuvo su expresión pública más significativa en la Asamblea de Acercamiento Nacional celebrada en la Plaza de la Constitución el 15 de septiembre de 1942, en la que el presidente Ávila Camacho estuvo acompañado por los señores general Lázaro Cárdenas, general Plutarco Elías Calles, general e ingeniero Pascual Ortiz Rubio, general Abelardo L. Rodríguez, licenciado Emilio Portes Gil y Adolfo de la Huerta; esto es, por todos los expresidentes que, con su sola presencia en ese acto, estaban significando la superación de una época de divisiones, de luchas fratricidas y de viejos rencores.

Miguel Alemán, del 1° de diciembre de 1946 al 30 de noviembre de 1952. Mediante acuerdos del Ejecutivo se crearon la Comisión Nacional de Cinematografía, el Departamento de Estudios y Proyectos de Caminos Vecinales, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana y la Subsecretaría de Recursos Forestales y de Caza. La situación económica del país al asumir la Presidencia se puede definir, según sus propias palabras, como un estado transitorio entre las condiciones creadas por la guerra, apenas concluida, y las provenientes del anhelo mundial de volver, con la paz, a la normalidad”.

Adolfo Ruiz Cortines, del 1° de diciembre de 1952 al 30 de noviembre de 1958. La sucesión del presidente Alemán ofrecía graves dificultades, pues la precandidatura del general Miguel Henríquez Guzmán implicaba el retorno al poder de los militares, y el alemanismo ortodoxo, el peligro de acabar con las conquistas sociales obtenidas en tiempos del general Cárdenas. Ruiz Cortines fue la fórmula conciliatoria, pues no obstante su amistad con Alemán, era bien conocido su criterio de socialista moderado, su patriotismo y su honorabilidad; el ejército no lo veía con hostilidad y su elección afirmaría el civilismo presidencial.

Adolfo López Mateos, del 1° de diciembre de 1958 al 30 de noviembre de 1964. Durante su gobierno, promovió la reforma de los artículos 27, 42, 48, 52, 54, 63, 107 y 123 de la Constitución, para proveer a la nacionalización de los recursos eléctricos; a la declaración del dominio de la nación sobre la plataforma continental, los zócalos submarinos y el espacio aéreo; a establecer con la suplencia de la deficiencia de la queja en materia agraria, mayores garantías a ejidos y núcleos de población en los juicios de amparo; a la designación de diputados de partido con la misma categoría e iguales derechos y obligaciones que los de elección directa; a hacer efectiva la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas; a dar nuevas bases a la fijación de salarios mínimos; a incorporar constitucionalmente los derechos de los trabajadores al servicio del Estado y a robustecer otras diversas garantías del derecho obrero.

Gustavo Díaz Ordaz, del 1° de diciembre de 1964 al 30 de noviembre de 1970. Una de las primeras medidas que adoptó su régimen fue el examen de la administración pública: se reorganizó la Junta de Gobierno de los Organismos Descentralizados y se establecieron los siguientes programas: 1. el simultáneo de inversión-financiamiento; 2. el de aerofotogrametría, para el estudio del territorio nacional; 3. el de control de los contratos de obras públicas; y 4. el de coordinación del sector agropecuario, particularmente en las ramas de obras de infraestructura en el medio rural y de adiestramiento y capacitación de mano de obra. Se formuló, además, el Plan Maestro del Área Metropolitana, de modo que coordinara la acción del Gobierno Federal, especialmente por conducto del Departamento del Distrito Federal y el gobierno del estado de México.

Luis Echeverría, del 1° de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Al iniciarse su régimen, el país no se detenía aún la fractura política que produjo la acción oficial para detener el movimiento estudiantil de 1968; y en el ámbito mundial se iniciaba el fenómeno de inflación-recesión, cuyos efectos pusieron de manifiesto, aún más que antes, el carácter internacional de la economía. Frente a esas circunstancias, el gobierno federal puso en obra una política de “apertura”, empeñado en restaurar la vida democrática; extremó el diálogo con los jóvenes, los obreros y los campesinos; y expresó la decisión de poner término al “desarrollo estabilizador”.

José López Portillo, del 1° de diciembre de 1976 al 30 de noviembre de 1982. Mantuvo una política de relaciones exteriores más activa que su predecesor, en su discurso de toma de posesión advirtió que “problemas mundiales y necesidades inaplazables de nuestro desarrollo acelerado, nos impusieron una realidad insoslayable: inflación complicada después con recesión y desempleo... Lo que tenemos que hacer, añadió, es ponernos a trabajar organizadamente conforme a nuestro propio modelo”. De esta convocatoria surgió la Alianza para la Producción, cuyo propósito era buscar alternativas viables que permitieran conciliar los objetivos del desarrollo con las demandas específicas de los diversos factores de la economía. Otra de las políticas puestas en ejecución desde el primer momento fue la transferencia a los gobiernos locales de obras y servicios públicos de alcance local.

Miguel de la Madrid, del 1° de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988. Su periodo presidencial se caracterizó por una serie de programas de austeridad para hacer frente a la difícil situación económica heredada por la administración anterior: déficit presupuestario, fuga de capitales, altos niveles de inflación y reducción de precios del crudo de exportación, entre otros problemas. Político de línea conservadora, sus acciones se dirigieron al combate de la corrupción, la liberación de los precios y, muy particularmente, la apertura comercial del país al extranjero, la cual habría de concretarse durante el gobierno de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari.

Carlos Salinas de Gortari, del 1° de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Durante su gestión trabajó para que México ingresara a un esquema de gobierno neoliberal y entregó las empresas paraestatales a un reducido grupo de especuladores financieros. Negoció la firma del Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos. La aparente estabilidad económica y el crecimiento de México se vieron colapsados en el último año de su gestión con el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu.

Ernesto Zedillo Ponce de León, del 1° de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Unos cuantos días después de su toma de poder estallaba la mayor crisis económica de los años anteriores, conocida como «el error de diciembre». En gran medida todo el gobierno de Zedillo estaría orientado a revertir los efectos del desastre financiero. Respondiendo a las exigencias de democratización expresadas por la sociedad civil, Zedillo contribuyó a que la oposición conquistara espacios de poder.

Vicente Fox Quesada, del 1° de diciembre del 2000 a la fecha. Primer Presidente perteneciente a la oposición, que al igual que sus dos predecesores, se empeña en dejar en la ruina al país con sus políticas. reó una serie de nuevos cargos administrativos, entre los que se incluían oficinas para la atención de minusválidos, ciudadanos en general y, específicamente, indígenas. Una de las primeras acciones de su gobierno fue ordenar la desmilitarización de la zona de conflicto en Chiapas y llamar al diálogo al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como resultado de esto, integrantes del EZLN, comenzaron una marcha desde Chiapas que llegó al zócalo de la ciudad de México el 11 de marzo. Después de una fuerte discusión en el Congreso, principalmente con la oposición del PAN, se decidió ceder la tribuna a los zapatistas el 28 de marzo. Uno de los asuntos más urgentes era la aprobación de la ley indígena, promovida por la Comisión de Concordia y Pacificación. Otro asunto de gran importancia para el gobierno era la reforma fiscal. En la propuesta del secretario de hacienda, Francisco Gil Díaz, estaba la eliminación de la tasa 0 en alimentos y medicinas.